La Asociación de Jubilados en Acción (AJA) presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, por no responder dentro del plazo legal una solicitud de información relacionada con la existencia y estado del fondo económico destinado a las pensiones del Magisterio Nacional.
El recurso, interpuesto el pasado 11 de junio de 2025 por el sociólogo y presidente de la AJA, Miguel Sobrado Chaves, denuncia la violación del derecho de petición y pronta respuesta, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política y regulado por la Ley N° 9097, que obliga a la Administración Pública a responder en un plazo máximo de diez días hábiles.
El documento plantea tres temas dirigidas al ministro: si el fondo fue creado, ¿cuál es su estado actual?, o en caso de no haberse constituido, ¿qué ocurrió con los recursos recolectados mediante cuotas obreras, patronales y estatales entre 1958 y 1991? A pesar de haber sido recibida la solicitud el 3 de mayo, el Ministerio no respondió dentro del plazo, lo que motivó la acción legal.
Además, desde la AJA se recuerda que el Estado tenía la obligación de constituir un fondo con los aportes de maestras y profesores activos durante ese periodo, pero que, según han denunciado en múltiples espacios, el fondo nunca se creó, y los recursos fueron utilizados para otros fines presupuestarios. Esta omisión histórica constituye, para la organización, un grave incumplimiento legal y ético, que explica por qué el pago de las pensiones se carga hoy directamente al presupuesto nacional.
Como se expone en el artículo de SURCOS publicado en marzo pasado, titulado La verdad sobre las jubilaciones del magisterio nacional, los jubilados han cotizado por más de 30 años con tasas más altas que el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social y enfrentan actualmente cuestionamientos públicos que, expone la AJA, no reconocen su historial de contribuciones ni la responsabilidad estatal en el incumplimiento del fondo.
En su escrito ante la Sala Constitucional, Sobrado solicita que el Ministerio de Hacienda responda las preguntas planteadas y brinde información clara, detallada y verificable sobre el manejo de los fondos. La acción se enmarca en un contexto de creciente discusión pública sobre el financiamiento y la sostenibilidad de los regímenes de pensiones, así como sobre las reformas planteadas por distintos sectores políticos.
La Sala Constitucional declara a favor una acción de inconstitucionalidad para conocer los nombres de personas y empresas que le adeudan tributos al fisco. Esta acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
La acción nace desde 2019, cuando la ANEP solicitó al Ministerio de Hacienda los nombres de empresas o personas que tuvieran deudas con el fisco. Dicha solicitud fue negada por Hacienda, debido a que, hasta ahora, esa información era confidencial para las organizaciones sindicales y la ciudadanía en general. Todo esto según el Artículo 18 del Código de Procedimientos Tributarios. Por lo que la ANEP procedió a presentar un recurso de amparo y luego la acción de inconstitucionalidad.
La anulación de esta norma se dio por parte de la Sala Constitucional, pues según la ANEP y con base a la jurisprudencia de la propia Sala Constitucional, la información tributaria y de morosidad es de interés público y por lo tanto puede ser objeto de la consulta pública. Por lo que ahora la información debe de ser pública.
Según la ANEP, este fallo abriría a la ciudadanía general la información sobre quiénes son los grandes evasores fiscales y sobre quienes posiblemente defraudan el fisco. Y quienes debilitarían el presupuesto del ministerio de Hacienda y el presupuesto nacional.
Leí con indignación en Semanario Universidad un artículo sobre lo que está ocurriendo con los fondos no ejecutados por el Ministerio de Hacienda, por el ministro de Hacienda Nogui Acosta, para programas esenciales del Ministerio de Educación Pública, MEP, y que es sencillamente, un crimen contra la niñez costarricense.
No se trata de una falla técnica, ni de un simple retraso administrativo, es un acto deliberado de abandono institucional, que golpea directamente a miles de niños y niñas en situación de pobreza y que para muchos el comedor escolar representa, literalmente, su única comida del día.
