Ir al contenido principal

Etiqueta: militarización

¿Daño colateral o el negocio de Wall Street? Nosotros ponemos los muertos, ellos lavan el dinero

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

Hagámonos una pregunta incómoda, de esas que la mayoría prefiere evadir: ¿Qué va a pasar cuando un familiar suyo se tenga que enlistar en una fuerza armada? Peor aún, ¿qué hará cuando alguien que usted ama se convierta en el “daño colateral” de una de sus operaciones militares? ¿Empezará por fin a oponerse y a alzar la voz, o seguirá guardando el mismo silencio de ahora?

El oficialismo fue a Mar-a-Lago, el Club Privado de Trump que, junto a su propietario, aparece mencionado no una, ni dos, sino cientos de veces, en los “Archivos de Epstein”; para firmar un acuerdo, supuestamente “Anti Carteles” de la droga, junto a otros 11 países latinoamericanos más, que tienen en común el tener en el poder a grupos y presidentes Populistas y vasallos de extrema derecha neo conservadora, pero que en realidad fue otra cesión más de la soberanía a la decadente potencia del Norte, como una extensión más de su Doctrina Monroe.

Hoy nos quieren vender la idea de que la militarización es la varita mágica contra el narcotráfico. Nos piden que cedamos nuestra paz a cambio de una supuesta seguridad. Pero seamos racionales y veamos a nuestro alrededor. Colombia y México tienen ejércitos inmensos, equipados hasta los dientes. Honduras tiene una base militar de los Estados Unidos instalada en su propio territorio. ¿Qué diferencia real ha hecho todo esto para evitar el narcotráfico? Ninguna. La sangre se sigue derramando en las calles latinoamericanas mientras el negocio sigue intacto.

La cruda realidad es que, mientras los Estados Unidos no dejen de financiar este mercado y de enviar ríos de armas a los carteles de la droga, la guerra está perdida. No hacemos absolutamente nada con discursos de “amarnos” y con permitir absurdos como que lancen misiles a nuestro territorio soberano, si no se ataca la raíz del problema.

Y esa raíz tiene código postal. ¿Cuándo hemos visto grandes operativos de la DEA y el FBI en su propio país? ¿Cuándo hemos visto que tumben las puertas en los suburbios ricos donde se distribuye la droga? Y lo más crítico: ¿Cuándo hemos visto políticas reales, persecución y sanciones a los enormes capitales ensangrentados que se lavan, a plena luz del día, en Wall Street?

En esta región nosotros ponemos los muertos, el “daño colateral” y las lágrimas, pero el dinero se cuenta en el norte. No nos engañemos más: el problema del narcotráfico nace, crece y se fortalece en Estados Unidos, el país que tiene la mayor demanda de drogas ilegales del mundo.

Ya es hora de dejar de comprar recetas fracasadas y de exigir que quienes consumen y lavan el dinero, asuman su verdadera responsabilidad.

Estrategias de seguridad en tiempos de colapso… extractivismo y poder en la política de Estados Unidos

Observatorio de Bienes Comunes

¿Qué significa hoy “seguridad” para EE. UU. y quién paga sus costos?

Esta nota analiza cómo la Estrategia de Seguridad Nacional redefine la seguridad desde el control de territorios, recursos y cadenas de suministro, profundizando el extractivismo y la militarización, especialmente en América Latina y el Caribe.

🔎 Algunas claves del texto:

* Seguridad como control económico y geopolítico

* Crisis climática gestionada como riesgo, no como límite

* América Latina como “zona de seguridad” y reserva de recursos

* Guerra y extractivismo como una misma racionalidad

* Lo común y la vida colectiva como horizonte alternativo

📥 Leé y descargá el documento aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/estrategias-de-seguridad-en-tiempos-de-colapso-extractivismo-y-poder-en-la-politica-de-estados-unidos/

Sean Conner: “Venezuela representa un cambio de las tácticas de la guerra con consecuencias inconmensurables”

Por Pablo Ruiz*

El ataque a Venezuela por parte de los Estados Unidos y una seguidilla de amenazas, de la aplicación de sanciones y castigos, mediante bloqueos o el alza de aranceles, contra México, Cuba, Colombia, Irán, Canadá, Groenlandia, entre otros, representan una clara amenaza a la Ley Internacional volviendo a la ley del más fuerte.

Por otro lado, sigue la militarización en Europa y se cumplirán cuatro años de la guerra en Ucrania donde se siguen haciendo esfuerzos por continuar este conflicto enviando más armas y militarizando la misma Europa.

Sobre estos temas, a continuación, una entrevista con Sean Conner quien es director ejecutivo de la International Peace Bureau (IPB). Conner es licenciado en Estudios de Comunicación Intercultural y Crítica por la Universidad Estatal de Nueva York en Geneseo y tiene una Maestría en Gestión de Conflictos Interculturales.

El IPB, que en español significa “Oficina Internacional por la Paz”, es una red global, con más de 400 organizaciones, de unos 100 países, que trabajan contra la guerra, contra el gasto militar, y por el desarme. La IPB, también es parte de la Red Internacional No a la Guerra, No a la OTAN.

– ¿Qué opinión le merece que Chile venda a Alemania carros de combate y estos puedan ser enviados posteriormente a la guerra en Ucrania? ¿Qué posición debemos tener frente a la guerra? ¿participación, neutralidad?

Es muy preocupante si esto es verdad. Igual de preocupante es la falta de confirmación, de transparencia, si se enviaron o no y el secreto del trato. Si el gobierno chileno envió los carros de combate sabiendo que irían a Ucrania, eso representaría una escalada del conflicto que abriría las puertas a más participación en el futuro. Enviar armas a una zona de guerra contribuye a su continuación en vez de una resolución pacífica.

Por otro lado, Chile es Estado Parte del Tratado sobre el Comercio de Armas, que restringe la venta o la transferencia de armas en zonas de conflicto. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, negó tal información y ha declarado que la venta sería contra de las leyes de transferencia de armas.

En vez de enviar armas, los países neutrales tienen un papel importante que jugar como apoyar negociaciones para buscar la paz y poner fin a las guerras. De no ser participantes, de un lado ni del otro, y ayudar en la búsqueda de una resolución pacífica.

Naturalmente, cualquier solución se debe basar en la ley internacional y el respeto a la seguridad humana. Cualquier acuerdo requiere un compromiso entre las partes y los países neutrales, no deben tener intereses directos, estar únicamente preparados para mediar y buscar una solución.

Si los países fuera de Europa, y más que todo del Sur Global, tomarán más responsabilidad en promover y apoyar la mediación, me podría imaginar mejores soluciones que las ya propuesta por la administración de Trump.

– ¿Cuál es la opinión del IPB sobre el ataque a Venezuela y el secuestro del presidente Maduro?

Son actos ilegales bajo la ley internacional y muy provocativos para la seguridad y la paz de toda Latinoamérica. El régimen de Trump ha dejado claro sus intenciones imperialistas de saqueo, que quiere los recursos naturales de Venezuela y, más allá, sus aspiraciones de controlar a la fuerza cualquier país del continente que se atreva a expresar su soberanía e independencia. Es una amenaza a la paz y a la seguridad mundial.

El ataque contra Venezuela también representa un cambio de las tácticas de la guerra con consecuencias inconmensurables. El secuestro de un jefe de estado y su esposa pone en duda todo lo que se conoce entre las relaciones entre estados, las leyes de guerra, y la inmunidad diplomática. Parece que esto será el último clavo del ataúd, de la muerte, de la ley internacional y de las instituciones internacionales. En su lugar, entramos en un periodo basado en dinámicas de poder.

