La Defensoría de los Habitantes realizó una intervención de oficio por la afectación que sufrió el humedal de Coris, ubicado en Cartago, el cual debe ser conservado y protegido.
Al caso se sumó una denuncia de un habitante ante la Defensoría, quien detalló los daños al ecosistema causados por una construcción de proyectos agrícolas y urbanos en una propiedad privada en Coris, contigua al humedal. El habitante reclamo acciones inmediatas, incluyendo la paralización de las obras, una evaluación exhaustiva de los daños y la intervención de una comisión interinstitucional para garantizar la protección y recuperación del humedal. Incluso, un grupo de vecinos presentó varias denuncias ante la Municipalidad de Cartago y el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE).
Tras una inspección de la Municipalidad de Cartago se clausuraron las obras, debido a la falta de trámites o solicitudes de permisos de construcción y verifica si las edificaciones vecinas a los cuerpos de agua se encuentran dentro del área de protección que establece la Ley Forestal. De ser así, se procederá con la demolición una vez cumplido el debido proceso. Es importante destacar que, la Defensoría verificó que las instituciones competentes en este caso han venido realizando las acciones correspondientes para detener y prevenir la afectación al humedal. No obstante, con el objetivo de que se proteja la calidad de vida de las personas y el medio ambiente, giró varias recomendaciones a las autoridades competentes, MINAE y Municipalidad de Cartago.
Al MINAE la Defensoría le recomendó:
– Informar sobre la conclusión del proceso de elaboración de los dictámenes a nacientes y humedal tanto de la Dirección de Agua y del Departamento de Recurso Hídrico del Área de Conservación Central así como remitir el cronograma de las acciones a realizar a partir de estos dictámenes.
– Coordinar con las instancias correspondientes las acciones necesarias, para evaluar el daño ambiental ocasionado al humedal de Coris y verificar, en el campo, que el plan remedial que se presente, garantice la restauración del área protegida.
– Gestionar las sanciones administrativas dispuestas en la normativa nacional ante la violación de protección ambiental por conductas de acción u omisión dañinas al ambiente.
– Elaborar una estrategia de protección y conservación del humedal tal y como lo dispone el Política Nacional de Humedales 2017-2030 y procurar su cumplimiento en el mediano plazo.
A la Municipalidad de Cartago se le recomendó:
Mantener la paralización de las obras en la propiedad afectada hasta que se confirme oficialmente la existencia del humedal y se determine su área de protección.
En coordinación con la Oficina Subregional Cartago del Área de Conservación Central, continuar con los patrullajes interinstitucionales para evitar nuevas infracciones ambientales y verificar que se cumplan las órdenes de paralización.
Implementar políticas de planificación territorial que prevengan futuras afectaciones al humedal y crear zonas de amortiguamiento alrededor de las áreas protegidas para limitar actividades comerciales y agrícola.
Ante la intención del alcalde de San Rafael de Heredia, Jorge Arias Santamaría, de llevar a cabo construcciones de diversa índole en el Cerro Chompipe, cobijadas bajo la figura de un “MOMUMENTO NATURAL RECREATIVO”, para lo cual deberá eliminar árboles nativos que son parte de un bosque; además estando ese cerro dentro de áreas de protección, como es el Parque Braulio Carrillo y la Zona Inalienable de la Ley 65 del 30 de julio de 1888, el colectivo ciudadano CONCEVERDE DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, queremos expresar nuestra profunda preocupación y denunciar estos actos que ponen en grave riesgo el recurso hídrico, el medio ambiente y la biodiversidad que en él habita.
Es inadmisible que se esté pensando en realizar obras en una zona que es de alta recarga acuífera, de muy alta vulnerabilidad hidrogeológica y ambiental. De llevarse a cabo las pretensiones del alcalde de San Rafael de Heredia, consideramos, no solo se estaría violentando la normativa vigente, sino que, también deteriorando ecosistemas vitales que cumplen funciones esenciales para el equilibrio natural, como la regulación del ciclo del agua, la conservación de la fauna y flora silvestre, y la mitigación del cambio climático.
