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Etiqueta: MINAE

Defensores ambientales denuncian fallos graves en la gestión del sitio Ramsar Gandoca-Manzanillo y solicitan recusación de funcionaria del SINAC

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) presentó el 26 de junio de 2025 una solicitud formal dirigida al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, para la recusación de la Licda. Maylin Mora Arias, actual directora regional a.i. del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC). La solicitud, registrada bajo el expediente AEL-00267-2025, acusa a la funcionaria de decisiones administrativas inconsistentes y de incumplimiento de sentencias de la Sala Constitucional, en perjuicio del sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo y otros humedales del Caribe Sur.

Según la ADE, Mora Arias ha ignorado el informe técnico “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” (SINAC-ACC-OTOF-698-2021), pese a que fue legitimado por la Sala Constitucional en la sentencia N.° 2024-010951. La funcionaria insiste en descalificar el documento como “no oficial”, lo que impide su uso para incorporar nuevos humedales al Inventario Nacional y actualizar certificaciones de Patrimonio Natural del Estado (PNE).

En una respuesta institucional fechada el 25 de junio (CARTA-SINAC-ACLAC-DR-0642-2025), SINAC sostiene que el informe no ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación y que por tanto carece de validez legal. Sin embargo, esta postura contraviene lo dispuesto por la Sala Constitucional, que ordenó utilizar dicho informe como parte del proceso de actualización de certificaciones oficiales.

La ADE también denuncia omisiones graves en casos específicos como los humedales de Punta Uva y Manzanillo, donde existen denuncias por rellenos y drenajes ilegales que no han sido adecuadamente abordadas. Aunque el área de Manzanillo ya fue certificada como PNE, aún no ha sido incorporada al registro nacional de humedales, lo que la deja en una situación de vulnerabilidad ante intereses privados.

La organización advierte además que estas inconsistencias institucionales generan condiciones de riesgo para las personas defensoras ambientales del Caribe Sur, quienes enfrentan amenazas mientras las instituciones se muestran omisas.

Entre las acciones solicitadas por la ADE destacan:

  • La recusación y eventual destitución de la Licda. Mora Arias.

  • El cumplimiento inmediato y completo de la sentencia constitucional.

  • Una auditoría interna sobre las decisiones de la ACLAC.

  • Protección efectiva para quienes defienden el patrimonio ambiental.

La controversia pone en evidencia una fractura entre los compromisos ambientales del Estado costarricense y su ejecución en el terreno, especialmente en territorios tan sensibles como Talamanca. La protección de los humedales del Caribe, reconocidos internacionalmente, depende de una acción institucional clara, transparente y respetuosa del marco legal.

Foto: Humedal costero en Punta Uva, en el Caribe Sur. (Foto: Katya Alvarado, Semanario Universidad).

Finca pendiente de traspaso dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo genera preocupación ciudadana y riesgos para el patrimonio natural

La reciente nota informativa elaborada por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) documenta una grave omisión institucional que pone en riesgo el patrimonio natural del país: la finca 4-156766, ubicada dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo, aún no ha sido traspasada al Estado, a pesar de una orden de la Sala Constitucional.

El Parque Nacional Braulio Carrillo representa uno de los principales tesoros ecológicos más importantes del país. Se extiende desde la Cordillera Volcánica Central hasta las tierras bajas del Caribe, abarcando más de 47.000 hectáreas de bosques, ríos y zonas montañosas con una biodiversidad extraordinaria. Este territorio, resguardado por el SINAC y el MINAE, cumple funciones clave en la conservación de agua, conectividad biológica y protección de especies en riesgo.

Dentro del parque, en el sector del Cerro Chompipe dentro de los límites del parque y en una zona inalienable establecida por la Ley N.º 65 de 1888, se localiza la finca 4-156766, que, a pesar de tener cobertura boscosa y ser considerada Patrimonio Natural del Estado según la Ley Forestal, aún no ha sido traspasada al Estado costarricense.

