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Etiqueta: Ministerio de Justicia y Paz

Zurdos… pero no vendidos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

En aquellos amargos días de la Guerra Fría, y todavía en vigencia el vergonzoso segundo párrafo del artículo 98 de la Constitución, que de hecho y de derecho proscribía la existencia del partido comunista, endilgar a alguna persona o movimiento el adjetivo de… comunista!! era casi condenarlo al ostracismo, pues imperaba la política del miedo, ser comunista era casi ser hermano del «mismitico» demonio; todo gracias a las heridas dejadas por la guerra civil de 1948 y los acomodos internacionales de la Guerra Fría. Pero hoy todo eso ha pasado, seguir con ese telele de comunista o «zurdo» es trasnochado y anacrónico.

Por eso cuando del ministro de Justicia don Gabriel Aguilar dijo que tenía «identificados a los zurdos de closet que ya tenemos identificados y se reunieron un día de estos», no solo fue una ofensa a la libertad que debe imperar en una democracia, sino una demostración de su conocida inmadurez, ignorancia o prepotencia política, digna de la mejor causa fascista.

Vamos a tratar de explicarle algo, talvez entienda. Después de acabada la Guerra Fría a fines de la década de los años 80, ya no tiene sentido hablar ni ideológica ni históricamente de comunismo; el mundo se dividió entre un capitalismo salvaje (como lo llamó Juan Pablo II, para que no crea que es una calificación comunista) defendido por aquellos que dentro del llamado neoliberalismo y la globalización, querían un mercado libre, un mundo financiero desbocado y totalmente desregulado, sin un Estado que le pusiera límites a sus ambiciones, obviamente ellos agruparon a la vieja derecha. Frente a ellos surgieron movimientos, de muy distinto origen ideológico, opuestos a los planes de entrega de los diferentes países, se organizaron para luchar contra las desregulaciones, la venta de activos del Estado, la entrega de recursos naturales, los favores fiscales a favor de empresas extranjeras y, sobre todo, para evitar la pérdida de muchos logros y leyes sociales que habían costado hasta sangre de miles de trabajadores. En Costa Rica, esas luchas llevaron a que socialistas, socialdemócratas, social cristianos (los de verdad), comunistas, cooperativistas, sindicalistas y diferentes grupos ciudadanos nos uniéramos a luchar por Costa Rica en acontecimientos como el famoso COMBO DEL ICE y luego contra el TLC, sin don Gabriel, todos esos éramos zurdos…y lo seguimos siendo, a mucha honra.

¿Y quiere saber dónde nos reunimos?… ¡En la calle!, el pasado 6 de agosto tomamos la Plaza de la Democracia, la avenida segunda y muchos otros sitios a lo largo y ancho del país; ese día luchadores contra el COMBO y el TLC nos reencontramos, nos volvimos a ver de frente, nos saludamos y abrazamos; ¿pero sabe que fue lo más hermoso?, no solo estábamos aquellos que dimos esas luchas hace 25 años, no, estaban miles de jóvenes que muchos creímos no se interesaban por la Patria y con su presencia nos dijeron: están equivocados, aquí estamos.

Si don Gabriel, doña Laura y Rodrigo Chaves, Costa Rica no está sola, el 70% de costarricenses que no votaron por ustedes ni hemos dejado que su odio hacia la Patria nos contamine, estamos en la lucha porque nosotros si amamos a Costa Rica. No somos de los que aceptamos pactos secretos de escudos militares, o agencias de espionaje, ni acompañamos a quienes encabezan movimientos antidemocráticos y fascistas en América Latina, que hacen peligrar nuestros valores. Por ejemplo, el presidente Trump dijo que la Doctrina Monroe marca la política exterior de Estados Unidos y que por eso el dominio de ese país en el hemisferio occidental no se discute. Pues aquí no vamos a permitir que viejos conceptos ya superados de imperialismo, vengan a arrebatarnos lo que es nuestro y la paz.

Si, hoy a los costarricenses que defendemos la Constitución, las leyes, las instituciones que nos dan el Estado Libre de Derecho, la soberanía nacional y la paz nos pueden llamar zurdos… ¡pero no vendidos!!

Los nuevos distractores «Ja-Guaros» de esta semana: una muestra para analizar

Escrito en . Publicado en Análisis.

Jiddu Rojas Jiménez

  1. Qué Laura F., en su «montaña rusa», cambió otra vez de opinión, y aparentemente, aparentemente, está de acuerdo con el FA, en el tema de las pensiones de lujo de los expresidentes. ¡Sospechoso!

Veremos qué nuevo giro da la semana entrante… Y sin derecho a «hablarle feo» o reclamarle políticamente a la presidenta.

Por supuesto, después de votar contra el proyecto del FA, sale con un nuevo proyecto aparente similar.

Pero el diablo está en los detalles: su supuesto proyecto alternativo en versión Ja-Guaro, está mal diseñado técnicamente, —por el obvio tema de la retroactividad—, para que así, la Sala Constitucional, objeto de ataques del oficialismo autoritario, deba obligatoriamente devolverlo por vicios inconstitucionales. Así, la demagogia contra la Sala Constitucional de Laura y Rodrigo, tendrá vía libre de nuevo… Avisados estamos.

2. Un nuevo protagonista Ja-Guaro. El MiniMini-ministro de Justicia, el «Superdotado», vigila a los «Zurdos de Closet» (sic) como si una opinión política, fuese un «delito», y como si su ridículo matonismo fuese legal. ¿Dónde habrá estudiado derecho este «Superdotado»?