El hecho de que ₡14.000millones, aprobados desde el año anterior por la Asamblea Legislativa, sigan sin transferirse, y que más de ₡5.700 millones estén detenidos mientras los comedores escolares enfrentan carencias, es una muestra brutal de la desconexión entre el discurso oficial y la realidad que vive la mayoría del país. Es aún más indignante cuando se recuerda que, incluso durante la pandemia, el Estado mantuvo la entrega de paquetes alimentarios. ¿Cómo es posible que hoy, en una supuesta “normalidad”, se retroceda de esta forma?
Esto no es solo una negligencia. Es una política de desprecio hacia la infancia pobre costarricense. Mientras el gobierno habla de “eficiencia, contención del gasto y reformas estructurales”, hay niños y niñas que van a la escuela con hambre, que no pueden concentrarse, que abandonan sus estudios, que enferman, que pierden su infancia por culpa de un Estado que les da la espalda. Si a eso le agregamos que vivimos 6 años de congelamiento salarial para la clase trabajadora y que los padres de familia se ven “a palitos” para llegar a fin de mes, la situación de las familias costarricenses es brutal.
El hambre infantil no puede esperar a que el gobierno de Rodrigo Chaves y su títere en Hacienda decidan pagar, como no lo hace con la CCSS. La niñez costarricense no puede ser rehén de cálculos fiscales ni de juegos políticos, esta situación exige respuestas inmediatas, porque cada día que pasa sin esos recursos es un día de injusticia, exclusión y maltrato institucional, que con frialdad castiga a la población más vulnerable. El Estado tiene la obligación constitucional, moral, legal y política de protegerla. Lo demás es complicidad.
La organización sindical denominada Seccional Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) denuncia que recientes decisiones dentro del Ministerio de Hacienda han generado inquietudes sobre la equidad en el trato hacia distintas organizaciones sindicales. Estas preocupaciones giran en torno a obstáculos administrativos que afectan la representación sindical y sus garantías básicas.
Entre los aspectos señalados que afectan el ejercicio sindical se encuentra la negativa a firmar un convenio para asignar un espacio físico adecuado para la organización y la diferenciación en el otorgamiento de licencias sindicales. Mientras que algunos sindicatos reciben licencias permanentes, otros reciben permisos parciales o temporales, creando un marco desigual en la participación sindical.
A pesar de cumplir con los requerimientos necesarios para solicitar licencias sindicales, las respuestas desde el Ministerio han sido tardías y ambiguas. Esta burocracia genera incertidumbre en la representación de los trabajadores, en especial cuando se requiere una respuesta pronta que brinde certeza jurídica. Según la organización sindical, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, cuenta con la capacidad de corregir estas situaciones mediante una directriz que agilice los procesos de solicitud de licencias sindicales.
Está acción en contra de alguna organización no es la primera durante este gobierno. Dentro del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se ha denunciado la falta de garantías sindicales, e incluso las demandas han llegado hasta organismos internacionales. En el caso del AyA, sindicatos denunciaron persecución y obstrucción a su actividad. Ante estas situaciones presentadas en ambas instituciones genera un impacto negativo en el país, cuestionando el compromiso con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
Al considerar los recientes hechos es que la organización sindical CUT demanda públicamente que se revise y corrija estas prácticas actuales que afectan la equidad sindical, la organización exige que se garantice que todos los sectores puedan ejercer su derecho de representación sin trabas ni obstáculos administrativos. Las autoridades políticas, de acuerdo con la agrupación, deben garantizar que el ejercicio sindical se lleve a cabo sin interferencias injustificadas.
