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Etiqueta: Ministerio de Hacienda

CGR señala deficiencias en la gestión de Hacienda Digital

La CGR emitió un informe de auditoría al Ministerio de Hacienda, respecto de la gestión de proyectos tecnológicos relacionados con los sistemas de información aduaneros, tributarios, de administración financiera y servicios transversales, que forman parte del portafolio conocido como Hacienda Digital, cuya esencia es garantizar la modernización de la infraestructura tecnológica, para facilitar el cumplimiento tributario, mejorar la eficiencia de la administración financiera y asegurar una provisión oportuna de bienes y servicios públicos para la ciudadanía.

La ejecución de los proyectos del portafolio Hacienda Digital incumple en aspectos significativos con los criterios del marco normativo y técnico aplicable. Particularmente en lo referente a la gobernanza y la conducción estratégica de los proyectos, la planificación, su control y la implementación efectiva y sostenible de las soluciones tecnológicas. Lo cual afecta directamente la modernización de los sistemas y la eficiencia en la gestión de recursos públicos.

Solo 23,6% de avance físico y 9,5% de desembolsos financieros al cierre de 2024. Pagos en comisiones de compromiso por más de US$2 millones. Falta de alineación estratégica y planificación técnica, lo que genera reprocesos y retrasos en la implementación de sistemas como TRIBU-CR, ATENA y CR-TEZA.

Gestión desarticulada de proyectos: No existe un listado actualizado de proyectos en curso, no se cuenta con reglas de priorización; tampoco se ejecuta un seguimiento sistemático del portafolio para identificar desviaciones en cronogramas, costos o riesgos.

Aplicación deficiente de controles: Ausencia de documentación esencial para formalizar el proyecto y asegurar su alineación con los objetivos. No hay documentación del monitoreo del cumplimiento de las cláusulas de los contratos de los proyectos ni registro de lecciones aprendidas.

Debilidades de implementación: en la planificación del despliegue, migración de datos y gestión de riesgos. No se puede garantizar la transición efectiva de los sistemas actuales a los nuevos.

Se les invita a descargar el informe en el siguiente enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025017121.pdf

Para firmar: pensionados del Magisterio Nacional solicitan ajuste por costo de vida

Pensionados del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional dirigen una carta pública al Ministerio de Hacienda, a las fracciones legislativas y a las comisiones de Asuntos Económicos y Sociales, solicitando la aplicación de un ajuste por costo de vida que no reciben desde hace cinco años. Puede apoyar con su firma al final de esta nota.

En la misiva, las personas firmantes exponen que el 94% de los jubilados del RTR perciben pensiones bajas o medias, con fuertes cargas impositivas y una pérdida sostenida de capacidad adquisitiva, agravada por el aumento del costo de la vida, la inflación alimentaria y las altas tasas de interés.

La carta también respalda gestiones recientes de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y pide audiencias para exponer directamente la situación, así como acciones concretas por parte de JUPEMA.

Texto completo de la carta pública:

Señores:

Rudolf Lucke, ministro de Hacienda

Comisiones de Asuntos Económicos Sociales de la Asamblea Legislativa

Asociaciones de Jubilados

JUPEMA

Estimados Señores:

Los pensionados del Régimen Transitorio de Reparto de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, quienes recibimos el pago de la pensión por medio del Ministerio de Hacienda, porque en el pasado el Estado costarricense no generó el fondo de reserva para pagar las pensiones del magisterio(cuya ley de pensiones se creó en 1958), recursos que fueron utilizados por los diferentes Gobiernos y que en 1995, con la ley 7531 quedamos como un régimen en extinción sin respaldo financiero e institucional, deseamos señalar lo siguiente:

Ø  De los más de 43 mil miembros de este régimen, cerca de 35 mil personas, el 77% de la población total del RTR, tiene una pensión considerada baja, pues recibe un monto menor a 2 millones de colones mensuales, pero tiene cargas impositivas que se acercan al 50% de dicho monto, constituidas por la cuota a la CCSS por el régimen de Enfermedad y Maternidad, la cuota por la póliza de vida obligatoria de la SSVM, la cuota para la administración del régimen pensiones de la JUPEMA, más el monto que corresponde al Impuesto sobre la renta a partir de los 800 mil colones. 