Peor aún: ¿Estará esto conectado con la gravísima denuncia de los y las costarricenses exiliados/as y autoexiliados/as? ¿O será mera coincidencia?

Es hora de citar de nuevo, al literato y filósofo francés existencialista (que no marxista) Albert Camus: «Todo [el fascismo] comenzó con el anticomunismo».

3. Vamos ahora a las grandes ligas mundiales del anticomunismo, y de la extrema derecha internacional:

Resulta que Zelenski, —libertario, sionista y paradójicamente revisionista histórico del nazi ucraniano Stepan Bandera—, hizo una especie de «línea caliente» telefónica con Laura F. y amenaza con vendernos y mandarnos drones militares. Esto independientemente de las diferentes lecturas y opiniones, que se tengan sobre el conflicto entre Rusia versus Ucrania/EEUU/OTAN/Unión Europea, nos coloca en un alto riesgo geopolítico.

Mientras, un par de semanas antes, casualmente suponemos, el oficialista diputado (a medio tiempo) José Miguel Villalobos, —abogado litigante de presuntos narcos en el otro medio tiempo laboral—, le saca la lengua a Daniel Ortega, y lo reta, cuál «macho herido», a cruzar nuestra frontera junto a sus huestes, y morir en el intento. Pobre de Guanacaste en un escenario bélico.

Así, la «Proclama de Neutralidad Perpetua» con rango constitucional, es por lo demás, violada descaradamente. Y estos se dicen abogados…

4. Por si fuese poco, tenemos además que el gobierno alista una nueva estrategia «Ja-Guaro», para intentar imponer las impopulares jornadas de 12 horas en la Asamblea Legislativa. ¡Seas necio!

Persistente en el error, desesperado por el ‘rating’, el gobierno trata de seducir a algunas ambiciosas cámaras patronales, que por cierto, ya no le creen mucho. La patronal está dividida, aunque parece que le tiene miedo a posibles represalias tributarias del gobierno.

5. No podía faltar. Y esto es esencial, porque le movió el piso al todopoderoso Rodrigo Chaves y a la presidenta Laura Fernández: que a la marcha o plantón por la independencia del Poder Judicial, nos llevaron los «buses de lujo pagados por la Rectoría de la UCR». La ridiculez del que nunca ha marchado por la patria, porque la gracia está precisamente en desfilar y caminar desde la Universidad (UCR) hasta la Plaza de la Democracia en San José.

Troles van y vienen. Mentiras, manipulación y polarización. Y un gran etcétera.

Por cierto, malas noticias para el oficialismo: esto apenas comienza.

6. Agregamos una distracción nueva, pero posiblemente, vendrán otras nuevas para el fin de semana: una diputada oficialista calificó literalmente y en medio plenario legislativo, de «damas de compañía» a dos diputadas de oposición. Haciendo referencia directa a Abril Gordienko (PUSC), y a Claudia Dobles (CAC). Se ensaya una especie de disculpa pública y el oficialismo se divide en público… Prosigamos.

7. Versátil en el error, el polémico ministro de Justicia, y máximo responsable de la administración de Justicia y por lo tanto, del régimen carcelario, reincide. (Está desatado.)

Ahora, se ve aparentemente envuelto en una oscura trama con un conocido narcotraficante detenido, alias «Macho Coca», el cual denuncia en video público, aparentes tratos crueles e inhumanos y tortura, en su encarcelamiento.

Mientras, —según el mismo testimonio público en redes del imputado—, se le hacía creer al aparente narcotraficante en prisión, que esos tratos crueles e inhumanos, eran «encargos» y «regalitos» del señor fiscal general Carlo Díaz… Una trama realmente perversa, y donde obviamente, la seguridad personal del fiscal general estaría directamente amenazada. No es malo recordar que la dignidad humana del privado de libertad en democracia, nunca se pierde, sea quien sea.

Mientras tanto, el gobierno anuncia la imposición desde el Poder Ejecutivo del «secreto de estado», en ciertas materias delicadas… Atención al anterior punto #7. Se abre el debate técnico de seguridad ciudadana… Reaparece en escena el «Superdotado», el MiniMini-ministro de Justicia. No les bastó la inmunidad de algunos y algunas. Esta fue su semana de protagonismo, solo seguido por el diputado Villalobos y sus inapropiadas invitaciones al restaurante Saporo a las diputadas de oposición.

En fin, este último tema de la normalización del secreto de estado, sí es mucho más preocupante, porque está ligado acaso a lo realmente, más importante.

A saber:

Por fin, veamos entonces, ¿qué podría ocultar deliberadamente para esta semana y resto de sus casi cuatro años el gobierno Ja-Guaro?

8. Acaso no sea, la implementación del famoso software «Pegasus» de espionaje, hecho en el estado genocida de Israel, y utilizado en el actual genocidio en Gaza… Y el cual ya está siendo utilizado en Costa Rica para vigilar algo o a alguien, utilizando de mampara al Ministerio de Hacienda. ¿Eso nos queda del presunto TLC con el Israel de Netanyahu?

Pero bueno, no se sabrá muy bien, porque puede ser considerado «secreto de estado». Lamentable. Pasamos de la vergüenza nacional a la internacional. ¡Somos potencia!

Concluyo. Este gobierno Ja-Guaro es todo un espectáculo de «juegos de luces» permanente en su comunicación política. Todas las semanas, todos los días, se supera en cada escándalo. Una especie de gran circo romano, solo que nosotros somos, al mismo tiempo que los espectadores, también sus propias víctimas inmoladas.

Muy lamentable.

