Skip to main content

Etiqueta: monocultivos

Presentación en la UCR: Cinco trabajos sobre el impacto laboral y socioambiental de los monocultivos

El lunes 16 de septiembre de 2024, a las 4:00 p.m., en el miniauditorio del sexto piso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Dr. Mauricio Castro Méndez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, coordinará la presentación de los resultados del proyecto “Impacto laboral y socioambiental de los monocultivos en comunidades bananeras y piñeras de la Zona Norte y Caribe, en el marco de la Red Iberoamericana de Cadenas de Valor (REDIC)». 

Durante el evento, se presentarán cinco trabajos excepcionales que abordan temáticas clave sobre los derechos laborales en Costa Rica. Las licenciadas Naomy Vega y María José Naranjo Aragonés tratarán sobre la indemnización plena por riesgos laborales y las implicaciones jurídicas de la compensación parcial a trabajadores afectados. Natalia Oviedo y Claudia Campos analizarán la Ley 9808, conocida como ley antihuelga, y su relación con el principio de no regresividad de los derechos humanos. David Bermúdez Corrales expondrá sobre los condicionantes socioculturales en el Valle de la Estrella y cómo afectan la percepción de derechos laborales entre el personal administrativo en las plantaciones de banano. Mónica R. Víquez presentará un estudio sobre la sindicalización de personas privadas de libertad y las complejidades legales y sociales relacionadas con sus derechos laborales. Karla Fernández Ávila y Jouseth Cháves Rodríguez cerrarán la jornada con un análisis de las categorías de trabajo pesado, peligroso e insalubre en Costa Rica, especialmente en las plantaciones de piña, y su relevancia para los operadores del derecho en diversos sectores. 

Este evento ofrece una oportunidad única para discutir temas cruciales para el bienestar laboral en el país. En la imagen se informa los medios por los cuales estará la transmisión.

Personas vecinas de Río Cuarto denuncian quemas de piñeras

Personas vecinas del asentamiento de Estela Quesada en Santa Isabel de Río Cuarto denuncian la quema de rastrojo de la piña, los denominados “fuegos controlados”, pero los vecinos no creen que pueda ser controlados los impactos del humo en las casas, las personas y los ecosistemas.

Los vecinos denunciaron que las personas más afectadas son habitantes con problemas de salud como bronquitis o enfermedades bronco respiratorias.  Son años de la misma práctica.

Un vecino que prefirió hacer la denuncia anónima relató que “el asunto que han venido quemando largo de acá, pero como el viento viene hacia donde nosotros todo ese humo se viene, no era tan fuerte, pero hora que quemaron al frente de la casa al otro lado de la calle, ha sido humo más fuerte, a mi esposa la tuve que llevar al médico, porque estaba muy afectada por el humo y le hicieron exámenes y salió con bronquitis, y con unas manchas en los bronquios”.

Los vecinos responsabilizan a la empresa Dole y suponen que tienen permisos bajo la figura de “quemas controladas” (Decreto Ejecutivo Nº 23850-MAG-SP). En países como España se erradicó está práctica de quema mediante subvenciones con la condición de no quemar rastrojos, excepto por razones excepcionales fitosanitarias autorizadas.

La quema de desechos de la producción piñera o de caña tiene muchos impactos ambientales además de contribuir al calentamiento global y a la contaminación ambiental, empobrece el suelo al afectar y disminuir la población microbiológica y deteriorando la fertilidad del suelo. En muchos casos los desechos contienen gran cantidad de plaguicidas por lo cual se pueden generar nubes tóxicas.

Si los rastrojos tienen por ejemplo paraquat o cualquier otro herbicida con cloro y posteriormente se queman, sin importar el tiempo que haya pasado dada la persistencia de estos agrotóxicos, se generan dioxinas que según la OMS “las dioxinas son muy tóxicas y pueden causar problemas reproductivos y del desarrollo, afectar a los sistemas inmunitario y hormonal y causar cáncer”.

Además estas malas prácticas agrícolas son responsables de incendios forestales pues según la Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego en Costa Rica 2012 – 2021: En temporadas de incendios forestales que van del 2007 al 2012, las causas principales se dan por quemas de pastos y agropecuarias representan un 46.06%, vandalismo un 21.01%, actividades de caza un 12.52% y venganza un 7.68 (SINAC, PNMF, 2012).

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, atendió durante el 2023, un total de 45 incendios estructurales que afectaron un aproximado de 7.165 hectáreas. Mientras en 2024 hasta mediados de febrero contabiliza 11 incendios forestales con 571 hectáreas afectadas.

