Ir al contenido principal

Etiqueta: minería

Infinito Gold vs. Costa Rica: empresa minera canadiense desistió a cambio de … (?)

Manifestaciones en las calles de San José contra del proyecto minero de Crucitas en Costa Rica. Imagen extraída del artículo titulado «Canadian groups tell gold company to ‘stop harassing’ Costa Ricans» (Bilaterals.org., edición del 17 de abril del 2013).

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

El pasado 15 de julio, Costa Rica emitió un comunicado oficial en el que anuncia desde su mismo título que «Costa Rica gana laudo interpuesto por Infinito Gold» (sic.): véase al respecto texto circulado en redes sociales. 

Se desconoce si los autores de este comunicado oficial de Costa Rica están conscientes del hecho que un Estado, oficialmente, no «gana laudo» en derecho internacional público. Una rápida búsqueda en la red confirma que el único Estado en anunciar oficialmente que «gana laudo(s)» es Costa Rica, y ello desde el 15 de julio del 2024.

El error contenido en el título (acompañado de otros varios errores e imprecisiones en el texto) evidencia la premura con la cual fue redactado este comunicado de prensa. Así por ejemplo, las acciones policiales en la zona de Las Crucitas que se anuncian en este comunicado de prensa ponen en evidencia una comprensión bastante peculiar de lo que significa una demanda pendiente de resolución (que en nada limita el accionar policial de un Estado); de igual manera, es totalmente ajeno a la realidad sostener (como se lee en este comunicado oficial) que coligalleros provenientes de Nicaragua llegaron al sitio desde el mismo año 2010. Por otra parte, el uso de la expresión «presuntas ilegalidades» denota un desconocimiento profundo – y algo preocupante … – de las decisiones de la justicia costarricense, que confirmaron estas ilegalidades en dos ocasiones en el 2010 y en el 2011.

Un único comunicado oficial

Por el momento (al 17 de julio del 2024), no se ha hecho ningún anuncio por parte del Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (CIADI) al respecto, como tampoco por parte de la empresa minera canadiense. 

Esto sí, llama la atención el hecho que numerosos medios de prensa en Costa Rica hayan reproducido los términos de este comunicado oficial sin contraponerlos con la información disponible sobre este preciso caso.

En un sitio especializado sobre arbitraje de inversiones de CIARGlobal (véase nota del 24 de junio del 2024), la empresa minera canadiense Infinito Gold parecía estar desistiendo del caso en el trámite pendiente ante el CIADI contra Costa Rica. 

El uso del condicional se debía al hecho que, al menos oficialmente, nada había aún trascendido desde el 24 de junio por parte del CIADI. Ahora bien, el anuncio oficial por parte de las autoridades costarricenses de este 15 de julio confirma que la empresa minera ha desistido de la demanda, sin que se sepa a cambio de qué exactamente. 

Como bien se sabe, es el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) el ente a cargo de llevar a cabo la defensa de Costa Rica ante el CIADI, mediante la contratación de firmas de abogados especializadas norteamericanas: en este preciso caso, se trata de la firma Arnold & Porter Kaye Scholer. En el sitio oficial de esta firma se lee un comunicado oficial del 17 de julio del 2024, sobre una «victoria» de la firma, en representación de Costa Rica (véase texto), en el que se indica que:

«However, a few days after Costa Rica submitted its final written submission, Infinito decided to withdraw its annulment claims with prejudice. Accordingly, the annulment Committee confirmed the discontinuance of the proceeding on July 15, 2024, thus definitively concluding the dispute and cementing the significant victory that Arnold & Porter had obtained on behalf of Costa Rica in the underlying ICSID arbitration

Tratándose de la firma escogida por COMEX para defender a Costa Rica, los datos proporcionados revisten cierto interés, pero deben ser considerados con cierta cautela.

Breve puesta en contexto

Como se recordará, el 4 de junio del 2021, el CIADI dió a conocer un laudo arbitral parcialmente favorable a Costa Rica (véase texto) en respuesta a la demanda presentada por la empresa minera canadiense Infinito Gold en febrero del 2014. 

En este artículo publicado por el Semanario Universidad de julio del 2021 (véase texto) en el que menciona la participación de ilustres juristas costarricenses que aparecen como testigos de la empresa minera se lee una inusual arremetida, raramente leída en un medio de prensa en Costa Rica: «Jurídicamente y lógicamente es una tontería; sencillamente es una estupidez«. 

Este laudo fue objeto de una solicitud de anulación parcial por parte de la empresa minera canadiense en octubre del 2021, que tuvimos la ocasión de analizar en una nota anterior al constituirse la terna arbitral en los primeros días del año 2022: véase nuestra nota titulada «Infinito Gold vs. Costa Rica: conformación de un Comité del CIADI para examinar la solicitud de nulidad del laudo arbitral presentada por la empresa minera» del 18 de enero del 2022.

De algunos detalles

Como señalado al inicio de estas reflexiones, aún no se tiene por parte del CIADI confirmación oficial o acceso a la última decisión tomada por los tres árbitros del tribunal arbitral. Unicamente se precisa en los detalles procesales del caso disponible en su sitio oficial (véase enlace) que el último episodio procesal data del 14 de junio del 2024:

Si, tal como se indica desde el sitio oficial del CIADI, ambas partes (Infinito Gold y Costa Rica) – y no solamente una (Infinito Gold) – han solicitado el 14 de junio del 2024 que el caso sea objeto de algún tipo de suspensión o si la empresa ha decidido definitivamente desistir, ello debería ser confirmado en alguna decisión oficial del CIADI, cuyo contenido por el momento se desconoce. 

Al no contar la empresa Infinito Gold con oficinas en Costa Rica desde hace ya muchos años, no se tenía como solicitar alguna confirmación al respecto. 

Hace unos años, su ex CEO Erich Rauguth contestaba sus correos desde una cuenta corriente en gmail.com, y no se conoce de un sitio oficial de Infinito Gold en internet: detalles ciertamente menores, pero que dan una pequeña idea de los módicos recursos de una empresa denominada Infinito Gold. Remitimos a nuestros estimables lectores al artículo «Op-ed: ‘Zombie’ Canadian mining company, Infinito Gold, stalks Costa Rica«, publicado en el Tico Times por el activista canadiense Rick Arnold en mayo del 2015, que explica el carácter «Zombie» de Infinito Gold.

En Costa Rica, las autoridades no habían hecho anuncio alguno antes del 15 de julio del 2024. Se leyó en esta nota del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) publicada el 25 de junio del 2024 que:

«Consultado sobre la decisión de retirar el arbitraje, el ministro de comercio exterior, Manuel Tovar, ni la confirmó, ni la desmintió. “Informaremos a la opinión pública conforme se concreten eventos firmes en el proceso que espero sea pronto”, le dijo a Trece Noticias. Otra fuente cercana a la canadiense Infinito Gold, dijo que “la empresa no hará ningún comunicado«.

En abril del 2024 se leyó de un «Plan Integral» en la zona de Las Crucitas con declaraciones del Presidente de Costa Rica que planteaban algunas dudas (véase nota de CRHoy). El pasado 26 de junio en La República (Costa Rica), se leyó por parte de un lider ecologista de la Zona Norte costarricense que llevó la empresa minera a los tribunales de justicia en el 2010 (véase nota) que:

«¿Por qué el gobierno ha insistido tanto en que no se puede plantear nada en Crucitas hasta que se resuelva el arbitraje? ¿Tiene claro el gobierno que nada de lo que se resuelva en el laudo afectará el futuro de esa zona? Y lo más importante, ¿qué negoció el Gobierno? ¿A qué se está comprometiendo? ¿Hay uso de fondos públicos de por medio? ¿Consideraron las prohibiciones legales existentes y nuestra normativa ambiental? Por el talante de este gobierno podría uno esperar cualquier cosa”, dijo Araya«.

El CIADI y sus imprecisiones

Es de notar que los artículo 53 y 43(1) que se citan en el sitio oficial del CIADI… no son disposiciones que apliquen a la situación indicada, lo cual plantea interrogantes muy válidas (véase texto).

En efecto, si son ambas partes las que han solicitado que el asunto sea discontinuado, sería el artículo 55 el que encuentra aplicación y no las precitadas disposiciones 53 y 43(1):

«Regla 55 Avenencia y Descontinuación por Acuerdo de las Partes:

(1) Si las partes notificaran al Tribunal que han acordado descontinuar el procedimiento, el Tribunal emitirá una resolución que deje constancia de la descontinuación. 

(2) Si las partes acordaran avenirse respecto de la diferencia antes de que se dicte el laudo, el Tribunal: (a) deberá emitir una resolución que deje constancia de la descontinuación del procedimiento, si las partes así lo solicitaran; o (b) podrá incorporar la avenencia en la forma de un laudo, si las partes presentan el texto completo y firmado de su avenimiento y solicitan al Tribunal que incorpore dicho avenimiento en un laudo.

(3) El Secretario General emitirá la resolución a la que se refieren los párrafos (1) y (2)(a) si aún no se ha constituido el Tribunal o si existe una vacante en el Tribunal».

Por alguna razón (que sería de sumo interés conocer), el CIADI en su página oficial ha remitido a disposiciones que no son aplicables al presente caso (acuerdo de ambas partes), sino al caso del desistimiento por una de las partes.

Claro está, el interés se mantiene también para conocer con exactitud los términos del «acuerdo» entre ambas partes, en particular lo que se obtuvo por parte de la empresa a cambio de desistir. Tratándose de un caso que lleva más de 10 años ante las instancias del CIADI, el gasto que ha tenido que sufragar Costa Rica para asegurar su defensa legal debe ubicarse en el rango usualmente establecido por los mismos Estados al litigar ante el CIADI, muy por encima de lo oficialmente indicado por COMEX (Nota 1).

Recientemente, en otra demanda ante el CIADI contra Costa Rica pendiente de resolución, Costa Rica exigió a la empresa demandante el depósito de 4 millones de US$ como garantía en caso de ser condenada en costas (véase punto 8 de resolución procesal del 2 de mayo del 2024 en el caso CIADI No. ARB(AF)/22/5).

Algunas breves reflexiones

La falta de transparencia del CIADI constituye una de las principales razones por las que muchos Estados mantienen sus distancias con el sistema de arbitraje de inversión que prevé, y se vuelve a confirmar en este preciso caso: a la fecha, se desconocen los términos de la solicitud de anulación parcial del laudo del 4 de junio del 2021 presentada por la empresa minera canadiense en octubre del 2021, así como las piezas escritas conteniendo los alegatos de la empresa minera canadiense y de Costa Rica.

El futuro nos dirá si los términos del «acuerdo» entre la empresa minera canadiense y Costa Rica serán dados a conocer con precisión a la opinión pública, … o si parte del acuerdo consiste en que no sea público.

En los últimos decenios, el CIADI ha despertado muchas reservas en diversos círculos en América Latina pero también en otras latitudes, ante la falta de transparencia en sus procedimientos, el perfil de sus árbitros (muchas veces poco familiarizados con álgidos temas legales como la protección del ambiente, el derecho al agua y los derechos de las poblaciones indígenas, el derecho administrativo y constitucional), así como los montos millonarios y a veces desproporcionales a los que se ha condenado a Estados en algunos casos, por demandas claramente abusivas de un inversionista extranjero (Nota 2). No está de más indicar que cuando se creó el CIADI en 1965, la idea era permitir a un inversionista recuperar el monto de su inversión inicial objeto, por ejemplo, de un decreto de nacionalización, y no añadir a este monto otros adicionales correspondientes a las futuras ganancias proyectadas por el inversionista extranjero no percibidas (Nota 3).

Tuvimos la ocasión de analizar la denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington que crea el CIADI en marzo del 2022, que viene a añadirse a las denuncias anteriores por parte de Bolivia, Ecuador y Venezuela: véase nuestra breve nota tiotulada «CIADI: a propósito de la reciente denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington de 1965«. En América Latina Brasil, principal receptor de inversión extranjera, no ha tan siquiera firmado la Convención de Washington de 1965.

Al momento de redactar estas líneas (17 de julio del 2024), en América Latina se registran con mayor cantidad de demandas pendientes de resolver ante el CIADI, México (21 demandas pendientes de resolver), Perú (17 casos pendientes), Venezuela (16) así como Honduras (11), Colombia (9). Siguen luego Panamá (8), Argentina (6), Costa Rica (3), Uruguay (2) al tiempo que Chile, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua solamente registran una demanda. Por su parte, en el caso de Bolivia y de Paraguay, ninguna demanda aparece pendiente de resolver.

Al nunca haber ratificado la Convención de Washington de 1965, ninguna acción se registra ante el CIADI con relación a dos Estados de América Latina que reciben flujos de inversión extranjera sin mayor necesidad de someterse al arbitraje de inversión previsto por el CIADI: Brasil y Cuba.

El arbitraje de inversiones, el ambiente y los derechos humanos: un reciente informe pasado desapercibido

En un reciente comunicado de prensa desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas del mes de octubre del 2023 (véase texto), se leyó que:

«Foreign investors use the dispute settlement process to seek exorbitant compensation from States that strengthen environmental protection, with the fossil fuel and mining industries already winning over $100 billion in awards,” the expert said. “Such cases create regulatory chill.

Al tratarse de un comunicado de prensa difundido desde la sede en Europa de Naciones Unidas que fue muy pocamente referenciado en medios de prensa internacionales, nos permitimos reproducir otra cita del mismo, no sin recomendar su lectura completa:

«As ISDS arbitration tribunals routinely prioritise foreign investment and corporate interests above environmental and human rights considerations, ISDS claims have devastating consequences for a wide range of human rights, exacerbating the disproportionate harms suffered by vulnerable and marginalised populations,” the expert said».

El informe integral del Relator de Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible está disponible en este enlace. En idioma español, su informe A/78/168 del 13 de julio del 2023 titulado «Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y Estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos» se puede consultar en este enlace.

Sospechamos que algunos de nuestros estimables lectores tomarán conocimiento del contenido de este informe y de su existencia al leernos, dada la escasa publicidad y difusión dada a este importante informe en algunos medios de prensa internacionales y nacionales.

La sombras del proyecto minero Crucitas envueltas ante el CIADI

De no ser por la precitada nota de CIARGlobal del pasado 24 de junio, ninguna nueva información anterior al 15 de julio del 2024 sobre el desarrollo de esta larga controversia ante el CIADI de Costa Rica relacionada al proyecto minero ubicado en «Las Crucitas«, podía darse a conocer.

Recordemos que se trataba de un proyecto minero ubicado en la Zona Norte de Costa Rica, y que pretendía ser el mayor de Centroamérica. Este proyecto a cargo de la empresa minera canadiense Infinito Gold, fue declarado de manera inconsulta mediante decreto «de conveniencia nacional» en octubre del 2008, y su total ilegalidad fue dictaminada en noviembre del 2010 por tres valientes jueces del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA): la lectura de su sentencia (véase texto completo) amerita una relectura dado los intentos de desregulación en materia ambiental que se discuten en los últimos meses en Costa Rica.

Recordemos que, según los jueces del TCA, en el párrafo XL de su sentencia de 14 de diciembre de 2010, se lee que: “En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero” (el subrayado es nuestro).

En noviembre del 2011 esta decisión fue confirmada en todos sus extremos por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (véase texto). Es de notar que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental alegada por la recurrente en su apelación y rechazada por la Sala Primera (párrafos XIX y XX de la sentencia de la Sala Primera) denota el desconocimiento de este principio – algo básico – y su realidad jurídica en Costa Rica; un desconocimiento que, al parecer, se extendía todavía a algunos integrantes de la Sala Constitucional, cuando estos analizaron en el 2020 el alcance de las disposiciones del Acuerdo de Escazú (Nota 4).

Pocos días antes de ser emitida, la prensa informó de la «filtración» del borrador de sentencia a los abogados de la empresa (véase nota del Semanario Universidad): un hecho inédito en la historia de la justicia costarricense, cuyos autores a la fecha (26 de junio del 2024) no han sido sancionados por ninguna entidad (Colegio de Abogados, justicia penal, justicia administrativa, …).

En febrero del 2014, a pocos días de conocerse los resultados electorales en Costa Rica, la empresa minera canadiense no encontró nada mejor que demandar a Costa Rica ante el CIADI. A la fecha, no se sabe qué fue lo que llevó a la empresa minera a esperar el resultado electoral de febrero del 2014 para presentar formalmente una demanda contra Costa Rica.

Notemos que en el 2021, se hizo nuevamente gestiones para conocer la lista nominal de un grupo de «expertos» que asesoraron al Vice Presidente de Costa Rica en julio del 2010, sin mayor éxito. Se lee en este artículo del Semanario Universidad que:

«En 2010, Piva dijo que un “grupo de expertos” afirmó que, en caso de indemnizar a Infinito Gold, por no desarrollar el proyecto de minería en las Crucitas, el Estado debería pagar $1.700 millones. En 2014 el ministro de Ambiente René Castro dijo que un grupo de expertos estaba asesorando al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y al Minae en el tema. Sin embargo, nunca se conocieron los nombres de este “grupo de expertos

¿Un grupo de «expertos» que asesoraron a un Vice Presidente costarricense en julio del 2010 sin que se pueda conocer, 14 años después (julio de 2024), la lista de sus integrantes? ¿Cómo así? Como se lee.

Finalmente, no está de más señalar otro secreto muy bien guardado por las altas esferas del poder en Costa Rica relacionado a este polémico proyecto minero: en el 2003 para el mismo proyecto minero de Las Crucitas, la empresa canadiense anterior a cargo de este proyecto minero (en aquel momento Vanessa Ventures) amenazó con demandar a Costa Rica ante el CIADI por rechazarle sus autoridades ambientales el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La demanda fue en aquel entonces por 276 millones de US$ (véase nota de La Nación de setiembre del 2005). En una carta del 4 octubre del 2005 (véase texto), la Secretaría del CIADI indicó a las autoridades de Costa Rica que se retiraba la demanda interpuesta por la empresa canadiense Vanessa Ventures. Como detalle de interés, en el anexo con fecha del 3 de octubre del 2005 (véase documento), la firma de abogados Tory´s explicó que la empresa y el Estado costarricense estaban en negociación y que la empresa se sentía «reasonnably optimistic» sobre el resultado de esta: el optimismo se confirmó el 12 de diciembre del 2005, cuando la Secretaría Tecnica Nacional del Ambiente (SETENA) aprobó el EIA. A la fecha de redactar estas líneas (17 de julio del 2024), no se tiene identidad de quiénes, en nombre del Estado costarricense, negociaron semejante «arreglo» con la empresa minera canadiense que bien puede resumirse de la siguiente manera: «si tú desistes, nosotros te aprobamos el EIA«.

A modo de conclusión

Desde ya varios años, se ha observado un uso reiterado de empresas mineras canadienses del CIADI para intentar obtener ante esta instancia internacional lo que la justicia nacional les ha negado.

Con relación a empresas mineras canadienses, y a su cercanía con algunos sectores políticos que explican sus aventuras legales a repetición en Centroamérica, en noviembre del 2023 tuvimos la oportunidad de analizar la declaratoria de inconstitucionalidad de un contrato minero en Panamá por parte de la justicia constitucional (véase texto de la sentencia): un contrato adoptado de manera extrañamente célere por el Poder Legislativo en octubre del 2023 y que lanzó como raras veces en su historia a los panameños a movilizarse en las calles durante varias semanas. Al respecto, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «A propósito de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de una ley-contrato minero«.

Nótese que el pasado 12 de julio del 2024, Panamá fue notificada de una nueva demanda en su contra ante el CIADI debido a la suspensión de este proyecto minero (véase enlace).

En lo que atañe a las empresas mineras canadienses y a Canadá como tal, desde el 2014, un informe sobre el impacto negativo de las empresas mineras canadienses en América Latina espera pacientemente que las autoridades canadienses tomen acciones tendientes a regular desde Canadá sus actividades, en particular desde la perspectiva de los derechos humanos y de la protección del ambiente (Nota 5). Una reflexión similar se impone ante la elevada cantidad de casos que se ventilan ante el CIADI por parte de empresas mineras contra Estados de América Latina, y sobre el que insiste el precitado informe de Naciones Unidas escasamente difundido.

Por lo pronto en Costa Rica, pese a la euforía de sus máximas autoridades desde el pasado 15 de julio, persiste la duda del contenido del acuerdo al que llegaron la empresa minera y el Estado, para pedir de manera conjunta el pasado 14 de junio que el caso sea discontinuado por el CIADI.

En un interesante artículo publicado por el Semanario Universidad el 16 de julio (véase texto), se lee por parte de un reconocido abogado costarricense en asuntos ambientales, que:

“en buena hora lo que resuelve el CIADI, pero insisto, ¿por qué hasta ahora se decide Chaves a ser enérgico? A mi me suena todo esto, como parte de un acuerdo (conciliación ante el CIADI) para regresar a minería metálica, en “fincas seguras” para la extracción del oro”.