Sin embargo, pareciera que sus mentiras, sus distracciones, su desinformación sistemática, y su eterna demagogia, tienden a desinflarse:

El ‘rating’ de aprobación de la presidencia, comienza claramente a caer…

Es lo que hay.

Nuestra invitación desde el Encuentro Democrático, a la lucha cívica, patriótica, pacífica, innovadora, y creativa, no sobra.

¡Todos y todas a defender la democracia, al Estado Social de Derecho, y a nuestras conquistas sociales y a nuestra institucionalidad!

Ya se habla con orgullo y esperanza, de convocar de nuevo, a los históricos «comités patrióticos» en torno a la defensa de la República democrática:

«(…) ¡Sepamos ser libres, no siervos menguados! (…)»

#EncuentroDemocráticoCR

“Ya los tenemos identificados”: una frase que exige explicaciones

Escrito en . Publicado en Análisis.

“Una sociedad que sacrifica su libertad por seguridad no merece ninguna de las dos.”
Benjamín Franklin (atribuida)

Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

Una afirmación del jerarca de Justicia y Paz plantea preguntas que no deberían quedar sin respuesta

Hay declaraciones de un funcionario público que pueden ser entendidas como una simple expresión política. Pero hay otras que, por las palabras utilizadas y por la investidura de quien las pronuncia, obligan a pedir explicaciones.

El pasado miércoles 12 de agosto, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, al referirse al denominado Plan Cero Ocio, manifestó públicamente:

“Qué sigue en el Plan Cero Ocio, señora Presidente, para todos aquellos abolicionistas que hablaron tanta paja, que esto era flor de un día. Estos zurdos, algunos de clóset, inclusive todavía; que ya los tenemos identificados y que se reunieron un día de estos…”

Más allá del lenguaje empleado —que por sí mismo resulta preocupante cuando proviene de un jerarca ministerial— hay una expresión que merece especial atención: “ya los tenemos identificados”.

La pregunta es inevitable: ¿quiénes son “ellos” y qué significa exactamente que el Ministerio de Justicia y Paz los tenga identificados?

No se trata de una cuestión menor ni de una disputa semántica. Si la frase fue utilizada simplemente como recurso retórico para referirse a personas que públicamente han cuestionado el Plan Cero Ocio, el ministro debería poder aclararlo sin dificultad. Pero si detrás de esas palabras existe efectivamente algún mecanismo institucional de identificación, seguimiento o recopilación de información sobre ciudadanos, la cuestión adquiere una dimensión completamente distinta.

Por esa razón, he dirigido al ministro Aguilar Vargas una solicitud para que precise el alcance de sus declaraciones. Las preguntas son concretas:

¿A quiénes se refirió cuando habló de “todos aquellos abolicionistas”? ¿Qué personas u organizaciones incluyó en esa categoría? ¿A qué declaraciones o actuaciones concretas se refería cuando afirmó que habían “hablado tanta paja” y que consideraban que el Plan Cero Ocio era “flor de un día”?

También le solicité que aclarara el significado de sus expresiones “estos zurdos” y “algunos de clóset”. ¿Estaba identificando a personas determinadas por sus posiciones políticas, ideológicas o de otra índole? Pero las preguntas centrales son otras.

Cuando el ministro afirma “ya los tenemos identificados”, ¿quiénes son exactamente las personas a las que se refiere? ¿Qué institución o dependencia las identificó? ¿Con qué propósito? ¿Existe un registro, informe, base de datos o expediente en el que figuren sus nombres? Y, sobre todo: ¿cómo fueron identificadas?

¿Se utilizaron sus declaraciones públicas, sus opiniones políticas, su participación en reuniones, sus actividades sociales o sus vínculos con determinadas organizaciones para elaborar esa identificación?

El ministro agregó que esas personas “se reunieron un día de estos”. Por ello también pregunté a qué reunión concreta hacía referencia, cuándo tuvo lugar, quiénes participaron y cómo tuvo conocimiento el Ministerio de Justicia y Paz de dicha reunión.

Esta última pregunta resulta particularmente importante. En una democracia, reunirse con otras personas, expresar opiniones políticas, criticar las políticas gubernamentales o participar en organizaciones de la sociedad civil son actividades que forman parte del ejercicio ordinario de las libertades públicas.

Por eso resulta indispensable saber si las palabras del ministro describían simplemente lo que cualquier ciudadano podría conocer a partir de información pública o si revelaban la existencia de algún mecanismo institucional de vigilancia o seguimiento.

El problema no son las opiniones del ministro

El ministro de Justicia y Paz tiene, como cualquier ciudadano, derecho a expresar sus opiniones. También puede defender el Plan Cero Ocio y cuestionar públicamente a quienes lo critican.

El problema surge cuando el lenguaje utilizado por un jerarca puede interpretarse como la revelación de que personas con determinadas posiciones políticas han sido “identificadas” por el aparato institucional que dirige. La diferencia es sustancial.

Una cosa es que un ministro diga: “conozco a quienes públicamente han criticado el programa”. Otra muy distinta es afirmar: “ya los tenemos identificados”. El uso del plural —“los tenemos”— plantea además una pregunta adicional: ¿quiénes son ese “nosotros” y qué hicieron para identificarlos?

No estoy atribuyendo al ministro una conducta que no haya demostrado. Precisamente por eso solicité explicaciones. La transparencia exige que, ante una afirmación de esa naturaleza, sea el propio jerarca quien aclare qué quiso decir.