Ø  Esta población mayoría de pensionados, ha venido soportando desde el año 2020, desde los efectos propios de la crisis económica la pandemia del Covid-19, hasta los efectos económicos del período post-pandemia, con un aumento del costo de la vida entre los años 2021 y 2022, expresado en una inflación del 11.2%, que si bien a partir del año 2023 se ha ubicado por debajo de la meta de inflación y en el año 2024 cerró con un aumento promedio de 0.84%, según el INEC, los aumentos continuos de los precios de los servicios y del transporte(resultado del aumento de los derivados del petróleo por la guerra en Ucrania), así como la inflación alimentaria que se mantiene elevada en alrededor del 6%, debido al aumento de los precios de alimentos básicos, como los productos lácteos, el arroz, los frijoles, la papa, la cebolla y las carnes, creando un escenario de pérdida de la capacidad adquisitiva y de empobrecimiento progresivo de los pensionados y sus familias.

Ø  También a la población con pensiones medias, que reciben un monto de entre 2 y 4 millones de colones, que representan el 17% del total del RTR, presentan una situación económica difícil pues a las cargas impositivas antes mencionadas, deben adicionar una cuota solidaria pagada por las pensiones superiores a 2,3 millones -que comienza con un 25 % y termina en el 75 % en las más altas- son personas que realizan un mayor consumo de servicios tecnológicos y tienen mayores compromisos financieros, debido al aumento de las tasas de interés a partir de 2022, cuya tasa básica pasiva(TBP) pasó de 2.90% a 6.24%, según el BCCR y que ha tenido un lento descenso, provocando una disminución importante de ingresos y también afectando la capacidad adquisitiva de los pensionados de este segmento.

Ø  Se trata en conjunto de una población del 94% de los jubilados del RTR que se encuentran entre las pensiones bajas y medias y en el marco de una pensión aceptable, para la que contribuimos durante toda nuestra vida profesional (que en muchos casos fue de 35 años o más, con montos superiores a 3 veces la cuota universal de la CCSS y a partir de 1995 como único cotizante), que recibimos una pensión reducida en términos nominales y que no hemos recibido ningún reajuste por costo de la vida en los últimos 5 años, a pesar de las variaciones en las condiciones de vida en este período.

Por las razones expuestas, dicha población de pensionados, le solicitamos al ministro de Hacienda, las Fracciones, Comisiones de la Asamblea Legislativa, instancias afines a atender nuestra, propuesta, de:

1.    La aplicación del ajuste a las pensiones por costo de vida que no hemos recibido desde hace cinco años.

2.    Respaldar la reciente gestión de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) con respecto al pago por concepto de costo de la vida a los trabajadores de la educación a partir del año 2020.

3.    Solicitar al ministro y Comisiones de la Asamblea Legislativa una audiencia con el objetivo de exponer personalmente la situación de los pensionados del RTR.

4.    Llamar la atención a JUPEMA a ejercer las acciones correspondientes

Los pensionados del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional, somos una población que aporta puntualmente a la seguridad social y a las finanzas del Estado, pero cuyos ingresos se han reducido, empujando a la mayor parte de nosotros a un empobrecimiento real que es constatable si las instituciones desean analizarlo.

Solicitamos al ministro y al Directorio y las Comisiones de Asuntos Económicos y Sociales de la Asamblea Legislativa, escucharnos y atender nuestra demanda, por razones de justicia, equidad y observancia de nuestros derechos humanos, que según las Naciones Unidas “Los sistemas de pensiones cumplen un papel fundamental en la promoción del pleno ejercicio del derecho a la seguridad y la protección social, ante el acelerado proceso de envejecimiento poblacional de la región”. (En Cepal.org/ agenda 2030).

