Comunicado
28 de noviembre del 2023
Celebran la lucha de la sociedad civil panameña en su llamado firme y decidido para que la Corte Suprema panameña declarase inconstitucional la Ley 406 de 2023 mediante la cual se renegocian estas irregulares concesiones mineras.
Con ese espíritu crítico, democrático y defensor de nuestros ecosistemas asume el estudio y evaluación del proyecto de Ley Código de Minería, expediente 23068.
En San José, Costa Rica, el Parlamento Cívico Ambiental tomó una resolución el 24 de noviembre del 2023 considerando que la actividad de minería está entre las mayores causantes de conflictos ambientales a nivel nacional, Centroamericano y Latinoamericano, con niveles de alta intensidad y violencia social. Un buen número de organizaciones y personas con membrecía en el Parlamento Cívico Ambiental han experimentado de primera mano la intensidad de los conflictos y las maniobras de manipulación de las instituciones públicas que se desatan en razón de los proyectos de minería a cielo abierto como parte de la lucha contra el ilegal proyecto minero Crucitas desde la década antepasada.
Asimismo, consideró que hoy día el pueblo panameño ha enfrentado otra erupción de conflictividad ambiental en razón del empeño del gobierno de Panamá en implementar concesiones mineras dañinas para sus ecosistemas y con legalidad dudosa en el mejor de los casos. Los antecedentes históricos muestran una progresión de hechos que desembocaron en justas protestas en Panamá por parte de las fuerzas sociales que se opusieron al proceder gubernamental respecto a la minería y el manejo de las concesiones. Esta conflictividad cobró múltiples vidas de defensores del ambiente y la soberanía panameña, creando una situación de inestabilidad social y económica que causó costos enormes para la población de esta hermana nación.
En reacción al nivel de las protestas el congreso panameño aprobó una moratoria a la minería pero que no afecta los contratos vigentes.
El Parlamento Cívico Ambiental acordó declarar su solidaridad con esta lucha y Celebrar el llamado firme y decidido de la sociedad civil para que la Corte Suprema panameña declarase inconstitucional la Ley 406 de 2023 mediante la cual se renegocian estas irregulares concesiones mineras. Celebra el fallo que este 28 de noviembre ha declarado inconstitucional este contrato.
Llama a las organizaciones sociales y la comunidad internacional a sumarse a celebrar la resolución de este conflicto a favor de las justas aspiraciones del pueblo panameño en defensa de su ambiente, sociedad, soberanía y ordenamiento jurídico. Expresa su rechazo por las graves consecuencias históricas que ha tenido esta actividad para los pueblos y ecosistemas de la región latinoamericana.
Finalmente, considerando que en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se ha presentado una nueva iniciativa legislativa promoviendo la adopción de un proyecto de Ley Código de Minería, expediente 23068, acordó que con espíritu crítico, democrático y defensor de nuestros ecosistemas asume el estudio y evaluación de este proyecto.
Se adjunta el acuerdo completo.
- Asociación Costarricense de Hidrógeno-ACH2.
- Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica-ASOMOVE.
- Asociación de Desarrollo Específica para las Juventudes del Distrito de Paquera.
- Asociación Defensoría del Pescador y de Promoción de la Prensa Responsable.
- Asociación Ecologista Desamparados.
- Asociación Ecoturística Corcovado-Bijagua.
- Asociación Montaña Verde.
- Asociación para el Desarrollo Sostenible San José Rural.
- Asociación Plataforma de las Organizaciones de la Sociedad Civil ODS Costa Rica.
- Asociación Proyecto Camino Verde.
- Asociación PEDAL
- Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente. ARCA
- Asociación Regional por la Transformación Social y Ecológica (ARTES)-JUSTECO.
- Asocuenca-Río Cañas.
- Cámara de Turismo San Gabriel Caraigres.
- Centro de Acopio Preserva Planet.
- Coalición Ambiental Costa Rica.
- Cruzando Fronteras.
- Escuela Socioambiental de Caraigres.
- Federación Costarricense de Pesca.
- For the Oceans Foundation & One Ocean World Wild Coalition.
- Fundación Confianza Verde.
- Fundación Laberinto para el Desarrollo Integral de la Persona Humana.
- Fundación One Sea.
- Fundación Operation Rich Coast.
- Fundación Sombrilla del Bosque.
- Fundación Somos Árboles y Vida.
- Gestores y Gestoras Culturales y Ambientales de Curridabat.
- Green Wolf.
- Hidrobag.
- Milenio 3 S.A.
- Movimiento Ciudadano PYMES CR.
- Municipalidad de San Rafael de Heredia.
- Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas.
- Observatorio Río Cañas Aserrí-Desamparados.
- Programa de Gestión Local UNED.
- Red Costarricense de Reservas Naturales.
- Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica. Capítulo Costa Rica.
- Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica.
- Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación.
- Universidad de Costa Rica.
- Universidad Nacional.
Directorio Parlamento Cívico Ambiental
Bernardo Aguilar González. Presidente
Yahaira Rojas Jiménez. Vicepresidenta
Jorge Mora Portuguez. Primera Secretaría
Cinthya Hernández Gómez. Segunda Secretaría
En representación de sus organizaciones miembro.
Texto del acuerdo completo
ACUERDO DEL PARLAMENTO CÍVICO AMBIENTAL SALUDANDO LA LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN MINERA EN PANAMÁ Y ADVIRTIENDO LOS INTENTOS PARA REVIVIRLA EN COSTA RICA
Considerando:
Primero: Que, desde el 12 de mayo del 2023, el Parlamento Cívico Ambiental ha manifestado vehemente y decidida oposición a propuestas que buscan implementar actividades extractivistas como la exploración y explotación de petróleo y gas natural en Costa Rica.
Segundo: Que, de conformidad con los registros del Atlas Mundial de Justicia Ambiental, la actividad de minería está entre las mayores causantes de conflictos ambientales a nivel nacional, Centroamericano y Latinoamericano, con niveles de alta intensidad y violencia social.
Tercero: Que un buen número de organizaciones y personas con membrecía en el Parlamento Cívico Ambiental han experimentado de primera mano la intensidad de los conflictos y las maniobras de manipulación de las instituciones públicas que se desatan en razón de los proyectos de minería a cielo abierto como parte de la lucha contra el ilegal proyecto minero Crucitas desde la década antepasada.
Cuarto: Que hoy día el pueblo panameño ha enfrentado otra erupción de conflictividad ambiental en razón del empeño del gobierno de Panamá en implementar concesiones mineras dañinas para sus ecosistemas y con legalidad dudosa en el mejor de los casos.
Quinto: Que el proceso de conflictividad actual tiene como antecedente que, desde la administración Pérez Valladares en 1997, se aprueba la concesión administrativa de Cerro Quema y la concesión de Petaquilla, concediéndose exoneraciones, tierra y agua sin la licitación exigida por la normativa.
Sexto: Que esas concesiones debieron cancelarse por ausencia de inversión durante el gobierno de Mireya Moscoso, cosa que no se hizo.
Séptimo: Que en la administración Torrijos, siguiéndose sin hacer las inversiones de ley, se aprobó que la concesión de Petaquilla se dividiera en Petaquilla Gold, explotada por empresas dirigidas por el empresario Richard Fifer, y Petaquilla Cooper, que fue comprada por la empresa canadiense Inmet. Asimismo, se aprobó el estudio de impacto ambiental de Petaquilla Gold.
Octavo: Que en la administración de Ricardo Martinelli se impulsaron diversas reformas de la normativa ambiental y laboral panameña (ley chorizo) buscando favorecer a las compañías mineras, permitiendo a empresas extranjeras invertir en minería, con lo que Corea del Sur compró acciones de la minera del cobre. Asimismo, se aprobó el estudio de impacto ambiental de Petaquilla Cooper, Inmet le vendió la concesión a First Quantum, en medio de demandas de inconstitucionalidad (1998 y 2010) para el proyecto y acusaciones de manipulación y especulación con el precio de sus acciones.
Noveno: Que en diciembre de 2017 se dictan los fallos de las dos acciones de inconstitucionalidad pero no se notifican. Asimismo, a pesar de ser inapelables, la administración Varela recurre los mismos. Indica la prensa panameña que esa administración pactó con la corte con el fin de que las mineras no fueran dejadas sin respaldo.
Décimo: Que en junio del 2021 se declara inconstitucional el proyecto minero nuevamente. Sin embargo, la corte se percata de que no se publicó el fallo del 2017 y procede a publicar un día el primer fallo y al día siguiente el segundo.
Décimo Primero: Que el gobierno de Varela había renovado el contrato de First Quantum en 2016 sin consulta, ni auditorías y con las demandas de inconstitucionalidad por fallarse. Esa administración no canceló tampoco la concesión de Cerro Quema.
Decimo Segundo: Que la administración Cortizo realizó el pacto del bicentenario y se renegocia el contrato con oposición clara de la ciudadanía a la minería. La Asamblea panameña recibe ese contrato en agosto del 2023 y producto de la consulta se le devuelve el contrato al ejecutivo a pesar de que el ordenamiento panameño establece que los contratos ley deben ser aprobados o rechazados. El gobierno retira el contrato el 10 de octubre y el 11 aprueba un nuevo contrato que es refrendado por la contraloría y vuelve al congreso el 16 de octubre. Se aprueba el contrato en primero, segundo y tercer debate y es firmado por Cortizo, saliendo publicado en la Gaceta para el 20 de octubre.
