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Etiqueta: Ministerio Público

Ministerio Público Hondureño: ¡Justicia para Keyla Martínez! ¡Asesinada bajo custodia de la Policía de Honduras!

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

Colectivo de Solidaridad con Honduras

SURCOS comparte la siguiente petición:
El día sábado 6 de febrero de 2021, a las 11:40 pm la joven estudiante universitaria Keyla Patricia Martínez Rodríguez de 26 años, fue capturada por oficiales de la Policía Nacional Preventiva, en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, Honduras, por desacato del toque de queda impuesto por el gobierno para «prevenir» contagios de la Covid-19.
A las 2:55 am del día domingo 7 de febrero Keyla es ingresada al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, donde certifican ausencia de signos vitales. Durante la mañana de ese mismo día el Subcomisionado Melvin Alexander Alvarenga Deras, Jefe de la Unidad Departamental de Policía Nº10 del Departamento de Intibucá (UNIDAD POLICIAL DONDE KEYLA FUE ASESINADA), en conferencia de prensa afirmó que horas después de haber sido encarcelada, durante la ronda de supervisión en las celdas, los agentes la descubrieron intentando quitarse la vida mediante asfixia por suspensión, por lo que de inmediato fue trasladada al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, donde falleció.
En contradicción a lo expresado en el comunicado oficial de la Policía leído por Subcomisionado Melvin Alexander Alvarenga Deras, el vocero del Ministerio Público declaró que la causa de la muerte de Keyla fue por asfixia mecánica, según el informe preliminar de medicina legal se establece que la muerte de Keyla fue un homicidio y no un suicidio, como lo expresó el subcomisionado Melvin Alexander Alvarenga Derasa. Cómo lo han manifestado algunos medios de comunicación el cuerpo presentaba numerosas lesiones.
Este feminicidio ocurrido dentro de las celdas de la Policía Nacional Preventiva se da en el segundo país con mayor tasa de feminicidios en América Latina, en un contexto histórico de violencias sistemáticas, estructurales, patriarcales, capitalistas y colonialistas contra las mujeres y el pueblo en general.
Ante esto, exigimos al Ministerio Público y a las instancias respectivas:
1. Una investigación rigurosa y transparente que conduzca a una efectiva aclaración de los hechos en torno al feminicidio de Keyla y con carácter de urgencia.
2. Que se apliquen las penas más altas para estos delitos a la totalidad de las personas implicadas en este feminicidio, tanto a los autores materiales, intelectuales, cómplices y quienes han intentado encubrir y manipular los hechos y/o pruebas.
3. La entrega inmediata, a sus familiares y personas acreditadas, del dictamen médico legal que contiene detalles precisos de lo acontecido en las últimas horas de vida de Keyla. Así mismo, toda documentación vinculante a este repudiable hecho.
4. Desarrollo del proceso de investigación conforme lo establece la legislación nacional e internacional, de tal manera que se garantice que no quedará bajo la impunidad.
5. Que se les aplique las medidas cautelares correspondientes a las personas implicadas en este feminicidio, como separación inmediata de sus cargos de la función pública, prisión preventiva, prohibición de acercarse a las víctimas de este suceso, entre otras.
6. Que el Estado de Honduras se haga responsable de resarcir los daños de imposible reparación a la familia de Keyla.
Adjuntamos el siguiente enlace para firmar la petición:
https://www.change.org/p/ministerio-p%C3%BAblico-hondure%C3%B1o-justicia-para-keyla-mart%C3%ADnez-asesinada-bajo-custodia-policial-en-honduras?utm_content=cl_sharecopy_27318802_es-419%3A2&recruiter=1180420531&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
#bastayadeimpunidad #nomásfeminicidiosenhonduras #niunamenos #justiciainmediataparakeyla

“Justicia pronta para Sergio Rojas Ortiz, su familia y el Pueblo Bribri de Salitre”

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento público:

Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones,  comunidades, proyectos sociales o académicos, comprometidas con el bien común, el bienestar social, los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Originarios, hacemos pública nuestra preocupación y nuestras exigencias ante las circunstancias que se vienen dando, sin la debida atención de las autoridades judiciales y del Estado costarricense, en relación con la investigación del asesinato del líder Sergio Rojas Ortiz.

Considerando que:

  • El 18 de marzo del 2019 murió asesinado de 15 balazos, en su casa de habitación, en la comunidad de Yeri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, bribri costarricense, líder comunitario, defensor de derechos indígenas. Sergio era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas. El asesinato de Sergio Rojas se dio 4 años después del establecimiento de las medidas cautelares por parte de la CIDH, sin que el Estado costarricense realizara las acciones necesarias para responder de manera efectiva a dichas medidas.
  • Pocos días después de cometido el asesinato, el 22 de marzo del 2019, la CIDH repudió el crimen contra Sergio Rojas Ortiz y le recordó al Estado costarricense que el líder indígena se encontraba en una grave situación de riesgo, de ahí que desde el 2015 se le otorgaran medidas cautelares por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las cuales se establecieron para garantizar su vida e integridad personal. Además, la CIDH hizo énfasis en la importancia de una oportuna investigación de las fuentes de riesgo para la vida del líder indígena y los miembros de los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, así como en incluir como línea de investigación del asesinato la hipótesis de que este crimen pudiera haber sido cometido en razón de la actividad de defensor de derechos humanos que ostentaba Sergio Rojas Ortiz.
  • Un año después del homicidio, el 18 de marzo del 2020, la CIDH volvió a pronunciarse, esta vez sobre la situación de violencia, amenazas y hostigamiento que sufren líderes indígenas y personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz. En este momento, la CIDH advirtió sobre la carencia de avances significativos en el enjuiciamiento de los responsables del asesinato del líder indígena e hizo un llamado enérgico al Estado costarricense sobre su obligación de investigar este caso de manera seria, profunda e imparcial, lo que permitiría sancionar oportunamente a los responsables intelectuales y materiales.
  • En setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación respectiva por parte del Ministerio Público. Tal solicitud se realizó bajo el alegato de la imposibilidad de resolver el caso, debido a la negativa reiterada del Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas de autorizar allanamientos necesarios para avanzar en el proceso de esclarecimiento del crimen.
  • Unos pocos días después, el 25 de setiembre del 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un vehemente llamado al Estado costarricense para que no archivara la investigación. Además, invocó y recordó lo externado por Michael Forst (ex Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos), Victoria Tauli Corpuz (ex Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas) y Agnès Callamard (Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias) en cuanto a la importancia de que las autoridades costarricenses lograsen identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del asesinato del líder indígena.
  • Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos y miembros de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia con el abogado y con la familia de Sergio Rojas, realizada el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”.
  • Los días 21 y 22 de enero del presente año, el medio de comunicación digital “CrHoy.com” publicó varios reportajes basados en el expediente judicial 19-000178-0990-PE, correspondiente al caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, en los que se hace especial referencia al informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta publicación se hace a pesar de tratarse de un proceso de investigación penal en curso, para el que la ley establece confidencialidad. Las notas periodísticas publicadas aportan una serie de detalles de la investigación judicial que evidencian una clara, sospechosa e intencionada filtración de la información de este expediente tutelado por las instancias judiciales, lo que podría incidir de manera negativa en el desarrollo de la investigación, a la vez que expone a riesgos adicionales a las personas informantes.
  • En enero del 2020, la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica encargada de analizar el expediente #21360, emitió un informe respecto al caso (expediente Nº 21360), en el cual se interpela a las autoridades costarricenses para que, entre otras importantes acciones, redoblen esfuerzos a fin de garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos de los Pueblos Originarios y de las personas que integran sus comunidades, para asegurar la incorporación de la perspectiva multiétnica y pluricultural en la aplicación de la justicia y para detener la violencia y la impunidad, así como todo acto de discriminación y racismo en el país. A la vez, mediante dicho informe, la Sub-Comisión hizo un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena.