En particular, nos preocupan que se lleven a cabo construcciones, en áreas como el Parque Nacional Braulio Carrillo, la Zona Inalienable de la Ley 65 del 30 de julio de 1888. Estas acciones son especialmente perjudiciales en zonas que además son de recarga de los acuíferos donde se abastecen más del 60% de habitantes del Valle Central, donde la impermeabilización del suelo compromete la disponibilidad de agua potable para las comunidades y afecta la calidad de los recursos hídricos.
Hacemos un llamado a las autoridades competentes, incluyendo el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y los gobiernos locales, para que no cedan ante las intenciones del alcalde, y por el contrario intensifiquen la vigilancia y el control en las zonas que ya cuentan jurídicamente con protección absoluta. Es crucial que se abstengan de proyectar acciones que pongan en riesgo los pocos recursos naturales que aún tenemos en el Valle Central y, en particular, en San Rafael de Heredia.
Asimismo, exhortamos a la ciudadanía rafaeleña y en general del Valle Central a mantenerse alerta, denunciar y manifestarse ante cualquier actividad que atente contra nuestros bosques y áreas de protección. La participación de todos es crucial para la conservación de nuestro patrimonio natural. Debemos recordar que la protección del medio ambiente es una responsabilidad compartida y que cada acción cuenta para garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones.
Reafirmamos en CONCEVERDE nuestro compromiso con la defensa del medio ambiente y seguimos trabajando para asegurar que nuestras áreas protegidas se mantengan libres de intervenciones que comprometan su integridad. Unamos esfuerzos para salvaguardar nuestros recursos naturales y promover un desarrollo que respete y valore la riqueza ecológica de nuestro país.
Cuando se piensa que ya no hay más ocurrencias burocráticas en el horizonte del Estado costarricense, lamentablemente no hay que esperar mucho para percatarse del error de esa percepción. Hoy veremos otro ejemplo.
Resulta que, en su afán de destruir la visionaria, magnífica, ¡y muy modificada Ley de Aguas!, que nos legara el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, hace 82 años, regresa otro mal proyecto de ley, que, como resabio de las anteriores propuestas, avanza, con cierto sigilo, en la Asamblea Legislativa, como si no tuviera importancia. Sin que la mayoría de los señores diputados, se estén percatando de las consecuencias que tendría una posible aprobación, de la iniciativa que está procesándose en comisión, éste avanza, gracias quizá a la buena fe de sus proponentes, y de los que son indiferentes, pues, seguramente, les habrán comentado, que es un buen proyecto, moderno, extraordinario, y muy necesario para sustituir “la vieja ley” de 1942, que ya cumplió su vida terrenal. Que el agua, su agua, nuestra agua, la de nuestros hijos, requiere, una “gestión integrada”, que no se explica cómo funcionaría.
Sobresale en dicho proyecto, como principal objetivo, la creación de un nuevo organismo gubernamental, que absorbería, como un papel secante, fundamentales funciones del AyA, como la gobernabilidaddel recurso hídrico, y, las que, ejecuta, gracias a su realidad natural e institucional, como órgano ejecutor y rector del sector agua, que, además, tiene la capacidad constitucional de delegar, en las ejemplares ASADAS, dicha gobernabilidad, para el abastecimiento de agua potable en comunidades rurales. Asociaciones que, en la versión original del proyecto, se habrían convertido en concesionarias, con las consecuencias inconstitucionales que se vislumbraban.
Las responsabilidades del AyA, han sido puestas en práctica, desde que, en 1961, el presidente Mario Echandi Jiménez, promoviera su creación como Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SNAA), en un momento histórico en que el país, experimentaba una severa crisis de abastecimiento de agua potable, en los crecientes centros urbanos, y que hoy hemos de seguir aplaudiendo.