Quedamos a disposición para lo que se considere necesario, en la dirección jubiladosenaccion@gmail.com o a los teléfonos 8837 2021 y 88315115

Con un alta estima y consideración

Marino Marozzi Rojas
Cédula 104500817
German Masís Morales
Cédula 3 225 625

Enlace para firmar la petición: https://chng.it/TzNsGttfyX

La Contraloría señala deficiencias en el cobro de impuestos por parte del Ministerio de Hacienda

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe de auditoría dirigido al Ministerio de Hacienda en el que advierte graves deficiencias en la gestión del cobro de impuestos a cargo de la Dirección General de Tributación (DGT). La revisión, que evaluó las etapas de planificación, ejecución y rendición de cuentas de esta gestión, concluye que el proceso es ineficaz, carece de planificación estratégica actualizada y falla en asegurar la recuperación efectiva de los impuestos en condición de morosidad.

Falencias detectadas

  • Planificación desactualizada: La DGT carece de un plan estratégico vigente, siendo el último correspondiente al periodo 2019-2023. Esta ausencia limita la posibilidad de alinear la gestión con metas claras y mecanismos de evaluación.
  • Falta de control sobre declaraciones rectificadas: Se identificaron 74.531 declaraciones rectificadas sobre las cuales no consta evidencia de verificación posterior, lo que representa un vacío en el control fiscal.
  • Inacción en la gestión de cobro: De una muestra de 102 expedientes revisados, no se halló documentación que acreditara acciones básicas de cobro como llamadas, notificaciones u oficios dirigidos a los contribuyentes.
  • Deficiente seguimiento a metas: Solo 3 de las 11 administraciones tributarias del país realizaron un seguimiento al cumplimiento de metas de cobro al cierre de 2023, y ninguna lo hizo durante el primer semestre de 2024.
  • Diferencias en reportes: El informe también identificó inconsistencias millonarias en los datos reportados por la DGT. Gracias a la auditoría, se corrigieron diferencias de ₡2.318 millones (2023) y ₡2.797 millones (2024), lo que evidencia la poca confiabilidad de los registros contables.

Implicaciones institucionales

Estas omisiones impactan directamente la recaudación tributaria, la equidad fiscal y el financiamiento de los servicios públicos. La CGR insiste en que la mejora en los procesos de cobro no solo exige cambios operativos, sino una transformación estratégica que garantice la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas.

Para leer el informe completo, acceda aquí:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025016102.pdf

Nota elaborada con base en el informe DFOE-FIP-IAD-00003-2025 de la Contraloría General de la República.

Imagen: Semanario universidad

La Asociación Jubilados en Acción exige respuestas del ministro de Hacienda acerca del Fondo Económico

La Asociación Jubilados en Acción no puede aceptar las respuestas evasivas del Sr Nogui Acosta, ministro de Hacienda. Le corresponde contestar a saber “información concreta acerca del Fondo Económico o reserva común que el Estado debió conformar con las cuotas obreras, patronales y estatales, correspondientes a las jubilaciones del personal del Magisterio Nacional, entre el 7 de setiembre de 1958 y hasta el 14 de noviembre de 1991.

¿Se creó o no se creó ese Fondo como lo mandaba la Ley de 1958? En caso de que usted señale que sí se creó, por favor remitir un estado detallado de la situación actual del mismo. En caso de que responda que no se creó, por favor indicar: ¿Cuáles son las razones por las cuales no se creó? ¿Cuál ha sido el destino específico de los recursos captados?”

Como es de su conocimiento el Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del magisterio en el cual se encuentran nuestros afiliados es atendido por con recursos del Ministerio de Hacienda en razón que nuestros aportes y los de nuestros patronos, que deberían dar sustento a nuestras pensiones, fueron gastados en otros fines por administraciones del siglo pasado.

Se amenaza con nuevos proyectos de ley en trámite en la Asamblea Legislativa, para reducir las pensiones, por lo que se le exige transparencia. La Asociación Jubilados en Acción se interesan en tener evidencia, para efectos de defensa de sus afiliados.

Se invita a los pensionados y las pensionadas del RTR, a afiliarse, si aún no lo ha hecho, para dar la lucha en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el desvío de fondos de parte del Ministerio de Hacienda. Para afiliaciones a AJA, contactar vía correo: ajacuotas@gmail.com o al teléfono 8963-3030.