Todos los hechos referidos anteriormente refuerzan las evidencias y la convicción de que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz fue un crimen político producido en un contexto de creciente violencia física y simbólica, la cual se produce ante la falta de acción del Estado en materia de justiciabilidad de los derechos humanos de los Pueblos Originarios, en especial los derechos de orden territorial.

Estos hechos también generan dudas razonables acerca del manejo que se está haciendo del caso por parte de las autoridades judiciales, y son particularmente preocupantes porque parecen mostrar una tendencia inaceptable hacia la generación de condiciones para la impunidad de este crimen, lo cual, además de constituir una injusticia, afectaría de manera irreparable la credibilidad de nuestro Estado Social de Derecho. Al respecto, corresponde al Poder Judicial asumir un rol garantista de los derechos humanos, mediante la ejecución de todas las medidas que permitan brindar un adecuado acceso a la justicia, en especial para las poblaciones en condición de vulnerabilidad, como es el caso de los Pueblos Originarios.

Llamamiento público

Por tanto, ante la gravedad de todos los hechos reseñados, manifestamos públicamente y hacemos un enérgico y vehemente llamado general, en especial a las autoridades del Estado y a las instancias judiciales del país, en los siguientes términos:

  • APOYAMOS la denuncia interpuesta ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por parte del Lic. Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
  • APELAMOS a las autoridades del Estado a acoger y atender todos y cada uno de los planteamientos del informe final de la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que analizó el expediente #21360.
  • EXIGIMOS que se garanticen todos los principios procesales en este caso, especialmente el debido proceso, que se concluya con el esclarecimiento del asesinato de Sergio y que se dé acceso real a la justicia y reparación a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre.
  • RECORDAMOS la obligación que tienen el Estado costarricense y sus instituciones de garantizar la vida, la integridad física y los derechos de los Pueblos Originarios, así como de dar cumplimiento real y oportuno a las Medidas Cautelares y a la toda la legislación vigente relacionada con los derechos de estos pueblos.
  • DEMANDAMOS la acción articulada de los distintos Poderes de la República para que se atiendan y resuelvan como corresponde, conforme a los derechos humanos de los Pueblos Originarios, los conflictos de usurpación de territorios indígenas costarricenses, causa estructural de la violencia en estos territorios.
  • ADVERTIMOS nuestra decisión de mantenernos vigilantes y fieles a nuestras obligaciones ciudadanas, para que la institucionalidad pública se respete y actúe conforme al marco jurídico nacional e internacional que protege y garantiza los derechos humanos de los Pueblos Originarios costarricenses, así como la vida y la justicia para sus defensores.

¡No más impunidad!

Organizaciones y Personas Firmantes

Organizaciones Internacionales

  1. Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA (México)
  2. Tequio Jurídico A.C. (México)
  3. Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), México
  4. Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (MODETEAB), Panamá
  5. Regional Latinoamericana de la UITA (Rel UITA). Montevideo, Uruguay
  6. Feministas Periféricas Dementes, Madrid
  7. O Istmo, Red Centroamericanista
  8. GT-CLACSO, El Istmo Centroamericano Repensando los Centro

