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Etiqueta: MINAE

Comunicado de prensa Federación Ecologista. ¿Tiene claro el gobierno de Costa Rica su papel en la COP16?

-Ministro de Ambiente y Energía guarda silencio ante posición país en materia de biodiversidad

-Organizaciones preocupadas por falta de información por parte de las autoridades en materia de la COP16

Desde el pasado 26 de setiembre las organizaciones Coeco Ceiba Amigos de la Tierra y la Red de Coordinación en Biodiversidad enviaron una consulta al ministro de ambiente y energía Franz Tattenbach Capra sobre la “posición país” que lleva el gobierno en los temas más importantes, además, se consultó sobre la composición de la delegación oficial que representará al país en la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (COP16) a celebrarse en Cali Colombia del 21de octubre al 01 de noviembre.

Según reporta el suplemento Ojo al Clima en la COP16 el debate se centrará en cuatro líneas de discusión: 1) Analizar cómo va la actualización de las estrategias y planes nacionales, 2) establecer los indicadores para medir el progreso, 3) los medios de implementación (incluido el financiamiento), y 4)  acordar el mecanismo para el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la información digital de las secuencias genéticas (DSI, por su sigla en inglés).

La consulta hecha por las organizaciones ecologistas no ha sido contestada pese a que ya se han incumplido el plazo de 10 días hábiles establecidos por ley, por lo que se procederá a hacer un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional.

Preocupa que las autoridades costarricenses oculten información de interés en el marco de una conferencia multilateral de gran relevancia como la COP16. Para Mariana Porras de Coeco Ceiba Amigos de la Tierra, “la falta de respuesta ante una consulta legitima sobre la posición de Costa Rica en las negociaciones en materia de biodiversidad puede deberse a dos cosas: una gestión ineficiente, improvisada y poco coordinada por parte del ministro Franz Tattenbach, o un afán por ocultar información relevante para la población costarricense”.

A menos de 3 días de comenzar la COP16, las organizaciones y la población costarricense en general no tiene información sobre las posiciones que llevarán sus representantes ente este espacio multilateral en la que se espera definir cuestiones que son de gran interés para la conservación de ecosistemas y los derechos de las poblaciones indígenas y campesinas.

El ocultamiento de información ha sido la tónica de la administración de Tattenbach en el Minae, cabe recordar el escándalo ya conocido por el ocultamiento de información en el caso del “Parque del Agua” impulsado por la diputada Pilar Cisneros.

Sala Constitucional fija plazo a ministra de la Presidencia para que reactive el Tribunal Ambiental Administrativo y la advierte

El 11 de octubre del 2024 la Asociación Confraternidad Guanacasteca interpuso un recurso de amparo contra el gobierno, por el incumplimiento de sus obligaciones de tener en funcionamiento el Tribunal Ambiental Administrativo, dependencia del MINAE. Este fue declarado con lugar, y se ordenó a Laura Fernández Delgado, en condición de Ministra de la Presidencia, que dentro del plazo de dos meses, se realicen todas las actuaciones a fin de designar a los miembros faltantes en el Tribunal Ambiental Administrativo. De lo contrario, podría incurrir en el delito de desobediencia de conformidad con el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Esto, debido a que la Constitución Política recoge implícitamente el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos. Esta obligación se acentúa al tratarse de casos en los que está de por medio la tutela de la protección ambiental, derivado del artículo 50 de la Constitución Política. La protección del ambiente es un mecanismo adecuado para tutelar y mejorar la calidad de vida de todos, lo que hace necesaria la intervención de los Poderes Públicos sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano.

Abajo anexamos la sentencia completa, y le invitamos a leerla e informarse acerca de este tema tan relevante para Costa Rica, siendo este un país baluarte del medio ambiente, cuya administración se le insta en este caso a actuar con celeridad para resolver situaciones de índole ambiental, para defender su patrimonio. Además, puede ver en anexo el PDF con el comunicado de la Asociación Confraternidad Guanacasteca.