La Universidad Nacional, el pasado 15 de mayo, acordó demandar el giro inmediato de los recursos definidos en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) conforme al presupuesto nacional aprobado para el 2025. Por medio de una sesión ordinaria el Consejo Universitario de dicha institución aprobó exigir el financiamiento total destinado a las universidades públicas de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
Desde enero del 2025, dicho órgano universitario ha resaltado la obligación del Gobierno de la República de transferir el presupuesto ordinario aprobado para el año 2025 a las universidades públicas. Ante esta acción, en febrero del mismo año por medio de un comunicado el ministro de hacienda resaltó que considerando la compleja situación fiscal del país y a la inestabilidad en el tipo de cambio y el servicio de la deuda, es necesario mantener determinados recursos sin ejecutar para garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras estatales.
Las autoridades de dicho centro educativo aseguran que las acciones del ministro y del gobierno obstaculizan el financiamiento de la Educación Pública, esto como represalia a un aumento del 2% aprobado por la Asamblea Legislativa hacia el FEES. Igualmente destacan el incumplimiento al artículo 78 de la constitución política. Desde el 2019, la asignación presupuestaria a la educación pública ha presentado una tendencia a disminuir año tras año, cayendo de un 7,8 % en 2019 cayó al 5,9 % en 2024.
La universidad encontró contradicción con las declaraciones del ministro para no girar los fondos asignados. Sin embargo, de acuerdo con datos de la OECD, el crecimiento económico del país es superior al de las otras naciones miembros de la organización. Igualmente, otros indicadores macroeconómicos no reflejan las condiciones críticas expuestas por el ministro, la inflación ha presentado un comportamiento descendente, con relación a la deuda el centro académico menciona que el 70% de la deuda pública es interna y expresada en colones por lo que la apreciación del colón frente al dólar es favorable a la economía nacional.
Finalmente, las autoridades universitarias, destacan que la Contraloría General de la República ha aprobado formalmente el presupuesto extraordinario 1-2025, que incluye ₡2.053,1 millones destinados al FEES, evidenciando una contradicción significativa entre la situación económica real y la medida propuesta para no liberar dichos recursos. Por lo que la institución continúa manifestando su desacuerdo a la retención y no ejecución de los fondos por parte del ministro.
La Asociación Jubilados en Acción (AJA) solicitó al ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, información detallada sobre el Fondo Económico o reserva común que el Estado debió conformar con las cuotas correspondientes a las jubilaciones del personal del Magisterio Nacional.
Según el documento enviado por AJA el 1 de abril de 2025, la solicitud se refiere específicamente al periodo comprendido entre el 7 de setiembre de 1958 y el 14 de noviembre de 1991.
La asociación, representada por su presidente Miguel A. Sobrado, requiere confirmar si dicho fondo fue creado. En caso afirmativo, solicitan un estado detallado de la situación actual del mismo.
Si el fondo no fue creado, la organización pide al ministro de hacienda explicar las razones de esta omisión y detallar el destino específico que tuvieron los recursos captados durante ese periodo.
La misiva señala que la información deberá ser remitida a las direcciones de correo-e facilitadas por la asociación en su comunicación oficial.
La Asociación Jubilados en Acción presentó esta solicitud mediante el oficio JD-001-2025, adjuntando la personería jurídica que acredita a Sobrado como representante legal de la organización.
SURCOS comparte el siguiente informe de la Contraloría General de la República:
La Contraloría General de la República emitió un informe al Ministerio de Hacienda, en relación con el proceso de gestión de la deuda y determinar si lo relativo a las políticas, estrategias, planes y formulación del presupuesto cumple razonablemente con el marco normativo y buenas prácticas aplicables. Se determinó que dicho proceso cumple parcialmente con estos aspectos. El período analizado está comprendido entre el 1 de enero del 2022 y el 01 de septiembre de 2024.
¿Por qué es importante gestionar la deuda?
El proceso de gestión de deuda ejecutado de manera responsable es un componente clave para garantizar la sostenibilidad fiscal y mantener la estabilidad económica y social, así mismo, para brindar mejores servicios públicos a la ciudadanía y contribuir al desarrollo del país. Esto permitirá a Costa Rica procurar alcanzar un nivel de endeudamiento óptimo y sostenible en el mediano plazo y financiar bienes y servicios públicos que mejoren la calidad de vida de la población.
