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Etiqueta: Moisés Roberto Escobar

¡Dios te salve, Patria Sagrada!1: el asunto fiscal y la (in) responsabilidad conjunta al desarrollo

1 Texto de la Oración a la bandera salvadoreña, símbolo nacional

Moisés Roberto Escobar
Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
Correo: moises.escobar@catie.ac.cr

¿Por qué importan los asuntos fiscales y cuál es la coyuntura salvadoreña en su situación fiscal?

La evasión y elusión fiscal constituyen un reto significativo para los países en desarrollo, afectando la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales (Cobham y Janský, 2020). El Salvador enfrenta pérdidas anuales de $239,844,117 debido al abuso y evasión fiscal global, equivalentes al 5.1% de sus ingresos fiscales totales. Estas pérdidas superan los promedios globales (2.8%) y regionales (2.3%), limitando la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales y afectando la competitividad del país ((Tax Justice Network, 2024). A partir de esto, pretendo analizar brevemente el impacto socioeconómico y fiscal de estas pérdidas, proponiendo estrategias técnicas y políticas ante los desafíos de los asuntos fiscales en el contexto salvadoreño.

¿Elusión, evasión y algo más en el asunto fiscal?

La evasión fiscal se entiende como un fenómeno que amplifica las desigualdades económicas y debilita la capacidad del Estado para promover el desarrollo (Stiglitz, 2000). La competitividad de una economía también se ve afectada por la pérdida de ingresos tributarios, ya que limita la inversión en infraestructura y capital humano (World Bank, 2023).

El abuso y la evasión fiscal representan un desafío global que afecta desproporcionadamente a economías en desarrollo, como la de El Salvador. Según datos recientes, el país pierde anualmente $239,844,117 debido a estas prácticas, lo que equivale al 5.1% de sus ingresos fiscales (Tax Justice Network, 2025). Estas pérdidas tienen implicaciones significativas en la provisión de servicios públicos, la competitividad económica y la equidad social. Este artículo examina el impacto de estas pérdidas desde un enfoque multidisciplinario, integrando perspectivas técnicas, políticas y de economía heterodoxa.

Pero antes, veamos el cómo o método para lograr algunos análisis

La presente nota es una reflexión con base en los datos cuantitativos del Tax Justice Network (2025) y su Corporate Tax Haven Index del año 2024, así como y el Financial Secrecy Index del año 2022. También, se utilizan algunas estadísticas fiscales y socioeconómicas de El Salvador. Se analizan los datos con un enfoque descriptivo que reflexiona sobre el impacto de las pérdidas fiscales y ofrece algunas posibles medidas basadas en evidencia.

Y ahora ¿Qué pasa y cómo afecta el asunto fiscal al país?

El Salvador pierde 239,844,117 anuales debido al abuso y evasión fiscal. Estos US$239,844,117 perdidos anualmente por la economía nacional se distribuyen en US$203 millones por abuso fiscal corporativo y en US$37 millones por evasión individual (Tax Justice Network, 2025). Las pérdidas equivalen al 20.31% del presupuesto de salud y al 25.56% del gasto en educación. Es decir, se pierde el equivalente a al menos un quinto del presupuesto en los principales sistemas de protección social del país o en inversión en infraestructura y otros aspectos fundamentales para dinamizar y fortalecer la económica, que son habilitadores de mayor prosperidad. La restricción fiscal limita la implementación de políticas alternativas que podrían estimular el crecimiento y reducir la desigualdad (Stiglitz, 2000).

Conviene conocer un panorama de detalle de El Salvador. El Salvador es un país centroamericano con alrededor de 6.4 millones de habitantes, un economía que desde el PIB le indica un monto de US$ 34,015.63 millones, con una presión fiscal (la relación entre los ingresos fiscales y su PIB) del 11.95% (un tercio del promedio de economías europeas). Pero, hay una subyacencia de asimetrías estructurales. Donde, cerca de un cuarto de los hogares padecen pobreza monetaria y hasta seis de cada 10 hogares padecen algún tipo de inseguridad alimentaria por razones económicas; al menos un tercio de sus hogares yacen en carencias de sistemas de protección social integral (como apoyos gubernamentales en servicios básicos, pensión menor al equivalente del salario mínimo nacional, seguro médico). Es decir, aunque el país tiene una capacidad económica robusta, presenta desafíos estructurales en el bienestar humano y el progreso integral. Esto último, se evidencia en la disparidad económica donde se identifica que el 10% de la población con los mayores ingresos presenta umbrales de hasta 30 veces más que el 40% del total de población con ingresos iguales o menores al salario mínimo vigente, que equivale a US$365.00 mensuales (ONEC-BCR, 2024).

