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Etiqueta: Ministerio de Cultura

II Manifiesto del Movimiento Transparencia

El Movimiento Transparencia, como iniciativa de escritores (as), comprometidos con la excelencia y transparencia en el sistema de premiación de los máximos galardones culturales financiados con fondos públicos, manifiesta su firme oposición al proyecto de reforma parcial a la ley 9211 “Ley sobre Premios Nacionales de Cultura”, que el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) tiene actualmente en consulta, porque no viene a resolver los problemas de la legislación existente, sino a agravarlos, con iniciativas poco sustantivas, antojadizas e inconvenientes. Además, no aceptamos el procedimiento empleado en el proceso de elaboración de este proyecto, por las razones que señalamos a continuación:

  1. SOBRE EL PROCEDIMIENTO

NO SE HIZO UNA CONSULTA AMPLIA A LOS SECTORES Y GREMIOS CONCERNIDOS

El proyecto de reforma fue elaborado apresuradamente sin una consulta adecuada al sector cultural amplio, ignorando las voces y experiencias de quienes mejor conocen las necesidades del ámbito artístico nacional.

De este modo, el proyecto no responde a las denuncia y necesidades expresadas por el sector, y luego, ante el reclamo de los gremios y personas concernidos, se está sometiendo a una consulta que resulta:

  1. Un proceso apresurado: no se está dando el tiempo indispensable para una adecuada respuesta.

Expresamos nuestro categórico desacuerdo con el tiempo insuficiente otorgado para una consulta de tal envergadura. Apenas dos semanas para analizar una reforma que requiere de estudio profundo, reflexión seria y debate amplio dentro del sector cultural constituye una falta de respeto hacia la comunidad artística y cultural del país.

Una reforma de esta naturaleza, que impacta directamente el reconocimiento a la excelencia cultural de nuestra nación, amerita el tiempo adecuado para su análisis, considerando la seriedad y trascendencia que estos galardones representan para el patrimonio cultural costarricense.

  1. Una consulta que se reduce a la respuesta a cuestionarios insuficientes y poco profundos, sin espacios participativos de reflexión, que deberían organizarse en cada provincia.

Por lo tanto, consideramos indispensable:

– Que la consulta tenga un plazo lógico y suficiente de dos meses, del 22 de mayo al 22 de junio.

-Que se mejoren los instrumentos de la consulta y se convoque en cada provincia a los escritores (as) y grupos literarios organizados a una reflexión en las casas de la cultura, u otro espacio afín, donde se recojan propuestas.

2. SOBRE EL FONDO DE LA PROPUESTA

La propuesta de reforma del MCJ actualmente en consulta presenta graves deficiencias que nos obligan a rechazarla en su formulación actual, por cuanto:

  1. Representa un retroceso en lugar de una mejora al sistema actual, alejándose de los principios de excelencia que deben regir estos reconocimientos, los de más alto nivel del campo artístico en Costa Rica, pues propone nuevos premios poco motivados y procedimientos que no ofrecen la debida credibilidad y no solucionan la permisividad e imprecisiones de la ley vigente.

  2. Pretende reducir a la mitad el monto económico otorgado a cada premio, desvalorizando así el reconocimiento y afectando directamente a los galardonados.

  3. No soluciona los problemas relacionados con la designación, perfil y deberes de los jurados, así como las sanciones a su mal proceder, asunto central en el lamentable estado de cosas actual, lo que estaría perpetuando las debilidades del sistema actual y hasta aumentándolos.

  4. La propuesta establece unos mecanismos que podrían aumentar el amiguismo, el uso de influencias, la endogamia y otros serios desviaciones éticas del presente al convertir a los premiados en jurados, creando círculos cerrados que comprometen la objetividad del proceso.

  5. Sobre la conformación del jurado, se lee en el Articulo 8 que: “El jerarca ministerial nombrará un jurado en representación del Ministerio de Cultura y Juventud para cada una de las categorías a galardonar”. Consideramos que no es justificable ni conveniente la designación discrecional de un jurado de parte directamente de la cabeza del Ministerio, por el riesgo de politización de las decisiones de los jurados y, por ende, la posibilidad de censura a posiciones políticas contrarias a la línea de gobierno. Los jurados deben de ser entes colegiados, especializados y despolitizados, para así asegurar la libertad de expresión de los productos culturales, que históricamente se han caracterizado por ser un medio para la expresión, criticidad y denuncia de su entorno político, económico y sociocultural.

  6. Preocupa especialmente que se disminuya la presencia de la academia en la participación de jurados, cuando precisamente son los académicos quienes poseen la preparación más sólida para evaluar el mérito cultural. Por el contrario, la ley debe excluir la presencia de jurados sin formación específica en el campo en el que va a evaluar y nunca un desarrollo profesional menor al de los evaluados.

  7. Asimismo, la reforma transforma el premio de gestión cultural hacia un enfoque neoliberal economicista inapropiado, distorsionando la naturaleza de este reconocimiento.

  8. Sorprendentemente, la propuesta no exige respaldo editorial para los participantes, lo que afecta gravemente la calidad de las obras presentadas, y promueve la mediocridad y daría lugar a formas cuestionables de autoría. Al establecer únicamente el ISBN como requisito mínimo, se rebajan los estándares de excelencia que deben caracterizar estos galardones nacionales. Por otro lado, no se resuelve la ambigüedad en la ley que da paso a portillos en los cuales se presente la misma obra por parte de una misma persona en varios años, pues al hablarse de “Primeras ediciones” no se establece el carácter de “inédito” de una obra.

NUESTRO ORIGEN Y PROPÓSITO

La conformación del Movimiento Transparencia surge tras la presentación de un recurso de nulidad por parte del abogado y escritor José María Zonta, quien denunció múltiples irregularidades en el proceso de premiación correspondiente al año 2024-2025. Este recurso, acompañado por un procedimiento administrativo ante el Ministerio de Cultura, pretende abrir un debate profundo sobre los mecanismos actuales de evaluación y la necesidad imperiosa de cerrar portillos legales que permiten el tráfico de influencias, la complicidad, la permisividad e intereses personales.

Exigimos una reforma integral al sistema de premiación que garantice transparencia, justicia y mérito como únicos criterios de evaluación.

NUESTRA PROPUESTA CONSTRUCTIVA

Anunciamos nuestro compromiso de elaborar un nuevo proyecto de ley que será analizado de manera pausada, seria y exhaustiva entre el sector cultural. Este proyecto tendrá como objetivo fundamental mejorar la transparencia, la justicia y el buen manejo de los Premios Nacionales de Cultura, garantizando que estos galardones reflejen verdaderamente la excelencia artística y cultural de nuestro país.

CONVOCATORIA AL DIÁLOGO

En los próximos días daremos a conocer las fechas de reuniones virtuales y presenciales para profundizar en este tema y concretar una propuesta sólida y consensuada.

Llamamos a los demás sectores representados en los Premios Nacionales a manifestarse.

Invitamos cordialmente al Ministerio de Cultura y Juventud a acompañar esta discusión encabezada por parte representativa del propio sector cultural, en un espíritu de colaboración y búsqueda del bien común y de la superación cultural del país.

Paralelamente, consideramos vital para las metas propuestas, desarrollar conversaciones activas con diferentes diputaciones, que permitan la articulación específica entre el sector cultural de todo el país y el poder legislativo en esta materia, para lograr una transformación real y duradera del sistema de los Premios Nacionales costarricenses.

Siendo un diálogo en que este grupo reivindica y denuncia actos y procedimientos, con afán correctivo, esperamos del MCJ:

Que no se produzcan represalias directas o indirectas hacia el movimiento o sus miembros.

NUESTRO LLAMADO

Hacemos un llamado a toda la comunidad cultural, artística e intelectual del país a sumarse a este movimiento por la transparencia. Los Premios Nacionales de Cultura deben ser un reflejo fidedigno de la excelencia artística y no el resultado de influencias ajenas al mérito.

La cultura costarricense merece un sistema de premiación digno, transparente y justo.