Videos disponibles en:  https://drive.google.com/drive/folders/11z1e149q8sL8vpe7hBHMhCnnMYn3kXi7?usp=sharing

Testimonios disponibles en: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/quema-de-pina-en-estela-quesada-de-rio-cuarto-como-afecta-a-las-personas-vecinas/

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. En base a información del Observatorio de Bienes Comunes.

https://drive.google.com/drive/folders/11z1e149q8sL8vpe7hBHMhCnnMYn3kXi7?usp=gmail

Quema de piña en Estela Quesada de Río Cuarto – Afectaciones a las personas y al ambiente

Observatorio de Bienes Comunes

Visitamos en febrero del 2024 la comunidad de Estela Quesada de Santa Isabel, Río Cuarto y reflexionamos junto a personas vecinas sobre las implicaciones que tiene la quema de piña para la salud comunitaria y el ambiente. ¿Es tan controlado el fuego? Participan Héctor Davila, Elena Trigueros y Carlos Rodríguez.

Bienes Comunes en Corto: Derechos laborales en plantaciones con Didier Leitón

Observatorio de Bienes Comunes

¿Cómo se caracteriza el trabajo en las plantaciones de banano y piña? Conversamos con Didier Alexander Leitón Valverde del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas sobre las condiciones laborales que enfrentan las personas trabajadores de los agrocultivos de banano y piña, especialmente en el caso del Caribe costarricense.

Puntalitos en disputa, monocultivos y agrotóxicos: amenazas para la vida

Puntalitos en disputa    

Episodio 4: Monocultivos y agrotóxicos: amenazas para la vida   

La modificación de la estructura productiva en Costa Rica a partir de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) impulsó los productos para exportación y ha despojado territorios y poblaciones que históricamente se dedicaban a la agricultura diversificada. La lógica del agronegocio ha provocado el uso excesivo de paquetes de agrotóxicos que colocan al país en uno de los mayores consumidores de estos venenos.    

Repetición el domingo a las 6:30 p.m.                           

¿Qué es lo que comemos?

 

Imagen ilustrativa. UCR.

Participación ciudadana en materia ambiental: breves apuntes relativos a una reciente sentencia

Foto de manifestantes contra la expansión del monocultivo de la piña en Costa Rica extraída de artículo titulado «Nuevo gobiernos, viejos piñeros» (Revista AgroEcologa, edición del 7/05/2018).

Nicolas Boeglin,

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR) / Contacto: nboeglin@gmail.com

En días pasados, fue dado a conocer el voto 11236-2023 del 12 de mayo del 2023, relativo a una viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) para un relleno sanitario en Miramar de Montes de Oro.

Como ya viene siendo costumbre cuando se trata de un proyecto objeto de cuestionamientos, la SETENA optó por otorgar esta viabilidad un 14 de diciembre del 2022, recordándonos varias otras polémicas en Costa Rica en las que la segunda quincena de diciembre es escogida: tal es el caso, entre muchos más,

– de la viabilidad ambiental 3638-2005-SETENA del 12 de diciembre del 2005 otorgada en el caso del proyecto minero Crucitas;

– de la resolución 2731-2007 del 17 de diciembre del 2007 otorgando la viabilidad en playa Matapalo (Guanacaste) a un megaproyecto hotelero de 700 habitaciones;

– de la resolución 2523-2014 del 17 de diciembre del 2014 autorizando el proyecto de terminal de contenedores en Moin de APM Terminals;

– de la resolución 2331-2016 del 15 de diciembre del 2016, autorizando la siembra de 600 hectáreas de piña en la zona contigua al Humedal Térraba Sierpe;

– o de la resolución 2146-2020 del 16 de diciembre del 2020 relativa a una planta gasificadora de desechos en Belén de Carrillo (véase texto completo colgado por el medio digital LaVozdeGuanacaste).

En cuanto a la participación ciudadana en materia ambiental, en el caso específico del relleno sanitario en Miramar de Montes de Oro, la SETENA consideró haber cumplido con este requisito al conformarse con el estudio de un sociólogo contratado por la empresa (denominado “Estudio cuantitativo de percepción local”), sin necesidad de proceder a celebrar una audiencia pública con la comunidad de Miramar de Montes de Oro, realizada hace más de 10 años.

En su voto, la Sala considera que la no celebración de una nueva audiencia pública previa por parte de la SETENA “resulta violatorio al derecho reconocido en el referido Artículo 50 de la Constitución” y por consiguiente, anula la viabilidad ambiental otorgada en las vísperas de las fiestas de fin del año 2022.

Un gran esfuerzo de cuatro integrantes de la Sala Constitucional por una palabra

Si bien es de saludar esta decisión de la Sala, pero ante todo, la persistencia, valentía y tenacidad de la recurrente que logró convencer a los integrantes de la Sala Constitucional, la lectura de este voto denota también una división interna en la Sala: en particular se hace muy evidente un sostenido esfuerzo semántico por parte de la mayoría de la Sala para referirse a la participación ciudadana en materia ambiental como un “principio” y no un “derecho”. Incluso entre las primeras referencias a su jurisprudencia, la Sala remite al voto 1163-2017, relativo al polémico proyecto de acueducto Coco Ocotal en Sardinal, en el que la Sala, haciendo a un lado más de 20 años de jurisprudencia, optó por no reconocerle más a la participación ciudadana en materia ambiental la calidad de derecho.

