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Etiqueta: Moisés Roberto Escobar

Semos buenos con los ajenos y malos con los propios… Salarruè but not Salarruè

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Moisés Roberto Escobar
Investigador asociado FUDECEN Centroamérica

Las noticias del «despegue económico» salvadoreño dan cuenta de una transformación amplia, como en ciclos anteriores y del antaño nacional. Múltiples análisis y la obviedad de la realidad salvadoreña evidencian el acelerado y reciente avance social y económico de El Salvador, empujado por la mejora en la seguridad pública y el avance en la consolidación de un sistema de gobierno centralizado.

Lo inusitado es la posibilidad desde una práctica de la consolidada gobernanza nacional y de absolutismo del órgano Ejecutivo, junto con los resultados en materia de seguridad pública. Ahora, surgen ingentes oportunidades de dinámica eco sectorial que, se acompañan de políticas profundas de incentivos a la inversión, como la atracción de inversiones directas y para sectores económicos específicos.

La fórmula parece dar resultados. Por ejemplo, en el último semestre 2025 se identifican crecimientos intersectoriales de hasta 33%, aumento del financiamiento y de los incentivos para la Inversión Extranjera Directa, ocupación acelerada de suelos que transforman sus usos.

Por otra parte, destaca la política transaccional de USA que anula ciertos aranceles en canje por medidas de salvaguardas ambientales. Es decir, de lo último, posibilita un proceso de aumentos en las exportaciones desde El Salvador y para algunos sectores. Rubros como el agro, la industria diversificada pueden tener posibilidades de insertarse a la bonanza económica.

Es necesario definir quiénes se benefician, cuáles son las oportunidades y cómo impulsarlas para lograr un desarrollo sostenible, resiliente y de bienestar asequible.

Por qué, porque la economía salvadoreña desde su liberalización (la más profunda y reciente en los años 90) se preparó para la inversión y los agentes económicos del extranjero, pocamente con un refuerzo de lo local bottom – top. Lo que, además de provocar un fenómeno de expoliación y fuga de riquezas, que aunque emplea y produce mano de obra, provocó una precarización laboral, como también, una precarización de la naturaleza. Mayormente con aspectos de baja recaudación para los grandes capitales, aumento de la contaminación y el deterioro territorial, como también de la privación y la reducción de oportunidades de mejora en los sistemas de bienestar (como la educación, la salud, los servicios básicos domiciliares) y, ahora, aparecen los fenómenos de la gentrificación, del crecimiento de las prácticas fiscales regresivas, …

Y en la patria grande ¿cómo vamos?

Recientemente la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) a través del Centro de Estudios para la Integración Económica (CEIE), en colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (SECOSEFIN) publicaron el Informe económico regional 2023 – 2024, el informe señala, que:

a) una leve desaceleración al 5.4% en 2025.

b) El sector servicios, que se recuperó tras la pandemia de COVID-19, registró un aumento de 13.9%, alcanzando los USD 58,253.1 millones.

c) la tasa de empleo fue de 94% y una tasa de desempleo de 5.9%. El empleo formal creció en la región, aunque de manera desigual, con porcentajes entre 7.8% y 1.7%

d) Los ingresos tributarios aumentaron, alcanzando un promedio de 14.1% del PIB (SECMCA – SIECA, 2024)

Además, en el informe se identifican los principales productos de exportación que a los que la región centroamericana podría fortalecer integralmente, mostrados a continuación:

De las exportaciones regionales, USA representa el 49.7% del total exportado (+1.% con respecto al periodo anterior), seguido de la Unión Europea (19.4%), República Popular de China (4.7%), México (3.35), Japón (2.5%), Canadá (2.0%), Puerto Rico (2.0%, redujo 16.3%) y Haití con 2.0%, el cual redujo 28%.Destacando, también, la relevancia del comercio entre los países del propio continente americano, equivalentes a tres cuartos de la dinámica comercial de exportación (SECMCA – SIECA, 2024).

Ahora bien, las economías centroamericanas tienen una estructura y composición mayoritariamente de sectores de economía popular, informal, empresas micro, pequeña y mediana, hasta para nueve de cada 10 negocios en algunos países, y solo uno/10 corresponde a grandes empresas. Donde, las empresas MYPE y, posiblemente los sectores de economía popular – informal emplean a más del 70% de la población ocupada, generan más de la mitad de la economía nacional, que a su vez se complementa con cerca del aporte del 20% que representan las remesas (Forbes, 2025; Forbes, 2025b; FUSAI – FLACSO, 2025; La Prensa Gráfica, 2023).

En la narrativa salvadoreña expuse y dejé para intuiciones, someramente, desde el aporte de los sistemas locales económicos, luego la contrariedad o yuxtaposición de la gobernanza y la gobernabilidad que les arremete en desprotección. Contrario a lo ocurrido con las diversas prácticas y mecanismos de fomento, incentivos, exenciones y otros pleonasmos hacia el extranjerismo o fomento de aquello que no viene desde las bases comunitarias y agentes económicos oriundos, como las MYPE y sectores de economía popular – informal. Esto, para el caso centroamericano lo dejo a: “por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:16). Es decir, nuestros gobiernos desprotegen, abandona y arremeten contra nuestros principales agentes oriundos de economía y salvaguardan e impulsan extranjerismos. OjO, abogo por reequilibrios, no por extremismos.

