Nosotras y nosotros, profesionales de la historia y las ciencias sociales, frente a la movilización de diversos sectores sociales iniciada el 13 de junio de 2022 en Ecuador, expresamos:
1. Nuestra preocupación por la promulgación de declaratorias de estados de excepción que apuntan a reprimir la legítima protesta social:
En la declaratoria de Estado de Excepción en el Decreto 455, con fecha del 18 de junio de 2022, se coartan derechos fundamentales de los seres humanos como la libre asociación, reunión, tránsito y la inviolabilidad del domicilio.
En una versión oficial previa del Decreto 455 se establecía la restricción del derecho a la libertad de información y se facultaba el uso de la fuerza letal frente a las movilizaciones. Aunque esos términos fueron solapados en la versión final del Decreto de Estado de Excepción, preocupa sobremanera la intención y la posibilidad de la violación de derechos en un documento firmado por el Presidente de la República, y que circuló en una primera instancia.
El Decreto 455 fue reemplazado, el 20 de junio, por el Decreto 459, documento que matiza la suspensión de derechos. Esto da cuenta de una estrategia gubernamental para establecer el estado de excepción como método impositivo para procesar demandas sociales y así responder coercitivamente a la movilización social. Se da cuenta de esto en la militarización de la ciudad de Quito y la pretensión de hacer la capital inexpugnable, cerrar el paso a la ciudadanía y demandas del conjunto nacional.
En el transcurso de dos días, dos decretos y tres versiones de ellos han circulado, evidenciando que el Gobierno promueve políticas represivas y sólo la presión social le ha inducido a corregir sus exabruptos. A esto se suma las acciones judiciales con las que el alcalde de Quito buscó impedir que el poder legislativo derogue el decreto 455, el día 20 de junio, lo que atizó el escenario de conflicto.
2. Nuestro rechazo a las expresiones racistas formuladas por actores políticos y otros miembros de la sociedad, que no hacen más que profundizar la exclusión, la discriminación y las fracturas internas de una sociedad queaspira a dejar atrás la violencia colonial. Del mismo modo, nuestro rechazo a la campaña de desprestigio que ha enarbolado el gobierno local de Quito a una amplia mayoría de la población, temeraria discriminación encubierta de un discurso de paz.
3. Nuestro rechazo al allanamiento injustificado de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión (Casa de las Culturas) en el marco del Decreto 455; allanamiento dispuesto por la Fiscalía General del Estado, en el que no se encontró indicio alguno de material explosivo o armamento. Pese a ello, a partir del 19 de junio se ejecutó la requisición de las instalaciones de la Casa de la Cultura; actualmente se encuentra ocupada por fuerzas policiales. Este edificio emblemático alberga colecciones y acervos culturales fundamentales para la investigación, la construcción de la identidad colectiva y el goce de los derechos culturales. Esta es una violación al patrimonio nacional y a los derechos de los miembros de la sociedad ecuatoriana, y evidencia un desconocimiento de la gestión cultural y la preservación de los bienes que construyen las memorias nacionales. Nos preocupa que esta acción haya sido justificada por las autoridades públicas en el campo cultural siendo su mandato la salvaguarda del patrimonio y su deber brindar garantías de acceso ciudadano al patrimonio. Su tardía justificación de hacerlo por cuidar el patrimonio es insostenible, pues la presencia de armas en medio de un conflicto social solo puede poner en peligro este valioso patrimonio común, lo cual se suma a su persistente descuido de la provisión de recursos para las instituciones culturales, el abandono de archivos y notables problemas para gestionar la correcta preservación del Patrimonio Nacional visible desde el 2015 y agravada en los últimos 5 años.
4. La movilización social en Ecuador no es resultado de una coyuntura, sino de factores de carácter estructural. La carestía de la vida, agravada por políticas anti-humanitarias durante la pandemia del COVID 19 y el impacto en el precio de los alimentos que tiene conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, tiene sus orígenes en un Estado y en una sociedad empeñada en políticas excluyentes e insistentemente indolentes ante las demandas de inclusión social. La lucha histórica por la inclusión política, la soberanía alimentaria y el buen vivir se oponen a modelos de acumulación oligárquicos, extractivistas, primario-exportadores y gamonales que producen todo un conjunto de desposesiones contra la sociedad. La mala gestión para disminuir las desigualdades sociales y para acoger sus legítimas demandas políticas en pos de una democracia para el pueblo, ha provocado que los sectores más vulnerables sientan de forma más profunda y excluyente, los impactos de la crisis mundial.
Actualmente, en el campo ecuatoriano se concentran los mayores índices de pobreza, pobreza extrema y desnutrición infantil crónica. Por eso, es tarea de los gobiernos la adecuada planificación para la atención prioritaria, efectiva y alejada de paternalismos y visiones excluyentes de las necesidades del campo ecuatoriano, conformado en su gran mayoría por pueblos y nacionalidades.
Las reivindicaciones planteadas por varios sectores de la sociedad corresponden a problemas de fondo que afectan a todos los ecuatorianos. Es alarmante el deterioro en los sectores de salud y educación pública por falta de presupuesto, lo que vulnera derechos constitucionales. Por tanto, la protesta social es legítima y el gobierno debe dialogar de forma horizontal y empática para responder a las demandas populares contenidas en el Pliego de Peticiones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
5. Nuestro rechazo al uso instrumental del concepto de democracia. Este ha sido vaciado por el gobierno central y los grandes medios de comunicación a ser sinónimo de votaciones, cuando este implica formas más complejas de manifestación y participación ciudadana. De igual forma, el gobierno central en sus declaraciones ha usado el concepto de democracia para alimentar un clima de represión y conflicto, además de justificar la limitación de libertades.
6. Nuestro llamado a los medios de comunicación para difundir los acontecimientos actuales de forma plural, responsable, sin criminalizar la protesta social y permitiendo que voces diversas alimenten la formación de la opinión pública. Rechazamos la censura y la mordaza pues esta aumenta la posibilidad de que la violencia quede impune. Una opinión pública diversa y pluralista implica abandonar los intereses privados a los que representan. Del mismo modo, hacemos un llamado a las autoridades para que hagan respetar el ejercicio periodístico de los medios independientes amenazado por la violencia de las fuerzas del Estado.
7. Nuestra adhesión a la resolución política del conflicto mediante el establecimiento de vías transparentes de diálogo, respetando la independencia de las diferentes funciones del Estado y garantizando los derechos de los sectores movilizados. Este llamado debe incluir a la pluralidad de la sociedad civil y no solo a sectores adeptos al gobierno central. Creemos que los decretos de excepción expedidos no brindan un contexto adecuado para la obtención de los más profundos intereses de todos los miembros de la sociedad ecuatoriana. Instamos a la conformación de un verdadero diálogo que parta del cumplimiento, de parte del Ejecutivo, de las demandas enunciadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otras organizaciones sociales.
Por lo expuesto, solicitamos el apoyo de la comunidad académica nacional e internacional a este comunicado en pos de una democracia atenta a las demandas sociales y al reconocimiento político de las mayorías en el Ecuador.
Los firmantes:
Alejandro López Valarezo Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política
Viviana Velasco Herrera Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política
Rosa-María Mantilla-Suárez Seminario Permanente de Historia Política
Michelle Alejandra Andrade Paredes FLACSO – Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política
Luis Esteban Vizuete Marcillo El Colegio de México / Seminario Permanente de Historia Política
Agatha Rodríguez Bustamante Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin / Seminario Permanente de Historia Política
Fernando A. Muñoz-Miño Seminario Permanente de Historia Política / El Colectivo
Sofía Luzuriaga Jaramillo Pontificia Universidad Católica del Ecuador/ Seminario Permanente de Historia Política
Katiushka Aguirre-Pacheco Pontificia Universidad Católica de Chile / Seminario Permanente de Historia Política
Enma Pilar Chilig Caiza Seminario Permanente de Historia Política
Lorena Rosero Manzano Seminario Permanente de Historia Política
Nicolás Zapata Seminario Permanente de Historia Política / Minga: democracia entre todos
Valeria Coronel FLACSO-Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política
Costa Rica no se queda atrás respecto a la desigualdad, la militarización y la xenofobia que avanzan por el conjunto del continente.