Sobre tan desconcertante – e indecorosa – conclusión del juez constitucional costarricense que se lee en el párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo), resulta oportuno recordar que fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda, cuya lectura se recomienda): los cinco magistrados/a restantes en aquel momento (2017) consideraron que ir en contra de la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de toda la evolución observada internacionalmente desde 1992 (Declaración de Río) para consolidar la participación ciudadana en materia ambiental como un verdadero derecho, no ameritaba ninguna reflexión particular.

Esta “involución” jurisprudencial a la cual procedió el juez constitucional costarricense a la fecha no ha dado lugar a rectificación alguna, pese a numerosas ocasiones desaprovechadas desde el año 2017.

La participación ciudadana en materia ambiental puesta en contexto

De manera a no causar mayor sonrojo al provocado por esta decisión del juez constitucional costarricense del mes de febrero del 2017, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores al párrafo 231 de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer en el transcurso del año 2018 (véase texto completo) que precisa, y ello de manera muy clara, que:

«231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante».

En el párrafo 242 de la misma opinión consultiva del juez interamericano, se lee que:

«g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión«.

En total consonancia con lo dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Acuerdo de Escazú adoptado en marzo del 2018, el Artículo 7 refiere a la participación del público como un “derecho”, al leerse que:

Artículo 7. 1: Cada Parte deberá asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional”.

De igual forma se indica en otro inciso que:

Artículo 7.4. Cada Parte adoptará medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones, de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos. A tal efecto, cada Parte proporcionará al público, de manera clara, oportuna y comprensible, la información necesaria para hacer efectivo su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones” (el resaltado es nuestro).

Como era previsible, ni el Acuerdo de Escazú, ni tampoco el uso del término “derecho” para referirse a la participación ciudadana aparecen bajo la pluma del magistrado instructor en el párrafo IV de la sentencia en la que fundamenta su razonamiento.

Calificativos usados contra la recurrente y jurisprudencia interamericana sobre la obligación del Estado

Como punto de detalle, encontramos en el voto 11236-2023 la siguiente afirmación por parte del Secretario General de la SETENA al leerse que (Resultando, punto 3):

Lo que menciona la recurrente es una expresión temeraria que pone en tela de duda la labor del Departamento de Evaluación Ambiental y de la SETENA misma. La recurrente desconoce de todos los cambios internos en la metodología de trabajo que se han realizado dentro de la SETENA, /…/

Debería poder fácilmente entenderse que, para cualquier vecino de Miramar de Montes de Oro u observador, una viabilidad ambiental aprobada por la SETENA en la segunda quincena de diciembre levanta usualmente dudas razonables y sospechas; y que, contrario a lo indicado, la decisión de la Sala Constitucional en este preciso caso confirma que la recurrente conoce perfectamente los métodos de la SETENA.

De igual manera, la apoderada general de la empresa a cargo del proyecto de relleno sanitario, consideró útil y oportuno expresarse en contra de la recurrente, al leerse unas páginas después (Resultando, punto 5) que:

Lo así afirmado por quien recurre, no puede ser calificado de otra forma más que temerario, irrespetuoso y tendencioso, no solo para la SETENA sino para mi representada, quien siempre se ha caracterizado por transparencia y estricto apego a la legislación imperante en cada Proyecto que emprende”.

Más allá del efecto que pueda tener, en una discusión sobre argumentos jurídicos ante siete magistrados, el intento de descalificar a una recurrente preocupada por los efectos negativos de un determinado proyecto y que desconfía de sus autoridades, lo cierto es que ni los argumentos de la SETENA ni los de la empresa encontraron eco alguno en ninguno de los integrantes de la Sala Constitucional.

Precisamente, en cuanto a las preocupaciones que puede generar un proyecto y a la transparencia que toda persona puede exigir a sus autoridades nacionales, cabe indicar que en una sentencia del 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso Baraona Bray contra Chile del 24/11/2022) sobre las acciones penales sufridas por un reconocido ambientalista chileno, el juez interamericano sentenció lo siguiente:

96. Además, la Corte recuerda que la participación representa un mecanismo para integrar las preocupaciones y el conocimiento de la ciudadanía en las decisiones de políticas públicas que afectan el medio ambiente y aumenta la capacidad de los gobiernos para responder a las inquietudes y demandas públicas de manera oportuna, ayuda a construir consensos y a mejorar la aceptación y el cumplimiento de las decisiones ambientales. Además, la participación pública facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones y mejora la evidencia y la credibilidad de los procesos gubernamentales. Lo anterior, por cuanto el control democrático por parte de la sociedad, a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública”.

