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Etiqueta: Ministro de Ambiente

Comunicado de prensa Federación Ecologista. ¿Tiene claro el gobierno de Costa Rica su papel en la COP16?

-Ministro de Ambiente y Energía guarda silencio ante posición país en materia de biodiversidad

-Organizaciones preocupadas por falta de información por parte de las autoridades en materia de la COP16

Desde el pasado 26 de setiembre las organizaciones Coeco Ceiba Amigos de la Tierra y la Red de Coordinación en Biodiversidad enviaron una consulta al ministro de ambiente y energía Franz Tattenbach Capra sobre la “posición país” que lleva el gobierno en los temas más importantes, además, se consultó sobre la composición de la delegación oficial que representará al país en la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (COP16) a celebrarse en Cali Colombia del 21de octubre al 01 de noviembre.

Según reporta el suplemento Ojo al Clima en la COP16 el debate se centrará en cuatro líneas de discusión: 1) Analizar cómo va la actualización de las estrategias y planes nacionales, 2) establecer los indicadores para medir el progreso, 3) los medios de implementación (incluido el financiamiento), y 4)  acordar el mecanismo para el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la información digital de las secuencias genéticas (DSI, por su sigla en inglés).

La consulta hecha por las organizaciones ecologistas no ha sido contestada pese a que ya se han incumplido el plazo de 10 días hábiles establecidos por ley, por lo que se procederá a hacer un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional.

Preocupa que las autoridades costarricenses oculten información de interés en el marco de una conferencia multilateral de gran relevancia como la COP16. Para Mariana Porras de Coeco Ceiba Amigos de la Tierra, “la falta de respuesta ante una consulta legitima sobre la posición de Costa Rica en las negociaciones en materia de biodiversidad puede deberse a dos cosas: una gestión ineficiente, improvisada y poco coordinada por parte del ministro Franz Tattenbach, o un afán por ocultar información relevante para la población costarricense”.

A menos de 3 días de comenzar la COP16, las organizaciones y la población costarricense en general no tiene información sobre las posiciones que llevarán sus representantes ente este espacio multilateral en la que se espera definir cuestiones que son de gran interés para la conservación de ecosistemas y los derechos de las poblaciones indígenas y campesinas.

El ocultamiento de información ha sido la tónica de la administración de Tattenbach en el Minae, cabe recordar el escándalo ya conocido por el ocultamiento de información en el caso del “Parque del Agua” impulsado por la diputada Pilar Cisneros.

Singular apoyo del ministro de Ambiente al proyecto anti ASADAS y anti AyA

Freddy Pacheco León

El señor ministro de Ambiente al fin «puso el huevo» al apoyar el proyecto de nueva Ley de Aguas y, de rebote, nueva Ley del AyA. Acudió a la comisión legislativa que lo tramita (no necesariamente lo estudia) acompañado de uno de los redactores del adefesio, el agrónomo director de Aguas del Minae, señor José Zeledón. La verdad, nos quedaron debiendo, pues esquivaron los puntos cruciales, pese a la trascendencia especial de semejante proyecto y las expectativas que teníamos.

Ese proyecto (el N°23.511), aunque copia varias cosas de los promovidos sin éxito anteriormente, tiene «novedades» nada desdeñables, que pese a su importancia, no han merecido la atención de los que lo proponen y los que lo apoyan, aparentemente sin haber hecho la tarea de ir más allá de la corronga exposición de motivos. Algo que parece darse con don Franz Tattenbach, y que lamentamos, pues, insólitamente, se cuidó el señor ministro de obviar los detalles, para quedarse en algunos párrafos intrascendentes.

No habló, por ejemplo, del traslado de las funciones técnico-científicas que ejecuta el Senara sobre los acuíferos subterráneos, formaciones geológicas fundamentales como fuentes de agua potable, hacia la incompetente Dirección de Aguas del Minae. Tampoco hizo mención de la situación en que quedarían las ASADAS, en caso de quitarle la gobernabilidad del agua al AyA, que tiene, por lógica, la doble potestad de RECTOR y EJECUTOR del agua como bien demanial, como bien de dominio público, como bien social. Situación de la mayor importancia, pues de trasladarse al ministro de Ambiente esa gobernabilidad, más de 1.400 ASADAS que garantizan el abastecimiento del agua potable a más de dos millones de habitantes de zonas rurales, quedarían sin «convenios de delegación»; es decir, sin el instrumento que jurídicamente, les permite administrar el agua de sus comunidades, avaladas por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, la Aresep y la Sala Constitucional. Ello en virtud de que, aunque son asociaciones privadas, cumplen una función de servicio público bajo una sujeción especial con el AyA, que, por cierto, sirve a su vez, 640.000 servicios de agua potable.