– – Notas – – 

Nota 1: Sostener que para un juicio ante el CIADI —de más de 10 años—, Costa Rica solamente gastó 3 millones de US$ en su defensa resulta sorprendente. Según un especialista costarricense en materia de arbitraje, independientemente del resultado final, los costos que usualmente deben asumir los Estados en su defensa legal durante un procedimiento ante el CIADI —que normalmente dura 4 años— son de unos 8 millones de US$ (véase nota de CRHoy del 2014). En el caso de una demanda contra Perú cuyo trámite duró casi 10 años, el Estado peruano alegó haber gastado 8.600.238 US$ (véase párrafo 50 de laudo arbitral del junio del 2024). En el caso de otra demanda contra Perú – cuyo trámite duró menos de 4 años – , el Estado peruano alegó haber gastado 6.742.880 US$ (véase párrafo 279 de laudo arbitral del febrero del 2020). Más cerca de Costa Rica, en el caso de la demanda contra Panamá interpuesta por un consorcio costarricense-holandés (caso Álvarez y Marín Corporación S.A y otros), Panamá —en poco más de 3 años que duró el procedimiento— indicó haber incurrido en un gasto de 7.210.790 US$ (véase laudo arbitral emitido en octubre del 2018, párrafo 408). En otro caso en el CIADI contra Guatemala, el Estado indicó haber gastado —en 3 años de procedimientos— la suma de 5.250.047 US$ (véase párrafo 774 de laudo arbitral del 2013). Hace más de 10 años, Panamá adujo haber gastado —durante los 4 años que duró la contienda— la suma de 10.364.183 US$ (véase párrafo 706 de laudo arbitral del noviembre 2010). El rango mínimo de aproximadamente 2 millones de US$ por año es lo que usualmente se preve y que los precitados casos vislumbran. Claramente, se trata de un rango que puede variar significativamente en virtud de los diversos incidentes procesales cuyo efecto es dilatar el proceso, así como de los peritajes adicionales que suelen solicitarse: en el caso que enfrentó otro Estado centroamericano (El Salvador) contra otra empresa minera canadiense (Pacific Rim), El Salvador indicó a los árbitros haber tenido que sufragar —durante un juicio que duró 7 años— la coqueta suma de casi 12 millones de US$ para asegurar su defensa (véase párrafo 1.14 del laudo arbitral de octubre del 2016 disponible en este enlace). En un laudo arbitral del CIADI condenando a Venezuela al pago de 1.386 millones de US$ a una empresa minera canadiense, Venezuela indicó haber incurrido en el pago de más de 14 millones de US$ (véase texto del laudo de abril del 2016, párrafo 950). En un caso en el que el CIADI condenó a Pakistán a pagar una suma por más de 4.000 millones de US$, Pakistán alegó haber gastado más de 25 millones de US$ en gastos de defensa (véase párrafo 1831 del laudo arbitral emitido en julio del 2019).

Nota 2: Sobre las diversas estrategias de los Estados de la región latinoamericana para limitar el alcance de ciertos tratados con cláusulas sumamente favorables para el inversionista extranjero, véase el análisis detallado de la profesora Katia Fach Gomez: FACH GOMEZ K., “Proponiendo un decálogo conciliador para Latinoamérica y CIADI”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (Medellín, Colombia), Vol. 40 (Dic. 2010), No. 113, pp. 439-454, artículo disponible aquí. Véase de igual manera la publicación FACH K & TITI C. «The Latin American Challenge to the Current System of Investor-State Dispute Settlement«, Journal of World Investment & Trade 17, 2016, pages 511-699. Así como FACH GOMEZ K. & TITI C.Alternative Dispute Resolution Mechanisms, Oxford University Press, Oxford, 2018, 800 páginas. Sobre la revisión operada por Indonesia de más de 50 TBIs suscritos, véase en particular este estudio muy detallado de HAMZAH, LAMPUNG University, «Bilateral Investment Treaties (BITS) in Indonesia: a paradigm, shift, issued and challenges«, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 21, Issue 1, 2018. Texto completo disponible aquí.

Nota 3: Sobre los efectos negativos para las economías de los Estados de América Latina de estos millonarios montos dictaminados por los árbitros del CIADI y que se fueron consolidando con la red de TBI adoptados de manera entusiasta – y en nuestra modesta opinión algo ingenua – en los años 90-2000, remitimos al muy completo artículo de ZABALO P., “América Latina ante las demandas inversor-Estado”, Revista de Economía Mundial, Núm. 31 (Mayo-Agosto, 2012), pp. 261-296. Texto disponible aquí.

Nota 4: Véase al respecto nuestra breve nota BOEGLIN N., “La entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú: una celebración en América Latina y un profundo sinsabor en Costa Rica”, publicada en DerechoalDia, edición del 4 de mayo del 2021. Texto disponible aquí . Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., «Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú«, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí

Nota 5: Véase al respecto el informe titulado » El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá – Informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos«, Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, 2014. Texto completo disponible aquí.

-oOo-

Material adicional del autor publicado en años anteriores sobre la demanda interpuesta contra Costa Rica por Infinito Gold ante el CIADI: 

2022, BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica, una nueva maniobra de la empresa minera canadiense en el CIADI«, Sección Voz Experta, Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 8 de febrero del 2022. Texto disponible aquí

2021, BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica. El reciente laudo arbitral del CIADI sobre el proyecto minero ubicado en Las Crucitas«, Sección Voz Experta, Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 16 de junio del 2021. Texto disponible aquí

2019, BOEGLIN N., «Arbitraje Infinito Gold vs Costa Rica ante el CIADI: breves noticias«, CIARGlobal, edición del 31 de octubre del 2019. Texto disponible aquí

2015, BOEGLIN N., «La solicitud de Costa Rica de poner término al procedimiento de arbitraje interpuesto por Infinito Gold ante el CIADI: breves reflexiones«, Derechoaldía, edición del 7 de agosto del 2015. Texto disponible aquí

Otros materiales sobre el polémico proyecto minero Las Crucitas en Costa Rica

2011, Documental «El Oro de los Tontos«, producido por la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual incluye entrevistas a varios académicos, y disponible aquí.

2011, Revista Ambientico (Universidad Nacional), Número 210, que incluye artículos de varios académicos. Texto disponible aquí.

Infinito Gold vs. Costa Rica: empresa minera canadiense parece desistir a cambio de … (?)

Manifestaciones en las calles de San José contra del proyecto minero de Crucitas en Costa Rica. Imagen extraída del artículo titulado «Canadian groups tell gold company to ‘stop harassing’ Costa Ricans» (Bilaterals.org., edición del 17 de abril del 2013).

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Según información proporcionada por el sitio especializado sobre arbitraje de inversiones de CIARGlobal (véase nota), la empresa minera canadiense Infinito Gold pareciera estar desistiendo del caso en el trámite pendiente ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (CIADI) contra Costa Rica.

El uso del condicional se debe al hecho que, al menos oficialmente, nada ha trascendido desde el CIADI, como tampoco ningún anuncio oficial por parte de las autoridades costarricenses de comercio exterior, a cargo de llevar a cabo la defensa de Costa Rica ante el CIADI, mediante la contratación de firmas de abogados especializadas norteamericanas (en este preciso caso se trata de la firma Arnold & Porter Kaye Scholer).

Breve puesta en contexto

Como se recordará, el 4 de junio del 2021, el CIADI dio a conocer un laudo arbitral parcialmente favorable a Costa Rica (véase texto) en respuesta a la demanda presentada por la empresa minera canadiense Infinito Gold en febrero del 2014.

Este laudo fue objeto de una solicitud de anulación parcial por parte de la empresa minera canadiense en octubre del 2021, que tuvimos la ocasión de analizar en una nota anterior al constituirse la terna arbitral en los primeros días del año 2022: véase nuestra nota titulada «Infinito Gold vs. Costa Rica: conformación de un Comité del CIADI para examinar la solicitud de nulidad del laudo arbitral presentada por la empresa minera» del 18 de enero del 2022.

De algunos detalles

Aún no se tiene por parte del CIADI confirmación oficial. Unicamente se precisa en los detalles procesales del caso disponible en su sitio oficial  (véase enlace) que el último episodio procesal data del 14 de junio del 2024:

June 14, 2024

The parties file a request for the discontinuance of the proceeding pursuant to ICSID Arbitration Rules 53 and 43(1).

Si, tal como se indica, ambas partes (Infinito Gold y Costa Rica) – y no solamente una (Infinito Gold) – han solicitado que el caso sea objeto de algún tipo de suspensión o si la empresa ha decidido definitivamente desistir, ello debería ser confirmado en algún decisión oficial, que por el momento se desconoce.

Al no contar la empresa Infinito Gold con oficinas en Costa Rica desde hace ya muchos años, no se tiene como solicitar alguna confirmación al respecto. Hace unos años, su ex CEO Erich Rauguth contestaba sus correos desde una cuenta corriente en gmail.com, y no se conoce de un sitio oficial de Infinito Gold: detalles ciertamente menores, pero que dan una pequeña idea de los pocos recursos de Infinito Gold. Remitimos al artículo «Op-ed: ‘Zombie’ Canadian mining company, Infinito Gold, stalks Costa Rica» publicado en el Tico Times por el activista canadiense Rick Arnold en mayo del 2015.

En Costa Rica, las autoridades no han hecho público ningún anuncio con respecto a este caso pendiente de resolución ante el CIADI. Se lee en esta nota del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) publicada el 25 de junio que:

«Consultado sobre la decisión de retirar el arbitraje, el ministro de comercio exterior, Manuel Tovar, ni la confirmó, ni la desmintió. “Informaremos a la opinión pública conforme se concreten eventos firmes en el proceso que espero sea pronto”, le dijo a Trece Noticias. Otra fuente cercana a la canadiense Infinito Gold, dijo que “la empresa no hará ningún comunicado«.

En abril del 2024 se leyó de un «Plan Integral» en la zona de Las Crucitas con declaraciones del Presidente de Costa Rica que plantean algunas dudas (véase nota de CRHoy). Este 26 de junio en La República (Costa Rica), se leyó por parte de un líder ecologista de la Zona Norte costarricense que llevó la empresa minera a los tribunales de justicia en el 2010 (véase nota) que:

«¿Por qué el gobierno ha insistido tanto en que no se puede plantear nada en Crucitas hasta que se resuelva el arbitraje? ¿Tiene claro el gobierno que nada de lo que se resuelva en el laudo afectará el futuro de esa zona? Y lo más importante, ¿qué negoció el Gobierno? ¿A qué se está comprometiendo? ¿Hay uso de fondos públicos de por medio? ¿Consideraron las prohibiciones legales existentes y nuestra normativa ambiental? Por el talante de este gobierno podría uno esperar cualquier cosa”, dijo Araya«.

El CIADI y sus imprecisiones

Es de notar que los artículo 53 y 43(1) que se citan en el sitio oficial del CIADI… no son disposiciones que apliquen a la situación indicada, lo cual plantea interrogantes muy válidas (véase texto).

En efecto, si son ambas partes las que han solicitado que el asunto sea discontinuado, sería el artículo 55 el que encuentra aplicación y no las precitadas disposiciones 53 y 43(1):

«Regla 55 Avenencia y Descontinuación por Acuerdo de las Partes:

(1) Si las partes notificaran al Tribunal que han acordado descontinuar el procedimiento, el Tribunal emitirá una resolución que deje constancia de la descontinuación.

(2) Si las partes acordaran avenirse respecto de la diferencia antes de que se dicte el laudo, el Tribunal: (a) deberá emitir una resolución que deje constancia de la descontinuación del procedimiento, si las partes así lo solicitaran; o (b) podrá incorporar la avenencia en la forma de un laudo, si las partes presentan el texto completo y firmado de su avenimiento y solicitan al Tribunal que incorpore dicho avenimiento en un laudo.

(3) El Secretario General emitirá la resolución a la que se refieren los párrafos (1) y (2)(a) si aún no se ha constituido el Tribunal o si existe una vacante en el Tribunal».

Por alguna razón (que sería de sumo interés conocer), el CIADI en su página oficial remite a disposiciones que no son aplicables al presente caso (acuerdo de ambas partes), sino al caso del desistimiento por una de las partes. 

Claro está, el interés se mantiene también para conocer con exactitud los términos del «acuerdo» entre ambas partes, en particular lo que se obtuvo por parte de la empresa a cambio de desistir.

Algunas breves reflexiones

La falta de transparencia del CIADI constituye una de las principales razones por las que muchos Estados mantienen sus distancias con el sistema de arbitraje de inversión que prevé, y se vuelve a confirmar en este preciso caso: a la fecha, se desconocen los términos de la solicitud de  anulación parcial del laudo del 4 de junio del 2021 presentada por la empresa minera canadiense en octubre del 2021, así como las piezas escritas conteniendo los alegatos de la empresa minera canadiense y de Costa Rica. El futuro nos dirá si los términos del «acuerdo» entre la empresa minera canadiense y Costa Rica serán dados a conocer con precisión a la opinión pública, … o si parte del acuerdo consiste en que no sea público.

En los últimos decenios, el CIADI ha despertado muchas reservas en diversos círculos en América Latina pero también en otras latitudes, ante la falta de transparencia en sus procedimientos, el perfil de sus árbitros (muchas veces poco familiarizados con álgidos temas legales como la protección del ambiente, el derecho al agua y los derechos de las poblaciones indígenas, el derecho administrativo y constitucional), así como los montos millonarios y a veces desproporcionales a los que se ha condenado a Estados en algunos casos, por demandas claramente abusivas de un inversionista extranjero (Nota 1). No está de más indicar que cuando se creó el CIADI en 1965, la idea era permitir a un inversionista recuperar el monto de su inversión inicial objeto, por ejemplo, de un decreto de nacionalización, y no añadir a este monto otros adicionales correspondientes a las futuras ganancias proyectadas por el inversionista extranjero no percibidas (Nota 2).

Tuvimos la ocasión de analizar la denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington que crea el CIADI en marzo del 2022, que viene a añadirse a las denuncias anteriores por parte de Bolivia, Ecuador y Venezuela: véase nuestra breve nota titulada «CIADI: a propósito de la reciente denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington de 1965«. En América Latina Brasil, principal receptor de inversión extranjera, no ha tan siquiera firmado la Convención de Washington de 1965.

Al momento de redactar estas líneas (26 de junio del 2024), en América Latina se registran con mayor cantidad de demandas pendientes de resolver ante el CIADI, México (20 demandas pendientes de resolver), Perú (19 casos pendientes), Venezuela (16) así como Colombia y Honduras (10 casos pendientes). Siguen luego Panamá (8), Argentina (6), Costa Rica (3), Uruguay (2) al tiempo que Chile, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua solamente registran una demanda. Por su parte, en el caso de Bolivia y de Paraguay, ninguna demanda aparece pendiente de resolver.

Al nunca haber ratificado la Convención de Washington de 1965, ninguna acción se registra ante el CIADI con relación a dos Estados de América Latina que reciben flujos de inversión extranjera sin mayor necesidad de someterse al arbitraje de inversión previsto por el CIADI: Brasil y Cuba.

El arbitraje de inversiones, el ambiente y los derechos humanos: un reciente informe pasado desapercibido

En un reciente comunicado de prensa desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas del mes de octubre del 2023 (véase texto), se leyó que:

«Foreign investors use the dispute settlement process to seek exorbitant compensation from States that strengthen environmental protection, with the fossil fuel and mining industries already winning over $100 billion in awards,” the expert said. “Such cases create regulatory chill.

Al tratarse de un comunicado de prensa difundido desde la sede en Europa de Naciones Unidas que fue muy pocamente referenciado en medios de prensa internacionales, nos permitimos reproducir otra cita del mismo, no sin recomendar su lectura completa:

«As ISDS arbitration tribunals routinely prioritise foreign investment and corporate interests above environmental and human rights considerations, ISDS claims have devastating consequences for a wide range of human rights, exacerbating the disproportionate harms suffered by vulnerable and marginalised populations,” the expert said».

El informe integral del Relator de Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible está disponible en este enlace. En idioma español, su informe A/78/168 del 13 de julio del 2023 titulado «Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y Estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos» se puede consultar en este enlace.

Sospechamos que algunos de nuestros estimables lectores tomarán conocimiento del contenido de este informe y de su existencia al leernos, dada la escasa publicidad y difusión dada a este importante informe en algunos medios de prensa internacionales y nacionales.

La sombras del proyecto minero Crucitas envueltas ante el CIADI

De no ser por la precitada nota de CIARGlobal, ninguna nueva información sobre el desarrollo de esta larga controversia ante el CIADI de Costa Rica relacionada al proyecto minero ubicado en «Las Crucitas«, podría darse a conocer.

Recordemos que se trataba de un proyecto minero ubicado en la Zona Norte de Costa Rica, y que pretendía ser el mayor de Centroamérica. Este proyecto a cargo de la empresa minera canadiense Infinito Gold, fue declarado de manera inconsulta mediante decreto «de conveniencia nacional» en octubre del 2008, y su total ilegalidad fue dictaminada en noviembre del 2010 por  tres valientes jueces del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA): la lectura de su sentencia (véase texto completo) amerita una relectura dado los intentos de desregulación  en materia ambiental que se discuten en los últimos meses en Costa Rica. Recordemos que, según los jueces del TCA, en el párrafo XL de su sentencia de 14 de diciembre de 2010, se lee que: “En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero” (el subrayado es nuestro).

En noviembre del 2011 esta decisión fue confirmada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (véase texto). Es de notar que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental alegada por la recurrente en su apelación y rechazada por la Sala Primera (párrafos XIX y XX de la sentencia de la Sala Primera) denota el desconocimiento de este principio – algo básico – y su realidad jurídica en Costa Rica; un desconocimiento que, al parecer, se extiende todavía a algunos integrantes de la actual Sala Constitucional, cuando estos analizaron en el 2020 el alcance de las disposiciones del Acuerdo de Escazú (Nota 3).

Pocos días antes de ser emitida, la prensa informó de la «filtración» del borrador de sentencia a los abogados de la empresa (véase nota del Semanario Universidad): un hecho inédito en la historia de la justicia costarricense, cuyos autores a la fecha (26 de junio del 2024) no han sido sancionados por ninguna entidad (Colegio de Abogados, justicia penal, justicia administrativa, …).

En febrero del 2014, a pocos días de conocerse los resultados electorales en Costa Rica, la empresa minera canadiense no encontró nada mejor que demandar a Costa Rica ante el CIADI. A la fecha, no se sabe qué fue lo que llevó a la empresa minera a esperar el resultado electoral de febrero del 2014 para presentar formalmente una demanda contra Costa Rica.

Finalmente, no está de más señalar que en el 2003 para el mismo proyecto minero de Las Crucitas, la empresa canadiense anterior a cargo de este proyecto minero (en aquel momento Vanessa Ventures) amenazó con demandar a Costa Rica ante el CIADI por rechazarle sus autoridades ambientales el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La demanda fue en aquel entonces por 276 millones de US$ (véase nota de La Nación de setiembre del 2005). En una carta del 4 octubre del 2005 (véase texto), la Secretaría del CIADI indicó a las autoridades de Costa Rica que se retiraba la demanda interpuesta por la empresa  canadiense Vanessa Ventures. Como detalle de interés, en el anexo con fecha del 3 de octubre del 2005 (véase documento), la firma de abogados Tory´s  explicó que la empresa y el Estado costarricense estaban en negociación y que la empresa se sentía «reasonnably optimistic» sobre el resultado de esta: el optimismo se confirmó el 12 de diciembre del 2005, cuando la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) aprobó el EIA. A la fecha de redactar estas líneas (26 de junio del 2024), no se tiene identidad de quiénes, en nombre del Estado costarricense, negociaron semejante «arreglo» con la empresa minera canadiense que bien puede resumirse de la siguiente manera: «si tú desistes, nosotros te aprobamos el EIA«.

A modo de conclusión

Desde ya varios años, se ha observado un uso reiterado de empresas mineras canadienses del CIADI para intentar obtener ante esta instancia internacional lo que la justicia nacional les ha negado.

Con relación a empresas mineras canadienses, y a su cercanía con algunos sectores políticos que explican sus aventuras legales a repetición en Centroamérica, en noviembre del 2023 tuvimos la oportunidad de analizar la declaratoria de inconstitucionalidad de un contrato minero en Panamá por parte de la justicia constitucional (véase texto de la sentencia): un contrato adoptado de manera extrañamente célere por el Poder Legislativo en octubre del 2023 y que lanzó como raras veces en su historia a los panameños a movilizarse en las calles durante varias semanas. Al respecto, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «A propósito de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de una ley-contrato minero«.