En la más reciente propuesta, de las varias que han pasado por el Congreso, aunque se debilita, no se propone desaparecer el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con sus más de 4.000 funcionarios, profesionales especialistas, técnicos calificados, operarios de diversos oficios, administrativos que atienden, entre otros, las responsabilidades, relacionadas con “Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en el ejercicio que el Estado tiene sobre ellas”, tal y como lo concibieran los legisladores en 1961. Para don Mario Echandi, la creación del SNAA, sustentada en la Ley de Aguas del doctor Calderón Guardia, era «la medida de mayor trascendencia nacionalen favor de la salud pública durante los últimos cincuenta años”. Y por ello, consecuentemente, se gestionaron los préstamos internacionales que permitieran su urgente estructuración, pues el compromiso nacional y el interés por dotar al país de agua de buena calidad para consumo humano, servida a domicilio, demandaba una buena dosis de entrega, en momentos en que los gobiernos locales, y otros ciudadanos, estaban lejos de tener la capacidad de garantizar tan fundamental servicio público.
La trascendencia de ese acto gubernamental, hoy se ha de valorar, a partir de lo avanzado, y los logros alcanzados, pues, a diferencia de otros países, la gran mayoría de los costarricenses, ¡todavía!, podemos tomar agua del grifo, con la seguridad de que su calidad y cantidad adecuadas, son una meta irrenunciable.
Pues, resulta, que, hay quienes piensan, que esa compleja tarea encomendada al AyA, sin que medie, ningún informe técnico, riguroso, participativo y coordinado con sus departamentos de planificación, jurídicos y de ejecución, se le debe trasladar a un nuevo aparato burocrático que se estaría creando en el marco del MINAE, para que, desde él, se ejerza, nada menos, que la gobernabilidad del agua de todos los costarricenses, que hoy cumple el AyA, como misión suprema.
¡No se preocupen!, dicen los que así piensan, pues ya el MINAE tiene una Dirección de Agua, que se encarga de otorgar permisos de uso y concesiones, para personas físicas y jurídicas, de carácter privado, y que, con “unos ajustes presupuestarios”, podría asumir funciones trascendentales que definen al AyA.
Ante ello, soslayan que el Ministerio de Ambiente, con escaso presupuesto e inmensas obligaciones sin atender, como, por ejemplo, el pago de gran parte de las tierras, sobre las cuales se ha sustentado el conjunto de áreas de conservación que tanto prestigia a Costa Rica, tiene posibilidad cero, de aumentar significativamente su presupuesto general, que, más bien, vemos disminuir, año con año, pese a las responsabilidades crecientes que conllevan sus funciones, en pro del desarrollo sostenible.
Pese a que la planilla de la Dirección de Agua ronda los 40 funcionarios, incluyendo choferes, conserjes, mensajeros, recepcionistas, solo seis cumplen funciones de «gestión de proyectos de desarrollo hídrico«. Y, aún, así, se propone que sobre esa tambaleante “estructura”, se edifique la pomposa Dirección Nacional de Aguas (DINA), que cumpliría funciones que hoy se ejecutan en el AyA. Ello, sin tener un estudio cuidadoso, acerca de la requerida inversión financiera, que, como es usual en este tipo de proyectos, no se ha estimado formalmente. Así las cosas, la gobernabilidad del agua, quedaría en manos de un organismo, que, al día de hoy, no ha sido objeto de un proceso riguroso de planificación, tal y como se puede corroborar fácilmente.
Pero, hay algo más, y quizá más ocurrente. Resulta que, hacia esa misma Dirección Nacional de Aguas (DINA), sin pensarlo mucho y sin mayor estudio, también se incorporarían funciones que hoy, con un calificado recurso humano profesional y técnico, se ha venido ejecutando en el Senara (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento), creado durante la administración de don Luis Alberto Monge en 1983.
Los proponentes del proyecto de creación de la DINA, desdeñan que el conocimiento que se tiene en Costa Rica, acerca de esas formaciones hidrogeológicas que conocemos como acuíferos subterráneos, se ha desarrollado, en o alrededor, del Senara. Labor silenciosa, pero constante, de mucha rigurosidad científica, que ha permitido localizar los acuíferos en todo el país, estimar sus caudales, conocer su compleja geología, determinar su vulnerabilidad, dictar medidas de protección, con la fundamental misión, de garantizar a los habitantes de todo el país, el uso sostenible de esas fuentes de agua, que garantizan el abastecimiento de agua potable de la mejor calidad.