¿Qué podríamos hacer?

La magnitud de las pérdidas fiscales en El Salvador subraya la urgencia de reformas en la política tributaria y la administración fiscal. De acuerdo con la literatura, la aplicación de medidas más estrictas para combatir la evasión fiscal puede aumentar la competitividad del país y fortalecer la sostenibilidad fiscal a largo plazo (OECD, 2024). O desde otra perspectiva, la competitividad de una economía también se ve afectada por la pérdida de ingresos tributarios, ya que limita la inversión en infraestructura y capital humano (World Bank, 2023).

Sin duda, la contraloría multisectorial, principalmente social, que incida al buen funcionamiento gubernamental en la justa cobranza tributaria. Otras que son posibles o en cierto modo se tienen avances indirectos, pero, que podrían dirigirse a fortalecer el asunto fiscal, son las reformas técnicas y políticas que contrarresten los vacíos legales o inoperancias en el registro y la fuga de riqueza en las transacciones, con enfoque de progresividad multiparamétrica. También, y donde se tienen mayores avances en este contexto salvadoreño son la digitalización de la administración tributaria para mejorar la recaudación y reducir la evasión. Otras pueden ser una mayor educación y concientización sobre la importancia del cumplimiento fiscal y el impacto negativo de la evasión. Una reivindicatoria del asunto fiscal posibilitaría la recuperación de recursos para inversión estratégica, mayormente en áreas prioritarias como la salud, la educación y la infraestructura, mejorando integralmente la competitividad y el bienestar social.

Referencias

Cobham, A., y Janský, P. (2020). Estimating Illicit Financial Flows: A Critical Guide to the Data, Methodologies, and Findings. Oxford University Press. Recuperado de https://academic.oup.com/book/40564

OECD. (2024). Tax Transparency and Exchange of Information for Developing Countries. OECD Publishing. Recuperado de https://www.oecd.org/en/publications/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-azerbaijan-2024-second-round_61475f9f-en.html

Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC) del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). (2024). Estimaciones con base en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), del año 2023. Recuperado de https://onec.bcr.gob.sv/Repositorio_archivos/

Stiglitz, J. E. (2000). Economía del sector público. Barcelona: Antoni Bosch Editor. Recuperado de https://frh.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/112801/mod_resource/content/0/stiglitz-2000-tercera-edicion.pdf

Stiglitz, J. E. (2019). People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent. W.W. Norton & Company. Recuperado de https://dokumen.pub/qdownload/people-power-and-profits-progressive-capitalism-for-an-age-of-discontent-1nbsped-9781324004219-1324004215.html

Tax Justice Network. (2025). Country profile: El Salvador. Recuperado de https://taxjustice.net/country-profiles/el-salvador/

World Bank. (2023). World Development Report: Financing for an Equitable Future. World Bank Group. Recuperado de https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/736921644987190024

La DANA, un desastre humano: oportunidades y desafíos de las reivindicaciones

Moisés Roberto Escobar
Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
Correo: moises.escobar@catie.ac.cr

La DANA es un desastre humano, vigente, estructural y subyacente. Es innegable que la catástrofe que cobró más de 400 vidas por el desastre recién ocurrido en España es una tragedia global. Una tragedia que aumenta el descrédito de la institucionalidad y que deja soterrada la falacia del desarrollo ilimitado y exonerado de la policrisis.

Han sido asesinadas más de 400 personas. Fuerte y claro, porque fue un crimen de negligencias, de debilitamiento intencionado de las instituciones y de la capacidad de respuesta ante los desafíos medioambientales y ante potenciales desastres, que en España se dio abierta y colateralmente por sus autoridades locales como las nacionales. También, es un crimen (mal) intencionado. Porque construyeron sobre territorios inundables, porque tuvieron la información climática, con sus pronósticos y advertencias por parte de los expertos, pero nos los escucharon. Los ignoraron y dejaron morir a sus conciudadanos.