Muchos ya hablan de que las acciones de Trump podrían ser reproducidas por otros estados como China y Rusia. Por supuesto tenemos esas dudas, pero en mi opinión aún más dudoso es que los aliados de EEUU no pueden ni siquiera condenar estas acciones sin mencionar a sus ‘enemigos’. ¿No es suficiente malo que un aliado haga algo tan ilegal?

También es muy preocupante el uso de nuevas tecnologías de armas por EEUU en el ataque contra Venezuela; en particular, el uso del “discombobulator”. Estos nuevos medios de guerra crean más incertidumbre y confusión. Así mismo, marcan también la nueva etapa de las guerras y de la dominación.

Desde el ataque, hemos visto la continuación de la presión de EEUU contra Venezuela y los tratos sobre el petróleo. Todas las razones que previamente usaba EEUU para justificar su agresión contra Venezuela desaparecieron. Lo que no ha desaparecido son las amenazas contra cualquier país de la región que se atreva a ir en contra de Trump. Lo que sí es cierto, es que no han terminado sus acciones imperialistas contra los países de Latinoamérica.

Ahora es el tiempo de la solidaridad entre todos los pueblos del continente, contra la guerra, reforzando la Proclama de la CELAC del 2014 que América Latina y el Caribe es una Zona de Paz, que las tensiones y desacuerdos se resuelven a través del diálogo y la diplomacia, y que no se tolerará saqueos de recursos naturales ni cambios de régimen impulsados desde afuera.

En los EEUU es muy importante apoyar y empoderar al movimiento contra la nueva doctrina Monroe y el corolario Trump. Y en todo el mundo empujar y presionar a gobiernos para que condenen las acciones del régimen de Trump. Solo así podemos preservar algún tipo de ley internacional.

– El presidente Trump también ha amenazado a Groenlandia, Colombia, Cuba y México. ¿Cuál es su opinión? ¿Tiene Estados Unidos derecho a imponer su voluntad a estas y otras naciones?

Los EEUU no tiene ningún derecho de amenazar a estos países del continente, ni a los países de otras partes del mundo como ha hecho en Nigeria, Irán, Somalia, etcétera. Trump y su régimen operan bajo la visión del mundo donde son los EEUU el poder militar más fuerte y así pueden hacer y tomar lo que quieran del resto del mundo.

La estrategia nacional de EEUU, publicada en noviembre de 2025, esboza claramente la visión que tiene para utilizar todos los métodos que quiera dispuestos a expandir su influencia, más que todo en las Américas.

Hay una vinculación muy clara identificada en la estrategia entre la militarización de la región y sus intereses económicos. Los ataques en Venezuela son el primer ejemplo de esto, y sin duda lo utilizará el régimen de Trump para coaccionar a los otros países que ya ha amenazado.

Hay distintos intereses dentro del régimen de Trump sobre estos países. En Groenlandia, por ejemplo, hay intereses por los recursos naturales, en particular la riqueza mineral que necesita Estados Unidos para continuar su competencia contra China, para mantener su proceso de militarización, y para enriquecer la oligarquía estadounidense. En el caso de Cuba, México, y Colombia, al otro lado, representan una resistencia a la coacción estadounidense, una alternativa, una resistencia, en términos económicos, geopolíticos, y sociales. Figuras como Marco Rubio, el secretario de estado, en particular tienen razones ideológicas basadas en falsas historias sobre Cuba.

Básicamente, están convencidos de que pueden dominar el hemisferio y el mundo a través de una mezcla de acciones provocativas, de amenazas, y en este proceso han puesto a toda América en riesgo de guerra y violencia física, económica, y sistemática. Esto lo tenemos que rechazar por completo y sin reserva.

A la misma vez, parece que este régimen no entiende la historia de resistencia y resiliencia de América Latina y El Caribe. Tengo esperanza de que los pueblos americanos no dejen que esta coacción tenga éxito. Pero frente al poder militar de EEUU, será muy importante que la solidaridad internacional acompañe a los pueblos en su resistencia, utilizando métodos no violentos y variados. Eso incluye por supuesto resistencia dentro de los EEUU, que ya existe y que sigue creciendo como respuesta a las recientes acciones de Trump.

– Francia está preocupada por el rearme de Alemania. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Hay una competencia ocurriendo, actualmente, entre Francia y Alemania en Europa por quién será el poder militar dominante del continente. Francia tiene en su memoria la Alemania de los años 1930 y 1940 y, naturalmente, tiene preocupaciones que Alemania sea nuevamente dominante. A la vez Alemania ahora se cree reformada y que hoy en día está en el lado correcto de la historia y de los derechos humanos.

La realidad nos enseña lo contrario, Alemania ha sido el socio económico y militar más fuerte de Israel, aparte de los EEUU, durante el genocidio en Gaza. Y no olvidemos tampoco la historia de colonización y abusos de derechos humanos de Francia. Los dos han utilizado sus militares para crímenes de lesa humanidad en el pasado y también en recientes décadas, incluso el apoyo de las intervenciones de la OTAN en Afganistán, Irak, Libia, etc.

Por otro lado, la competencia entre Alemania y Francia, las fuerzas económicas más dominantes de Europa, es por la dominación de Europa y de sus relaciones externas. Pero, por otro lado, es una distracción. Los dos países están profundamente involucrados en el proceso de integración militar en Europa y la militarización completa de la Unión Europea. Todos los países de la OTAN, menos España, están ya comprometidos a subir su gasto militar al 5% de su PIB y a invertir en la integración de la industria militar de los países de la Unión.

En marzo del 2025 la Comisión Europea publicó su informe “Readiness 2030” esbozando el camino hacia más militarización mientras cortan los programas sociales, ayuda internacional al desarrollo, y más.

Ellos dicen que tienen que ampliar su militarización debido a las amenazas de Rusia tras la invasión a Ucrania, que quieren defender los derechos humanos, el orden basado en reglas, y que no quieren guerras. Al mismo tiempo, no hablan en contra de las acciones de Trump en Venezuela. Es pura contradicción. En mi opinión, los países de Europa ya han aceptado que el orden del mundo ha cambiado y ahora están tratando de mantener su propia dominación económica a través de la militarización.

No olvidemos que, en Alemania, Francia, y muchos países de Europa los partidos de ultraderecha siguen creciendo en popularidad, y si consiguen el poder podemos esperar más apoyo por Trump y sus intervenciones y amenazas militares, incluso más violaciones de derechos humanos y la destrucción de la ley internacional.

– En este mundo tan turbulento, el IPB sigue promoviendo la propuesta de construir una «seguridad común». ¿Por qué? ¿En qué consiste esta propuesta en resumen?

En estos momentos de incertidumbre y de miedo, el mundo necesita alternativas frente a la militarización y la guerra. Mientras muchos líderes mundiales parecen haberse olvidado de la característica destructiva e inhumana de la guerra y están dispuestos a abandonar la ley y las instituciones internacionales, nosotros no olvidamos. Nos quieren convencer de que la militarización y la disuasión son las únicas maneras de evitar la guerra. Al contrario, la historia nos enseña que, si nos preparamos para la guerra, tarde o temprano tendremos guerra.