Insisto en la obviedad: si las economías centroamericanas crecen, con dinámicas expansivas intersectoriales altísimas, para sectores como el turismo, la construcción, el financiero, por señalar algunas ¿Por qué eso no se traduce en progreso integral, estructural y mejoramiento en la calidad de vida y bienestar de las personas?, ¿Qué ocurre con toda la riqueza generada?, ¿Cómo se genera y distribuye la riqueza?, ¿Por qué si nos enteramos que existe una elevada generación de riqueza, que no se distribuye en la proporción y justicia/costos con la que se genera, continuamos apalancando a sectores expoliativos?

Hagamos dialéctica y mayéutica (ya iniciada antes). Nos urge (además de todo lo otro que también urge y prioriza), explorar, analizar y evaluar la costo – efectividad de las políticas públicas. Principalmente, nos debe increpar y mover hacia el fortalecimiento de los agentes locales, los insertados en los sectores de economía popular, informal, MYPE, de inversión extranjera directa, aportantes de remesas. Esto para dar la debida transición y el apropiado reequilibrio que nos haga de la gobernanza y la gobernabilidad reivindicaciones costo – efectivas. Esto quiere decir: volver la mirada hacia lo propio, a lo interno, a lo endógeno, y fortalecer las economías locales de proximidad y de capacidad productiva, industrial, comercial y de servicios en modelos mixtos de negocios, como el público, cooperativos – solidarios, privado que, den debida cabida al progreso integral de nuestros territorios.

Entonces, pienso yo (desde lo que alcanzo a saber y designoro más…), debemos:

1) volver aceleradamente (ipso facto) a la recuperación de los sectores locales de producción e industria, mediante zonas de protección y territorios económicos especiales para

2) rescate y fortalecimiento de sistemas de economía cooperativa – mixtos público/privado

3) recuperar los mecanismos de compras públicas locales

4) fortalecimiento de los sistemas multipolares/de escala de producción, industrialización y comercio encadenados

5) fomento del financiamiento condicionado, multiparamétrico y diferenciado de los sectores estratégicos – clave

6) continuar la apertura comercial internacional expansiva, mayormente con la debida integración Centroamericana…

7) avanzar y concretar la república centroamericana, como praxis de cohesión, cooperación, unionismo, articulación y coordinación económica, política, administrativa – logística porque “unidos somos más fuertes y, nadie se salva solo”.

Esto es posible (para el caso salvadoreño), actualmente el poder Ejecutivo mantiene una gobernanza absoluta, irrestricta, solo falta voluntad e interés superior por el bien común. Y, para Centroamérica, reivindicando y sanando a su Sistema de Integración, a su Organización de Estados Americanos, a sus entidades regionales bancarias y demás organismos centroamericanos.

El crecimiento económico no se traduce en bienestar integral por la concentración de riqueza y falta de políticas redistributivas. Urge fortalecer agentes locales y evaluar la costo – efectividad de las políticas públicas

#LetsGo… #CallToAct #NotRegrets #HagamosUbuntu

Referencias:

El Diario de Hoy, El Salvador. (2025). Gremiales celebran acuerdo comercial con EE. UU. y destacan su alcance para exportaciones e inversión. Recuperado de : https://www.eldiariodehoy.com/economia/gremiales-celebran-acuerdo-comercial-con-ee-uu-y-destacan-su-alcance-para-exportaciones-e-inversion/47089/2025/

Forbes (2025). Honduras, segundo país con mayor empleo informal en Centroamérica, según informe regional. Recuperado de https://forbescentroamerica.com/2025/07/24/honduras-segundo-pais-con-mayor-empleo-informal-en-centroamerica-segun-informe-regional

Forbes. (2025b). Envío de remesas a Centroamérica rompió récord en 2024. Recuperado de https://www.revistaeyn.com/inteligencia-eyn/envio-de-remesas-a-centroamerica-rompio-record-en-2024-EP23862464

FUSAI (Fundación de Apoyo Integral) – FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). (2025). El Estado de la MYPE 2025: La otra cara de la economía. Recuperado de https://observatoriomype.org.sv/el-estado-de-la-mype-2025-la-otra-cara-de-la-economia/

Banco Central de Reserva. (2025). Estadísticas y datos de PIB, IVAE, exportaciones, importaciones. Recuperado de https://estadisticas.bcr.gob.sv/

La Presan Gráfica. (2023). Peso de remesas en economía ha subido 8 puntos en 10 años Recuperado de https://www.laprensagrafica.com/economia/Peso-de-remesas-en-economia-ha-subido-8-puntos-en-10-anos-20230129-0054.html

SECMCA (Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano) – SIECA (Secretaría de Integración Económica Centroamericana). (2024). Informe Económico Regional 2023 – 2024. Recuperado de https://www.secmca.org/informe/informe-economico-regional-anual/