De permitir los señores diputados semejante barbaridad, se crearía una situación desastrosa, pues, se estaría PRIVATIZANDO el agua, declarada como BIEN DE DOMINIO PÚBLICO por la Ley de Aguas del Dr. Calderón Guardia de 1942. Para hacer más claro el desaguisado, se establecería la obligación para que ¡el AyA y las ASADAS, deban solicitar concesiones de agua al ministro del Minae, para que, ambas, el hoy ente rector y ejecutor, y las asociaciones privadas delegadas, nos puedan abastecer del líquido vital! Un total despropósito.

Ello, además de que ponen también a ambas (AyA y ASADAS) a pagar un impuesto («canon», le dicen) que habría que trasladar al usuario por medio de las tarifas. Así de malo e indefendible es el proyecto N° 23.511, que CONCENTRA en el Minae, órgano político por definición, potestades que hoy se sustentan en instancias como el Senara y el AyA, donde la ciencia y la técnica, son las que predominan. Así, aunque hablan de «integrar», lo que realmente están proponiendo, es «CONCENTRAR» en un ministro, las funciones y potestades que, inobjetablemente, han de seguir siendo ajenas a criterios políticos que, con razón, provocan desconfianza entre los usuarios. Y peor aún, estarían echando abajo el estupendo y admirable sistema de gestión de agua potable, que realizan las ASADAS, por todo el país. Modelo único en el continente americano que, dolorosamente, algunos quieren acabar con él.

Pintura de Tomás Sánchez

La Asociación Madre Tierra rechaza las declaraciones del ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattembach, en relación con el Acuerdo de Escazú

  • El ministro de Ambiente y Energía reproduce mitos y argumentos falaces socializados por sectores económicos que adversan el modelo de desarrollo sostenible costarricense.

  • Declaraciones emitidas por el ministro al medio internacional El País, provocan preocupación, y pueden generar perjuicio para la imagen del país.

San José, Costa Rica. La Asociación Madre Tierra expresa su preocupación y molestia por las declaraciones emitidas por el ministro de Ambiente y Energía, el señor Franz Tattembach, al medio internacional El País (Publicación del 02 de septiembre de 2022), en las que afirma, entre otras cosas, en relación con el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú que: “No lo vamos a ratificar simplemente porque se llame Acuerdo de Escazú.” – “El acuerdo de Escazú muchos sectores lo ven como no necesario.” “Es que puede trabar mucho más los proyectos de inversión, como carreteras”.

Las declaraciones del ministro no solo faltan a la verdad, son imprudentes y carecen de sustento técnico y científico, se contraponen al modelo de desarrollo de protección del ambiente que, como política de estado ha sido adoptado, impulsado y respetado por varios gobiernos en Costa Rica. Si en algo hemos coincidido los costarricenses, y ha encontrado a todos los sectores políticos a través de generaciones, es en la apuesta al desarrollo sostenible y sustentable; Costa Rica ha apostado a la diplomacia ambiental como uno de sus ejes centrales de su política exterior, consolidada también por sus sólidos principios y valores en la defensa de los derechos humanos, de manera que las declaraciones del ministro muestran incoherencia y una desvalorización del derecho internacional.

Distintas organizaciones internacionales y de banca multilateral, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Europeo de Inversiones (EIB) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) han sostenido que el Acuerdo de Escazú es una herramienta fundamental para generar certeza y estabilidad en las inversiones.

El ministro también reconoce en esa entrevista que no es ambientalista y, se pronuncia como vocero de los intereses de otros sectores económicos y gremios empresariales. En ese sentido le recordamos al ministro, que su responsabilidad principal como rector del sector, es la de velar por la protección del ambiente y de quienes lo defienden.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), la región de América Latina y el Caribe registró constantemente el mayor número de asesinatos a personas defensoras del medio ambiente, produciéndose 933 de un total de 1.323 casos denunciados en esos años (2021). Una reciente investigación publicada en el país dio cuenta de casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en nuestro país. Además, se listan formas de persecución y amenazas documentadas, que incluyen al menos 25 atentados y ataques directos, 10 incendios a casas, locales y 21 casos de amenazas de muerte. Toda esta violencia ha culminado en los asesinatos de 13 personas defensoras del ambiente, los cuales se perpetraron entre 1975 y 2020, y la mayoría se mantienen aún en la impunidad.

Por todas estas razones es urgente la ratificación del “Acuerdo de Escazú” por parte del Estado costarricense. La Asociación Madre Tierra, luego de repudiar las declaraciones del ministro, hace un llamado para que el gobierno de La República remita cuanto antes a la Asamblea Legislativa el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como “Acuerdo de Escazú” y contribuya a crear el ambiente apropiado para su ratificación por parte de esta.