Entonces, en nuestro trabajo, argumentamos por alternativas, las que históricamente han sido utilizadas. La “seguridad común”, como concepto, fue creado durante la Guerra Fría, en los años 80, cuando las tensiones entre los poderes nucleares de Estados Unidos y la Unión Soviética habían llegado a un punto insostenible.

El primer ministro de Suecia, Olof Palme, reunió a los líderes de los bloques oriental y occidental para encontrar modos de reducir las tensiones para todos. Así emergió el concepto de la “seguridad común” y la clave, para sentirse más seguro, fue crearla junto al “enemigo”. En otras palabras, un país o un pueblo no pueden crear su seguridad en contra de otro país o pueblo y la tienen que crear juntos a través de la desmilitarización, el desarme, el diálogo, y la diplomacia.

Más recientemente, publicamos un nuevo informe elaborado sobre la relevancia de la “seguridad común” para el siglo XXI. Ya no vivimos en la Guerra Fría y las realidades de estos tiempos son distintas. Sin embargo, consideramos que el concepto sigue siendo importante, sino aún más que antes, dado al clima internacional. Tenemos que reencontrar cómo vivir juntos, como pueblos, en este planeta. Basado en nuestro análisis de la seguridad humana, no la de gobiernos, concluimos que la militarización actual no nos ha hecho más seguro en ningún sentido, sino nos ha puesto a todos en más peligro, al punto de una guerra mundial donde las armas nucleares, la inteligencia artificial, metida en nuevas tecnologías militares, y mucho más hoy amenazan la vida del mundo entero.

La mayoría de los gobiernos del mundo no entienden esto y es nuestro trabajo, como sociedad civil, como voces por la paz y la justicia, empujar alternativas. Es un gran trabajo que requiere mucha coordinación, muchas conversaciones difíciles, y mucho trabajo. Pero si no cambiamos nuestro entendimiento de la definición real de seguridad, veremos una continuación o empeoramiento de la situación global. No sólo de guerras, sino cambio climático, desigualdades económicas, y mucho más.

* Pablo Ruiz es periodista, editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz, y coordinador del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile.

En la derecha, Sean Conner. Foto Gentileza de IPB

Llamamiento del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, por la paz, la defensa de los pueblos y su derecho a la autodeterminación

Los y las invitamos a sumar su firma y a difundir este llamado:

En un momento de grave amenaza para la paz y la soberanía de nuestra América, nos hacemos eco del urgente Llamamiento por la Paz y la Unidad impulsado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Frente al despliegue militar por parte del gobierno de Donald Trump en el Caribe, las acciones que violan el derecho internacional y la intención de revivir una lógica colonial en la región, el llamado es claro: defender la autodeterminación de los pueblos, exigir el respeto a la Carta de la ONU y movilizarnos para que nuestra región siga siendo un territorio de paz.

¡Por una América Latina en Paz y soberana!

Puede firmar aquí:

Español: https://forms.gle/JwtWC1UpkLhWo8Cg6

English: https://forms.gle/frqbfJb2eoRQXPvb7

Français: https://forms.gle/kceY61bJypTD52JK6

Italiano: https://forms.gle/qoAHeoQsHL9jrgne8

Portugués: https://forms.gle/mC5WJt3ebf7RMY2SA

Ante la escalada de injerencia y militarización contra Venezuela

Asociación Latinoamericana de Sociología

La Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), expresa su profunda preocupación y su enérgica condena frente a la escalada de acciones de injerencia, coerción política, económica y militar impulsadas por el gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela y, por extensión, contra otras naciones de América Latina y el Caribe.

Las recientes declaraciones oficiales del presidente Donald Trump y de altas autoridades estadounidenses, el incremento del despliegue militar en el Caribe, los ataques armados en aguas internacionales bajo el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico”, así como el anuncio de un bloqueo naval a los petroleros que entran y salen de Venezuela, constituyen hechos de extrema gravedad. Estas acciones vulneran de manera flagrante el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios básicos de convivencia pacífica entre los Estados.

No estamos frente a hechos aislados ni respuestas coyunturales. Se trata, más bien, de una estrategia más amplia de recomposición del poder estadounidense en un contexto de crisis de hegemonía global, tensiones internas no resueltas, disputas geopolíticas crecientes y profundización de la crisis energética y climática. En este marco, Venezuela vuelve a ocupar un lugar central como territorio estratégico por sus vastas reservas de petróleo y otros bienes comunes, cuya apropiación y control resultan funcionales a los intereses del capital fósil, de las corporaciones transnacionales y de una política exterior que recurre crecientemente a la coerción y la militarización.

Resulta especialmente alarmante que representantes del gobierno estadounidense hayan afirmado, de manera explícita, que Venezuela debería “devolver” a los Estados Unidos su petróleo, tierras y otros activos estratégicos. Tales declaraciones revelan sin ambigüedades una pretensión colonial inadmisible, orientada a la apropiación de los bienes comunes y recursos naturales de un país soberano, y desconocen el derecho inalienable de los pueblos a decidir libremente sobre sus riquezas, su territorio y su modelo de desarrollo.

Desde América Latina y el Caribe, región marcada históricamente por intervenciones militares, golpes de Estado, bloqueos económicos, sanciones unilaterales y múltiples formas de dominación imperial, rechazamos de manera categórica cualquier intento de imponer cambios de gobierno, condicionar decisiones internas o someter a nuestros pueblos mediante la fuerza militar, el chantaje económico o la amenaza permanente de violencia.

El petróleo, el gas, los minerales, la biodiversidad y el conjunto de los bienes comunes de Venezuela pertenece legítimamente a su pueblo. Ninguna potencia extranjera tiene derecho a declararlos “propios”, ni a utilizar su superioridad militar, financiera o tecnológica para expoliarlos en beneficio de corporaciones transnacionales o de intereses geopolíticos ajenos a la voluntad popular y al bienestar colectivo.

Advertimos que un bloqueo naval, así como los ataques armados o amenazas de uso de la fuerza, constituyen actos de guerra que ponen en serio riesgo la paz regional, la estabilidad política de América Latina y el Caribe, y las condiciones de vida de millones de personas. La profundización de la militarización solo puede conducir a escenarios de mayor sufrimiento social, desestabilización y conflicto, en una región que necesita cooperación solidaria, diálogo político y soluciones pacíficas a sus problemas estructurales.

Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y con todos los pueblos de Nuestra América que enfrentan políticas de injerencia, sanciones, despojo y saqueo de sus recursos. América Latina no es ni será el ‘patio trasero’ de ninguna potencia. Es una región de pueblos dignos, con derecho a la soberanía, la autodeterminación, la paz y la defensa colectiva de sus bienes comunes.

Desde Nuestra América, levantamos la voz con firmeza para afirmar: no a la guerra, no al saqueo de nuestros recursos, no a las políticas injerencistas y al imperialismo en cualquiera de sus formas.

Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología
18 de diciembre de 2025

Llamado urgente por la Paz a los presidentes y presidentas del continente

Delegaciones de nueve países, movimientos sociales y organizaciones reunidas en el II Encuentro Regional en Medellín, Colombia, exigen a los gobiernos de América Latina y el Caribe romper alianzas con la OTAN, frenar la militarización y defender la soberanía de una región declarada Zona de Paz.