Movimiento Transparencia
Iniciativa Ciudadana por la Transparencia en los Premios Nacionales de Cultura

San José, 22 de mayo de 2025

Movimiento de escritores y escritoras clama por reforma urgente en los Premios Nacionales de Literatura Aquileo J. Echeverría

  • El Movimiento Transparencia, integrado por un grupo representativo de autores y autoras, plantea cambios a la ley para cerrar portillos a intereses y conflictos en la premiación literaria más importante del país

Con el objetivo de restituir la ética, la transparencia y la legitimidad de los Premios Nacionales de Cultura, un grupo de quince escritores y escritoras ha conformado el Movimiento Transparencia, una iniciativa ciudadana que exige una reforma integral al sistema de premiación de estos galardones financiados con fondos públicos.

La conformación del movimiento surge tras la presentación de una gestión de nulidad por parte del abogado y escritor José María Zonta, quien denunció múltiples irregularidades en el proceso de premiación correspondiente al año 2024. Este recurso, acompañado por un procedimiento administrativo ante el Ministerio de Cultura, pretende abrir un debate profundo sobre los mecanismos actuales de evaluación y la necesidad de cerrar portillos legales que permiten el tráfico de influencias e intereses personales.

“Es urgente replantear los criterios que dan legitimidad a los premios literarios. No se trata solo de corregir errores, sino de garantizar que el país cuente con mecanismos justos, verificables y éticamente sostenibles”, señala Leda García, vocera del Movimiento.

Una de las irregularidades señaladas en el recurso es la doble postulación de la novela Donde nadie, del autor Carlos Villalobos. Esta obra fue inscrita en dos años consecutivos con diferentes sellos editoriales —Diario Jaén (España) en 2023 y Uruk Editores (Costa Rica) en 2024—, pero ambas versiones comparten el mismo contenido y título, figurando incluso como “primera edición”. Esta duplicidad pone en entredicho la transparencia del proceso.

También se ha denunciado la existencia de conflictos de interés entre jurados y autores premiados, lo cual vulnera la imparcialidad del fallo. Casos como el de los vínculos entre Dorde Cuvardic y Carlos Villalobos, o entre Laura Gómez y Edmundo Retana, ilustran cómo las relaciones personales pueden interferir en decisiones que deberían ser estrictamente profesionales.

Otra de las preocupaciones se refiere a la editorial “Oro Viejo Ediciones”, responsable de publicar la obra El incendio del ser, también galardonada. Según registros oficiales, esta editorial aparece como disuelta, no cuenta con presencia en línea, ni oficina física, ni consejo editorial, ni catálogo actualizado.

El Movimiento también denuncia la filtración anticipada de los resultados del certamen. Semanas antes del anuncio oficial ya circulaban los nombres de los ganadores, lo cual pone en duda la integridad del proceso. “No hay premio justo si la confidencialidad se rompe de forma tan flagrante”, asegura García. “Esto debilita la confianza pública en el galardón”.

A esto se suma la preocupación por la idoneidad del jurado en la categoría de dramaturgia. Ningún integrante del jurado contaba con formación ni experiencia en esta disciplina, a pesar de que el reglamento establece requisitos específicos para cada categoría.

En busca de reformas

Como parte de su propuesta, el Movimiento Transparencia clama por una serie de acciones urgentes para restablecer la ética en el certamen. Consideran imprescindible la publicación de un reglamento claro, público y accesible para todas las personas participantes, de modo que se eliminen las ambigüedades que hoy permiten irregularidades. Además, proponen que toda persona que postule una obra firme una declaración jurada que establezca con claridad las responsabilidades legales ante la autenticidad y originalidad de su propuesta.

Asimismo, el Movimiento plantea la necesidad de establecer filtros de postulación rigurosos. Para ello, se pide que al cierre de cada edición del certamen se habilite el acceso público a los registros oficiales: actas, videos, deliberaciones y justificaciones de los fallos deben ser consultables por la ciudadanía.

Además, el Movimiento considera ineludible que las personas miembros del jurado sean seleccionadas con criterios estrictos de idoneidad profesional, trayectoria académica o literaria, y con especialización demostrable para todas las categorías. “Hay que hacer cambios de raíz porque estos premios destinan millones de colones que son fondos públicos, o sea, de todos los costarricenses, y merecen transparencia”, finaliza García.

El Movimiento Transparencia está conformado por las personas escritoras Leda García, Paola Valverde, Rebeca Bolaños, Nidia Marina González, Andrés Briceño, Laura Vásquez, Guillermo Acuña, Anacristina Rossi, Dennis Ávila, Carlos Calero, Paul Benavides, Claire De Mezerville, Shirley Campbell, Leonardo Cruz y Cristian Alfredo Solera.

Se comparte el manifiesto completo donde se detallan todas las denuncias, argumentos legales y propuestas para una reforma estructural de los Premios Nacionales de Cultura en Costa Rica.

Puede descargarlo como PDF desde este enlace: El silencio de los Aquileos

Para leer el manifiesto en línea siga este enlace: https://wp.me/p6rfbZ-vCy

El silencio de los Aquileos

Movimiento Transparencia
Martes 13 de mayo, San José, Costa Rica

MANIFIESTO

Ética y transparencia en la evaluación literaria: un llamado a la justicia en los Premios Nacionales Aquileo J. Echeverría

El abogado y escritor José María Zonta presentó, en 2025, una gestión de nulidad y abrió un procedimiento administrativo ante el Ministerio de Cultura debido a las irregularidades detectadas en los Premios Nacionales Aquileo J. Echeverría 2024. Este acto, realizado en un momento crítico, ha señalado con claridad las deficiencias estructurales que comprometen la imparcialidad y la legitimidad del proceso. En respuesta, se ha creado paralelamente el Movimiento Transparencia, conformado por un grupo de escritores, quienes han decidido respaldar la denuncia presentada por Zonta, uniendo esfuerzos para exigir una reforma inmediata en el sistema de premiación. Y si apelamos al ordenamiento jurídico debería repetirse todo el proceso desde la designación de nuevos jurados hasta el nuevo fallo.

Algunos vicios señalados en la Gestión de Nulidad

  1. Doble postulación de la novela Donde nadie de Carlos Villalobos[1]
    La novela Donde nadie fue premiada a pesar de contar con doble boleta de participación en los premios Aquileo (2023 y 2024), presentada bajo dos sellos editoriales diferentes: Diario Jaén, España (2023) y Uruk Editores, Costa Rica (2024). Ambas versiones comparten el mismo contenido y mismo título, siendo ambas catalogadas como primera edición. Este hecho cuestiona la legitimidad del proceso. ¿Es justo permitir la participación de una obra reeditada en un año diferente de su primera edición?

 

  1. Relaciones de conflicto de interés entre Jurados y autores premiados
    Se han descubierto vínculos estrechos entre varios jurados y autores premiados. Dorde Cuvardic y Carlos Villalobos, Laura Gómez y Edmundo Retana: estos vínculos han puesto en evidencia una falta de objetividad que afecta la integridad del proceso. ¿Cómo pueden estos vínculos influir en la imparcialidad del proceso de selección?[2]

 

  1. La editorial “Oro Viejo Ediciones”
    La editorial “Oro Viejo Ediciones”, responsable de publicar El incendio del ser de Edmundo Retana, no cumple con los requisitos legales mínimos para ser considerada una editorial formal. Aparece disuelta por Ley 9024[3] en certificación registral. No tiene página web, oficina física, presidente, consejo editorial ni catálogo actualizado (2023–2024). ¿Firmó un contrato editorial legítimo con Edmundo Retana para la publicación de esta obra? Esta situación genera dudas serias y plantea la pregunta de si el jurado fue inducido a error, creyendo que existía un filtro editorial previo.

 

  1. Filtración de los resultados[4]
    La filtración anticipada de los resultados (los nombres de los ganadores se filtraron semanas antes de la premiación) socava gravemente los principios de confidencialidad y justicia que deben regir un proceso de selección imparcial y transparente. Este tipo de filtración pone en riesgo la integridad del premio y genera incertidumbre sobre la validez de las decisiones tomadas.

 

  1. Idoneidad del jurado en dramaturgia
    Ningún miembro del jurado contaba con la formación adecuada para evaluar obras de dramaturgia, como establece el Reglamento vigente de los Premios Nacionales[5]. ¿Cómo es posible que se haya constituido un jurado sin cumplir los requisitos básicos de idoneidad? Este incumplimiento cuestiona la legitimidad del proceso y afecta la calidad de las decisiones.