Organizaciones nacionales

  1. Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa, Pueblo Bribri de Salitre
  2. Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc
  3. Organización Autónoma Gwrvechi Kare, Territorio Ngäbe, Conte Burica
  4. Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego
  5. Recuperador@s Cabécares de Kono Jú.
  6. Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska
  7. Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
  8. Asociación de Desarrollo Indígena de China Kichá.
  9. Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö
  10. Recuperador@s Broran de Crun Shurin
  11. Recuperador@s Broran de Finca San Andrés
  12. Alaklä Sulú Takïlï Wëmi, La Fortaleza de la Mujer Maíz por Siempre
  13. Asociación de Mujeres Mano de Tigre, Orcuo Dbön
  14. Asociación de Productores de Finca 10
  15. Comité de Lucha por la Tierra de finca Chánguena
  16. Cootraosa R.L.
  17. Comité de Lucha por la Tierra de kilómetro 37, Golfito y Corredores.
  18. Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP)
  19. Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia
  20. SOJUPANO, Palmar de Osa
  21. Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA)
  22. SERBUSUR, Finca Puntarenas
  23. Proyecto Conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires, Costa Rica: aportes interdisciplinarios para su resolución, CIAN-UCREA, UCR
  24. Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
  25. Asociación Nacional de Educadores (ANDE)
  26. Asociación Ambientalista Shurakma
  27. Voces Nuestras
  28. Asociación de Iniciativas Populares Ditsö
  29. Coordinadora de Lucha Sur Sur
  30. Proyecto TC635-Comunicación y Cambio para el Buen Vivir, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, UCR
  31. Proyecto ED3526 – Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socio ambiental en territorios rurales de Costa Rica del Programa Kioscos Socioambientales, UCR
  32. Asociación Proyectos Alternativos PROAL-PACUARE
  33. Radio Machete
  34. Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios, Programa Kioscos Socioambientales-UCR, EC-519
  35. Coordinación General del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria-UCR, EC-3555
  36. Observatorio Bienes Comunes Agua y Tierra, EC-518
  37. Programa de Gestión Local, UNED
  38. Ríos Vivos
  39. Bloque Verde
  40. La Barriada
  41. Colectiva Caminando
  42. Departamento Ecuménico de Investigación (DEI)
  43. Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
  44. Red Indígena de Gestores Locales del Pacifico Sur – RIGELOPS
  45. Frente Autónomo de Lucha de los Barrios del Sur
  46. Colectivo CEAAL Costa Rica
  47. Trincheras Expresión Artística
  48. Hablemos de Derechos Humanos
  49. La Cadejos, Comunicación Feminista
  50. Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
  51. Frente Ecologista del Tecnológico de Costa Rica
  52. Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria
  53. Asociación ciudadana ACCEDER
  54. Escuela de Biología, UCR
  55. Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano (CLACSO)
  56. Hablemos de Derechos Humanos
  57. Movimiento Ríos Vivos
  58. Centro Demostrativo de Sostenibilidad
  59. Partido Frente Amplio
  60. Akoben Colectiva Afrofeminista
  61. Grupo de Pesquisa Derecho y Sustentabilidad Socioambiental (GPDS), Facultad de Derecho, UCR
  62. Coordinación, Observatorio sobre la gestión de los conflictos socioambientales en el espacio urbano, Facultad de Derecho, UCR
  63. Proyecto Conflictividad social y su intervención a través del proceso de mediación en el contexto socioambiental costarricense, IIJ-UCR
  64. Asociación Comunidades Unidas para un Desarrollo Ecológico y Sustentable
  65. Colectivo Radio Andante
  66. CEP-Alforja
  67. Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID)

Personas

  1. Marvin Amador Guzmán, docente Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, UCR
  2. Mariano Sáenz Vega, sociólogo, investigador del Centro de Investigaciones en Antropología (CIAN), UCR
  3. Yasy Morales Chacón, docente Escuela de Sociología, Programa de Economía Social Solidaria, UCR.
  4. Juan Carlos Cruz-Barrientos, comunicador social jubilado
  5. Liliana Monge Sánchez, docente Escuela de Trabajo Social UCR
  6. Luis Paulino Vargas Solís, Director CICDE-UNED
  7. Xinia Zúñiga Muñoz, investigadora CICDE-UNED/UCREA-UCR
  8. Carmen Caamaño Morúa
  9. Lucía Molina Fallas
  10. Andrés Dinartes Bogantes
  11. Pablo Sivas Sivas (conocido como Pablo Sibar Sibar)
  12. Daniel Torres Sandí, Sociólogo
  13. Jorge Zeledón Pérez
  14. Eva Carazo Vargas, investigadora CICDE-UNED
  15. Rebeca Gu Navarro, docente Escuela de Ciencias Políticas, UCR
  16. Gustavo Gatica López, investigador CICDE-UNED
  17. Mauricio Castro Méndez, docente e investigador, Facultad de Derecho e Instituto de Investigaciones Jurídicas, UCR
  18. Dylanna Rodríguez Muñoz, docente Programa Kioscos Socioambientales y Escuela de Ciencias Políticas, UCR
  19. Laura Álvarez Garro, profesora asociada, UCR
  20. Gerardo Hernández Naranjo, docente Escuela de Ciencias Políticas, UCR
  21. Ana Tristán Sánchez, jubilada del Poder Judicial
  22. José Gabriel Rivas Ducca, biólogo, activista ecologista
  23. Raquel Molina Huezo, comunicadora y profesora
  24. Paulo Coto Murillo, profesor Posgrado en Sociología, UCR, investigador CICDE-UNED
  25. Marcela Moreno Buján, investigadora UCREA-UCR
  26. Carlos Peralta Montero
  27. Claudia Palma Campos
  28. María Eugenia Bozzoli
  29. Guillermo García Segura, director de la Escuela Sindical de ANDE
  30. María del Carmen Araya Jiménez
  31. Helga Arroyo Araya
  32. Roberto Castillo Vásquez
  33. Freddy Humberto Vargas Chavarría
  34. Juan Antonio Gutiérrez Slon, sociólogo e historiador, Centro Investigaciones en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED.
  35. César Moya Aburto, investigador del Centro Investigaciones en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED.
  36. Mariana Delgado Morales
  37. Miguel Regueyra Edelman
  38. Douglas Esquivel González
  39. Erick Mauricio Zúñiga Monterrosa
  40. Luis Emilio Cortés Ugalde
  41. Gustavo Oreamuno Vignet
  42. Andrés Pages Zamora
  43. Giancarlo Andrade Colón
  44. Ángel Molina Fernández
  45. Lilliam Marbelli Vargas Urbina
  46. Israel Azofeifa Retana
  47. Benjamín Hernández Domínguez
  48. José Ramírez Aguilar
  49. Nayla Carvajal Sancho
  50. María Paula Barrantes Reynolds
  51. María José Víquez Barrantes
  52. Silvia Castillo Morales, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica
  53. Isis Campos Zeledón, docente Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva
  54. Mariana Castillo Rojas
  55. Melissa Mendiola Vásquez, Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA), Universidad Nacional (UNA)
  56. Alberto Gutiérrez Arguedas
  57. Ciska Raventós Vorst
  58. Mario Zúñiga Núñez, director, Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica
  59. Patricia Mora Castellanos
  60. Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria
  61. Sergio Villena Fiengo
  62. José Luis Arce Sanabria
  63. Onésimo Rodríguez Aguilar
  64. Teresita Ramellini, Universidad de Costa Rica
  65. Ivania María Rojas Herrera
  66. Rafael Cuevas Molina
  67. Claudio Vargas Arias
  68. Osvaldo Durán Castro/Sociólogo ITCR-FECON
  69. José Julián Llaguno Thomas, Instituto de Investigaciones Sociales, UCR
  70. Manuel Peralta Reyes
  71. Isabel Avendaño Flores, docente, Facultad de Ciencias Sociales
  72. Irma Arguedas Negrini
  73. Jeisson Gutiérrez Pizarro, bachiller universitario, Heredia
  74. Olman Bolaños Vargas
  75. Pedro Salguero Aguilar
  76. Henry Mora Jiménez
  77. Alexis Rodríguez Brenes
  78. Jaime García
  79. Guadalupe Urbina
  80. Yerling Ruiz Vásquez
  81. Meibell Solera Fernández
  82. Marcela Dumani Echandi
  83. Mariana Zumbado
  84. Maritza Marín Herrera, Escuela de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica
  85. Gaus Monge
  86. David Solís Aguilar
  87. Guido Barrientos
  88. Christoph Burkard
  89. Carol Castro Begnozzi
  90. José Ignacio Ureña Umaña
  91. Emanuel Villamil Chinchilla
  92. Cinthya Soto
  93. José María Gutiérrez Gutiérrez
  94. María Elena López Núñez
  95. Juan Fernando Cerdas Albertazzi
  96. Carolina Serrano
  97. Andrey Morales Méndez
  98. Héctor Ferlini Salazar, SURCOS Digital
  99. Carlos Cruz Chaves
  100. Ariel Robles Barrantes, académico, Regidor Municipal de Pérez Zeledón
  101. Doriam Chavarría López
  102. Liz Brenes Cambronero, Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica
  103. María Esther Montanaro Mena
  104. Arturo Montanaro
  105. Ana Marcela Montanaro
  106. Mauricio Álvarez Mora, IDELA-UNA y Proyecto ED3526 – Educación Popular y Geografía
  107. Nery Chaves García
  108. Guillermo Acuña Gonzáles, investigador del Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades (IDESPO-UNA)
  109. Adelina Salazar Altamirano, Chacarita # 3
  110. Jacqueline Hernández Contreras
  111. Óscar Jara Holliday
  112. Onésimo Rodríguez Aguilar
  113. Mario Zúñiga Núñez
  114. Carolina Quesada Cordero
  115. Keilyn Rodríguez Sánchez
  116. Ana Cristiana Aguilar Vega
  117. María Ramírez Chinchilla
  118. Paula León Saavedra
  119. Gerardo Miguel Alarcón Zamora
  120. Vania Solano Laclé
  121. Melania Mayela Portilla Rodríguez
  122. Ernesto Cortes Amador
  123. Denia Román Solano
  124. Gerardo Cerdas Vega