Carta a los presidentes y presidentas de Nuestra América

Señores y señoras, presidentes y presidentas de los Estados de América Latina y el Caribe:

Reciban un saludo en nombre de las delegaciones académicas, organizaciones sociales, movimientos comunitarios, guardias territoriales, defensores y defensoras de derechos humanos, colectivos de comunicación, movimientos sociales cooperativos, artísticos, culturales, instituciones educativas y liderazgos populares de más de ocho países que participamos en el II Encuentro Regional “Geopolítica y Militarización en Nuestra América”, celebrado en Medellín, Colombia.

Nos dirigimos a ustedes con sentido de responsabilidad histórica y con convicción democrática, conscientes de que las decisiones tomadas por los gobiernos impactan directamente la vida, la paz y la autonomía de los pueblos.

I. Nuestra América, Zona de Paz: coherencia entre la palabra y la acción

Desde el año 2014, la CELAC declaró a América Latina y el Caribe como “Zona de Paz”, compromiso que fue ampliamente acogido por nuestros gobiernos y respaldado por los pueblos del continente.

Sin embargo, en los últimos años observamos con profunda preocupación una creciente tendencia de algunos gobiernos latinoamericanos a vincularse con bloques militares globales y regionales, como la OTAN, así como a adoptar enfoques de seguridad que reproducen lógicas de confrontación, disuasión bélica y subordinación geopolítica frente a potencias con intereses globales.

En este sentido, rechazamos de manera categórica las reiteradas violaciones al derecho internacional, a los acuerdos multilaterales, a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos que el Gobierno de los Estados Unidos ha venido cometiendo mediante políticas sustentadas en el engaño, la injerencia y la agresión contra nuestras naciones. Tales acciones, además, implican un despilfarro de recursos públicos que podrían destinarse a atender las profundas necesidades sociales del propio pueblo estadounidense, que enfrenta crecientes niveles de pobreza y precarización.

Estas alianzas contradicen:

Los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Los compromisos multilaterales de nuestra región frente a la paz, la soberanía y la cooperación solidaria.

La tradición latinoamericana de resolver conflictos mediante el diálogo diplomático, la integración regional y el multilateralismo respetuoso.

Por ello, desde este Encuentro Regional solicitamos a sus gobiernos una revisión profunda y urgente de estos procesos y el abandono de Tratados que vulneran la soberanía continental y de los pueblos.

II. Militarización y alianzas bélicas: riesgos para la soberanía y la vida

La incorporación —explícita o indirecta— de países latinoamericanos a alianzas militares como la OTAN u otras estructuras de guerra tiene implicaciones serias:

Erosiona la soberanía regional, colocando decisiones de seguridad bajo doctrinas ajenas a nuestras realidades.

Desplaza recursos esenciales que deberían dirigirse a educación, salud, transición ecológica y bienestar social.

Profundiza la militarización interna, reforzando doctrinas del “enemigo interno” que han causado históricas violaciones de derechos humanos.

Nos involucra en conflictos geopolíticos globales que no responden a los intereses de nuestros pueblos.

Debilita la integración y la tan necesaria unidad latinoamericana, al fragmentar posicionamientos conjuntos y generar dependencias estratégicas.

Desconoce las recomendaciones de las diferentes Comisiones de la Verdad de nuestro continente, un aprendizaje histórico que no podemos desestimar.

Nuestra América no debe convertirse en escenario, ni plataforma de confrontación entre potencias. Nuestro compromiso debe ser, preservar la paz, proteger la vida y fortalecer la justicia social.

III. Solicitud formal a los gobiernos de la región

En coherencia con las discusiones, análisis y consensos alcanzados en este Encuentro, solicitamos:

  1. Reconsiderar, frenar o revertir los acuerdos de cooperación militar o de alineamiento estratégico con la OTAN y otros bloques de guerra global y regional.

  2. Abstenerse de establecer nuevas alianzas bélicas, misiones de entrenamiento o protocolos de interoperabilidad con potencias globales.

  3. Reafirmar explícitamente, en foros internacionales y en políticas nacionales, el compromiso de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

  4. Priorizar un enfoque de seguridad centrado en la vida, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo social y el cuidado de la Madre Tierra.

  5. Promover una agenda regional de desmilitarización y fortalecimiento del diálogo político entre Estados.

  6. Alternativas para una seguridad latinoamericana basada en la vida

Reconocemos que la región enfrenta desafíos reales: extractivismos violentos, criminalidad corporativa transnacional, dinámicas de desestabilización, disputas territoriales alimentados por intereses extranjeros y aplicación de nuevas tecnologías de vigilancia en contra de los pueblos, entre otras.

Pero ninguna de estas amenazas justifica la subordinación militar a potencias o bloques de poder.

Los pueblos de Nuestra América demandan una seguridad que:

Proteja las comunidades, no que las controle.

Defienda los territorios, no que los militarice.

Cuide la vida, no que prepare la guerra.

Fortalezca la integración regional, no que la fracture.

Este es el camino sensato, justo y coherente con nuestra historia.

IV. A los gobiernos de Nuestra América: un llamado firme

En nombre de quienes resisten en los territorios, guardias indígenas, campesinas y cimarronas; organizaciones barriales; defensores ambientales; comunidades rurales y urbanas); sindicatos y organizaciones de trabajadoras y trabajadores, movimientos populares, hacemos un llamado:

No permitir que Nuestra América vuelva a ser patio militar de ninguna potencia.

No comprometer la soberanía del continente en alianzas de guerra que no representan a nuestros pueblos como la OTAN.

Sean coherentes con la palabra empeñada, América Latina y el Caribe son, y deben seguir siendo, Zona de Paz.

Confiamos en su responsabilidad histórica y en su obligación con la vida digna de nuestros pueblos.

Firman,

Participantes del II Encuentro Regional

“Geopolítica y Militarización en Nuestra América”

(Canadá, EEUU, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Canadá)

Medellín, Colombia — 28 de noviembre de 2025

https://www.colombiainforma.info/encuentro-sobre-geopolitica-y-militarizacion-en-nuestra-america/

Organizaciones canadienses llaman al gobierno de Canadá a actuar ante ataques ilegales de EE. UU. en América Latina y el Caribe

Dos importantes redes de la sociedad civil canadiense —el Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA) y la Coalición Common Frontiers— remitieron una carta oficial a tres altas autoridades del Gobierno de Canadá:

  • Anita Anand, ministra de Asuntos Exteriores

  • Maninder Sidhu, ministro de Comercio Internacional

  • David J. McGuinty, ministro de Defensa Nacional

La comunicación, fechada 13 de noviembre de 2025, expresa una grave alarma ante lo que describen como una escalada de ataques aéreos ilegales y letales realizados por fuerzas estadounidenses contra embarcaciones civiles en Venezuela, Trinidad y Tobago, Colombia, República Dominicana y México.

Señalan ejecuciones extrajudiciales y violaciones al derecho internacional

Las organizaciones destacan que, entre septiembre y principios de noviembre de 2025, se han documentado al menos 19 bombardeos, con decenas de víctimas civiles. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y otros expertos coinciden en que estos hechos constituyen ejecuciones extrajudiciales y contravienen normas esenciales del derecho internacional.

Además, subrayan su preocupación por la ampliación de facultades del Gobierno de EE. UU. para el uso de fuerza letal contra supuestos “narcoterroristas”, sin pruebas ni controles, lo cual incrementa el riesgo de abusos y de un trato militarizado de la región.

¿Puede Canadá estar siendo cómplice?

El comunicado cuestiona el rol canadiense en la Operación CARIBBE, mediante la cual buques y aeronaves de Canadá suministran información de vigilancia a EE. UU. para sus operaciones marítimas. Argumentan que, dada la conducta actual del Gobierno estadounidense, esta colaboración podría implicar complicidad involuntaria en acciones ilegales.