Frank Ulloa Royo
16 | 06 | 2022
El modelo político electoral carece de mecanismos de participación igualitaria y son los grupos económicos los que al fin definen los candidatos.
Pero fueron los votantes de los sectores medios, los empleados públicos y los sectores marginados y de las zonas rurales atrasadas quienes buscaron una alternativa radical, pero con soluciones orientadas por los grupos de poder tradicionales.
Es un modelo mágico que encarna los deseos más íntimos de la vieja y nueva oligarquía.
Por otra parte, el auge de la violencia nos lleva a buscar respuestas violentas y justifican la militarización del país, el ingreso de flotas armadas extranjeras y la formación militar de los guardias civiles, sin que se pase por un tamiz los valores que allí se les imparten.
En lo laboral las cúpulas empresariales tienen sus propios sistemas de seguridad, de listas negras, de supervisión ideológica de los trabajadores, controlan servicios estratégicos del Estado, alientan la organización militar paralela y justifican la explotación de los migrantes porque supuestamente los nacionales no quieren trabajar.
Múltiples empresas de paramilitares ofrecen sus servicios de inteligencia y protección armada, autorizadas por el Estado.
Más restricciones a los sindicatos
La preocupación principal de los sindicatos fue mantener sus cuotas de negociación con el Estado y acercarse a los candidatos ganadores. Pocos plantean una oposición ideológica a las ideas dominantes.
Más grave aún, la situación política actual es un importante caldo de cultivo del fascismo en su nueva versión, al recoger importantes valores generados desde la segunda mitad del siglo XX, especialmente con la derrota política del movimiento sindical en 1948.
Parece ser que la prohibición del sindicalismo en el sector privado se ha visto fortalecida. Nuevas leyes restrictivas de derechos son la ruta escogida por los sectores dominantes.
A esto se une un sistema judicial bajo sospecha de corrupción y de estar influenciado por los dirigentes políticos y las cámaras empresariales.
Van además por la reducción salarial mediante la inflación acelerada y el establecimiento de jornadas de 12 horas sin pago de horas extra y por la eliminación de los regímenes particulares de pensiones en función de crear un régimen de libre despido.
Todo en nombre de la patria y la lucha contra la corrupción. Alea acta est: la suerte está echada.
Militarización de la gestión migratoria fronteriza y ‘pushback’ o deportaciones “en caliente”, las principales problemáticas
Urgen al Estado mexicano limitar la participación de las corporaciones castrenses en tareas de migración.
Ciudad de México, 1 de julio 2021-. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 32 organizaciones de la sociedad civil expusieron la situación de las personas en movilidad humana en México. Durante la audiencia se subrayó la militarización de fronteras y la política migratoria con participación tanto de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Guardia Nacional (GN), así como la práctica sistemática de «devoluciones en caliente» o pushbacks que tiene como objetivo disuadir y criminalizar la migración y la búsqueda de protección internacional. También señalaron las violaciones a los Derechos Humanos de las personas migrantes derivadas de dichas políticas y prácticas.
Señalaron que el despliegue de fuerzas militarizadas ha exacerbado los casos de uso ilegítimo de la fuerza contra personas migrantes. Por ejemplo, en enero de 2020, personas que ingresaban por el Río Suchiate, fueron agredidas por personal del Instituto Nacional de Migración (INAMI) y de la GN con piedras, toletes y escudos para impedir su avance. Más recientemente, el 15 de junio de este año, personas que se encontraban detenidas en la Estación Migratoria Siglo XXI protestaron por la falta de claridad en sus procesos de asilo y fueron golpeadas y obligadas a acostarse en el patio boca arriba con las manos en la nuca por alrededor de 9 horas, bajo la amenaza de ser golpeadas si cerraban los ojos. Testimonios y fotografías muestran la participación de elementos de la GN y del INAMI en estos actos de tortura.
También, se señaló la negativa sistemática por parte del INAMI para el acceso de las personas con necesidades de protección internacional a los procedimientos de asilo en México y su expulsión en caliente por las fronteras terrestres y áreas, lo que deriva en la violación al principio de “no devolución.” Práctica que resulta en otras violaciones a derechos humanos como detenciones ilegales, separación familiar y la falta de acceso a la justicia.
Por su parte, Guillermo Fernández Maldonado, representante de La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, hizo hincapié en que los esfuerzos para garantizar una migración segura se están viendo afectados con el despliegue de Fuerzas Armadas y otros cuerpos policiales. Subrayó que la oficina de la OACNUDH en México «también ha documentado devoluciones en caliente, tanto en frontera como en estaciones migratorias, sin adecuadas garantías del debido proceso».
Durante la audiencia se reiteró la solicitud hecha a la CIDH para que realice una visita in loco a las fronteras del país para poder presenciar y observar la situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo, y el actuar de las autoridades, lo que le permitiría dar seguimiento a sus recomendaciones en la materia.
Por último, se solicitó a la Comisión inste al Estado mexicano realizar las siguientes acciones:
Designe las tareas de gestión migratoria únicamente a los órganos competentes de fuero civil y límite de manera inmediata la participación de las corporaciones militarizadas.
Presente información clara y precisa sobre el presupuesto total que se brinda a la Guardia Nacional, el número de detenciones y los protocolos de actuación relacionados con dichas detenciones, así como sobre las capacitaciones en materia de derechos humanos.
Elimine la práctica de perfilamiento racial y promueva medidas específicas a fin de erradicar los actos de xenofobia y discriminación.
Investigue las denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas en las Estaciones Migratorias, así como las privaciones arbitrarias a la vida mencionadas; implementando para esto medidas que garanticen a las víctimas el acceso a la verdad, justicia, reparación y la no repetición de los hechos.
Investigue los casos de pushback cometidos en puntos terrestres y aéreos en contra de personas migrantes y con necesidad de protección internacional.
Revise y genere protocolos de actuación para que las autoridades que trabajan en puntos de ingreso puedan identificar casos de personas con necesidad de protección internacional.
Garantice la presencia de agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en puntos de ingreso y control migratorio en las fronteras y aeropuertos.
Por su parte, representantes del Estado mexicano señalaron que cuenta con un marco normativo que estipula el resguardo de los derechos de las personas migrantes, con protocolos para atender todos los flujos migratorios. Sin embargo, no dieron respuesta respecto al enfoque militarizado bajo el que se atiende la migración, la disparidad de cifras de detenciones de migrantes realizadas tanto por las Fuerzas Armadas como Guardia Nacional, respecto a las que refiere el INAMI, ni ante la falta de controles adecuados frente a los abusos. Tampoco dieron respuesta frente a las denuncias de “devoluciones en caliente” o pushbacks, más allá de referir la complejidad de la migración y el contexto de pandemia.
Las Comisionadas de la CIDH refirieron su preocupación respecto a la necesidad de realizar una distinción entre funciones de seguridad y de asistencia humanitaria directa a las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional.
La Comisionada Flávia Piovesan, Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI, mostró inquietud ante lo expuesto por las organizaciones de la sociedad civil en torno a las “devoluciones en caliente” pues señaló que se trata de expulsiones sumarias, automáticas que ponen en riesgo el principio de no devolución.
La CIDH remarcó que el Estado mexicano dio su anuencia para una visita presencial por parte de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que esperan que sean fijadas las fechas para esas diligencias.