Impacto ambiental en las montañas de San Rafael de Heredia

Hace unos pocos días, ciudadanos denunciaron actividades de movimientos de tierra en las partes altas de Concepción de San Rafael de Heredia, con el fin supuestamente de la instalación de una chatarrera. Las obras constructivas son llevadas a cabo en la ZONA INALIENABLE de la Ley 65 del 30 de julio de 1888, sin contar con todos los permisos de ley.

Es lamentable que personas sin la menor conciencia ambiental, lleguen al cantón a destruir las bellezas que aún tenemos, y más reprochable, que por la desidia del MINAE que no ha recuperado la zona inalienable de la Ley 65, pese de existir una orden judicial para que lo haga, y por una conducta complaciente de la Municipalidad de San Rafael, que supuestamente en abril pasado otorgó un uso del suelo conforme para la actividad de chatarrera, se den tales ultrajes a la naturaleza, violentando el derecho de los rafaeleños de contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

NOTA: Traté de que en el SINAC de Heredia atendieran la denuncia ciudadana, y me mandaron al CITADA, mostrando el poco interés que tienen las autoridades en el resguardo del ambiente.

https://www.facebook.com/share/p/rsLgv1cwWbZsuHtN

José Francisco Alfaro

COLECTIVO CIUDADANO CONCEVERDE

Ante desobediencia de Minae Sala Constitucional ordena cumplir con la recuperación de zonas protegidas

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia recibió un recurso de amparo interpuesto por José Francisco Alfaro Carvajal contra el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Alfaro acusa al ministerio de desobedecer una orden emitida previamente por la Sala Constitucional, relacionada con la protección de áreas declaradas patrimonio natural.

En una sentencia anterior (N° 2023017109), la Sala Constitucional había ordenado al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, o a quien ocupe su cargo, identificar y recuperar las zonas protegidas en un plazo de seis meses. Además, se le exigió informar cada tres meses sobre el progreso de estas acciones.

La Sala advierte que el incumplimiento de esta orden podría conllevar sanciones graves, como penas de prisión de tres meses a dos años o multas, según lo establece la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Frente a la acusación de desobediencia, la Sala ha concedido al ministro una audiencia de tres días para responder a los hechos y omisiones que se le atribuyen. Si se comprueba la desobediencia, se podría iniciar un procedimiento administrativo en su contra y remitir el caso al Ministerio Público por posible delito.

Cabe señalar que algunos magistrados expresaron opiniones divergentes en la resolución. El Magistrado Salazar Alvarado consideró que el caso debería resolverse en la jurisdicción ordinaria, mientras que la Magistrada Garro Vargas sugirió que la ejecución de la sentencia se realice en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

Imagen con fines ilustrativos, UCR.

Un gobierno que no gobierna, no protege el medio ambiente, no se come las broncas

Mapa de la zona en Guanacaste a la que se refiere la denuncia.

Gadi Amit

El señor presidente Chaves y su vocera Pilar Cisneros, se quejan un día sí y al siguiente también que los otros poderes de la República no funcionan.

Presentamos el caso de una instancia del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Ambiente, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).

Le toca analizar y castigar delitos ambientales, corta de bosques, contaminación de aguas, daño de humedales, construcciones sin permisos, proyectos sin permisos de SETENA, todas las denuncias antes citadas y más.

Hoy tiene más de 4.000 casos, esperando ser tratados y resueltos. Algunos llevan ya 14 o 15 años de trámite.

El procedimiento exige la participación de 3 jueces para las audiencias y para la toma de resoluciones. Y resulta que no hay 3 jueces nombrados. Hay dos titulares y no hay suplentes.

Entonces, eso no funciona. Se gasta dinero. Se pagan salarios, pero no se hace nada. Y es por culpa del Poder Ejecutivo.

Corresponde nombrar jueces del TAA al Consejo Nacional Ambiental encabezado por Laura Fernández, ministra de la Presidencia y cuyo secretario es Franz Tattenbach, ministro de Ambiente. Y no lo hacen.

Falta un juez titular y tres jueces suplentes, para permitir que haya justicia pronta y cumplida en temas del medio ambiente.

Mientras la presidenta del TAA confirma los hechos y enumera todas las gestiones realizadas por ellos ante el MINAE y hasta una carta al señor presidente (ver anexo).