En el párrafo 100 de esta misma sentencia, el juez interamericano afirmó además que la garantía de la libertad de expresión se extiende a las personas que defienden el ambiente, al precisar que:

“la Corte considera que el respeto y garantía de la libertad de expresión en asuntos ambientales es un elemento esencial para asegurar la participación de la ciudadanía en los procesos relativos a dichos asuntos y, con ella, el fortalecimiento del sistema democrático a través de la vigencia del principio de democracia ambiental».

En el párrafo 114, el juez interamericano explicó las razones por las que la temática ambiental debe siempre considerarse como un asunto de interés público, al señalar que:

“Al respecto, esta Corte considera que las opiniones, manifestaciones, ideas e información relativas a la protección o gestión del medio ambiente, así como aquellas sobre los riesgos e impactos ambientales de actividades o proyectos, deben ser considerados asuntos de interés público en lo que respecta a la protección de la libertad de expresión debido a que, como lo ha reconocido en su jurisprudencia, el respeto y garantía de los derechos humanos no puede escindirse de la protección del ambiente. Asimismo, cabe señalar que Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. En consecuencia, para este Tribunal no cabe duda de que los temas ambientales deben considerarse asuntos de interés público en una sociedad democrática y que corresponde a los Estados proteger la libertad de expresión y fomentar la participación por parte de los ciudadanos en estos asuntos”.

Cabe indicar que en esta importante sentencia que condenó a Chile en el 2022, el juez interamericano hace varias referencias al Acuerdo de Escazú, integrándolo de pleno al corpus juris interamericano. Ya tuvimos la ocasión de indicar al respecto en un artículo publicado en abril del 2023 que:

“/…/ no cabe duda que desde su adopción en el 2018, el Acuerdo de Escazú contribuye, desde ya, a enriquecer sustancialmente el corpus juris del juez interamericano, permitiéndole precisar y consolidar el alcance de las obligaciones que tienen los Estados en la materia. Esta sentencia ya debería interesar a todos los Estados del hemisferio americano que integran el sistema interamericano de derechos humanos” (Nota 1).

El persistente temor ante la participación ciudadana en materia ambiental

En un estudio del 2014 del jurista Álvaro Sagot Rodríguez sobre las reiteradas regresiones ambientales del juez constitucional costarricense, el autor cita una decisión del 2012 de la Sala Constitucional en la que se lee textualmente que:

«En este sentido, el derecho ambiental no podría conducir a una tiranía de la participación ciudadana» (sic) (Nota 2).

No cabe duda que la participación ciudadana en materia ambiental crispa de manera singular a algunos juristas en Costa Rica, al punto de llevarlos a expresarse de manera tan peculiar como magistrados constitucionales.

En ese sentido, no está de más recordar otro hecho bastante insólito que pone en evidencia el profundo temor que provoca en algunos sectores la participación ciudadana: en el 2008, la única ley aprobada por la Asamblea Legislativa objeto de un veto por parte del Poder Ejecutivo costarricense durante todo el período 2006-2010, fue la “Ley para Fortalecer los Mecanismos de Participación Ciudadana en materia ambiental” (véase texto completo acompañado del texto del veto presidencial del 24 de noviembre del 2008). En el informe de labores para el período 2008 de una influyente cámara empresarial, leemos que:

Así mismo, para finales de año UCCAEP ejerció la presión necesaria para que el Presidente de la República vetara la Ley Ambiental. Para ello se publicaron una serie de artículos de opinión y a través de varios representantes se tuvo presencia mediática en torno a la posición del sector empresarial con respecto a la Ley aprobada por la Asamblea Legislativa” (véase texto del informe de la UCCAEP titulado “Informe de Labores, Marzo 2009”, p. 36).

Podemos de igual manera remitir a la discusión provocada en Costa Rica con respecto al Acuerdo de Escazú en los últimos años, a raíz de comunicados oficiales de la misma agrupación y de varias otras, así como de audios y escritos circulados por algunos juristas, y de una “nota”, ahora vuelta famosa, redactada por una magistrada de la Sala Constitucional en marzo del 2020 (véase voto 06134- 2020 que la contiene). Cabe recordar que en primer debate, el Acuerdo de Escazú fue adoptado por una votación de 44 votos a favor y ninguno en contra en el mes de febrero del 2020.

A modo de conclusión

Más allá de la gran facilidad con la que algunos en Costa Rica logran frenar iniciativas votadas por la Asamblea Legislativa, en su voto concurrente a la sentencia 11236-2023 del 12 de mayo del 2023 (cuya lectura completa se recomienda – párrafo VII – ) los magistrados Hubert Fernández, José Rafael Garita y Paul Rueda consideraron oportuno precisar (haciendo referencia a varios instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho ambiental, entre ellos el Acuerdo de Escazú, así como a la precitada jurisprudencia del juez interamericano) que la participación ciudadana en materia ambiental es un derecho que asiste a cualquier ciudadano costarricense. Una participación del público que, hasta el año 2017, así era calificada por la Sala Constitucional en innumerables votos (Nota 3).