Organizaciones participantes: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa y Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Servicio Jesuita a Refugiados – México, GEOPAZ, Instituto de Geografía para la paz AC (IGP), Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGBT México, Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual, A. C., Las Vanders, Sin Fronteras I.A.P., Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), Asylum Access México (AAMX) A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), the Washington Office on Latin America (WOLA), Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica (RJM-CANA), Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano conformado por: American Friends Service Committee (AFSC), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano A.C., Kaltsilaltik, La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, Médicos del Mundo – España y Francia (MdM), Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Migrantes Frontera Comalapa, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Tzome Ixuk – Mujeres Organizadas A.C., Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Raúl, un empresario centroamericano de élite se apresa a tomar un vuelo comercial reprogramado tan pronto se reestablecieron las comunicaciones aéreas internacionales. Se dirige a otro país centroamericano, donde debe trabajar en la reactivación económica bajo la premisa de que el resguardo de la salud es importante, pero también lo es la tan instalada idea que los sectores económicos, ciertos sectores económicos, deben contar con los apoyos gubernamentales regionales como requisito indispensable para garantizarles el re-despegue.
Antes que su vuelo parta, desde su teléfono inteligente, coordina reuniones, movimientos financieros, inversiones urgentes. Ha debido cumplir con todos los protocolos sanitarios para movilizarse con toda naturalidad, en medio de un contexto que todavía dibuja la excepcionalidad como principal concepto explicativo.
Sin embargo, A Raúl no lo alcanzan las limitaciones ni las expresiones de rechazo que predominan para otro tipo de movilidades, las que no se dan en las alturas, las que se producen a ras de suelo, entre las fronteras terrestres, donde la «inmovilidad de la movilidad» para diversas poblaciones se ha instalado como política migratoria planteada por los Estados.
Estamos claros. Existen movilidades legítimas, permitidas, tanto en los discursos como en las prácticas de relación entre las elites de los países regionales. Son las que representa Raúl y su movilidad higiénica, esa que de acuerdo con las agendas de los medios de comunicación son las necesarias, las que están bien y deben potenciarse.
Otras movilidades, sin embargo, pasan por el filtro de la construcción de percepciones en que la relación entre movilidad y enfermedad es casi obligatoria. Son las que están representadas por esos, los otros sujetos y sujetas a quienes se debe exponer, testear en público, aislar en sitios que no cumplen con las especificaciones de salud mínimas requeridas porque representan el peligro. Como hemos dicho en otro momento: son armas de destrucción biológica. Ejemplos de esta práctica se han reproducido en toda la región desde que la emergencia sanitaria inició en 2020.
En este contexto, la formación de «espacialidades del miedo» ha tomado fuerza. Lo hemos dicho ya: son las fronteras en la región centroamericana, por ejemplo. En particular tres puntos calientes: la frontera México-Guatemala, la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y la espacialidad conformada por las fronteras entre Costa Rica y Panamá y Panamá y Colombia, con el Tapón del Darién como una auténtica geografía del riesgo para las movilidades humanas.
Pero también en el sur de la región la relación entre espacialidad-movilidad-enfermedad, ha devenido en la construcción de respuestas afincadas en un enfoque securitario y militar. Países como Perú, Chile y Colombia, han transversalizado una respuesta estatal prohibitiva, casi punitiva, cerrando sus fronteras y brindando tratamiento criminalizante a cientos de personas migrantes, muchas de ellas de origen venezolano, pero también extracontinental y caribeño.
Otro tipo de espacialidades de la incertidumbre también han sido expuestas en el año de la pandemia. Los albergues, los sitios de aseguramiento, los espacios de habilidad para personas migrantes (cuarterías en Costa Rica, pensiones en otros sitios), los lugares de trabajo. En todos los casos la sacrificialidad de la persona se produce y reproduce de forma cotidiana.
Sobre esta condición que avanza y no cesa, conversamos ampliamente el pasado 19 de marzo en un espacio transnacional de reflexión organizado por la Noda Chile del Proyecto regional (In) movilidad en las Américas en tiempos de COVID, denominado tal y como hemos titulado esta columna.
Junto a Cecile Blouin (Perú), Nanette Liberona (Chile), Gabriela Cano (Colombia) Felipe Vargas (México), moderados por la colega y amiga Carolina Stefoni (Chile) concordamos que existe una matriz autoritaria, discriminatoria y excluyente hacia las múltiples formas que ha tomado la persona que se moviliza en los actuales contextos. La realidad es un espejo, dijimos. También dijimos que la complejidad toma formas diversas y múltiples y que las personas en contexto de movilidad deben ser visibilizadas en sus condiciones reales de existencia. Dijimos que es urgente cambiar este estado de situación.
Frente a los devueltos, los varados, los deportados, los inmovilizados, los sitiados en espacios de confinamiento formal e informal, los obligados a trabajar en espacios laborales plagados de malas condiciones higiénicas (los delivery workers, los trabajadores agrícolas, las personas dedicadas a los servicios domésticos) la respuesta estatal ha sido común: aplicar medidas migratorias restrictivas, estrictos monitoreos, controles administrativos bajo la mampara de una supuesta tarea sanitaria. Son ellos, los otros, los que traen el virus que acabará con nosotros.
Siendo así, la época de excepcionalidad vivida solo potencia condiciones ya existentes. Las potencia y las agrava. Ante su funcionamiento, las respuestas desde quiénes las experimentan provienen de un verdadero espíritu de reconocimiento de la condición humana, la solidaridad circular y horizontal, el rostro de la mujer tras los mecanismos de afrontamiento, la movilidad como un acto de resistencia en sí mismo.
Raúl, nuestro empresario centroamericano exitoso, ha llegado ya a su destino tras una hora de vuelo. El trámite migratorio ha sido expedito: una rápida toma de temperatura, la revisión de su documento médico que confirma el resultado negativo de la prueba y un lavado de manos antes de salir de la zona de aduanas. Todo según lo previsto.
A algunos kilómetros de esa escena, una familia afectada por la pobreza, la inseguridad y los embates de los eventos naturales de noviembre anterior, toma la decisión de marcharse en una nueva estrategia colectiva. Les espera una férrea respuesta militar en cada frontera por cruzar. Les espera una política de la hostilidad que les confinará de nuevo, quizá para siempre, a sus condiciones reales de existencia. El ciclo de la incertidumbre volverá a abrirse. Una vez más.
En los últimos días las respuestas estatales regionales ante las movilidades humanas se han caracterizado por una agresiva militarización y blindaje de sus zonas fronterizas, como primer medida de un conjunto de acciones afincadas en el enfoque securitario utilizado para administrar las migraciones internacionales.
Durante el mes de enero de 2021 esa militarización fue observada tanto en fronteras centroamericanas, con lo actuado por las fuerzas de seguridad guatemaltecas para impedir y disolver los colectivos provenientes fundamentalmente de Honduras, como en el sur de América Latina al “sellar” la frontera con Ecuador el gobierno peruano, como
medida para impedir el paso de grupos de venezolanos en contextos de movilidad.
Sobre este escenario que enfrenta al mismo tiempo militarización y sobrevivencia, la circulación de noticias se ha decantado por la homogeneización para referirse a los grupos que caminan y tratan de cruzar fronteras internacionales. No en pocos casos en los medios de comunicación empresariales se han vertido conceptos criminalizantes y discriminatorios, desconociendo las causas y la heterogeneidad social y cultural de las personas que conforman estos colectivos humanos contemporáneos en America Latina.
En el caso centroamericano, es preciso visibilizar otras propuestas informativas que con cercanía, implicación y sensibilidad regional desmontan el aparataje de la comunicación que solo fluye en un solo sentido. Es necesario atender un lenguaje regional que explique con sentido lo que ocurre.
En esta dirección el jueves 28 de enero se desarrolló el conversatorio “Caravanas y otras luchas migrantes en Mesoamérica”, organizado por el proyecto regional “(in)movilidad en las Américas” con la participación de diferentes actores vinculados a los colectivos centroamericanos que se movilizan, así como representantes de medios regionales que han construido una interesante agenda noticiosa propia sobre el tema.