Hallazgos relevantes
Falta de coordinación con el Banco Central de Costa Rica, para la aprobación de la Política de Endeudamiento y la Estrategia de Deuda de Mediano Plazo.
Inconsistencias entre la Política de Endeudamiento y el Marco Fiscal de Mediano Plazo en cuanto a la brecha de liquidez.
No se revisa la vigencia o necesidad de actualización de la Política de Endeudamiento.
No se estableció periodicidad de evaluación de vigencia de la Estrategia de Deuda de Mediano Plazo.
Falta de trazabilidad y comparabilidad en los datos de los documentos de deuda del Ministerio de Hacienda.
Se identificaron sobreestimaciones en el presupuesto 2025 de al menos ¢21 mil millones debido a utilización de supuestos incorrectos, como la contabilización de dos cupones de intereses por una eventual colocación de eurobonos en 2025 y utilización de tasa de interés desactualizada en la estimación de tres préstamos de deuda externa.
No se documentó el criterio técnico utilizado para establecer los topes máximos de tasas de interés de los títulos de deuda interna.
Reforma deberá ser progresiva y sostenible, sostiene la Defensoría
Todos los sectores deberán aportar elementos técnicos con visión país
La Costa Rica de hoy, en materia de políticas sociales, se ha visto robustecida por la posición visionaria de diferentes estadistas que han comprendido que el desarrollo del país se sustentaba en la inversión pública de servicios fundamentales como educación, salud, cultura, vivienda, seguridad, luz, agua, telefonía, internet, entre otros; regidos por principios tales como oportunidad, inclusividad, igualdad, solidaridad, accesibilidad, equidad y desarrollo social.
Este enfoque, sustentado en un Estado Social de Derecho, pone de manifiesto que la inversión social es la base de un alto desempeño de desarrollo humano y social sustentado en indicadores. Lo anterior ha derivado que Costa Rica históricamente sea una nación vanguardista en la realización de temas vinculados a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La Defensoría de los Habitantes, a lo largo de la última década, viene escuchando el reclamo de autoridades de gobierno en el sentido que, para cumplir con un mandato constitucional o una ley específica, se requiere de mayores ingresos para su acatamiento; no obstante, tampoco proponen alternativas alcanzables para su cumplimiento. Para la Defensoría no pueden existir funcionarios públicos obligados al cumplimiento de la ley y otros que no: éstos últimos aduciendo imposibilidades materiales, financieras o de cualquier otra índole.
La ecuación completa en materia fiscal se compone de dos grandes variables: ingresos + gastos. El país ha venido, durante los últimos cinco años tomando medidas para la reducción del gasto. La más recientes, la aprobación de la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la creación de la Regla Fiscal. Ambas leyes permitieron que, mientras en el 2019 el país debía endeudarse un 54% para financiar el déficit fiscal, datos preliminares para el 2025 muestran que el nivel de endeudamiento, para financiar el presupuesto de este año, disminuyó al 38%. Esto muestra que, desde el 2019, se viene financiando el presupuesto de la República con menos endeudamiento. El 50% de la ecuación en materia de gastos se ha venido realizando con altos y bajos.
Para la Defensoría de los Habitantes surge ahora entonces la gran pregunta: ¿qué ha sucedido con el otro 50%?; esto es, ¿qué medidas efectivas ha tomado el Ministerio de Hacienda para aumentar los ingresos?, ¿en cuánto se han incrementado los ingresos tributarios resultado de estrategias para luchar contra la evasión y elusión fiscal?, por ejemplo. Es importante señalar que el Fondo Monetario Internacional reconoció en el 2018 que la evasión en IVA rondaba en el 2,7% del PIB y un monto similar en renta; o sea, cerca del 5% del PIB solo en evasión. Y ni hablar de la resistencia a implementar mejoras en los sistemas digitales de tributación, que al mes de agosto del 2024 solo tenía un avance del 19%, y se anunció que comenzará a implementarse hasta el 2026.