Aunque ya se emitió una orden de la Sala Constitucional (resolución 2023-017109) y una solicitud formal del SINAC en julio de 2024, la finca continúa inscrita a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, lo cual genera preocupación por su vulnerabilidad ante intervenciones no autorizadas.

La falta de traspaso impide que el Estado ejerza plenamente su autoridad sobre la propiedad, lo que debilita los esfuerzos de protección ambiental. Se han reportado actividades irregulares, como colocación de cámaras trampa y amojonamientos, sin permisos del MINAE. Esta ambigüedad institucional expone el terreno a usos indebidos y demuestra las limitaciones del aparato estatal para hacer cumplir la legislación ambiental.

Ante esta situación, el ciudadano Marco Levy Virgo, con apoyo de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, exigió al MINAE mediante una solicitud formal, un cronograma de acciones con fechas claras para el traspaso, sanciones por intervenciones ilegales y la publicación periódica de informes públicos sobre el avance en la recuperación de terrenos protegidos.

Este caso ilustra la importancia de una ciudadanía activa y vigilante, que, a través de la participación y el seguimiento, impulsa el cumplimiento de obligaciones estatales. Mientras no se concrete el traspaso, la finca permanece en un vacío legal, amenazada por intereses ajenos a la conservación. La participación activa de la ciudadanía es fundamental para que la protección del ambiente trascienda el discurso y se materialice en acciones reales y oportunas.

En el siguiente enlace podrá acceder a la nota completa: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/finca-pendiente-de-traspaso-en-el-parque-nacional-braulio-carrillo-genera-preocupacion-ciudadana-y-riesgos-para-el-patrimonio-natural/

Imágenes: Observatorio de bienes Comunes extraídas del Semanario Universidad.

CONCEVERDE denuncia anomalías en la Municipalidad de San Rafael de Heredia y exige intervención del Concejo Municipal en Cerro Chompipe

El colectivo ciudadano CONCEVERDE, representado por el abogado José Francisco Alfaro Carvajal, presentó una solicitud formal ante el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia para que intervenga en los hechos anómalos que, según denuncian, se están dando en la finca 4  156766  000 (Cerro Chompipe), registrada a nombre de la Municipalidad, pero considerado patrimonio natural del Estado y parte del Parque Nacional Braulio Carrillo y de la zona inalienable de la Ley 65 de 1888.

El Cerro Chompipe es una zona de alta recarga acuífera, vital para la regulación del ciclo del agua, la conservación de la flora y fauna silvestre, y la mitigación del cambio climático. Su cobertura dentro del Parque Braulio Carrillo y la franja inalienable, establecida hace más de un siglo, lo convierte en un área de protección absoluta. Según CONCEVERDE, cualquier intervención, por pequeña que sea, podría alterar los ecosistemas, reducir la capacidad de recarga hídrica y afectar la biodiversidad.

Entre las exigencias del colectivo, se encuentran el traspaso inmediato de la finca Cerro Chompipe por parte Municipalidad de San Rafael de Heredia al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), así como un alto total a las actividades que sin aval o autorización del MINAE, la Municipalidad está llevando a cabo, tanto en dicha finca, como cualquier otra zona del Parque Braulio Carrillo y la zona inalienable.

No obstante, esta denuncia no es nueva. En diciembre de 2024, CONCEVERDE ya manifestó su rechazo a las obras planificadas en el Cerro Chompipe bajo la figura de “monumento natural recreativo”, alertando sobre la pérdida de árboles nativos y la impermeabilización del suelo en zonas de recarga.

Asimismo, la denuncia advertía sobre actividades no autorizadas por el MINAE llevadas a cabo por la Municipalidad, como la delimitación de la finca, instalación de cámaras trampa e incluso obras menores, que estarían ocurriendo sin aval institucional, lo que es contrario a la legislación vigente.