Sala Constitucional obliga al Ministerio de Hacienda a responder a consulta sobre fondo de pensiones

La Sala Constitucional dio lugar el viernes 11 de julio al recurso de amparo presentado por la Asociación de Jubilados en Acción (AJA) en contra el ministro de Hacienda, Nogui Acosta. La resolución obliga a Nogui Acosta a dar una respuesta en un máximo de 10 días a una consulta realizada por el AJA acerca de un fondo económico destinado a las pensiones del Magisterio Nacional.

Como se explicó en el artículo de SURCOS publicado el mes pasado, titulado Jubilados del magisterio exigen respuestas al Ministerio de Hacienda por fondo de pensiones, la AJA presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional tras la negativa del ministro de Hacienda a responder un documento que planteaba tres consultas respecto a un fondo económico de pensiones conformado con las cuotas obreras, patronales y estatales, correspondientes a las jubilaciones del personal del Magisterio Nacional, entre 1958 y 1991.

La consulta fue presentada ante el Ministerio de Hacienda con fecha 2 de abril del 2025 y no fue hasta la fecha del 25 de junio de 2025 que la autoridad recurrida dio respuesta a la solicitud. La respuesta del Ministerio de Hacienda mencionaba que, por medio de la Tesorería Nacional, se aplica las deducciones correspondientes a las planillas y este registro contable y presupuestario lo llevan la Dirección General de Contabilidad Nacional y la Dirección General de Presupuesto Nacional, sin embargo, por la antigüedad del caso la estimación solo se podría hacer individual.

Tras revisar con detenimiento la respuesta dada a la AJA, la Sala Constitucional dictaminó que la consulta no fue atendida en los términos solicitados por el recurrente y que esta respuesta no resuelve de manera puntual la solicitud planteada y, en consecuencia, declaró el recurso como válido. Puede leer la sentencia completa en la imagen adjunta a este artículo.

De acuerdo con la resolución, se obliga a Nogui Acosta a dar respuesta en un plazo máximo de diez días a partir de la notificación del pronunciamiento. De lo contrario, se expone a penas de tres meses a dos años de prisión, o de veinte a sesenta días de multa según lo que indica el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Jubilados del magisterio exigen respuestas al Ministerio de Hacienda por fondo de pensiones

La Asociación de Jubilados en Acción (AJA) presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, por no responder dentro del plazo legal una solicitud de información relacionada con la existencia y estado del fondo económico destinado a las pensiones del Magisterio Nacional.

El recurso, interpuesto el pasado 11 de junio de 2025 por el sociólogo y presidente de la AJA, Miguel Sobrado Chaves, denuncia la violación del derecho de petición y pronta respuesta, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política y regulado por la Ley N° 9097, que obliga a la Administración Pública a responder en un plazo máximo de diez días hábiles.

El documento plantea tres temas dirigidas al ministro: si el fondo fue creado, ¿cuál es su estado actual?, o en caso de no haberse constituido, ¿qué ocurrió con los recursos recolectados mediante cuotas obreras, patronales y estatales entre 1958 y 1991? A pesar de haber sido recibida la solicitud el 3 de mayo, el Ministerio no respondió dentro del plazo, lo que motivó la acción legal.

Además, desde la AJA se recuerda que el Estado tenía la obligación de constituir un fondo con los aportes de maestras y profesores activos durante ese periodo, pero que, según han denunciado en múltiples espacios, el fondo nunca se creó, y los recursos fueron utilizados para otros fines presupuestarios. Esta omisión histórica constituye, para la organización, un grave incumplimiento legal y ético, que explica por qué el pago de las pensiones se carga hoy directamente al presupuesto nacional.

Como se expone en el artículo de SURCOS publicado en marzo pasado, titulado La verdad sobre las jubilaciones del magisterio nacional, los jubilados han cotizado por más de 30 años con tasas más altas que el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social y enfrentan actualmente cuestionamientos públicos que, expone la AJA, no reconocen su historial de contribuciones ni la responsabilidad estatal en el incumplimiento del fondo.