Recomendaciones para restablecer la transparencia y la justicia

  1. Revisión del reglamento y criterios de evaluación
  • Establecer criterios claros, públicos y accesibles para garantizar que el proceso de selección sea transparente y justo para todos los participantes.
  • Incluir instrumentos de evaluación concretos, como rúbricas o guías temáticas, para reducir la subjetividad y asegurar el cumplimiento de estándares mínimos.
  1. Proceso de postulación
  • Incluir una declaración jurada obligatoria que garantice la autenticidad de las obras presentadas.
  • Verificar que todas las autopublicaciones cumplan con estándares editoriales formales, evitando el uso de sellos inexistentes.
  1. Acceso público a registros y actas
  • Asegurar que los videos, actas y listas de deliberación[6] estén accesibles al público una vez finalizado el proceso, garantizando un sistema auditable.
  1. Selección de jurados idóneos
  • Confirmar que cada miembro del jurado posea formación académica o trayectoria literaria probada, con documentos que respalden su idoneidad.
  • Rechazar currículos incompletos o sin atestados verificables.
  1. Subcategorías para mejor evaluación
  • Crear categorías específicas como crónica, literatura infantil o antologías, de modo que las obras se evalúen según sus particularidades estéticas y editoriales.

 

Sobre la objetividad institucional

La Comisión de Premios Nacionales y el Ministerio de Cultura deben evaluar los currículos de los miembros del jurado con objetividad y responsabilidad. Quienes integran un jurado se convierten en funcionarios públicos de hecho, y su trabajo debe reflejar ese compromiso. No puede aceptarse que alguien sin formación comprobada ni publicaciones relevantes decida sobre la obra de escritores que sí cumplen con altos estándares literarios.

Transparencia documental: un derecho ciudadano

Existen registros públicos (del 2024 y años anteriores) —videos, audios, actas— que pueden solicitarse como parte del derecho a la información. No basta con modificar estatutos: si no hay acceso a la documentación, la opacidad prevalece. Recordemos que el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría representa el único reconocimiento literario estatal y entrega un monto de ₡4.272.400 colones por categoría. Ese dinero es público. Exigir calidad y transparencia en su adjudicación no es un favor: es una obligación moral e institucional.

Detrás de la cortina

El 30 de noviembre de 2024 cerró la recepción de libros para el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría. Se presentaron 187 libros en total, correspondientes a los géneros: poesía, cuento, novela, ensayo y dramaturgia. Quienes deseen profundizar en el tema deberían revisar los videos de la sesión inicial del jurado (julio 2024) y las deliberaciones (enero 2025).

Los videos pueden verse en el siguiente enlace de YouTube:

https://youtube.com/playlist?list=PLkU7okEcz-nDiszU4ebZbyVdj1H-C-j9v&si=uNRk9LAp3o_ELG1G

En el video de la sesión inicial, los miembros del jurado Mijail Mondol, Neldys Ramírez y Mónica Zúñiga propusieron establecer criterios de evaluación claros, pero Laura Gómez y Dorde Cuvardic expresaron resistencia a dejarlos por escrito. Gómez abogó por un dictamen basado en la “opinión de alma”, mientras que Cuvardic apeló a su experiencia en los premios del 2015, cuando todo se resolvía mediante “conversaciones informales”, sin método ni instrumentos evaluativos. Jennifer Ureña, coordinadora del Colegio de Costa Rica, intervino para recordar la necesidad de establecer una línea de acción mínima, ya que el jurado representa un órgano colegiado. No se alcanzó consenso sobre un método de evaluación. ¿Existe algún video posterior donde se definiera?

Jennifer Ureña también informó que el plazo para entregar el dictamen era hasta febrero de 2025, reconociendo que diciembre y enero serían meses de intensa lectura. Sin embargo, la deliberación final se realizó el 13 de enero. ¿Leyeron todos los libros? ¿Se respetó el tiempo requerido para un análisis riguroso?

Evaluación por género

Ensayo

La deliberación fue breve y ligera. Duró apenas ocho minutos, pese a mencionar obras de Ana Lucía Fonseca, Carlos Cortés y Álvaro Rojas. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿Fueron suficientes los criterios y el tiempo para valorar estas obras con justicia?

Dramaturgia

Se discutieron Una herida en mi sangre, de Monthia Sancho, y Catástrofe y Abandono, de Gerardo Mena. Aunque ningún miembro del jurado tenía formación en dramaturgia, todos emitieron juicios. Se premió a Bernardo Mena, y se otorgó mención de honor a Sancho. Esta situación vuelve a poner en evidencia la falta de idoneidad mencionada anteriormente.

Poesía

Fue la deliberación más extensa. Se consideraron los libros Astilla de agua de Nidia Marina González, El incendio del ser de Edmundo Retana, y Yesca para el fuego de Paola Valverde. También se mencionaron autores como Carlos Calero, Paul Benavides y Carlos Villalobos, con su libro “del padre”, en palabras del jurado Dorde Cuvardic.

La discusión fue superficial: no hubo análisis temático ni lectura sistemática de los textos. Se eligieron poemas al azar y se utilizaron criterios ambiguos como “verdadera poesía” o “esencia de la poesía”.

La voz más crítica fue la de Mijail Mondol, quien señaló:

“A mí me preocupa mucho hablar de la verdadera poesía o de la esencia de la poesía… porque hay una diversidad de corrientes poéticas —metapoética, conversacional, filosófica— que han tenido su mérito”. Agregó: “No veo innovación (sobre el libro de Edmundo Retana) … yo esperaría que un Premio Nacional valore la ruptura, la novedad…”.

Sin embargo, no profundizó en las obras que no compartían el premio y terminó cediendo la decisión a sus colegas:

“Al menos yo no tengo un criterio suficiente para plantear un premio en poesía”.

Un ejemplo del argumento usado por Laura Gómez para premiar a Edmundo Retana es el siguiente:

«Mucha gente creería, o los que no tienen mucho estudio en la poesía, son poemas que la gente creería que son fáciles, todo lo contrario, escribir un poema corto como el que yo le escribí a mi hija por ejemplo, que es un poema de 4 líneas, yo en ese poema escribo todo lo que es ella, toda su personalidad, todo lo que es ella, desde donde viene y para dónde va y me costó un mundo poderlo hacer. Cuando uno escribe este tipo de poema uno dice esta es la verdadera poesía. Yo digo y se los dije a ustedes: les doy la certeza que nosotros premiar un libro como este es devolverle la dignidad a la poesía. Es darle a la poesía el verdadero sentido y la verdadera calificación».

Finalmente, el premio fue otorgado a El incendio del ser, con mención honorífica a Yesca para el fuego.

Novela

 

En la deliberación de novela pasaron más tiempo señalando las fallas estructurales del libro Donde nadie de Carlos Villalobos, pese a ello decidieron premiarla junto a la obra que desde el principio fue considerada como la novela ganadora por todos los miembros del jurado. Nos referimos a Una mujer insignificante de Catalina Murillo, novela ganadora, la cual, sin embargo, tuvo que compartir el premio con el libro de Villalobos “a pesar de sus fallas” como lo mencionó el presidente del jurado, Dorde Cuvardic (compañero de trabajo de Villalobos en la Universidad de Costa Rica). Algunos argumentos para que Villalobos compartiera el premio con Murillo fue la temática y el rescate histórico de la obra y la “trayectoria del autor”, en palabras de Cuvardic, quien, al finalizar la deliberación de dicha categoría, mostró una gran felicidad al dar las gracias por su colaboración”.

 

Cuento

 

En la deliberación de cuento se habló de los libros de Carlos Regueyra, Víctor Hugo Fernández, Alí Víquez y Rodrigo Soto. En dicha deliberación hubo un pulso fuerte, Laura Gómez se negó a premiar el libro de Carlos Regueyra porque al final del libro el autor expone, de forma honesta, que incluyó dos cuentos que ganaron premios en la Revista Nacional de Cultura (en 2018 y en 2021, respectivamente). Mijail Mondol debate con ella y argumenta su posición con el precedente que se marcó en 2020 cuando Mía Gallegos ganó el Aquileo en poesía con el libro Para alcanzar la espuma. Ese año también hubo disgustos con los resultados y el poeta Randall Roque interpuso una gestión de nulidad que fue rechazada, pues alegaron que la antología, la cuál incluía poemas premiados en otras ediciones del Aquileo, también incluía algunos poemas nuevos. Durante la sesión, todos los miembros del jurado revisaron en pantalla el Reglamento de Premios Nacionales de Cultura de Costa Rica, e hicieron una parada en el artículo 5[7] que establece que los premios consideran únicamente la producción escrita realizada entre diciembre y noviembre del siguiente año. El criterio final que utilizaron para premiar a Regueyra fue la calidad del libro y obviaron los dos cuentos publicados en años anteriores, ya que no involucran todo el libro.