Recientemente, el pasado 19 de junio de 2025, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología respaldó la denuncia del abogado Alfaro. En un oficio dirigido al ministro Franz Tattenbach Capra, el presidente Asociación, Marco Levy Virgo, exigió al MINAE que cumpla con las sentencias de la Sala Constitucional y proceda a recuperar la finca, la cual aún aparece registrada a nombre municipal.

Foto: Redes sociales oficiales de Colectivo CONCEVERDE San Rafael.

Colectivo CONCEVERDE exige respuestas a Municipalidad de San Rafael por realizar actividades no permitidas en Cerro Chompipe

El pasado 13 de junio de 2025, el colectivo ciudadano CONCEVERDE solicitó mediante el oficio CNVJF/101/25 al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) respuestas sobre actividades de intervención en el Cerro Chompipe por parte de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, así como un traspaso de propiedad pendiente de este territorio de la municipalidad al MINAE debido a su categoría de patrimonio natural del Estado.

En atención al oficio presentado, el MINAE emitió respuesta mediante el Oficio DM-529-2025 / DAJ-MINAE-1233-2025 el 25 de junio de 2025, mediante el cual hizo constar que dicha entidad no ha avalado a la Municipalidad de realizar acciones de intervención como instalación de “cámaras trampa” y labores de amojonamiento. También, se informó que el traspaso de propiedad del terreno de Cerro Chompipe (finca 4-156766-000), perteneciente al Parque Nacional Braulio Carrillo no ha sido concretado a pesar de que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) hizo la solicitud formal desde junio de 2024 al alcalde de San Rafael de Heredia.

Así, ante una posible negación del alcalde a proceder con el traspaso del terreno, el SINAC accionaría un mecanismo vigente y legal. De forma preliminar, se ha aplicado una prevención administrativa al alcalde por parte del SINAC debido a sus acciones de intervención en la finca 4-156766-000 sin autorización previa del SINAC.

Autoridades municipales no se presentan a inspección de la zona

A raíz del oficio presentado por CONCEVERDE al MINAE, este encargó un patrullaje (Gira No. SINAC-ACC-PNBC-SVB-INF-227-2025) a la zona para verificar lo indicado en la denuncia por parte del colectivo. Así, se solicitó formalmente la participación del alcalde en la inspección programada para el día 23 de junio de 2025 a las 9:00 am debido a que la colaboración entre personal del SINAC y funcionarios municipales resultaba adecuada para esclarecer dudas sobre las actividades en ese sector.

Sin embargo, ni el alcalde ni ningún otro funcionario de la Municipalidad se presentaron al sitio y hora acordados. A su vez, tampoco hubo respuesta por parte del alcalde a llamados por parte del personal del SINAC, de modo que con apoyo de Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (Covirenas) y sin apoyo municipal se procedió con la inspección del terreno.

En dicha inspección no se consiguió encontrar indicios de la colocación de “cámaras trampa”; sin embargo, el mismo grupo de exploración concluye que se necesitan más visitas para asegurarse sobre la instalación de las cámaras, esto al ser una propiedad relativamente extensa.

Humedal Carbón bajo amenaza: ocupación ilegal denunciada en Playa Negra, Talamanca

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una denuncia formal ante la Coordinación Nacional de Humedales del MINAE el 29 de junio de 2025, por la ocupación ilegal del Humedal Carbón, ubicado en Playa Negra, cantón de Talamanca.

Durante una visita realizada el 28 de junio, se constató la intervención del área mediante drenajes, rellenos y construcciones con maquinaria pesada, caminos abiertos y presencia de materiales de obra. Todo esto dentro de un ecosistema clasificado como humedal protegido, lo que representa una posible violación de la legislación ambiental vigente.