Nota. Salarruè es el escritor salvadoreño Salvador Salazar Arrué, que en su obra Cuentos de barro titula uno llamado «Semos malos», parafraseado en esta nota y con más detalles del escritor acá: https://www.unesco.org/es/memory-world/lac/salvador-salazar-arrue-salarrue-archive-xxth-century

¡Dios te salve patria sagrada! Y, ¡líbranos del mal, también!: El nuevo El Salvador como espejismo de una realidad que todavía no llega

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Moisés Roberto Escobar
Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
LinkedIn https://sv.linkedin.com/in/moisesrobertoescobar

Lo único constante es el cambio, señalaba el filósofo griego Heráclito. Que cambie, y todo cambie no es extraño, parafrasea Mercedes Sosa con su canto. Sin embargo, desde una praxis asumida de la responsabilidad, conviene la introspección de visibilizar a aquellos cambios que deben re-cambiarse, como los que implican un deterioro en la calidad de vida y de oportunidades de la población.

Para este caso, se plantea brevemente el tema de la desigualdad económica. Un análisis del cambio evidenciado desde la estadística oficial para el contexto salvadoreño. Así, utilizando algunos parámetros de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del periodo 2019 – 2024 se ofrecen algunos elementos que dan cuenta de la situación socioeconómica que enfrentan los hogares y las personas en El Salvador.

Así, importa dimensionar para imaginar la realidad socioeconómica, partiendo de los que están en mayor desventaja estructural. Para ello, se emplean dos indicadores ampliamente utilizados en la medición y comprensión de la desigualdad: el coeficiente de Gini y el índice de Theil. Ambas medidas identifican umbrales de igualdad y de concentración del ingreso, bajo una escala de entre 0 y 1, donde un valor de 0 significa igualdad perfecta (todos tienen el mismo ingreso), mientras que 1 significa desigualdad total (una persona concentra todo el ingreso).

Dicho lo anterior, veamos los datos. Para el año 2024 el valor de Gini del ingreso familiar fue de 0.43 y su valor per cápita de 0.42, mientras que para Theil de los ingresos familiar y per cápita fue de 0.31. Ahora bien, al año 2019 estos valores eran de 0.40 en Gini para los ingresos familiar y per cápita, 0.29 el valor de Theil para la distribución del ingreso familiar y 0.30 en el ingreso per cápita. Lo que en términos generales evidencia un incremento del 5.33% en la distribución de la desigualdad del ingreso salvadoreño.

Cabe señalar que las encuestas de hogares son instrumentos muestrales. Además, presentan limitado acceso a ciertos estratos económicos, junto con desafíos de representatividad, aleatoriedad y confiabilidad de los datos. Esto, es importante en los aspectos económicos donde puedan darse una mayor variedad de subregistros, como los señalados al respecto de la población y hogares de los mayores estratos socioeconómicos. Implicando que, posiblemente los parámetros de desigualdad sean bastante conservadores y, las brechas de desigualdades sean superiores a las estimadas.

Ahora bien, ¿Qué implicaciones tiene la prevalencia o profundización diferenciada de la desigualdad económica? Hay una robusta evidencia que señala la relación directa entre la desigualdad económica con la mala calidad de vida y privaciones del bienestar, mayormente en elementos fundamentales, como son la salud, la educación, el empleo, la recreación y de oportunidades de progreso integral.

Para profundizar un poco en los aspectos en el que la desigualdad tiene evidenciadas implicaciones, destacan algunas referencias obtenidas para el periodo cercano de 2023 – 2024, como:

  • en El Salvador se perdieron cerca de 52,000 empleos. Esto para la población en edad de trabajar (mayor o igual a 16 años)

  • incrementó 3.12% el hambre en los hogares: En 2023 la inseguridad alimentaria desde la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) fue 15.76% y en 2024 18.88%

  • la pobreza extrema pasó de 588,917 personas en 2023 a 610,272 en 2024. Hubo una profundización intersticial e interseccional, acentuándose para niñez, juventud y mujeres. Aunque el total de pobreza redujo 1.85%

¡Hagamos un énfasis!: el agro, es el sector fundamental del país que desaparece estrepitosamente. Para el año 2024 la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca empleaban alrededor de 400,000 trabajadores, equivalente a cerca del 14% del total de ocupados en el país. Pese a la alta ocupación laboral, solo contribuyó en menos del 5% del PIB nacional, lo cual ha sido constante desde el año 2000 a la fecha. En paralelo, la ocupación agrícola decrece históricamente, para el caso, el subsector de pesca redujo su ocupación laboral en 53.47% y 13.05% en agricultura, ganadería, caza y silvicultura con respecto al periodo 2019 y 2024. El horizonte temporal señala la persistencia hecatómbica del agro salvadoreño.