Sostiene la Defensoría de los Habitantes que el país debe revisar si existen actividades productivas que mueven el PIB, y que al día de hoy aportan 0% en impuestos a la renta. En ese sentido, como Institución Nacional de Derechos Humanos, considera fundamental que el país se proponga la apertura de un diálogo intersectorial que permita tener como resultado una nueva estructura tributaria, que sea progresiva y sostenible. Todos los actores sociales, económicos, financieros, gubernamentales, la sociedad civil organizada, entre otros, deben aportar en la construcción de un escenario presupuestario que permita superar los obstáculos, las excusas, las imposibilidades, para volver a tener una Costa Rica visionaria que sustente sus bases en el Estado Social de Derecho.
Observatorio Económico y Social Escuela de Economía de la Universidad Nacional
Con la actualización más reciente de las cifras fiscales, según el Ministerio de Hacienda, el Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la UNA, presenta esta actualización del análisis de la situación fiscal del país, en seguimiento de los Análisis de la Coyuntura Fiscal que se han hecho públicos en otros momentos del año 2024, a fin de contribuir a la discusión de la coyuntura fiscal y del estado de la economía de Costa Rica. Algunas variables han evolucionado de forma distinta a octubre, con respecto a meses previos, habiendo más ingresos con respecto al PIB, pero también un mayor crecimiento del gasto, lo que redundará en un cierre del 2024 muy similar al anteriormente proyectado.
En el caso de los ingresos públicos, su comportamiento, expresado como porcentaje del PIB, es el siguiente al concluir el mes de octubre para el caso de los años mostrados:
Cuadro 1
Ingresos del gobierno central con respecto al PIB, 2021-2024, acumulados a octubre
2021
2022
2023
2024
INGRESOS TOTALES
12,50%
13,36%
12,42%
12,34%
Ingresos Tributarios
10,92%
11,37%
11,11%
10,92%
Impuesto a los ingresos y utilidades
4,20%
4,49%
4,35%
4,02%
Sobre importaciones
0,36%
0,30%
0,29%
0,31%
Sobre exportaciones
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
IVA
4,07%
4,00%
4,03%
4,08%
Interno
2,43%
2,48%
2,52%
2,55%
Aduanas
1,65%
1,52%
1,50%
1,53%
Selectivo de Consumo
0,41%
0,38%
0,48%
0,55%
Interno
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Aduanas
0,39%
0,36%
0,46%
0,53%
Otros ingresos tributarios
1,87%
1,78%
1,95%
1,95%
Contribuciones sociales
0,97%
0,95%
0,98%
1,00%
Ingresos no tributarios
0,30%
0,55%
0,28%
0,32%
Transferencias
0,30%
0,48%
0,03%
0,09%
FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.
Los ingresos totales presentan una reducción al décimo mes del 2024, con relación a los tres años precedentes, explicado por una caída de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB (un 0,09% menos) con respecto al mismo periodo del año 2023, una caída menor que la que se contabilizaba a agosto del 2024, con respecto al PIB. En cuanto al comportamiento por rubro de ingreso, en el caso del impuesto a los ingresos y utilidades (renta) a octubre hay una reducción del 0,19% del PIB con respecto al comportamiento del mismo periodo del año 2023, que se recupera con respecto a la reducción en la recaudación del impuesto sobre la renta observada a agosto, pasando de una caída de 0,29% del PIB a una caída del 0,19% del PIB. La menor caída se produce como consecuencia del mejor comportamiento del impuesto sobre la renta a personas físicas, producto de los ajustes retroactivos pagados a lo largo del presente año en el sector público.