En su escrito ante la Sala Constitucional, Sobrado solicita que el Ministerio de Hacienda responda las preguntas planteadas y brinde información clara, detallada y verificable sobre el manejo de los fondos. La acción se enmarca en un contexto de creciente discusión pública sobre el financiamiento y la sostenibilidad de los regímenes de pensiones, así como sobre las reformas planteadas por distintos sectores políticos.

Sala Constitucional avala acción de ANEP para conocer lista de personas y empresas que adeudan impuestos

La Sala Constitucional declara a favor una acción de inconstitucionalidad para conocer los nombres de personas y empresas que le adeudan tributos al fisco. Esta acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

La acción nace desde 2019, cuando la ANEP solicitó al Ministerio de Hacienda los nombres de empresas o personas que tuvieran deudas con el fisco. Dicha solicitud fue negada por Hacienda, debido a que, hasta ahora, esa información era confidencial para las organizaciones sindicales y la ciudadanía en general. Todo esto según el Artículo 18 del Código de Procedimientos Tributarios. Por lo que la ANEP procedió a presentar un recurso de amparo y luego la acción de inconstitucionalidad.

La anulación de esta norma se dio por parte de la Sala Constitucional, pues según la ANEP y con base a la jurisprudencia de la propia Sala Constitucional, la información tributaria y de morosidad es de interés público y por lo tanto puede ser objeto de la consulta pública. Por lo que ahora la información debe de ser pública.

Según la ANEP, este fallo abriría a la ciudadanía general la información sobre quiénes son los grandes evasores fiscales y sobre quienes posiblemente defraudan el fisco. Y quienes debilitarían el presupuesto del ministerio de Hacienda y el presupuesto nacional.

¿Qué tienen los liberales contra la niñez?

Martín Rodríguez Espinoza

Leí con indignación en Semanario Universidad un artículo sobre lo que está ocurriendo con los fondos no ejecutados por el Ministerio de Hacienda, por el ministro de Hacienda Nogui Acosta, para programas esenciales del Ministerio de Educación Pública, MEP, y que es sencillamente, un crimen contra la niñez costarricense.

No se trata de una falla técnica, ni de un simple retraso administrativo, es un acto deliberado de abandono institucional, que golpea directamente a miles de niños y niñas en situación de pobreza y que para muchos el comedor escolar representa, literalmente, su única comida del día.

El hecho de que ₡14.000 millones, aprobados desde el año anterior por la Asamblea Legislativa, sigan sin transferirse, y que más de ₡5.700 millones estén detenidos mientras los comedores escolares enfrentan carencias, es una muestra brutal de la desconexión entre el discurso oficial y la realidad que vive la mayoría del país. Es aún más indignante cuando se recuerda que, incluso durante la pandemia, el Estado mantuvo la entrega de paquetes alimentarios. ¿Cómo es posible que hoy, en una supuesta “normalidad”, se retroceda de esta forma?

Esto no es solo una negligencia. Es una política de desprecio hacia la infancia pobre costarricense. Mientras el gobierno habla de “eficiencia, contención del gasto y reformas estructurales”, hay niños y niñas que van a la escuela con hambre, que no pueden concentrarse, que abandonan sus estudios, que enferman, que pierden su infancia por culpa de un Estado que les da la espalda. Si a eso le agregamos que vivimos 6 años de congelamiento salarial para la clase trabajadora y que los padres de familia se ven “a palitos” para llegar a fin de mes, la situación de las familias costarricenses es brutal.

El hambre infantil no puede esperar a que el gobierno de Rodrigo Chaves y su títere en Hacienda decidan pagar, como no lo hace con la CCSS. La niñez costarricense no puede ser rehén de cálculos fiscales ni de juegos políticos, esta situación exige respuestas inmediatas, porque cada día que pasa sin esos recursos es un día de injusticia, exclusión y maltrato institucional, que con frialdad castiga a la población más vulnerable. El Estado tiene la obligación constitucional, moral, legal y política de protegerla. Lo demás es complicidad.

19 de junio de 2025

Inequidad sindical en el Ministerio de Hacienda

La organización sindical denominada Seccional Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) denuncia que recientes decisiones dentro del Ministerio de Hacienda han generado inquietudes sobre la equidad en el trato hacia distintas organizaciones sindicales. Estas preocupaciones giran en torno a obstáculos administrativos que afectan la representación sindical y sus garantías básicas.