Para el debido cumplimiento de esas insustituibles obligaciones, el Senara cuenta con más de 136 funcionarios, entre los cuales se cuenta, cerca de un centenar de profesionales y técnicos, que ya han vivido, con cierta desazón, los tortuosos caminos, por donde caminan los recurrentes proyectos, que buscan derogar la visionaria Ley de Aguas del Dr. Calderón Guardia, quitarle al AyA la suprema función de gobernar el agua potable, y, realizar las funciones que, sobre la aguas subterráneas, cumple a cabalidad el Senara. Algo así, como un terremoto institucional en el sector agua.
Años atrás, enfrentados a la realidad de no contar con los especialistas, que hoy laboran para el Senara, hasta propusieron que los mismos, se trasladaren a la DINA, que estaría por crearse. Ante el rechazo manifiesto que se recibió como respuesta, se optó por desistir de esa ocurrencia, pero, contrario a la lógica más elemental, se ha seguido adelante con la necedad de que, en la DINA, se abran las plazas para la contratación de los recursos humanos imprescindibles, y se financie la adquisición de materiales y equipos, como del Senara, para poder cumplir con las tareas que… hoy cumplen los experimentados funcionarios del Senara. ¿Verdad que no tiene sentido?
Bajo esa premisa, se establece en dicho proyecto de ley (Nº 23.511, Ley marco para la gestión integrada del recurso hídrico) que la DINA, cual espejo del Senara, se encargaría de “realizar las investigaciones hidrológicas e hidrogeológicas a nivel nacional, así como las prácticas de mejoramiento, conservación y protección para el uso sostenible del agua, tanto superficial como subterráneo”. Además, tendría que “Desarrollar el monitoreo y la clasificación en cantidad y calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, y realizar los estudios de vulnerabilidad de los acuíferos, así como la delimitación de las áreas de recarga y descarga de aguas subterráneas”. Y, cual si se tratara de aspectos no cubiertos actualmente, por el organismo del Estado especializado en la materia, se anota que la DINA tendría que “Elaborar los estudios respectivos y proponer al ministro de Ambiente y Energía ladeclaratoria de áreas de recarga acuífera de protección absoluta”, así como, “Realizar investigaciones y estudios técnicos-científicos en aguas subterráneas, pluviales y superficiales con fines de exploración, explotación, inyección artificial e investigación científica y técnica de acuíferos, protección y aprovechamiento sostenible”.
Así, cual, si el Estado estuviere enfrentando un vacío, en la administración, investigación, dictado de directrices, regulaciones, etc., sobre el manejo de las aguas superficiales y subterráneas, el proyecto de ley propone duplicar en el organismo que estaría por crearse, las responsabilidades que, por ley, corresponde cumplir, tanto al AyA, como al Senara. Propuesta que se hace, en momentos en que, como sabemos, es imprudente, asumir extraordinarios compromisos presupuestarios, relacionados con una nueva instancia estatal, que ejecutaría, funciones que ya realiza eficientemente, el Estado.
Sí hay algo que no se puede, ni se debe, ocultar. Aparte de los problemas de gestión en el AyA, que se han venido profundizando, con el correr de los últimos 12 o 15 años, vemos, que sus «aguas se han contaminado», con elementos salidos del privatizador Banco Mundial. Ejemplo relevante, aquél que considera al «agua como un bien económico«, y no como «un bien social», traído a Costa Rica, por funcionarios ubicados estratégicamente, en el MINAE y el AyA, indebidamente vinculados a la GWP-BM (Global Water Partnership). Personas que han hecho creer, principalmente, a algunos legisladores, que la Ley de Aguas, la ley de Creación del AyA y la ley de Creación del Senara, son los tres pecados capitales, que han hecho imposible el trabajo eficiente de los jerarcas del AyA.