La DANA figura la crisis del poder que se derrumba. Pero al derrumbarse, erosiona al tejido humano, ya sea como víctimas directas del ingente desastre o como sujetos vulnerables ante un sistema político y económico al que no le importan, al menos no lo suficiente como para protegerles. En este sentido, duele ¡hiere el alma!, que la confianza depositada a las autoridades y entidades para salvaguardar a su población, les volvieron a fallar. Errando al costo de todas y cada una de las personas que murieron ¡Vidas!, padres, madres, hijos, abuelas, vecinos, docentes, estudiantes, cada víctima a la que le fue arrebatada su vida. Eso es un crimen, que debe responsabilizarse y reivindicarse. Sin más, ¿A qué esperar? ¿a la próxima DANA que mate a tus hijos, a sus padres o a ti? ¿A que llegue la erosionada e inútil monarquía que parasita de una sociedad empobrecida y lacerada? ¿A que el otro Pedro “te abra las puertas del paraíso”?, mientras el que te gobierna se excusa, rehúye a la verdad; sin capacidad, ni voluntad o interés por empujar hacia los debidos reequilibrios y las necesarias transiciones de prosperidad compartida, justicia y gobernanza climáticas, asequibilidad al bienestar, políticas públicas que salvaguarden a los trabajadores y sus familias, que incidan por una corresponsabilidad fiscal diferenciada, y no donde se proteja más a las grandes corporaciones que a los desamparados.

La DANA es un desastre humano que debe cambiar. Y el cambio solo viene su gente, de las personas.

El mundo tampoco es ajeno a la tragedia española, espejo de todo. América Latina y el Caribe (ALC) como otras partes del mundo, también enfrenta la policrisis. Una policrisis donde la tragedia medioambiental es inminente, creciente y quizá hasta inmanente al mismo ser humano que transita en autodebacle.

Sino, veamos como nuestros gobernantes desoyen las alarmas climáticas, como en la DANA. Cada año es otro nuevo récord, que nos empuja al peligro de múltiples y complejos desastres. Pero a la vez, prevalece la inacción. El cambio y uso del suelo continua, los bosques son talados para nuevos campos de monocultivos o para zonas económicas de desarrollo o para nuevos asentamientos urbanos. El presupuesto para atención de emergencias reduce mientras que en paralelo aumentan los mecanismos de exenciones e incentivos a las variadas actividades económicas que se nos imponen en los territorios, como la panacea.

Una panacea falaz, cruel, ecocida y hecatómbica.

Wake up!, la oportunidad del cambio es hoy. Hoy tenemos la oportunidad de reponernos, de revindicar a nuestros muertos, de salvarnos y recuperar el poder. Porque la democracia es el poder del pueblo. Un pueblo que sanee sus instituciones, que deponga a sus ineptócratas y convoque a un nuevo pacto social. Un pacto social que se circunscriba en los límites del crecimiento económico con base en la capacidad de los sistemas naturales; un pacto social que se sustente de la corresponsabilidad de todos y se sirva con todos y para todos. Un pacto social que recupere su capacidad productiva, de autoabastecimiento, y no se someta a los intangibles que le parasitan, como la banca que sin producir nada obtiene los mayores beneficios de la actividad productiva y reproductiva de las naciones.

La DANA nos deja huérfanos. Pero nos hermanó. Volvamos a reconstruir nuestros tejidos sociales, recuperemos nuestras instituciones y la capacidad de transitar cohesionados hacia lo que nos depare prosperidad compartida, bienestar asequible, una casa común sostenible y resiliente.

Pobreza y desigualdad ¿semos malos?1

Moisés Roberto Escobar
Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
Correo: moises.escobar@catie.ac.cr

1 Cuento del escritor salvadoreño Salvador Salazar Arrué (conocido como Salarrué), en su libro Cuentos de barros. Recuperado de https://ciudadseva.com/texto/semos-malos/

La pobreza, es un acervo de desafíos, oportunidades, negligencias y de poder. Me gusta pensar que todo tiene solución, pero, me aterra cuando la demora en lo debido perjudica desproporcionadamente. Por eso, coincido con otras lecturas que dan cuenta que las soluciones y los altavoces de la ciencia no logran el encuentro suficiente con la consciencia, la política y el poder, para cambiar y reivindicar.

