El próximo miércoles 8 de diciembre, a las 7:00 pm (Centroamérica y México), en el marco del Día de los Derechos Humanos, se realizará la presentación editorial: «Punitivismo misógino: el estado de la cuestión del aborto en Centroamérica”. Se contará con la participación de:
Nery Chaves García, comunicadora social y aurora de la publicación
Soledad Díaz Pastén, de Colectiva por el Derecho a Decidir.
La transmisión se llevará a cabo mediante Facebook Live: Rosa Luxemburgo México o por violeta radio.
Por Memo Acuña. Sociólogo y escritor costarricense.
Vaya usted a saber qué idea literaria estuvo en la mente y la cabeza de quienes con tino y un poco de ironía procedimental endosaron el flamante nombre de “Caso Diamante” a los recientes actos de corrupción ventilados a la opinión pública costarricense con la participación, hasta ahora sólo indicada más no comprobada en las instancias judiciales, de seis alcaldes y funcionarios representantes de la empresa privada, en específico una de las empresas constructoras que viene siendo cuestionada por, también, otros actos de corrupción que la inspiración narrativa endosó con el nombre de “Cochinilla”.
En ambos episodios, su “denominación de origen” caló hasta los huesos en una opinión pública ya un poco desgastada de tanta recurrencia, persistencia, pero también de tanta impunidad en ese deporte de hacerse con las cosas ajenas, disponer de ellas, lo que lo ha convertido en el sexto sentido nacional.
Entre las alcaldías cuestionadas recientemente en la figura de su máximo representante, se encuentran dos municipios cuya lógica público-privada ha sido leitmotiv de su gestión.
Esta relación no es suficiente, sin embargo, para explicar la buena salud de algunos índices como el IDS (Índice de Desarrollo Social), en el que tanto San José como Escazú muestran buenas ubicaciones.
Es suficiente con darse una vuelta por el Escazú de la globalización, no el rural ni el periférico claro está, para percatarse de la forma como la inversión, en particular infraestructural, mobiliaria y el desarrollo de una economía de servicios orientada a atender a una franja de población local y extranjera con altas capacidades de consumo, ha convertido a este cantón en copia fiel y reproducida de otros escenarios fuera de nuestras fronteras.
Ahora uno se pregunta con un poco de malicia, si esa opulencia no provendrá también de los amaños y entuertos con que algunos vivillos han asumido para su beneficio, la función pública.
El tema de lo político y su definición en el plano local es complejo y necesariamente requiere con urgencia de otras formas de discutirse.
La separación de las elecciones nacionales y municipales no cumple aún 10 años de haberse implementado, pero es preciso volver a replantearse los esquemas de escogencia de las autoridades locales, estudiar sus redes y encadenamientos “hacia atrás y hacia adelante” y valorar los procesos de participación comunitaria, tan corroídos por el lenguaje del empoderamiento que sigue escondiendo los desequilibrios y las desigualdades imperantes en todos los espacios sociales.
Sin embargo, el fondo de este marco de fragilidad de lo local en sus instancias organizadas como las mismas municipalidades, sigue presentando el lastre de lo colonial como organización del poder que se enquista en todas las estructuras formales y no formales en funcionamiento.
Las declaraciones racistas, misóginas y discriminatorias del alcalde del cantón de Matina, Walter Céspedes, deben ser contextualizadas en el marco de una extensa e histórica relación de subordinación en que las comunidades originarias han quedado posicionadas. Más allá del antecedente, desafortunado y grave, lo que estas declaraciones señalan es una costumbre enraizada que se ha convertido en práctica recurrente y hasta naturalizada.
La forma y el fondo con el que muchos de los líderes locales establecen su relación con la población a la que sirven, continúa marcada por más de 200 años de clivaje colonial en el que género, etnia, clase social y nacionalidad son dimensiones intervinientes en la construcción de dinámicas absolutamente espurias, de dominación y control sobre los cuerpos y los territorios.