 

Después de esa conclusión acerca de la importancia de premiar libros nuevos es inconcebible que tanto Dorde Cuvardic como Mijail Mondol guardaran silencio respecto a la novela de Carlos Villalobos que había sido publicada en 2023 por Diario Jaén y en 2024 por Uruk Editores (presentadas en sus fichas catalográficas como Primera Edición). Ambas ediciones comparten título y contenido (es el mismo libro). Cuvardic y Mondol felicitaron públicamente a Villalobos en una red social cuando el libro fue premiado en España (2023). Dorde Cuvardic, incluso, aparece en las fotografías de la fiesta que hicieron en la casa de Villalobos para celebrar la primera publicación del libro.

 

Otros acontecimientos

 

Este 2025 ha sido un año gris para la cultura. Salieron a la luz casos como el presunto plagio que empañó al cine con la acusación que se le hizo a la película Anora[8] (ganadora del Oscar). Asimismo la exposición del aparente caso de plagio llevado a cabo por la escritora costarricense María Musgo[9], con el que obtuvo el primer lugar en el certámen de poesía de la Revista Nacional de Cultura #82[10], de la EUNED (setiembre del 2024) y también la publicación del libro La piel del lenguaje (donde aparentemente se atribuyó la obra plástica de la portada y textos de otros autores). Además se dio el hallazgo del escritor e investigador costarricense Yordan Arroyo, al descubrir que la escritora colombiana Fadir Delgado (radicada en Costa Rica) había ganado el premio Tiflos en España con un libro que también obtuvo el certamen UNA Palabra, de la Universidad Nacional de Costa Rica (la autora cambió el título del libro y algunas palabras en varios poemas, pero hubo textos que quedaron exactamente igual). Ambos certámenes exigían en sus bases ser inéditos en su totalidad. El premio UNA Palabra lo ganó con el libro Cama de hospital vista desde abajo (octubre del 2020, dotado con $1671[11]) y el Tiflos lo ganó, cuatro meses después, con el libro La temperatura exacta del miedo (febrero del 2021, dotado con  €10.000[12]), el cual la hizo merecedora del Premio Nacional de Poesía en Colombia 2023 (en 2019 el premio fue dotado con 60 millones de pesos colombianos[13]). Si alguien quisiera profundizar en el caso puede comprar los libros en línea, en el artículo de Arroyo vienen los enlaces[14].

 

Debido a los últimos hallazgos, en plena investigación de los Premios Nacionales Aquileo J. Echeverría 2024, surgieron otras dos boletas de participación que generaron dudas. Hablamos de dos libros de poesía publicados por la Fundación Casa de Poesía y que fueron presentados a los Premios Nacionales Aquileo J. Echeverría 2024:

 

Desánimo del padre, de Carlos Villalobos (mencionado en la deliberación final de poesía)

Suturas, de Fadir Delgado

 

Ambos se presentaron como una unidad, un libro nuevo, y no bajo una figura de antología. En ninguna parte de los libros lo indica (ni en la portada, ni en los créditos editoriales o en alguna nota aclaratoria de los autores).

 

Desánimo del padre de Carlos Villalobos, es el compendio de dos libros: Fosario (Editorial Nueva York Poetry Press) y Un río sonámbulo (Editorial DALYA), que habían sido presentados a los Premios Aquileo J. Echeverría en 2022 y 2023, respectivamente. Desánimo del padre, de hecho, es el título del primer poema de Un río sonámbulo.

Suturas, de Fadir Delgado, es un compendio de textos incluidos en ediciones anteriores al año 2021 (incluyendo poemas de La tierra que se tragó el cuerpo (antología publicada por Ediciones Amargord en 2019), Cama de hospital vista desde abajo (2020)  y/o de La temperatura exacta del miedo (2021)).

Hasta que la transparencia nos alcance

La debacle de valores es sistémica, y los Premios Nacionales Aquileo J. Echeverría no escapan a esta realidad. No en vano se han debilitado las instituciones más sólidas del país —como la Universidad de Costa Rica, que atraviesa una fuerte turbulencia—. Las posiciones éticas han quedado en silencio, y quienes optan por la “compasión idiota” (como se llama en el budismo) para proteger intereses personales, familiares o de amistad, han traicionado a la verdad. La compasión es amor, pero poner límites también lo es.

Queremos enfatizar lo siguiente: toda práctica tramposa, tráfico de influencias o conducta irregular que sirva para obtener premios, recursos o prestigio literario —y que se disfraza de estrategia o astucia— debe ser denunciada, censurada y rechazada. Este tipo de acciones destruye la dignidad del oficio literario y deja en indefensión a quienes participan limpiamente, cumpliendo las reglas del certamen.

Acciones urgentes para restablecer la ética

  • Publicar un documento claro que explique el reglamento y las bases del concurso, accesible a todos los participantes.
  • Firmar una declaración jurada al presentar las obras, con implicaciones legales claras.
  • Aplicar filtros de postulación, donde se establezca que:
    • No se aceptarán obras ya postuladas en años anteriores.
    • No se aceptarán obras con indicios de plagio.
    • No se aceptarán compendios de textos previamente publicados sin aclaración editorial.
    • No se aceptarán autopublicaciones con sellos inexistentes.
    • Solo se aceptarán obras nuevas, auténticas y verificables.

 

  • Habilitar el acceso público a los registros oficiales: videos, actas y deliberaciones deben estar disponibles al cerrarse el proceso.
  • Seleccionar jurados idóneos, con trayectoria académica o literaria, y con especialización por categoría.
  • Eliminar argumentos que premien por trayectoria, y reforzar la calidad del texto como el único criterio determinante.
  • Crear un mecanismo de preselección de obras, para que el jurado evalúe con más profundidad solo las que cumplan con todos los requisitos.
  • Plantear subcategorías (crónica, literatura infantil, antologías).
  • Todo libro debe contar con el Depósito Legal en el SINABI[15] antes de postularse.

La gestión de nulidad interpuesta por Zonta fue un acto valiente. Gracias a él, hoy contamos con información que ilumina lo que antes se mantenía en la sombra. La información es un derecho constitucional y pertenece a toda la ciudadanía.

Invitamos a reflexionar a todos los actores del sistema cultural: autoridades académicas, profesores, estudiantes, investigadores, talleristas, gestores, editores, jurados, directores de revistas, escritores, funcionarios públicos y quienes nos gobiernan. Pitágoras habló de justicia y vida ética como forma de purificación. Solo así podremos alcanzar la libertad y entrar en armonía con la verdad.

Un llamado a la conciencia institucional

Llamamos a la reflexión de los funcionarios del Ministerio de Cultura que recibieron la gestión de nulidad presentado por José María Zonta. ¿Por qué el despacho ministerial respondió con una nota tan escueta  (documento MCJ-DM-0354-2025), sin fundamento jurídico, a un documento que ofrecía pruebas sólidas? ¿Por qué no se dictaron las medidas cautelares solicitadas por Zonta mientras se realizaba la investigación si se trataba de fondos públicos?

 

Resumen del documento MCJ-DM-0354-2025

  1. Autonomía del jurado. Se reafirma que los jurados de los premios nacionales son órganos independientes del Ministerio y sus decisiones no son revisadas por este.
  2. Rechazo de la gestión de nulidad. La solicitud es rechazada porque:
    – No se trata de un acto administrativo emitido por el Ministro.
    – No se considera una getión de nulidad “evidente y manifiesta”, ya que la argumentación del solicitante requiere interpretación compleja.
  3. Documentación en regla. El Ministerio asegura que existen expedientes que respaldan el cumplimiento del procedimiento normativo para la entrega del premio.
  4. Continuación del proceso. Se continuará con la entrega del premio y las actividades correspondientes.
  5. Se valorará remitir al Ministerio Público el accionar de una de las personas miembros del jurado.

¿No sería el propio Ministerio uno de los grandes beneficiados si depuramos la mediocridad y restauramos la confianza ciudadana?

Si un niño gana una medalla haciendo trampa, la responsabilidad ética de sus adultos responsables es pedirle que la devuelva. Por su bien y por el de toda la comunidad.