En lo que atañe a las empresas mineras canadienses y a Canadá como tal, desde el 2014, un informe sobre el impacto negativo de las empresas mineras canadienses en América Latina espera pacientemente que las autoridades canadienses tomen acciones tendientes a regular desde Canadá sus actividades, en particular desde la perspectiva de los derechos humanos y de la protección del ambiente (Nota 4). Una reflexión similar se impone ante la elevada cantidad de casos que se ventilan ante el CIADI por parte de empresas mineras contra Estados de América Latina, y sobre el que insiste el precitado informe de Naciones Unidas escasamente difundido.

– – Notas – – 

Nota 1:  Sobre las diversas estrategias de los Estados de la región latinoamericana para limitar el alcance de ciertos tratados con cláusulas sumamente favorables para el inversionista extranjero, véase el análisis detallado de la profesora Katia Fach Gomez: FACH GOMEZ K., “Proponiendo un decálogo conciliador para Latinoamérica y CIADI”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (Medellín, Colombia), Vol. 40 (Dic. 2010), No. 113, pp. 439-454, artículo disponible aquí. Véase de igual manera la publicación FACH K & TITI C. «The Latin American Challenge to the Current System of Investor-State Dispute Settlement«, Journal of World Investment & Trade 17, 2016, pages 511-699.  Así como FACH GOMEZ K. & TITI C.Alternative Dispute Resolution Mechanisms, Oxford University Press, Oxford, 2018, 800 páginas. Sobre la revisión operada por Indonesia de más de 50 TBIs suscritos, véase en particular este estudio muy detallado de HAMZAH, LAMPUNG University, «Bilateral Investment Treaties (BITS) in Indonesia: a paradigm, shift, issued and challenges«, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 21, Issue 1, 2018. Texto completo disponible aquí.

Nota 2: Sobre los efectos negativos para las economías de los Estados de América Latina de estos millonarios montos dictaminados por los árbitros del CIADI y que se fueron consolidando con la red de TBI adoptados de manera entusiasta – y en nuestra modesta opinión algo ingenua – en los años 90-2000, remitimos al muy completo artículo de ZABALO P., “América Latina ante las demandas inversor-Estado”, Revista de Economía Mundial, Núm. 31 (Mayo-Agosto, 2012), pp. 261-296. Texto disponible aq.

Nota 3: Véase al respecto nuestra breve nota BOEGLIN N., “La entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú: una celebración en América Latina y un profundo sinsabor en Costa Rica”, publicada en DerechoalDia, edición del 4 de mayo del 2021. Texto disponible aquí.

Nota 4: Véase al respecto el informe titulado » El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá – Informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos«, Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, 2014. Texto completo disponible aquí

Material adicional del autor publicado en años anteriores sobre la demanda interpuesta contra Costa Rica por Infinito Gold ante el CIADI: 

2022, BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica, una nueva maniobra de la empresa minera canadiense en el CIADI«, Sección Voz Experta, Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 8 de febrero del 2022. Texto disponible aquí.

2021, BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica. El reciente laudo arbitral del CIADI sobre el proyecto minero ubicado en Las Crucitas«, Sección Voz Experta, Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 16 de junio del 2021. Texto disponible aquí.

2019, BOEGLIN N., «Arbitraje Infinito Gold vs Costa Rica ante el CIADI: breves noticias«, CIARGlobal, edición del 31 de octubre del 2019. Texto disponible aquí

2015, BOEGLIN N., «La solicitud de Costa Rica de poner término al procedimiento de arbitraje  interpuesto por Infinito Gold ante el CIADI: breves reflexiones«, Derechoaldía, edición del 7 de agosto del 2015. Texto disponible aquí.

Otros materiales sobre el polémico proyecto minero Las Crucitas en Costa Rica

2011, Documental «El Oro de los Tontos«, producido por la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual incluye entrevistas a varios académicos, y disponible aquí.

2011, Revista Ambientico (Universidad Nacional), Número 210, que incluye artículos de varios académicos. Texto disponible aquí. 

El extractivismo y su impacto social y ambiental en América Latina – Alternativas

Alternativas tuvo un programa especial sobre “el extractivismo y su impacto social y ambiental”

Este programa tuvo la participación de diferentes personas expertas sobre el tema que, de alguna manera, se han visto involucradas en diferentes luchas contra los extractivismos.

Entre estas personas se encuentra Olmedo Carrasquilla miembro de “Panamá vale más sin minería” y Weni Bagama persona ngöbe-bulé miembro del movimiento 10 de abril. Estas comentan sobre su experiencia con los recientes proyectos mineros en Panamá en la cual hubo problemas en la consulta ciudadana, el problema de que los candidatos presidenciales apoyan la minería y se visten bajo un ecologismo falso.

Situaciones parecidas ocurre en naciones como Ecuador, en donde el representante Luis Sanchez menciona los problemas que ha traído el extractivismo en la amazonía. Se repiten cuestiones como la falta de consulta hacia los pueblos originarios y cómo el gobierno es cómplice o participa activamente en estos proyectos extractivistas.

Chile también ha tenido una historia de larga data sobre los extractivismos y no solo la minería, sino también extractivismos forestales y de otros recursos naturales.

Los países Latinoamericanos comparten problemas como la falta de consulta ciudadana, la participación de los gobiernos en estos proyectos, la complicidad de algunas personas, la importación de modelos económicos extranjeros y un modelo de producción alejado a la realidad nacional. Esto implica la necesidad de establecer estrategias de resistencia ciudadana que reivindiquen los derechos humanos 

El Programa se transmitió en Radio Guanacaste y Radio Soberanía, pero para conocer más del tema puede escuchar el programa completo en diferido en el siguiente enlace : https://www.facebook.com/watch/live/?mibextid=RUbZ1f&ref=watch_permalink&v=294612430339451

Foro: Lecciones de la lucha social contra la minería en Panamá – transcripción

En este foro organizado por la Alianza por una Vida Digna, de Costa Rica, y transmitido por SURCOS Digital participaron Jesús Alemancia, sociólogo, investigador social y educador popular; Merï Ngäbe, representante de la lucha autónoma Ngäbe de Horconcitos; Richard Morales, economista político y docente; y Damaris Sánchez, activista ambiental y coordinadora de la Red Nacional de Defensa del Agua de Panamá. La moderación estuvo a cargo del doctor José María Gutiérrez. La actividad se realizó el 14 de diciembre del 2023.

Le invitamos a leer la transcripción realizada por Jimena Rojas Rojas y Randall López Varela y consultar el video de acuerdo con el minutaje que consignamos en cada intervención. Es importante tener presente que este aporte de SURCOS es una transcripción de lo expresado por cada persona, y que no se realiza una corrección de estilo.

Enlace de la grabación en Facebook Live de SURCOS: https://www.facebook.com/surcosdigital/videos/372103125356106/

Enlace al video en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna:

0:11 – 0:35

Moderador: Muy buenas tardes desde Costa Rica, muy buenas noches en Panamá. La alianza por una vida digna les da la más cordial Bienvenida al Foro del día de hoy. La alianza por una vida digna es un espacio colectivo de Costa Rica, un espacio de reflexión crítica sobre temas de relevancia nacional, regional y global.

0:35 – 1:06

En esta oportunidad hemos organizado este foro para analizar y reflexionar sobre un proceso de enorme importancia para Panamá y para el resto de nuestra región. Es la intensa lucha desplegada de una variedad de movimientos sociales y protagonistas, muy diversos en Panamá, contra un proyecto de minería que se había discutido e inicialmente aprobado en la asamblea nacional de diputados de Panamá, y había sido firmada por el presidente de la república.

1:06 – 1:27

Gracias a este movimiento social de amplio calado se logró revertir dicho proyecto. Esta valiosa experiencia requiere ser analizada y valorada ya que es una fuente de aprendizaje importantísima para los movimientos sociales, no solo de Panamá sino de toda la región centroamericana y más allá de América Latina.

1:27 – 3:33

Precisamente para reflexionar sobre este proceso y sobre las lecciones que ha dejado, hemos invitado a cuatro personas quienes han tenido una participación destacada en estas luchas en Panamá. Participarán en este foro Jesús Alemania quien es sociólogo investigador social y educador popular y es miembro del capítulo Universidad de Panamá de la asociación de profesores de la República de Panamá ASOPROF. También hemos invitado a Merï Ngäbe, quien es una líder de las comunidades Ngäbe de Panamá. Igualmente está con nosotros Richard Morales, quien es economista, político profesor y candidato a la vicepresidencia de Panamá, y Damaris Sánchez quien es activista ambiental y coordinadora de la red Nacional de Defensa del Agua en Panamá, y directora de la organización FICEP en Panamá. Les damos la más cordial bienvenida a las y los panelistas, y les agradecemos el haber aceptado nuestra invitación. También agradecemos a la compañera Hazel Garro por el apoyo logístico en este foro. Luego de las presentaciones que harán las compañeras y compañeros de Panamá abriremos un espacio para preguntas y comentarios de quienes siguen esta actividad a través del Facebook Live de SURCOS digital. Saludamos a todas las personas que nos acompañan en esta ocasión tanto en Costa Rica como en Panamá, y en otros países, y les invitamos a compartir sus preguntas y comentarios en el chat de surcos de este foro. Además, les informamos que será grabado y estará disponible en el canal de YouTube de la alianza por una vida digna donde ustedes también pueden ver otros foros que hemos realizado sobre diversos temas. Sin más preámbulos, entonces le doy la palabra a nuestro primer panelista Don Jesús Alemancia para que haga su presentación.

3:33 – 4:26

Jesús Alemancia: Buenas tardes y buenas noches. Como dijo el presentador yo formo parte de la del Capítulo Universitario de la Asociación de Profesores de la República de Panamá uno de los actores que estuvo durante todo este mes de octubre y parte de noviembre en la calle encabezado en la figura del secretario general el compañero Fernando Abrego. Bien yo quiero presentar básicamente cuatro ideas que nos permitiría entender qué fue lo que pasó, con esto el contrato minero.

4:26 – 5:08

La primera idea creo que tiene que ver con un proceso, entender esto como parte de un proceso largo, un proceso que se inició después de la invasión de los Estados Unidos a Panamá en 1989 y que tiene que ver básicamente pues con la implementación de las orientaciones neoliberales en la economía del continente, y en el caso nuestro pues a partir de la instauración lo que se dio por llamar la instauración democrática en el país.

5:08 – 6:42

Bien, yo creo que entendiendo que esto este acontecimiento que vivimos forma parte de eso. Diría que ese proceso de 34 años fue acumulando digamos un malestar social que tiene que ver directamente con la implementación del neoliberalismo. Casi todas las administraciones presidenciales posteriores a la invasión y cada uno de los presidentes electos contribuyeron en su momento a la cadena de esta política. Alguno tiene la idea de que el primer presidente Post invasión Guillermo Endara esto él no contemplaba O no formó parte del del inicio de esta política, pero resulta que cuando él asume la presidencia esto asume una situación precaria originada por las sanciones económicas a Panamá durante los últimos años de la década de los 80, y eso hace que entonces su administración no tenga la capacidad de ejecutar plenamente los postulados neoliberales.

6:42 – 7:36

Eso hace que entonces se dé un proceso interno en la sociedad panameña donde la aplicación de esta política no logra consolidarse ni iniciarse digamos plenamente. Él cuándo se retira de la presidencia tiene una frase muy recordada no porque esto le estaban solicitando el inicio de los despidos los trabajadores del sector público, y él dice yo no voy a hacerme cargo de esto, no, que los muertos los cargue otra persona, el próximo presidente. Y así fue como terminó ese período.

7:36 – 8:28

Luego entra plenamente esto el partido revolucionario democrático encabezado por el señor Pérez Balladares y ahí se inicia todo un proceso ya de mano dura en la implementación: la reforma laboral, la reforma educativa, las privatizaciones, Entonces ya comenzamos entonces a ver de qué manera es que se da todo esto del inicio de la política neoliberal en la economía panameña. Y eso va generando lentamente también una especie de malestar en la medida en que cada Reforma aprobada por los presidentes era una negación de derechos logrados a lo largo de los años en la historia de Panamá.

8:28 – 9:52

Entonces eso se fue acumulando y digamos que entonces lo conectamos con la segunda idea: Cómo este proceso de acumulación genera esto un descontento que va creciendo lentamente, que no tiene digamos una especie de desarrollo lineal, sino que en cada momento, frente a cada política económica que se decida es que va dar los conflictos, pero a la vez que se da los conflictos, la llamada instauración democrática post invasión también comienza a perder legitimidad en la población. Entonces digamos que este proceso de acumulación de la aplicación de la política económica genera descontento social y también genera la pérdida de fe en las instituciones del estado panameño. No queda ninguna institución del estado panameño que no sea cuestionada por la población, y esto mucho a partir de digamos de esta manera como la élite económica acumula capital. Esto al Amparo del estado al Amparo del control del Estado.

9:52 – 11:43

Entonces en esa medida también, la crisis que se vivió tiene que ver con ese proceso de pérdida de fe de la institucionalidad democrática y el malestar social que se va generando desde todos estos 34 años a partir de la carencia de servicios médicos, por parte del sistema de salud, de la seguridad social, en los altos costos de los medicamentos, el alto costo de la comida, toda una serie de elementos que van pues generando esto y eso hace se combine pues un proceso en el cual, en la cadena de alzamientos populares que se da durante estos 34 años, se va acumulando, va generando mucha distancia de la Democracia y resulta entonces que todo eso se va combinando a lo largo del tiempo también con un proceso de experiencia de lucha, que en algunos momentos se ve aislada y en otros momentos logra tener digamos un ritmo más unificado entre las plataformas, entre los frentes de lucha y va generando en medio de todo este proceso una tercera idea que quiero compartir: cómo este proceso de acumulación, de reiterativa de la crisis social y la pérdida institucionalidad democrática, va generando también un proceso de unidad, de unidad en medio de una divergencia interna de las plataformas de lucha

11:43

Aquí el ejemplo más claro fue las movilizaciones de julio del 22. Hasta que no se logró la mesa única de diálogo, eran dos plataformas de lucha, la alianza pueblo Unido por la vida y la alianza del pueblo organizado con la diferencia que una estaba más centrada digamos en la zona metropolitana del país, y la otra en el campo en la ciudad de Santiago. Yo creo que este elemento de estar cada uno enfrentando las situaciones que, generadas del neoliberalismo, también nos fue llevando a un proceso de unidad en medio de esta divergencia organizativa de posiciones políticas de Liderazgo y genera un movimiento de unidad que tuvo mucha riqueza. Y cuando hablo de la riqueza que tuvo y tiene Todavía, el martes de esta semana fue el encuentro Nacional de dirigentes, impulsada desde la alianza pueblo Unido por la vida, y ahí el criterio fue unificar a todos los que luchan, a todos los que estuvieron presentes en la lucha de octubre y noviembre.

13:19 – 15:15

Entonces esto se reconoció ampliamente durante el encuentro, si no hubiera habido la unificación a distancia en medio de opiniones distintas, nosotros no hubiéramos logrado esta Victoria. Entonces a partir de eso yo creo que habría entonces entender Cómo es que este estallido social que se inició en julio del 22, si lo comparamos con la experiencia de ahora desarrolló una experiencia novedosa: la territorialización de la lucha, en la medida en que actores que no habían estado presentes en julio del 22 de repente aparecen en este caso y eso no eso en ninguna medida, quiere decir que esto fue un, aquí hay un debate que tenemos entre los espontáneo y las acciones que se dieron, Si fueron organizadas o espontáneas. Entonces yo creo que no ha habido acción espontánea, creo que ha habido acciones territoriales de gente que mínimamente tenía un nivel de organización y de inquietud y que respondía también a otro trabajo de tipo social que se daba en el territorio. Este es el caso de los pescadores de Colón, en el distrito de Donoso, que jugaron un papel fundamental en bloquear el puerto de la minera Puerto Rincón y todavía siguen vigilantes de la entrada y salida de los barcos que estaban sacando Pues los minerales.

15:15 – 16:28

Otro de los sectores que se comenzó a expresar fue el campo, básicamente en dos plataformas locales esto parte del movimiento campesino que se unificó con el movimiento indígena y que se unificó a la vez también con los pobladores de las comunidades rurales. Eso se vio a lo largo de toda la Panamericana Muy parecido Pues a lo que ocurrió en julio del 22, pero resulta que acá esto la gente tuvo mayor claridad a los inicios de todo. Hubo un debate si solamente con la movilización y el cierre y la toma de la carretera era suficiente y comenzó un debate sobre si no era más estratégico tomarse la la entrada de la mina no y eso fue lo que ocurrió. entre el movimiento campesino indígena y las poblaciones Rurales decidieron tomar la entrada de la mina y sigue tomada. Es conocido como el área de San Juanito.

16:28 – 18:03

Entonces ahí vemos cómo van surgiendo actores que a su manera a partir de sus inquietudes y sobre todo a partir del malestar social que todos cargamos con todos estos años de denegación de derechos sociales a la población, y creo que esto se fue generando. Y otro actor que a su manera También estuvo presente en julio del 22 y que volvió a aparecer de nuevo este octubre y noviembre, es lo que se dio por llamar pues el bastión de los orientes del oriente chiricano, básicamente pueblo Ngäbe y todas sus expresiones locales creo que se volvió a reafirmar, pues la inquietud que estuvo presente pues en julio del 22 No creo que tengamos tiempo pero sí creo que vale la pena tener en mente, en los años 2011 y 2012 que fue la lucha que encabezó el pueblo Ngäbe contra la reforma del código minero, y la conquista que se logró no en su totalidad pero sí condiciona la política minera con la ley 11 la obligatoriedad del Estado de tener que consultar al pueblo Ngäbe. Todo tipo de inversión de megaproyecto que pretenda introducirse en el territorio Ngäbe Buglé.

18:03 – 19:17

Entonces hay que recordar eso, yo creo que esa experiencia de lucha del 11 y 22 marcó también esta experiencia del 2022 y 23, y una cosa que creo que en algún momento tendríamos que investigar, muchos de los compañeros de Esta generación 2022 y 23 esa era la generación que en el 2011 y 2012 eran adolescentes de 12, 13 años. O sea, aquí lo que hay que resaltar es que esos muchachos que veíamos en las asambleas comunitarias jugando alrededor de la familia, esos niños que estaban riéndose y corriendo alrededor de las asambleas comunales son los dirigentes de ahora. Esos son los que están dirigiendo la Lucha, ahora dándole continuidad a este proceso de resistencia que siempre ha tenido el pueblo Ngäbe, creo que eso vale la pena entenderlo muy bien y perfilar y recuperar esa historia de continuidad

19:17

Yo creo que en medio de eso esto hubo mucha incomprensión desde los movimientos sociales en su momento, la lógica de lucha del movimiento indígena, Yo creo que es un elemento que también en algún momento tocará reflexionar y debatir sobre eso. Había compañeros que se molestaban por la forma como el movimiento indígena tiene una forma de abordar las cosas que toma distancia de los movimientos sociales, de las ONG. Entonces yo creo que también va a llegar el momento de realmente hablar sobre eso sin temor, sin miedo a lo a veces algunos dicen que eso va a generar divergencia, va a generar distancia, va a generar división y yo no lo creo, yo creo que es reconocernos en la diferencia no reconocernos en la lucha con las diferencias que tenemos. Entonces es un elemento también que debe quedar registrado pues para la reflexión y futuros debates

20:18 – 21:39

Cuento todo esto porque yo creo que eso también nos lleva luego a otro elemento nuevo pero muy polémico que todavía hoy día esto tenemos divergencias de las plataformas de lucha en la entrada del movimiento juvenil, esto antes de que se lograra la derogación, y yo creo que si estamos tendríamos que ver también la historia, los antecedentes para ubicar la línea de las movilizaciones durante todos estos años, y sobre todo un momento estelar como fue la el intento de la Reforma constitucional en el 2019, y cómo los jóvenes fueron la fuerza que estuvieron alrededor de la asamblea nacional. Paralizaron pues el debate sobre la reforma, la propuesta de reforma constitucional que había.

21:39 – 22:57

Yo creo que ese antecedente lo debemos tener en cuenta para poder entender entonces cómo se dio el desarrollo de la presencia juvenil en las últimas movilizaciones, con la seña que después de las 4 de la tarde era que ellos aparecían y era un movimiento potente, un movimiento potente en la medida en que los cálculos que sé que se tiene es entre 20,000 a 50,000 muchachos en la calle de todos los sectores. Pero hay una particularidad en donde aquí es la divergencia que tenemos, y creo que hay que reflexionar sobre las divergencias, fue un movimiento en el que estuvo vinculado pues a los llamados sectores independientes de políticos que es un mecanismo que tiene el código electoral. Hubo mucha presencia de los sectores independientes esto impulsando y alimentando esas movilizaciones esto, también hubo mucha presencia organizaciones no gubernamentales ambientalistas, alentando esto el fenómeno de las redes, la convocatoria por redes también eso hay que entenderlo.