El humedal, parte del Patrimonio Natural del Estado, se encuentra bajo protección de normas nacionales e internacionales, como la ley orgánica del Ambiente (N.º 7554), la ley forestal (N.º 7575) y el convenio Ramsar sobre humedales. Ante estos hechos, la asociación solicita la intervención urgente del MINAE y de otras instituciones competentes.

Entre las medidas solicitadas, el documento exige:

Un informe técnico detallado, con análisis de imágenes y ortofotos desde 1996 hasta la fecha.

La identificación de propiedades dentro del humedal, con información catastral y registral.

Coordinación interinstitucional con SETENA, la fiscalía ambiental, la Municipalidad de Talamanca, el registro nacional y otras instancias para determinar responsabilidades.

Que la gestión sea liderada directamente por la Coordinación Nacional de Humedales, sin delegaciones locales o regionales.

La denuncia fue firmada por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, y copiada a autoridades de la fiscalía general, fiscalía ambiental y fiscalía agraria, entre otras.

El documento completo forma parte del expediente AEL-00263-2025.

Terreno rellenado parte de la Zona Marítimo Terrestre en Playa Negra.  (Foto: Philippe Vangoidsenhoven)

Asociación para el Desarrollo de la Ecología presenta queja por actuar superficial del MINAE

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una queja formal al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, por lo que consideran una gestión deficiente y poco rigurosa del viceministro Jorge Mario Rodríguez Zúñiga. Esto debido a un oficio que envió Rodríguez al representante de la asociación Marco Vinicio Levy, en donde según la organización, la respuesta oficial a sus denuncias sobre la situación en el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) y el proyecto conocido como DIVINE fue superficial, carente de análisis técnico y con un tono intimidatorio.

En un oficio enviado al ministro, la Asociación cuestiona que el viceministro minimice las preocupaciones ambientales sin realizar una evaluación exhaustiva, además de rechazar una auditoría operativa en ACLAC y ofrecer una interpretación “sesgada” de una sentencia de la Sala Constitucional relacionada con la protección de áreas boscosas. La organización también critica la falta de compromiso institucional con los principios preventivo y precautorio de la normativa ambiental nacional e internacional.

Ante este panorama, solicitaron la intervención directa del ministro Tattenbach, pidiendo una revisión técnica de los puntos denunciados, la realización de una auditoría en el área protegida y acciones correctivas frente a lo que describen como un patrón de displicencia administrativa. La Asociación insiste en que es necesario restaurar la confianza en la gestión ambiental pública mediante mayor transparencia y rigor profesional.

Demandan acciones del MINAE para recuperar finca estatal en zona protegida del Cerro Chompipe

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) expresó este 19 de junio su apoyo irrestricto al abogado José Francisco Alfaro Carvajal, de CONCEVERDE, quien ha solicitado al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) respuestas claras y medidas efectivas para recuperar una finca pública ubicada en el Cerro Chompipe, dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo y en zona protegida por la Ley 65 de 1888.

La solicitud, dirigida por el abogado Alfaro mediante el oficio CNVJF/101/25, señala la inacción estatal para cumplir lo ordenado por la Sala Constitucional, especialmente en relación con la finca 4-156766-000, la cual, a pesar de estar catalogada como patrimonio natural del Estado, aún figura a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia. La zona forma parte de la franja inalienable establecida para garantizar la protección de las recargas acuíferas que abastecen a las provincias de Heredia y Alajuela.

En su escrito, Alfaro exige explicaciones al MINAE sobre la falta de traspaso registral, así como información sobre eventuales autorizaciones otorgadas a la municipalidad para realizar actividades como instalación de cámaras trampa, delimitación de la finca o elaboración de un plan de manejo. Aclara que estas acciones han sido promovidas públicamente por el alcalde local, pese a que el área tiene ya un régimen de protección legal absoluta y no admite uso discrecional ni municipal.