Una pregunta que trasciende al Plan Cero Ocio

El asunto tampoco debería reducirse a una controversia alrededor de un programa penitenciario. Lo que está en juego es algo más elemental: los límites que debe observar el poder público frente a las opiniones, las ideas y las actividades lícitas de los ciudadanos.

En una sociedad democrática no debería existir una categoría de ciudadanos “identificados” por sus opiniones políticas. Tampoco debería utilizarse la condición ideológica real o atribuida de una persona —“zurdos”, “de clóset” o cualquier otra etiqueta— como criterio para establecer mecanismos de seguimiento estatal.

Si el ministro no quiso decir eso, lo razonable es que lo aclare. Y si efectivamente existe algún procedimiento institucional mediante el cual determinadas personas han sido identificadas, corresponde explicar quién lo ordenó, con qué fundamento jurídico, para qué finalidad y qué información fue recopilada.

No se trata de defender una determinada posición política ni de reivindicar a quienes apoyan o cuestionan el Plan Cero Ocio. Se trata de algo mucho más básico: el derecho de los ciudadanos a saber qué hace el Estado con la información relacionada con sus opiniones, reuniones y actividades públicas.

Por eso las preguntas formuladas al ministro no son un ejercicio de confrontación política. Son preguntas que cualquier ciudadano debería poder plantear a un funcionario público cuando sus propias palabras parecen sugerir la existencia de una identificación institucional de personas por sus posiciones políticas.

Ahora corresponde al ministro Aguilar Vargas responder. Y sería deseable que lo hiciera con nombres, hechos, fundamentos jurídicos y documentos, no con nuevas descalificaciones.

Porque cuando un ministro dice que determinadas personas “ya las tenemos identificadas”, la sociedad tiene derecho a preguntar: ¿Quiénes son? ¿Quién las identificó? ¿Cómo las identificó? ¿Para qué las identificó? Y, sobre todo, ¿por qué?

Los «zurdos de clóset»

Escrito en . Publicado en Análisis.

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

Hay declaraciones de funcionarios públicos que no deberían despacharse simplemente como desafortunadas. Algunas obligan a detenerse y formular una pregunta más profunda: ¿qué concepción de la democracia y de los límites constitucionales del poder revelan esas palabras?

Por eso resulta preocupante escuchar al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, referirse a «los zurdos» y, todavía más, hablar de personas que se reúnen como «los identificados».

No es solamente una cuestión de lenguaje. Cuando una expresión proviene de una autoridad pública, deja de ser una frase cualquiera: adquiere un peso institucional. Y cuando se trata de un ministro de Justicia, ese peso obliga a preguntarse qué entiende el poder por derechos, ciudadanía y disidencia.

¿Quiénes son «los identificados»?

La pregunta es inevitable: ¿identificados por qué? ¿Identificados para qué? ¿Identificados por quién? No son preguntas menores.

En Costa Rica pueden reunirse los ciudadanos de izquierda y los de derecha; los liberales y los conservadores; quienes respaldan al Gobierno y quienes lo cuestionan; quienes militan en un partido y quienes no se identifican con ninguno. Pueden reunirse “todos”.

No porque el Gobierno sea generoso y lo permita. No porque un ministro lo conceda. No porque una autoridad considere legítima o conveniente la causa que los convoca. Pueden hacerlo porque es un derecho.

El artículo 26 de la Constitución Política reconoce el derecho de todos a reunirse pacíficamente y sin armas, incluso para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios. Dice todos

Y el artículo 28 establece una garantía todavía más contundente: nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por actos que no infrinjan la ley. Esto debería ser elemental para cualquier funcionario público. Pero debería serlo especialmente para quien ocupa el Ministerio de Justicia y Paz. Porque aquí no estamos hablando solamente de una opinión política. Estamos hablando del lenguaje con el que el poder mira a los ciudadanos.

Una pregunta para el ministro:

Señor ministro, ¿qué significa exactamente «ya los tenemos identificados»? Si se refiere a personas vinculadas con hechos delictivos, dígalo. Si existen investigaciones concretas, corresponde explicar —dentro de los límites legales— cuál es su fundamento. Si se trata de personas que han cometido actos violentos, la autoridad tiene no solo la facultad, sino el deber de actuar conforme a la le

Pero si se está hablando simplemente de ciudadanos que se reúnen pacíficamente para expresar sus ideas políticas, la frase adquiere otra dimensión- vale decir que usted no se refería a personas en situación de cárcel en ese momento-

Porque entonces el problema ya no sería lo que esas personas hicieron, sino quiénes son, qué piensan o qué posición política se les atribuye. Y ahí es donde una democracia debe encender sus luces de advertencia.

Una democracia constitucional no persigue ideas. Persigue conductas cuando estas infringen la ley. No clasifica ciudadanos entre confiables y sospechosos por sus convicciones políticas. No convierte la discrepancia en una amenaza. Y no transforma el ejercicio de un derecho en un indicio de peligrosidad.

¿Error jurídico o concepción del poder?

Aquí está, quizá, la cuestión de fondo. ¿Qué puede llevar a un ministro de Justicia a realizar una interpretación equivocada de la Constitución? Puede ser desconocimiento jurídico. Puede ser ligereza. Una declaración improvisada. Presión política. Una lectura ideológica de la realidad. Pero existe una posibilidad más inquietante: que no estemos solamente ante una interpretación equivocada de la Constitución, sino ante una determinada concepción del poder.

Porque cuando el poder comienza a interpretar los derechos desde sus propias necesidades, y no a entender sus propias facultades desde los límites que le imponen los derechos, algo fundamental se ha invertido.