Asimismo, advierten que tecnología militar canadiense pudo haber sido utilizada en al menos dos ataques recientes, según investigaciones de Project Ploughshares. Se señala también una laguna normativa que permite transferir equipo militar a EE. UU. sin los controles de exportación requeridos por el Tratado sobre el Comercio de Armas.

La región se pronuncia: la paz está en riesgo

El documento recoge reacciones de jefas y jefes de Estado de México, Brasil y Colombia, quienes han manifestado públicamente su rechazo a la posibilidad de una intervención militar estadounidense directa en la región. También recuerdan la vigencia de la declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por CELAC en 2014.

Las solicitudes concretas

GOPA y Common Frontiers piden al Gobierno de Canadá:

  1. Condenar públicamente los ataques ilegales de EE. UU. y exigir su cese inmediato.

  2. Promover la paz y la seguridad regional, apoyando esfuerzos internacionales que presionen por respeto a la soberanía y al estado de derecho.

  3. Suspender la participación de Canadá en la Operación CARIBBE, para evitar riesgo de complicidad en ejecuciones extrajudiciales.

  4. Cerrar lagunas regulatorias que permiten exportar armas a EE. UU. sin controles de derechos humanos, en cumplimiento del Tratado sobre el Comercio de Armas.

La carta concluye expresando disposición a dialogar directamente con las autoridades canadienses.

Descargue el documento original

El texto íntegro del pronunciamiento, con todas sus fuentes y referencias, puede descargarse aquí:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/11/Organizaciones-canadienses-llamada-a-accion.pdf

Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile: “Un país que no hace su trabajo frente a las violaciones de derechos humanos está condenado a repetirlas”

Por Félix Madariaga Leiva
Periodista

A más de cinco años del estallido social y en un escenario global marcado por guerras, retrocesos democráticos y tensiones geopolíticas, la discusión sobre el rol de la justicia internacional es urgente. La Corte Penal Internacional (CPI), los cuestionamientos al sistema multilateral, la militarización de territorios y la deuda del Estado chileno con las víctimas son temas que han adquirido una relevancia crítica.

Para profundizar en ellos, conversamos con Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, abogado y reconocido especialista en derechos humanos, fue jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), asesor de organismos internacionales, académico y ha liderado investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos tanto en Chile como en América Latina. Su trayectoria lo posiciona como una de las voces más autorizadas para analizar la situación regional.

Desde Amnistía Internacional ¿cómo evalúan el rol de la Corte Penal Internacional frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en distintos países, incluido Chile tras el estallido social?

RB: La CPI, que se adoptó por el Tratado de Roma de 1998, ha significado un avance importante en nuestra historia, porque concebir que hay crímenes contra la humanidad —de lesa humanidad— para los cuales existe un tribunal internacional, significa que ya no solo es importante la jurisdicción de los países, sino que también existe un tribunal internacional. En Chile costó que se aceptara el Tratado y que Chile pasara a ser parte; hubo varios cuestionamientos en su momento, pero finalmente se logró.

Esta Corte ha logrado condenas importantes en varios casos en los últimos 20 años; sin embargo, estamos en un momento difícil. Planteaste varias situaciones: lo que ocurre en Ucrania, el genocidio en Gaza, y hay otras donde probablemente hay muchas dificultades para que los tribunales internacionales hagan bien su trabajo. Estamos en un momento de mayor cuestionamiento y fragilidad al sistema internacional que se creó post Segunda Guerra Mundial. Hay falta de financiamiento de Estados Unidos, pero también múltiples cuestionamientos a la organización de Naciones Unidas por parte de muchos de los países que entregan recursos a este organismo multilateral, y ha habido muchos ataques a la Corte Internacional, especialmente por el trabajo realizado por el genocidio en Gaza.

Si bien, a nuestro juicio, debiera avanzar más rápidamente la investigación —particularmente en relación al genocidio en Gaza—, creemos que, en este contexto, lejos de debilitar a los organismos multilaterales, es valorable que la Corte Penal Internacional haya dictado órdenes de arresto en contra de Benjamín Netanyahu y otros ministros de Israel, y que la Corte Internacional de Justicia también haya declarado que la ocupación que lleva hace décadas el Estado de Israel es ilegal y tiene que terminar. Los tribunales internacionales están haciendo su trabajo, no obstante, haya mucha resistencia de varios Estados y, sobre todo, de algunas potencias mundiales.

En el caso de Chile, durante el estallido social, diría que el caso no ha llegado todavía del todo a la CPI porque los tribunales chilenos se encuentran investigando más de 1.000 causas, y además, hay una causa por la responsabilidad de los altos mandos y otra por crímenes de lesa humanidad que todavía están vigentes. Los tribunales internacionales entran a juzgar subsidiariamente cuando los internos, los nacionales, no han hecho su trabajo, y en este caso todavía esas investigaciones están en curso.

Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, pero suele intervenir en América Latina en nombre de los derechos humanos. ¿Cómo se entiende esa contradicción y qué efectos tiene en la credibilidad de la justicia internacional?

RB: Estados Unidos no solo no ha suscrito el Tratado de Roma que establece la CPI; sino que también la administración Trump estableció sanciones contra funcionarios de la Corte. Estados Unidos tiene un historial donde hay muchos tratados de Naciones Unidas que no ha suscrito y de los que no es parte.

Si bien la administración Trump ha sido especialmente cuestionadora del sistema internacional, esto es parte de la trayectoria histórica de ese Estado: no ser parte de muchos tratados de derechos humanos y no comprometerse con el sistema multilateral, cuando los derechos humanos requieren compromiso de todos los países. Después, efectivamente, tiene este discurso de intervenir en otros países —a veces militarmente— para “defender” los derechos humanos. Pero sin lugar a dudas es un doble estándar enorme, porque es un Estado que, en general, no ha protegido los derechos humanos y ha sido renuente a ser parte del sistema internacional en la materia.

El Reino Unido ha retomado los ejercicios militares en las Islas Malvinas, mientras en Chile se mantiene la militarización en la Araucanía. ¿Qué lectura hace Amnistía sobre el uso del poder militar en contextos sociales o territoriales?

RB: Es muy preocupante y grave la forma en que ha avanzado la militarización en Chile y en otros países. Has hablado de estos ejercicios por parte de Inglaterra, pero más allá de eso, en México llevamos muchos años con una militarización muy importante. Acabamos de ver un operativo donde intervinieron militares en Río de Janeiro, donde murieron más de 100 personas, en un operativo – se supone – por razones de seguridad.

En ese contexto, desde Amnistía siempre hemos sido claros: la militarización no puede ser la solución para temas de seguridad. Finalmente, siempre acarrea restricciones de libertad y no se pueden abordar los problemas de seguridad de fondo, lo que muchas veces implica, además, desvirtuar las funciones de las Fuerzas Armadas, relegando a las policías a no poder cumplir su rol como corresponde en una sociedad democrática con Estado de derecho.

Es preocupante que Chile lleve tantos años con un estado de excepción que, por definición, es transitorio, es excepcional. En cambio, desde el inicio de este gobierno tenemos un estado de excepción permanente en la denominada zona macro-sur, o en las regiones donde está presente mayoritariamente el pueblo mapuche. Eso es absolutamente contrario a los estándares internacionales: los estados de excepción deben ser transitorios. Lo más preocupante es que no se visualiza un cambio en esa política a corto plazo.