Por su parte, Marco Levy Virgo, presidente de AEL, mediante el oficio AEL-00259-2025, respaldó la gestión del Lic. Alfaro y solicitó al ministro Franz Tattenbach Capra una pronta respuesta a los planteamientos formulados. Levy denunció que las actividades no autorizadas en el Cerro Chompipe representan una amenaza a la legalidad y al ecosistema, y que el Estado mantiene una conducta “dilatoria e insuficiente” en el cumplimiento de sus obligaciones, tal como lo ha señalado en varias ocasiones la propia Sala Constitucional.

La finca en cuestión se encuentra dentro de la zona inalienable definida por la Ley 65 de 1888, que prohíbe cualquier apropiación o concesión privada o institucional sobre el área, y cuya delimitación fue reiterada como prioritaria en los votos 2008-12109 y 2023-017109 del máximo tribunal constitucional.

AEL insiste en que el MINAE tiene la obligación jurídica y constitucional de iniciar los trámites administrativos y registrales necesarios para recuperar plenamente la finca y evitar cualquier tipo de ocupación indebida o intervención incompatible con su condición de patrimonio público ambiental.

Referencia de fotografía

AllTrails. (s.f.). Cerro Chompipe – Heredia, Costa Rica [Fotografía]. AllTrails. https://www.alltrails.com/es/poi/costa-rica/heredia/heredia/cerro-chompipe

Organización exige medidas urgentes al ministro de Ambiente ante daños ambientales en el Refugio Gandoca-Manzanillo y el ACLAC

El pasado 5 de junio, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AED), con sede en Limón, envió una carta al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, en la cual solicita la implementación de medidas urgentes para reparar los daños ocasionados al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA) y para reestructurar el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC).

El documento, firmado por Marco Vinicio Levy Virgo, presidente de la AED, señala una serie de omisiones y decisiones administrativas que habrían deteriorado ecosistemas protegidos del Caribe Sur, incluyendo humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, en lo que considera un debilitamiento sistemático de la gestión ambiental.

Entre los antecedentes mencionados por Levy Virgo, se encuentran: la emisión de la Directriz 09-2023 y el rechazo inicial del documento Caracterización y Delimitación de Humedales; el desconocimiento del sitio Ramsar 783 (Gandoca-Manzanillo) en 2017; el impulso de proyectos inmobiliarios en la Zona 1 del refugio; y una gestión empírica del ACLAC, encabezada por el ingeniero Edwin Cyrus Cyrus durante más de 30 años.

Ante esta situación, la AED plantea ocho peticiones específicas:

  1. Que se realice una evaluación integral, a cargo de expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con el fin de dimensionar el daño ambiental en la zona.

  2. Que se ordene un estudio fotointerpretativo, utilizando las ortofotos del Registro Nacional de la Propiedad, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el MINAE, para identificar los cambios en el uso del suelo en zonas clave del REGAMA.

  3. Que se emita una certificación oficial que respalde el registro legal de todos los humedales incluidos en el documento Caracterización y Delimitación de Humedales.

  4. Que se ordene el desalojo inmediato de ocupaciones ilegales en los humedales y en el sitio Ramsar 783, Gandoca-Manzanillo, a fin de detener la degradación de estos ecosistemas.

  5. Que se asigne un especialista en planificación territorial para apoyar técnicamente los procesos de restauración ecológica en la zona.
  6. Que se reestructure el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), mediante una nueva administración basada en criterios técnicos.
  7. Que se realice una auditoría operativa del ACLAC, enfocada en detectar fallas de gestión, omisiones en la caracterización de humedales y permisividad frente a intereses inmobiliarios.

  8. Que se implementen acciones concretas para reorientar la gestión del ACLAC, garantizando un abordaje integral que proteja los recursos naturales del Caribe Sur.

La carta concluye con un llamado al ministro a asumir su responsabilidad institucional y ejecutar un “golpe de timón” que garantice una administración pública eficaz, técnica y transparente en la protección de los recursos naturales.