Para ver el documento oficial haga click

ComunicadopublicoSergioDescarga

Comunicado público de la Organización de Mujeres Mano de Tigre (DBÖN ORCUO)

Escrito en . Publicado en Derechos.

A 11 meses del homicidio de Jerhy Rivera, defensor de los derechos territoriales del pueblo Brorän, externa su preocupación por la falta de justicia.

Este 24 de enero de 2021, se cumplen 11 meses del homicidio de Jerhy Rivera, al ser atacado por un grupo de personas usurpadoras de las tierras indígenas del territorio de Térraba, destacamos que en esta fecha el pueblo Brorän sufrió una escalada de violencia desde el día anterior, donde se presentaron una serie de incidentes que atentaban contra la integridad física y territorial de los pobladores Brörán que defienden sus derechos y territorio.

Estos actos infringieron de una manera en extremo violenta contra la dignidad de un pueblo que se resiste a desaparecer, reivindicando su patrimonio territorial, anteponiendo sus cuerpos para lograr ejercer el pleno derecho a la tierra que por ley corresponde a sus descendientes.

Por acciones de omisión de un Estado lerdo e incapaz de resolver temas prioritarios y sensibles para garantizar la supervivencia de los Brorän. Urgimos al Estado a través del Ministerio Público, Fiscalía General y sus otros órganos de justicia, a responder con prontitud las diligencias necesarias para llevar pronto a los tribunales a los presuntos agresores a rendir cuentas, y ejercer justicia por la vida de Jerhy y el daño causado a nuestro pueblo, una justicia que no es caprichosa, sino es la misma justicia de la que el sistema judicial costarricense se vanagloria de aplicar.

Una vez más exhortamos a la comunidad nacional e internacional a levantar la voz por los derechos humanos que corresponde a la población indígena Térraba, derechos fundamentales de una democracia que se basa en un estado de derecho, y por lo que, de la manera más enérgica, exigimos la aplicación y cumplimiento de convenios internacionales sobre derechos originarios por parte del Gobierno costarricense, en aras de cumplir las obligaciones que como administrador de la nación posee.

 

Imagen tomada de la UCR.

El juzgado penal de Buenos Aires rechaza la solicitud de desestimación en la investigación del homicidio de Sergio Rojas Ortiz

Escrito en . Publicado en Derechos.

Óscar Retana Montenegro.
Abogado representante de las víctimas, familia Rojas Lázaro.
15 de enero de 2021

El Juzgado Penal de Buenos Aires dictaminó, en resolución notificada el 14 de enero 2021, que deben de continuarse los actos investigativos en torno al homicidio del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, rechazando la solicitud de desestimación planteada por el Ministerio Público en setiembre anterior, y cuya audiencia se realizó el pasado 3 de diciembre de 2020.

Lo anterior debido a que el ente juzgador señaló que no se han agotado las herramientas investigativas disponibles, las cuales deben de evacuarse antes de solicitar la aplicación de los artículos 282 y 299 del Código Procesal Penal.

Resuelto lo anterior, el Ministerio Público tiene un plazo de 5 días hábiles para rectificar lo resuelto o manifestar su desacuerdo. En este último supuesto, debe el superior jerárquico, es decir la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, quien resuelva sobre la gestión.

La investigación penal de este homicidio debe continuar, siendo que la Fiscalía debe agotar las diligencias pendientes y realizarlas de manera exhaustiva, en cumplimiento de los estándares internacionales de debida diligencia, como lo ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de acatamiento obligatorio para el Estado de Costa Rica: “La expresión “debida diligencia” se refiere a las acciones concretas exigidas a los Estados con el objeto de garantizar los derechos humanos y proteger a las personas de violaciones a sus derechos, en relación a la efectividad de las investigaciones y que obligan a la utilización de todos los medios disponibles para determinar la verdad de lo ocurrido y la identidad de los responsables”. (Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 156.)