Los tres magistrados antes mencionados expresaron además en su voto concurrente que:

la participación es un derecho de raigambre fundamental, puesto que es una expresión del principio democrático del Estado social de Derecho que busca facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan”.

Leemos además por parte de estos tres integrantes de la Sala Constitucional, que:

“… es de relevancia constitucional que el Estado garantice la audiencia pública como un derecho, a través de las formas de participación directa de los ciudadanos en asuntos que pueden tener un impacto ambiental”.

Es de esperar que, inspirándose en esta valiosa opinión concurrente colegial, pronto el resto de la Sala Constitucional logre rectificar la deriva semántica a la que ha procedido desde el año 2017, la cual constituye a todas luces una verdadera regresión jurisprudencial.

Y con relación al Acuerdo de Escazú, y al hecho que la mayoría de la Sala persistió en no hacer ninguna referencia a este instrumento de vanguardia en la fundamentación de esta sentencia de mayo del 2023 (pese a poder hacerlo), recientemente, los juristas Rafael González Ballar y Mario Peña Chacón indicaron en un artículo (cuya lectura completa recomendamos), que:

“… a partir de la sentencia interamericana Baraona Bray vs Chile, el Acuerdo de Escazú ingresó al bloque constitucional costarricense como fuente y estándar internacional en materia de derechos humanos y medio ambiente”.

– – -Notas- – –

Nota 1: Véase BOEGLIN N., “Acuerdo de Escazú, viento en popa: Corte Interamericana de Derechos Humanos lo incorpora, mientras persiste insólita ausencia de Costa Rica”, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 10/04/2023. Texto disponible aquí.

Nota 2: Véase SAGOT RODRÍGUEZ A., “(In) justificaciones constitucionales que han permitido regresiones ambientales”, Revista Judicial, Número 114 (Diciembre 2014), pp. 61-93 disponible en este enlace (en el que la referida cita se puede leer en página 93), así como en este otro enlace, en el que la referida cita se puede leer en página 30.

Nota 3: Véase por ejemplo el voto 06922-2010 de abril del 2010 sobre el proyecto minero Crucitas (párrafo XVII). O bien el voto 05593-2012 del 2 de mayo del 2012, en el que se lee (párrafo V titulado Sobre la participación ciudadana en asuntos ambientales) que: “En suma, el derecho de participación en materia ambiental, es un derecho fundamental y un principio, protegido constitucionalmente, y que como tal, impregna todo el resto del ordenamiento jurídico, en cuenta, toda la legislación, reglamentación y resto de normativa ambiental, aunque este no lo establezca expresamente. Derecho que se traduce en la obligación del Estado de facilitar, garantizar, permitir y brindar el acceso a la población en todas las instancias, incluso en los procedimientos administrativos y judiciales (en los términos del principio 10 de la Convención de Río), para que los miembros de la comunidad no sólo puedan ser testigos presenciales de un determinado procedimiento sino también para que puedan ser parte y así «reaccionar» frente a la violación a su derecho al ambiente y con ello buscar la reparación de los daños. Ello pues, conforme al más reciente concepto de legitimación en materia ambiental, su derecho de acceso, de intervenir, de participar y de ser parte, no emana de títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer según las reglas del derecho convencional, sino que, por tratarse de un interés difuso, tal derecho se difunde entre todos los miembros de una determinada categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos ilegales que los vulneran”. También merece mención el voto 06322-2003 del 3 de julio del 2003 en el que se lee, con relación a la participación de las municipalidades (Párrafo IX, inciso 11) que: “Queda claro que la participación ciudadana y de las municipalidades es de trascendental importancia a fin de promover la conciencia en los problemas ambientales y para coadyuvar en la toma de decisiones de las instituciones encargadas de la preservación, vigilancia y protección del medio ambiente y los recursos naturales. Este principio ya había sido reconocido en voto salvado de los Magistrados Piza, Solano y Arguedas en sentencia número 4423-93, supra citada, no sólo como un derecho de participación, sino un deber de la comunidad y municipalidad en la toma de decisiones y discusiones sobre la ubicación de un relleno sanitario en Esparza”.

Vinculación de los Trabajos Comunales en Zona Norte: agroecología, monocultivos y organización – Voces y Política

Este miércoles 24 de mayo tendremos el programa: “Vinculación de los Trabajos Comunales en Zona Norte: agroecología, monocultivos y organización” con la participación de la Estudiantes y docentes del Trabajo Comunal Comer Orgánico y de Dialogando el presente.

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.

Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM y véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica https://www.facebook.com/radiouniversidad

Llamado urgente del Papa Francisco por el Planeta. Una visión desde Costa Rica

Freddy Pacheco León*

Doctor en Ciencias Biológicas

Como pocas cosas han cambiado en lo fundamental, creemos pertinente la reedición de este ensayo siete años después, para conocimiento de quienes no tuvieron la oportunidad de leerlo… y opinar sobre él

El planeta enfermo

Nunca antes, un Papa había hablado tan claro y con tanto fundamento sobre la situación ambiental del planeta. Consecuente con su sentida invocación a San Francisco de Asís al escoger su nombre de Obispo de Roma, Francisco inicia su Encíclica con estas palabras: “1. «Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba».