Entre los aspectos señalados que afectan el ejercicio sindical se encuentra la negativa a firmar un convenio para asignar un espacio físico adecuado para la organización y la diferenciación en el otorgamiento de licencias sindicales. Mientras que algunos sindicatos reciben licencias permanentes, otros reciben permisos parciales o temporales, creando un marco desigual en la participación sindical.

A pesar de cumplir con los requerimientos necesarios para solicitar licencias sindicales, las respuestas desde el Ministerio han sido tardías y ambiguas. Esta burocracia genera incertidumbre en la representación de los trabajadores, en especial cuando se requiere una respuesta pronta que brinde certeza jurídica. Según la organización sindical, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, cuenta con la capacidad de corregir estas situaciones mediante una directriz que agilice los procesos de solicitud de licencias sindicales.

Está acción en contra de alguna organización no es la primera durante este gobierno. Dentro del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se ha denunciado la falta de garantías sindicales, e incluso las demandas han llegado hasta organismos internacionales. En el caso del AyA, sindicatos denunciaron persecución y obstrucción a su actividad. Ante estas situaciones presentadas en ambas instituciones genera un impacto negativo en el país, cuestionando el compromiso con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Al considerar los recientes hechos es que la organización sindical CUT demanda públicamente que se revise y corrija estas prácticas actuales que afectan la equidad sindical, la organización exige que se garantice que todos los sectores puedan ejercer su derecho de representación sin trabas ni obstáculos administrativos. Las autoridades políticas, de acuerdo con la agrupación, deben garantizar que el ejercicio sindical se lleve a cabo sin interferencias injustificadas.

Universidad Nacional exige el giro de fondos para la educación superior pública

La Universidad Nacional, el pasado 15 de mayo, acordó demandar el giro inmediato de los recursos definidos en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) conforme al presupuesto nacional aprobado para el 2025. Por medio de una sesión ordinaria el Consejo Universitario de dicha institución aprobó exigir el financiamiento total destinado a las universidades públicas de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

Desde enero del 2025, dicho órgano universitario ha resaltado la obligación del Gobierno de la República de transferir el presupuesto ordinario aprobado para el año 2025 a las universidades públicas. Ante esta acción, en febrero del mismo año por medio de un comunicado el ministro de hacienda resaltó que considerando la compleja situación fiscal del país y a la inestabilidad en el tipo de cambio y el servicio de la deuda, es necesario mantener determinados recursos sin ejecutar para garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras estatales.

Las autoridades de dicho centro educativo aseguran que las acciones del ministro y del gobierno obstaculizan el financiamiento de la Educación Pública, esto como represalia a un aumento del 2% aprobado por la Asamblea Legislativa hacia el FEES. Igualmente destacan el incumplimiento al artículo 78 de la constitución política. Desde el 2019, la asignación presupuestaria a la educación pública ha presentado una tendencia a disminuir año tras año, cayendo de un 7,8 % en 2019 cayó al 5,9 % en 2024.

La universidad encontró contradicción con las declaraciones del ministro para no girar los fondos asignados. Sin embargo, de acuerdo con datos de la OECD, el crecimiento económico del país es superior al de las otras naciones miembros de la organización. Igualmente, otros indicadores macroeconómicos no reflejan las condiciones críticas expuestas por el ministro, la inflación ha presentado un comportamiento descendente, con relación a la deuda el centro académico menciona que el 70% de la deuda pública es interna y expresada en colones por lo que la apreciación del colón frente al dólar es favorable a la economía nacional.

Finalmente, las autoridades universitarias, destacan que la Contraloría General de la República ha aprobado formalmente el presupuesto extraordinario 1-2025, que incluye ₡2.053,1 millones destinados al FEES, evidenciando una contradicción significativa entre la situación económica real y la medida propuesta para no liberar dichos recursos. Por lo que la institución continúa manifestando su desacuerdo a la retención y no ejecución de los fondos por parte del ministro.