Gerardo Chévez, reportero de Radio Progreso (Honduras), ha cubierto las últimas movilidades originadas en aquel país. Su intervención en el conversatorio fue propicia para repasar el rol del periodismo en contextos de vulnerabilidad y su Importancia para conocer con certeza las causas de los procesos regionales.
Coincidimos de entrada cuando hace una distinción que no solo es semántica sino ética y política: no son caravanas las que salen de Centroamérica: son éxodos humanos forzados por las condiciones presentes en sus países de origen. Su observación en campo y su implicación con el contexto lo legitima para trazar esta consideración sobre los grupos centroamericanos que se movilizan.
Lo segundo que señala es considerar estas movilidades como expresiones de rebeldía. Se distancia así de aquellos intentos por descalificar las razones de la salida en colectivo aduciendo variables políticas y utilitarias por parte de terceros actores. También concordamos con su apreciación.
Sobre este aspecto, es importante entender que las salidas en colectivo desde la región obedecen a estrategias pensadas desde abajo para responder las lógicas del poder, la exclusión y la discriminación. En conjunto, estas tres nociones nunca serán nombradas de esa manera en los medios de comunicación empresariales.
En tercer lugar habla de un desprecio absoluto por parte de las autoridades hacia las personas en movilidad. No solo la forma violenta como disuadieron su paso en el caso de la coyuntura en frontera guatemalteca sino la actitud inhumana con la que se deshicieron de las pertenencias que quedaron desperdigadas luego de los enfrentamientos: “por la noche los militares quemaron coches de bebé, mochilas, ropa”, comentó.
En su relato, lo subjetivo es necesario para contar la verdad. Ante la violencia observada con la que fueron tratados niños, niñas, personas jóvenes, hombres y mujeres y ser testigo en primera línea, su reacción es epidérmica: “eso arde”, dice al recordar esas imágenes. Luego señala contundentemente: “somos periodistas, pero también somos humanos”.
Dados estos acontecimientos, son imprescindibles seguir dos acciones desde la región: incorporar en el entendimiento general la movilidad colectiva como estrategia desde los sectores vulnerables y precarizados y priorizar otras formas de comunicar esos procesos, lejos del estigma y la criminalización.
Es necesario por ello visibilizar esas otras formas de narrar la estrategia de respuesta de quienes se movilizan. Iniciativas que acompañan, informan y dialogan con la verdad como la misma Radio Progreso y el medio digital Contracorriente (ambas de Honduras) y Plaza Pública ( Guatemala) son algunos ejemplos de esa otra perspectiva comunicativa que debe priorizarse.
En tiempos en que la simbólica sustituye el contenido en las propuestas mediáticas globales, es preciso facultar y validar esas otras formas comunicativas que se generan desde la propia región. Es decir: pasar de la “sanderización” del relato a la profundización de las narrativas. Invito a reproducir sus contenidos, superponerlos a las maquinarias hegemónicas y empresariales que niegan la diversidad, la resistencia, la política que se crea y se construye desde lo cotidiano, desde abajo.
Montes verdes rodean mi casa. No distingo, desde las ventanas, si el sonido es un disparo, un ruido de pirotecnia, o un carro que no esquivó el hueco de la carretera. En mi tierra no hay ejército. Ciertamente, lo celebro y aplaudo.
El cielo de fiesta tricolor se me oscurece. La nación desarmada deviene en mito. Se desmiente en la esquizofrenia de una formación militar, intensificada.
El delegado policial, que otrora me cuidaba, hoy represivo, en la manifestación callejera me persigue y me calla, apalea a las personas transgénero y desatiende la demanda de la población originaria. Así, la enmascarada militarización, criminaliza la protesta ciudadana.
Sí, yo me enorgullezco de que en mi país no circulen tanques. Pero en tela de juicio se mece mi alarde.
Viví muchos años con ideas románticas. Por no tener ejército, florecían las escuelas. Nuestra fuerza era un gran número de docentes, sus cuarteles, las aulas. Yo lo creía. ¡Vaya que se ha hecho bien el trabajo!
El despertar me enoja: Costa Rica, país centroamericano sin ejército, es de los que más gastan en seguridad. Se recortan presupuestos a programas sociales. La cultura y la educación se ponen a mendigar.
¿Quedó en el limbo nuestra tradición pacífica? ¿Qué fue de nuestro espíritu civilista?
La mampara de la violencia institucional se rompe. Se desnuda un circo, sale a la luz un ejército escondido. La vieja institución castrense persiste, con otros ropajes.
Yo, posiblemente ilusa, apelo a una policía formada en escuelas policiacas que no contradigan su función civilista y antimilitar. A una policía que, nutrida por los derechos humanos, evite la violencia, las malas praxis y el abuso de autoridad.
Llamo, desde esta tierra gentil. Urgida, convoco, desde el límpido azul de mi cielo, a una policía, inscrita, en un proyecto de justicia y paz.
Marta Rojas, a propósito del mito de un país sin ejército…
Esta vez compartimos un artículo de Mario Luna, de El Salvador, cuya intención es ofrecer un análisis socio-teológico de coyuntura y opinión, desde su experiencia salvadoreña como parte de una Comunidad Eclesial de Base.
Este hermoso y oportuno artículo es parte de la serie de textos de análisis de coyuntura que compartimos este año tras la declaratoria de pandemia. Pretendemos compartir insumos para las personas y comunidades que quieran contar con análisis y herramientas para entender lo que estamos viviendo en Latinoamérica., siempre desde el enfoque del pensamiento crítico.
Mario Luna es docente, Teólogo, maestrante en Teología Latinoamericana (por la UCA de El Salvador), miembro de la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador. Facilitador de biblia y teología del ministerio de diversidad sexual de la Iglesia Episcopal de El Salvador. Acompañó a dos CEBs en Zacamil, Mejicanos, la comunidad Monseñor Romero, Zacamil, y la comunidad la Fosa. Además, es miembro del Centro de Investigación Ecuménica de El Salvador (CIE)
Mario ya nos ha acompañado en el DEI de forma presencial durante el Taller Socio-Teológico, y actualmente forma parte del Seminario de Construcción Colectiva que se realiza en modalidad virtual en este momento.
Agradecemos profundamente a Mario por recuperar las experiencias desde las Cebs en Zacamil y compartir generosamente este artículo.
Les animamos a ustedes enviar sus artículos para compartirlos con muchas más personas.
DEI
«Mi Reino no es de este mundo…»
Hacia la construcción y recuperación de lo femenino en los espacios comunitarios políticos en tiempos de crisis por el Covid-19
Por: Mario Luna (El Salvador, CA).
Covid-19 y crisis social-política en El Salvador y Latinoamérica
Evidentemente debemos decir que en los actuales contextos que vivimos en América Latina, hubo una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. Es decir, una naturalización de este.
Se justifica esta narrativa señalando que “por razones de salud y seguridad pública” se quitan las libertades constitucionales a los ciudadanos. Dando así lugar a una verdadera militarización de los municipios y zonas en que se desconoce la fuente de transmisión de al menos una persona o en que hay un caso no atribuible a una persona de una zona ya infectada por el virus.
El otro factor, no menos inquietante, es el estado de miedo que evidentemente se ha extendido en los últimos años en las conciencias de los individuos y que se traduce en una necesidad real de estados de pánico colectivo, a los que la epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal. Así, en un círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla.
Por ejemplo en El Salvador, la pandemia ha llegado, y ha puesto en crisis no solo el sistema de salud pública, sino que también a las personas más empobrecidas. Muchos salvadoreños y salvadoreñas afirman: “Si me quedo en casa, me muero de hambre”. Por tanto hay una naturalización de morir de hambre o morir por el contagio del virus.
Dejar de trabajar y encerrarse en casa por Coronavirus es un lujo para quienes trabajan en el sector informal de El Salvador. Según un estudio que Fusades presentó en octubre de 2018, se trata de siete de cada diez salvadoreños. Gente que no tiene Seguro Social ni pensión y, salvo excepciones como algunas empleadas domésticas, tampoco un pago fijo. Los vendedores informales son ícono de este desafortunado sector de la economía nacional, y los vendedores del Centro Histórico son los más célebres de entre ellos (ver enlace).