Quisiera terminar señalando una apostilla a esta reflexión. El lenguaje en todos sus extremos es una herramienta de comprensión del entorno. Pero también es una herramienta política que puede llegar a ser utilizada para avasallar e insultar, como en el caso del tristemente célebre alcalde ya mencionado.
Conviene posicionar estos temas en la formación permanente a nivel municipal, así como se discuten los presupuestos locales o la planificación territorial, a fin de desterrar de una buena vez este tipo de enfoques que aún hoy en día siguen atravesados por el lastre colonial que gobierna nuestros países. Empecemos por el plano local. Luego ampliemos su alcance.
A raíz de la liberación del principal sospechoso de la autoría intelectual de los femicidios de Fernanda Sánchez Aguilar y de Raisha Ríos Sánchez manifestamos.
Luego de la abundante y contundente prueba aportada por el OIJ, es inexplicable e injustificable la medida de dejar en libertad al sospechoso Carmen Fabio Ríos Garro, pareja y padre de las víctimas y presunto autor intelectual de sus muertes.
Reclamamos al Poder Judicial, específicamente a los jueces de Cartago, por seguir con una conducta de desprecio y misoginia en contra de las víctimas de femicidio y sus familias. En los últimos meses hemos visto con tristeza su accionar en los casos de Luany, Alisson y ahora con Raisha y Fernanda. Alejados de las consideraciones y realidades de la violencia estructural y sistémica en contra de las mujeres. Que solo refuerza estas conductas violentas y despreciables. Que además envía un pésimo mensaje a la sociedad y rehúye el papel formador y ejemplarizante que le corresponde a la administración de justicia en un Estado de Derecho.
Apoyamos a la familia Sánchez Aguilar y exigimos que la justicia llegue pronto a aliviar y reparar sus vidas. Los jueces no pueden seguir desconectados de la realidad que viven y sufren con sangre y muerte las víctimas y sus familias. No están solas. Grupo de Familias Sobrevivido al Femicidio.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En su texto poético “Sermón del Migrante (a la sombra de una ceiba)” el escritor chiapaneco Balam Rodrigo relata el paso de riesgo y dolor de las personas migrantes centroamericanas por México.
Tan solo en un fragmento de ese texto inicial del galardonado “Libro Centroamericano de los muertos” (FCE, 2018) recoge toda la dimensión de la actitud hostil de una industria migratoria mexicana y de otros países de tránsito, conformada por múltiples actores, hacia las personas que se movilizan por su territorio buscando frontera con Estados Unidos:
“Y vi claro como sus costillas eran atravesadas por la lanza circular de los coyotes, por la culata de los policías, por la bayoneta de los militares, por la lengua en extorsión de los narcos, y era su sufrimiento tan grande como el de todos los migrantes juntos, es decir, el dolor de cualquiera” (Rodrigo, 2018).
Pensar en el atravesamiento de los cuerpos de las personas migrantes en tránsito, en su vulneración por un poder real que utiliza la violencia en todos sus extremos como forma de imposición, es aludir a una política del exterminio como organización y administración migratoria.
La noción de Necropolítica acuñada por el filósofo camerunés Achille Mbembé alude a la forma como el poder define cuáles vidas importan y cuáles no, en un juego de decisión en el que la principal acción no es matarles, sino dejarles morir.
El sábado 27 de marzo 4 agentes de seguridad (tres hombres y una mujer) del mexicano municipio de Tulum en Quintana Roo, redujeron por la fuerza y a la mínima expresión a la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, madre de dos niños y poseedora de visa humanitaria en aquel país. Mientras ella imploraba por su vida, estos representantes de los órganos de seguridad mexicanos decidieron por la vida de Victoria: la dejaron morir mientras la castigaban según ellos con una acción ejemplarizante.