Llamado a la acción

La gestión de nulidad ante el Ministerio de Cultura presentada por José María Zonta ha dejado en evidencia graves irregularidades en el proceso de los Premios Nacionales Aquileo J. Echeverría 2024. La información es un derecho y la transparencia un deber. Desde el Movimiento Transparencia, instamos al Ministerio de Cultura a asumir su responsabilidad, reformar los procesos y garantizar un sistema ético, justo y coherente con el valor de la creación literaria en Costa Rica.

¿Qué mensaje queremos transmitir a las generaciones futuras?

Retomemos las riendas de la dignidad.

Volvamos al fuego de la palabra.

A la escritura.

MOVIMIENTO TRANSPARENCIA
Ética y dignidad en la literatura

Leda García, Paola Valverde, Rebeca Bolaños, Nidia Marina González, Andrés Briceño, Laura Vásquez, Guillermo Acuña, Anacristina Rossi, Dennis Ávila, Carlos Calero, Paul Benavides, Claire De Mezerville, Shirley Campbell, Leonardo Cruz, Guadalupe Urbina y Cristian Alfredo Solera.

[1] Artículo 5 del Reglamento: Este premio tiene como fin, el reconocimiento de las obras literarias que hayan destacado durante el año inmediato anterior, de entre sus homólogas, e impliquen un decidido nivel de aporte al fortalecimiento del entorno cultural costarricense.

[2] Artículo 21 del Reglamento:.-Responsabilidades de los Jurados. Los jurados, deberán cumplir a cabalidad los deberes y obligaciones establecidos en la Ley No. 9211 y el presente reglamento, y asumir con absoluta ética profesional, independencia e imparcialidad, la responsabilidad de su cargo. Queda expresamente prohibido aceptar cualquier tipo de relación, recompensa o compensación por parte de los postulados, o de alguna persona que tenga relación alguna con estos. De comprobarse estas irregularidades u otras similares, serán destituidos y quedarán inhibidos de participar nuevamente como jurados, sin exclusión de su eventual responsabilidad civil o penal, atendiendo la gravedad de la situación. Los Jurados Calificadores actuarán en la valoración de las postulaciones y en la selección de las obras y personas ganadoras, de acuerdo con su formación y experiencia profesional, apegados a criterios éticos, y gozarán de libertad de decisión, que, bajo ningún supuesto, será sometida al criterio de terceros, incluidas las Unidades Administradoras.

[3]https://www.rnpdigital.com/Reactivacion%20de%20sociedades%20y%20eliminacion%20de%20la%20clase%20012%20.pdf

[4] Artículo 14 del Reglamento:.-Funciones y deberes de los Jurados Calificadores. h. Elaborar un expediente que contenga todas las actas redactadas, en orden cronológico, debidamente foliado, así como cualquier otra documentación relevante para las deliberaciones. Durante el año en que se esté llevando a cabo la evaluación y consideración de propuestas y candidatos, este expediente será de conocimiento únicamente de los integrantes del Jurado Calificador, a fin de proteger el carácter secreto de las deliberaciones. i. Guardar confidencialidad del trabajo que se desarrolla y de las deliberaciones que realizan, durante el año de valoración de propuestas, a efecto de no vulnerar el proceso de escogencia de los premiados.

[5] Artículo 5.d del Reglamento: “Tomando en cuenta el premio en dramaturgia, al menos uno de los representantes de las universidades públicas, deberá ser un profesional con trayectoria en el campo de las artes dramáticas.»

[6] La Ley General de Administración Pública de Costa Rica (LGDAP) establece en el Artículo 50- Los órganos colegiados nombrarán un secretario, quien tendrá las siguientes facultades y atribuciones: a) Grabar el audio y video de las sesiones del órgano y levantar las actas correspondientes, las cuales constituirán una transcripción literal de todas las intervenciones efectuadas en apego a los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, garantizando con ello la publicidad y el acceso ciudadano a todos estos registros.

[8] https://www.diariolibre.com/revista/cine/2025/03/11/acusan-de-plagio-a-anora-la-ganadora-del-oscar-2025/3029256

[9] https://culturacr.net/caso-de-plagio-poetico-en-costa-rica/

[10] https://simehbucket.s3.amazonaws.com/miscfiles/rnc-82-digital_h7fkfial.pdf

[11] https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/mayo-2023/4625-certamen-una-palabra-2023-abre-convocatoria

[12] https://www.once.es/noticias/fadir-delgado-juana-cortes-y-rafael-ruiz-ganadores-de-los-premios-tiflos-de-literatura-de-la-once-2020-entre-las-cerca-de-1-500-obras-presentadas

[13] https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/26365-premio-nacional-de-poesia-mincultura-2019-colombia

[14] https://revistaajkoki.com/index.php/ensayos/231-fadir-delgado-acosta-la-temperatura-exacta-del-miedo-y-cama-de-hospital-vista-desde-abajo

[15] El depósito legal permite a la Biblioteca Nacional captar la producción documental de Costa Rica, amparada en la Ley de Imprenta N° 32, y en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683 https://www.sinabi.go.cr/servicios/depositoLegal/dep_publicaciones_elec.aspx

 

Incultos en Cultura

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Fueron muy prolongadas las ovaciones recibidas por el maestro Carl St. Clair, en sus dos últimos conciertos como director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Así, los asistentes que llenamos el Teatro Nacional, le manifestamos nuestro desagravio por el maltrato que recibiera de parte de las incultas autoridades del Ministerio de Cultura, quienes lo despidieron injustificadamente, después de una década de extraordinaria labor.

El maestro St. Clair, nos delega una orquesta extraordinaria; sin duda una de las mejores de Latinoamérica, que ahora ve amenazada su calidad, por la incompetencia de un gobierno que parece no comprender su trascendencia para la cultura musical del país.

Confiamos en que los músicos, independientemente de lo que hagan o no hagan los burócratas ministeriales, sabrán rendirle homenaje al maestro que han despedido, esforzándose aún más por mantener los atributos que se le reconocen a la orquesta.

Sorpresiva destitución

Freddy Pacheco León

Tiene Costa Rica una estupenda Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por un virtuoso maestro, de gran prestigio internacional.

Carl Saint Clair ha dirigido orquestas en Israel, Japón, Australia, Sur América, así como las sinfónicas de Boston, de San Francisco, de Detroit, de Houston, de Montreal, de Toronto, y la Filarmónica de Nueva York, la de Los Ángeles, la de Filadelfia, entre otras muy prestigiosas.

Gracias a ese bagaje de experiencia, ha logrado que nuestra orquesta haya logrado alcanzar en una década, un nivel tan formidable, que nos permite a los costarricenses disfrutar plenamente, de sus conciertos por todo el país y en el majestuoso Teatro Nacional.

La sorpresiva destitución del maestro Saint Clair, es una acción incomprensible del Ministerio de Cultura, que no se justifica, causa zozobra y esperamos se revierta.

Asociación para la Preservación del Patrimonio Cultural de Orotina lucha por el rescate de La Casona del Coyolar

“La Casona del Coyolar es la edificación en madera más antigua de todo el Pacífico Central y Sur. Fue construida para el expresidente Rafael Iglesias Castro en el año 1893”. “En 1978 fue traspasada al Instituto de Tierras y Colonización, que después cambió a Instituto de Desarrollo Rural (INDER)”. Así se explica en un documento de la Asociación para la Preservación del Patrimonio Cultural de Orotina.

“En ella se hospedaron personajes como Ricardo Jiménez Oreamuno, León Cortes Castro y Rafael Ángel Calderón Guardia. No obstante, para el pueblo de Orotina su valor socioeconómico fue los más relevante de su historia, pues por más de 50 años desde esa edificación se giraba el pago de salario para cientos de trabajadores cuyas familias vivían de la Hacienda Coyolar. Más aun, los trabajadores recibían beneficios como leche gratis todos los días y asistencia médica gratuita de parte del propietario del lugar”, agrega el escrito de la Asociación.

Otro dato importante relacionado con la importancia histórica y cultural de La Casona del Coyolar es que fue clave para que en 1902 se diera la llegada del primer tren en la zona, “lo cual propició la creación del cantón de Orotina en el año 1908”.

Foto tomada hace siete años, cuando La Casona ya mostraba deterioro.