Vencido el plazo legal otorgado, no hay respuesta de la ministra de la Presidencia. La Sala certifica la falta de respuesta (ver anexo)

Por sus actos y sus consecuencias los conoceréis.

Los problemas del país en la protección del medio ambiente no están en la agenda del Poder Ejecutivo. Ni siquiera respetan a la Sala Constitucional.

Nuestro caso – Hotel Riu guanacaste

Los hechos se remontan a 2009. Hace 15 años.

Cobran vigencia hoy, con los permisos de corta de bosque en Gandoca- Manzanillo.

En Hotel Riu se cortaron más de 3.000 árboles diciendo que no era bosque. Hay testimonios ya aceptados que los permisos de corta fueron ilegales y fraudulentos: Expediente 09-003649-0412-PE, en Voto 726-2022 se confirma el delito de falsedad ideológica en los permisos de corta y cambio de uso de suelo donde se construyó Hotel Riu.

Queda comprobado también en oficio DA- UHTPNOL-0204-2024 que Hotel Riu Guanacaste está construido encima de una quebrada, que fue desviada y rellenada.

En anteriores administraciones y en esta también, no quieren tomar las medidas legales, para castigar a los delincuentes ambientales.

15 años esperando nuestro derecho a una justicia pronta y cumplida.

Compartimos todos los documentos de referencia.

Solicitud de información sobre cumplimiento de orden de la Sala Constitucional

El licenciado José Francisco Alfaro Carvajal, integrante de la organización CONCEVERDE se dirige, mediante un documento formal, al ministro de Ambiente y Energía Franz Tattenbach Capra, con el fin de solicitar información sobre varios aspectos relacionados con el cumplimiento de la resolución N.º 2023- 017109 del Expediente 22-027662-0007-CO del 14 de julio del 2023. En este último se le impuso al Ministerio de Ambiente, desde el 5 de agosto del 2008, la orden directa de iniciar los trámites correspondientes para la recuperación de los terrenos que se ubican en la zona inalienable creada el 30 de julio de 1888 por la Ley 65, y que estén siendo ocupados por particulares. Dicha zona abarca de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán de Barba, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia.

Por tanto, la Sala IV le ordenó al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) mediante la resolución No. 2023-017109 del catorce de julio del dos mil veintitrés, que en un plazo de seis meses a partir de dictada la resolución, proceda a identificar debidamente, con sus datos registrales y/o de ocupación, la totalidad de los terrenos correspondientes a las zonas protegidas y declaradas como patrimonio natural.  

Finalmente, el licenciado Alfaro realiza una petición para que se le envíe a su correo un informe con los planos, expedientes y acciones concretas que han realizado en el Ministerio de Ambiente y Energía para la reivindicación de estos territorios.

Le invitamos a descargar el PDF adjunto para contar con todos los detalles.

 

Imagen ilustrativa.

Reforma de MINAE entorpecería evaluación de plaguicidas altamente peligrosos y contaminantes

-Concentración de poder en ministro de ambiente atentará contra disposiciones básica de conservación y control ambiental

(FECON, 10-07-2024) Mideplan y Minae preparan decreto ejecutivo para concentrar las funciones de la mayoría de las asesorías jurídicas de órganos desconcentrados. Esta parece ser una medida desesperada de este gobierno al ver varada la reforma legal bajo el expediente legislativo n° 23.213, con un espíritu bastante similar a esta nueva movida del MINAE.

La propuesta de decreto conlleva no solo otorgar mayor poder al Franz Tattenbach, en calidad de ministro de ambiente, sino a erosionar la participación social en los órganos colegiados que verían vaciadas sus capacidades de dar opinión técnica oportuna ante cuestiones particulares, por ejemplo la prohibición de agroquímicos altamente peligros o contaminantes.

MINAE pretende “suprimir las unidades organizacionales de Asesoría Jurídica de la estructura organizacional del Instituto Meteorológico Nacional, la Dirección de Aguas, la Dirección de Energía, la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles, la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Dirección de Cambio Climático, la Dirección General de Hidrocarburos y la Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón (COMCURE)”.