Hoy son «los zurdos». ¿Mañana quiénes serán? Esta es quizá la pregunta que más debería preocuparnos. Mañana podrían ser los periodistas incómodos, los estudiantes críticos, los sindicatos, los ambientalistas, los universitarios, quienes marchen contra una decisión del Gobierno o simplemente quienes cuestionen a la presidenta.

¿En qué momento la discrepancia empieza a convertirse en sospecha? Señor ministro, le recuerdo que usted también está sometido a la Constitución. Y esa es, precisamente, la grandeza del Estado de derecho: nadie está por encima de la ley, tampoco quien tiene la responsabilidad de hacerla cumplir.

Defensoría interviene de oficio ante proyecto de carpas en centros penales

Escrito en . Publicado en Derechos.

A propósito de la información divulgada en medios de comunicación sobre la posibilidad de que el Estado proceda con la construcción de cárceles a través de la utilización de carpas, la Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Justicia y Paz informar sobre varias inquietudes.

Entre ellas, si el Ministro de Justicia y Paz, el Director General de Adaptación Social u otras instancias administrativas de dicho ministerio, se han asesorado en otras latitudes para obtener información acerca de cómo se han construido y operan cárceles en las que se han utilizado carpas para albergar a la población privada de libertad. En caso de ser así, indicar cuáles países fueron los abordados para recopilar experiencia al respecto, si han sido visitadas cárceles, detallar cuáles y los resultados de las mismas, así como señalar las buenas prácticas de protección de los derechos de las personas privadas de libertad que el Ministerio ha observado luego de tener contacto con este tipo de construcciones o proyectos, más allá del tema estrictamente presupuestario.

Además, especificar si el Ministerio de Justicia y Paz tiene contemplado dentro de su portafolio institucional de proyectos de construcción, la construcción de cárceles utilizando carpas. En caso de ser así, efectuar una descripción del proyecto, en qué lugar se construiría, el presupuesto a utilizar, cómo se incluirían las obras complementarias que se requieren para la operatividad de un centro penitenciario, así como para garantizar plenamente la prestación de servicios técnicos y de seguridad de un establecimiento de este tipo.

En respuesta a la Defensoría, el Ministro de Justicia y Paz aclaró que el nombre correcto es “construcciones livianas” en los centros penitenciarios del país e indicó que este proyecto se encontraba en una etapa de estudio, análisis y búsqueda de opciones, con el fin de tomar la decisión que convenga a los intereses del Sistema Penitenciario del país y bajo el respeto de los Derechos Humanos. Agregó que cuando esa cartera ministerial concrete y defina la viabilidad del proyecto, y con mayores especificaciones, lo podrán en conocimiento de la Defensoría de los Habitantes y dará respuesta a las inquietudes que existan.

Asimismo, el Ministro de Justicia y Paz indicó que, actualmente, se estaba en la fase previa del proyecto, considerando aspectos asociados como estudio de mercado y factibilidades, y que, como parte de las etapas que se debían desarrollar para su ejecución, estaba la inclusión del perfil del proyecto ante MIDEPLAN, para lo cual se hacía necesario finalizar la etapa previa del mismo que les permitiría definir el alcance del proyecto, y su estudio económico, entre otros aspectos, los que serían incluidos dentro de la inscripción del proyecto.

Considerando la anterior información y de conformidad con los procedimientos institucionales, la Defensoría procedió a la apertura de una Intervención de Oficio, tratándose de una situación que reviste especial interés, en procura de garantizar el efectivo y pleno disfrute de los Derechos Fundamentales de la población privada de libertad, y, sobre todo, considerando que existen estándares internacionales de construcción de centros penitenciarios que deben ser cumplidos por la Administración Penitenciaria.

La realidad de las cárceles muestra una cantidad ilimitada de elementos que inciden de manera negativa en la prestación de los servicios para dicha población. La privación de libertad es una condición derivada de un proceso jurisdiccional, mediante el cual se genera una consecuencia jurídica, cuya implicación es la pérdida de la libertad para una persona, durante un lapso de tiempo determinado. Esta condición no implica la suspensión de garantías o demás derechos de las personas que se encuentran en dicha circunstancia.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría pide cuentas por chalecos para mujeres de la policía penitenciaria

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes investiga una denuncia sobre la disponibilidad de chalecos de seguridad adecuados para mujeres que laboran en la policía penitenciaria del país.

Para la Defensoría no solo es importante estos dispositivos por un tema de seguridad sino también que se considere la perspectiva de género en su diseño, pues deben adaptarse adecuadamente al cuerpo de las mujeres tomando en consideración las diferencias anatómicas.

En el presente año la Defensoría realizó una solicitud de información a las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz para conocer las acciones realizadas para la adquisición de estos chalecos, a raíz de una queja presentada por la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT).

En respuesta a esta Defensoría, el 05 de abril anterior la Dirección de Adaptación Social informó que, si bien se cuenta con un contrato activo para la adquisición de estos equipos y se han efectuado varias cargas de contrato -se adquirieron 1.231 unidades-, también es cierto que se han dejado de utilizar un grupo de chalecos debido a su vencimiento, para un total de 1.971 entre el periodo del 2021 al 2024.

Además, se indicó que, para el periodo actual se cuenta con una asignación presupuestaria cercana a los 200 millones de colones para la adquisición en el primer semestre del año 2024 de unos 212 chalecos, los cuales deberán ser distribuidos de manera equitativa en todos los centros penitenciarios y unidades de trabajo, dando prioridad a aquellos que presentan un mayor déficit.