Foto: Compartida por Marcela Zamora-Cruz en redes.
Compartido con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora

FRENAPI: Bicentenario está manchado de sangre

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

No nos sorprende la intención de querer dejar impune el ASESINATO de Sergio Rojas Ortiz, nos sorprende que no lo hayan disimulado.
A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

FRENAPI. El 24 de setiembre del 2020, se dio a conocer que el Ministerio Público de Costa Rica solicitará desestimación/archivo del expediente del caso del ASESINATO de nuestro hermano de lucha Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre, fundador y Co-coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), miembro del Concejo de Semillas Cuidadoras de la Tierra (Ditsö Iriria Ajkönúk Wákpa- CODIAW).

RECHAZAMOS Y DENUNCIAMOS la incapacidad del Estado costarricense para hacer valer la normativa internacional en protección de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas a la que el Estado está comprometido.

REPUDIAMOS la complicidad del Poder Judicial de Costa Rica al no asumir la protección de nuestros derechos con el debido respeto, y más bien justificar la impunidad pretendiendo respaldarse en “El entorno, la forma de vida de la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos”. DENUNCIAMOS este tipo de manifestaciones como una clara expresión de racismo, una línea estatal holgazana y cómplice.

¿Qué nos quiere decir el Ministerio Público? ¡Ya no es suficiente con el arrebato de la vida de nuestros hermanos! ¡Ya no es suficiente con el constante asedio, intimidación y amenazas que a diario enfrentamos! ¡Ya no es suficiente con el despojo de nuestras tierras, nuestra cultura, el daño a nuestra Madre Tierra! Ahora resulta que por elementos característicos de nuestros Pueblos y de los que nace el deber de protección, como tener un entorno y forma de vida especial, ¿tenemos que aceptar cualquier crimen en contra de nuestra humanidad?

La decisión de desestimación/archivo de la causa tramitada para el esclarecimiento del ASESINATO de Sergio, no es un hecho aislado. Por el contrario, es una nueva manifestación de la violencia sistemática que desde este FRENTE hemos venido denunciando.

Días antes de conocer la decisión de la Fiscalía, no terminábamos de asimilar la intención de desalojo contra nuestras hermanas/os cabécar en Territorio China Kichá, recuperantes de Kono Jú.

Es de conocimiento nacional e internacional que consecuencia del VOTO N°288-F-2020 del TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, se dictó Medida Cautelar a favor de un finquero/empresario No Indígena orientada a que las personas indígenas recuperantes de Kono Jú salgan de sus tierras para que el finquero continúe su actividad ganadera mientras el proceso judicial finaliza. En este Voto, el Tribunal afirmó tener por demostrado que la propiedad en disputa se encuentra localizada dentro del Territorio Indígena China Kichá, a pesar de esto y por encima de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, el Tribunal indicó que con la Medida Cautelar: “Se trata de proteger la actividad productiva del empresario agrario mientras se resuelve en sentencia sobre a quien corresponde la propiedad del terreno”.

Al igual que este FRENTE, muchas Organizaciones, Movimientos, Colectivas, e incluso altas instancias internacionales mostraron oposición a la decisión judicial por el notorio irrespeto a Derechos Humanos de nuestros Pueblos. Agradecemos toda esta solidaridad por la causa indígena. Hacemos un llamado para que no nos suelten.

A las puertas del desalojo en Kono Jú, nos pegan una nueva bofetada con la noticia de querer archivar la investigación de Sergio. El mensaje que recibimos es que si continuamos en defensa de nuestros derechos, nos espera el máximo nivel de violencia bajo la complicidad del Estado. Denunciamos nuevamente que la respuesta del aparato estatal, envalentona a las personas No Indígenas usurpadoras.

El día de hoy 28 de septiembre del 2020, este FRENTE tiene conocimiento de una nueva recuperación en el Territorio China Kichá, en la finca Yuwi Senaglö. En un contexto cargado de racismo, de impunidad, de exterminio sistemático de nuestros Pueblos, esta acción en defensa de nuestros Derechos Humanos, es muestra del valor espiritual y corporal de nuestra lucha, confiamos en que son nuestras/os ancestras/os y nuestra Madre Tierra quienes guían nuestro empuje. Todo nuestro apoyo a las hermanas/os cabécar en esta nueva recuperación y desde ya responsabilizamos al Estado/Gobierno de cualquier agresión en su contra.

¡No nos silenciarán! ¡Nuestra voz será escuchada! ¡El Proceso de Afirmación Territorial Autónomo (PATA), acordado desde el 2010 resiste y se extiende! ¡Sergio VIVE en la resistencia de cada recuperación!

Que no quede duda que todos los hechos criminales en nuestra contra se han perpetrado bajo

complicidad de los aparatos del Estado, quedando impunes por: débiles, lentas e insuficientes prácticas de investigación de parte de las Oficinas encargadas del Poder Judicial.

Iremos hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento del ASESINATO de Sergio, así como de tantos otros crímenes y violaciones de Derechos Humanos a nuestros Pueblos.

Para ello ANUNCIAMOS la propuesta de crear el Centro de Derechos Humanos Uniwak, Sergio Rojas Ortiz, al que le buscaremos los recursos humanos, materiales y financieros suficientes para que pueda operar en nuestra representación y a favor de nuestros Derechos Humanos.

¡NO MAS IMPUNIDAD!
#SergioRojasVIVE
#JeryRiveraVIVE
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
28 DE SEPTIEMBRE, 2020

Consejo Ditsó Iíria Ajkönuk Wákpa de Salitre rechaza la desestimación del caso de Sergio Rojas Ortiz

Escrito en . Publicado en Derechos.

COMUNICADO PÚBLICO

Sábado 26 de septiembre 2020. Una vez más el Estado respalda la impunidad: el pasado jueves 24 de septiembre el Poder Judicial publica que desestima el caso del asesinato de nuestro compañero Bribri, del Clan Uniwak, Sergio Rojas Ortiz. Decisión que, supuestamente, se basa en la falta de pruebas y en la imposibilidad de realizar investigaciones judiciales.

Como Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa, autogobierno del Territorio Bribri de Salitre desde 1979, rechazamos la decisión del Poder Judicial. Decisión que más allá de imposibilidades técnicas, se debe a razones políticas: el racismo permanente en el Estado costarricense.