22:57 – 23:54

Entonces eso lleva luego a un tema en el que nos lleva a las conclusiones a las que quiero llegar, y es el hecho de que los medios en medio de todo esto llegaron a desarrollar una visión de que había protestas malas y protestas buenas. Las protestas malas eran las que de las plataformas de lucha que se habían tomar las carreteras y las calles esas eran las malas, y las buenas eran las protestas de los jóvenes que establecen como vehículo para detener el contrato minero la vía institucional, y eso nos llevó a tener tensiones y diferencias en el abordaje

23:54 – 24:06

Entonces a lo que le comentaba sobre las dos conclusiones porque hay podemos tener muchos más a la que queremos llegar no Uno esto siguen dos tensiones presentes y abiertas

24:06

En la judicialización de varios compañeros que participaron en las movilizaciones y encabezaron los procesos, entre los que están, esto en tierras altas, los 21 se ha de sumar toda una cantidad de dirigentes que están siendo inicializados y se les ha abierto carpetas de investigaciones judiciales. Y esto, el desafío del cierre, y cuando me refiero al desafío del cierre, me estoy refiriendo a cómo esta visión distinta del abordaje para detener el contrato. Ahora resulta que tenemos divergencia, tenemos divergencia porque nosotros entendemos el cierre como un proceso político y social y técnico, no compartimos los criterios de un discurso tecnocrático sobre el cierre de Quiénes pueden hacer el cierre porque sí conocen del asunto del cierre. Este martes 19 tenemos movilización para presentar la comisión que la alianza del pueblo Unido por la vida está conformando, bajo el criterio de que son los movimientos los que tienen que participar y vigilar el cierre de la mina. entonces quería señalar estas estos dos aspectos, Porque estos dos aspectos están presentes todavía en todo lo que implica el debate sobre realmente garantizar Y lograr que la minera desaparezca del país

25:46

Moderador: Gracias, muchas gracias don Jesús por su participación. Le doy la palabra ahora a doña Merï Ngäbe Manchy Chorchavo, Muchas gracias por su participación bienvenida a esta actividad

26:12 – 27:19

Merï Ngäbe Manchy: Sí, fue una lucha, como lo ha dicho Jesús, una lucha de que lo tomaran como político o algo parecido, pero no se trata de una lucha política a nivel nacional. Una lucha que se viene dando desde hace muchos años, una lucha que el pueblo indígena ha defendido dentro de nuestro país Panamá. Estos temas de la minería no vienen de ahora. Estos temas de la minería inician en el año 1970 en lo que es la comarca. Yo soy de Chorcha y esto inicia en el año 1970. Han pasado sin números de intentos, de exploraciones sobre este de Chorcha. Igualmente, vemos las luchas que se llevaron a cabo en 2000, 2009.

27:19 – 30:19

También hubo manifestaciones sobre ese tema, lo cual nos llevó a una lucha desigual también con el gobierno. El gobierno nunca quería tratar de escuchar al pueblo panameño. En aquel entonces estaba la empresa Cuprum que había firmado una inversión con las comunidades de la comarca indígena. Eso más era en Quebrada Tula, pero después de eso, cuando nosotros fuimos de nuevo a la réplica de que no estábamos de acuerdo con estos proyectos en 2009, iniciamos una lucha donde en 2010 también fuimos vistos durante todo este tiempo que le estoy diciendo, 2009, 2010, 2011, 2010 que se llevó la protesta. En las diferentes comunidades salieron los mismos. Es lo mismo y ¿qué decía el gobierno? No, este es el gobierno del PRD y el político que está llevando al pueblo indígena a la calle. En ese entonces era el expresidente Martinelli, que fue una historia muy triste porque fuimos masacrados, bombardeados. En aquel entonces nace la ley 11, la ley 11 que se promulga en la asamblea. Esto se promulga en 2012, o sea, la lucha fue en 2010 y 2012 la asamblea nacional promulgó esta ley que establecía un régimen especial para la protección de los recursos naturales hídricos y ambientales en la comarca. Pero quiero decirle algo, yo como le decía a mi pueblo de Chorcha y Chamí y todos los grupos originarios donde que existen minas minerales, le digo yo: si están violentando la ley, la Constitución, ¿cómo no van a violentar nuestra ley 11, nuestra Carta Magna, que es también la ley 10? Y todo esto lo llevamos a cabo cuando nos dimos cuenta de que ya se estaba llevando la ley 406 a la asamblea. Nos preocupó y nos vimos obligados a caminar comunidad por comunidad y hablar con nuestra familia, nuestras amistades.

30:19 – 31:40

Entonces, ¿qué decían algunos del gobierno? No, esto no le afecta a la comarca, no le afecta a la población indígena. Los caciques tradicionales de la comarca, el cacique regional o los caciques presidentes de congreso, que son personas autoridades que tienen que ver con la comarca, decían que esto no le afecta. Aunque no lo veíamos así, ellos decían que sí nos afectamos, que era un suicidio letal para nosotros. Entonces, fuimos y convocamos reuniones. Estas reuniones se vinieron dando no es el día que nosotros en la semana o el mes que estaba en la asamblea ya venía dándose de dos años, porque ya veníamos caminando, llevando esas reuniones, lo llevábamos en molejón, lo llevamos en diferentes puntos de la comarca. O sea, que, si el presidente y el gobierno pensaban que nosotros estábamos dormidos, estaban muy equivocados porque estábamos y estamos atentos a lo que se está dando dentro de nuestra comarca y a nivel nacional.

31:40 – 33:03

Entonces, me decían algunos: «Nosotros le hicimos blanco, algunos blanco no decían, pero manche usted. ¿Por qué está trayendo o invitando a la gente a la calle si dice el gobierno que eso no les afecta a ustedes? Mira, hoy son ustedes, como lo dice el gobierno, pero mañana, después de los 40 años que se firme este contrato minero, no va a tocar a la comarca. ¿Qué quiere decir? Una estrategia que está tomando el gobierno de que nosotros nos quedemos callados, nos mantenemos en nuestra casa y ustedes, pues, ah, firma el contrato 406. Ah, pero ¿qué pasa de aquí a 40 años en qué país vivimos nosotros? En qué mundo nosotros vivimos si estamos en Panamá, no estamos en Alaska, en otro país más lejos» Y yo le decía a mi pueblo que no entendían. Decía, «Pero cómo, si nosotros estamos en la comarca y el gobierno, la autoridad tradicional, dice que no nos afecta.» Yo le digo, «Mira, la tierra gira, da vuelta y en la noche no nos damos cuenta. Entonces, imagínate que, si la atmósfera no va a ser afectada, ¿quién me asegura que la atmósfera no va a ser afectada? ¿Quién me asegura que no va a ser un impacto para nosotros?»

33:03 – 34:37

Esa ley, pues, viendo todo eso, los compañeros del bastión de oriente chiricanos, conformamos grupos de diferentes puntos, nos unimos de la tierra alta, de Bocas del Toro, también acá en Aguas Buenas, en Panamá. O sea, nuestra gente está por todo punto de Panamá y nos reunimos y llevamos a cabo que eso nos afectaba a nosotros y viéndolo así, llevamos a cabo esta lucha. No fue fácil, no ha sido fácil, y tuvimos que ver también con los extranjeros que estaban varados. Nosotros, como manifestantes y preocupados por nuestro país, teníamos que también resolver las necesidades de aquellos que también estaban varados en la calle. Esto no ha sido fácil, el gobierno se aisló completamente, nos dejó a nosotros y no nos quería atender. Y bueno se perdió se perdió y por la cual nosotros declaramos que no teníamos un presidente

34:37 – 36:20

Nosotros llevamos de nuevo, le explicamos al pueblo en cada bastión que esa lucha era necesaria porque si no, 40 años después íbamos a estar emigrando a Costa Rica, emigrando a países vecinos donde hay terreno para nosotros. Sabemos que Costa Rica está libre de minería, verdad. Creemos que nosotros también podemos lograrlo y también teniendo todo ese oro verde de Panamá no era necesario explotarlo, no. No veíamos esa necesidad cuando tenemos un Canal de Panamá que genera millones de dólares. Yo le explicaba a mis compañeros, a mi compañera, a las mujeres de lucha porque también en las calles estaban las mujeres luchadoras. Las mujeres dejaron a sus niños en la casa, su familia, los trabajos. Muchos me decían, «Pero ustedes pues, vayan a trabajar, unas ofensas que venían y nosotros no es por el bien de Panamá. Si tú quieres a Panamá, tú te quieres.» Yo le decía a mi pueblo nacional que sabemos que había grupos que estuvieron a favor y en contra de nosotros, como estuvimos en la manifestación y que hemos estado en esta lucha. Esta lucha, como les acabo de decir, no inicia ahora. Esta lucha inicia de años tras años.

36:20

Bueno, también quería compartir con ustedes porque mucho se conoce de estos temas. Les voy a compartir un pequeño documental que tengo aquí y se lo voy a leer para que tengan conocimiento sobre el Chorcha. Dice así:

«El origen de este proyecto data de 1970 y ha pasado por numerosos intentos de desarrollo. A fines de los años 1990, se avanzó en trabajos de prospección, los cuales continuaron en los 2000 dado que el proyecto se emplaza en un área con presencia de comunidades indígenas. Las empresas a cargo de la prospección, Cuprum, de la que hablé a usted, firmaron un acuerdo de inversión. Esa vez era con los pueblos indígenas que llamaban ‘cacique’. En 2009, entró otra empresa que se llama Dominio Mineral, aquella también adquirió la propiedad completa de Cuprum para continuar con esos trabajos de prospección. Sin embargo, en esos años, la Corte Suprema de Panamá suspendió todas las actividades de prospección minera en todas las zonas cubiertas por los contratos de prospección de 2006 de Cuprum que estuvieran en la comarca de Buglé. Las decisiones de la corte se basaron en la ausencia de consulta por parte de la empresa y del gobierno con los pueblos indígenas, en los daños ambientales que podía causar al proyecto y que la empresa no disponía de una evaluación del impacto ambiental aprobada. Las concesiones de prospección que expiraban en abril de 2010 no fueron renovadas. En abril de 2010, el Ministerio de Comercio, Industria declaró reserva minera las 24,241 hectáreas en el área de Cerro Chorcha, en la que la minería estaba ya prohibida. En el año 2010, una protesta de indígenas, la cual estaba diciendo de las comunidades, decisión de los recursos minerales de tierras comarcales, resultó en la muerte de un civil y decenas de heridos. En 2012, la Asamblea Nacional promulgó la Ley 11, la GO22701, que establece un régimen especial para la protección de los recursos hídricos y ambientales de la comarca en Ngäbe-Buglé, la ley por un lado reconoce el derecho de la comarca en relación con el uso y manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables dentro de su área y por el otro, prohíbe Cancelar todas las concesiones otorgadas para la aprobación y explotación, extracción de minera en la comarca.

40:01

En el 2016, Domino Mineral registró una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), reclamando al gobierno panameño por daños…

40:39 – 42:35

Se estableció que el Estado panameño debía compensar con más de 26 millones de dólares a Domino Mineral. Esto fue parte de lo que se ha venido luchando contra el proyecto de Cerro Chorcha, y también tenemos el del Cerro Colorado, que inició en 1971. En este proyecto estuvo CODEMIN trabajando, también hubo un bastión de lucha y bastión de cierre, de ataque en el mismo proyecto minero, donde se logró sacar al proyecto de CODEMIN. Esto ya venía dándose en el año 1980, y en 1981, el proyecto se interrumpió, se decidieron archivar estos proyectos. Posteriormente, en 1993, se devolvió la participación del gobierno de Panamá. Cada gobierno que venían son lo único que haya para seguir trabajando o manteniendo o engañando al pueblo Nacional de la comarca, Que a base de eso si me da esto, yo te, o sea, yo te voy a hacer la carretera, yo te voy a hacer la escuela, yo te voy a dar el centro salud, donde que, si vas en la comarca, si lo invitamos a la comarca, no tenemos buen centro salud, no tenemos buena carretera, no tenemos nada, nada.

42:35 – 44:42

Eso es algo penoso y cada gobierno llega a gobernar, lo primero mira hacia la comarca, al Cerro Colorado, al Cerro Chorcha, al Cerro Pelado, al Cerro de Guariviara. Entonces no hay otro proyecto sostenible, si no solo la mira es de explotar, de hacer daño al ambiente. Entonces, nosotros, como pueblo indígena, no hemos bajado la guardia. Y como dice un compañero, la juventud de aquel entonces va aprendiendo. Un relator dijo que nosotros, como pueblo indígena, cada 5 años cambiamos la estrategia de lucha y asimismo hemos hecho y estamos en la lucha. Yo pienso que esta lucha no termina aquí, esta lucha va a seguir. El 6 de enero, todos los bastiones están invitados en Veraguas, cerca de la Escuela Normal. Para el 6 de enero nos vamos a reunir todos los indígenas los ngäbes, los gunas, de Darién, todos los bastiones que estuvieron en la lucha porque tenemos que tomar una decisión porque el gobierno está diciendo “No, ya la minera no está trabajando” pero entonces lo vemos allí. Entonces es algo preocupante, se sigue También la interrupción y demanda contra el pueblo eh originario y los que han estado al frente de la lucha de la vocería llevando las manifestaciones, hay persecuciones todavía entonces no vemos esa Paz social que ellos han dicho.

44:42

Entonces esta lucha no es de ahora, esta lucha no es política, sino lo vemos como defensor de nuestro ambiente, de aquella madre tierra que nosotros estamos necesitando.

45:02

Moderador: Muchas gracias Manchy por su intervención y a continuación le doy la palabra a don Richard Morales.

45:21- 46:35

Richard Morales: Muy buenas noches a todas y todos. Agradezco a los compañeros y compañeras de Costa Rica por la invitación. Saludos a todos los amigos y amigas en la hermana república que nos sintonizan, que nos acompañan, y también mi más profundo respeto por todos los luchadores sociales que están participando en este diálogo, en este foro. Cada uno ha contribuido desde distintas trincheras a lograr esta importante victoria para el pueblo panameño, que es que se haya logrado derrotar el contrato ley 406 y que estemos en ciernes de un cierre de la mina. Aunque el cierre de la mina también va a ser objeto de una disputa política, es decir, esto no ha terminado todavía. Voy a centrarme en distintos aspectos de la coyuntura y voy a procurar que sean elementos distintos a los que ya han mencionado los compañeros para no reiterar lo ya dicho.

46:35 – 48:20

El primer punto, creo que tiene que ver con la formación social panameña o la forma como ha estado organizada históricamente la sociedad panameña. Y dónde entra la minería ahí. Porque la mayoría de los países latinoamericanos han sido exportadores de commodities, de bienes primarios. Exportan petróleo, gas natural, litio, distintos tipos de minerales, cobre, oro, o también productos alimentarios, exportadores de la banana, el café, la soya, etc. Es una economía que se ha centrado, sobre todo, en la exportación de estos bienes primarios, y es el lugar que han ocupado la mayoría de los países latinoamericanos en la división internacional del trabajo. Panamá ha tenido, desde la época de la colonia, un papel distinto. El nuestro ha sido un país que ha vendido, sobre todo, su posición geográfica para acortar el tiempo de circulación del capital, básicamente para que las mercancías fluyan más rápido de un punto al otro. Eso ha sido originalmente se hacía con El Camino Real y de cruces durante la época de la colonia, donde el Imperio español movía el oro que extraía de Suramérica, lo movía de vuelta a Europa, y con el paso del tiempo esto se fue desarrollando después en el siglo XIX con el ferrocarril interoceánico.

48:20 – 49:54

Después, con el propio Canal de Panamá en los inicios del siglo XX y más allá, es decir, economía de tránsito, de que donde la posición geográfica estratégica de Panamá, el punto más estrecho del istmo centroamericano se utiliza para mover mercancías, para favorecer al comercio mundial, e incluso en el propio escudo de Panamá está inscrito la frase «Pro Mundi Beneficio», no para beneficio del mundo, pero que si la traducimos correctamente sería para beneficio del mercado mundial. Así que este lugar de tránsito y también este papel de tránsito de poner la posición geográfica al servicio del movimiento de mercancías, de la circulación del capital, ha seguido con otras actividades, los servicios legales y financieros, por ejemplo con la venta de sociedades anónimas, con los servicios financieros, con el centro bancario que abre en 1917, además con zonas económicas especiales para importar y reexportar bienes a través de la Zona Libre de Colón y otras, el abanderamiento de buques. Es decir, que Panamá ha servido, lo que hoy en día se llama un hub, y a esa particularidad de Panamá se le ha atendido a llamar «transitista», en una economía de tránsito. A diferencia de otros países nuevamente latinoamericanos que se enfocan más en exportar commodities como la forma como obtienen divisas y demás.

49:54 – 51:37

Ahora esto implica que la clase dominante panameña tiene ciertas peculiaridades, no es rentista, ante todo, vive de la renta que obtiene de prestar estos servicios al capital en el mundo, pero este modelo ha empezado a agotarse y el agotamiento de este modelo tiene que ver con cambios en el mercado mundial, cambios en el comercio, cambios en el transporte. Estos cambios han empezado a repercutir sobre Panamá y se ve un agotamiento de la forma en que se organizaba la economía panameña. Así que, en cierta forma, la clase dominante en Panamá ha empezado a optar por negocios extractivistas como una forma de compensar el agotamiento del modelo, el hecho de que sus negocios tradicionales empezaban a deteriorarse. Y ahí entra la minería, no porque la clase dominante panameña vaya a desarrollar la minería, sino porque buscaban ser socios minoritarios de los capitales extranjeros. La idea era convertir a Panamá cada vez más en un país minero para compensar el deterioro del país transitista, el país que pone la posición geográfica al servicio de la circulación del capital en el mundo. Eso entra en crisis en esta coyuntura, pero ya en el pasado, ya con las protestas multitudinarias que se dieron en Panamá en el 2022, donde el rechazo de la población ante necesidades inmediatas es lo que está expresando es el agotamiento de ese modelo, un modelo que no da respuesta a las mayorías del país.

51:37 – 52:02

Ese sería el primer elemento, digamos, comprender que el intento de las élites panameñas de imponer la minería en Panamá es un intento de compensar el desgaste, el agotamiento de ese modelo de esa forma de organizar la economía panameña que entra en crisis por diversos motivos, que van más allá de lo que podemos desarrollar en este foro.

52:02 – 53:16

Y eso sería, digamos, esa visión, esa concepción sistémica, no de lo que está sucediendo. Y ahí también habría que tomar en consideración que eso lleva consigo algunos elementos que ya ha mencionado Jesús, por ejemplo, lo de la propia descomposición del Estado panameño, un estado panameño que cada vez más pierde la capacidad de cumplir con sus funciones fundamentales y que ha generado una especie de estado delincuencial donde ninguno de los poderes del estado, ni el ejecutivo, ni legislativo, ni judicial, eso va a ser importante a la hora de pensar por qué se dan entonces de la manera que se dan las protestas. Y ese descontento y ese malestar es clave. Porque hay un rechazo a la minería, pero hay un rechazo también a una forma de organizar esta sociedad que no da respuesta a las mayorías. Hay que, una lección importante de las jornadas de protestas tiene que ver con lo avanzado en torno a la conciencia porque ha habido claramente una toma de conciencia del pueblo panameño que podemos vislumbrar como conciencia ambiental, conciencia ecológica.

53:16 – 54:40

Y digo esto porque hay una conquista, no solo en lo concreto, digamos en que se haya logrado tumbar el contrato ley, sino también en que la conciencia del pueblo, o la base de la unidad nacional actual, de la nueva unidad nacional, es otra. Este es un pueblo cuya conciencia ha logrado avanzar. No es el mismo país de hace algunos meses. Y esa conciencia ecológica se demuestra en la medida en que ya es un pueblo que no pone el crecimiento por encima de todo; el discurso de que es el crecimiento económico ante todo ya no cala. La gente está clara que hay prioridades ecológicas que tienen que ver con la crisis ecológica en Panamá, a nivel mundial, el combate al cambio climático, la importancia de que Panamá sea parte del corredor biológico mesoamericano. Y este es un pueblo que ha aprendido a valorar lo ecológico, la dimensión ecológica como condición necesaria para la producción y reproducción de la vida, de nuestra existencia. Y eso ha sido uno de los elementos que mueve a las masas, a los distintos sectores del país. No, esa conciencia ecológica que hemos ganado, pero también una conciencia clara de, pudiéramos llamarle, soberanista.

54:40 – 55:38

Uno de los elementos sobre la concesión minera de First Quantum era que establecía un enclave minero, esta idea de entregar el territorio a una empresa transnacional. Y Panamá tiene una historia de lucha por la soberanía, por la expulsión de los Estados Unidos de su territorio, y la idea de establecer un nuevo enclave hirió fibras muy sensibles de este pueblo. Y la lucha era tanto ecológica como lo era soberanista, como era patriótica. Yo lo podía ver en las consignas, en la forma como las personas se vestían para las movilizaciones. Se estaba defendiendo la soberanía en contra del capital transnacional, en contra de los capitales extranjeros y los socios locales a los que el pueblo consideraba traidores. Y eso es muy importante, esta idea de que estas personas traicionaban a la patria, y se considera la patria ahora como una especie de unidad donde lo ecológico prima, incluso.