La autopsia practicada a Victoria determinó la fractura de la primera y segunda vértebras cervicales que le produjeron la muerte. En los videos que circulan sobre su asesinato, que confieso no he logrado ver aún y me resisto a ello, se aprecia un uso de la fuerza desmedido, un ensañamiento y una brutalidad comparada con el más odioso racismo y la más burda misoginia que puedan existir.
En manifestaciones lideradas por colectivas feministas en Tulum se leen frases directas y ciertas, escritas en pancartas levantadas con vigor por las manifestantes: “no se murió, la asesinaron”, “el sistema mató a Victoria”, “El paraíso huele a sangre”.
Y es que la movilidad ahora está proscrita. Es concebida como peligrosa. Por lo tanto hay que eliminarla. Como le pasó a Elvin Mazariegos, ciudadano guatemalteco abatido a tiros por el ejército mexicano al trasladarse a Chiapas a comprar mercancías. Un acto centenario hecho por generaciones de generaciones de guatemaltecos (y también de mexicanos que cruzan hacia Guatemala con el mismo objetivo) es ahora criminalizado y disuadido de esta manera, tan absolutamente violenta e inhumana.
Estos tiempos de excepcionalidad y pandemia han logrado instrumentalizar la violencia contra las personas migrantes en todas sus variantes. Y los riesgos permanecen. Justamente por estos días ya se anuncian nuevas salidas de colectivos de migrantes desde Honduras, país que recién empieza a conocer formalmente los estragos de una corrupción narco-política en la cual sus altos mandos han tenido participación directa.
La comunidad internacional calla y es timorata y el cuerpo diplomático acreditado en aquel país es cómplice al no alzar la voz para terminar con la impunidad de las clases dirigentes hondureñas. De este escenario complejo se anuncian nuevas salidas de personas buscando sobrevivir lejos, muy lejos de su patria.
La victoria de la esperanza tendrá que esperar por ahora. Lamentablemente es la victoria del poder y la violencia irrestricta y sistemática sobre los cuerpos migrantes la que campea. Esto tiene que cambiar. Absolutamente. Para siempre.
La violencia contra las personas que se movilizan es multidimensional. Y no por ello debe ser posible y legitimada. Un telenoticiario costarricense ha tematizado ya durante varios días sobre los ingresos irregulares de personas nicaragüenses al país. Los contenidos de sus notas orientan la conformación de opiniones públicas sesgadas contra esta población.
Solo esperemos que hechos como los ocurridos en México no tengan réplicas en nuestros contextos. Suficiente violencia simbólica experimentan quienes vienen a contribuir con el 12% de la economía costarricense para someterse a nuevas formas de vejación. Ya en 2018 tuvimos las primeras manifestaciones físicas de cierto odio exacerbado, violento y nacionalista en una marcha de la vergüenza en San José, la capital costarricense.
La victoria de la esperanza se alcanzará cuando una sola de las personas que se movilicen en el mundo dejen de ser criminalizadas y violentadas por el sistema económico, social e institucional imperante. Yo sigo aguardando por ese momento.
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
¿Usted que quiere sembrar hoy?, fue la pregunta que los artistas del Colectivo Artenmutación le hicieron a los participantes del III Simposio Internacional en Violencia y Sociedad; para incitar a la reflexión sobre la papel que ejerce cada persona en la construcción de la sociedad. – foto Karla Richmond.
Un impactante performance del Colectivo Artenmutación sobre la forma en que las migraciones, la exclusión social y la violencia de género impactan la vida de los pueblos centroamericanos inauguró este jueves 22 de junio el III Simposio Internacional en Violencia y Sociedad en la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La actividad es coordinada por el Programa de Investigación en Violencia y Sociedad del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IPP) y llega a este campus de la institución, tras desarrollar tres días de reflexión, análisis y discusión en las Sedes Caribe, Pacífico y Guanacaste.
El acto contó con la participación de la directora del Programa Violencia y Sociedad, M.Sc. Mónica Vul, la directora del IIP, Dra. Vanessa Smith, el rector de la UCR, Dr. Henning Jensen Pennington y la reconocida investigadora mexicana Dra. Julia Monárrez, quien impartió la conferencia inaugural.