Al menos hasta 2015, la Alcaldía capitalina calculaba que son más de 8,600 en puestos en las calles del Centro, y unos 10,000 ambulantes: carretoneros y buhoneros (que andan la venta en la mano). Toda esa gente no se puede dar el lujo de encerrarse. Si venden, comen; si no, no. Así lo dicen algunos de ellos. “¿Se imagina si no salimos a vender lo que va a pasar con nosotros? Nos van a dejar morir”, dice una anciana que vende medicamentos. “Si no me dejan venir al trabajo, yo voy a hacer desvergue”, dice un lustrador de zapatos. “¡La gente de dinero compra cosas para guardarlas, nosotros ni el supermercado conocemos!”, dice una vendedora de ropa interior.
No obstante, se posiciona toda una narrativa de parte del gobierno que naturaliza su accionar, por ejemplo:
Geovanny Ramírez tuvo que salir de su vivienda, ese 7 de abril, porque ya no tenía nada para comer. La cuarentena y el régimen de excepción, impuestos por el Gobierno desde el 21 de marzo por la pandemia de COVID-19, lo obligaron a guardar su venta y eso lo dejó al borde de la hambruna. Así que se acomodó la mascarilla, tomó su bicicleta, el dinero de una encomienda y luego salió rumbo al centro de San Miguel. A pocas calles de su casa, unos policías de la Unidad Táctica Operativa (UTO), destacados en San Miguel, lo detuvieron en un retén, cuando el reloj marcaba las 8:30 a. m. cuando se detuvo “por respeto a la ley”, según dijo, los policías comenzaron a acusarlo: “Uno de ellos dijo que yo era pandillero, porque yo andaba dinero ajeno (…) Me dijeron que me iban a llevar como a un pandillero, y yo les dije que no soy nada de eso. Ahí fue cuando me empezaron a pegar”.
Geovanny es electricista de profesión y comerciante, y más recientemente repartidor y recadero. “Salí por necesidad”, dijo, pero los agentes no le creyeron. El primero lo golpeó en las costillas y, sin recuperar el aliento, corrió con todas sus fuerzas de regreso a casa, dejando atrás su bicicleta y a los policías. Uno de ellos disparó y Geovanny no supo si fue al aire o si falló el tiro. Griceydi Padilla, su vecina, salió al escuchar “una detonación similar a la de un arma de fuego” y “gritos de una persona pidiendo auxilio”. Era Geovanny, quien aprovechó la puerta abierta para buscar refugio, pero fue descubierto y sacado a puntapiés por los policías. De ahí se lo llevaron junto a tres más que pedían detener el maltrato, incluyendo a una adulta mayor. Así lo narró Griceydi a la procuradora delegada de Derechos Humanos en San Miguel, Gladys Benítez, según la resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre el caso (Fuente: ver enlace).
Por otro lado, hay una crisis política en El Salvador. Hay fuertes indicios antes de la pandemia de la absolutización de la militarización del Estado (con el 9 de febrero), es decir un mes antes del confinamiento y de la paro de la economía (trabajo), había fuertes indicios de esta realidad:
“Por primera vez en la historia, un presidente utiliza al ejército para tomarse la Asamblea Legislativa y amenaza con disolver el Congreso. Nayib Bukele organizó este domingo 9 una concentración con miles de simpatizantes frente al Órgano Legislativo y dio un ultimátum de siete días a los diputados si no ceden a su presión y autorizan la negociación de un préstamo de $109 millones” (fuente: ver enlace).
Sin embargo, durante todo este contexto de pandemia, hay ataques a la prensa, a la libertad de expresión, persecución política por parte del ejecutivo de periodistas (en especial mujeres) y comunicadores, desprestigio de todo aquel o aquella que haga una crítica o juicio o de una opinión distinta al ejecutivo (el medio estratégico son las redes sociales):
“La periodista de la revista Gato Encerrado, Carmen Valeria Escobar, es acosada digitalmente por el candidato a diputado por Nuevas Ideas, Carlos Hermann Bruch.
En reiteradas ocasiones Bruch ha descalificado la labor de la periodista; sin embargo, dicho acoso se intensificó en el marco de la pandemia, lo que también desató ataques digitales por otros usuarios de redes sociales.
“El nivel de acoso de este personaje llegó a un nivel intolerable”, expresó la periodista en su cuenta de Twitter. APES condena este tipo de ataques que atentan contra la integridad de las y los periodistas y pide a los usuarios de redes sociales respetar la labor de la prensa, fundamental para el ejercicio democrático en el país” (Fuente: ver enlace).
Por último, el domingo 9 de agosto, el presidente Bukele señalo en radio y televisión: “Si yo fuera dictador, los mandaría a fusilar a todos”. En esta frase expresó sus más caros anhelos, esto es, fusilar a todos los que no comulgan con sus determinaciones, comenzando con los magistrados de la Sala de lo constitucional de El Salvador.
Por tanto, en mi opinión personal, la pandemia ha sido la excusa perfecta para la exacerbación de la militarización del estado y del espacio público, e impulsar políticas populistas que buscan posicionar en la administración pública una nueva aristocracia (contexto de El Salvador).
Se quiere controlar a la población generando miedo por medio de los medios de comunicación social, redes sociales, entre otras; se construye el pánico por medio de la desinformación de qué medidas de saneamiento tomar ante la pandemia, además del incremento del desempleo, inseguridad social.
Hay por tanto, toda una estrategia psicológica para mantener el miedo en la población y así mantener paralizada a las personas, para que estas no reaccionen ante un abuso y violación de derechos humanos.
Se aprovecha el estado de emergencia (Contexto de El Salvador) para hacer negocios (corrupción) y compras de accesorios de bio-seguridad de mala calidad, se oculta la información del manejo de la pandemia de una forma tan descarada, violando la ley de ética gubernamental.
Planteando este escenario, vemos con claridad la presencia de una necro-política en todo este proceso.
1.1. Necro-política y necro-capitalismo
Es decir un proyecto político-económico de muerte que empobrece siempre a las mayorías. La realidad más cruda: morir de hambre o por el virus. Evidentemente, serán siempre los marginados y excluidos de un sistema social-económico los que tendrán o que sobrevivir o perecer.
Achille Mbembe (2011) quien construye el concepto de necropolítica, examina cómo el derecho soberano de matar se reformula en las sociedades donde el Estado de excepción es permanente. Según Mbembe, en un estado sistemático de emergencia, el poder refiere y apela constantemente a la excepción y a una idea ficticia del enemigo.
Pero como entendemos la necro-política:
Se refiere al poder de dar muerte con tecnologías de explotación y destrucción de cuerpos tales como la masacre, el feminicidio, la ejecución, la esclavitud, el comercio sexual y la desaparición forzada, así como los dispositivos legal-administrativos que ordenan y sistematizan los efectos o las causas de las políticas de muerte (Estévez, 2017).
Lo legal, lo jurídico y lo político sistematizan y ordenan este proyecto de muerte, que tiene como fin, salvar el mercado (el orden) y no al ser humano.
Vivimos esta situación que describe Mbembe, donde la crisis y emergencia sanitaria por el Covid-19 desvelan el necro-poder, o por lo menos está más evidente que en otros tiempos las necro-praxis (políticas) de las formas radicalmente corrosivas de capitalismo. Es sin duda, un capitalismo necropolítico, es decir, prácticas capitalistas o formas organizacionales de acumulación que involucran la pobreza, muerte, suicidio, destrucción del ecosistema y la organización y administración general de la violencia social estructural (Estévez, 2017).
¿Cuál es la respuesta teológica latinoamericana de la liberación, ante la actual situación del Covid-19?