EI: A más de cinco años del estallido social, muchas víctimas siguen esperando justicia. ¿Existe una impunidad estructural en Chile frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado?

RB: Después de la dictadura cívico-militar y la impunidad que vivimos durante décadas, en cuanto a las atrocidades que se cometieron por parte del régimen de Pinochet —y el rol que tuvo el Poder Judicial, en algunos casos mirando hacia el lado y en otros derechamente siendo cómplice—, lo que se esperaba para 2019 y 2020, con la crisis de derechos humanos más importante desde el retorno a la democracia, era que el Estado de Chile, la Fiscalía y los tribunales hicieran su trabajo de acuerdo con las obligaciones que tiene el Estado.

Sin embargo, las investigaciones tuvieron muchas demoras y deficiencias; los tribunales también tuvieron problemas, sobre todo al tipificar adecuadamente el delito de tortura. Ha habido una impunidad bastante generalizada, si bien hay más de 70 sentencias condenatorias. Por otra parte, no ha habido una política pública de reparación integral para las víctimas del estallido, ni garantías de no repetición, que son claves y estructurales. Por ejemplo, la reforma a Carabineros, planteada por Amnistía Internacional y otros organismos internacionales —y que estaba en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric— no se ha concretado.

Por lo tanto, cuando revisamos nuestra historia, todas las deudas que quedan desde la dictadura, y todas las deudas pendientes respecto del estallido social, es complejo mirar al futuro y pensar que no vamos a tener de nuevo una crisis de derechos humanos. Un país que no hace la pega cuando se violan los derechos humanos es un país mucho más propenso a repetir el mismo patrón de acciones y violaciones.

Casos como el de Julia Chuñil reflejan la falta de reparación integral. ¿Qué medidas urgentes debería adoptar el Estado para garantizar verdad, justicia y reparación efectiva a las víctimas?

RB: Insisto, el Estado ha logrado varios avances en materia de derechos humanos en los últimos 20 años, pero sigue teniendo deudas cuando se trata de agentes del Estado. Por otra parte, si bien este gobierno dio un paso importante al firmar, aprobar y ratificar el Acuerdo de Escazú —que implica protección para defensores y defensoras de derechos humanos—, falta trabajo por hacer, porque no se ha aprobado la ley que se discute en el Congreso para la protección de estas personas.

Somos el continente donde más peligros enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos, en países como Colombia, México y Brasil. En ese contexto, lo que sucede con Julia Chuñil —que lleva más de un año desaparecida, con una investigación de Fiscalía que ha tenido dificultades y no ha logrado esclarecer su paradero ni las circunstancias de su desaparición— es sin lugar a dudas preocupante.

Aunque no estamos en la misma situación que otros países en cuanto al nivel de ataques y muertes, sí ha habido amenazas y agresiones. Por eso, es importante que el Estado adopte medidas legislativas y judiciales para resguardar a las personas defensoras de derechos humanos.

Estamos en periodo de las elecciones presidenciales. Un candidato afirmó que indultaría a criminales de lesa humanidad y a carabineros condenados por violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la postura de Amnistía frente a estas declaraciones?

RB: Nuestra posición es que es inaceptable que Johannes Kaiser haya señalado que liberaría a criminales de lesa humanidad como Krasnoff Marchenko y otros, que cometieron las peores atrocidades en la historia de Chile. Con ese tipo de afirmaciones se genera revictimización de las víctimas y sus familiares. Está absolutamente alejado del marco de derechos humanos del cual Chile es parte y, además, parece un retroceso a tiempos oscuros, cuando se hablaba de supuestos detenidos desaparecidos y se justificaban las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura.

Johannes Kaiser no solo ha planteado la liberación de quienes cometieron estas atrocidades, sino que también ha mentido derechamente sobre los supuestos restos que estarían en el Servicio Médico Legal, tal como decía Manuel Contreras, director de la DINA, uno de los militares más sanguinarios de América Latina. Kaiser está tomando la posta para mantener esa mentira, esa fake news sobre dónde estarían los restos de las personas detenidas desaparecidas.

Son afirmaciones graves e inaceptables. Desde Amnistía Internacional haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ningún gobierno avance en medidas de este tipo.

Respecto del estallido social, también es inaceptable que Kaiser se haya subido al escenario junto a quien está imputado por dejar ciego a Gustavo Gatica, y diga que los va a liberar a todos. Yo le pregunto a Kaiser si también liberaría, por ejemplo, a los carabineros condenados por violencia sexual. Hay al menos cuatro sentencias por violencia sexual durante el estallido social, casos investigados por Fiscalía y resueltos por tribunales chilenos. Personas en comisarías, sin resguardo alguno, fueron víctimas de desnudamiento y violencia sexual.

¿Eso también es parte de lo que quiere Johannes Kaiser? ¿Ese es el tipo de sociedad que queremos construir, donde sea posible cualquier tipo de vejación y que esas vejaciones queden en la impunidad? Desde Amnistía Internacional decimos que no, y que nos vamos a oponer ahora y siempre a cualquier tipo de medida de ese tipo.

La conversación con Rodrigo Bustos deja en evidencia que Chile y la región atraviesan un momento crítico: crisis de legitimidad internacional, militarización creciente, impunidad persistente y discursos que buscan reinstalar viejos negacionismos. Frente a ello, Amnistía Internacional sostiene una posición clara: sin verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, la democracia se debilita y deja espacio para que esas violaciones se puedan repetir.

La defensa de los derechos humanos no es un tema del pasado, sino una tarea urgente en un país que aún no sana sus heridas.

Declaración de la Alianza Global CONVIDA20 ante la COP30

Por una política global al servicio de la vida; la justicia climática; la paz; la pluriculturalidad originaria y afro; la equidad de género; el derecho a migrar y ser protegido y una tecnología al servicio de los pueblos

Resumen

Hoy, más que nunca, nos debatimos entre dos polos: el de la vida y el de la muerte. Quienes creemos en el derecho a existir denunciamos que ese derecho está siendo violado por los poderosos de cada país, que destruyen la casa común, militarizan el planeta y mercantilizan la tecnología.

Nos resistimos al negacionismo climático, al extractivismo voraz, a la violencia patriarcal y al uso de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta de control, guerra y exclusión.

Desde nuestras siete comisiones de CONVIDA20:

Tecnología de la información / Techo, Tierra, Trabajo y Trascendencia / Paz, No Violencia y Anti-militarización / Pueblos Originarios y Afrodescendientes / Equidad de Género / Crisis Climática / Crisis Migratoria, elevamos esta declaración ante la COP30 en Belém Do Pará, Brasil.

Lo hacemos desde los pueblos de América Latina y el Caribe, desde las comunidades campesinas, rivereñas, indígenas, afrodescendientes, urbanas y populares, desde las espiritualidades vivas que resisten y sueñan.

Esta declaración también recoge el eco de la peregrinación continental de la copresidenta de SICSAL-Mons. Oscar Arnulfo Romero e integrante de nuestra coordinación, Emilie Teresa Smith, quien, desde Vancouver, Canadá, ha recorrido el continente escuchando, conviviendo y recogiendo testimonios de mujeres y hombres defensoras y defensores de los territorios, que enfrentan múltiples violencias, especialmente la institucional, el saqueo de los bienes comunes y la destrucción ambiental con coraje, poesía y organización. Su caminar ha sido un acto de escucha radical, de acompañamiento espiritual y de denuncia profética.