El Dr. Henning Jensen Pennington expresó la complacencia de la institución por albergar este espacio que aborda las diversas manifestaciones de la violencia, las cuales, son parte de una realidad que impacta diariamente a todas las personas y sociedades.
El jerarca reconoció el compromiso que debe tener la academia para “sostener” la legitimación de estos actos y para dar lugar a la generación de preguntas y respuestas que ayuden a “cultivar una cultura de paz”.
“Este tipo de espacios nos permiten sembrar esperanza y vislumbrar que existe la posibilidad de un mundo diferente, en el cual podamos convivir los unos con los otros y donde no se establezca esa lógica de que para erradicar la violencia debemos ser igualmente violentos”, enfatizó.
El Dr. Henning Jensen Pennington expresó el compromiso de la institución en la construcción de una reflexión crítica sobre la violencia y sus diversas manifestaciones. – foto Karla Richmond.
La M.Sc. Mónica Vul resaltó la oportunidad que ofrece este espacio académico, cultural y de acción social para tejer redes de trabajo sobre temas que merecen un espacio de reconocimiento crítico, pues son marginados y espectacularizados desde ámbitos como los medios de comunicaciones y los discursos autoritarios.
“La violencia nos interpela cada día con mayor dureza, radicalidad y crueldad y se mantiene constante, son los dispositivos del prejuicio social, desde las cacerías de brujas a la violencia racial contra jóvenes, contra las diversidades, la crueldad contra los cuerpos vulnerabilizados, la creciente misoginia y homofobia”, enfatizó.
La psicoanalista afirmó que la actividad rinde un homenaje a los estudiantes que fallecieron en enero pasado como resultado de un acto brutal de violencia en el cantón Liberia, así como a la joven universitaria que murió atropellada en las afueras de la institución en octubre del año anterior.
Por su parte, la Dra. Vanessa Smith afirmó que como resultado del simposio se pretende dar lugar a la creación de una red de trabajo y cooperación interuniversitaria, que enfatice alianzas en Latinoamérica y favorezca la implementación de una agenda de investigación sobre violencia.
Conferencia inaugural aborda desciudadanización de las mujeres
Como parte de la inauguración del simposio, desarrollado en el marco de la Declaratoria del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 2017: universidades públicas por la vida el diálogo y la paz; tuvo lugar la conferencia “Violencias sistémicas contra las mujeres y la construcción de las no ciudadanas”.
La investigadora mexicana Dra. Julia Monárrez compartió una serie de reflexiones y anécdotas relacionadas con su trabajo de investigación sobre la violencia que experimentan las mujeres en Ciudad de Juárez, estado de Chihuahua en México.
En este espacio, la reconocida investigadora mexicana Dra. Julia Monárrez, se refirió a las implicaciones sociales que generan alrededor del mundo las diferentes formas de violencia contra las mujeres y particularmente el feminicidio.
Según la investigadora, la muerte de las mujeres a manos de sus parejas o de otros hombres es un reflejo de la dinámica de desigualdad y discriminación de género a la que son sometidas de forma naturalizada y que las convierte en “sujetos matables, desechables”.
Denunció que además de atribuir la reproducción como una condición intrínseca al ser mujer o relegarlas al ámbito de lo privado como si se tratara de “un campo de concentración”; también se culpabiliza a la mujer por los abusos y la violencia de la que es víctima.
La Dra. Monárrez se basó en su experiencia de investigación en Ciudad Juárez, ciudad de la que es oriunda, para denunciar que pese a las altas estadísticas de muerte y desapariciones forzadas, los crímenes se mantienen en la impunidad.
La experta concluyó que sumado a la ausencia de acciones por parte de las autoridades para hacer justicia a las víctimas y a sus familias, “se repite la barbarie” y se convierte a las mujeres en “no ciudadanas”, como seres carentes de acceso a derechos y la aplicación de la ley.