Desde la perspectiva del teólogo Asman (1997), ante esta situación la crisis socio-política que provoca el capitalismo como necro-praxis, se deben posicionar las experiencias de fe anti-idolátricas y una de ellas es crear lenguajes alternativos para hablar de Dios y desde luego construir una comunidad ética-política solidaria alternativa distinta a la que se construye desde la idolatría del dios del capitalismo (individualismo, muerte, destrucción de los ecosistemas, entre otros). Se trata de estar en el mundo pero no ser del mundo (Jn 18, 36). Veamos.
2.1. Mi reino no es de este mundo (Jn 18, 36)
Según el texto de Juan 18, 36: Contestó Jesús:
Mi reino no pertenece a este mundo. Si perteneciera mi reino a este orden, mis propios guardias habrían luchado para impedir que me entregaran a las autoridades judías. Ahora que mí reinado no es de aquí.
Para Mateos-Barreto (1982), Jesús no responde directamente a la segunda pregunta de Pilato: ¿Qué has hecho?, sino a la primera: ¿Tú eres el rey de los judíos? Al descartar la realeza que se apoya en la fuerza quedará patente que no pretende ocupar el trono, como podría sugerirlo el título que le ha dado: el rey de los judíos.
Al decir Jesús de Nazaret: “Mi reino no pertenece a este orden”, está en paralelo con la que había dicho de sí mismo: “yo no pertenezco al orden éste” (8,23) (…). El orden este, “el mundo”, es el sistema de injusticia, el que oprime al ser humano (mujer-hombre), y la adhesión a él es el pecado (8,23).
No obstante, Jesús practica el servicio al ser humano (al Otro) y rechaza el poder (6,10.15); como rey será el hombre levantado en alto, que dará su vida por salvar al Otro (12,13.15.32.34; cf. 3,3.5.14). La figura de Jesús, el rey que no pertenece al orden este, se opone a la del “jefe de este orden” (Jn 12, 32; 16,11), se trata de la personificación del círculo de poder (Mateos-Barreto, 1982).
Para Mateos-Barreto (1982), Jesús caracteriza a los reyes de este orden por apoyarse en la fuerza de las armas e imponer así su dominio: Si perteneciera a este orden (mundo) la realeza mía, mis propios guardias habrían luchado para impedir que me entregaran a las autoridades judías. Jesús considera el uso de la violencia como perteneciente a la esfera de la injusticia y del pecado. En eso precisamente se distingue su realeza de las demás. La oposición entre su postura y la de “este orden” es clara; él se ha entregado voluntaria mente y ha cortado en seco la violencia de Pedro (Jn 18,11).
Por ende, Jesús renunciando al uso de la fuerza, ha probado no ser rey como los otros. No se ha constituido en rival de sus adversarios, disputándoles el poder, sino que se ha entregado en sus manos. Su realeza no tiene su origen en ninguna legitimidad de este mundo: “Mi reino no es de este mundo”.Tiene un fundamento completamente distinto que no se expresa en el lenguaje jurídico de derecho-sumisión.
En Síntesis, “no ser de aquí” equivale, por tanto, a “no pertenecer al orden este”. Su realeza pertenece a lo de arriba”, la esfera del Padre y del Espíritu; es, por tanto, una realeza que por amor comunica vida, en vez de producir muerte con la opresión (Jn 4,47.49).
2.2. Los imperativos del mundo (necro-poder: orden-ley)
Para Jesús el uso de la violencia del orden (mundo) pertenecen a la esfera de la injusticia y del pecado. El mundo (el orden), fundamenta un proyecto de muerte, desde el poder. Y esta realidad, desde la óptica del Jesús del evangelio de Juan es pecado.
El Sanedrín y Pilato son mundo, y estos siguen los imperativos del mundo. Ellos defienden las Leyes, Pilato la ley del dominio imperial y el Sanedrín la legalidad de la Ley judía. Pero para estos, Jesús de Nazaret ha transgredido la Ley (cuando lo ha hecho, pues cuando cura a los enfermos en día sábado). Para el Jesús Joanico, la ley no debe impedir la vida humana, por tanto, los que se open a Jesús y su praxis, lo hacen en nombre de la Ley (Hinkelammert, 1998).
2.3. Sustitución de Dios por el mercado (Jn 2, 13-16): necro-teología del orden mercantil
En síntesis, si actualizamos el mensaje de Jesús de Nazaret desde el evangelio de Juan, el mundo y su orden es toda una realidad de pecado e injusticia, con una ley que cosifica al ser humano. Pero también, para que se fundamente este orden-mundo, es fundamental toda una necro-teología que legitima este orden. Ahora bien, el Jesús del evangelio de Juan desenmascara esta realidad es decir “la sustitución de Dios por parte de las relaciones mercantiles”:
Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del Templo, con las ovejas y los bueyes; desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas; y dijo a los que vendían palomas: Quiten esto de aquí. No hagan de la Casa de mi Padre una casa de mercado.
Se trata del conflicto entre Dios y Mamón. Mamón en este texto ocupa el lugar de Dios, al transformar la casa del Padre en casa de mercado. Dios desaparece de la casa de Dios y su lugar lo ocupa el Mamón, que ahora se llama Dios, pero en ningún momento se transgrede la Ley. Es evidentemente el cumplimiento de la Ley (en este caso la ley del valor) que sustituye a Dios en la casa de mi Padre. Dios es destronado cumpliendo la Ley. Por tanto, se trata de un acto en contra de Dios, que a la vez es un acto contra el ser humano (Hinkelammert, 1998).
En resumen, en el mundo-orden el mercado y la ley normatizan teológicamente el seguimiento a Mamón como el absoluto señor del orden-mundo. Pero el Jesús del evangelio de Juan, deja clara la postura radical de: “Mi reino no es de este mundo”, y sobre todo desenmascara la teología del mundo orden: “No hagan de la Casa de mi Padre una casa de mercado”. En último término, Jesús señala que este mundo-orden (podríamos decir el necro-política) construye relaciones de poder que son pecado e injustas, que van en contra de la voluntad del Padre (y del reino de Dios).
La ética de la compasión: para deconstruir el orden-mundo (necro-poder) y la recuperación de los espacios comunitarios políticos
Boff (2004), se hace una pregunta fundamental que nos sirve para deconstruir todo lo que hemos construido hasta este momento como civilización (orden-mundo): ¿Por qué hemos llegado hasta este punto crucial? Para Boff, las revoluciones agrícolas, la industrial, la del conocimiento y la comunicación, modificaron la faz de la tierra para bien y para mal. Dieron comodidad al ser humano, pero también depredaron la tierra.
Con el conocimiento técnico-científico y cultural, obtuvo el poder-dominación de la tierra, de las mujeres, de los pueblos. En lugar de estar junto a los demás seres, se puso contra ellos y sobre ellos.
Urge por tanto, de-construir todo este proyecto de muerte (necro-políticas), y para ello Boff (2004) expresa que lo fundamental para contrarrestar esta realidad, es la activación consciente e intencionada del principio femenino que está presente en las animas de la mujer y el hombre. Lo femenino en nosotros es aquella energía estructuradora que nos hace sensibles a todo lo que tiene que ver con la vida y la cooperación, que capta el valor de los hechos, que lee el mensaje secreto emitido por todos los seres, que identifica el hilo conductor que liga y re-liga las partes en el todo a la Fuente que todo procede. Lo femenino nos enseña a cuidar de todo con celo entrañable.
El cuidado constituye la esencia del anima y precondición necesaria para que continúe la vida.
En conclusión, según Leonardo Boff (2004), “para ser plenamente humanos, el ethos tiene que incorporar la compasión (pp. 56). El ethos que se compadece… incluye a todas las personas… donde hay acogida y donde las lágrimas pueden ser lloradas sin vergüenza o enjugadas cariñosamente” (pp. 57).
Y la compasión como señala Boff (2004), “es compartir la pasión del otro y con el otro, sufrir con él, alegrarse con él, caminar con él (pp. 57). Y la compasión como señala nuestro teólogo, exige, libertad, altruismo y amor” (pp. 59).