La Inteligencia Artificial, la guerra, el extractivismo, la migración forzada y la crisis climática no son fenómenos aislados: son expresiones de un mismo modelo que pone el lucro, la codicia, por encima de la vida. Frente a ese modelo, proponemos otro horizonte: una humanidad reconciliada con la tierra, con el trabajo digno, con la hospitalidad y la justicia.

No venimos a pedir permiso. Venimos a anunciar que otro mundo está en marcha.

Que los pueblos que migran, las mujeres que cuidan, las juventudes que sueñan y los pueblos originarios y afrodescendientes que resisten ya están construyendo alternativas.

La Alianza Global CONVIDA20 reafirma su compromiso indeclinable con la defensa de la vida en todas sus formas, con la justicia climática, la dignidad de las personas migrantes y refugiadas, las mayorías empobrecidas, la equidad de género, la paz y la espiritualidad encarnada en los pueblos.

Reafirmamos que no habrá justicia ambiental sin justicia social, ni justicia social sin acogida y reconocimiento del otro y la otra. Nos convocamos a seguir tejiendo redes de solidaridad continental, a cuidar los territorios y los cuerpos amenazados, a acompañar a quienes migran por hambre, guerra o sequía, y a construir, desde la ternura de los pueblos y la resistencia, un futuro donde ninguna persona sea descartada ni expulsada de la casa común. Nuestra esperanza es activa, nuestra fe se hace acción y nuestro horizonte es la vida plena para todos los pueblos y todas las criaturas de la tierra.

Vemos, juzgamos y actuamos

Porque no estamos ante una simple coyuntura técnica ni una crisis pasajera.

Estamos frente a una encrucijada histórica que interpela nuestra conciencia, nuestra espiritualidad y nuestra acción política.

Este método —nacido en la juventud obrera católica de Bélgica y asumido por las luchas populares, la teología de la liberación, la pedagogía crítica y los movimientos sociales latinoamericanos— nos permite mirar la realidad con ojos abiertos, corazón sensible y voluntad transformadora.

Ver es dejarse afectar por lo que ocurre: reconocer las heridas del planeta, los rostros de los excluidos, los mecanismos de poder que destruyen la vida.

Juzgar es discernir desde una ética de la vida, confrontando los hechos con los principios de justicia, dignidad, solidaridad y cuidado.

Actuar es comprometerse, construir alternativas y transformar estructuras.

Vemos que:

La crisis climática no solo destruye ecosistemas: también expulsa pueblos enteros de sus territorios, provocando que millones de personas abandonen sus hogares por sequías, inundaciones o aumento del nivel del mar. Se prevé que en 2050 sean más de 250 millones las personas refugiadas climáticas que se verán forzadas a dejar sus hogares por los efectos del calentamiento global: sequías prolongadas, desertificación, pérdida de cultivos, tormentas extremas, saqueo y expoliación de tierras cultivables.

Aunque el término “refugiado” sugiere protección internacional, no existe aún reconocimiento legal bajo la Convención de Ginebra de 1951. Por eso, quienes huyen del colapso ambiental son personas invisibilizadas, criminalizadas o reducidas a cifras, sin protección jurídica ni humanitaria efectiva.

En Europa y en las fronteras de Estados Unidos, la llegada de personas afectadas por crisis ambientales crece cada día más. Proceden de África, de Oriente Medio, de Asia meridional y de América Latina, y el Caribe donde los impactos del cambio climático agravan la pobreza, los conflictos y la inseguridad alimentaria.

El Mediterráneo se ha convertido en una fosa común, y los muros, centros de detención y políticas xenófobas son el rostro más cruel de una civilización que ha perdido su humanidad.

Las guerras, además, contaminan el aire, la tierra y el agua, obligando a poblaciones enteras a migrar incluso después de los conflictos. La migración forzada es hoy el rostro humano del colapso climático y la expresión más extrema de la injusticia ambiental global.

La militarización global representa entre el 5 y el 6% de las emisiones de carbono. Los países que fabrican y exportan armas concentran el 82% del gasto militar mundial y el 67,1% de las emisiones de CO₂. La guerra contamina, deforesta, desplaza y destruye ecosistemas.

Los países del sur global arrastran deudas externas impuestas por organismos financieros internacionales que condicionan sus economías y limitan su desarrollo. Mientras destinan enormes recursos al pago de intereses, millones de personas carecen de salud, educación, tierra, trabajo y techo digno.

La transición energética, basada en el litio y otros minerales raros, está afectando directamente a comunidades que habitan los territorios. En Ecuador, el pueblo Kichwa ha sufrido represión, invasión de tierras y asesinatos por resistir al extractivismo. En México, Guatemala, Colombia y Honduras, mujeres defensoras enfrentan amenazas constantes por proteger el agua, los bosques y la biodiversidad.

Las mujeres —especialmente indígenas, afrodescendientes y campesinas— enfrentan violencias múltiples: patriarcales, extractivistas, racistas. Son ellas quienes sostienen la vida, defienden los territorios, custodian las semillas, y, sin embargo, siguen siendo invisibilizadas, criminalizadas y asesinadas. Su trabajo cotidiano, muchas veces invisible, es esencial para el sostenimiento de la vida y la resistencia comunitaria.

La lucha feminista en este contexto debe ser transversal a la COP30, mirando la realidad desde la desigualdad estructural que viven las mujeres. Esta mirada no es un añadido: es una clave para desmontar las violencias y construir justicia ambiental, social y tecnológica.

La IA ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una fuerza que transforma radicalmente la economía, la política, la naturaleza y la guerra. Su uso masivo genera impactos ecológicos alarmantes: consumo energético desmedido, uso intensivo de agua y minerales críticos, expansión de la huella ecológica de las grandes empresas tecnológicas y atenta contra el pensamiento crítico y la construcción de conocimiento.

Juzgamos que:

La crisis climática es también una crisis ética y espiritual: sin sentido, sin comunidad y sin trascendencia, no hay futuro sostenible. La espiritualidad es el alma de la ecología integral.

Del mismo modo, la crisis migratoria es un espejo moral del mundo. Negar el reconocimiento a las personas desplazadas por causas ambientales es perpetuar un modelo de muerte. Reconocerlas y protegerlas es un deber moral y político. La indiferencia de los estados y las corporaciones, ante el sufrimiento de millones de personas migrantes y refugiadas climáticas constituye una violación estructural de los derechos humanos.

Denunciamos las políticas racistas, xenófobas, aporofóbicas y patriarcales del Norte Global, que levantan muros mientras destruyen ecosistemas ajenos. Denunciamos también la corrupción de muchos gobiernos del Sur, que anteponen el lucro al bienestar de sus pueblos, permitiendo el saqueo extractivista de sus tierras.

Como han afirmado los Papas Francisco y León XIV los cuatro verbos que deben guiar toda política migratoria: acoger, proteger, promover e integrar. Estos principios son también una brújula para la justicia climática.

Acoger a las personas desplazadas es reconocer la interdependencia de la vida; protegerlas es garantizar sus derechos; promoverlas es acompañar su desarrollo humano integral; integrarlas es crear sociedades interculturales y solidarias.

La migración no es un problema: es una consecuencia de las injusticias globales y una oportunidad para reconfigurar el pacto humano desde la fraternidad universal.