Adaptación Social señaló que como parte del cumplimiento de una resolución de la Sala Constitucional se hizo una carga al contrato para la adquisición de 67 chalecos femeninos, las cuales dadas las características de la contratación constituirían 134 agentes de policía femenina que se estarán cubriendo en esta primera etapa, y de acuerdo al presupuesto asignado a esa partida se irán progresivamente adquiriendo más chalecos a las mujeres policías de acuerdo a la necesidad institucional.

La Defensoría de los Habitantes continuará con el proceso de investigación y seguimiento a este tema, para generar las recomendaciones del caso.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Justicia deberá explicar avances en 10 metas en temas de seguridad

Escrito en . Publicado en Derechos.

Seguimiento a cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026

A partir de la evaluación realizada por el Ministerio de Planificación acerca del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2023-2026, la Defensoría de los Habitantes solicitó cuentas al Ministerio de Justicia y Paz sobre los avances en el cumplimiento de 10 metas.

Para nadie es un secreto que la temática de la seguridad ciudadana constituyó en el año 2023 y en la actualidad, uno de los mayores desafíos a nivel del Estado costarricense, con la tasa de homicidios más alta en la historia del país y con varias “oportunidades de mejora”, según Mideplan, en la ejecución de acciones planteadas en dicho Plan Nacional para este sector.

La Defensoría considera fundamental que el Ministerio de Justicia informe sobre las acciones programadas, calendario respectivo y asignación de responsabilidades, para atender cada una de las siguientes 10 situaciones:

– Sobre la medición del porcentaje de personas privadas de libertad que participan en procesos de reinserción social integral, pues en el 2023 Planificación indicó que no fue posible debido a la forma en que registra esa información.

– Sobre la insuficiente participación de personas privadas de libertad en actividades ocupacionales remuneradas en las regiones Brunca y Huetar Caribe.

– Sobre las acciones adoptadas para atender las causas del retraso en la construcción de Delegaciones Policiales. Planificación detectó un retraso en el diseño, adjudicación y construcción de ocho Delegaciones Policiales, debido a que la Fuerza Pública modificó criterios sobre cantidad de funcionarios que albergaría cada una, a que el contratista de la Delegación de Horquetas abandonó la obra y al aumento en los precios de construcción y consecuente insolvencia financiera.

– Sobre acciones para agilizar la implementación del programa “Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y prevención de violencia”, y específicamente el componente “Efectividad policial”, pues Planificación identificó insuficiente avance.

– Sobre las acciones para actualizar, la meta de otorgar permisos de trabajo a personas solicitantes de refugio, de acuerdo con la reglamentación reciente.

– Sobre las acciones para replantear, dotar de recursos y ejecutar el proyecto “Un Esfuerzo Preventivo, de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”. Planificación indica que no se avanzó debido a deficiencias en su diseño, a la falta de recursos y a la suspensión de convenios para asignar “personal a préstamo” a esa iniciativa.

– Sobre las acciones para dotar de personal y mejorar la ejecución presupuestaria, en la iniciativa de atención a mujeres víctimas de violencia con representación legal y orientación psicosocial, en los distintos centros de denuncia interinstitucional. Aquí Planificación detectó insuficiente capacidad instalada para atender la demanda de bienes y servicios, de al menos 600 mujeres víctimas de violencia atendidas en los distintos centros de denuncia institucional y tardanza en la contratación de profesionales.

– Sobre acciones para promover, con material impreso y otras modalidades de divulgación, el acceso de mujeres víctimas de violencia a los “Puntos Violeta” y otros “espacios seguros” previstos en el PNDIP 2023-2026.

– Acciones para mejorar la ejecución presupuestaria del sector, en el cumplimiento de las metas sectoriales y de intervención pública establecidas en el PNDIP 2023-2026. Indica Planificación que el sector Seguridad Ciudadana y Justicia solamente ejecutó el 62% de la programación presupuestaria del 2023.

-Considerando que el PNDIP 2023-2026 cifró en 545 el número de homicidios para 2023, que esa cifra resultó absolutamente superada (907), y que para 2024 también se prevé superar la “meta” estimada en dicho Plan (533), informar las acciones que usted, como Ministro Rector del Sector Seguridad Ciudadana y Justicia, está adoptando para cumplir las responsabilidades que le encarga el artículo 4 del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, a fin de anticipar y revertir la tendencia observada en la tasa de homicidios dolosos y el previsible incumplimiento de las metas del PNDIP. Actualmente el Ministerio de Justicia solicitó una prórroga para responder a la Defensoría.

Oficina de Comunicación Institucional.

Defensoría de los Habitantes

Ni amigos, ni pares, ni adversarios: la distancia del juez

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Walter Antillón

1.- Desde hace años he venido observando una práctica que me parece institucionalmente incorrecta y que consiste en que, cada cierto tiempo, Ministros o funcionarios de los Ministerios de Justicia, o de Seguridad Pública, han convocado al Ministerio Público, o personalmente al Fiscal General de la República, a participar en reuniones heterogéneas (a veces con participación de la DEA u otros cuerpos policiales extranjeros) para discutir y convenir en políticas, tácticas o campañas dirigidas a combatir ciertas formas de delincuencia que, se estima, amenazan la vida o la seguridad de los ciudadanos. Mi discrepancia se funda en que la Fiscalía es el órgano de la Justicia que con absoluta autonomía e imparcialidad ejercita la acción penal, esto es, la función requirente del Estado, contra cualesquiera personas sin distinción, según el mérito de la causa; de manera que sus agentes, por elementales reglas de higiene institucional, deberán sustraerse de toda ocasión que pueda conducirlos a participar en planes de cooperación o acciones conjuntas con otros cuerpos funcionariales de donde puedan resultar situaciones de influencias, empatías o sentimientos afines con funcionarios públicos nacionales o extranjeros; funcionarios a quienes eventualmente, el día de mañana, los fiscales podrían estar llamados a acusar como presuntos autores de delito (como, por lo demás, ocurre con alguna frecuencia).