Que el hecho de perder, por fugas desde sus cañerías, agua para más de dos millones de personas, o que no se hubiera construido el proyecto Orosi 2, o aprovechado parte de las aguas que se pierden en el balneario Ojo de Agua, o ejecutado un eficiente proyecto de hidrómetros, que permita el cobro justo del agua en condominios, es causado por esas leyes citadas, que, cabe reseñar, han obstaculizado, hasta ahora, procesos de privatización, que los costarricenses no queremos.
Se conoce que han corrido dólares, por manos de «consultores», encargados de la redacción apresurada de las varias propuestas de nueva Ley de Aguas, que, como la actual, pese a sus deficiencias, se propone imponer en nuestra Patria. Trabajos pagados, sin reflexionar, acerca de las onerosas consecuencias financieras, que tendría su aprobación, y, el retroceso que provocaría, una interesada administración de la mayor riqueza natural de Costa Rica. En fin, se trata de un capricho recurrente, que tendría un costo indeterminado para las finanzas públicas, y para el bienestar de los habitantes, que es preciso detener.
El Ministerio de ambiente y Energía por medio de un comunicado de prensa el día 13 de noviembre anunció que en el contexto del evento mundial de la COP29 en Bakú (Azerbaiyán) realizó de forma oficial la firma del Memorando de Entendimiento con Israel en Materia de protección ambiental (MOU), con el fin de llevar a cabo intercambio de tecnología, información y mejores prácticas contra el cambio climático, información sobre economía ambiental, entre otros.
Desde el pasado 7 de octubre del 2023, el mundo está siendo testigo de acciones atroces por parte del gobierno y el ejército de Israel que han expuesto, de la manera más cruda imaginable, lo que siempre fue la intención del movimiento sionista: el exterminio del pueblo palestino. El lunes 11 de noviembre en la COP29 se realizó una manifestación donde las voces palestinas fueron el centro y se destacó la interconectividad que existe entre los movimientos mundiales que defienden los derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos a la tierra y la lucha contra la industria de los combustibles fósiles, el colonialismo climático y el imperialismo. Y todo esto mientras los pueblos y los territorios siguen siendo sacrificados para proteger los intereses de las empresas transnacionales y sus ganancias.
“El genocidio de Israel en Gaza ha provocado pérdidas humanas devastadoras y una destrucción ambiental que perdurará en el tiempo. Las operaciones israelíes han contaminado la tierra, bloqueado el acceso al agua y generado escasez de alimentos, violando el derecho de la población palestina a un medioambiente saludable. La comunidad internacional y la COP deben reconocer los delitos de Israel como el ecocidio que son”. Abeer Butmeh-PENGON / Amigos de la Tierra Palestina*
De parte de organizaciones del movimiento social costarricense repudiamos la relación del gobierno de Costa Rica con el Estado de Israel, estas posiciones no representan nuestra postura de solidaridad y exigencia de un alto al fuego inmediato.
Como personas costarricenses expresamos vergüenza, indignación y repudio por este “Memorando de Entendimiento” y exigimos suspender toda relación diplomática con el Gobierno sionista y genocida de Israel y relaciones económicas con empresas israelíes, por la defensa de la vida y la dignidad humana y los derechos irrenunciables del Pueblo Palestino.
DEL RÍO HASTA EL MAR… ¡¡¡VIVA PALESTINA LIBRE!!!
Firman:
Firman:
Asociación Comunidades ecologistas la Ceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica
Red de Coordinación en Biodiversidad
Federación para la Conservación del Ambiente (FECON)
Asociación Proyectos Alternativos, PROAL
Frente Nacional de Pueblos Indígenas Costa Rica
Boque Verde
Servicio de Paz y Justicia de Costa Rica (SERPAJ-CR)
Movimiento Ríos Vivos Costa Rica
Costa Rica por los Océanos
Oilwatch-Costa Rica
*Tomado de : COP29: La sociedad civil se reúne para denunciar la fiebre por ‘falsas soluciones’ y expresar solidaridad con Palestina. Comunicado de Prensa de Amigos de la Tierra Internacional.