Y agrega: “Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos (…) En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior”.  

Y es que para Francisco aquél concepto de “desarrollo sostenible e integral”, reafirmado y mayormente divulgado a partir de la Cumbre de Jefes de Estado en Río de Janeiro celebrada en junio de 1992, ha de verse como una preocupación común de la familia humana hacia tiempos mejores; “sabemos que las cosas pueden cambiar”, es su llamado pleno de esperanza.

El “inmenso depósito de porquería”

Conocedor de lo que está pasando en “nuestra casa común”, el Papa no desdeña ninguno de los problemas, acciones y amenazas que afectan negativamente al planeta, ni a sus causas, usando a veces palabras muy fuertes como cuando afirma “La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Inmundicia provocada por la creciente “exposición a los contaminantes atmosféricos (que) produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres, provocando millones de muertes prematuras”, dentro de los que menciona “al transporte, al humo de la industria, a los depósitos de sustancias que contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de malezas y agrotóxicos en general”. “Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables: residuos domiciliarios y comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos e industriales, residuos altamente tóxicos y radiactivos”, acota.

Habrá quienes con razón dirán que Francisco no está diciendo nada nuevo; que en nuestras sociedades, incluso a nivel local, ya se ha venido denunciando y reclamando sobre esta situación. Que las acciones comunales han sido múltiples, pero que igualmente, la respuesta institucional y formal de las autoridades gubernamentales ha sido, en la mayoría de las veces, reprochable. Algo innegable,  pero que es precisamente ante esas omisiones y ante la ausencia de soluciones efectivas de profunda sensibilidad humana, que la voz del Papa, con el alto sentido espiritual, moral, ético, cristiano, que encierra, la que ahora habrán de enfrentar los que desdeñan la voz del pueblo (que pocas veces se toma como “la voz de Dios”, pese a la repetida expresión).  

Con el Papa Francisco, por ejemplo, ahora podemos decirle a los servidores públicos, que los habitantes de las comunidades urbanas (principalmente) no merecen seguir siendo intoxicados por los gases emitidos por los desechos sólidos de un vertedero mal manejado, que desde que iniciara su funcionamiento incumple con las normas establecidas en un Plan Nacional de Manejo de Desechos oficialmente decretado, que establece que no puede ubicarse a menos de 500 metros de una comunidad ni cerca de las riberas de los ríos.  Que la sola idea de permitir el funcionamiento de incineradores de basura, productores inevitables de gases letales como dioxinas y el furanos, contaminantes orgánicos persistentes que provocan cáncer, patologías inmunológicas, desórdenes endocrinos, diabetes y malformaciones congénitas, es un crimen.

Y reafirma en pocas palabras lo que ha sido una prédica continua desde el sector de los ambientalistas sinceros: “Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. (…)  Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar”.

El cambio climático

La combinación de los factores que evidencian la realidad del cambio climático, unidos a los efectos más marcados del Fenómeno del Niño, que para el caso particular de Costa Rica han sido marcadamente severos en  el 2015, donde las extendidas sequías experimentadas en la provincia de Guanacaste, en la vertiente del Pacífico, contrastan con las extraordinariamente grandes precipitaciones lluviosas en la caribeña provincia de Limón, han hecho que algunos tomen conciencia de los efectos del cambio climático en nuestro pequeño país. Así, frente a los que siguen anteponiendo los factores económicos por encima de los ecológicos, para no invertir en procesos que mitiguen al menos el cambio climático, Francisco también tiene un mensaje.

“El clima”, expresa,  “es un bien común, de todos y para todos. A nivel global, es un sistema complejo relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana. Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático. (…) Es verdad que hay otros factores (como el vulcanismo, las variaciones de la órbita y del eje de la Tierra o el ciclo solar), pero numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero (anhídrido carbónico, metano, óxidos de nitrógeno y otros) emitidos sobre todo a causa de la actividad humana”. 

En el caso particular de Costa Rica, en donde al no ser un país industrializado, alrededor del 70% de los gases que acentúan el efecto invernadero proviene de la flota vehicular. En condiciones climáticas equilibradas, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) genera más del 90 de la energía a partir del funcionamiento de plantas hidroeléctricas de reconocida eficiencia. La construcción exitosa (que está en sus etapas finales) de otro proyecto hidroeléctrico (P.H. Reventazón) en la vertiente Caribe, permitirá generar 305,5 megavatios de electricidad que podrá suplir la electricidad a 525.000 hogares, a partir del año entrante. Muestra evidente de que la infraestructura energética estatal se ha venido diseñando acorde con las potencialidades ambientales del país, que permiten evitar la generación de electricidad a partir de hidrocarburos.  