En estudios previos se identificaron brechas sustanciales en la distribución y, potencialmente, la acumulación de la riqueza, como también de acceso a oportunidades de bienestar. Por ejemplo, en el último decenio hasta en seis de cada 10 hogares se padeció hambre por razones económicas; el 10% de la población con los ingresos más altos gana entre cinco y hasta 30 veces más que el 90% del resto de población; solo un cuarto de los trabajadores cuentan con algún sistema de protección social contributivo, como seguro y pensiones; o que solo cerca de cuatro de cada 10 hogares cuentan con acceso a algún tipo de espacio público recreativo, y de estos, solo la mitad los utiliza, debido a factores como la cercanía, calidad, variedad de infraestructura, etc.

Ahora bien, esto no es cuestión de un deterioro estructural de la macroeconomía, sino de la distribución de la riqueza. Una distribución de los agentes económicos (empresas, ONG, gobierno). Ello, porque la economía nacional creció 3.7% para el segundo trimestre 2025 con respecto al II trimestre 2024 y, creció 3.97% en términos del PIB real en el periodo 2023 – 2024. Esto sin considerar las variaciones intersectoriales que, muestran incrementos exponenciales para algunos sectores económicos. Es decir, la dinámica económica del país es alcista, modestamente, pero, alcista.

Entonces, ¿cómo se explica que mientras hay un crecimiento económico, este no se distribuya entre todos sus agentes económicos, impulsando progreso justo? Sin duda, parte de la respuesta se intuye desde los indicadores de Gini y Theil: la distribución de la riqueza por la prevalencia de la desigualdad estructural y subyacente, imperantes.

Lo anterior, deja intuir, también, que hay un proceso estructural de captura, concentración y acumulación de riqueza: inequitativo y, asimétrico. Donde para unas mayorías esa inequidad se materializa en múltiples precariedades y privaciones, mientras para los más favorecidos y receptores de la mayor riqueza, solo acrecienta su status quo. Me hace pensar en la simbiosis o un mutualismo de entropías, que conduce inexorablemente al deterioro, como se evidencia en las manifestaciones del ingente ecocidio que ahora perjudica todo y a todos. El desequilibrio nos daña a todos.

Pero, ¡alto! Esto es no es una narrativa de pesimismo, ni conmiseración, peor, de inercias del ceteris paribus (una falacia economicista). ¡Ojalá y sea una sacudida reivindicatoria! Actualmente, el territorio salvadoreño mantiene un régimen de gobernabilidad que permite cualquier transformación (la transformación es un eslabón mayor al cambio). Por lo que, al ya asumido direccionamiento por la seguridad social, le sobrevienen la recuperación económica y el bienestar humano – ecológico. Es este ámbito al que aludo: la urgencia por un nuevo pacto social y económico, donde se gestionen los debidos reequilibrios y se impulsen las transiciones necesarias, como las que identifico a continuación (con cierta utopía y un tanto de paroxismo):

  • La progresividad fiscal y ampliación diferenciada de los sujetos tributarios,

  • El fomento estratégico de sectores productivos e industriales junto con los sectores de tecnología e innovación,

  • La integración diferenciada y multiparamétrica de los sistemas de economía popular e informal,

  • La diversificación productiva y de servicios de alto valor,

  • El fortalecimiento de los sistemas de protección social contributivos y no contributivos,

  • La flexibilización y agilización de trámites, de logística comercial y de relaciones transaccionales,

  • La recuperación de los sistemas públicos de salud, educación y, desarrollo de sistemas de economía mixtas de bienes y servicios públicos, incluyendo la provisión de vivienda y hábitat, la cogestión de ecosistemas y la provisión de agua y energía. Esto último, con las debidas salvaguardas que garanticen la rectoría y contraloría pública y, de oportunidad a sistemas cooperativos comunitarios como agentes de asociación.

Y, como diría mi abuela Chabe: “le digo a Juan para que lo entienda Pedro”. La región centroamericana presenta similitudes a esa realidad que relato de El Salvador. Conviene, pues, impulsar la debida diligencia que corresponda con los desafíos de nuestro tiempo, incluyendo los abordajes: climático, sanitario, de infraestructura y equipamientos resilientes, de justicia fiscal – tributaria, de protección de la gobernanza y la corresponsabilidad multisectorial diferenciada. Es decir, hacer Ubuntu, colectivizar la debida diligencia por la sostenibilidad y el bienestar integral, asequiblemente.

¡Dios te salve, Patria Sagrada!1: el asunto fiscal y la (in) responsabilidad conjunta al desarrollo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

1 Texto de la Oración a la bandera salvadoreña, símbolo nacional

Moisés Roberto Escobar
Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
Correo: moises.escobar@catie.ac.cr

¿Por qué importan los asuntos fiscales y cuál es la coyuntura salvadoreña en su situación fiscal?

La evasión y elusión fiscal constituyen un reto significativo para los países en desarrollo, afectando la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales (Cobham y Janský, 2020). El Salvador enfrenta pérdidas anuales de $239,844,117 debido al abuso y evasión fiscal global, equivalentes al 5.1% de sus ingresos fiscales totales. Estas pérdidas superan los promedios globales (2.8%) y regionales (2.3%), limitando la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales y afectando la competitividad del país ((Tax Justice Network, 2024). A partir de esto, pretendo analizar brevemente el impacto socioeconómico y fiscal de estas pérdidas, proponiendo estrategias técnicas y políticas ante los desafíos de los asuntos fiscales en el contexto salvadoreño.