Bach. Ariel Romero Ruiz,

Coordinador Comisión Asuntos Políticos y Legislativos

Asoc. para el Desarrollo Sostenible y Sustentable Madre Tierra

Dr. Alberto Salom Echeverría,

Presidente

Asoc. para el Desarrollo Sostenible y Sustentable Madre Tierra

 

Sobre nombramiento del nuevo ministro de Ambiente

Según comunicado enviado a SURCOS con respecto a la designación del nuevo jerarca ambiental de Costa Rica, ésta “es una decisión de indudable trascendencia, pues luego de varios años de dar tumbos, se presenta la oportunidad de corregir el rumbo equivocado. Son muy diversas las funciones que se derivan de la Ley Orgánica del Ambiente, pero dentro de ellas, es un hecho que los PARQUES NACIONALES, ese gran tesoro nacional, necesitan fortalecer su administración, pero dentro de un esquema estrictamente estatal. No vaya a repetirse lo sucedido hace 14 años cuando un agrónomo que por un par de años fue viceministro en la administración Calderón Fournier, se sintió con poder suficiente como para proponer la mutación del Servicio de Parques Nacionales, en una especie de sociedad anónima, con la función de «Formular y ejecutar la política del Estado en materia de parques nacionales, donde participarían «representantes» de instituciones PRIVADAS y directivos EXTRANJEROS, (…). Después de ese felizmente fracasado proyecto de ley, el caballero volvió a la carga con otro proyecto que alteraba sustancialmente la Ley de Biodiversidad, mediante el cual eliminaba los once directores de las Áreas de Conservación, para trasladar sus muy diversas y particulares funciones, A UN SOLO FUNCIONARIO de confianza del ministro de Ambiente”. Freddy Pacheco León.

Por lo tanto, “Esperamos que el o la nueva ministra del MINAE, sea una persona que nos devuelva la confianza y que respete la legislación ambiental como los Tratados Internacionales para la protección de la vida silvestre, cosa que a la fecha no lo hemos visto, todo lo contrario, la entrega del agua, un desorden en la protección de la vida silvestre, el abandono a su suerte (…), de las Áreas Silvestres Protegidas, entre otros. (…)”. Ma. Elena Fournier.

Ante esta situación, “(…) merecemos un buen ministro de Ambiente, siendo ese uno de los ministerios más importantes. La gestión del ex Ministro Rodríguez dejó mucho que desear. La nula atención a lo que sucede en Crucitas, la falta de claridad en la protección del ambiente hace entrar en contradicción una supuesta política de descarbonización, mientras la expansión piñera, la contaminación de ríos, la externalización de los costos ambientales, la pésima Ley de Aguas que pretenden pasar (que es más de lo mismo y que de nuevo la haremos caer pues contiene los mismos vicios que las anteriores…).

(…)

Un ministro o ministra de Ambiente debe ser un ecologista o ambientalista íntegro, que entienda que hoy día cuidar el ambiente no se reduce a cuidar animalitos del bosque o dejar de talar, hoy día es un asunto de la supervivencia de la especie humana. (…)” Flora Fernández Amón.

*Imagen ilustrativa, UCR.

Ahora es responsabilidad del Ministro de Ambiente

Dr. Freddy Pacheco León.
Dr. Freddy Pacheco León.

Freddy Pacheco León

¿Lo hará en defensa de la legalidad y el ambiente?

Los habitantes hemos de estar muy atentos en lo que vaya a decidir el ministro Gutiérrez sobre las apelaciones que él tiene que resolver sobre el asunto de APM Terminals. Para el caso Crucitas, luego del rechazo de la Setena al otorgamiento de la viabilidad ambiental, el ministro Carlos Manuel Rodríguez acogió la apelación de la empresa minera y con ello permitió que el proceso de la mina siguiera a adelante.

Ahora la apelación es más bien de los que se oponen a la resolución de la Setena favorable a la empresa APM Terminals, y se espera que el señor ministro actúe con plena independencia de criterio y resuelva conforme a la Ley Orgánica del Ambiente y demás reglas sobre la materia.

Para ello, esperamos que tome en consideración que, de acuerdo al contrato, la empresa NO se compromete a ejecutar todas las etapas del proyecto, por lo que plantea con meridiana claridad, que la «isla artificial» del tamaño y forma de La Sabana, podría quedar sin pavimentar en un 50% (unas 40 ha) por lo que el impacto ambiental en caso de no obligar a la empresa pavimentar toda la «isla» sería gigantesco y por siempre… y la anunciada inversión de más de $1.000 millones no sería más que un espejismo.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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Fundación Neotrópica expresa su opinión sobre participación del Ministro del Ambiente y Energía, en la protesta pública relacionada al fallo en el juicio por el homicidio del Ambientalista Jairo Mora Sandoval