Somos un país verde y azul, y esto es lo que estamos protegiendo para hoy, mañana y siempre
Movimiento de organizaciones ecologistas y ciudadanos preocupados hacen un llamado público para exigir la salida inmediata del ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, ante su gestión deficiente y su complicidad y participación en el debilitamiento de las políticas ambientales en Costa Rica. Ante el ecocidio que enfrenta el Patrimonio Natural del país, se convoca a la población a comerse la bronca sumándose a la campaña de recolección de firmas en físico, exigiendo que se restituya la protección ambiental y se retomen los compromisos que garantizan el bienestar y la sostenibilidad ecológica del país.
Bajo su dirección, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) ha sido objeto de ataques internos sin precedentes, incluyendo una centralización de decisiones en la figura del jerarca, la falta de nombramientos clave en áreas técnicas, y la reducción del presupuesto a los órganos encargados de la protección ambiental. Estas acciones han agravado las problemáticas ecológicas del país, tales como la contaminación de las fuentes de agua, el uso excesivo de plaguicidas, la expansión de monocultivos, el deterioro de la matriz energética, y el sacrificio de ecosistemas irremplazables ante los intereses del modelo de desarrollo inmobiliario y turístico voraz e insostenible.
Casos de corrupción dentro de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el favorecimiento de intereses privados en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) demuestran una clara pérdida de liderazgo y ética en la gestión ambiental. Además, el Ministro ha mostrado su desprecio por tratados internacionales claves, como el Acuerdo de Escazú, y ha impulsado actividades destructivas como la pesca de arrastre y la extracción de oro en áreas protegidas, poniendo en peligro recursos naturales cruciales, incluidos los ecosistemas de corales, bosques, ríos, y humedales que son indispensables para la supervivencia del ser humano.
El ministro Tattenbach ha fallado en su deber constitucional de garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las futuras generaciones de Costa Rica. Su falta de acción efectiva y su complicidad en proyectos destructivos han generado una crisis ambiental imposible de ignorar. Queda claro que la postura del Gobierno en temas ambientales ha sido vergonzosa a nivel internacional, y despoja a Costa Rica de su histórico liderazgo en asuntos climáticos y oceánicos.
La población de Costa Rica espera de sus jerarcas, el respeto a lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes (…)”.
¿Quiere participar activamente en la recolección de firmas?
En un esfuerzo consciente por generar lazos entre quienes defendemos el ambiente y el derecho de las presentes y futuras generaciones a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y una vida digna, se busca fomentar la conversación sobre estos temas de afectación general. Fortaleciendo así la participación ciudadana en el cuido de los bienes comunes y los recursos naturales.
La primera etapa de esta campaña consiste en recolectar firmas de manerafísica y a título personal. Para sumarse a este movimiento, deberá seguir los siguientes pasos:
Comunicar en sus redes sobre la recolección de firmas con la información específica de cómo y dónde las están recolectando
Salir a recoger firmas en cualquier lugar del país y hablar sobre lo que está sucediendo con otras personas
Las organizaciones que quieran sumar su logo a manera de firma, pueden registrarse en el siguiente formulario: https://forms.gle/ZVxBKKgc9xc9Pprd8
La información sobre la campaña también se encuentra disponible en las redes sociales del Bloque Verde, Covirenas Caribe Sur, Costa Rica por el Océano y Talamanca Siempre Verde.
El martes 15 de octubre se llevó a cabo el “Diálogo Multisectorial Energía en Costa Rica: Estado Actual y Transición Justa», en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
La actividad fue coordinada por el Programa Estado de la Nación (PEN) y la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON). Asistieron representantes de instituciones como el ICE y el MINAE, pero asimismo asistieron, en su mayoría, varias organizaciones sociales como: Ríos Libres Turrialba, Alianza Escazú Costa Rica, Fundación Orgánica, organización de Sol de Vida, Movimiento Ríos Vivos de Longomai de Puntarenas; representaciones indígenas como la de Térraba (defensa de derechos de las mujeres y de indígenas), de la comunidad Bribri, entre muchas otras.