¿Elusión, evasión y algo más en el asunto fiscal?

La evasión fiscal se entiende como un fenómeno que amplifica las desigualdades económicas y debilita la capacidad del Estado para promover el desarrollo (Stiglitz, 2000). La competitividad de una economía también se ve afectada por la pérdida de ingresos tributarios, ya que limita la inversión en infraestructura y capital humano (World Bank, 2023).

El abuso y la evasión fiscal representan un desafío global que afecta desproporcionadamente a economías en desarrollo, como la de El Salvador. Según datos recientes, el país pierde anualmente $239,844,117 debido a estas prácticas, lo que equivale al 5.1% de sus ingresos fiscales (Tax Justice Network, 2025). Estas pérdidas tienen implicaciones significativas en la provisión de servicios públicos, la competitividad económica y la equidad social. Este artículo examina el impacto de estas pérdidas desde un enfoque multidisciplinario, integrando perspectivas técnicas, políticas y de economía heterodoxa.

Pero antes, veamos el cómo o método para lograr algunos análisis

La presente nota es una reflexión con base en los datos cuantitativos del Tax Justice Network (2025) y su Corporate Tax Haven Index del año 2024, así como y el Financial Secrecy Index del año 2022. También, se utilizan algunas estadísticas fiscales y socioeconómicas de El Salvador. Se analizan los datos con un enfoque descriptivo que reflexiona sobre el impacto de las pérdidas fiscales y ofrece algunas posibles medidas basadas en evidencia.

Y ahora ¿Qué pasa y cómo afecta el asunto fiscal al país?

El Salvador pierde 239,844,117 anuales debido al abuso y evasión fiscal. Estos US$239,844,117 perdidos anualmente por la economía nacional se distribuyen en US$203 millones por abuso fiscal corporativo y en US$37 millones por evasión individual (Tax Justice Network, 2025). Las pérdidas equivalen al 20.31% del presupuesto de salud y al 25.56% del gasto en educación. Es decir, se pierde el equivalente a al menos un quinto del presupuesto en los principales sistemas de protección social del país o en inversión en infraestructura y otros aspectos fundamentales para dinamizar y fortalecer la económica, que son habilitadores de mayor prosperidad. La restricción fiscal limita la implementación de políticas alternativas que podrían estimular el crecimiento y reducir la desigualdad (Stiglitz, 2000).

Conviene conocer un panorama de detalle de El Salvador. El Salvador es un país centroamericano con alrededor de 6.4 millones de habitantes, un economía que desde el PIB le indica un monto de US$ 34,015.63 millones, con una presión fiscal (la relación entre los ingresos fiscales y su PIB) del 11.95% (un tercio del promedio de economías europeas). Pero, hay una subyacencia de asimetrías estructurales. Donde, cerca de un cuarto de los hogares padecen pobreza monetaria y hasta seis de cada 10 hogares padecen algún tipo de inseguridad alimentaria por razones económicas; al menos un tercio de sus hogares yacen en carencias de sistemas de protección social integral (como apoyos gubernamentales en servicios básicos, pensión menor al equivalente del salario mínimo nacional, seguro médico). Es decir, aunque el país tiene una capacidad económica robusta, presenta desafíos estructurales en el bienestar humano y el progreso integral. Esto último, se evidencia en la disparidad económica donde se identifica que el 10% de la población con los mayores ingresos presenta umbrales de hasta 30 veces más que el 40% del total de población con ingresos iguales o menores al salario mínimo vigente, que equivale a US$365.00 mensuales (ONEC-BCR, 2024).

¿Qué podríamos hacer?

La magnitud de las pérdidas fiscales en El Salvador subraya la urgencia de reformas en la política tributaria y la administración fiscal. De acuerdo con la literatura, la aplicación de medidas más estrictas para combatir la evasión fiscal puede aumentar la competitividad del país y fortalecer la sostenibilidad fiscal a largo plazo (OECD, 2024). O desde otra perspectiva, la competitividad de una economía también se ve afectada por la pérdida de ingresos tributarios, ya que limita la inversión en infraestructura y capital humano (World Bank, 2023).

Sin duda, la contraloría multisectorial, principalmente social, que incida al buen funcionamiento gubernamental en la justa cobranza tributaria. Otras que son posibles o en cierto modo se tienen avances indirectos, pero, que podrían dirigirse a fortalecer el asunto fiscal, son las reformas técnicas y políticas que contrarresten los vacíos legales o inoperancias en el registro y la fuga de riqueza en las transacciones, con enfoque de progresividad multiparamétrica. También, y donde se tienen mayores avances en este contexto salvadoreño son la digitalización de la administración tributaria para mejorar la recaudación y reducir la evasión. Otras pueden ser una mayor educación y concientización sobre la importancia del cumplimiento fiscal y el impacto negativo de la evasión. Una reivindicatoria del asunto fiscal posibilitaría la recuperación de recursos para inversión estratégica, mayormente en áreas prioritarias como la salud, la educación y la infraestructura, mejorando integralmente la competitividad y el bienestar social.