Sin embargo, al reconocer que solo unos 24.000 vehículos del total de aproximadamente 1,2 millones utilizan algún tipo de energía alternativa, vemos que la proclamada meta nacional de alcanzar la “carbono neutralidad” para el año 2021 (¡dentro de poco más de cinco años!) no es más que un canto demagógico. Saben los gobernantes que ese objetivo jamás se alcanzará, pues la realidad nos demuestra que la tasa de importación de vehículos mantiene cifras crecientes.

Pero bueno, tal vez ahora que el Papa ha manifestado su profunda preocupación por “la hermana nuestra madre Tierra”, la demagogia le cederá espacio a la honradez política y Costa Rica empezará a caminar por senderos responsables, donde el “ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, estampado en nuestra Constitución Política, supere el texto y se convierta en una práctica nacional. Esa es la esperanza.

Depredación de la naturaleza

“El capitalismo salvaje” del que nos hablara el Papa Juan Pablo II, no deja ni las sombras de los árboles. La generación de ganancia financiera se convirtió en el dogma de una creencia fundamentalista, donde los textos “sagrados” se reproducen en academias de economía en que se venera a Milton Friedman. Líder de los “Chicago Boys” promotor de un inhumano libre mercado, causante de profundo caos social que, se consideró, solo podría implementarse en el contexto de regímenes dictatoriales como sucediera con Augusto Pinochet, después del derrocamiento y muerte del Presidente Salvador Allende. Tenía que ser por la fuerza, pues para los habitantes más pobres el sacrificio era (y es) un reto a la supervivencia.

Costa Rica, fiel a esas ideas, por muchos años hizo de “la destrucción como desarrollo” su “modelo”. Después de tener por unos 15 años a partir de 1970, la tasa de deforestación más alta en el mundo, una pérdida de suelos fértiles casi imposible de evaluar y una pesca depredadora que arrasó con la riqueza del hasta entonces productivo golfo de Nicoya, las consecuencias inmediatas provocaron aumentos en pobreza y migraciones internas.  

La pesca jamás se repuso, pues el brutal rompimiento de las redes tróficas hizo que las vedas impuestas a los pescadores semi-industriales y artesanales, fueran insuficientes para recuperar las poblaciones de peces de interés comercial. Los suelos fértiles terminaron la mayoría de ellos en los taludes marinos, arrastrados por los ríos que aún hoy van cargados de sedimentos.

Y la caída de la actividad ganadera de carne, por los efectos de la disminución drástica de la demanda extranjera, trajeron como consecuencia inesperada la recuperación de zonas boscosas. La reforestación de los bosques primarios, de gran biodiversidad, dieron paso a plantaciones forestales de unas pocas especies exóticas de muy limitado valor biológico, como  Teca (Tectona grandis), Melina (Gmelina arbórea), Chancho (Vochyssia sp.), Ciprés (Cupressus lusitanica), Jaúl (Alnus acuminata), Cebo (Vochysia guatemalensis) y Amarillón (Teminalia amazonia). De esta forma, aunque las estadísticas nos muestran una sostenida recuperación de la cobertura vegetal, la riqueza genética de los bosques originales se perdió para siempre.

Sobre esta situación, Francisco advierte que “Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva. La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no sólo para la alimentación, sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios. Las diversas especies contienen genes que pueden ser recursos claves para resolver en el futuro alguna necesidad humana o para regular algún problema ambiental”.

Y enfatiza: “El reemplazo de la flora silvestre por áreas forestadas con árboles, que generalmente son monocultivos, tampoco suele ser objeto de un adecuado análisis. Porque puede afectar gravemente a una biodiversidad que no es albergada por las nuevas especies que se implantan”. Y en referencia a un asunto que ha adquirido mayor interés entre los costarricenses, paradójicamente a partir de la invasión de parte del ejército nicaragüense de un humedal costarricense situado cerca de la frontera (localidad de isla Portillo), y en relación con áreas de humedales destruidas como parte del desarrollo de un puerto marítimo, que supuestamente desarrollaría la empresa transnacional APM Terminals, también en la región Caribe. El Papa llama la atención, señalando que “También los humedales, que son transformados en terreno de cultivo, pierden la enorme biodiversidad que acogían. En algunas zonas costeras, es preocupante la desaparición de los ecosistemas constituidos por manglares”, como la “lucha” que ha venido sucediendo en Costa Rica entre arrozales y manglares, principalmente.  