2.- Ahora bien, en los últimos tiempos, y particularmente en el actual Gobierno, se ha recaído lamentablemente en dicha práctica, pero en grado mayor, cuando se convoca a los señores Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Fiscal General de la República, junto con Diputados, Ministros y otros, a reuniones de urgencia en Casa Presidencial; reuniones lideradas por el señor Presidente de la República con el justo empeño de detener la ola de violencia que viene padeciendo nuestro País. Me parece que la última de dichas convocatorias ha tenido lugar el 3 de octubre del año próximo pasado (ver “elmundo.cr” del 2 de octubre citado).

3.- Igualmente ahora, y con mayor razón, los ciudadanos debemos señalar lo gravemente incorrecto de dicha práctica. El ejercicio independiente e imparcial de la potestad jurisdiccional del Estado (en sus formas judicante y requiriente) que ejercen en forma ordinaria jueces, magistrados, fiscales y defensores del Poder Judicial, consiste en la aplicación de la Constitución y las Leyes a los casos concretos sometidos a su conocimiento; de manera que perseguir y cumplir objetivos como “combatir”, “detener” o “contener” actos individuales o procesos sociales precalificados como dañinos, peligrosos, etc., son, por definición, ejecución de políticas criminales, lo cual es actividad radicalmente ajeno a la esfera de competencias de aquel Poder.

Tanto es así que, por ejemplo, como resultado del proceso jurisdiccional seguido contra una persona, podría ocurrir, tanto la condena penal de ésta, como también su absolución, con eventuales cargos criminales contra las autoridades que torpe y maliciosamente la implicaron en el caso; porque jueces y fiscales, al examinar objetivamente la conducta de un imputado, también tienen el deber de detectar e identificar los eventuales abusos e infracciones de las autoridades que intervinieron en el caso, y proceder de conformidad.

4.- Las anteriores consideraciones vienen primariamente respaldadas en la tradición liberal y garantista del constitucionalismo moderno, de matriz ilustrada (Locke, Montesquieu). Y al respecto los ciudadanos tenemos el deber de destacar y señalar el amplio desarrollo que en nuestra época ha experimentado la clásica doctrina de la separación entre las funciones y los poderes supremos del Estado.

Porque, en efecto, dichas funciones e instituciones/poderes han sido objeto de renovados análisis doctrinarios, con notables resultados a partir de la consideración de las dos grandes dimensiones de la fenomenología de la producción jurídica, a saber:

  1. a) Una dimensión activa, que corresponde a la función general de gobernar (legislar y ejecutar a tenor de lo legislado) y se expresa en forma de voluntad, poder, innovación y disposición.
  2. b) Una dimensión no activa, que corresponde a la función general de garantizar secundariamente el derecho (juzgar), y se expresa como conocimiento, saber, conservación y constatación.

(ver, por todos, Luigi Ferrajoli: Principia Iuris. Teoria del diritto e della democrazia; Laterza, Bari, 2007; pág. 871 y sigtes.)

5.- La evolución institucional en los países más avanzados acusa claramente la tendencia a atenuar la distancia entre ambas instituciones representativas (parlamento y gobierno: legislar y administrar), conformando entre ellas una relación de condivisión funcional; y opuestamente, la tendencia a acentuar la distancia de las dos frente a la otra institución: la no representativa (judicial), cuya función (y también su legitimación) es garantizar el derecho, caso de fallar otras garantías de carácter primario.

Por ejemplo, la salud de los costarricenses goza de la garantía primaria de la Caja Costarricense de Seguro Social; pero si, debido a las alevosías de presidencias y directivas neoliberales que la apuñalan desde adentro, o corruptelas similares, la garantía primaria falla, bien sabemos los usuarios de las múltiples veces que la Sala Constitucional ha hecho funcionar la garantía secundaria.

6.- En conclusión, el carácter esencial, vital, de la función de garantía secundaria del Poder Judicial para asegurar el Estado Constitucional de Derecho y la vigencia de los derechos humanos de la población, nos obligan a extremar las salvaguardas de la independencia interna y externa, y la alta dignidad de cada uno de los jueces y magistrados de dicho Poder, así como del Fiscal General de la República y, plausiblemente, de los restantes fiscales y defensores.

7.- Ni amigos, ni pares, ni adversarios de los demás funcionarios públicos, los fiscales, los defensores, los jueces y los magistrados del Poder Judicial constituyen un orden aparte, cuya distancia y condición deben ser escrupulosamente respetadas; bajo pena de incurrir, en el más leve de los casos, en violación a las normas de corrección constitucional vigentes en todo país civilizado.

Imagen: UCR. 

Costa Rica atenderá a población migrante y vulnerable con apoyo de US$20 millones del BID

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Comunicado. 10 de agosto de 2023. El Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó hoy otorgar US$20 millones no reembolsables a Costa Rica para la implementación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables. El objetivo de esta donación es contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población local y migrante a la violencia, la marginalidad y la discriminación.