Uno de los mayores y constantes desafíos humanos es la pobreza. La pobreza implica exclusión y deterioro de la calidad de vida. Como privaciones de servicios básicos, subyugación ante problemáticas de múltiples violencias e inseguridad, limitado acceso a espacios públicos y recreación. Además, condiciona el empleo o desarrollo económico que no suple apropiadamente las condiciones de ingreso, consumo del hogar, protección social (mayormente de salud y pensión). Otras evidencias señalan hasta malnutrición, bajo desarrollo biofisiológico, escolaridad reducida o en umbrales que no superan los niveles de educación básica o media.

La pobreza, también implica situarse en niveles de tributación regresiva, ineludible, porque sus mayores gravámenes están en los bienes y servicios básicos (es decir, los gravados por impuestos al valor agregado y a la renta o ingreso). La pobreza monetaria desencadena múltiples y profundas carencias, privaciones del bienestar y deterioros biosicosociales.

Veamos en datos, según las estadísticas del Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)1, al menos uno de cada cuatro hogares en la región centroamericana yace en pobreza monetaria, pero cerca de cinco de cada 10 hogares (la mitad) padece algún tipo de inseguridad alimentaria, por razones económicas. La escolaridad promedio no supera los 10 años, un cuarto de nuestras juventudes en la región no estudia ni trabaja. Esto sin considerar la exposición y vulnerabilidad a los efectos del cambio y la variabilidad climática, que profundiza las asimetrías inter e intra territoriales. Tampoco, al considerar las segregaciones y otras ampliaciones de la precariedad y las desigualdades, como las que se dan por sexo, área residencia, edad, color de piel, grupo étnico-cultural, etc. Pero, en términos generales, somos una región de renta media ¡Una terrible ironía!

El reto y la pertinencia están en las soluciones contra la desigualdad. En este sentido, hay una lamentable tibieza, quizá intencionada. Porque, parte de los mecanismos implican política pública de subsidiariedad y progresividad fiscal, como también de una apropiada y suficiente corresponsabilidad multisectorial. Lo cual hasta el momento no se ha logrado suficiente ni con la debida costo-efectividad.

Es decir, implica romper con los paradigmas de incentivos fiscales o mecanismo subsidiarios a sectores económicos de mayor riqueza. Lo cual, además de reducir competitividad, erosiona capacidad y dotación de recursos para inversión productiva y de reequilibrios socioecológicos. También, atender las asimetrías requiere de sistemas robustos de protección social contributivos, diferenciados. Igualmente, no quedan atrás la protección laboral y ni las garantías de pleno cumplimiento de todos los derechos laborales para todas las personas y en todos los sectores económicos. Logrando, además, asequibilidad a la prosperidad y distribución de la riqueza, desde los establecimientos y servicios cualificados de salud, educación, equipamientos y espacios públicos hasta los aspectos de cultura, memoria histórica, cohesión social, cultura de paz y convivencia ciudadana.

Es decir, contrarrestar el empoderamiento y la precarización humana (de las mayorías) es una cuestión de reivindicaciones, tanto contra las asimetrías estructurales como contra las desigualdades subyacentes.

En resumen, atender la pobreza es una cuestión de justicia, y en mayor grado, es una cuestión de voluntad y corresponsabilidad multisectorial

Como reza el cuento de Salarrué: “Y lloraron los ladrones de cosas y de vidas, como niños de un planeta extraño.” Quizá, un día, víctimas y victimarios (porque la desigualdad es un crimen, un crimen fratricida), podamos reconciliarnos, ennoblecernos y recuperar el humanismo.

¿Qué podemos hacer?

  • Lograr voluntad política mediante la cohesión-coordinación social (ojalá multisectorial) en la agenda pública

  • Impulsar mecanismos apropiados de progresividad fiscal: gravámenes sobre umbrales de la riqueza, la propiedad suntuosa, la remisión de capitales al extranjero, la eliminación de barreras de competitividad como la exención fiscal y la adecuación de incentivos que garanticen plena retribución de prosperidad compartida para sectores económicos de escala media y grande.