Es la voluntad política, la complicidad con terratenientes y usurpadores lo que arroja al Estado a esta decisión. Para este, las vidas de los Pueblos Originarios no son importantes y por ello, impulsan a la impunidad como la norma en nuestros Territorios.

Lastimosamente, el caso de Sergio no es el único. El Poder Judicial es diligente únicamente cuando se trata de violentar los derechos de los Pueblos Originarios. Por ello, es que en el Territorio Bribri de Salitre avanzan las medidas cautelares contra nuestros hermanos y hermanas recuperadoras que les imposibilitan habitar y trabajar las tierras que les pertenecen según las leyes nacionales e internacionales. Tal es el caso de Minor Ortiz Delgado, del Clan Túbolwak, quién no puede acercarse a su terreno recuperado y quién además debe lidiar con las amenazas de muerte en su contra por parte de Eliodoro Figueroa Uva, Rodrigo Figueroa Uva y Eliodoro Figueroa Díaz. Todos en libertad, a pesar de ser sujetos a investigaciones judiciales por las constantes amenazas y ataques contra Minor Ortiz Delgado y su familia. A pesar de que el 09 de febrero Eliodoro Figueroa Uva disparara a Minor en su pierna, en un intento de homicidio.

Ante ello, no queda más que la reafirmación de nuestra lucha: la recuperación de nuestras Tierras-Territorios, el fortalecimiento de nuestra identidad y cultura así como la profundización de nuestras formas autónomas de Autogobierno. Lejos de detenernos, de dispersamos, el Pueblo Bribri de Salitre continuará fortaleciendo el camino de la autonomía, la tierra y la libertad en memoria de nuestro hermano del Clan Uniwak, Sergio Rojas Ortiz.

Por tanto, el CODIAW EXIGE:

– Al Poder Judicial a que continúe las investigaciones para esclarecer el asesinato de nuestro hermano Uniwak, Sergio Rojas Ortiz. Esto como acción mínima ante el desacato de las medidas cautelares MC-321-12 dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pro de los Pueblos Bribris de Salitre y Brörán de Térraba.

– La protección a los líderes y lideresas del Pueblo Bribri de Salitre y a los y las recuperadoras de Tierra-territorio; en acato REAL de las medidas cautelares MC-32I-12 que exige la protección de la integridad física y vida de los Pueblos Bribris de Salitre y Brörán de Térraba.

– Un compromiso REAL del Ejecutivo en el impulso de la paz en el Territorio Bribri de Salitre. Paz que solo es posible si las personas no indígenas son DESALOJADAS del Territorio Bribri; medida urgente para el saneamiento territorial. Medida que, reiteramos, es la PRIORIDAD para el Autogobierno de Salitre.

– Que el Ejecutivo tras la concreción de los desalojos, otorgue la posesión al Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa, Autogobierno del Pueblo Bribri de Salitre. Acción que debe ser extensiva a todos los Territorios y Pueblos Originarios: el Ejecutivo debe RECONOCER a las Organizaciones Propias de los Pueblos.

Para más información:
Lesner Tuadiwak
codiawdavedi@gmail.com

Y ahora la tercera muerte de Sergio Rojas Ortiz

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

Para los estados nacionales fundados por los criollos, hace un par de siglos, en esta parte del mundo, no se trata sólo de ignorar los derechos más elementales y la existencia misma de los pueblos originarios de Abya yala, nombre que le daban los kunas a este continente en que habitamos, sino de recurrir a su paulatina exterminación física y cultural como una serie de pasos previos para consumar su eliminación total o conversión postrera. Ese, y no otro, es y ha sido desde el siglo XIX el accionar y la intencionalidad manifiesta de quienes gobiernan todos estos países, de ahí su inacción y complicidad con los asesinatos de líderes indígenas que se cometen a diario en países como Colombia, Honduras, Guatemala e incluso en la pudibunda Costa Rica, un país este último donde los medios de comunicación apoyan, de innumerables maneras, a los terratenientes que se han apropiado de las tierras de los pueblos originarios, se trata de una nación que se declara blanca o caucásica por excelencia, una tan singular dentro de la que “esos otros desconocidos” no pasan de ser una molestia marginal, a lo sumo(que problema con esos “inditos” que no entienden todavía el valor comercial de la tierra), un estado costarricense que irrespeta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas, uno cuyo Poder Legislativo se negó hace ya diez años a votar una ley de autonomía para estos pueblos-nación que quedaron territorialmente, dentro del estado nacional de Costa Rica, uno cuyas autoridades tanto del gobierno central como de los municipios o gobiernos locales se mantienen entre la indiferencia y la complicidad manifiesta frente a la violencia y el atropello, casi cotidiano contra los bribris, cabécares, brorán, teribes, gnäbe bugles y malekus en lucha por recuperar sus tierras usurpadas. La escalada de violencia, con bandas de matones y pistoleros pagados por los terratenientes en los territorios de esos pueblos, culminó con el asesinato de dos importantes líderes de esos grupos étnicos, en el lapso de poco más de un año: Sergio Rojas Ortíz y Jehry Rivera, líder entre los bribris el primero y de los brorán el segundo cayeron abatidos por la violencia homicida, ordenada por poderosos intereses económicos, los que necesitan esas tierras paras sus grandes negocios, y están decididos a quitarse esas gentes de su camino sin entrar en consideraciones humanitarias de ninguna clase, recurriendo incluso a aquellos que han renegado de sus orígenes para consumar el genocidio y el etnocidio simultáneos.

Dado lo anterior, estamos en capacidad de afirmar que no tuvo que transcurrir siquiera un lapso de dos años para que se consumara lo que me atrevo a calificar, sin tapujos ni bobadas de ninguna clase, como la tercera muerte de Sergio Rojas Ortíz. El atroz crimen ocurrido en Salitre del cantón de Buenos Aires, en la noche del 18 de marzo de 2019 fue apenas el inicio de un no tan lento proceso hacia la impunidad y el olvido del crimen cometido en la persona de uno de los líderes más importantes entre los bribris que habitan en el actual territorio de Costa Rica, casi de inmediato se ejecutó su segunda muerte cubriéndolo con una campaña de infamias a través de los medios comunicación más importantes del país, esa muerte consistió en censurar acremente, y recriminar de previo a quienes se atrevan a invocar su memoria como un luchador consecuencia por los derechos de los suyos, con lo que se buscaba no solo deslegitimar esa lucha sino abrir el camino para la impunidad y el olvido.