Costa Rica es principalmente un país de destino para los migrantes y tiene una amplia tradición de inclusión, con políticas receptivas hacia migrantes y refugiados. Ante el creciente número de migrantes que ingresan al país, o que hacen tránsito en su camino a Estados Unidos, surgen nuevos retos de seguridad para esta población: riesgos de convertirse en víctima y/o victimarios del crimen y la violencia, limitada capacidad institucional para atender necesidades de los migrantes, o el aumento de actitudes en contra de la migración, entre otros.

En este contexto, la donación es posible gracias a que Costa Rica es uno de los países elegibles para acceder a los recursos de la Facilidad No Reembolsable para Apoyar a Países que Reciben Flujos Migratorios Intrarregionales Repentinos y de Gran Magnitud, que el BID constituyó con recursos propios en 2019 por US$100 millones.

El programa será ejecutado por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) y consta de dos componentes: prevención social de la violencia y fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios.

El primero permitirá ampliar la infraestructura y los servicios orientados a la prevención de la violencia, beneficiando tanto a la población migrante como a las comunidades de acogida en diversas regiones del país. Por medio del segundo componente se fortalecerán las capacidades institucionales de la Dirección General de Migración y Extranjería para atender los flujos migratorios, con el objetivo de promover la inclusión socioeconómica de la población migrante y así reducir sus niveles de vulnerabilidad y exposición a delitos y violencia.

La iniciativa complementará el trabajo que ya se realiza en el país a través del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia, financiado por el BID mediante un préstamo por US$100 millones. Dicho programa incluye la construcción de delegaciones policiales y la creación de Centros Cívicos por la Paz en comunidades vulnerables.

 

Imagen: https://ciencia.unam.mx/leer/1124/-buscas-informacion-sobre-la-migracion-

ANEP presenta Recurso de Amparo contra medida cautelar atípica girada por jueza contra Ministerio de Justicia y Paz

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:

Con la medida se vulneran los derechos de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, así como a la separación de poderes y la libertad de prensa.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó, la mañana de este viernes, un recurso de amparo contra la medida cautelar atípica girada por una jueza de la república que impide al Ministerio de Justicia y Paz referirse a temas carcelarios ante la opinión pública y medios de comunicación.

La acción de la ANEP se presenta en favor de los funcionarios y servidores del Ministerio de Justicia y Paz, de las personas periodistas del país y de la ciudadanía en general, al considerar que se vulneran derechos fundamentales.

“Nos parece que esta decisión de la señora jueza constituye una acción intimidante, que desincentiva los principios democráticos y republicanos del ser costarricense. Por consiguiente, se vulneran los derechos de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, así como a la separación de poderes. Se vulnera la libertad de prensa y los principios de proporcionalidad, racionalidad y razonabilidad”, manifestó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.

Para la ANEP, no existe una fundamentación previa por parte de la juzgadora que indique cómo se vulnerarían los principios de independencia judicial y de juez natural, no razona por qué considera estos elementos por encima de otros principios y derechos humanos.

Afectación de derechos

1.Se considera violentada la libertad de prensa, no solo como una de las mayores manifestaciones de la libertad de expresión y de conciencia, bajo la cual las personas pueden expresar libremente y sin temor a coacción o represalias sus opiniones y pueden informar a la población, sino también, como el derecho que les asiste a las personas periodistas y comunicadoras a informar sobre la gestión de las administraciones y el deber de los servidores públicos de brindar la información de interés público que les sea solicitada. Así como el derecho de petición y pronta respuesta que les asiste a todos los ciudadanos de acuerdo con el artículo 27 y 30 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

2.Se vulnera el artículo 28 de la Constitución, que indica que: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.” El término nadie incluye a las autoridades penitenciarias. De igual manera, la medida de la juzgadora contraría lo que estipula el artículo 29 de la Constitución Política que indica que: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura…”

  1. Se vulnera el principio de rendición de cuentas que menciona el artículo 11 de la Constitución Política y el derecho de acceso a la información pública que se desprende del artículo 30 constitucional. Esto, por cuanto la medida cautelar atípica interfiere en el libre acceso de la ciudadanía a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Como las autoridades penitenciarias no podrán comentar o referirse a la temática del Sistema Penitenciario Nacional, la ciudadanía durante lo que dure el proceso no podrá ejercer control sobre la legalidad, eficacia y eficiencia de la función administrativa desplegada por este ente público.  
  2. Se considera violentado el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto a la libertad de Pensamiento y de Expresión

5.La medida impuesta a las autoridades penitenciarias por la juzgadora sigue una lógica que contraviene el espíritu y los instrumentos internacionales de derechos humanos citados en los párrafos,4, 5 y 6 del preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión:

  1. Esta decisión de la Juzgadora tiene roces con el principio de separación de poderes (separación de funciones) del artículo 9 de la Constitución Política.

Ante los diversos argumentos presentados por la ANEP en el Recurso de Amparo se solicita a la Sala Constitucional que, deje sin efecto, de manera inmediata, la medida cautelar atípica dictada por la Jueza Mayra Acevedo Matamoros en contra de las autoridades penitenciarias, hasta que se resuelva el presente Recurso de Amparo, así como que se declare con lugar en todos sus extremos el presente Recurso de Amparo con las consecuencias legales que ello implique

Por último, que se declare que la “medida cautelar atípica” es contraria al derecho de la constitución y vulnera los derechos fundamentales de los funcionarios penitenciarios, de las personas periodistas y de la ciudadanía en general.

Para más información sobre este proceso adjuntamos la página oficial de ANEP:

https://anep.cr/anep-presenta-recurso-de-amparo-contra-medida-cautelar-atipica-girada-por-jueza-contra-ministerio-de-justicia-y-paz/

 

Imagen del header tomada de: https://anep.cr/