Décimo Tercero: Que inmediatamente después de estos hechos se desatan las protestas en Panamá por parte de las fuerzas sociales que se oponen al proceder respecto a la minería y el manejo de las concesiones. Esta conflictividad cobró múltiples vidas de defensores del ambiente y la soberanía panameña, creando una situación de inestabilidad social y económica que está cobrando costos enormes para la población de esta hermana nación.
Décimo Cuarto: Que en reacción al nivel de las protestas el congreso panameño ha aprobado una moratoria a la minería pero que no afecta los contratos vigentes. Asimismo, se dictó anteriormente una resolución de una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato que renegoció la administración Cortizo (Ley 406 de 2023) en la cual se ha declarado inconstitucional ese contrato, pero que tuvo defectos de forma en su publicación. En reacción a la situación se planteó un nuevo y definitivo recurso de inconstitucionalidad.
Décimo Quinto: Que en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se ha presentado una nueva iniciativa legislativa promoviendo la adopción de un proyecto de Ley Código de Minería, expediente 23068.
Por lo tanto, el Parlamento Cívico Ambiental acuerda:
Primero: Declarar su solidaridad con el pueblo panameño en la defensa de su derecho a un ambiente sano, de los derechos humanos de sus habitantes y en rechazo a estos contratos de minería a cielo abierto que atentan además contra la legalidad y la soberanía de esta hermana nación.
Segundo: Celebrar la lucha de la sociedad civil panameña en su llamado firme y decidido para que la Corte Suprema panameña declarase inconstitucional la Ley 406 de 2023 mediante la cual se renegocian estas irregulares concesiones mineras. Celebra el fallo que este 28 de noviembre ha declarado inconstitucional este contrato.
Tercero: Que llama a las organizaciones sociales y la comunidad internacional a sumarse a celebrar la resolución de este conflicto a favor de las justas aspiraciones del pueblo panameño en defensa de su ambiente, sociedad, soberanía y ordenamiento jurídico.
Cuarto: Que expresa su rechazo por las graves consecuencias históricas que ha tenido esta actividad para los pueblos y ecosistemas de la región latinoamericana.
Quinto: Que con ese espíritu crítico, democrático y defensor de nuestros ecosistemas asume el estudio y evaluación del proyecto de Ley Código de Minería, expediente 23068.
Sexto: Acordamos difundir este manifiesto con la ayuda del Departamento de Participación Ciudadana a la prensa nacional e internacional, en los sitios del Parlamento y a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa.
Dado en el Parlamento Cívico Ambiental de la Asamblea Legislativa de Costa Rica a las 12:00 horas del 24 de noviembre del 2023.
Por las organizaciones del Parlamento Cívico Ambiental:
– Asociación Costarricense de Hidrógeno-ACH2.
– Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica-ASOMOVE.
– Asociación de Desarrollo Específica para las Juventudes del Distrito de Paquera.
– Asociación Defensoría del Pescador y de Promoción de la Prensa Responsable.
– Asociación Ecologista Desamparados.
– Asociación Ecoturística Corcovado-Bijagua.
– Asociación Montaña Verde.
– Asociación para el Desarrollo Sostenible San José Rural.
– Asociación Plataforma de las Organizaciones de la Sociedad Civil ODS Costa Rica.
– Asociación Proyecto Camino Verde.
– Asociación PEDAL
– Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente. ARCA
– Asociación Regional por la Transformación Social y Ecológica (ARTES)-JUSTECO.
– Asocuenca-Río Cañas.
– Cámara de Turismo San Gabriel Caraigres.
– Centro de Acopio Preserva Planet.
– Coalición Ambiental Costa Rica.
– Cruzando Fronteras.
– Escuela Socioambiental de Caraigres.
– Federación Costarricense de Pesca.
– For the Oceans Foundation & One Ocean World Wild Coalition.
– Fundación Confianza Verde.
– Fundación Laberinto para el Desarrollo Integral de la Persona Humana.
– Fundación One Sea.
– Fundación Operation Rich Coast.
– Fundación Sombrilla del Bosque.
– Fundación Somos Árboles y Vida.
– Gestores y Gestoras Culturales y Ambientales de Curridabat.
– Green Wolf.
– Hidrobag.
– Milenio 3 S.A.
– Movimiento Ciudadano PYMES CR.
– Municipalidad de San Rafael de Heredia.
– Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas.
– Observatorio Río Cañas Aserrí-Desamparados.
– Programa de Gestión Local UNED.
– Red Costarricense de Reservas Naturales.
– Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica-Capítulo Costa Rica.
– Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica.
– Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación.
– Universidad de Costa Rica.
– Universidad Nacional.
Firma su Directorio:
Bernardo Aguilar González. Presidente
Yahaira Rojas Jiménez. Vicepresidenta
Jorge Mora Portuguez. Primera Secretaría
Cinthya Hernández Gómez. Segunda Secretaría