55:38 – 56:11

Y eso es importantísimo porque va más allá de este enclave, es la idea de que no queremos esta concesión minera, pero no queremos ninguna concesión minera, queremos un país libre de minería metálica a cielo abierto. Ese es un avance de la conciencia importantísimo y se puede trasladar a otros tipos de entregas del territorio y los recursos de un país, por ejemplo, hay situaciones parecidas con otros activos estratégicos del estado panameño como los puertos, la energía, las telecomunicaciones, entre otras.

56:11 – 57:08

Otra toma de conciencia, otro avance importante, es un avance de conciencia de clase. Aunque no parezca evidente a primera vista, la gente estaba clara de que los medios de comunicación estaban favoreciendo la mina porque estaban favoreciendo los intereses de los dueños de esos medios y los intereses de los socios nacionales de la minera. La gente estaba clara de que esos eran intereses del poder económico, y por eso, en muchas protestas, había un repudio hacia los medios, no por el periodista per se, sino había un repudio por el medio al que pertenece y los intereses a los que respondía. Y mucha gente también estaba clara de que en las campañas de satanización a las que voy ahora, contra los sectores populares, había un elemento importante de clase. Los están atacando porque son los sectores que han estado luchando en contra de la mina y que no representan los mismos intereses de quienes nos han estado históricamente gobernando. No quiero sobreestimar cuánto es ese avance de conciencia de clase, pero está ahí, definitivamente.

57:08 – 57:51

Así que, en esta coyuntura, además de lo concretamente logrado hasta ahora, hay estos avances en la conciencia de un pueblo que uno pudiera hablar de la posibilidad de una unidad nacional alrededor de una visión de futuro distinta a la que existía antes. Donde se valora la idea de una democracia verdadera, una democracia real; el pueblo en las calles ha hablado, no tanto las instituciones desprestigiadas del estado de representación y demás. Donde valoramos la soberanía, son nuestros recursos y no queremos que se exploren, que se depreden para beneficio de otros, y que la vida y ese equilibrio ser humano-naturaleza es fundamental.

57:51 – 59:14

Ahora, dentro de esta coyuntura, creo que también se valora enormemente como lección la importancia de la combinación de formas y métodos de lucha distintos. Aquí, distintas organizaciones lucharon según sus propias circunstancias, según sus propias realidades. Y estas diversas formas lograron complementarse, por la mayor parte de estas jornadas. Empezó a haber mayor tensión hacia el final, hacia las últimas semanas, pero estas formas lograron combinarse. Las organizaciones populares presentes en Alianza Pueblo Unido por la Vida y ADEPO son principalmente organizaciones gremiales, obreros, docentes, distintos tipos de sindicatos, etcétera, hicieron acciones de fuerza, acciones de presión, sobre todo en los distintos centros urbanos del país, y lograron generar esa consistencia que tienden a tener las organizaciones donde hay militantes que pueden de manera muy estructurada ejercer una lucha. Pero a la vez se complementaron con las organizaciones, los distintos sectores de los pueblos indígenas, tanto los ngäbes como igualmente también en Veraguas, en la parte este, en Panamá este principalmente, camino a Darién, y ahí se dan formas de lucha donde entran las organizaciones de los pueblos originarios.

59:14

Pero también esa relación estrecha que hay entre las comunidades con quienes están protestando, que es una dinámica distinta a la que existe con organizaciones gremiales. Y de igual forma, las formas de resistencia, las formas de lucha, las formas de llevar adelante son distintas en cada sector, y se dan en distintos puntos del país.

Eso es muy importante, ese de ese tema ya han hablado los compañeros Jesús y la compañera.

59:40 al 1:00:05

– Richard Morales: Hay que mencionar nuevamente, ya se destacó, el papel de los lancheros, otra forma de lucha, que jugaron un papel tremendo de heroísmo al cerrar paso al suministro de la mina, a las comunidades que estaban cerrando la entrada a la mina que estaban asfixiando a las mineras generando una presión tremenda.

1:00:05 al 1:01:08

– Richard Morales: Ahí uno ve de cierta forma como se complementan distintos métodos de la lucha social en las calles. Y también, sin lugar a duda, las protestas multitudinarias protagonizadas por sectores de jóvenes (pero que igualmente eran muy heterogéneas en distintos sectores del país) que se lograron convocar durante un momento muy preciso de la lucha que logró generar una presión tremenda que desbordó la capacidad de los medios, del poder económico, de las cámaras de comercio y del gobierno de sostenerlo. Ahí se dieron cuenta que se estaban volcando más allá de las organizaciones, que fue más allá de los sectores que están organizados para las luchas. Los medios destacaron, o les dieron una mayor cobertura a determinadas protestas, pero también se estaban dando a lo largo de distintas partes del país, en Veraguas, en Chiriquí, etc.

1:01:08 al 1:02:05

– Richard Morales: Ahora, a esa combinación de formas de lucha hay que destacar que se estaba apostando también a las luchas ante las instituciones, es decir, esas luchas que se dan jurídicamente tanto las demandas de inconstitucionalidad, como las exigencias de la derogatoria de la ley. Todo eso estaba generando una presión importante porque hay que destacar que si no existiera la opción de la derogatoria de la ley, que podía hacerse de manera casi inmediata a través del poder legislativo, ellos hubieran podido demorar más el proceso dentro de la corte. Es un fallo que se dio en tiempo récord porque había un movimiento popular que nunca dejó las calles, movimiento popular diverso de distintos sectores, de distintas formas de lucha que nunca dejó las calles diciendo: esto puede terminar ya. Eso obligó a que la corte tuviera que fallar mucho más rápido.

1:02:05 al 1:03:33

– Richard Morales: Y claro vemos la lucha internacional que se estaba dando, las solidaridades que se dieron desde otros países, desde otras organizaciones, todo esto es importantísimo, la presión sobre actores políticos para que se pronunciaran, y esta lección de que se pueden complementar estas distintas formas de lucha, esta diversidad que existe en los sectores populares panameños. Y también el hecho de que a pesar de que tenemos todo un estado delincuencial cuyas instituciones no responden a los intereses mayoritarios, no actúan de forma legal la mayoría de las veces, que con la presión popular se les puede obligar a actuar, esa es una lección importantísima que se da aquí.

Es decir, esta corte falla a la velocidad que falla porque había un pueblo en las calles, una lección que este pueblo tiene muy claro. Las instituciones funcionan en Panamá solamente cuando el pueblo presiona, esto es terrible para las instituciones sin lugar a duda, pero es lo que le da confianza a un pueblo, nosotros podemos ganar, nosotros podemos avanzar, nosotros podemos tener victorias importantes. Es lo más importante comprender esto, entender la forma en cómo se pueden complementar estos sectores: los estudiantes, los obreros, los docentes, los lancheros, los campesinos, los indígenas y como en distintas partes del país se dio esta lucha.

1:03:33 al 1:06:02

– Richard Morales: Otra lección importante es lo terrible o el daño que puede hacer el poder económico a la hora de intentar dividir una lucha y que no hay que subestimarlos a ellos porque hay un momento donde ellos empiezan a demonizar, empiezan a bajar líneas en la cámara de comercio, líneas de figuras afines a estos sectores para demonizar las protestas buenas, las protestas malas para ellos son las que lideran los movimientos populares. Y empieza el discurso de clases, empieza el discurso que busca negar la agencia, negar la causa de quienes están protestando: los obreros, los docentes, de los indígenas, de los campesinos y decir no, ellos tienen una agenda distinta, ellos responden a unos intereses distintos a por los que inmediatamente están luchando. Es decir, empieza este intento de satanizar a los sectores y este ataque desde los medios de comunicación que lamentablemente hay sectores que caen en esto que reproducen ese discurso, sectores que también estaban luchando. Ese ataque también además a través de los medios lo complementan con la judicialización o criminalización de dirigentes, lo estamos viendo actualmente, aquí esta Damaris que ella está siendo objeto de un proceso de criminalización que se da desde el sector empresarial de las tierras altas, pero también se da contra otros dirigentes, obreros, docentes, que están siendo objetos de persecución desde el gobierno, muchos líderes estudiantiles también.

Es el intento de infundir temor “ustedes lograron una conquista, pero ahora vamos a amedrentarlos para que no se atrevan a salir más a las calles”, quieren castigar al sector que luchó, quieren dividirlo, están los buenos (los más cercanos al poder económico) y están los malos. Así que hay que tener presente esto, de que estos sectores el poder económico aprenden y aprenden incluso en sus derrotas y ahora que el pueblo a ganado ellos han aprendido y ellos han dicho “vamos a tratar de castigarlos, vamos a tratar de seguir infundiendo temor para que esto no se repita”, porque están asustados y por eso aplican estas campañas de terror, aplican estas campañas de distintas formas de violencia contra los movimientos, contra los sectores para tratar de amedrentarlos.

1:06:02 al 1:06:36

– Richard Morales: Yo diría que, haciendo un balance final para cerrar el punto, es que ha habido un avance importante no solo la conquista concreta que hayamos tumbado esa concesión si no el hecho de la conciencia que ha ganado este pueblo y eso abre las puertas a un proyecto de nación donde haya soberanía, donde haya equilibrio ser humano – naturaleza y donde podamos apuntar más allá de solamente el crecimiento económico a que haya un desarrollo auténtico.

1:06:49 al 1:10:31

– Damaris Sánchez Samudio: Me encanta por un lado ser la última porque he podido escuchar a todos, los análisis, las reflexiones que han hecho a partir de esta gran lucha y tal vez muchas de las cosas que había anotado para compartir ya han sido mencionadas por ejemplo: el profesor Jesús Alemancia menciona aspectos vitales sobre esa conducta social que hemos podido vivir nosotros en estos últimos mes y medio, pero que es a partir de una historia como bien él la ha comentado que no es ahora si no que viene un modelo de opresión, un modelo de corrupción, un modelo de abuso por parte de los gobiernos que ha limitado un desarrollo digno de las comunidades que ha hecho una predilección en darle los beneficios a un sector económico pudiente, a un sector económico egoísta, ambicioso que solamente aspira a tener ellos las mejores condiciones negando toda las necesidades que existen en nuestras comunidades y que han ido acumulando una serie de reacciones.

Y también lo relaciono directamente con los temas ambientales y tal vez el producto de esta lucha en la cual nosotros nos incorporamos desde la provincia de Chiriquí porque hemos sufrido las consecuencias de ese modelo acaparador y testigo en este caso de las cuencas hidrográficas en donde gobiernos y empresas promovieron un desarrollo energético a partir del uso de los ríos indicando a las comunidades una serie de beneficios y ventajas que no han sido tales y que lo que nos ha dejado alrededor de veinte años son cuencas totalmente destruidas, un costo de energía sumamente elevado y los prejuicios ambientales y también los prejuiciosos sociales le han quedado a las comunidades.

Y yo creo que esa reflexión, esa vivencia que en el caso de la provincia de Chiriquí ha sido bastante dolorosa porque tuvimos una gran lucha para defender los ríos de la provincia desde los sectores de organizaciones ambientales y desde los sectores campesinos productivos, sin embargo, no logramos esa victoria. Y ya en menos de dos décadas tenemos consecuencias que son para nosotros bastante dolorosas, nos hemos convertido en un modelo de lo que no debe ser en cuanto al manejo de las cuencas hidrográficas y por eso nuestra lucha en este caso sobre el tema minero viene dado por una experiencia desde lo que dice la comunidad, desde lo que propone la comunidad, desde lo que las comunidades visualizamos que no somos técnicos, que no somos biólogos, pero que vemos en nuestras realidades y sentimos nuestra vivencia y nuestra relación con los bienes naturales de los cuales nos reconocemos dependientes, que reconocemos a una madre tierra que nos provee esos servicios vitales para nuestra supervivencia.

1:10:31 al 1:12:19

– Damaris Sánchez Samudio: Entonces veíamos en el tema minero una especulación enorme que puso todo el territorio nacional a la disposición de las empresas transnacionales y habían polígonos de concesiones para extracción de minería metálica en cualquier rincón de nuestro país, desde los sectores muy cercanos con la frontera con Costa Rica hasta Darién, desde las áreas protegidas hasta zonas muy cercanas a las costas, habían comunidades muy cerca de la capital también con polígonos para la minería metálica, el haber hecho ese ejercicio de colocar un mapa, las regiones y los polígonos para la extracción minera fue algo muy vital que creemos que apoyó mucho a que las comunidades se identificaran territorialmente con el impacto negativo que tendría la minería en Panamá y las consecuencias nefastas de que este contrato con Minera Panamá se aprobara con todas las ventajas, con todos los beneficios, con todas las preventas que se le estaban otorgando. Así que, la aprobación de la ley 406 generó todo un malestar ciudadano porque ya la corrupción es algo que nos molesta a todos porque lo vemos a diario cómo ha intervenido en el buen desarrollo de nuestro país y ahora significa la entrega de nuestro territorio a una empresa transnacional con el poder de hacer en esas zonas de concesión lo que ellos quisieran hacer y abriendo las puertas para que este este mismo tipo de actividades se realizaran en cualquier parte del territorio así como lo dijo Manchy.

1:12:19 al 1:14:38

– Damaris Sánchez Samudio: Es algo tremendo escuchar a un diputado en la asamblea decir que tenemos que ir sobre el territorio de Cerro Colorado porque no podemos dejar ese cobre sin explotar esa mina. Y yo creo que ese sentimiento común que nos unió a todos como pueblo, no solamente el tema ambiental de la mantención de nuestras fuentes de agua principalmente porque muchas comunidades carecen de ese recurso tan vital para el desarrollo humano, para la salud, para vivir de una manera digna y sin embargo el gobierno entrega estas áreas del corredor biológico prácticamente todas en zonas de montaña donde están las nacientes de nuestras fuentes de agua para la extracción minera, para la contaminación, exponiéndonos a las enfermedades que representa la minería en cualquier territorio, esto generó mucho malestar en muchas personas en todas partes del país.

También los debates que se dieron en la asamblea nacional, en el primer debate que fue transmitido a través de canales y de redes sociales en donde muchos profesionales fueron de todas las ramas: economistas, sociólogos, médicos, ambientalistas, el ejercicio que hicieron los abogados también fue muy importante, hablar de lo que representaba la inconstitucionalidad, como amenazaba eso a nuestro país en los temas de salud, toda esta información que de hecho yo pensaba que los que estamos interesados en el tema minero estamos escuchando los debates de la asamblea pero sin embargo los jóvenes estaban escuchando estos mensajes y los estaban analizando y procesando y en el momento que se necesitó esa juventud salió con esas reflexiones tan profundas sobre el impacto que tendría el contrato minero para nuestro país.

1:14:38 al 1:16:40

– Damaris Sánchez Samudio: Y se logró una expresión desde diferentes puntos de vista desde los barrios en las capitales de provincia, desde las comunidades, en los diferentes distritos del país, cada uno tratando desde su localidades de su forma tratar de expresarle al mundo, de expresarle al gobierno el rechazo a esta ley y exigiendo la derogatoria, que luego fue un proceso tan rápido, pasamos de las protestas contra la ley a pedir su derogatoria y luego el análisis que llevaban los abogados de si era derogatoria o que si era inconstitucionalidad y tantos grupos en la calle, como decía el profesor Alemancia, no había una dirección de alguien en particular pero como que todos nos fuimos y bueno, lo que más conviene tal vez en este momento es esto e íbamos en ese camino y unificamos a través de esos mismos mecanismos de comunicación que existen actualmente hasta lograr esta declaración de inconstitucionalidad, que estoy totalmente de acuerdo con Richard que fue producto de esa presión social que había en la calle. Si esto no se da, la corte hubiese tardado muchísimo más tiempo, tal vez hubiesen jugado alguna otra carta que no era la que esperábamos de declarar una constitucionalidad y esto hubiese sido terrible, ya había muchos análisis de las consecuencias que traería para el país que un pueblo en la calle enardecido, indignado no tuviese el resultado esperado podría traer consecuencias aún mayores para esta crisis social que hemos vivido.

1:16:40 al 1:20:05

– Damaris Sanchez Samudio: En el caso de Tierras Altas acá vivimos una situación tal vez un poco difícil porque hay los bastiones de lucha de los pueblos ngäbes como dijo Manchy, se extendieron por todo el territorio y aquí en Tierras Altas hay una gran comunidad en Ngäbe que vive aquí, que reside aquí, que trabaja en las fincas agrícolas y que como todo el pueblo salió a la calle, salió a luchar y el cierre o el bloqueo aquí en la carretera pues tuvo unas consecuencias bastante fuertes para el sector agropecuario, se generaron confrontaciones que lamentablemente una de ellas liderada por el alcalde de Tierras Altas confrontó directamente a los productores con los trabajadores que estaban en el punto de la protesta.

Este ataque hacia los manifestantes ha dejado muchos sinsabores de parte y parte, hay toda una situación bastante complicada aquí en Tierras Altas en este momento, aparte de la criminalización y de la judicialización que se está haciendo a un grupo de 21 personas acá, está toda la confrontación que todavía se percibe el acoso en las redes sociales, los discursos de odio, los discursos del racismo, la discriminación que surgieron muy fuertemente, siempre han estado, pero que surgieron muy fuertemente durante estas protestas y que nos hace a nosotros como organizaciones que hemos venido trabajando el tema de desarrollo comunitario, el tema de la educación ambiental y promover buenas prácticas agrícolas en esta zona tan vulnerable a cómo recomponer ese tejido social que ha quedado bastante lastimado después de las protestas.

Tenemos una victoria muy importante, el fallo de la corte, pero que todavía hay mucho trabajo por hacer, hay todo un proceso de vigilancia porque la empresa sigue haciendo lo posible y lo imposible para seguir extrayendo minerales y lograr consolidar su actividad acá, el pueblo se mantiene en pie de vigilancia, también se logró la aprobación a una ley de moratoria minera, a la minería metálica en Panamá, que nos debe garantizar hacia el futuro no más concesiones, pero que nos deja algunas concesiones mineras todavía por las cuales tenemos que luchar que sean sacadas de nuestro sistema aquí en el país. Y yo creo que también le deja una claridad importante a la sociedad sobre la necesidad de una participación activa en cuanto a las decisiones sobre temáticas tan complejas como esta y sobre todos los temas que tengan relación con los impactos que puede recibir una comunidad.

1:20:05 al 1:23:48

– Damaris Sánchez Samudio: Particularmente nosotros hemos venido a través del movimiento Panamá vale más y minería desde mayo del 2021 generando información hacia la comunidad sobre este tema de Minera Panamá y la extracción de cobre. Nuestro esfuerzo mayoritario estaba en generar conciencia en motivar a la población a salir, a rechazar este contrato cuando llegase a la asamblea, no se dio antes, sino que se dio después de aprobada la ley y generó una crisis muy fuerte. Yo creo que tal vez a futuro la población podrá estar más vigilante de lo que estén haciendo los diputados en la Asamblea Nacional. También les quedará claro a estos señores que el pueblo no está dispuesto a seguir permitiendo que ellos hagan lo que quieran, a que tomen decisiones que ponen en riesgo no solamente la sostenibilidad ambiental, social de nuestro país, sino la soberanía que para todo el panameño consciente de lo que hemos vivido a lo largo de nuestra historia patria que representa tener un estado extranjero decidiendo sobre nuestro territorio.

El gobierno de los aliados que ha utilizado como mecanismo para la criminalización y la judicialización han llevado bastante fuerte esos mensajes de odio y creemos que hay que impulsar campañas, campañas que dejen mayor claridad a la sociedad en general, la importancia de la defensa de los derechos humanos, la importancia del respeto a las diferencias de pensamiento, la necesidad de diálogos sobre esas mismas diferencias que puedan existir para poder construir espacios de participación más efectivos, más consensuados y que podamos enfrentar los desafíos que nos van a venir hacia el futuro porque de seguro el tema de Sierra de la Mina va a continuar por varios meses hasta que logremos que de verdad Panamá esté libre de minería y también a cómo enfrentar otro tipo de proyectos que se van a estar dando y seguramente tendremos mucho que seguir hablando, por ejemplo, de los embalses o reservorios que se están planteando del río Indio para abastecer la cuenca del canal de Panamá y así mismo de otros proyectos de uso de las cuencas hidrográficas, también de las áreas protegidas y de sus funciones, de los manglares puertos que se están planteando en el territorio y que definitivamente las consecuencias que tienen para nuestra sociedad son muy graves y en este último periodo pues todo prácticamente que se ha concentrado en el tema minero pero sí en otras situaciones ambientales bajo las cuales las comunidades debemos tener una mayor formación sobre los mecanismos de participación ciudadana para poder contrarrestar estas decisiones y estos procesos que los gobiernos y las empresas van a seguir llevando hacia adelante.