Referencias

Cobham, A., y Janský, P. (2020). Estimating Illicit Financial Flows: A Critical Guide to the Data, Methodologies, and Findings. Oxford University Press. Recuperado de https://academic.oup.com/book/40564

OECD. (2024). Tax Transparency and Exchange of Information for Developing Countries. OECD Publishing. Recuperado de https://www.oecd.org/en/publications/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-azerbaijan-2024-second-round_61475f9f-en.html

Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC) del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). (2024). Estimaciones con base en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), del año 2023. Recuperado de https://onec.bcr.gob.sv/Repositorio_archivos/

Stiglitz, J. E. (2000). Economía del sector público. Barcelona: Antoni Bosch Editor. Recuperado de https://frh.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/112801/mod_resource/content/0/stiglitz-2000-tercera-edicion.pdf

Stiglitz, J. E. (2019). People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent. W.W. Norton & Company. Recuperado de https://dokumen.pub/qdownload/people-power-and-profits-progressive-capitalism-for-an-age-of-discontent-1nbsped-9781324004219-1324004215.html

Tax Justice Network. (2025). Country profile: El Salvador. Recuperado de https://taxjustice.net/country-profiles/el-salvador/

World Bank. (2023). World Development Report: Financing for an Equitable Future. World Bank Group. Recuperado de https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/736921644987190024

La DANA, un desastre humano: oportunidades y desafíos de las reivindicaciones

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Moisés Roberto Escobar
Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
Correo: moises.escobar@catie.ac.cr

La DANA es un desastre humano, vigente, estructural y subyacente. Es innegable que la catástrofe que cobró más de 400 vidas por el desastre recién ocurrido en España es una tragedia global. Una tragedia que aumenta el descrédito de la institucionalidad y que deja soterrada la falacia del desarrollo ilimitado y exonerado de la policrisis.

Han sido asesinadas más de 400 personas. Fuerte y claro, porque fue un crimen de negligencias, de debilitamiento intencionado de las instituciones y de la capacidad de respuesta ante los desafíos medioambientales y ante potenciales desastres, que en España se dio abierta y colateralmente por sus autoridades locales como las nacionales. También, es un crimen (mal) intencionado. Porque construyeron sobre territorios inundables, porque tuvieron la información climática, con sus pronósticos y advertencias por parte de los expertos, pero nos los escucharon. Los ignoraron y dejaron morir a sus conciudadanos.

La DANA figura la crisis del poder que se derrumba. Pero al derrumbarse, erosiona al tejido humano, ya sea como víctimas directas del ingente desastre o como sujetos vulnerables ante un sistema político y económico al que no le importan, al menos no lo suficiente como para protegerles. En este sentido, duele ¡hiere el alma!, que la confianza depositada a las autoridades y entidades para salvaguardar a su población, les volvieron a fallar. Errando al costo de todas y cada una de las personas que murieron ¡Vidas!, padres, madres, hijos, abuelas, vecinos, docentes, estudiantes, cada víctima a la que le fue arrebatada su vida. Eso es un crimen, que debe responsabilizarse y reivindicarse. Sin más, ¿A qué esperar? ¿a la próxima DANA que mate a tus hijos, a sus padres o a ti? ¿A que llegue la erosionada e inútil monarquía que parasita de una sociedad empobrecida y lacerada? ¿A que el otro Pedro “te abra las puertas del paraíso”?, mientras el que te gobierna se excusa, rehúye a la verdad; sin capacidad, ni voluntad o interés por empujar hacia los debidos reequilibrios y las necesarias transiciones de prosperidad compartida, justicia y gobernanza climáticas, asequibilidad al bienestar, políticas públicas que salvaguarden a los trabajadores y sus familias, que incidan por una corresponsabilidad fiscal diferenciada, y no donde se proteja más a las grandes corporaciones que a los desamparados.

La DANA es un desastre humano que debe cambiar. Y el cambio solo viene su gente, de las personas.

El mundo tampoco es ajeno a la tragedia española, espejo de todo. América Latina y el Caribe (ALC) como otras partes del mundo, también enfrenta la policrisis. Una policrisis donde la tragedia medioambiental es inminente, creciente y quizá hasta inmanente al mismo ser humano que transita en autodebacle.

Sino, veamos como nuestros gobernantes desoyen las alarmas climáticas, como en la DANA. Cada año es otro nuevo récord, que nos empuja al peligro de múltiples y complejos desastres. Pero a la vez, prevalece la inacción. El cambio y uso del suelo continua, los bosques son talados para nuevos campos de monocultivos o para zonas económicas de desarrollo o para nuevos asentamientos urbanos. El presupuesto para atención de emergencias reduce mientras que en paralelo aumentan los mecanismos de exenciones e incentivos a las variadas actividades económicas que se nos imponen en los territorios, como la panacea.