Lamentablemente el inmueble se ha deteriorado y la ausencia de una política para su protección ha activado la lucha de la Asociación para la Preservación del Patrimonio Cultural de Orotina. Se espera que la institución a cargo adopte decisiones urgentes para la protección de un espacio que tiene importancia histórica, cultural y arquitectónica.

Está foto es de hace 3 meses, donde ya se aprecia el estado ruinoso de La Casona.

La Asociación ha organizado tres conversatorios para tocar el tema de la casona desde el punto de vista histórico, arquitectónico, patrimonial y legal, lo cual, a criterio de la agrupación “va a generar un nivel de apoyo mayor a nivel de la población de Orotina que es, en última instancia, la que más tiene que luchar por el rescate de la Casona del Coyolar”.

SURCOS comparte el documento completo, en el cual se detalla la situación de La Casona del Coyolar y otros aspectos importantes de esta lucha comunitaria y social.

PROMUEVE LA DENUNCIA: ASOCIACION PARA LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE OROTINA

REPRESENTATE: LIC. GIOVANNI CASTALDINI RAMIREZ

MOTIVO DE LA DENUNCIA: ESTADO RUINOSO DE LA CASONA DEL COYOLAR

UBICACIÓN DE LA CASONA: DISTRITO COYOLAR, CANTON DE OROTINA, ALAJUELA

PROPIETARIO DEL INMUEBLE: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (ANTES IDA)

AFECTACION: DESDE 1994 PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE LA REPUBLICA

DESTINO DE LA CASONA: DEDICADA COMO OFICINA ADMINISTRATIVA HASTA EL AÑO 2005. DESDE ENTONCES Y HASTA LA FECHA SE ENCUENTRA DESOCUPADA

INVERSION ESTATAL: 1995: GRAN REMODELACION. 2012: PINTURA Y TRABAJOS MENORES. 2019: INTERVENCION DE EMERGENCIA (INFORMACION NO CONFIRMADA)

COLABORACIO EXTERNA: 2016: ARREGLOS MENORES DE PARTE DE ADEPPCO. 2018: PARTICIPACION CONCURSO PATRIMONIO HISTORICO M.C.

CONTEXTO:

La Casona del Coyolar es la edificación en madera más antigua de todo el Pacífico Central y Sur.

Fue construida para el expresidente Rafael Iglesias Castro en el año 1893. Otros propietarios han sido los hermanos Tinoco Granados y Fernando Castro Cervantes. Después de su muerte en 1967, la edificación estuvo a cargo de sus herederos y en 1978 fue traspasada al Instituto de Tierras y Colonización, que después cambió a Instituto de Desarrollo Rural y actualmente se denomina Instituto de Desarrollo Rural.

Las Casona del Coyolar fue la base de operaciones de una de las haciendas más grandes que ha tenido Costa Rica: la Hacienda Coyolar. Principalmente se dedicó a la ganadería y llego a medir más de 20 mil hectáreas, ubicándose en tres provincias diferentes: Alajuela, Puntarenas y San José.

El valor histórico de la casona es incuestionable. En ella se hospedaron personajes como Ricardo Jiménez Oreamuno, León Cortes Castro y Rafael Ángel Calderón Guardia. No obstante, para el pueblo de Orotina su valor socioeconómico fue los más relevante de su historia, pues por más de 50 años desde esa edificación se giraba el pago de salario para cientos de trabajadores cuyas familias vivían de la Hacienda Coyolar. Más aun, los trabajadores recibían beneficios como leche gratis todos los días y asistencia medica gratuita de parte del propietario del lugar.

De igual forma, la casona fue de suma importancia para que se diera la llegada en 1902 del primer tren en la zona, lo cual propició la creación del cantón de Orotina en el año 1908.

IMPORTANCIA ARQUITECTONICA:

Esta edificación tiene fuerte influencia del estilo neo victoriano que predominó principalmente a principios del siglo pasado en la zona atlántica, sobre todo debido a la influencia de la United Fruit Company en la zona del Caribe y en las Minas del Aguacate.

Su construcción es de dos plantas, principalmente en madera de cedro y pochote. Su estructura principal mide aproximadamente 450 metros cuadrados y cuenta con extensos corredores y balcones casi en la totalidad de su perímetro.

La casona está rodeada de interesantes estructuras y bienes de valor histórico y arquitectónico, como una caballeriza, una lechería, un antiguo tanque de agua y mucha maquinaria antigua que fue pionera en su época para la realización del trabajo agropecuario.

Es importante hacer notar que el INDER, además de la Casona del Coyolar, es propietario de otros ocho edificios declarados patrimonio arquitectónico de la República, entre ellos el Monumento Nacional Guayabo en Turrialba. Sería interesante investigar en qué estado de conservación se encuentran dichos lugares.

ESTADO ACTUAL DE LA CASONA

El primer contacto que nuestra asociación tuvo con este edificio histórico fue en el 2016 cuando organizamos un evento de promoción y enseñanza de la Casona del Coyolar. Contamos con la presencia de funcionarios del INDER y de la Dirección de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura.

Previo a este evento nuestros voluntarios realizaron labores de limpieza y reparación de las jardineras de piedra de la edificación. En ese momento notamos que ya la casona mostraba problemas estructurales en la segunda planta debido al ingreso de agua por deficiencias en el techo o cubierta de la edificación. El daño era importante, pero estaba localizado en una zona específica.

Asimismo, durante el evento, el entonces director de la Oficina de Patrimonio nos hizo ver que ya la casona mostraba signos evidentes de ataque de comején de la variedad que habita a nivel subterráneo.

Obviamente hicimos ver esto a las autoridades del INDER en Orotina y ofrecimos conseguir recursos para la colocación de parte del techo y gestionar los permisos ante el Ministerio de Cultura, por tratarse de una edificación declarada patrimonio arquitectónico de la República.

Lamentablemente, después del 2016 perdimos contacto con los funcionarios del INDER y desconocemos si finalmente lograron obtener el permiso para el cambio de techo de la casona.

Al no encontrar continuidad en la gestión de la colocación del techo de la casona, la asociación volvió sus ojos a la estación ferroviaria de Orotina donde hasta el día de hoy realiza trabajos de restauración en bienes propiedad del INCOFER, institución que ha colaborado con nosotros en todo el proceso de preservación histórica.

En algún momento de este año pudimos desatender las labores de restauración que hacemos en la estación central de Orotina y en abril de este año solicité a un funcionario del INDER en Coyolar que me permitiera visitar de nuevo la casona, pero esta vez en compañía del arquitecto de la asociación.

Ese mismo mes me hice presente en las instalaciones del INDER en Coyolar y mi sorpresa fue mayúscula al ver el avanzado estado de deterioro de la casona en tan solo 7 años. Junto con el arquitecto Rodolfo Mejías realizamos una inspección interna y se pudo comprobar que ya toda la segunda planta estaba clausurada por peligro de desplome. Era evidente que el problema del agua ingresando a dicho recinto todavía continuaba; peor aún se había extendido a varios puntos de la estructura a tal punto que ya en la primera planta era evidente el trazo del agua corriendo por el piso. Adicionalmente una enorme rama de un árbol aledaño a la casona atravesó el techo desde la segunda planta llegando a hacer contacto con el piso de la primera planta. La rama aun estaba en el lugar cuando se realizó la inspección.

El daño más grave que se pudo apreciar en la edificación histórica fue el eminente peligro de derrumbe del balcón del ala este de la casona. De ahí entonces que en el año 2019 el INDER realizara una intervención de emergencia en dicho lugar donde se apuntaló dicho balcón con una estructura de perling para que no se desplomara. Desconocemos el monto del presupuesto para dicha intervención y quien la realizó, o bien si además se invirtió en la reparación del principal problema estructural, esto es, el techo de la casona.

Una estimación preliminar del arquitecto para restaurar la casona se aproxima a los 300 millones de colones, aunque él fue enfático en sus conclusiones al indicar que la principal intervención para evitar el colapso total del edificio es la reparación de cerchas y el cambio de techo en forma urgente, lo cual hasta la fecha obviamente no ha sucedido.

GESTION ADMINISTRATIVA

Con motivo de la inspección realizada, el funcionario a cargo nos mostró un enorme expediente de las gestiones realizadas en la casona desde el año 2000. Este señor fue enfático en que desde hace varios años la sede regional del INDER en Coyolar ha venido solicitando recursos para el mantenimiento de la casona, siendo que la respuesta a dichas gestiones, la mayoría de las veces fue negativa, aleándose falta de contenido presupuestario en las oficinas centrales del INDER en San José.