1:23:48 al 1:25:27

– Damaris Sánchez Samudio: Lamentablemente pues también a partir de esta experiencia hemos visto una polarización en cuanto a los pensamientos que ejercen las élites contra las personas que nos manifestamos, inclusive acá en el municipio de Tierras Altas el alcalde ha emitido un decreto que prohíbe las manifestaciones o que para realizar una manifestación, una protesta tenemos que pedirle permiso a la alcaldía. Entonces muy alegremente muchas personas, inclusive algunos agricultores están favoreciendo esta medida sin analizar la consecuencia que tendrá a futuro un decreto como este cuando el sector agropecuario es incluso uno de los más vulnerables a que las políticas neoliberales tengan un efecto directo sobre la actividad económica primaria en este país. Así que muchos desafíos nos quedan a partir de esto pero sobre todo que el pueblo organizado siga informándose, siga trabajando articuladamente en la medida de las posibilidades, me alegra muchísimo que pronto las comunidades indígenas encuentren esos espacios de diálogo junto a la Alianza de Pueblo Unido y a otras organizaciones nacionales porque de hecho vamos a tener que continuar la lucha y es importante contar con organizaciones desde el pueblo que defiendan los derechos del pueblo.

1:26:24 al 1:27:37

– José María Gutiérrez: Bueno, mientras recibimos alguna pregunta en el chat, a mí me gustaría plantear un tema que me parece muy relevante y que tiene que ver con algo que ustedes comentaron y que es particularmente valioso en esta lucha, que fue la convergencia de sectores muy diversos, con intereses a veces disímiles, con prácticas de expresión política también disímil, pero que lograron aglutinarse alrededor de este tema común. Mi pregunta va en el sentido de si esta experiencia de convergencia, que me parece particularmente valiosa, se ha dado en el pasado o si hubo un elemento innovador al calor de esta lucha, porque creo que los movimientos sociales en nuestra región podemos aprender mucho de este ejercicio de convergencia que lograron desarrollar en Panamá, no dudo que fue difícil, pero me parece por las exposiciones que hemos escuchado que fue particularmente valioso. Entonces mi pregunta va en el sentido, si ya en el pasado en luchas anteriores este tipo de convergencias se ha dado, o si es un fenómeno que adquirió características novedosas al calor de esta lucha.

1:27:44 al 1:32:25

– Jesús Alemancia: Yo diría que es novedosa, novedosa en la medida en que mezcla actores y territorios, yo creo que ahí está lo novedoso, porque en otras ocasiones las otras luchas siempre han sido más segmentadas en términos de lo que provocaba la movilización y el conflicto, en algún momento siempre hubo como mucha instancia con el tema ambiental. Entonces creo que esto de la conciencia ambiental que comentaba Richard es un punto central hoy día pero que también tiene su trayectoria, me acuerdo muy bien que en el 2011 cuando convenció las negociaciones contra el código minero y el nacimiento de la ley 11 cada vez que hay conflicto siempre surge el racismo, pero por otro lado en la experiencia del 2011 y 2012 había una simpatía, en este caso algo de la ciudad de Panamá, hacia la delegación Ngäbe que llegaba a la negociación y la simpatía en la calle era una muestra de comenzar a pensar al final lo que nos queda de naturaleza la garantizan los pueblos indígenas, la defienden los pueblos indígenas, no lo hacemos nosotros. Y yo creo que esa simpatía con toda la situación que estamos viviendo en términos del impacto que tiene la economía sobre la naturaleza ha generado parte de esa conciencia mezclado con los otros temas de la falta de fe en las instituciones públicas, entonces yo creo que eso es innovador, innovador en la medida en que nace una conciencia de preocupación frente a la naturaleza. Y a tal nivel que hay un tema que se ubica en la frontera con Colombia que todavía está bajo investigación si es así o no, la concesión petrolera, y eso fue prácticamente a días de que la corte promulgara la constitucionalidad y ya en las redes se estaba discutiendo que la próxima batalla que podía venir era ver qué estaba pasando con la concesión petrolera en el Darién.

Y me acuerdo muy bien también cuando el ministerio del ambiente y no me acuerdo ya si era la oficina de relaciones públicas o la presidencia, emiten inmediatamente de que esa concesión no existe, que eso era un simple rumor pero el hecho de que después de la inconstitucionalidad en las redes comienza el debate sobre la concesión petrolera y en el mismo momento cuando se dan cuenta de que están debatiendo la concesión petrolera, inmediatamente el ministerio remite y responde diciendo no, eso no se ha dado. Yo creo que ya no señala también lo que decía Richard del temor o sea aquí hay mucho miedo para las élites, la élites han sido derrotadas, entonces eso hace que frente a las cosas que vienen en el futuro ellos tienen que ver la manera de cómo enfrentarlo ya no de la manera tradicional de una asamblea que hace lo que se le ocurra al ritmo que ellos digan y si la población no hace caso pues para eso está la policía y se reprimen y todo aquello, y yo creo que se han dado cuenta de que ya esto no va a ser así hay un corte que hay un punto de cambio y esta experiencia.

1:32:53 al 1:35:04

– Damaris Sánchez Samudio: Quería mencionar que cuando se aprobó el ley 406 y que se veía la necesidad de salir a las calles a protestar en muchos lugares aquí en la provincia la gente decía pero y dónde está el pueblo Ngäbe porque se sabe la fortaleza y es que ellos van a salir a la calle a mantenerse y no a ir a las medias o todo o todo y en los primeros momentos se estaba como ansiando que el pueblo Ngäbe llegara para hacer esa fuerza de lucha sin embargo a medida que fueron pasando los días y que se daba esas confrontaciones que por qué no se abre que están muy firmes que miren que en la calle salió una anécdota porque me recuerdo ahorita porque me daba risa y una cantante acá se llama Sandra que tiene una canción que dice si saben cómo sé para qué me invitan entonces salió un meme por ahí que los ngäbes decían si saben cómo somos para qué nos invitan nosotros vamos a ir a la lucha firme con todo este y tal vez nosotros los latinos somos un poco más temerosos y empezamos a mirar pero si tal vez, mira qué hay que flexibilizar y esas esas conversaciones muy interesantes que se daban en esos momentos este nos dejan muchas lecciones, hay momentos en que uno tiene que tomar una postura firme frente a un gobierno que no tenía la intención de reformularse la aprobación de esta ley si no hubiese sido por la por la protesta de todos los tipos que se dieron las pacíficas las de caminatas las de los cierres y las de los lancheros, todo fue parte de un engranaje que no se montó como tal pero que funcionó muy bien si no yo creo que todavía estuviésemos en la calle.

1:35:29 al 1:35:46

– José María Gutiérrez: (Leyendo una pregunta) Hablando sobre las herramientas cómo se puede debatir un discurso técnico científico sobre los controles o medidas ambientales que proponen los proyectos sobre todo en dimensiones pequeñas que se enfrentan a pequeñas poblaciones y no necesariamente a todo un país tal vez después pueden referirse a este comentario, pero le doy la palabra doña Manchy.

1:35:51 al 1:41:04

– Manchy Chorchavo: Como estaba diciendo la compañera Damaris, una preocupación grande que se generó cuando no se veía el movimiento del pueblo indígena en la calle no se veía el pueblo Ngäbe no se veían más, cuentan en esta lucha con nosotros y porque qué estaba sucediendo era más bien que dijimos tenemos que ver cuáles eran las bases de que íbamos a la calle tenemos que analizar bien el tema de que no fuéramos como uno más y cuando nosotros decidimos porque vamos porque vamos y no vamos con relajo no vamos a estar una hora en la calle no vamos a eso nosotros vamos definido a una lucha hasta dar nuestra vida por algo, cuando vemos es muy preocupante y esas decisiones que nosotros como un Ngäbe tenemos no viene de hoy esta lucha viene como le dije antes viene de antaño donde que nuestro cacique ha dado su vida en esta lucha como la que se dio en 2011 Jerónimo Tugri dio la vida por la ley 11 lo tomamos así.

Muchos compañeros han donado vida como esta vez tuvo Tomás Milton es muy preocupante un educador en el Bastión de Horconcitos a las 10:45 de la noche donde que dona una vida por la lucha porque el mismo pueblo y lastimosamente fuera el mismo país vecino pues trata de arremeter en contra la lucha, donde este educador da su vida es también en Chame 12 educadores más dieron la vida, no es el relajo que cuando el pueblo Ngäbe se manifiesta o no somos un científico pero sí somos parte de la historia y conocemos nuestro derecho conocemos nuestro hábitat nuestro lugar donde habitamos conocemos también que es lo que nosotros queremos para nuestra población en Ngäbe y nuestra población a nivel nacional, no solamente Ngäbe, porque la lucha no era tampoco del pueblo Ngäbe solo.

Como le decía a los compañeros estamos solidarizándonos con el pueblo blanco de Panamá porque el gobierno decía no esto no es con ustedes esto es con los blancos esto es con Donoso y nosotros decimos no ustedes ya lucharon, ustedes deben irse, me llamaron me decía Manchy tu puedes salir por la puerta ancha tú te puedes ir, lleva tu gente a descansar a su casa, el mismo gobierno me llamaba y me decía yo digo no prefiero salir con la puerta ancha pero con mi gente y mi pueblo a nivel nacional, sabiendo yo que la ley 406 afecta a todos entonces, me preocupaba también que cuando el gobierno le decía a los compañeros de la ciudad no es con ustedes de la ciudad a los jóvenes lo amedrentaron también lastimosamente la universidad que ese campo de enseñanza y fue habitado por policía y militares fue triste ver a los jóvenes luchar un joven que está haciendo su opinión, que no conoce, no sabe lo que es una bomba lacrimógena pero esta juventud lo dio todo por el todo y lo dimos todo por el todo a que el gobierno nacional entendiera que era una ley nefasta y asesina para el pueblo nacional

1:41:04 al 1:44:34

– Manchy Chorchavo: También quería tocar el tema sobre el petróleo, Jesús también quisiera preguntarle si se ha enterado que ya su autoridad el cacique Cunampia ha estado reuniéndose con el gobierno sobre ese tema creo que a mí me han informado también que ya se están reuniendo están llegando un acuerdo ya que supuestamente ese eso del petróleo data del año 1923 entonces, en aquel entonces como dicen ellos no era una comarca pero ahora es una comarca y el petróleo está dentro de la población indígena entonces yo quisiera preguntarle aquí a Jesús si él tiene conocimiento de que ya sus autoridades ya se están reuniendo o es algo que aparenta el gobierno para que no haya otra lucha indígena más porque tenemos dos luchas pendiente quiero recalcarle aquí a los compañeros de Costa Rica y país vecino que nosotros tenemos dos luchas pendiente sobre ese tema del petróleo y también sobre la ley 409 que esa ley fue un madrugonazo también que el gobierno nos dio nosotros y que estamos probablemente para enero estamos saliendo a manifestarnos por ahora el gobierno está haciendo todo por el todo reuniéndose con autoridades tradicionales, ya está buscando la forma pero esto no se trata de Panamá esto se trata de un país internacionalmente donde firma un acuerdo de 20 30 donde vienen muchas cosas a nivel nacional y es algo preocupante entonces hay programas que ya el gobierno se ha reunido con la ONU y pues ahora solamente viene esto es lo que es y ya pues el pueblo ningún pueblo puede opinar como lo hicieron con el tema del COVID con la vacuna desde entonces viene la lucha ahora con esto, esto no nos asombra con la ley 409 verdad donde nos quita la patria protestad de los hijos de nosotros donde nos quita pues ese amor fraterno que tenemos a nuestros hijos donde estamos sufriendo con ellos y que ellos vengan decidir, a tomar decisiones y hacer lo que quiere con nuestros hijos es otro tema es importante también que quisiera dejarlo claro aquí a los panelistas

1:44:48 al 1:46:51

– Jesús Alemancia: Sí, es que la información está como sesgada el estado dice que esa información no es real pero por otro lado la dirigencia de la zona con su abogado puso una demanda entonces uno se preguntaba, entonces qué es lo que se está demandando si el estado dice que eso no es real entonces qué es lo que se está demandando, por otro lado, ya hay algunas confusiones están circulando noticias de eso que comenta Manchy de como que se están poniendo de acuerdo para que funcione la concesión pero por otro lado las comunidades alegan que no se pueden poner de acuerdo cuando no han hablado con las comunidades, entonces es como una información que no se ha logrado como verificar qué es lo que pasa con esa concesión si tiene rato muchos alegaban que debido al debate del contrato minero eso había quedado opacado y que no se le había puesto atención y que entonces ya se había probado la concesión y la entrega, y resulta que la concesión impacta directamente a las comunidades Emberá-Wounaan bajo el estatuto de comarca y también afecta a las comunidades Emberá-Wounaan de tierras colectivas que es otro estatuto legal entonces esto yo creo que todavía hace falta como realmente conocer en detalle las implicaciones de esta concesión petrolera.

1:47:00 al 1:51:13

– José María Gutiérrez: Quisiera agradecerles en nombre de la Alianza por una Vida Digna muchísimo a las y los panelistas por compartir sus experiencias y su visión desde de este hito que en realidad fue esta lucha contra la minería en Panamá, y de la que se pueden extraer una gran cantidad de enseñanzas, quisiera hacer algunas reflexiones finales en nombre de la Alianza por una Vida Digna. Aunque estamos hablando hoy de un caso muy particular de una lucha muy particular en realidad creo que también se ha hablado de que este es un tema común pero es un tema que debe fomentar vasos comunicantes en todos nuestros países porque todos nuestros países vivimos situaciones en una medida u otra semejante verdad estamos hablando de una agudización del proyecto global neoliberal y el regional también por parte del capital transnacional y de sus aliados locales en nuestros países un proceso acelerado de explotación y apropiación privada de bienes comunes despojos de poblaciones una actitud depredadora hacia el ambiente y hacia los entornos sociales, entonces, si bien es un caso particular de un tema particular es también un tema general que toca muchos aspectos de la vida de nuestros países y por eso es que hay que aprender de esta valiosísima experiencia que ha desarrollado el pueblo panameño en un ejercicio real de democracia participativa desde la base social de múltiples protagonistas en esta en esta lucha.

Vienen procesos muy similares ya están impuros procesos muy similares en nuestra región y en toda América Latina que requieren una acción ciudadana una acción social un compromiso y una conciencia muy fuertes como las que ha tenido el pueblo panameño para enfrentar estas difíciles situaciones y estas tesituras.

Se ha hablado hoy también y me parece muy importante rescatarlo de la importante creatividad que se desarrolló en este proceso por parte de sectores muy diversos cada uno portando de su perspectiva y algo de lo más valioso que hemos escuchado hoy es esa capacidad de convergencia muchas veces en nuestros países tenemos situaciones que no podemos enfrentar de la manera más adecuada porque no somos capaces de buscar esas convergencias en medio de las divergencias y la diversidad con el natural a los grupos a los procesos a los planteamientos que tenemos desde diferentes sectores de manera que creo que hay mucho que aprender de esta experiencia en Panamá sobre cómo generar convergencia alrededor de un tema de interés común de interés nacional que tiene que ver con la soberanía, y también se ha hablado por supuesto de la importancia de sembrar conciencia de generar conciencia sobre estos temas, de generar conciencia sobre estos problemas, de tener este tipo de temas en el debate, en la palestra, en las discusiones comunitarias institucionales, etc.

Finalmente creo que es importante reflexionar sobre cómo darle continuidad a este tipo de luchas que estoy seguro que en Panamá están analizando y trabajando sobre esto porque en Costa Rica hemos tenido situaciones de lucha sociales importantes contra proyectos semejantes a este y otro tipo pero son luchas que de alguna manera una vez que pasan hay un cierto desvanecimiento de la energía política y social que se ha desarrollado y creo que es un reto importante para nuestros movimientos sociales, nuestros países cómo garantizar consolidación y continuidad en este tipo de luchas.

Creo que ha sido una actividad muy valiosa hemos aprendido muchísimo de esta valiosísima experiencia del pueblo panameño y nuevamente en nombre de la Alianza por una Vida de Digna agradecemos muchísimo a las panelistas y los panelistas por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido sus visiones.

El siguiente fue el afiche que publicó la Alianza por una Vida Digna para anunciar el foro:

Comunicado del Movimiento Ríos Vivos Costa Rica y la Federación Ecologista (FECON) en solidaridad con el pueblo panameño

El Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica y la Federación Ecologista (FECON), rechazamos la denuncia en contra de la compañera Damaris Sánchez, coordinadora de la Red Nacional en Defensa del Agua – Panamá, y 20 personas más, que protestaron en defensa del ambiente y los derechos del pueblo, lo cual es un derecho legítimo de la ciudadanía, por lo tanto, exigimos se les retiren los cargos.

A la vez felicitamos a las organizaciones y al pueblo panameño por la gran lucha que han dado y la victoria obtenida en la Corte Suprema de Justicia contra la empresa minera First Quantum Minerals; la magnitud de las movilizaciones en Panamá fue algo similar a la lucha y triunfo en Costa Rica en los años 80’s contra otra empresa canadiense llamada ALCOA, ambas significan un ruinoso negocio para los países, y empobrecimiento para las comunidades.

Además, agregar que nosotres como activistas y miembres del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica y la Federación Ecologista (FECON), y viviendo en el sur de Costa Rica donde hay muchas industrias extractivistas como Delmonte con la piña, la ganadería, la caña de azúcar; estamos convencides acerca de la urgencia en apoyar las causas que cuestionen la economía neoliberal que en ninguna forma es una economía acorde con el tiempo de emergencia climática que vivimos.

¡Panamá no se vende!

¡Panamá sin minería!

Ver video del comunicado.

A propósito de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de una ley-contrato minero

Foto extraída de artículo de prensa (El País, España) titulado «Protestas masivas en Panamá en rechazo a una concesión para explotar la mayor mina de cobre de Centroamérica», edición del 26/10/2023

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

El pasado 27 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la ley adoptada por el Poder Legislativo de Panamá que aprobaba un contrato otorgando a una empresa minera canadiense derechos de exploración y de explotación del cobre en el territorio panameño (véase nota de la BBC y nota de ElPais, España).

El caso remonta a una concesión minera previa otorgada en 1997, y ya declarada inconstitucional por la misma justicia panameña en una sentencia del 21 de diciembre del 2017: véase el texto de opinión de la Procuraduría de la Administración de Panamá de mayo del 2021, y el texto del decreto del 19 de diciembre del 2022 adoptado por las autoridades ambientales panameñas.

Desde el 2014, un informe sobre el impacto negativo de las empresas mineras canadienses en América Latina espera que las autoridades canadienses tomen acciones tendientes a regular desde Canadá sus actividades, en particular desde la perspectiva de los derechos humanos y de la protección del ambiente (Nota 1).

La sentencia del 27 de noviembre del 2023 en (muy) breve

En una larga sentencia (véase texto completo), es por unanimidad que los nueve integrantes de la Corte Suprema de Justicia declararon inconstitucional la ley aprobada en octubre del 2023.

Se indica por parte de los magistrados que el Estado panameño tiene que establecer prioridades, que al parecer sus autoridades ignoran, al señalar de manera enfática (p. 111):

«Por lo que, en esa línea de pensamiento, mal podría el Estado sobreponer los intereses económicos frente a la protección de derechos humanos. En ese tenor, si bien la República de Panamá, se ha constituido en parte del Tratado de Libre Comercio y del Tratado Bilateral de Inversión con el Estado Canadiense, al generarse la colisión de derechos económicos frente a derechos que se vinculan a la protección del derecho a la salud y a la vida, el Estado necesariamente deberá priorizar éstos últimos«.

En esta misma sentencia, además de los dos instrumentos internacionales económicos referidos por los magistrados en la cita anterior, se incluyen también otros tratados internacionales a los que Panamá es Estado Parte en materia ambiental, en particular uno de ellos: el Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en marzo del 2018 y que a la fecha cuenta con 15 Estados Parte, entre los cuales no figura Costa Rica (Nota 2).

Más precisamente se lee que (p. 180):

«Lo anterior, debe verse en concordancia con lo dispuesto por el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), aprobado por la República de Panamá, mediante Ley No 125 de 4 de febrero de 2020, y que dispone en su artículo séptimo la garantía de propiciar la participación ciudadana en asuntos ambientales de entidad, como lo es por ejemplo, el proyecto de minería que en esta ocasión fue elevado a Contrato Ley. Por ser signatarios del referido acuerdo, y en acatamiento del artículo 4, concordante con el artículo 17, ambos de la Constitución Política, el Estado adquirió obligaciones internacionales, de índole social y ambiental, con la finalidad de asegurar a la ciudadanía, la efectividad del derecho al acceso de la información, sobre aquellos asuntos que puedan afectar el libre disfrute de su derecho a un medio ambiente sano, como derechos fundamentales, y dada su incidencia en la dignidad de las personas«.