Esta modificación tiene grandes implicaciones en muchos ámbitos y tiene a todas luces vicios y contradicciones en nuestro andamiaje de leyes ambientales, pero vale la pena resaltar una de las consecuencias de esta reforma: la obstaculización de órganos como DIGECA en materia de regulación de agroquímicos. Esta dependencia es la encargada de evaluar los registros de plaguicidas en su dimensión ambiental.

De aprobarse esta nueva reforma la dirección jurídica de DIGECA se suprima, todas las opiniones técnicas al respecto de los agrotóxicos serán emitidas por el ministro de turno. Lo cual convierte las decisiones técnicas y científicas en decisiones políticas, erosionando la posibilidad de que sea detectados impactos graves sobre la biodiversidad, el agua y los ecosistemas de sustancias altamente peligrosas como esta.

El caso de la prohibición del clorotalonil puede servir de ejemplo claro. Ya que DIGEDA en su momento emitió criterio técnico y legal apoyando la prohibición este funguicida que contaminó distintas fuentes de agua para consumo humano en la Zona Norte de Cartago. Esto no hubiera sido posible con esta nueva disposición que pretende MINAE y MIDEPLAN.

Nuevamente la cartera del ministro Franz Tattenbach busca de forma desesperada concentrar poder y eliminar la participación de órganos técnicos y científicos para pasar a administrar el ministerio como si fuera una pulpería de barrio, en dónde sólo el criterio del ministro de turno sería válido para tomar todas las decisiones.  Esto es gravísimo, un retroceso desde cualquier punto de vista y podría tener consecuencias poco previsibles, ya que dejar estas disposiciones ambientales de suma importancia bajo la tiranía de figuras poco comprometidas con la conservación de la naturaleza como el ministro Tattenbach.

Imagen ilustrativa.

Recurso de amparo contra el MINAE

El recurso de amparo interpuesto por María Elena Fournier Solano, expone que aún no se cuenta con una respuesta por parte del Ministro de Ambiente y Energía, sobre un reclamo que se presentó en septiembre del 2023, en el territorio indígena Kéköldi. La lideresa indígena kéköldí, Juanita Segundo Sánchez, fue tratada de manera irrespetuosa por parte de la funcionaria Fanny Cruz, del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. 

Esta funcionaria entró al territorio Kéköldi, a una propiedad de la lideresa indígena, con el fin de decomisar madera y motosierra. Además, se refirió de forma irrespetuosa a Juanita S. Sánchez, al decirle que esta no conocía la Ley indígena y que ella no podía ser indígena por ser blanca. Por lo cual, se le solicita al SINAC-MINAE y al ministro Tattenbach del MINAE, una correcta investigación sobre esta situación.

Se adjunta carta de María Elena Fournier hacia el ministro Tattenbach y funcionarios del MINAE:

Buenas noches don Alexis y Licda. Fanny Cruz:

Esta es una nota de queja, denuncia contra su actuación y la del grupo que llegaron dónde Juanita Segundo Sánchez.

Aparentemente los días 13, 14 y 15 septiembre, ustedes irrumpieron, sin una Orden de un Juez en el Territorio Indígena Kéköldí, en la propiedad de Juanita Segundo Sánchez para el decomiso de madera y motosierra, tratando muy mal y una persona mayor, lideresa como es a Juanita Segundo Sánchez. ¿Estamos en lo cierto o no?, por favor aclare.

Según declaraciones de doña Juanita, aparentemente usted no actuó como le corresponde a una profesional abogada del MINAE-SINAC- ACLAC, del Estado, todo lo contrario, según las declaraciones de doña Juanita, usted fue muy irrespetuosa, además de reconocer, cuando Juanita le reclama, que no conoce la Ley Indígena, usted le dice, según me indican, en forma burlona y prepotente que no es indígena, que usted es blanca…

O sea, las y los funcionarios públicos que tienen que ver, como ustedes en el REGAMA y el ACLAC con Territorios Indígenas, no pueden decir que no conocen la Ley Indígena, eso no es de recibo Licda. Cruz, usted recibe un salario profesional que paga el pueblo de Costa Rica, queremos ver los buenos frutos, no la mediocridad profesional.

