La cultura costarricense desde el Estado
Adriano Corrales Arias*
CULTURA es uno de los términos que más acepciones tiene. Es un concepto polisémico y dinámico. Sus abordajes han sido diversos y complementarios a través de la historia, por esa razón debería considerársele desde la interdisciplinariedad, para así lograr una integralidad semántica.
En general, podría definírsele como “el conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a una sociedad, una determinada época o un grupo social”. En todo caso, cuando hablamos de cultura, nos referimos a creencias, normas, valores, lenguaje, símbolos, tecnología, patrimonio, identidad. En otras palabras, hablamos de la actividad humana en su conjunto y de sus relaciones con la naturaleza y el cosmos, sobre todo de la producción simbólica a través del tiempo en espacios geográficos y socioeconómicos diferenciados.
En nuestro país la visión estatal de la cultura ha sido excluyente y elitista. Desde el “Olimpo” de los liberales, hasta el nacimiento del Ministerio de Cultura (PLN), se le concibe como la promoción de las “Bellas Artes”, las cuales deberían extenderse al pueblo para “culturalizarlo”, “cultivarlo”. Los liberales la concebían mancomunada con el sistema educativo, cual actividad “civilizatoria” que pretendía homogenizar su visión de mundo, es decir, privilegiaban su intención ideológica.
El dispositivo creado por el PLN en los años setenta del siglo pasado, ha sido vallecentrista y eurocéntrico, léase, colonial, salvo esfuerzos aislados y fallidos de regionalización con débiles discursos antropológicos sobre las culturas populares o “vivas”. Esa visón paternalista todavía subsiste. De allí la gran confusión en muchos artistas, quienes confunden el amplio concepto etnográfico con el de “arte” o “gestión cultural”. Por ello, se habla de un “sector cultura” difuso y asimétrico, el cual no sabemos si se define por su producción, su gremialismo o su filiación con el estado y su políticas, mejor dicho, la ausencia de ellas.
El neoliberalismo que lidera la contrarreforma con el afán del desmantelamiento del Estado Social de Derecho, erigido desde los años cuarenta del siglo pasado, le ha entregado esas tareas a las industrias culturales. Los últimos gobiernos del PLUSPAC así lo han venido haciendo y, el Ministerio de Cultura y Juventud (vaya híbrido), a pesar de su ingente labor en sus instituciones adscritas y en el apoyo a algunos productores artísticos, ha devenido en un cascarón desfinanciado y en una suerte de gran agencia de producción festivalera.
Las declaraciones de un candidato ultra conservador y de su escudera (diputada electa) han puesto el dedo en la llaga al gritar a los cuatro vientos, sin inmutarse, lo que otros quieren pero callan desde hace rato: cancelar el MCJ por ineficiente y burocrático (tiene menos del 1% del presupuesto nacional). Es decir, privatizar sus órganos desconcentrados y asignarle a las industrias culturales el resto. De allí a un Hollywood o Disney ticos no estaríamos tan lejos. Quizás ello quiso decir la señora escudera del enviado de los organismos financieros internacionales, quien bien podría convertirse en presidente de esta res ya no tan pública.
El día en que la CULTURA se convierta en el centro de una propuesta política al interior de un robusto proyecto país, tal y como corresponde, estaríamos hablando de inclusión, equidad, justicia social, defensa de los patrimonios tangibles e intangibles, de soberanía tecnológica y alimentaria y de las diversas identidades y expresiones simbólicas de quienes ocupamos este pequeño y bendito territorio. Es decir, estaríamos ante una auténtica acción sociocultural, corazón de toda actividad política.
Sin embargo, por ahora, sepamos que la CULTURA, desde la contrarreforma neoliberal, está clausurada. Aunque sigue viva y resistiendo en nuestras comunidades, en nuestros quehaceres, en nuestros sueños, en nuestras memorias.
*Escritor.