También indican los magistrados panameños (pp. 181-182) que:

«Es decir que, al tiempo en que se dieron las discusiones legislativas, que concluyeron con la aprobación del Contrato Ley No406 de 20 de octubre de 2023, existían pautas normativas, dentro de la legislación panameña, que contemplaban mecanismos efectivos para poner en conocimiento de los habitantes de las comunidades aledañas; y de la población en general, toda la información relacionada con las consecuencias y efectos de la actividad minera que se realizó, que se encontraban realizando, y que se iba a realizar, en virtud del Contrato Ley. No obstante, lo verificable es que la concesión minera fue aprobada sobre la base de un informe de impacto ambiental; el cual, además de no ser reciente, y por ende, no contener información actualizada sobre la situación ecológica vigente al momento de su celebración, omite cumplir la normativa reglamentaria emitida por el Estado, con el objetivo de brindar efectividad al derecho de acceso a la información, en materia de asuntos ambientales, suscrito a través del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)«.

Como se puede observar la celeridad con la que se tramitó la aprobación de esta ley ignoró por completo uno de los principios más básicos del derecho ambiental contemporáneo recogido en la misma legislación ambiental panameña: el principio de participación ciudadana en materia ambiental.

Empresas mineras y autoridades políticas: una extraña sensación de «déjà vu»

Con esta sentencia, se pone fin a más de un mes de protestas y de manifestaciones de diversos sectores de la sociedad panameña, que salieron de sus casas a las calles a protestar por la forma tan peculiar con la que se tramitó esta polémica ley: se trata de una aprobación «express» acaecida el 20 de octubre del 2023 y cuyos autores posiblemente pretendían que pasara casi desapercibida (véase nota del Semanario Universidad del mismo 20 de octubre, precisando que la votación fue de 44 a favor, 5 en contra y 2 abstenciones).

Al trámite expedito antes mencionado, hay que añadir la profunda indignación de la población panameña ante la actitud (no menos peculiar) de las máximas autoridades panameñas al defender contra viento y marea este proyecto minero: una extraña sensación de unísono empresa-autoridades que nos permitimos calificar de «desvergonzada simbiosis» con relación a un cuestionado proyecto minero de una empresa minera canadiense en Costa Rica (Nota 3).

En el texto de la antes mencionada sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, se evidencia la profunda molestia de sus magistrados con la manera con la cual se negoció este contrato minero, al leerse en particular que (p. 171):

«Constituye una afrenta a la separación de poderes que, ante una declaratoria de inconstitucionalidad de esta Máxima Corporación de Justicia, se haya negociado un contrato de concesión incurriendo en los mismos yerros; y llama la atención el hecho que en el nuevo contrato convertido en Ley No 406 de 20 de octubre de 2023, incluso se mencione el contrato anterior, como si la Sentencia de Inconstitucionalidad no hubiese sido dictada«.

Y es que la tramitación «express» de una ley observada en Panamá recuerda otra tramitación «accelerada» en los años 2007-2008 del proyecto minero ubicado en Las Crucitas, en la Zona Norte de Costa Rica: como se recordará, este proyecto minero fue declarado «de conveniencia nacional» de manera inconsulta y sorpresiva por parte del Poder Ejecutivo costarricense en octubre del 2008 y… fue declarado totalmente ilegal por parte de la justicia costarricense en noviembre del 2010. Remitimos a nuestros estimables lectores a la sentencia completa del Tribunal Contencioso Administrativo del 24 de noviembre del 2010, en la que se lee (punto XL) que:

«En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero«.

Esta primera decisión fue ratificada en todos sus extremos por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica el 30 de noviembre del 2011, al rechazarse la batería de argumentos presentados por la empresa minera canadiense (véase texto completo de la sentencia 1469-2011 de la Sala Primera, cuya lectura resulta de gran interés). Es de notar que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental alegada por la recurrente en su apelación y rechazada por la Sala Primera (párrafos XIX y XX de la sentencia de la Sala Primera) denota el desconocimiento de este principio – algo básico – y su realidad jurídica en Costa Rica; un desconocimiento que se extendió a algunos integrantes de la Sala Constitucional, cuando estos analizaron en el 2020 el alcance de las disposiciones del Acuerdo de Escazú, en particular una magistrada que integró la Sala Constitucional hasta el 2021.

A modo de conclusión

Con esta decisión de sus magistrados, Panamá ofrece a América Latina y al mundo en general, una nueva y ejemplar lucha, emprendida por diversos sectores sociales, indignados por el trato tan peculiar otorgado por sus máximas autoridades a una empresa extranjera.

Y de paso, confirma la independencia del Poder Judicial panameño, que en otras latitudes del continente, suele verse seriamente puesto en tela de duda cuando se trata de megaproyectos de cierta envergadura que involucran a inversionistas extranjeros.

En el caso específico de Centroamérica, esta actitud de las autoridades panameñas recuerda lo observado en muchos escándalos ambientales originados en contratos con empresas mineras canadienses.

Como parte de la estrategia de la empresa canadiense (que recuerda la de otra empresa canadiense en el año 2010 en Costa Rica), esta anunció, unos días antes de darse a conocer la decisión de la justicia panameña, su intención de demandar a Panamá ante el Centro Internacional de Arreglos de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (más conocido como CIADI en español, ICSID en inglés): véase al respecto texto de comunicado oficial de las autoridades de comercio de Panamá con fecha del 26 de noviembre.

– Notas –

Nota 1: Véase al respecto el informe titulado » El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá – Informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos«, Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, 2014. Texto completo disponible aquí.

Nota 2: El estado de firmas y ratificaciones del Acuerdo de Escazú se encuentra disponible en este enlace oficial de Naciones Unidas. Con relación a la persistente ausencia de Costa Rica, véase BOEGLIN N., «Costa Rica y el Acuerdo de Escazú: historia de una persistente ausencia«, Revista de Ciencias Ambientales, Universidad Nacional (UNA), Vol. 58 (2024). Texto disponible aquí. Cabe recordar que desde 1998, el continente europeo cuenta con un instrumento regional muy similar al Acuerdo de Escazú, la Convención de Aarhus, adoptada en 1998 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).

Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica: el reciente laudo arbitral del CIADI sobre el proyecto minero ubicado en Las Crucitas», Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 15/06/2021. Texto disponible aquí.

Parlamento Cívico Ambiental saluda la lucha contra la explotación minera en Panamá y advierte sobre los intentos para revivirla en Costa Rica

Comunicado
28 de noviembre del 2023

Celebran la lucha de la sociedad civil panameña en su llamado firme y decidido para que la Corte Suprema panameña declarase inconstitucional la Ley 406 de 2023 mediante la cual se renegocian estas irregulares concesiones mineras.

Con ese espíritu crítico, democrático y defensor de nuestros ecosistemas asume el estudio y evaluación del proyecto de Ley Código de Minería, expediente 23068.

En San José, Costa Rica, el Parlamento Cívico Ambiental tomó una resolución el 24 de noviembre del 2023 considerando que la actividad de minería está entre las mayores causantes de conflictos ambientales a nivel nacional, Centroamericano y Latinoamericano, con niveles de alta intensidad y violencia social. Un buen número de organizaciones y personas con membrecía en el Parlamento Cívico Ambiental han experimentado de primera mano la intensidad de los conflictos y las maniobras de manipulación de las instituciones públicas que se desatan en razón de los proyectos de minería a cielo abierto como parte de la lucha contra el ilegal proyecto minero Crucitas desde la década antepasada.

Asimismo, consideró que hoy día el pueblo panameño ha enfrentado otra erupción de conflictividad ambiental en razón del empeño del gobierno de Panamá en implementar concesiones mineras dañinas para sus ecosistemas y con legalidad dudosa en el mejor de los casos. Los antecedentes históricos muestran una progresión de hechos que desembocaron en justas protestas en Panamá por parte de las fuerzas sociales que se opusieron al proceder gubernamental respecto a la minería y el manejo de las concesiones. Esta conflictividad cobró múltiples vidas de defensores del ambiente y la soberanía panameña, creando una situación de inestabilidad social y económica que causó costos enormes para la población de esta hermana nación.  

En reacción al nivel de las protestas el congreso panameño aprobó una moratoria a la minería pero que no afecta los contratos vigentes.

El Parlamento Cívico Ambiental acordó declarar su solidaridad con esta lucha y Celebrar el llamado firme y decidido de la sociedad civil para que la Corte Suprema panameña declarase inconstitucional la Ley 406 de 2023 mediante la cual se renegocian estas irregulares concesiones mineras. Celebra el fallo que este 28 de noviembre ha declarado inconstitucional este contrato.

Llama a las organizaciones sociales y la comunidad internacional a sumarse a celebrar la resolución de este conflicto a favor de las justas aspiraciones del pueblo panameño en defensa de su ambiente, sociedad, soberanía y ordenamiento jurídico. Expresa su rechazo por las graves consecuencias históricas que ha tenido esta actividad para los pueblos y ecosistemas de la región latinoamericana.

Finalmente, considerando que en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se ha presentado una nueva iniciativa legislativa promoviendo la adopción de un proyecto de Ley Código de Minería, expediente 23068, acordó que con espíritu crítico, democrático y defensor de nuestros ecosistemas asume el estudio y evaluación de este proyecto.

Se adjunta el acuerdo completo.

  • Asociación Costarricense de Hidrógeno-ACH2.
  • Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica-ASOMOVE.
  • Asociación de Desarrollo Específica para las Juventudes del Distrito de Paquera.
  • Asociación Defensoría del Pescador y de Promoción de la Prensa Responsable.
  • Asociación Ecologista Desamparados.
  • Asociación Ecoturística Corcovado-Bijagua.
  • Asociación Montaña Verde.
  • Asociación para el Desarrollo Sostenible San José Rural.
  • Asociación Plataforma de las Organizaciones de la Sociedad Civil ODS Costa Rica.
  • Asociación Proyecto Camino Verde.
  • Asociación PEDAL
  • Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente. ARCA
  • Asociación Regional por la Transformación Social y Ecológica (ARTES)-JUSTECO.
  • Asocuenca-Río Cañas.
  • Cámara de Turismo San Gabriel Caraigres.
  • Centro de Acopio Preserva Planet.
  • Coalición Ambiental Costa Rica.
  • Cruzando Fronteras.
  • Escuela Socioambiental de Caraigres.
  • Federación Costarricense de Pesca.
  • For the Oceans Foundation & One Ocean World Wild Coalition.
  • Fundación Confianza Verde.
  • Fundación Laberinto para el Desarrollo Integral de la Persona Humana.
  • Fundación One Sea.
  • Fundación Operation Rich Coast.
  • Fundación Sombrilla del Bosque.
  • Fundación Somos Árboles y Vida.
  • Gestores y Gestoras Culturales y Ambientales de Curridabat.
  • Green Wolf.
  • Hidrobag.
  • Milenio 3 S.A.
  • Movimiento Ciudadano PYMES CR.
  • Municipalidad de San Rafael de Heredia.
  • Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas.
  • Observatorio Río Cañas Aserrí-Desamparados.
  • Programa de Gestión Local UNED.
  • Red Costarricense de Reservas Naturales.
  • Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica. Capítulo Costa Rica.
  • Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica.
  • Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación.
  • Universidad de Costa Rica.
  • Universidad Nacional.

Directorio Parlamento Cívico Ambiental
Bernardo Aguilar González. Presidente
Yahaira Rojas Jiménez. Vicepresidenta
Jorge Mora Portuguez. Primera Secretaría
Cinthya Hernández Gómez. Segunda Secretaría

En representación de sus organizaciones miembro.

Texto del acuerdo completo

ACUERDO DEL PARLAMENTO CÍVICO AMBIENTAL SALUDANDO LA LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN MINERA EN PANAMÁ Y ADVIRTIENDO LOS INTENTOS PARA REVIVIRLA EN COSTA RICA

Considerando:

Primero:  Que, desde el 12 de mayo del 2023, el Parlamento Cívico Ambiental ha manifestado vehemente y decidida oposición a propuestas que buscan implementar actividades extractivistas como la exploración y explotación de petróleo y gas natural en Costa Rica.

Segundo: Que, de conformidad con los registros del Atlas Mundial de Justicia Ambiental, la actividad de minería está entre las mayores causantes de conflictos ambientales a nivel nacional, Centroamericano y Latinoamericano, con niveles de alta intensidad y violencia social.

Tercero: Que un buen número de organizaciones y personas con membrecía en el Parlamento Cívico Ambiental han experimentado de primera mano la intensidad de los conflictos y las maniobras de manipulación de las instituciones públicas que se desatan en razón de los proyectos de minería a cielo abierto como parte de la lucha contra el ilegal proyecto minero Crucitas desde la década antepasada.

Cuarto:  Que hoy día el pueblo panameño ha enfrentado otra erupción de conflictividad ambiental en razón del empeño del gobierno de Panamá en implementar concesiones mineras dañinas para sus ecosistemas y con legalidad dudosa en el mejor de los casos. 

Quinto: Que el proceso de conflictividad actual tiene como antecedente que, desde la administración Pérez Valladares en 1997, se aprueba la concesión administrativa de Cerro Quema y la concesión de Petaquilla, concediéndose exoneraciones, tierra y agua sin la licitación exigida por la normativa.

Sexto: Que esas concesiones debieron cancelarse por ausencia de inversión durante el gobierno de Mireya Moscoso, cosa que no se hizo.

Séptimo: Que en la administración Torrijos, siguiéndose sin hacer las inversiones de ley, se aprobó que la concesión de Petaquilla se dividiera en Petaquilla Gold, explotada por empresas dirigidas por el empresario Richard Fifer, y Petaquilla Cooper, que fue comprada por la empresa canadiense Inmet. Asimismo, se aprobó el estudio de impacto ambiental de Petaquilla Gold.

Octavo: Que en la administración de Ricardo Martinelli se impulsaron diversas reformas de la normativa ambiental y laboral panameña (ley chorizo) buscando favorecer a las compañías mineras, permitiendo a empresas extranjeras invertir en minería, con lo que Corea del Sur compró acciones de la minera del cobre. Asimismo, se aprobó el estudio de impacto ambiental de Petaquilla Cooper, Inmet le vendió la concesión a First Quantum, en medio de demandas de inconstitucionalidad (1998 y 2010) para el proyecto y acusaciones de manipulación y especulación con el precio de sus acciones.  

Noveno: Que en diciembre de 2017 se dictan los fallos de las dos acciones de inconstitucionalidad pero no se notifican. Asimismo, a pesar de ser inapelables, la administración Varela recurre los mismos. Indica la prensa panameña que esa administración pactó con la corte con el fin de que las mineras no fueran dejadas sin respaldo.

Décimo: Que en junio del 2021 se declara inconstitucional el proyecto minero nuevamente. Sin embargo, la corte se percata de que no se publicó el fallo del 2017 y procede a publicar un día el primer fallo y al día siguiente el segundo.

Décimo Primero: Que el gobierno de Varela había renovado el contrato de First Quantum en 2016 sin consulta, ni auditorías y con las demandas de inconstitucionalidad por fallarse. Esa administración no canceló tampoco la concesión de Cerro Quema.

Decimo Segundo: Que la administración Cortizo realizó el pacto del bicentenario y se renegocia el contrato con oposición clara de la ciudadanía a la minería. La Asamblea panameña recibe ese contrato en agosto del 2023 y producto de la consulta se le devuelve el contrato al ejecutivo a pesar de que el ordenamiento panameño establece que los contratos ley deben ser aprobados o rechazados. El gobierno retira el contrato el 10 de octubre y el 11 aprueba un nuevo contrato que es refrendado por la contraloría y vuelve al congreso el 16 de octubre. Se aprueba el contrato en primero, segundo y tercer debate y es firmado por Cortizo, saliendo publicado en la Gaceta para el 20 de octubre.

Décimo Tercero: Que inmediatamente después de estos hechos se desatan las protestas en Panamá por parte de las fuerzas sociales que se oponen al proceder respecto a la minería y el manejo de las concesiones. Esta conflictividad cobró múltiples vidas de defensores del ambiente y la soberanía panameña, creando una situación de inestabilidad social y económica que está cobrando costos enormes para la población de esta hermana nación.

Décimo Cuarto: Que en reacción al nivel de las protestas el congreso panameño ha aprobado una moratoria a la minería pero que no afecta los contratos vigentes. Asimismo, se dictó anteriormente una resolución de una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato que renegoció la administración Cortizo (Ley 406 de 2023) en la cual se ha declarado inconstitucional ese contrato, pero que tuvo defectos de forma en su publicación. En reacción a la situación se planteó un nuevo y definitivo recurso de inconstitucionalidad.

Décimo Quinto: Que en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se ha presentado una nueva iniciativa legislativa promoviendo la adopción de un proyecto de Ley Código de Minería, expediente 23068.

Por lo tanto, el Parlamento Cívico Ambiental acuerda:

Primero: Declarar su solidaridad con el pueblo panameño en la defensa de su derecho a un ambiente sano, de los derechos humanos de sus habitantes y en rechazo a estos contratos de minería a cielo abierto que atentan además contra la legalidad y la soberanía de esta hermana nación.

Segundo: Celebrar la lucha de la sociedad civil panameña en su llamado firme y decidido para que la Corte Suprema panameña declarase inconstitucional la Ley 406 de 2023 mediante la cual se renegocian estas irregulares concesiones mineras. Celebra el fallo que este 28 de noviembre ha declarado inconstitucional este contrato.

Tercero: Que llama a las organizaciones sociales y la comunidad internacional a sumarse a celebrar la resolución de este conflicto a favor de las justas aspiraciones del pueblo panameño en defensa de su ambiente, sociedad, soberanía y ordenamiento jurídico.

Cuarto: Que expresa su rechazo por las graves consecuencias históricas que ha tenido esta actividad para los pueblos y ecosistemas de la región latinoamericana.

Quinto: Que con ese espíritu crítico, democrático y defensor de nuestros ecosistemas asume el estudio y evaluación del proyecto de Ley Código de Minería, expediente 23068.

Sexto: Acordamos difundir este manifiesto con la ayuda del Departamento de Participación Ciudadana a la prensa nacional e internacional, en los sitios del Parlamento y a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa.

Dado en el Parlamento Cívico Ambiental de la Asamblea Legislativa de Costa Rica a las 12:00 horas del 24 de noviembre del 2023.

Por las organizaciones del Parlamento Cívico Ambiental:

–           Asociación Costarricense de Hidrógeno-ACH2.

–           Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica-ASOMOVE.

–           Asociación de Desarrollo Específica para las Juventudes del Distrito de Paquera.

–           Asociación Defensoría del Pescador y de Promoción de la Prensa Responsable.

–           Asociación Ecologista Desamparados.

–           Asociación Ecoturística Corcovado-Bijagua.

–           Asociación Montaña Verde.

–           Asociación para el Desarrollo Sostenible San José Rural.

–           Asociación Plataforma de las Organizaciones de la Sociedad Civil ODS Costa Rica.

–           Asociación Proyecto Camino Verde.

–           Asociación PEDAL

–           Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente. ARCA

–           Asociación Regional por la Transformación Social y Ecológica (ARTES)-JUSTECO.

–           Asocuenca-Río Cañas.

–           Cámara de Turismo San Gabriel Caraigres.

–           Centro de Acopio Preserva Planet.

–           Coalición Ambiental Costa Rica.

–           Cruzando Fronteras.

–           Escuela Socioambiental de Caraigres.

–           Federación Costarricense de Pesca.

–           For the Oceans Foundation & One Ocean World Wild Coalition.

–           Fundación Confianza Verde.

–           Fundación Laberinto para el Desarrollo Integral de la Persona Humana.

–           Fundación One Sea.

–           Fundación Operation Rich Coast.

–           Fundación Sombrilla del Bosque.

–           Fundación Somos Árboles y Vida.

–           Gestores y Gestoras Culturales y Ambientales de Curridabat.

–           Green Wolf.

–           Hidrobag.

–           Milenio 3 S.A.

–           Movimiento Ciudadano PYMES CR.

–           Municipalidad de San Rafael de Heredia.

–           Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas.

–           Observatorio Río Cañas Aserrí-Desamparados.

–           Programa de Gestión Local UNED.

–           Red Costarricense de Reservas Naturales.

–           Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica-Capítulo Costa Rica.

–           Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica.

–           Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación.

–           Universidad de Costa Rica.

–           Universidad Nacional.

Firma su Directorio:

Bernardo Aguilar González. Presidente
Yahaira Rojas Jiménez. Vicepresidenta
Jorge Mora Portuguez. Primera Secretaría
Cinthya Hernández Gómez. Segunda Secretaría

Panamá: una lucha que es por mucho más que un contrato minero

Olmedo Beluche

Movilizaciones masivas como no se habían visto nunca en la historia de la república de Panamá, un país donde cada tanto la gente se tira a la calle a protestar. Decenas de miles de jóvenes autoconvocados por las redes sociales que se reúnen y marchan por las principales avenidas de la ciudad capital.