Hoy por hoy, en tiempos de crisis por el Covid-19 y de la implementación de las políticas de muerte, lo que debe primar es la ética –política de la compasión.
Se debe crear comunidades con esta óptica, es lo que debemos considerar para construir otros mundos distintos a este.
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Fotografías: agradecemos a Mario Luna por facilitarlas. Las tres corresponden a la Colonia Zacamil, en el Municipio de Mejicanos (Departamento de San Salvador, El Salvador).
Fotografía 1: Primer aniversario de Comunidad Eclesial de Base (Ceb).
Fotografía 2: (con imagen de una cruz): Viacrucis latinoamericano, con tres Cebs de la zona.
Fotografías 3: Círculo de Lectura Popular de la Biblia en casa de Mario, Zacamil.
Referencia Bibliográfica
Asman H (1997). La idolatría del Mercado. Colección Economía Teológica. Editorial Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). San José, Costa Rica.
Hinkelammert F. J (1998). El grito del sujeto: del teatro-mundo del evangelio de Juan al perro-mundo de la globalización. Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), San José Costa Rica.
Mbembe A (2011). Necro política. Editorial Melusina. España.
Mateos, J y Barreto, J (1982). El evangelio de Juan. Análisis Lingüístico y comentario exegético (segunda edición). Ediciones Cristiandad. Madrid.
SURCOS recibió este libro con seis artículos de excelente calidad. Una oportunidad para una mirada comprensiva del momento que estamos viviendo como humanidad.
La editorial Terra sem Amos nos presenta en portugués esta compilación que ojalá podamos compartir en estos días de autocuidado y reflexión.
SUMÁRIO A crise do coronavírus é um monstro alimentado pelo capitalismo MIKE DAVIS………………………………………………………………… 05 Política anticapitalista em tempos de COVID-19 DAVID HARVEY…………………………………………………………… 13 França: pela socialização do aparato de saúde ALAIN BIHR………………………………………………………………… 25 Coronavírus: a militarização das crises RAÚL ZIBECHI…………………………………………………………….. 31 Sobre a situação epidêmica ALAIN BADIOU…………………………………………………………… 35 Um golpe como “Kill Bill” no capitalismo SLAVOJ ŽIŽEK……………………………………………………………… 43 Sobre os autores……………………………………………………….. 48
Francotiradores de la policía. Cerros de Aguas Claras-Ocaña. 25 de junio de 2013.
El columnista e investigador social Ariel Ávila presentó, en el mes de mayo del presente año de 2017, su libro “Seguridad y Justicia en tiempos de Paz” y en el que asegura que la Policía Nacional debe separarse del Ministerio de Defensa. Su propuesta de un profundo revolcón en la Policía Nacional la sustenta en la desigual distribución de los efectivos policiales en la ciudad y el campo, destacando que en 26 ciudades principales del país, que ocupan el 1% del territorio nacional asienta el 49 por ciento de la Policía lo cual implica que el 51% restante, en imposible y titánica labor debe suplir el cuido de un extenso territorio como el colombiano con un millón ciento cuarenta y dos (1.142) kilómetros cuadrados y población de cincuenta millones de habitantes; planteado dos jefaturas una rural y otra urbana. Con su investigación demuestra la necesidad de una reforma cuando en general el gobierno, los militares y los policías son conscientes de la urgencia de esa reforma; pero pesa más la tendencia militarista al seno de las fuerzas armadas que no lo ven con buenos ojos.
El acumulado bibliográfico sobre el tema de la militarización de la Policía Nacional abunda en que toda la estructura de la Policía Nacional debe modificarse. Denuncian la existencia de cacicazgos, a través de juntas de generales permisivas y cómplices en el acomodo de la planta de personal. La inexistencia de una aplicación de carrera policial, a la que se llegue por méritos cívicos, antecedentes en el servicio con la comunidad, capacidad operacional. El desconocimiento de beneficios prestacionales, y de equitativos balances de nivelación de sueldos, coartando sus días de descanso, sometiéndoles a jornadas de trabajo que atentan contra la dignidad humana, rompiendo la unidad y armonía de sus familias, denunciando el abuso sexual, tanto heterosexual como homosexual, el incremento de violencia de género en sus filas; así como alto índice de registro de suicidios. Torrentes de tinta escrita sobre la corrupción reinante y campante y el involucramiento de generales directores de la institución en investigaciones criminales. Todo ello unido al manipuleo de los ejercicios internos de contra inteligencia aplicados para mentir y desfigurar la verdadera realidad caótica de la institucionalidad policial.
Resumiendo, la Policía Nacional de Colombia (La Policía), hace parte de la Fuerza Pública. El artículo 216 (CPC), sentó: “La Fuerza Publica estará integrada por las Fuerzas militares y la Policía Nacional”. Según el artículo 218, inciso segundo, ibidem, “La policial nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación…”. Pero esto no le da vocación civilista; por el contrario, la integra a un carácter de policía militar. Asimilado su régimen de carrera, prestacional, disciplinario, de fuero especial y con identidad de cuerpo militar; no deliberante, sin poder ejercer la función del sufragio, al igual que los militares, por ser integrante de la Fuerza Pública. Los grados son los mismos del cuerpo militar. Ascienden al generalato. La romántica idea del policía del barrio, de la guarnición policial, del comandante del puesto, del servidor público con derecho a sus reivindicaciones sociales, laborales, no existe. La Policía no es un ente cívico. Su naturaleza es militar, pese al mandato constitucional inconsistente, que desdice de la índole con que la revistió el constituyente de 1991. A La Policía la circunscribe y prescribe el fuero penal militar. De manera que por más que la ley reorganice a La Policía, la índole real de su esencia es militar. Birlaron en la redacción de la Carta la voluntad soberana del Constituyente primario. De “país de cafres” los tildó una personalidad colombiana.
La carga histórica de la policía colombiana
La policía nacional de Colombia tiene una historia signada de odios partidarios, violencia política, sangre, asesinatos sin fin, endiosada impunidad, que el colectivo imaginario colombiano asocia en desconfianza por su criminalidad, a secas. La institución policial colombiana mantiene un peso histórico en la memoria de los colombianos de odio y terror, alimentada por excesos sucedáneos diarios que la colocan en el podio de ser la Policía más Cuestionada del Mundo.
Al decir del inmolado senador Manuel Cepeda Vargas: “Colombia es el país de los odios heredados” y por ende su policía nacional. Las estadísticas muestran que, tratándose de crímenes cometidos por agentes policiales del Estado colombiano, la impunidad es del 98%, que refleja el cuadro de la corrupción en Colombia.
La vergonzosa historia de la policía colombiana raya en el cinismo cuando la oculta tan bien a nivel internacional, engañando a los pueblos que influencia con tolerancia borrega de mandatarios espurios. Como es posible que la Policía Nacional de Colombia pueda convertirse en una agencia internacional de la escuela del crimen bajo la ceguera de la comunidad internacional. La inteligencia ofensiva del régimen colombiano narco para Terrorista de Estado, sin poner orden en la seguridad ciudadana interna de su propia casa, se da a la tarea de aplicar una política de seguridad de exportación con intensa actividad de sus delegados policiales en las Embajadas.
Se conoce que la policía colombiana asesora e instruye a agentes policiales de 23 países. Una institución de peso específico criminal como la policía colombiana, actualmente está inhabilitada, bajo la filosofía del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es una rama del derecho Internacional Público, para aplicar el principio universal del Pro Homine: Por la Humanidad. Careciendo la policía colombiana de una vocación cívica, puesto que conforme a la Constitución Política de Colombia la policía colombiana es una institución de las fuerzas militares; en la alocada carrera armamentista, guerrerista de seguridad de exportación de la doctrina militar imperante en Colombia.