Alarmado por el crítico estado en que encontré la casona el mismo mes de abril procedí a solicitar explicaciones directamente ante la Presidencia Ejecutiva del INDER y ante la Directora de la Oficina de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura.

En el caso del INDER, la Presidencia Ejecutiva remitió mi solicitud a la Gerencia General quien a su vez la remitió a la Dirección Financiera. En esta última instancia su directora me indicó vía telefónica que la posibilidad de asignar presupuesto para la casona estaba para el año 2025, aduciendo motivos presupuestarios y limitaciones impuestas por la regla fiscal.

En la Oficina de Patrimonio, la secretaria de la directora me contactó vía telefónica y me indicó en abril que ese asunto fue remitido a los arquitectos de la institución, siendo que hasta la fecha no se tiene conocimiento de si se ha realizado o no una inspección del lugar o si se va a abrir un procedimiento administrativo por infracción a la Ley de Patrimonio Histórico.

La gestión administrativa de nuestra asociación también se ha extendido a la Municipalidad de Orotina, donde se emplazó a dicha institución para que hiciera valer la ley de patrimonio, pero se emitió un criterio legal de parte de ellos indicando que no es responsabilidad de las Municipalidades intervenir en asuntos relacionados con edificios declarados patrimonio arquitectónico.

Finalmente, hace poco la asociación organizó uno de tres conversatorios para tocar el tema de la casona desde el punto de vista histórico, arquitectónico, patrimonial y legal, lo cual, a nuestro criterio, va a generar un nivel de apoyo mayor a nivel de la población de Orotina que es, en última instancia, la que más tiene que luchar por el rescate de la Casona del Coyolar.

La comunidad de Cartagena, en Guanacaste, se prepara para la instalación de un Punto de Lectura

Hace aproximadamente un año que la comunidad de Cartagena se organizó bajo un Comité de Lectura. El año pasado el Bibliobús visitó durante dos días, diferentes centros educativos de la comunidad.

Después de la visita del Bibliobús del SINABI (Sistema Nacional de Bibliotecas), nos informaron que se seleccionó a la comunidad de Cartagena, para instalar un Punto de Lectura, el que se inaugurará el 27 de julio a las 10 de la mañana y estará ubicado en el parque central de la comunidad.

El mismo es una colaboración de Ministerio de Cultura, Sistema Nacional de Bibliotecas y el patrocinador de la infraestructura es la empresa que tiene a cargo el Aeropuerto Juan Santamaría, más la Editorial Costa Rica que donó la mayoría de los libros.

Esta es una hermosa oportunidad de acercamiento a la información y a la educación para Cartagena.

Información compartida con SURCOS por Gretel Miranda Fallas y Édison Valverde Araya.

¡No al recorte presupuestario en el Ministerio de Cultura!

El colectivo Anthropos compuesto por pensionados y pensionadas de la disciplina antropológica, dedicados a la defensa del patrimonio histórico y cultural de la nación costarricense dicen “NO” al recorte presupuestario impuesto al Ministerio de Cultura. 

Margarita Bolaños, antropóloga e integrante del colectivo considera que estos recortes presupuestarios afectan la institucionalidad pública y reduce los recursos esenciales para la conservación de los museos, conservación que considera de suma importancia para incentivar en la población costarricense un sentido de identidad nacional y reflejar al mundo que somos un país que promueve una cultura de paz. A lo que Floria Arrea otra integrante añade, diciendo que la cultura es parte de nuestro pasado y presente.

Por su parte, la antropóloga Ana Cecilia Arias define Costa Rica como un crisol de culturas pasadas y presentes, que son diversas, históricas y que se encuentran llenas de manifestaciones. María Eugenia Murillo, también antropóloga e integrante del colectivo asegura que la cultura y los museos costarricenses requieren presupuestos porque estos son parte del desarrollo de los pueblos.

La antropóloga Carmen Murillo considera que en Costa Rica existen múltiples expresiones asociadas a las costumbres, tradiciones y creencias que son parte de la cultura nacional, cree que el Ministerio de Cultura es el ente que debe de poner en valor estas expresiones y apoyar a los gestores que luchan todos los días por cumplir este objetivo, para Carmen Murillo el Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica es el corazón de la nación.

María Eugenia Bozzoli Vargas antropóloga, socióloga y activista de los derechos humanos de Costa Rica se une a este colectivo añadiendo que el Ministerio de Cultura es un órgano de suma importancia para poner en valor la producción artística y el patrimonio histórico nacional, comenta que aún teniendo el menor presupuesto de los ministerios, este ha realizado una gran labor en el fortalecimiento de la identidad nacional, por ello exalta la oposición contra los recortes presupuestarios.

Gobierno confiscatorio

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Aplico el término “confiscatorio” en este caso a la actitud voraz del gobierno de Rodrigo Chaves con relación al manejo de los recursos públicos. Sé bien que el término está referido al abuso con respecto a los tributos, pero lo aplico por asimilación al comportamiento de la administración primero frente al propio Ministerio de Educación Pública, segundo en relación con el Ministerio de Cultura y en tercer lugar con respecto al presupuesto de las universidades públicas.

De hecho, en el Diccionario General de sinónimos y antónimos de la lengua española el término confiscar es sinónimo de embargar, decomisar, incautar, requisar y usurpar. Éste último a su vez es sinónimo de detener, arrebatar, extorsionar, expoliar, apropiarse, incautar y confiscar. Esto es lo que viene haciendo el gobierno con el presupuesto público: primero intentó ser confiscatorio del presupuesto del Ministerio de Educación en una suma muy significativa para trasladar esos recursos al Ministerio de Seguridad Pública, con el pretexto de asignarlos diz que para combatir la delincuencia. Solo debido a que en la Asamblea Legislativa no le aprobaron la modificación presupuestaria, esto no lo pudo concretar. Pero después sí le arrebató también nada menos que 4.000 millones de colones a Cultura, y ahora mediante artilugios se pretende confundir a la opinión pública, para confiscar, incautar, apropiarse o usurpar (es lo mismo), un 1% adicional del FEES (presupuesto de las universidades públicas), que el Poder Ejecutivo se había comprometido a otorgarles.

Lo cierto del caso, es que el principio no confiscatorio [de los tributos] se encuentra regulado en el artículo 167 denominado “Principios generales tributarios” de “La Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria”; un intento por parte del legislador, nos dice en su tesis de grado Ana María Carrillo Goyenaga, por incorporar los principios constitucionales tributarios al ordenamiento jurídico. (Cfr. Carrillo G. Ana María. “El Principio Constitucional de no Confiscación. Aplicación en el Ordenamiento Jurídico Tributario.” Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, CR, 2014). Reza el artículo citado de la siguiente manera:

“Artículo 167.- Principios generales tributarios

Por medio de la tributación, no deberá sustraerse una porción sustancial de la riqueza del contribuyente, en tal medida que haga nugatorio, desaliente o limite de manera significativa, el ejercicio de un derecho o la libertad fundamental tutelados en la Constitución Política (…) (Cfr. Código de Normas y Procedimientos Tributarios, artículo 167.)”

Por semejantes razones, tenemos el derecho a considerar el principio no confiscatorio que rige en el derecho tributario, como válido para proteger a las instituciones ministeriales o a las autónomas que, son tuteladas en el ámbito del derecho público ante un Estado que, se viene comportando como un ente hipercentralista, angurriento, avaricioso y codicioso con respecto a la gestión de los recursos públicos. Si es válido tutelar el patrimonio de una empresa privada, ante una eventual voracidad confiscatoria de parte del Estado, es por lo menos igualmente valedero proteger a los entes de derecho público, como en efecto está estipulado en la propia Constitución de la República.