Extraña sobremanera y le consulto: ¿por qué usted le dijo a Juanita que usted no sabe nada nada de la Ley indígena cuando ella le hizo la consulta de por qué ustedes no respetan que los y las indígenas y que pueden utilizar su madera para la construcción de sus viviendas?

Además y como si fuera poco Licda. Cruz, en varias ocasiones han solicitado a ustedes y a la ADI del T.I.Kéköldi, el Acta de decomiso de la madera y la motosierra, que levantaron ustedes el SINAC-MINAE-ACLAC, sólo la entregaron a la ADI, pero no ha sido posible la entrega a la fecha, a doña Juanita y su familia, les recuerdo con son documentos públicos y que los y las afectadas tienen todo el derecho a tener acceso al mismo, y usted como abogada, sabe perfectamente los derechos y deberes que nos corresponden.

Esperamos que esta Acta sea entregada personalmente por ustedes lo antes posible a doña Juanita Segundo Sánchez.

Sinceramente, este acto de irrespeto, violatorio de parte de ustedes, llegó demasiado lejos y que sus superiores tendrán que dar cuenta de su actuación en esta oportunidad, porque bajo ningún pretexto ustedes pueden seguir ignorando la leyes que tienen que ver con la biodiversidad, Leyes indígenas, etc., de verdad Licda. Cruz, estamos ya verdaderamente cansadas y cansados de tanta burla, irrespeto, violaciones a la biodiversidad de la región de parte de funcionarios del ACLAC, afortunadamente no de todas y todos, pero sí de los y las mismos de siempre, de los cuales ya estamos muy cansados de la mismo por décadas y décadas.

Como lo hicieron en años anteriores, en la época de la viceministra MINAE Patricia Madrigal, cuando ustedes como ACLAC dieron permiso de corta de varios árboles maderables en Territorio Indígena Kéköldí, y cuando reclamamos a la viceministra, le dijeron sin ningún rubor que: no sabían que se trataba de un Territorio Indígena…¡por favor!

¡Basta ya de tanta ignorancia, burlas, violaciones e irrespeto!

Esperamos tener una respuesta de su jefatura y de usted y que servirá para el expediente de la Defensoría de los Habitantes, caso de Juanita Segundo Sánchez y las violaciones sucedidas en septiembre de 2023.

Ma. Elena Fournier S.

Presidenta

Asociación Conservacionista YISKI Tel. 22 97 0970”

Por lo tanto, se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se le ordena a Franz Tattenbach Capra, Ministro de Ambiente y Energía, o a quien ocupe ese cargo, que realice las gestiones necesarias para que, en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva la denuncia planteada por la recurrente y se le comuniqué lo resuelto. Se advierte que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

Denuncian habilitación de camino en zona de protección

CONCEVERDE denuncia la violación de la zona inalienable de la Ley 65 del año 1888 por parte de particulares que han intervenido un sendero de aproximadamente 300 metros en Concepción de San Rafael de Heredia con maquinaria pesada, aparentemente, para habilitarlo para el uso de vehículos.

Esta intervención ha causado daño ambiental a la vegetación nativa en una zona que goza de protección absoluta.

Se solicita al Ministerio de Ambiente y Energía que detenga inmediatamente las obras, interponga las denuncias correspondientes contra los responsables por el daño ambiental y estar llevando a cabo obras en el Patrimonio Natural del Estado, y que se informe sobre las acciones tomadas.

La zona inalienable tiene protección total según la jurisprudencia de la Sala Constitucional y el MINAE tiene la obligación legal de administrar y protegerla.

Se adjuntan imágenes y el documento en formato PDF.

Preocupación por atención incierta de animales en zoológico y refugios

SURCOS comparte las notas enviadas a los alcaldes electos de Santa Ana y San José en relación con la situación incierta para la atención de animales que se encuentran en zoológico y refugio. En ellas se expresa preocupación por el pronto cierre de los espacios para estancia de animales, así mismo, por el riesgo de afectación del patrimonio y por tanto la necesidad de dar protección por parte de las policías municipales de ambos cantones. También se propone concertar una audiencia para una acción colaborativa.