  • Desarrollar una reversión y diferenciación de gravámenes a bienes y servicios que satisfagan las necesidades fundamentales

  • Internalizar la corresponsabilidad del crecimiento económico con los pasivos ambientales, de la contaminación y las afectaciones adversas no evitadas o no mitigadas lo suficiente

  • Impulsar o fortalecer los mecanismos apropiados y suficientes de protección social contributiva y no contributiva, como asequibilidad y calidad en servicios de salud, educación, pensión básica universal, y salvaguardas a niñez, el adulto mayor y las personas con ciertos umbrales de vulnerabilización interseccional.

  • Fortalecer mecanismos apropiados de incentivo, inclusión y protección de sectores de economía popular. Como procesos ágiles y asequibles de formalización de negocios, financiamiento indexado y condicionado desde la banca pública y privada, el direccionamiento de sectores de competitivos, como tecnología, biomédica y el turismo, por mencionar algunos. Igualmente, los sectores tradicionales fundamentales, como los ligados a la economía del cuidado, la agroproducción y el comercio de abastos de proximidad.

  • También, implica la buena gobernanza y la atención a la policrisis coyuntural. Aspectos como el fortalecimiento de la institucionalidad y los contrapesos gubernamentales; el financiamiento y la compensación para la conservación de los ecosistemas; la recuperación de los mecanismos participativos y deliberativos multiniveles (es decir, desde la comunidad y el completo tejido social hasta los estamentos gubernamentales). No escapa a ello, el sincronismo intrarregional e interregional que debe ser asumido bajo la debida costo–efectividad que demandan nuestras poblaciones.


La trampa de la trampa: ¡Despierta! Se trata de desigualdades

Moisés Roberto Escobar
Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
Correo: moises.escobar@catie.ac.cr

Sistemáticamente, organismos como CEPAL, FMI, BID, Banco Mundial y otros posicionan aspectos del crecimiento económico y la competitividad como el desafío estructural de nuestros tiempos (llamados como “la trampa”), y tienen buena parte de razón.

Sin embargo, como lo comprendió Joseph Lebret, luego lo midió Amartya Sen y, recientemente Thomas Piketty con su notable evidencia en el Capital del siglo XXI. Todo es cuestión de la desigualdad. El crecimiento económico se ha mantenido relativamente estable en el último siglo, aunque en niveles bajos. Pero, hay una profunda asimetría que, en la pandemia se nos hizo conocer en mejor medida. La acumulación de riqueza y la concentración exacerbada de la misma.

Según Oxfam, Fundación para el Desarrollo de Centroamérica – FUDECEN y otros, la prevalencia de ultrarricos que acapara la riqueza se da en una proporción cercana al 10/90, donde el 10% de la población acapara el 90% de la riqueza, mientras que el resto subsidia y se precariza ante esta asimetría. Que, además se prevalece como legal, incentivada y acompañada de lo gubernamental y de la institucionalidad. Porque hay leyes de exenciones a la inversión, las cuales por defecto acarrean empleo precario y sin cobertura de protección social.

Entonces, la trampa no es el bajo crecimiento económico (únicamente), sino y por sobre todo, la desigualdad estructural y subyacente: esa desigualdad política, económica, fiscal, de exenciones e incentivos, de dotación y calidad de equipamientos, de asequibilidad de bienes y servicios.

Romper, integralmente, con las trampas es atender, primero, la desigualdad. Luego, asumir corresponsabilidad multisectorial y diferenciada. Sí, todos para uno y uno para todos, dirá Alejandro Dumas y sus Tres mosqueteros. Es decir, debemos partir del principio de subsidiariedad (con el que menos tiene), acompañándole a que pueda, a que haga, a que sea y, logre plenitud de vida, satisfacción de todas sus necesidades fundamentales, consiga sus aspiraciones, sea feliz y pueda ser con los demás, en el Ubuntu. Esto nos lleva a lo otro: que nadie se quede atrás, ni para ser ayudado y reivindicado, ni para ayudar y acompañar en la reivindicación de los otros, el prójimo.

No es utopía. Es coexistencia, es dignidad, es lo ético, lo correcto, lo necesario para vivir y ser.

Avancemos en romper las trampas, todas.