Es importante dar nombre a estas organizaciones para conocer la experiencia y la lucha en sus diferentes áreas, además de sus visiones y aportes con respecto al tema principal de esta actividad, el cual fue la búsqueda de perspectivas sobre nuevas formas de generar una matriz energética que sea justa y democrática.
Durante la actividad se realizó una primera etapa en donde se hicieron actividades como la división de los participantes en mesas de trabajo para responder a preguntas sobre si el modelo energético de Costa Rica está listo para afrontar la crisis climática, realizar una transición energética justa y sostenible (¿qué se considera justo?) y los principales desafíos que ésta enfrenta. Como resultado hubo diferentes perspectivas, pero se llegó a la conclusión firme de que la matriz energética de Costa Rica no está preparada para afrontar una crisis climática que no es sólo un problema nacional, sino global, y que el país, como otros también, está en miras de nuevas fuentes energéticas. La gran incógnita es generar nuevas formas sin ser abrasivos con el ambiente que nos rodea y todas las diversidades sociales que lo conforman.
Por otro lado, hubo una sesión más técnica con expertos del capítulo de ambiente del Programa Estado de la Nación, con Leonardo Merino, quién comentó acerca de la fortaleza que tiene Costa Rica en temas de conservación, lo fuerte que es el país en llevar energía a todo el territorio, pero al mismo tiempo, la incapacidad que tiene de controlar el impacto ambiental que conlleva ese proceso; y además, posicionar las “tres patas” que el país debe fortalecer para alcanzar un modelo más sostenible: transporte, construcción e infraestructura.
Finalmente, se realizó una conferencia con los panelistas que se describen en el afiche, exceptuando al Viceministro de Energía don Ronny Rodríguez y al presidente ejecutivo del ICE, don Marco Acuña. En su lugar asistieron don Kenneth Lobo (director de planificación del ICE) y don Randall Zuñiga (director de energía del MINAE) respectivamente. Esta discusión final generó algunos comentarios sobre la falta de información que se presenta de forma pública, la lucha por la independencia eléctrica, el equilibrio eléctrico, las formas (el cómo) se está consumiendo la energía en el país, las fuentes de extracción de energía más comunes en el territorio nacional; entre otros aspectos varios.
-Ministro de Ambiente y Energía guarda silencio ante posición país en materia de biodiversidad
-Organizaciones preocupadas por falta de información por parte de las autoridades en materia de la COP16
Desde el pasado 26 de setiembre las organizaciones Coeco Ceiba Amigos de la Tierra y la Red de Coordinación en Biodiversidad enviaron una consulta al ministro de ambiente y energía Franz Tattenbach Capra sobre la “posición país” que lleva el gobierno en los temas más importantes, además, se consultó sobre la composición de la delegación oficial que representará al país en la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (COP16) a celebrarse en Cali Colombia del 21de octubre al 01 de noviembre.
Según reporta el suplemento Ojo al Clima en la COP16 el debate se centrará en cuatro líneas de discusión: 1) Analizar cómo va la actualización de las estrategias y planes nacionales, 2) establecer los indicadores para medir el progreso, 3) los medios de implementación (incluido el financiamiento), y 4) acordar el mecanismo para el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la información digital de las secuencias genéticas (DSI, por su sigla en inglés).
La consulta hecha por las organizaciones ecologistas no ha sido contestada pese a que ya se han incumplido el plazo de 10 días hábiles establecidos por ley, por lo que se procederá a hacer un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional.
Preocupa que las autoridades costarricenses oculten información de interés en el marco de una conferencia multilateral de gran relevancia como la COP16. Para Mariana Porras de Coeco Ceiba Amigos de la Tierra, “la falta de respuesta ante una consulta legitima sobre la posición de Costa Rica en las negociaciones en materia de biodiversidad puede deberse a dos cosas: una gestión ineficiente, improvisada y poco coordinada por parte del ministro Franz Tattenbach, o un afán por ocultar información relevante para la población costarricense”.