En el caso del impuesto al valor agregado, al mes de octubre también mejora la recaudación, incrementándose un 0,05% del PIB, con una mejora tanto en el impuesto recaudado a lo interno como en el IVA recaudado en aduanas. En el caso del impuesto selectivo de consumo también presenta un mejor desempeño, sumando un crecimiento de 0,07% del PIB con respecto a lo recaudado a octubre del 2023, lo que compensa la caída de los ingresos del impuesto sobre la renta. En el rubro de otros ingresos tributarios, en el que Hacienda clasifica varios impuestos menores y dentro de los que se incluye el impuesto único a los combustibles (el más grande de todos en esta clasificación) y el impuesto a la propiedad de vehículos, la recaudación se mantuvo sin cambios con respecto al PIB, explicado por el crecimiento de 14,7% en el impuesto único a los combustibles, a pesar de la caída en otros rubros.
GASTO PÚBLICO
En cuanto al gasto público, los primeros diez meses del 2024 suman un mayor gasto con respecto al mismo periodo del 2023, un 0,34% del PIB más, explicándose este aumento como consecuencia de un mayor gasto en remuneraciones, que aumenta este año con relación al PIB luego de varios años de disminuir y de un mayor gasto de capital. El gasto en intereses se mantiene casi sin cambios en su total, apenas un 0,01% del PIB más en octubre del 2024 con respecto a octubre del 2023, aunque sí hay un cambio en su composición, pues hay menos gasto en intereses de deuda interna y más gasto en intereses de deuda externa.
En el caso del gasto en remuneraciones con respecto al PIB, a octubre del presente año el porcentaje aumentó con respecto al mismo periodo del año 2023, explicado por el pago del ajuste retroactivo pendiente, creciendo un 0,11% del PIB. La partida de transferencias corrientes también se mantiene sin cambios significativos, aunque con una disminución en las transferencias corrientes al sector privado, que reflejan principalmente el gasto del gobierno en el pago de pensiones con cargo al presupuesto nacional y que se redujeron un 0,07% del PIB, mientras que las transferencias corrientes al sector público crecen un 0,06% del PIB.
En cuanto al gasto de capital, a octubre del 2024 creció con respecto al PIB, con relación al mismo periodo del 2022 y del 2023, a pesar de presentar variaciones importantes en su tasa de crecimiento a lo largo del 2024. A octubre del 2024 el gasto de capital con respecto al PIB alcanza un 1,07%, mientras en el mismo periodo del 2023 fue de 0,92% del PIB y en el 2022 fue de 0,93% del PIB.
Cuadro 2
Gastos del gobierno central con respecto al PIB, 2021-2024, acumulados a agosto
2021
2022
2023
2024
GASTOS TOTALES
16,31%
15,16%
14,88%
15,22%
Gastos totales sin intereses
12,22%
11,10%
10,68%
11,01%
Gastos corrientes
15,26%
14,22%
13,95%
14,08%
Remuneraciones
5,09%
4,61%
4,46%
4,57%
Bienes y Servicios
0,56%
0,54%
0,49%
0,49%
Intereses
4,09%
4,06%
4,20%
4,21%
Deuda Interna
3,48%
3,42%
3,40%
3,29%
Deuda externa
0,61%
0,64%
0,80%
0,92%
Transferencias
5,51%
5,02%
4,80%
4,81%
Sector Privado
1,85%
1,71%
1,66%
1,59%
Sector Publico
3,60%
3,29%
3,08%
3,14%
Sector Externo
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
Gastos de Capital
1,04%
0,93%
0,92%
1,07%
Inversión
0,45%
0,34%
0,41%
0,39%
Transferencias
0,59%
0,59%
0,51%
0,68%
Transferencias con recurso externo
0,09%
0,13%
0,03%
0,11%
FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.