Miles de pobladores de comunidades indígenas, rurales y urbanas pauperizadas que espontáneamente salen a bloquear la carretera Panamericana, en tantos lados a la vez, que es imposible para la policía reprimirlos a todos. Miles de activistas sindicales y gremiales que marchan y cierran calles convocados por una alianza de organizaciones populares con carácter asambleario, compuesta por docentes, obreros de la construcción, trabajadores de la industria, estudiantes, etc.

Una lucha que cuestiona los cimientos políticos y económicos del país

Algunos, en broma o en serio, afirman que Panamá está viviendo su “primavera árabe”. Lo que está sucediendo no encuentra otro grado de comparación. Una pequeña revolución que ha convulsionado todo, en que mucha gente se ha descreído de todas las instituciones políticas, los órganos del estado, los gremios patronales y los grandes medios de comunicación.

Esto pasa porque el motivo de la movilización, el repudio a un contrato con una empresa minera concentra en sí mismo todas las contradicciones sociales y políticas de este país y del mundo decadente del siglo XXI:

Esta lucha implica la defensa de la naturaleza frente al voraz extractivismo de los grandes monopolios de países imperialistas que saquean la riqueza mineral de los países dependientes y semicoloniales; a su vez, el repudio al contrato minero está relacionado con un modelo económico capitalista neoliberal que pone la riqueza del lado de una minoría y la miseria a las mayorías; tiene que ver con el régimen político disfrazado de democrático pero en manos de una cleptocracia a la que se ha caído la careta; implica a los grandes medios de comunicación comprados con el dinero de la minera dispuestos a lanzar campañas sucias y mentiras contra los dirigentes sindicales y populares; obliga a quienes se movilizan a pensar en las próximas elecciones, en la que casi todos los candidatos a la presidencia de la república son defensores de la mina.

Julio de 2022, el “ensayo general”

Para comprender la fuerza que adquirió la movilización popular contra el contrato minero hay que tener presente que un año antes, en julio de 2022, se había producido otro estallido social de connotaciones similares al actual. Ese año el móvil de la lucha popular fue el proceso inflacionario producido cuando recién el país empezaba a salir de la crisis de la pandemia de la Covid-19, cuando el crecimiento económico tomaba impulso, pero los empleos y salarios se mantenían deprimidos gracias a la política neoliberal del gobierno de Laurentino Cortizo.

Al igual que ahora, además de las movilizaciones obreras y docentes, los pobladores indígenas y de las provincias se lanzaron a las calles a hacer cortes de la carretera, paralizando la economía. Un hecho inédito en ese momento, que obligó al gobierno a sentarse a un diálogo televisado con la dirigencia popular. Aunque al final el gobierno incumplió la mayoría de los acuerdos, la experiencia quedó grabada en la memoria del pueblo panameño. Podríamos decir que, julio de 2022, fue el “ensayo general” de las movilizaciones actuales.

Antes el enclave canalero, ahora el enclave minero

Toda esta lucha popular tuvo un detonante: la aprobación del contrato para la explotación de cobre con la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM) y su subsidiaria Minera Panamá. Un contrato leonino que cede a la empresa tantos “derechos”, que crea un enclave minero, con casi nula supervisión estatal, en que sus gerentes tienen potestad para seguir desbastando el bosque del corredor biológico en que está ubicada, seguir expandiéndose a discreción y explotando los recursos hídricos del área. Todo a cambio de una migaja de menos de 390 millones de dólares anuales, que son nada respecto a los miles de millones de ganancia de la empresa.

En fin, un enclave extractivista. Si de algo sabe el pueblo panameño es lo que significa un enclave: en 1903, el gobierno de Estados Unidos nos impuso otro contrato (tratado) para imponer el enclave colonial que fue la Zona del Canal. Al igual que ahora, la burguesía vende patria juró que había que entregar los recursos nacionales a intereses imperialistas porque la riqueza del país dependía de esos ingresos.

Durante 70 años el pueblo panameño luchó contra el enclave canalero y sus migajas que nos empobrecieron, hasta que luego de heroicas luchas, como la del 9 de Enero de 1964, se obligó al gobierno norteamericano a negociar un tratado que pusiera fin al enclave y sus bases militares. Desde el último día del siglo XX dejó de existir todo vestigio colonial en el canal. Ciento veinte años después, nos quieren devolver a un nuevo enclave.

Historia de un atraco

Sin que el país hiciera conciencia de lo que pasaba, ya en 1997, el gobierno otorgó una concesión a una empresa panameña, relacionada con capitalistas allegados a los políticos que controlaban Asamblea a Nacional y el Ejecutivo, para la explotación de un yacimiento de oro y cobre. Esta empresa posteriormente traspasó sus derechos a FQM. Desde entonces se ha extraído cobre del distrito de Donoso, provincia de Colón, en el Caribe panameño. Explotación que ha carecido ningún control ambiental, con un cuestionado estudio de impacto, pagando una exigua regalía del 2% al estado panameño y completamente exonerada de impuestos.

Desde un primer momento este contrato fue demandado por inconstitucional ya que, entre otras cosas, se había hecho una concesión sin pasar por la debida licitación pública como exige la legislación. Los poderosos intereses económicos que mueve esta empresa minera, incluyendo el bufete de abogados más influyente del país, Morgan y Morgan, lograron que la Corte Suprema de Justicia retardara por 20 años el fallo de inconstitucionalidad sobre el contrato original.

Cuando finalmente se emitió el fallo de la corte, en diciembre de 2017, las autoridades se negaron a publicarlo en la Gaceta para que no entrara en vigor. Cuando ya no pudieron postergarlo más, a causa de tantas denuncias, se publicó 5 años después, en diciembre de 2022.

A partir de entonces la empresa siguió funcionando y extrayendo de manera ilegal, con la complicidad evidente del gobierno que, anunció el inicio de negociaciones, las cuales se rompieron a inicios de 2023, por la supuesta intransigencia de un gerente canadiense, pero nada de esto impidió a la empresa continuar el robo (pues no hay contrato) de material. Finalmente, en octubre de 2023, el gobierno de Laurentino Cortizo anunció el nuevo contrato.

La “república de los primos” hijos putativos de la empresa minera

Hace décadas un intelectual panameño llamó a Panamá la “república de los primos” porque la clase dominante está emparentada entre sí, no solo por los negocios, sino también consanguíneamente, es endogámica como la vieja nobleza europea. Este hecho llega paroxismo cuando, el ministro de comercio, encargado de la negociación con la empresa FQM, Federico Alfaro Boyd, está emparentado con algunos de los socios del bufete de abogados que defiende los intereses de la minera, Morgan y Morgan, como Fernando Alfaro y Fernando Boyd.

Pero todos los hilos de las marionetas los mueven los intereses mineros en las elecciones presidenciales de 2024: el vicepresidente y candidato oficialista a la presidencia de la república, José Gabriel Carrizo, de Petaquilla Gold, que vendió los derechos a FQM. El principal candidato opositor, Rómulo Roux, es socio del bufete Morgan y Morgan, abogados de FQM. Ricardo Martinelli, otro candidato, tiene intereses mineros ocultos a través del escándalo llamado “Financial Pacific”.

El candidato a vicepresidente de la nómina encabezada por Ricardo Lombana, Michael Chen, como presidente de la Cámara de Comercio de Colón defendió el contrato con FQM. Martín Torrijos, postulado por el Partido Popular, fue presidente de la república cuando el contrato fue demandado y nunca actuó contra esa empresa.

Existe la honrosa excepción de la profesora Maribel Gordón, candidata presidencial apoyada por diversos sectores populares, que se ha opuesto al contrato minero y ha participado en las movilizaciones.

Repudio absoluto al contrato y a la cleptocracia gobernante

Tanto en las consultas públicas hechas por la web, como en las audiencias de la Asamblea Nacional, se hizo evidente el rechazo de la opinión pública por el contrato, incluyendo las comunidades aledañas a la mina. Pese a ello, el gobierno simuló la corrección de un par de artículos y reenvió el proyecto a la Asamblea Nacional, que lo aprobó rápidamente y quedó refrendado la misma noche, bajo el nombre de Ley 406 de 20 de octubre de 2023, “que aprobó el contrato de concesión minero celebrado entre el Estado y Minera Panamá, S. A.”

La nueva ley fue demandada inmediatamente por inconstitucionalidad. Este procedimiento espurio, aunando a lo que ya se conocía del contrato, indignaron a la población que empezó a salir a las calles. Las masivas movilizaciones y los bloqueos de la última semana de octubre obligaron al gobierno a retroceder, aceptando aprobar una ley de moratoria minera (Ley 407) para todo el país, por la cual no se admitirán nuevas exploraciones ni explotaciones de minería metálica en ningún lugar de la república. Pero la ley no toca al contrato con FQM.

Tratan de imponer la división del movimiento para debilitarlo

En algún momento, aterrorizados por la explosión popular los diputados incluyeron en el proyecto que declaraba la moratoria de nuevas concesiones mineras un artículo derogando el contrato con FQM (Ley 406). Pero aquí empezó a operar una estrategia de los gremios empresariales, medios de comunicación, abogados y políticos al servicio del sistema, que pidieron a los diputados sacar el artículo de la derogación para depositar toda la confianza en un nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia.

La argumentación que esgrimieron reiteradamente en los medios de comunicación era que FQM iba a realizar una demanda multimillonaria al país si el contrato ley se derogaba, y que solo quedaríamos bien blindados si se basaba en un fallo de inconstitucionalidad de la corte. Esos malabarismos jurídicos, que pretenden aplicar al estado principios del derecho privado entre particulares, fueron acogidos por ciertos sectores de capas medias que dirigían parte de la movilización y por algunas ONG’s ambientalistas, de modo que terminaron haciendo el juego a la burguesía, al gobierno y a FQM al rogar a los diputados que sacaran la derogación de la Ley 406 cuando estaban a punto de hacerlo, lo cual habría significado una victoria completa para el pueblo panameño.

Juristas, ambientalistas y dirigentes del movimiento rechazaron esas argumentaciones y han seguido sosteniendo que la “derogación mediante otra ley” es el camino más expedito y completamente constitucional para finiquitar el contrato con FQM. También han advertido que la Corte Suprema de Justicia es poco confiable y que ahí está la experiencia del contrato anterior.

Además, es obvio que los dueños de FQM van de todas maneras a maniobrar por todos los medios, jurídicos o no, para no perder sus privilegios.

El resultado es que el contrato que el pueblo ha venido rechazando sigue vigente. Como la jugada leguleya no era inocente tanto los gremios empresariales, que siempre apoyaron el contrato, como los medios de comunicación e inclusive los sectores ambientalistas que cayeron en ese juego, empezaron a exigir al pueblo y sus organizaciones salir de las calles a esperar la decisión de la corte.

Campaña sucia de infamias contra el SUNTRACS

El movimiento popular no cayó en la trampa montada por la burguesía. Un Asamblea de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, repudió la maniobra de esperar a la corte. Así que las organizaciones sindicales, especialmente el Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs), los gremios magisteriales, las comunidades indígenas, los pobladores, los estudiantes y los jóvenes han seguido en la calle y bloqueando las carreteras para desesperación de la burguesía que ve afectados sus negocios. Los intentos de represión del gobierno se han estrellado con la masividad de las protestas.

Más de 1,200 personas han sido arrestadas a lo largo de tres semanas de movilización, aunque en su mayoría han sido liberadas sin multas. Tres educadores han muerto en las barricadas defendiendo los bloqueos, uno fue atropellado y dos fueron tiroteados a plena luz pública y ante las cámaras por un abogado de la élite gobernante descendiente de los norteamericanos que poblaron la extinta Zona del Canal. El repudio frente a este crimen ha sido tan fuerte que, por ahora se ha logrado que lo mantengan arrestado, pese a que, por su edad, sus abogados pidieron medida cautelar de casa por cárcel.

En una reunión con la cúpula empresarial el presidente Cortizo y sus ministros recurrieron al concepto sostenido por la ultraderecha latinoamericana, especialmente por el uribismo en Colombia, para definir el movimiento como una “Revolución Molecular Disipada”. Según esa lógica, la causa del descontento no estaría en el repudio al contrato y la corrupción que corroe las instituciones, sino en una conspiración “comunista” para tomar el poder. Volvemos al macartismo, pero sin Unión Soviética.

Los días subsiguientes se empezó desde los “call centers” al servicio del gobierno una campaña contra el SUNTRACS, acusándolos de violentos y de promover el caos. Posteriormente el banco estatal Caja de Ahorros cerró las cuentas del sindicato, y algunos medios insinuaron que sus cuentas estaban asociadas al “terrorismo”. Se han hecho amenazas anónimas contra la vida del secretario general, Saúl Méndez.

Pese a que el gobierno y la burguesía han intentado todos los medios para desmovilizar, no han podido lograrlo, la gente se mantiene movilizada, se sostienen los bloqueos, y la consigna que exige derogación de la Ley 406.

Movilización contra la Ley 406 síntesis de todas las contradicciones

Muchas personas se preguntan cómo el debate en torno al contrato minero ha concitado tal explosión social, lo cual no sucedió en las dos décadas en que estuvo funcionando la mina, pese a las múltiples denuncias. Una parte de la explicación es el enorme avance en la conciencia de las personas, en especial de la juventud respecto a la crisis ambiental que padece el planeta gracias al capitalismo depredador que estamos sufriendo. Mucha gente conoce suficientemente de los problemas del cambio climático, la contaminación y destrucción del ambiente natural por parte de la industria. Son temas de conversación en todos lados.

Pero también aporta al ánimo combativo la rabia contenida por una situación social gravísima, que ha dado un salto después de la pandemia: pese a la recuperación económica, el desempleo es la tónica con que se encuentra la juventud. Si la tasa de desempleo oficial es del 10% aproximadamente, entre los jóvenes se duplica. El empleo informal oficial es del 48% de la fuerza de trabajo que, sumado al desempleo abierto, nos habla de una población en situación precaria.

Los bajos salarios son la tónica bajo la que viven las mayorías: la mediana salarial es de 728 dólares, pero el costo de la canasta básica general es de 682 dólares y al alza. La pobreza extrema afecta al 13% de las familias y la pobreza relativa al 32%. La desigualdad social medida por el coeficiente de Gini es de las peores de Latinoamérica 49,8.

El gobierno tiene como política económica el subsidio permanente al sector empresarial, que es constantemente premiado con exoneraciones fiscales y zonas especiales, pese a un déficit público anual que no baja de los 2,500 millones de dólares que se tapan con enormes préstamos. En cuatro años de gobierno de Laurentino Cortizo la deuda pública escaló de 26 a 46 mil millones de dólares.

A todas estas injusticias sociales se suma la evidente corruptela que abarca al espectro político y las instituciones. Vivimos en una época de saqueo al erario y la propiedad pública y eso es cada vez más evidente para todas las personas. El hartazgo contra la corrupción es otro elemento que explica el enojo que lleva a la gente a las calles.

¿Qué pasará después?

Es difícil vaticinar cómo se moverán los acontecimientos. Aunque la corte declare inconstitucional el contrato con FQM o la Asamblea Nacional derogue la Ley 406, es probable que la empresa, en complicidad con el gobierno nacional, inicie cualquier maniobra jurídica para continuar expoliando el cobre panameño. Incluso no se descarta que inicien la negociación de un nuevo contrato. Todo es posible mientras gobiernen las marionetas pagadas por intereses mineros en este o en el gobierno que se elija en mayo de 2024.

La única garantía de defensa de la soberanía nacional y protección de nuestros recursos naturales es lo que ha permitido el éxito hasta ahora alcanzado: el debate democrático y la movilización permanente del pueblo y sus organizaciones. Movilización que, a futuro, puede adoptar muchas formas y que no se restringen al cierre de calles.

La otra garantía es la continuidad de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, como bastión de unidad de los sectores sindicales y populares, sosteniendo su carácter democrático y asambleario, sin que ninguna fuerza política particular pretenda controlar y monopolizar.

Sobre todas las cosas, la vanguardia popular de la lucha está obligada a asumir un compromiso político por la transformación del país en todos los planos: económico, institucional, político y moral. Porque en última instancia la salida permanente al régimen corrupto y antipopular es política. Mientras gobiernen los de siempre con los mecanismos de siempre, cada día habrá que salir a defender los amenazados derechos democráticos, políticos, sociales, económicos, identitarios, sexuales y reproductivos.

La vanguardia popular también debe hacer conciencia de que el extractivismo no es solo un problema que afecta a la república de Panamá, sino que es una de las consecuencias del capitalismo imperialista decadente que vive el mundo que está llevando a la humanidad entera al desastre climático y ambiental, a la crisis económica y a la degradación social. Hay que asumir que el saqueo de nuestros recursos naturales es impuesto desde las potencias capitalistas incluso por las vías militares, cuando fallan el engaño de los acuerdos comerciales.

Por lo tanto, al final, la vanguardia popular panameña debe asumir una política de unidad internacional, de solidaridad y coordinación con quienes luchan en los países hermanos por “otro mundo posible”.

Panamá, 18 de noviembre de 2023.

Compartido con SURCOS por Vilma Peña.

Una ficción en clausura

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Centroamérica se debate hoy, una vez más en su historia, en una hora compleja. Los escenarios en Guatemala y Panamá dan cuenta de procesos en los que aparece su población como protagonista.

Al tiempo que se escriben estas notas se conoce del ataque del Ministerio Público guatemalteco a la institucionalidad académica, clara cuestionadora de los arreglos y amaños colmados de corrupción e impunidad, que las élites políticas han impulsado durante décadas en detrimento de las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

En Panamá durante días la manifestación pública en contra de la instalación de un proyecto minero (uno más que la racionalidad neoliberal ha intentado imponer a toda costa) ha sido constante, multisectorial y resistente.

A prueba de una agenda mediática repleta de espectáculos, superficialidades y cortinas de humo, las redes de comunicación horizontal que por suerte hoy están en nuestras manos nos hacen conocer los pormenores de la situación panameña. Colegas como los sociólogos Briseida Barrantes y Olmedo Beluche han sido nuestros interlocutores en estos días y por medio de sus constantes mensajes nos enteramos de la persistente dignidad que presenta el pueblo panameño en estos momentos.

Precisamente Olmedo Beluche compartió recientemente una reflexión sobre esta coyuntura a la cual habría que prestarle atención, desde mi perspectiva, en dos aspectos: el primero, reconocer el rasgo estructural que origina las manifestaciones cuyo hecho visible es la oposición tajante al funcionamiento de una empresa minera, pero que en el fondo devela una profunda crisis del modelo social, político y económico en aquel país. Por eso la conformación de un sustrato de actores amplio, como lo menciona Beluche:

“Movilizaciones masivas como no se habían visto nunca en la historia de la república de Panamá, un país donde cada tanto la gente se tira a la calle a protestar. Decenas de miles de jóvenes autoconvocados por las redes sociales que se reúnen y marchan por las principales avenidas de la ciudad capital. Miles de pobladores de comunidades indígenas, rurales y urbanas pauperizadas que espontáneamente salen a bloquear la carretera Panamericana, en tantos lados a la vez, que es imposible para la policía reprimirlos a todos. Miles de activistas sindicales y gremiales que marchan y cierran calles convocados por una alianza de organizaciones populares con carácter asambleario, compuesta por docentes, obreros de la construcción, trabajadores de la industria, estudiantes, etc.”

El segundo rasgo apela a reconocer una especie de “desujección” que la subjetividad política popular panameña ha realizado: el “descreimiento” hacia la institucionalidad, la política, los grupos patronales y los medios de comunicación. Es efectivamente un tajante cuestionamiento al orden social promovido por las élites panameñas y sus referentes políticos y financieros transnacionales.

En Costa Rica no ha detonado así el descontento popular, aunque hay suficientes motivos, porque aún persiste un saldo en el pensamiento colectivo sobre esa institucionalidad que sostuvo la vía costarricense durante buena parte del siglo XX. Aún quedan ciertos mitos fundacionales, aunque débiles, que sostienen una supuesta comunidad de iguales. Aunque nunca lo fuimos.

Uno de estos mitos, me parece, el de la comunidad horizontal e inclusiva, ha empezado a clausurarse. Solo así se entienden las incomprensibles reacciones de buena parte de aficionados durante el último partido de la selección costarricense, casualmente contra su homóloga panameña. Si ya las ficciones que sostenían ese pacto social (lo político vía la representación y lo colectivo vía la apelación a la comunidad por medio de figuras de identidad como la selección) no contienen. entonces estamos observando posiblemente el cierre técnico de esa comunidad que fuimos alguna vez. Si el cierre propiciara “el grito”, como mencionaba John Holloway alguna vez, bienvenido sea para el caso costarricense.

Aguardemos.