A menos de 3 días de comenzar la COP16, las organizaciones y la población costarricense en general no tiene información sobre las posiciones que llevarán sus representantes ente este espacio multilateral en la que se espera definir cuestiones que son de gran interés para la conservación de ecosistemas y los derechos de las poblaciones indígenas y campesinas.
El ocultamiento de información ha sido la tónica de la administración de Tattenbach en el Minae, cabe recordar el escándalo ya conocido por el ocultamiento de información en el caso del “Parque del Agua” impulsado por la diputada Pilar Cisneros.
El 11 de octubre del 2024 la Asociación Confraternidad Guanacasteca interpuso un recurso de amparo contra el gobierno, por el incumplimiento de sus obligaciones de tener en funcionamiento el Tribunal Ambiental Administrativo, dependencia del MINAE. Este fue declarado con lugar, y se ordenó a Laura Fernández Delgado, en condición de Ministra de la Presidencia, que dentro del plazo de dos meses, se realicen todas las actuaciones a fin de designar a los miembros faltantes en el Tribunal Ambiental Administrativo. De lo contrario, podría incurrir en el delito de desobediencia de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Esto, debido a que la Constitución Política recoge implícitamente el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos. Esta obligación se acentúa al tratarse de casos en los que está de por medio la tutela de la protección ambiental, derivado del artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano.
Abajo anexamos la sentencia completa, y le invitamos a leerla e informarse acerca de este tema tan relevante para Costa Rica, siendo este un país baluarte del medio ambiente, cuya administración se le insta en este caso a actuar con celeridad para resolver situaciones de índole ambiental, para defender su patrimonio. Además, puede ver en anexo el PDF con el comunicado de la Asociación Confraternidad Guanacasteca.
Hace unos pocos días, ciudadanos denunciaron actividades de movimientos de tierra en las partes altas de Concepción de San Rafael de Heredia, con el fin supuestamente de la instalación de una chatarrera. Las obras constructivas son llevadas a cabo en la ZONA INALIENABLE de la Ley 65 del 30 de julio de 1888, sin contar con todos los permisos de ley.
Es lamentable que personas sin la menor conciencia ambiental, lleguen al cantón a destruir las bellezas que aún tenemos, y más reprochable, que por la desidia del MINAE que no ha recuperado la zona inalienable de la Ley 65, pese de existir una orden judicial para que lo haga, y por una conducta complaciente de la Municipalidad de San Rafael, que supuestamente en abril pasado otorgó un uso del suelo conforme para la actividad de chatarrera, se den tales ultrajes a la naturaleza, violentando el derecho de los rafaeleños de contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
NOTA: Traté de que en el SINAC de Heredia atendieran la denuncia ciudadana, y me mandaron al CITADA, mostrando el poco interés que tienen las autoridades en el resguardo del ambiente.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia recibió un recurso de amparo interpuesto por José Francisco Alfaro Carvajal contra el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Alfaro acusa al ministerio de desobedecer una orden emitida previamente por la Sala Constitucional, relacionada con la protección de áreas declaradas patrimonio natural.
En una sentencia anterior (N° 2023017109), la Sala Constitucional había ordenado al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, o a quien ocupe su cargo, identificar y recuperar las zonas protegidas en un plazo de seis meses. Además, se le exigió informar cada tres meses sobre el progreso de estas acciones.
La Sala advierte que el incumplimiento de esta orden podría conllevar sanciones graves, como penas de prisión de tres meses a dos años o multas, según lo establece la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Frente a la acusación de desobediencia, la Sala ha concedido al ministro una audiencia de tres días para responder a los hechos y omisiones que se le atribuyen. Si se comprueba la desobediencia, se podría iniciar un procedimiento administrativo en su contra y remitir el caso al Ministerio Público por posible delito.
Cabe señalar que algunos magistrados expresaron opiniones divergentes en la resolución. El Magistrado Salazar Alvarado consideró que el caso debería resolverse en la jurisdicción ordinaria, mientras que la Magistrada Garro Vargas sugirió que la ejecución de la sentencia se realice en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