Una panacea falaz, cruel, ecocida y hecatómbica.

Wake up!, la oportunidad del cambio es hoy. Hoy tenemos la oportunidad de reponernos, de revindicar a nuestros muertos, de salvarnos y recuperar el poder. Porque la democracia es el poder del pueblo. Un pueblo que sanee sus instituciones, que deponga a sus ineptócratas y convoque a un nuevo pacto social. Un pacto social que se circunscriba en los límites del crecimiento económico con base en la capacidad de los sistemas naturales; un pacto social que se sustente de la corresponsabilidad de todos y se sirva con todos y para todos. Un pacto social que recupere su capacidad productiva, de autoabastecimiento, y no se someta a los intangibles que le parasitan, como la banca que sin producir nada obtiene los mayores beneficios de la actividad productiva y reproductiva de las naciones.

La DANA nos deja huérfanos. Pero nos hermanó. Volvamos a reconstruir nuestros tejidos sociales, recuperemos nuestras instituciones y la capacidad de transitar cohesionados hacia lo que nos depare prosperidad compartida, bienestar asequible, una casa común sostenible y resiliente.

Pobreza y desigualdad ¿semos malos?1

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Moisés Roberto Escobar
Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
Correo: moises.escobar@catie.ac.cr

1 Cuento del escritor salvadoreño Salvador Salazar Arrué (conocido como Salarrué), en su libro Cuentos de barros. Recuperado de https://ciudadseva.com/texto/semos-malos/

La pobreza, es un acervo de desafíos, oportunidades, negligencias y de poder. Me gusta pensar que todo tiene solución, pero, me aterra cuando la demora en lo debido perjudica desproporcionadamente. Por eso, coincido con otras lecturas que dan cuenta que las soluciones y los altavoces de la ciencia no logran el encuentro suficiente con la consciencia, la política y el poder, para cambiar y reivindicar.

Uno de los mayores y constantes desafíos humanos es la pobreza. La pobreza implica exclusión y deterioro de la calidad de vida. Como privaciones de servicios básicos, subyugación ante problemáticas de múltiples violencias e inseguridad, limitado acceso a espacios públicos y recreación. Además, condiciona el empleo o desarrollo económico que no suple apropiadamente las condiciones de ingreso, consumo del hogar, protección social (mayormente de salud y pensión). Otras evidencias señalan hasta malnutrición, bajo desarrollo biofisiológico, escolaridad reducida o en umbrales que no superan los niveles de educación básica o media.

La pobreza, también implica situarse en niveles de tributación regresiva, ineludible, porque sus mayores gravámenes están en los bienes y servicios básicos (es decir, los gravados por impuestos al valor agregado y a la renta o ingreso). La pobreza monetaria desencadena múltiples y profundas carencias, privaciones del bienestar y deterioros biosicosociales.

Veamos en datos, según las estadísticas del Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)1, al menos uno de cada cuatro hogares en la región centroamericana yace en pobreza monetaria, pero cerca de cinco de cada 10 hogares (la mitad) padece algún tipo de inseguridad alimentaria, por razones económicas. La escolaridad promedio no supera los 10 años, un cuarto de nuestras juventudes en la región no estudia ni trabaja. Esto sin considerar la exposición y vulnerabilidad a los efectos del cambio y la variabilidad climática, que profundiza las asimetrías inter e intra territoriales. Tampoco, al considerar las segregaciones y otras ampliaciones de la precariedad y las desigualdades, como las que se dan por sexo, área residencia, edad, color de piel, grupo étnico-cultural, etc. Pero, en términos generales, somos una región de renta media ¡Una terrible ironía!

El reto y la pertinencia están en las soluciones contra la desigualdad. En este sentido, hay una lamentable tibieza, quizá intencionada. Porque, parte de los mecanismos implican política pública de subsidiariedad y progresividad fiscal, como también de una apropiada y suficiente corresponsabilidad multisectorial. Lo cual hasta el momento no se ha logrado suficiente ni con la debida costo-efectividad.

Es decir, implica romper con los paradigmas de incentivos fiscales o mecanismo subsidiarios a sectores económicos de mayor riqueza. Lo cual, además de reducir competitividad, erosiona capacidad y dotación de recursos para inversión productiva y de reequilibrios socioecológicos. También, atender las asimetrías requiere de sistemas robustos de protección social contributivos, diferenciados. Igualmente, no quedan atrás la protección laboral y ni las garantías de pleno cumplimiento de todos los derechos laborales para todas las personas y en todos los sectores económicos. Logrando, además, asequibilidad a la prosperidad y distribución de la riqueza, desde los establecimientos y servicios cualificados de salud, educación, equipamientos y espacios públicos hasta los aspectos de cultura, memoria histórica, cohesión social, cultura de paz y convivencia ciudadana.

Es decir, contrarrestar el empoderamiento y la precarización humana (de las mayorías) es una cuestión de reivindicaciones, tanto contra las asimetrías estructurales como contra las desigualdades subyacentes.