RESULTADO FISCAL
Al mes de octubre del 2024 el país presenta un superávit primario que se reduce con respecto a lo observado en el mismo periodo del 2023. En los primeros diez meses del año el superávit primario alcanzó un 1,33% del PIB, para el mismo periodo del 2023 el superávit primario fue de 1,75%, la reducción se explica por la caída en los ingresos totales y el repunte del gasto en remuneraciones y del gasto de capital, cuya combinación (menos ingresos y más gasto) impactó el resultado primario. En cuanto al resultado financiero, el déficit a octubre del 2024 fue de 2,88% del PIB, mayor al déficit a octubre del 2023 que fue de 2,45% del PIB.
Tanto en el resultado primario como en el resultado financiero, hay un deterioro de poco más de 0,30% del PIB, que mejora con respecto a agosto, cuando el deterioro en relación al mismo periodo del 2023 era de un 0,40% del PIB. Para el cierre del año la pérdida de recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos podría disminuir con respecto a lo recaudado en el 2023, volviendo a complicar el panorama fiscal, mientras que una menor dinámica económica en la segunda mitad del presente año podría afectar la mejora en la recaudación del IVA. El Observatorio Económico y Social, con los datos a octubre del presente año, prevé los siguientes resultados para el 2024:
El déficit financiero del 2024 se ubicaría en un 3,8% del PIB.
El resultado primario se ubicaría entre un 1,1% del PIB.
El gasto en intereses sería de un 4,9% del PIB.
La deuda del gobierno central se mantendría alrededor del 62% (+/- 0,5%) del PIB, suponiendo que el crecimiento del 2024 se mantiene en el nivel previsto por el Banco Central, que no hay variaciones importantes en el tipo de cambio y que no hay un cambio brusco de tendencia en la inflación al cierre del 2024.
Las anteriores proyecciones se hacen considerando que cualquier cambio en las variables señaladas, vendría a modificar dichas proyecciones. El Observatorio presentará un nuevo análisis de coyuntura fiscal con la información del cierre fiscal del 2024, a fin de analizar lo sucedido en este año y confirmar las proyecciones hechas.
Reiteramos que la posibilidad de hacer ajuste fiscal por el lado del gasto se acabó, muchos rubros de gasto urgen de una mayor asignación de recursos, mientras hacemos un respetuoso llamado a evitar un debilitamiento adicional del sistema tributario, con reducciones de impuestos o incorporaciones de nuevas exoneraciones, tal y como se hizo el año anterior con el impuesto a la propiedad de vehículos, la pérdida de potestades de la administración tributaria en la última reforma del impuesto sobre la renta o las reformas recientes en el IVA. Recuperar los espacios de gasto perdidos requerirá de más ingresos tributarios y la discusión sobre cómo hacer eso deberá empezar pronto.
Insistimos en la necesidad de impulsar una política pública que reduzca el costo del financiamiento de la deuda pública, a fin de reducir el pago de intereses, que para este año incluso alcanzaría un 4,9% del PIB. Parte de los recursos pagados en intereses podrían ser utilizados en la atención de necesidades apremiantes de la población, de ahí la urgencia de plantear medidas para reducir el pago de intereses en próximos años.
Finalmente, considerando que se prevé que la deuda se mantendrá por encima del 60% del PIB en el 2024 y en el 2025, la aplicación de las restricciones sobre los ajustes salariales y la inversión pública seguirán vigentes, incluso todavía en el 2025. Urge una revisión de la eficacia y la aplicación de la regla fiscal, aún y cuando se deje atrás la parte más restrictiva de la misma, a fin de solventar problemas de la legislación que crea ese mecanismo de control del gasto, además de evitar que se exacerben otros problemas que incluso hoy se están presentando, como la extensión indefinida del congelamiento salarial en la remuneración de los funcionarios públicos.
Observatorio Económico y Social Escuela de Economía, UNA 17 de diciembre de 2024
Seccional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Ministerio de Hacienda Información enviada por Miguel Ureña Cascante.
Esta Agrupación Sindical sigue escéptica respecto a los resultados de la plataforma HACIENDA DIGITAL.