Comunicado Oficial

Fundación Neotrópica

En fecha 27 de enero del 2015 nuestra Fundación manifestó: “Con vista en los reportes sobre Derechos Humanos y Ambiente que ha presentado al mundo el Comisionado Especial de las Naciones Unidas en esta materia; con vista de la urgencia de garantizar la seguridad de aquellos que día con día trabajan por la conservación de nuestros ecosistemas y conscientes de la necesidad que tiene nuestro país de sustentar su reputación verde y seguridad jurídica expresamos nuestra mayor preocupación y repudio por las acciones aparentemente negligentes de parte del personal técnico del Sistema Judicial Costarricense que ha llevado al desenlace en primer instancia del juicio penal sobre la muerte del ambientalista Jairo Mora Sandoval con una sentencia absolutoria. Llamamos a las autoridades del país a ejercer las acciones y recursos pertinentes con el fin de garantizar que se cumplan con la justicia y el debido proceso.” Esta manifestación se basa en la más profunda creencia de parte de nuestra institución de la necesidad de que el Poder Judicial sea el garante por excelencia de que la seguridad jurídica es un bastión de la democracia costarricense.

En este sentido la desacreditación en sede jurisdiccional de la competencia técnica y eficiencia de las instituciones encargadas de indagar pruebas, establecer y encausar la acción pública penal en representación el pueblo de Costa Rica es uno de los elementos de más crítica importancia.

Para el jueves 29 de enero diversas organizaciones ambientalistas llamaron a una protesta en diversos lugares del país frente a los edificios de los tribunales de justicia con el fin de protestar el fallo absolutorio en cuestión. Esta protesta tuvo una respuesta tan amplia como su convocatoria. A la misma asistieron representantes de diversos grupos con diversas preocupaciones y agendas específicas. Como se pudo corroborar de la cobertura de medios, algunos grupos expresaron en sus pancartas posiciones de corte político con tintes muy enérgicos. Otros fueron más moderados en esta línea. Muchos mostraron preocupación con la potencial negligencia o falta de pericia del Ministerio Público y su efecto sobre la credibilidad de este órgano. Otros grupos e individuos llegaron para expresar su solidaridad con el impacto que le causó el fallo de primera instancia a la familia Mora Sandoval.

La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia expresó mediante misiva del 2 de febrero al Presidente de la República su posición respecto a la participación del Sr. Ministro del Ambiente en estas actividades indicándole su preocupación pues interpretó la presencia del Ministro como una búsqueda de un resultado determinado en un caso en discusión y, por tanto, una violación de la división de poderes.

Conforme lo corroboran diversos asistentes a la actividad, al intervenir en el micrófono de la actividad, el Ministro Gutiérrez se manifestó en solidaridad con los familiares de Jairo Mora y abogó por que el poder judicial garantizara que los funcionarios del Ministerio Público obraran con eficiencia y calidad técnica de manera que no se dieran situaciones que atentasen contra el debido proceso y la justicia, resultando en impunidad. En similar sentido se manifestó el Presidente Solís ante los medios informativos.

El Ministro Gutiérrez fue tan solo uno de los diversos funcionarios públicos que asistieron a la actividad como se colige de la misma cobertura de medios. Entre ellos varios diputados de la Asamblea Legislativa se hicieron presentes al evento con el fin de expresar diversas perspectivas. Asimismo, somos testigos presenciales de la participación de los Ministros del Ambiente de administraciones pasadas en actos de similar convocatoria amplia.

Por ello, no encuentra nuestra Fundación de la recopilación fáctica del evento que ninguna de las acciones del Ministro Gutiérrez se ajuste a la conducta que describe el artículo 149 inciso 5 de nuestra Constitución Política que establece la responsabilidad para los miembros del Poder Ejecutivo “Cuando impidan o estorben las funciones propias del Poder Judicial, o coarten a los Tribunales la libertad con que deben juzgar las causas sometidas a su decisión.”

De hecho nos parece que su preocupación responde a la defensa de la imagen del país la cual según el reporte del 2013 del Experto Independiente de la ONU, John Knox, resultó positiva sin embargo apuntando que “No es la tarea de las organizaciones sociales ni de las personas comunes poner su vida en riesgo para proteger el ambiente. Esas funciones de policía son tareas que deben estar en manos de los gobiernos”. Asimismo, como parte del contenido de la puesta en práctica de los derechos consagrados en el artículo 50 de nuestra constitución reiteró la importancia y el derecho de la sociedad civil de participar en tareas que son fundamentales como en los procesos de toma de decisiones, concientización pública, acciones de educación, activismo y hasta en ciertos casos la protesta social.

Asimismo, consideramos que con la debida propiedad estas acciones son plenamente consecuentes con el artículo 9 de nuestra constitución que hoy día reza que “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial” (el subrayado es nuestro).

 

Enviado a SURCOS Digital por Tony Villalobos.

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