Las cartas señalan:

Señor Juan José Vargas Fallas

Alcalde Electo de Santa Ana periodo 2024-2028

Estimado señor

Primero que nada queremos felicitarlo por haber sido electo como nuevo Alcalde de Santa Ana y le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión 

El motivo de esta misiva es externarle nuestra profunda preocupación ante el inminente cierre del Centro de Conservación Santa Ana, el cual se dará en los primeros días de su gestión.

A partir del 10 mayo dicho centro regresará a la administración del Estado y desconocemos si ha habido alguna coordinación con la Policía Municipal y las fuerzas vivas de la comunidad para proteger el inmueble y la riqueza natural que encierra, la cual es de dominio público.

Consideramos que la Policía Municipal debería proteger este activo natural de un posible vandalismo. Usted como alcalde tiene la jurisdicción, la competencia y los recursos para accionar y articular a fin de salvaguardarlo y evitar que este centro sufra cualquier tipo de daño, coordinando con el Ministro de Ambiente y las autoridades del SINAC. 

Con todo gusto podemos concertar una audiencia para conversar al respecto, ya que estamos en la mejor disposición de brindarle cualquier apoyo que requiera de nuestras organizaciones y colectivos civiles militantes en los sectores animalistas, conservacionistas, y sobre todo los anti-especistas, quienes se han destacado por haber dado una lucha de décadas para lograr el cierre de esta zoo-cárcel. 

Esperamos contar con su compromiso y quedamos atentos a su respuesta.

Juan Carlos Peralta Víquez

Director Incidencia Política ABAAnimal


Señor Diego Miranda Méndez

Alcance Electo de San José periodo 2024-2028

Regidor en el Consejo Municipal de San José periodo 2020-2024

Estimado señor

Primero que nada queremos felicitarlo por haber sido electo como nuevo Alcalde de San José y le deseamos el mayor de los éxitos en su gestión 

El motivo de esta misiva es externarle nuestra profunda preocupación ante el inminente cierre del Parque Zoológico Simón Bolívar, el cual se dará en los primeros días de su gestión.

A partir del 10 mayo dicho parque regresará a la administración del Estado y desconocemos si ha habido alguna coordinación con la Policía Municipal y las fuerzas vivas de la comunidad de Barrio Amón para proteger el inmueble y la riqueza natural que encierra, la cual es de dominio público.

Consideramos que la Policía Municipal debería proteger este activo natural de un posible vandalismo.  Usted como Alcalde tiene la jurisdicción, la competencia y los recursos para accionar y articular a fin de salvaguardarlo y evitar que este parque sufra cualquier tipo de daño, coordinando con el Ministro de Ambiente y las autoridades del SINAC. 

Con todo gusto podemos concertar una audiencia para conversar al respecto, ya que estamos en la mejor disposición de brindarle cualquier apoyo que requiera de nuestras organizaciones y colectivos civiles militantes en los sectores animalistas, conservacionistas, y sobre todo los anti-especistas, quienes se han destacado por haber dado una lucha de décadas para lograr el cierre de esta zoo-cárcel.  

Esperamos contar con su compromiso y quedamos atentos a su respuesta.

Juan Carlos Peralta Víquez

Director Incidencia Política ABAAnimal


En síntesis, en las cartas se plantean estas dudas:

  1. ¿Dónde se van a trasladar los animales?
  2. ¿Cuándo va a iniciar el traslado?
  3. ¿Qué va a pasar después del 11 de mayo 2024 con estas instalaciones?
  4. ¿Quién va a resguardar las instalaciones de barrio Amón para que no sean tomadas y destruidas?
  5. ¿Quién va a resguardar el Área de Conservación Santa Ana para no ser invadida?
  6. ¿Se van a derogar las normas bajo las cuales se crearon estas figuras de administración de estos establecimientos?
  7. ¿Qué va a pasar con estas instalaciones?
  8. ¿Quién va a asumir la administración y resguardo de estas instalaciones?
  9. ¿Los vecinos de barrio Amón están organizados para proteger de una posible invasión y destrucción del jardín botánico?
  10. ¿Cuáles planes de contingencia tiene el SINAC?
  11. ¿Cuáles expertos están involucrados en este proceso?

 

Imagen ilustrativa, UCR.