Persisten numerosas dudas, ya que contábamos con herramientas como SIGAF, las cuales funcionaban bien, y ahora son reemplazadas por presuntos caprichos políticos, lo cual resulta injusto.
No es posible que cada cambio de mando en Hacienda implique la creación o desvalorización de instrumentos o herramientas, y que, al final, el pueblo deba asumir el costo. O que estas herramientas sean transferidas para mejorar la gestión financiera, como ocurrió con RACSA y SICOP.
Persisten dudas sobre el costo-beneficio de esta plataforma. Cuanto más se intenta abarcar en la fiscalización, tanto en Aduanas como en Tributación, mayor es el riesgo de que ocurra una situación similar a la del TICA en sus inicios, cuando individuos con intenciones maliciosas aprendieron a manipular el sistema en su beneficio.
Como no existe una norma legal perfecta, cualquier instrumento diseñado por el ser humano es imperfecto, y esperamos que aquellos funcionarios involucrados en la toma de decisiones asuman su responsabilidad en caso de contingencia.
Anteriormente existieron COMPRA RED y SICOP, pero ahora ignoramos si estas herramientas también quedarán obsoletas. ¿Será que todo lo bueno de estas herramientas quedará archivado? ¿Estamos ante un cambio por el simple hecho de cambiar?
Como parte de la plataforma social, deseamos saber quién firmará las miles de resoluciones, cómo serán notificadas y si operarán como en Aduanas, en los casilleros de los auxiliares. Aunque la reforma legal está avanzada, la integración del sistema fiscal hacendario es una tarea monumental. Confiamos en los profesionales altamente capacitados del país, aunque el componente político, posiblemente orientado a la publicidad de la gestión gubernamental actual, muestra rostros sonrientes. Esperamos, no obstante, que esa sonrisa perdure y que esta herramienta brinda a Costa Rica un sistema tan eficiente que contribuya a reducir la evasión, el fraude y la elusión en al menos un uno o dos por ciento del PIB.
Asimismo, esperamos que la gestión interna financiera aumente entre un 10 % y un 12 % anualmente, dejando de lado la recaudación voluntaria y evitando planes o indicadores de riesgo ineficaces, o bien haciéndolos más objetivos.
Deseamos que, en cada centro de trabajo, la carga de tareas disminuya gracias al auxilio de la inteligencia artificial, y que los robots puedan atender las inquietudes de los contribuyentes y declarantes.
En resumen, si algo necesita renovarse y actualizarse, debemos ser claros y específicos sobre nuestras fallas, en qué mejoraremos y en cuánto tiempo recuperaremos la inversión, pues no se trata de una inversión trivial.
Las declaraciones paralelas en Tributación han funcionado durante años, invitando al contribuyente a regularizar su situación. Entonces, ¿qué falló para decidir cambiar? ¿O qué beneficios traerá este cambio? ¿Desplazará la inteligencia artificial a los funcionarios en un futuro próximo? Nos preocupa que los rostros sonrientes de hoy se transformen en lágrimas si no se logran los resultados esperados, y que, al igual que en situaciones anteriores, no haya ninguna consecuencia en caso de reproche social.
¿Serán ignoradas las recomendaciones de los técnicos en las bitácoras? Esperamos que el mundo de actuaciones tributarias se simplifique para cumplir fielmente los objetivos y principios tributarios universales, de manera que un importador no deba esperar a que el funcionario aduanero interrumpa su rutina diaria para trasladarse a los almacenes fiscales a realizar verificaciones. Debemos ser claros: mucha burocracia se genera debido al temor de quienes deben resolver, y aunque el sistema señala un hecho, algunos funcionarios envían a otros a corroborarlo, generando demoras en resoluciones que solo requieren una aprobación en el sistema.
La agrupación sindical concluye: “Esperamos que esta vez no sea así”.
Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia en nuestro sitio web.