Los pueblos originarios y afrodescendientes no son víctimas pasivas: son portadores de soluciones vivas, saberes milenarios y alternativas concretas. Ante cualquier proyecto gubernamental que tenga que ver con la madre naturaleza la consulta a los pueblos es prioritaria y obligatoria.

Las deudas externas y ecológicas son injustas y contrarias al bien común. Las deudas, muchas veces ilegítimas o heredadas de dictaduras, perpetúan la dependencia y el control de los poderosos sobre los pueblos. No se puede exigir a las naciones pobres pagar con el hambre de su gente lo que fue impuesto bajo mecanismos de dominación económica.ç

La IA no es neutral: su desarrollo está guiado por intereses corporativos y militares.

La militarización no garantiza seguridad: la verdadera seguridad es humana y comunitaria: Implica salud, educación, vivienda, trabajo digno y paz.

Actuamos así:

  • Reclamamos una transición ecológica justa, que respete los territorios y los derechos de los pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes.

  • Nos sumamos a las acciones por la suscripción del protocolo de no proliferación de combustibles fósiles; también a la exigencia de canje de deuda por acción climática; presión por el aumento del fondo de los países ricos, que sea justo, equitativo y ético, para la mitigación de las pérdidas y daños causados por la crisis climática. De igual manera, cualquier acción de transición energética, ecológica, integral y justa, respetando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos lo que requiere inclusión de garantías a los derechos humanos en las acciones que surjan de la COP30 de Belem do Pará, en Brasil.

  • Apoyamos la exigencia de auditorías éticas y transparentes de las deudas, promovemos sus condonaciones cuando sean ilegítimas y trabajamos por un nuevo orden financiero internacional basado en la justicia, la solidaridad y la soberanía de los pueblos. Sólo así las economías podrán liberarse de las cadenas que impiden su desarrollo humano integral.

  • Exigimos la reconstrucción ética de las políticas migratorias globales, con base en el respeto a la dignidad humana y en la responsabilidad compartida ante el cambio climático. Así mismo, promovemos la adopción de marcos jurídicos internacionales que reconozcan el status de “refugiado climático”.

  • Exigimos que ningún ser humano sea considerado ilegal y que se garantice el acceso universal a educación, salud y seguridad social para todas las personas migrantes. También denunciamos la criminalización de quienes acompañan o defienden los derechos de las personas migrantes, los crímenes de los defensores ambientales y exigimos justicia por los asesinatos, desapariciones y estigmatizaciones.

  • Apoyamos las redes de solidaridad que, en Europa, América, África, Asia-Pacífico practican los principios de acoger, proteger, promover e integrar, resistiendo a la ultraderecha.

  • Reclamamos presupuestos públicos para el cuidado comunitario de bosques, ríos, semillas y saberes; para la acogida de personas desplazadas y para políticas de integración que fortalezcan la convivencia intercultural.

  • Reconocemos y celebramos las identidades, las diversidades sociales y étnicas porque en su expresión se refleja la dignidad y la riqueza de lo humano.

  • Denunciamos el patriarcado digital que se disfraza de modernidad mientras reproduce las viejas jerarquías del poder: algoritmos que invisibilizan a las mujeres, redes que premian la violencia simbólica y plataformas que lucran con la exposición del cuerpo femenino. Detrás de cada “like” o comentario misógino hay un sistema que perpetúa la desigualdad en el espacio virtual.

  • Proponemos como alternativa construir una cultura digital feminista, donde la tecnología sea herramienta de emancipación y no de control. Un internet diverso, ético y comunitario, que promueva la voz de quienes fueron silenciadas, y que use la inteligencia colectiva para tejer redes de cuidado, educación y justicia.

  • Exigimos protección integral para las defensoras de la vida —mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y migrantes— que enfrentan amenazas y violencia.

  • Apoyamos la regulación y el control democrático de la IA al servicio del bien común y exigimos políticas públicas de alfabetización tecno-política y rechazamos el uso de la IA con fines geopolíticos y militares, de vigilancia o manipulación.

  • Apoyamos la Campaña Global contra el Gasto Militar, y nos pronunciamos contra las bases militares de EE. UU. y la OTAN en nuestro continente que han ocupado, invadido, y dominado nuestros territorios ricos en bienes naturales y biodiversidad. Igualmente, nos hemos pronunciado contra el entrenamiento y ejercicios militares orientados a prepararse para la guerra y que se realizan cada año generando, al mismo tiempo, contaminación y daño ambiental.

Escuchen el clamor de la tierra.

Escuchen el clamor de los pueblos desplazados.

Escuchen el clamor de las mujeres migrantes que defienden sus cuerpos y territorios.

Porque la vida no se negocia.

Porque la justicia no se posterga.

Porque la paz no se militariza.

Porque la tierra no se vende.

Porque el futuro se construye hoy.

Alianza global CONVIDA20 está integrada por organizaciones y personas de América Latina, El Caribe, Canadá, Estados Unidos, Europa y Asía Pacífico

Anexos

DECLARACION DE LA ALIANZA GLOBAL CONVIDA20 ANTE LA COP30 2025.pdf
DECLARAÇÃO DA ALIANÇA GLOBAL CONVIDA20 DIANTE DA COP30 2025.pdf
DÉCLARATION DE L’ALLIANCE MONDIALE CONVIDA20 DEVANT LA COP30 2025.pdf
https://sicsal.net/convida20/es/node/95

Rechazamos las maniobras militares británicas en las Islas Malvinas

Comunicado

El Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile expresa su más enérgico rechazo a las maniobras militares llevadas a cabo recientemente por Reino Unido en las Islas Malvinas, las que incluyeron pruebas del sistema de defensa antiaérea Sky Sabre. Estas acciones constituyen una provocación y una abierta violación de las resoluciones de Naciones Unidas que llaman a ambas partes, Argentina y Reino Unido, a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación del archipiélago.

Este despliegue constituye una nueva expresión de la ocupación militar británica en las Islas Malvinas, una situación que continúa siendo objeto del legítimo reclamo diplomático de la República Argentina. Lejos de avanzar hacia una solución pacífica, el Reino Unido persiste en reforzar su infraestructura bélica en el archipiélago, lo que contraviene abiertamente las resoluciones de las Naciones Unidas y el espíritu del diálogo y la diplomacia.

Expresamos nuestra plena solidaridad con el pueblo de Argentina en su justo y legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La presencia militar británica en las Islas Malvinas, a más de cuarenta años de la guerra de 1982, revela la persistencia de una política colonial, en completa contradicción con los principios del derecho internacional y de la autodeterminación de los pueblos. Estas maniobras se enmarcan en la estrategia global de la OTAN, alianza militar encabezada por Estados Unidos y Reino Unido, que busca proyectar su poder hacia el Atlántico Sur. Nuestra América Latina como El Caribe, deben ser Zona de Paz como lo proclamó la CELAC el 2014.

Rechazamos categóricamente esta política de intimidación y advertimos que la creciente presencia militar de la OTAN en el hemisferio sur —ya sea mediante bases, acuerdos o ejercicios conjuntos— constituye una amenaza directa a la paz regional y a la soberanía de nuestros pueblos.

Desde Chile, hacemos un llamado a los gobiernos de América Latina a repudiar públicamente estas acciones y a fortalecer los espacios de coordinación política y defensa común frente a las pretensiones imperialistas que buscan convertir nuestro continente en un escenario de disputa geopolítica.

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile

Imagen: Fotografía usada en el transporte público.