¡Este llamado de alerta! a la comunidad internacional obedece a impedir la desmemoria. A que no se entierre la memoria histórica del pueblo colombiano. Es resultado del proceso político y revolucionario incontenible por una Nueva Colombia, que dé al traste con sus instituciones Terroristas de Estado.
Se haría extenso reseñar y analizar el papel fratricida en los cien años de historia de la policía de Colombia. Da para mucho. Pero conviene no pisotear ni pasar por alto la Memoria Histórica. Colombia es un país desgarrado por la guerra civil no declarada que apunta con la violencia partidaria liberal- conservadora, en la que la llamada policía chulavita desgarró a la familia colombiana y a su tejido social, con más de trescientos mil muertos; más la guerra narco paramilitar y Terrorista de Estado que continuo en este siglo XXI y que denota la escalofriante cifra de doscientos cincuenta mil muertes más. Por ello, no es con facilismos de fórmulas descabelladas como se puede lograr la colaboración voluntaria, espontánea y solidaria de la población colombiana. Ello constituye un imposible en el actual escenario sangriento del conflicto militar, económico, político y social.
La memoria colectiva se ejerce bajo un poder racionalizador de la población, pero parte de la verdad histórica. Es más, el aún imperante régimen de la falsaria “seguridad democrática” de la horrible noche paramilitar uribeña, descarta la colaboración consiente, solidaria, espontánea de la ciudadanía ante el crimen y acude a imponer la vergonzosa cultura del sapeo, la traición, el asalto de las recompensas al erario, y la desvergüenza a la juventud colombiana, bajo la presión de la desmemoria histórica. Ello, de por sí es criminal. La presencia de unas instituciones (partidos políticos etc.) con debilidad estructural, carencia de identidad y de convocatoria popular a una participación democrática directa, refleja el caótico rumbo y derrotero que una política guerrerista de la oligarquía e intervencionista del Imperio. Ello les torna incapaces en la convocatoria de representación de los ciudadanos colombianos para afrontar la seguridad ciudadana.
La policía nacional de Colombia: ¡violadora de derechos humanos!
Asumir la responsabilidad de tamaña acusación a una institución centenaria colombiana, no obedece a obsesión por motivación de activismo político alguno. La comunidad internacional y la opinión mundial debieran centrar la atención en el mal endémico que la Policía Nacional de Colombia representa en un país- escenario de conflicto interno armado- con un tejido social roto, con índice creciente de homicidios, práctica de desaparecimientos, de ejecuciones extrajudiciales; que por la constante, permanencia, repetición, no modificabilidad, en una sociedad maltrecha y en un Estado fallido en el respeto a la vida, honra y demás derechos y libertades individuales y de la ciudadanía, los principios fundamentales de la Constitución Política Colombiana( CPC) son letra muerta.
No es menester un tratado de exposición extenso, aunque si hay mucho de qué hablar, tela de donde cortar, para sindicar a La Policía, como violadora de los derechos humanos. El expediente es extenso. Los sinnúmeros de papeles referentes a este asunto hablan por sí solos en su contra. Tanto a nivel de la juridicidad interna, cuyo estadio de investigación a sus sindicaciones e involucramientos en investigaciones de crímenes de lesa humanidad, inconclusos o no, bajo la égida de la impunidad; como la resonancia de casos asistidos en entes de investigación y justicia internacionales. Según la Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia (Oidhaco), la fuerza pública es responsable de 3.000 ejecuciones extrajudiciales.
Claro está que, por tratarse de una institución, proviene la defensa de la “institucionalidad” para que la réplica y contrarréplica sea el que los crímenes cometidos por personal uniformado e integrante de La Policía son hechos aislados. Pero la carga histórica, la verdad histórica, afirman lo contrario.
Sobre la última masacre registrada
Por el inconformismo ante la falta de cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito- PINIS– campesinos de la región del Alto del río Mira, vereda El Tandil, en Tumaco, Departamento de Nariño, protestaban el pasado 5 de octubre de 2017. Formaron una cadena humana impidiendo que el fatídico escuadrón de la Policía Nacional- El ESMAD- los desalojara de sus parcelas donde subsisten gracias al cultivo de coca. Se opusieron radicalmente a la erradicación forzada de esos cultivos para evitar que los policías y el ejército arrancaran las matas de sus suelos. En el enfrentamiento, miembros de la Policía Nacional dispararon a mansalva contra los manifestantes campesinos trayendo como resultado la muerte de nueve campesinos y más de 50 heridos. Entre telones las fuerzas represivas difundieron que habían sido atacados con tatucos o fusilería informal y hasta el vicepresidente colombiano sustentó tal esperpento. Mismo que fue desconocido por el Informe de Medicina Legal, que dictamina la causa de la muerte de los labriegos fue producida por proyectiles de alta velocidad, es decir, por tiros de fusil.
Dos días después, ante la denuncia de la masacre y versiones que en las tierras invadidas por la Policía Nacional un cadáver de un civil permanecía en estado putrefacto, una comisión de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, acompañados de representantes de las Naciones Unidas, la OEA, la Gobernación de Nariño, La Asociación Minga Somos Defensores y periodistas se acercaron al lugar de la masacre siendo recibidos a fuego por parte de la Policía Nacional. Esto generó nuevo repudio y categórico comunicado del representante de la ONU, denunciando el criminal incidente. Quedó así demostrada la ruptura del orden constitucional en un Estado que se da las ínfulas de calificarse como “Estado de Derecho”.
Fue dada la orden por parte del locuaz Trump, de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas y el apéndice de una fuerza en el papel de invasor contra su propio pueblo, cumple con la orden de a sangre y fuego imponer la erradicación forzosa de cultivos de coca, con pasajes siniestros del Plan Colombia, desconociendo los alcances políticos de la implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, en noviembre de 2016, sobre esta materia. Esto no solo incumbe al Estado colombiano, como quiera que el plan de sustitución de cultivos es apoyado por la comunidad internacional.
La historia se repite
Potencial situación a la ocurrida en el Alto Mira, Tumaco, se presenta en El Catatumbo, por incumplimiento del gobierno a lo pactado con los campesinos. Allá la masa campesina está movilizada. Durante el paro campesino de 2013 asesinaron a cuatro campesinos- nuestros mártires- por francotiradores policiacos del escuadrón policial, el ESMAD, ensañados contra los manifestantes. Esa cuota de deuda por impunidad del terrorismo de estado es aún vigente. Han transcurrido cuatro años de negociaciones entre la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA-C), sin materializar los temas de reivindicaciones para ellos como son el cumplimento de erradicación voluntaria de los cultivos de hoja de coca con la comunidad. La implementación de las zonas de reserva campesina (ZRC).
La Asociación Campesina del Catatumbo- ASMCAT – permanentemente aboga por los prisioneros políticos capturados durante el Paro del Catatumbo: Elivaneth Uribe, Edgar León Sanguino y Ramón Elías Claro.
¡Crece…crece la audiencia, por la existencia de una policía civilista y cívica en Colombia!
En un video enviado a SURCOS se expone lo ocurrido en nuestro país el 8 de noviembre del 2012; en esa ocasión la policía reprime a manifestantes pacíficos que luchaban por seguro social de calidad.
En días pasados el gobierno de Costa Rica emite un comunicado oficial a través de la Cancillería con respecto a la ola de violencia de militares venezolanos contra manifestantes de ese país.
Comunicado Cancillería:
“Costa Rica condena los altos niveles de violencia y la represión que tienen lugar el día de hoy miércoles 19 de abril, en la República Bolivariana de Venezuela.
Al expresar también nuestra profunda preocupación por la militarización, la agitación política y social y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, la erosión de la independencia de las instituciones y del Estado de Derecho, Costa Rica exige al Gobierno venezolano garantizar la dignidad y el respeto a las libertades y derechos fundamentales de sus ciudadanos.
San José, Costa Rica”.
En el video se expone cómo el Estado costarricense critica hipócritamente a Venezuela a la vez que juzga a cinco personas detenidas tras la fuerte represión del 8 de noviembre del 2012.