En resumen, atender la pobreza es una cuestión de justicia, y en mayor grado, es una cuestión de voluntad y corresponsabilidad multisectorial

Como reza el cuento de Salarrué: “Y lloraron los ladrones de cosas y de vidas, como niños de un planeta extraño.” Quizá, un día, víctimas y victimarios (porque la desigualdad es un crimen, un crimen fratricida), podamos reconciliarnos, ennoblecernos y recuperar el humanismo.

¿Qué podemos hacer?

  • Lograr voluntad política mediante la cohesión-coordinación social (ojalá multisectorial) en la agenda pública

  • Impulsar mecanismos apropiados de progresividad fiscal: gravámenes sobre umbrales de la riqueza, la propiedad suntuosa, la remisión de capitales al extranjero, la eliminación de barreras de competitividad como la exención fiscal y la adecuación de incentivos que garanticen plena retribución de prosperidad compartida para sectores económicos de escala media y grande.

  • Desarrollar una reversión y diferenciación de gravámenes a bienes y servicios que satisfagan las necesidades fundamentales

  • Internalizar la corresponsabilidad del crecimiento económico con los pasivos ambientales, de la contaminación y las afectaciones adversas no evitadas o no mitigadas lo suficiente

  • Impulsar o fortalecer los mecanismos apropiados y suficientes de protección social contributiva y no contributiva, como asequibilidad y calidad en servicios de salud, educación, pensión básica universal, y salvaguardas a niñez, el adulto mayor y las personas con ciertos umbrales de vulnerabilización interseccional.

  • Fortalecer mecanismos apropiados de incentivo, inclusión y protección de sectores de economía popular. Como procesos ágiles y asequibles de formalización de negocios, financiamiento indexado y condicionado desde la banca pública y privada, el direccionamiento de sectores de competitivos, como tecnología, biomédica y el turismo, por mencionar algunos. Igualmente, los sectores tradicionales fundamentales, como los ligados a la economía del cuidado, la agroproducción y el comercio de abastos de proximidad.

  • También, implica la buena gobernanza y la atención a la policrisis coyuntural. Aspectos como el fortalecimiento de la institucionalidad y los contrapesos gubernamentales; el financiamiento y la compensación para la conservación de los ecosistemas; la recuperación de los mecanismos participativos y deliberativos multiniveles (es decir, desde la comunidad y el completo tejido social hasta los estamentos gubernamentales). No escapa a ello, el sincronismo intrarregional e interregional que debe ser asumido bajo la debida costo–efectividad que demandan nuestras poblaciones.


La trampa de la trampa: ¡Despierta! Se trata de desigualdades

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Moisés Roberto Escobar
Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
Correo: moises.escobar@catie.ac.cr

Sistemáticamente, organismos como CEPAL, FMI, BID, Banco Mundial y otros posicionan aspectos del crecimiento económico y la competitividad como el desafío estructural de nuestros tiempos (llamados como “la trampa”), y tienen buena parte de razón.

Sin embargo, como lo comprendió Joseph Lebret, luego lo midió Amartya Sen y, recientemente Thomas Piketty con su notable evidencia en el Capital del siglo XXI. Todo es cuestión de la desigualdad. El crecimiento económico se ha mantenido relativamente estable en el último siglo, aunque en niveles bajos. Pero, hay una profunda asimetría que, en la pandemia se nos hizo conocer en mejor medida. La acumulación de riqueza y la concentración exacerbada de la misma.

Según Oxfam, Fundación para el Desarrollo de Centroamérica – FUDECEN y otros, la prevalencia de ultrarricos que acapara la riqueza se da en una proporción cercana al 10/90, donde el 10% de la población acapara el 90% de la riqueza, mientras que el resto subsidia y se precariza ante esta asimetría. Que, además se prevalece como legal, incentivada y acompañada de lo gubernamental y de la institucionalidad. Porque hay leyes de exenciones a la inversión, las cuales por defecto acarrean empleo precario y sin cobertura de protección social.

Entonces, la trampa no es el bajo crecimiento económico (únicamente), sino y por sobre todo, la desigualdad estructural y subyacente: esa desigualdad política, económica, fiscal, de exenciones e incentivos, de dotación y calidad de equipamientos, de asequibilidad de bienes y servicios.

Romper, integralmente, con las trampas es atender, primero, la desigualdad. Luego, asumir corresponsabilidad multisectorial y diferenciada. Sí, todos para uno y uno para todos, dirá Alejandro Dumas y sus Tres mosqueteros. Es decir, debemos partir del principio de subsidiariedad (con el que menos tiene), acompañándole a que pueda, a que haga, a que sea y, logre plenitud de vida, satisfacción de todas sus necesidades fundamentales, consiga sus aspiraciones, sea feliz y pueda ser con los demás, en el Ubuntu. Esto nos lleva a lo otro: que nadie se quede atrás, ni para ser ayudado y reivindicado, ni para ayudar y acompañar en la reivindicación de los otros, el prójimo.

No es utopía. Es coexistencia, es dignidad, es lo ético, lo correcto, lo necesario para vivir y ser.

Avancemos en romper las trampas, todas.