Tanto en el anterior cuatrienio, como en este, se incurrió en el grave error de cercenar a las universidades públicas parte de sus presupuestos, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 85 constitucional. Específicamente en la parte que textualmente dice (después de haber dejado clara la existencia del fondo especial para el financiamiento de la “Educación Superior Estatal), que: “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.” (Cfr. Constitución de la República. Artículo 85). Pero como lo he advertido supra, no ha ocurrido así. Por eso mismo, hoy sería menester, ante las violaciones que se han perpetrado contra la Constitución, que tales prescripciones fuesen subrayadas, escritas en mayúscula, o en letras doradas. Al respecto, ya la Sala Constitucional dictó sentencia favorable a las universidades públicas (al menos en un caso), ante una acción de inconstitucionalidad interpuesta por ellas por haberles rebajado la Asamblea Legislativa, la suma de 10.000 millones de colones. Están pendientes de resolución otras acciones de inconstitucionalidad presentadas por las universidades públicas hacen más de tres años. (Cfr. Sentencia de Fondo, número 2022017987, del 03/08/2022 a las 12:20:00)

Ahora el punto es otro, como lo aclara un pronunciamiento reciente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). La Comisión de Enlace, que integran los rectores y ministros de Estado correspondientes, durante las negociaciones del FEES 2023 señalaron, como se expresa en el comunicado de CONARE aludido lo siguiente: (lo transmito textualmente): “la Comisión de Enlace…se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año [además del 1% otorgado a la base]…en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.” El Poder Ejecutivo, manifestó en varias ocasiones, la mejora en la situación fiscal del país, por lo que no habría razón alguna, para negarle a las universidades públicas ese aumento adicional del 1%, que compensaría, cuando menos en una mínima parte, lo que se les ha arrebatado a las instituciones públicas de educación superior.

Además, con ello se cumpliría con el convenio vigente, es decir el del año en curso del 2023. Se sabe por declaraciones de las autoridades de gobierno, pregonadas hasta por el mismo presidente Chaves, y señaladas por los rectores en su comunicado, que dicha mejora en la situación fiscal y económica del país en este año es debida a que, se produjo una colocación de “eurobonos” por la suma de $1.500 millones de dólares. A la vez, se le ha hecho ver a la opinión pública que, hubo un aumento en la recaudación tributaria del orden de 3,9% del PIB; asimismo se nos ha informado de una reducción del déficit fiscal en menos de 0.5% y finalmente, la reducción de la razón de la deuda con respecto al PIB fue de un 58,4%. Por lo tanto, solamente un claro menosprecio de carácter ideológico de parte del gobierno a las universidades públicas explicaría que no se reconociera el aumento negociado, pues de lo que se trata es de compensar a instituciones que cumplen con tanto fervor su misión civilizadora. Lo anterior lo expreso, aunque haya errores de por medio; ya que no existe una sola institución sin mácula en ninguna parte. Por otro lado, todos los errores son perfectamente subsanables y, es bien reconocido que las bondades a lo largo de una historia de casi 80 años, cuando se fundó la Universidad de Costa Rica precisamente en la década de los años cuarenta han contribuido de una manera decisiva con el desarrollo económico y social y han ayudado también a forjar la cultura democrática e institucional de la Costa Rica actual.

La realidad es que este gobierno no se ha atrevido a esgrimir como argumento para negar tal aumento, el que las universidades no lo merezcan. Lo que dijo el ministro de Hacienda don Nogui Acosta, es que quien ha complicado el aumento son los diputados, lo que fue claramente desmentido por la mayoría de los líderes de las fracciones parlamentarias, tanto en la comisión de asuntos hacendarios, como en el control político en el plenario legislativo, como consta en las actas respectivas.

Por último, conviene difundir que el comunicado de CONARE, puntualizó con exactitud adónde irían los recursos provenientes de ese 1%, se trata de cubrir necesidades perentorias que Costa Rica siempre ha valorado altamente, como son: mayor número de becas para estudiantes, apertura de nuevos cursos para atender el rezago educativo, mayor inversión para atender la educación universitaria pública en las regiones con menor desarrollo, fortalecer la investigación y la extensión o acción social en la atención de las necesidades específicas de las comunidades y los grandes problemas nacionales.

Tal es el compromiso de honor de las autoridades universitarias mencionadas. A ver si ante todos estos argumentos cede la voracidad centralista del gobierno y se modifica en algo su actitud confiscatoria y usurpadora del erario que pertenece a los costarricenses.

MCJ cancela contrato de producción del Costa Rica Festival Internacional de Cine

Profesionales del sector cinematográfico, audiovisual, comunicación y producción artística denuncian sobre la afectación que les provocó la inesperada cancelación del contrato para producir el 11º Costa Rica Festival Internacional de Cine, festival que se ha convertido en un referente centroamericano y una importante vitrina para cineastas de la región.

De manera sorpresiva y poco usual el Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Cultura y Juventud canceló el pasado 28 de abril el contrato de la Licitación 2022LN-000001-0013700001 para la producción del 11 CRFIC; dicha cancelación se efectuó un mes después de firmarse el contrato con el proveedor.

La adjudicación del proveedor se efectúa el 2 de marzo del 2023 y se firmó contrato el 29 de marzo por las partes involucradas (Proveeduría del Ministerio de Cultura, Director del Centro de Cine y el Proveedor). A partir de la firma oficial, más de 60 profesionales de distintas ramas involucrados en la producción del Festival iniciaron sus labores para cumplir a cabalidad con los acuerdos del contrato y los tiempos establecidos, que ya venían dilatándose por atrasos administrativos del propio MCJ. Tras un mes de trabajo, se da la cancelación del mismo, sin remuneración alguna y sin notificación oficial.

El Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Cultura y Juventud canceló el contrato mediante una sumatoria de errores administrativos. Los cuestionamientos ante el manejo del proceso son evidentes, en SICOP el refrendo del contrato aparecía como “Aprobado” pero en adjuntos se especificaba como “Rechazado”. El oficio dictamina que “el Cartel dispuso acciones contrarias al ordenamiento jurídico vigente”, esto a pesar de que se sometió a múltiples análisis y procedimientos técnicos y legales, e incluso el cartel fue publicado por el MCJ desde noviembre del 2022.

A esto se suma la inacción por parte de la Ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz Rosales, y el Viceministro Administrativo Luis Alexander Castro Mena que, teniendo la autoridad para intervenir y/o solucionar el proceso, no lo hicieron.

«Esta decisión irregular sobre el CRFIC deja a muchas personas del equipo de producción directamente afectadas, pero también vulnera el alcance y continuidad del proyecto del festival en sí mismo. Precisamente en un contexto de gran incertidumbre sobre la sostenibilidad en el tiempo de los programas e instituciones del Ministerio de Cultura. La lógica administrativa del ‘dejar de hacer y dejar pasar’ podría terminar eventualmente justificando aún más recortes en el sector», resaltó Antonio Jara, programador del Equipo de Producción.

Todo esto, en medio de una coyuntura compleja para el sector cultural y de múltiples cuestionamientos al Ministerio de Cultura y Juventud por los recientes despidos de cuatro de sus jerarcas y la propuesta de un recorte de 4 mil millones de colones, el cual se traduciría en un posible cierre técnico de la cartera de cultura.

Además de la afectación a los 64 profesionales, es preocupante el futuro del Costa Rica Festival Internacional de Cine, evento que tiene carácter de interés público y cuya proyección involucra la participación de múltiples instancias internacionales que creen, impulsan y respaldan el CRFIC, algunas se desempeñan como coproductoras y otras como patrocinadores de tan prestigioso festival. No se ha brindado una explicación oficial de los

hechos ocurridos a los aliados estratégicos del festival; además de los ya mencionados figuran instituciones públicas y privadas, artistas, cineastas, jurados nacionales e internacionales, entre muchos otros.

El Equipo de Producción CRFIC 2023 a quien le respalda un contrato firmado, denuncia el inadecuado proceder del Ministerio de Cultura y Juventud y lo califica como irregular, oculto y falto de transparencia. Se solicitó el expediente completo y certificado del caso, pero MCJ respondió derivando a revisar información en SICOP, pese a que existe un derecho constitucional de acceso a dicho expediente certificado.

Se manifiesta la incapacidad del Ministerio de Cultura y Juventud de ejecutar sus programas y proyectos de relevancia cultural, como lo es el Costa Rica Festival Internacional de Cine. Se omite tomar decisiones cuyo fin conlleva a cancelar la realización de proyectos de gran envergadura y aporte al país, habiendo un evidente interés de desmantelar las instituciones sin asumir las consecuencias políticas. Se hace un llamado a posicionarse de forma solidaria por el sostén de la inversión pública en cultura como una contribución importante a la identidad de un país y a su bienestar económico.

Equipo de Producción CRFIC 2023

San José, 18 de mayo de 2023