Cuando apenas ha transcurrido un año y medio del primero de esos asesinatos, el de Sergio Rojas Ortiz, su tercera muerte comienza a abrirse paso en los medios de comunicación social e incluso en las redes sociales, para ello el Poder Judicial declara cerrado el caso ante lo que llama la “imposibilidad” de identificar a los culpables (no se distingue entre autores intelectuales y ejecutores, desde luego) del crimen.

A diferencia de Ramón Mercader, el catalán que asesinó al líder bolchevique León Trotsky en la ciudad de México, cuya tercera muerte viviendo siempre bajo otro nombre, ocurrió en Cuba en 1978, después de haberse convertido en “otro” (Jacques Mornard- Frank Jackson) para cometer el crimen y pasar después veinte años encarcelado en México en esa misma condición enajenada, aquí no es el victimario (recordemos el libro de Jorge Semprún LA TERCERA MUERTE DE RAMÓN MERCADER) sino la víctima en la persona de Sergio Rojas Ortiz, la que es asesinada una vez más, al negar la posibilidad de establecer las responsabilidades de él o los asesinos, abriéndole paso a la impunidad y al olvido en un país sin memoria histórica. Para nosotros, Sergio Rojas Ortiz vivirá siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria, su legado nos pertenece también a todos los que asumimos y respetamos su humanidad, al igual que la de todos sus hermanos de los pueblos originarios que habitan el actual territorio de Costa Rica, quienes merecen todo nuestro respeto y la solidaridad que podamos darles. Que así sea.

Rechazamos la inacción estatal para dar Justicia a Sergio Rojas

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

  • El sistema judicial costarricense ha fallado a su deber de garantizar justicia a los pueblos indígenas
  • Solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impedir el archivo del caso de Sergio Rojas
  • Llamamos a la solidaridad nacional e internacional mediante pronunciamientos

FECON. 25/09/2020. El Ministerio Público de Costa Rica solicitará desestimar y archivar la causa penal por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz del Clan Uniwak del Territorio Bribri de Salitre. Sergio fue asesinado a balazos el 18 de marzo del 2019 en su casa de habitación.  Esto es una burla total y muestra de negligencia del Ministerio Público, ya que alega que esta causa se desestima por la “imposibilidad de localizar a los testigos” y porque “el entorno, la forma de vida en la zona” imposibilito la investigación, lo que demuestra incapacidad, desinterés o racismo en el trato de caso.

La complicidad histórica y constante del Estado costarricense se expresa con el incumplimiento de los derechos indígenas, entre los que destaca el no reconocimiento efectivo sus territorios. La inacción del Estado ha generado que los Pueblos Indígenas en Costa Rica sean perseguidos, criminalizados, agredidos y sus líderes asesinados, siempre bajo una violencia que no es incidental, sino sistemática. Estas acciones criminales han quedado en total impunidad a pesar de las denuncias a las autoridades respectivas.

Por estos hechos:

► Desde la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), con indignación denunciamos que el sistema judicial costarricense ha fallado en su deber de garantizar la justicia para las personas indígenas del pueblo bribri y de los diferentes territorios. Este gobierno ha demostrado ser negligente, racista y neocolonial.

► Hacemos un llamado urgente para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asuma con todas sus competencias la investigación de este caso para que el Estado costarricense en la figura de la Fiscalía General de la República, desista del archivo del caso de Sergio Rojas, realice los allanamientos que correspondan en la investigación de su caso, analice los vínculos del contexto social del conflicto con el asesinato y determine las responsabilidades, para sancionar como corresponde y a quienes corresponda.

► Solicitamos la solidaridad de las organizaciones nacionales e internacionales, para que por medio de pronunciamientos y/o cartas apoyen la causa indígena en Costa Rica y denuncien la violencia sistemática que está operando de parte del Estado costarricense en relación a los derechos indígenas.

En contexto:

Sergio era miembro del Consejo de Autoridades Propias Cuidadores de la Madre Tierra (Ditsö Iriria AjKönuk Wapka de Salitre), fundador y miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI). Lideró las recuperaciones de tierras en su territorio en Salitre de Buenos Aires, haciendo velar la jurisdicción nacional como lo es la Ley indígena de 1977, convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del trabajo, la declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e internacionales.

Sergio se encontraba bajo protección de Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 (MC 321–12–2015) a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos. La falta de aplicación efectiva de estas Medidas por parte del Estado costarricense, se manifestó en la incapacidad de salvaguardar la vida de Sergio.

El asesinato de Sergio Rojas sumó a Costa Rica en el informe del Global Witness 2020 sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Él fue una de las 212 personas asesinadas por defender su territorio, su cultura y el derecho a la vida de cientos de pueblos campesinos e indígenas. Lamentablemente para el 2021 apareceremos de nuevo en el informe, tras el asesinato de Jehry Rivera Bröran del territorio Indígena de Térraba, también de la Zona Sur del país, el 24 de febrero del presente año.

Texto e imagen: FECON

ONU solicita continuar investigación y esclarecer homicidio de Sergio Rojas Ortiz

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San José, 25 de setiembre de 2020 – El Sistema de las Naciones Unidas pidió al Estado costarricense continuar con la investigación del homicidio del líder indígena Sergio Rojas, ocurrido en marzo de 2019 en el Territorio Indígena de Salitre y evitar que este crimen quede en la impunidad.

La ONU destacó que Costa Rica ha sido un país respetuoso de los derechos humanos y tiene plena confianza en que las autoridades judiciales esclarecerán el caso y llevarán ante los tribunales a las personas responsables.

Naciones Unidas recordó el llamado que hicieron los expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Michel Forst, en su momento Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Victoria Tauli Corpuz, en su momento Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en el que urgieron a las autoridades costarricenses a “identificar a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y los lleven ante la justicia, de acuerdo con la ley”.

La organización además ha hecho llamados a sus Estados miembros para seguir impulsando las acciones necesarias con el fin de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra los pueblos indígenas, garantizando también el derecho a la posesión de sus tierras.