La AED solicita una respuesta en un plazo de 10 días hábiles, con fundamento en la Ley General de la Administración Pública.

Foto: Semanario Universidad.

Colectivo CONCEVERDE agradece presentación de proyecto de ley que busca proteger zona de recarga hídrica en Heredia

El colectivo CONCEVERDE expresó su agradecimiento al diputado Jonathan Acuña por haber acogido su solicitud de presentar el proyecto de ley 25016, el cual busca transformar en ley el decreto ejecutivo 39259-MINAE.

Este decreto, firmado en Concepción de San Rafael de Heredia el 15 de octubre de 2015, anexó más de 2300 hectáreas de terreno de la zona inalienable establecida por la ley 65 de 1888 al Parque Nacional Braulio Carrillo.

Imagen 1. Mapa de la ampliación propuesta del Parque Nacional Braulio Carrillo, se señala el área anexa mediante el decreto 39259-MINAE. Fuente: Tomado: https://www.facebook.com/photo?fbid=664059306620025&set=a.105237009168927

CONCEVERDE considera que la aprobación de esta propuesta legislativa contribuiría no solo a garantizar la protección de fuentes de agua fundamentales, sino también al fortalecimiento de las acciones nacionales frente a la crisis climática.

Puede leer el proyecto de ley completo en este enlace: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/06/Proyecto-ampliacion-Braulio-Carrillo.pdf

Organización ambientalista refuta respuesta del MINAE sobre permisos irregulares en Gandoca-Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología respondió el 4 de junio al viceministro de Ambiente, Jorge Mario Rodríguez, refutando los argumentos expuestos en el oficio DVA-064-2025 sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de uso de suelo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y el sitio Ramsar 783.

Según el documento AEL-00239-2025, firmado por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, el Ministerio de Ambiente y Energía (minae) ha omitido su deber de coordinación interinstitucional y su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en estas áreas protegidas.

La organización señala que el minae argumentó no poder invadir las competencias de la Municipalidad de Talamanca, basándose en la autonomía municipal establecida en el artículo 4 del Código Municipal. Sin embargo, Levy considera que esta interpretación desconoce el deber de coordinación interinstitucional que obliga al ministerio a trabajar conjuntamente con las municipalidades para proteger áreas protegidas y sitios Ramsar.

Entre las irregularidades denunciadas se encuentran construcciones y modificaciones ilegales dentro de humedales y manglares, incluyendo drenajes realizados en el Hotel Las Palmas, propiedad de Jan Kalina, para la construcción de una piscina. También se mencionan obras recientes en el Hotel Almendros y Corales, incluyendo la instalación de una piscina, y una serie de caminos ilegales que afectan los humedales y el bosque del refugio nacional.

La asociación indica que estos hechos no han sido investigados ni corregidos por el minae, lo que constituiría una violación directa de las restricciones establecidas en el artículo 151 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, el artículo 18 de la Ley Forestal y las disposiciones internacionales que protegen los sitios Ramsar.

Levy también criticó la negativa del ministerio a establecer una mesa de trabajo interinstitucional para analizar el estado de la Zona Marítimo Terrestre en Talamanca, considerándola injustificada y contraria a los principios de transparencia y cooperación que deben regir la gestión ambiental.

La organización reitera su solicitud para que el minae cumpla con su deber de coordinación con la Municipalidad de Talamanca para investigar los permisos de uso de suelo otorgados en las áreas protegidas mencionadas. Además, insta a la conformación inmediata de una mesa de trabajo interinstitucional para analizar los impactos ambientales de las actividades denunciadas.

El presidente de la asociación advirtió que está dispuesto a escalar el asunto ante la Sala Constitucional si persiste la omisión del minae en abordar estas irregularidades, que considera atentan contra el patrimonio natural de Costa Rica y los compromisos internacionales del país.

El documento fue enviado en copia a diversas instituciones, incluyendo la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Ambiental y la Secretaría Ramsar, entre otras.