Naciones Unidas indicó adicionalmente que ha dado seguimiento a la medida cautelar 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a los territorios indígenas de Térraba y Salitre en la zona sur del país. En este marco, y en procura de prevenir la violencia en más territorios, instó al Estado a procurar que, en el desalojo anunciado para los próximos días en el territorio indígena de China Kichá, tenga en cuenta las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas y los estándares internacionales en materia del derecho a la vivienda y desalojos forzosos, conforme a los compromisos adquiridos por el Estado en los distintos tratados internacionales ratificados en la materia.

La ONU reiteró su compromiso de continuar apoyando al país para impulsar el cumplimiento de los Derechos Humanos y asegurar el derecho colectivo de los pueblos indígenas a seguir libremente su desarrollo económico social y cultural, a determinar sus prioridades y establecer sus estrategias para lograr el desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás.

Fuente: https://costarica.un.org/es/92701-onu-solicita-continuar-investigacion-y-esclarecer-homicidio-del-lider-indigena-sergio-rojas

Información compartida con SURCOS por SERPÄJ.

Sergio Rojas Ortiz y la confirmación del racismo y la negligencia

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Osvaldo Durán Castro (Sociólogo/Profesor ITCR-FECON)

El día del anuncio de la desestimación y archivo de la causa por asesinato de Sergio Rojas Ortiz del Clan U ni wak, es tan nefasto e indignante como el propio 18 de marzo de 2019 cuando fue asesinado, y como el 24 de febrero de 2020 cuando Jerhy Rivera Rivera fue asesinado.

Esa decisión del Ministerio Público confirma el racismo en todas sus expresiones contra la gente indígena. Esa violencia es física, hasta los asesinatos, pasando por la negación de su existencia como culturas, el desconocimiento de sus derechos humanos como personas y como etnias, el no reconocimiento e incumplimiento de acuedos, leyes y convenios como la Ley indígena de 1977, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y las resoluciones y medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos internacionales. En fin: violencia material e inmaterial contra la cultura indígena desde hace siglos, que surgió y se reproducde en la institucionalidad del Estado y también por parte de empresas transnacionales y nacionales. Jerhy, Sergio, Antonio Saldaña y Pabru Presberu, entre muchos, han sido víctimas mortales de esa violencia, pero son apenas los casos más conocidos.

Esos asesinatos no son aislados. Son parte de un patrón histórico de colonialismo que se ejecuta por medio de usurpaciones y violaciones de los derechos básicos de las personas y los pueblos indígenas. Costa Rica no escapa, si no que reafirma, la violencia del sistema económico contra los pueblos originarios, basada en la explotación de la gente y de los territorios indígenas en los cuales yacen muchas de las reservas de materias primas que los negocios persiguen. No por casualidad muchas de las luchas pasadas y actuales de los pueblos indígenass han sido y son contras explotaciones mineras, de petróleo, de monocultivos extensivos, de ganadería, de saqueo de madera, de “investigación prospectiva” de la biodiversidad, que no es más que bio-pirataería, contra represas hidreléctricas y un extenso listado de agresiones contra la Tierra, que para los pueblos indígenas no es una mercancía o cantera de materias primas por explotar.

Costa Rica no es excepcional, aunque se busque ocultar la violencia sistemática y estructural contra los pueblos indígenas. El Informe de Gloabl witness de julio 2020, “Defender el mañana. Crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”, inclye a Costa Rica por el asesinato de Segio Rojas, que fue una de las 212 personas asesinadas en el planeta por defender su territorio, su cultura y el derecho a la vida de cientos de pueblos campesinos e indígenas.

El informe señala que “En muchos países, el derecho de las personas a su tierra y a sus recursos naturales carece de protección, de documentación legal que lo respalde o de reconocimiento” (p. 35). Señala además que “Para abordar las causas estructurales, los gobiernos deberían: Resolver los reclamos pendientes sobre tenencia de tierras y asegurar formalmente, incluso a través de medios legales, el derecho a la tierra de las comunidades y los pueblos indígenas” (p.36).

Lejos de resolver esos conflictos estructurales arrastrados por siglos, en Costa Rica la negligencia y la impunidad estimularán más usurpaciones. Habrá más violencia. Los pueblos indígenas han matenido una calma y silencio que los hacen héroes y heroínas de la no violencia, de la paciencia y de la humildad que los Gobiernos y usurpadores erróneamente han tachado de ignorancia y sumisión. Pero los ataques permanentes, las amenazas, el miedo infundido contra indígenas de todas las edades en sus propios territorios podrían empezar a tener respuestas contundentes de los pueblos originarios, hasta el punto en que la sangre que corra deje de ser sólo de indígenas. Y el Gobierno será el primer responsable. Si el mensaje de la institucionalidad es que la vida de Sergio no vale nada y si el Estado por medio del Ministerio Público aduce que «por la forma de vida en la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos”, se desestima la causa, estamos la manifestación más absurda, negligente y odiosa. Eso es una burla en la cara de la familia de Sergio, una afrenta para cada persona indígena, para todos los pueblos indígenas y para cualquier persona honesta y cuerda de este país y del mundo. Ahora el país no sólo será “famoso” por los asesinatos contra los indígenas, si no también por la incompetenia de sus autoridades judiciales.

El Gobierno debe aceptar que la voluntad de alguno.as de sus funcionarios no es suficiente. Debe pedir mediación internacional especializada. Debe acudir ya mismo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para eclarecer de manera urgente e imparcial este asesinato, y el Jerhy Rivera Rivera. El caso no debe archivarse así de fácil. La demanda y exigencia elemental es que se reabra de inmediato y se llegue a la justicia. El informe de Glonbal Witness señala: “COSTA RICA El 18 de marzo, Sergio Rojas Ortiz concurrió a la oficina del fiscal en la localidad de Yeri, en el suroeste de Costa Rica, para informar sobre las amenazas que había recibido. Esa misma noche lo asesinaron tiros en su casa” (p.15). Su asesinato confirmó que la vida de los indígenas no es de importancia para la institucionalidad de Costa Rica. No fue protegido. A nadie le importó. Pero ahora, el archivo de su caso reafirma un descomunal irrespeto por todos los pueblos indígenas.

Cada persona defensora de los derechos humanos y que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, debería iniciar actos de desobediencia civil, para demostrar que la vida de Sergio, la de Jerhy, y la de cualquier indígena es igual que la de cualquier otro ser humano. Desconocer la resolución del Ministerio Público es un acto de dignidad humana.