Especies en peligro de extinción

Algunos entes autodenominados “conservacionistas”, “ambientalistas”, “preservacionistas” y demás, han tomado animales como focas, osos panda, delfines, tortugas marinas, ballenas, elefantes, águilas, rinocerontes, panteras, etc., como símbolos de sus “campañas” internacionales. Se trata de acciones muy bien financiadas con aportes diversos, que incluyen en algunos casos a grandes corporaciones, muy alejadas por cierto, de tener en su misión institucional la protección ambiental. Un caso documentado es el de la denominada “Conservación Internacional” (CI) organismo financiado por entes del Gobierno de los EUA con claros intereses geopolíticos, en la que aparecen jugando papeles determinantes la US-AID, el Departamento de Estado y la NASA, con presupuestos de hasta $6.000 millones. Dinero proveniente de múltiples corporaciones, algunas con oscuros historiales en los campos económicos, políticos, laborales y ambientales, como ALCOA, British Petroleum, la minera Río Tinto, Bank of America, CEMEX, Chevron Texaco Corporation, SHELL, Citigroup, Coca Cola, Ford Motor Co., Intel, compañías de cruceros, KRAFT, McDonald´s , Microsoft, corporaciones productoras de papel, MONSANTO, NBC Televisión Network, Office Depot, ORACLE, empresas de Hollywood, PEPSI, SAFEWAY, SONY, Starbuks Coffee, TreeTop Incorporation, United Airlines, Visa USA, Volcafe, Walt-Mart y otras. Corporación “conservacionista” con muchos vínculos en Costa Rica y muchos otros países ricos en recursos naturales. Cabe citar en esta breve e incompleta acotación,  a “The Leatherback Trust”, presidida por un alto exasesor del Pentágono, a la que se le demostraron acciones reprochables hacia las tortugas marinas de Costa Rica que decían estar protegiendo. Y no podrían faltar las organizaciones acusadas de gestar fraudes financieros por medio de movimientos sospechosos de sus acciones en las bolsas de valores, como sucediera con el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) a la que han llamado “World Wide Fraud” fundada por el príncipe Felipe de Edimburgo, reconocido cazador.

Hechos conocidos, que se han tratado de denunciar pero que han contado con la protección cómplice de medios de comunicación masiva, usualmente contratados para publirreportajes y campañas propagandísticas abiertas, que ahora Francisco denuncia en su (para muchos) incómoda Encíclica.  

Dice el Papa: “(…) Pero no basta pensar en las distintas especies sólo como eventuales «recursos» explotables, olvidando que tienen un valor en sí mismas. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana”. Y agrega, en clara alusión a los que lucran con animales símbolo, como los citados, cual si su conservación fuera la más importante tarea: “Posiblemente nos inquieta saber de la extinción de un mamífero o de un ave, por su mayor visibilidad. Pero para el buen funcionamiento de los ecosistemas también son necesarios los hongos, las algas, los gusanos, los insectos, los reptiles y la innumerable variedad de microorganismos. Algunas especies poco numerosas, que suelen pasar desapercibidas, juegan un rol crítico fundamental para estabilizar el equilibrio de un lugar”.

Especies que, según los intereses de los que lucran con su “conservación”, enfrentarían el rechazo de los publicistas eventualmente contratados para montar una campaña. ¿Se imaginan una campaña para salvar las cianobacterias?  ¿Se podrían negociar títulos valores con esos “símbolos”?

“La cuestión del agua”

Con ese título, el Papa Francisco dedica las más sentidas reflexiones a la situación del agua potable en muchas regiones del planeta. Y es que como han expresado pueblos originarios del altiplano andino, “Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos da agua”, en referencia a las silenciosas y por tanto cínicas amenazas que se ciernen desde las inescrupulosas corporaciones que lucran con el comercio del agua cual bien económico, e incluso con la administración concesionada de acueductos, como una vez se intentara hacer en Costa Rica durante la administración del presidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002). Esa toma de conciencia ha de ser una tarea impostergable que habrán de cumplir los pueblos latinoamericanos y de otros países del sur, para enfrentar con algún grado de éxito a los que consideran el agua como “una necesidad básica” de los pueblos… y no como “un derecho humano básico”, tal y como se sostiene en los llamados “foros mundiales del agua”.

Foros a donde son llevados más de 30.000 “invitados” a cualquier cosa menos que a debatir, por los representantes del negocio del agua reunidos bajo la sombrilla del Consejo Mundial del Agua (WWC), directamente vinculados al Banco Mundial. Entes hijos de este banco, como el “Global Water Partnership” (GWP) que se encargan de canalizar los deseos expresos de corporaciones como Suez, Vivendi, GW Thames, Coca Cola, Nestlé, Femsa, Bechtell y otros, quienes a través de testaferros institucionales conspiran por establecer los medios que les permitan, adecuar las legislaciones de los países de los “invitados”, comprometidos por los generosos patrocinadores de sus numerosos viajes.

Antecedentes que han de considerarse para  comprender la insistencia mostrada por algunos costarricenses vinculados con la citada GWP-Banco Mundial, para sustituir una magnífica Ley de Aguas inspirada en la Doctrina Social de la Iglesia, que se emitiera durante la administración del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en agosto de 1942. Legislación que fuere modificada en 1972 y más intensamente en 1996, para adecuarla a las características y necesidades de la Costa Rica del siglo XXI. 

Ley que abrió el camino para la creación del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados –SNAA- (que luego le dio paso al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados – ICAA-), así como al funcionamiento de las más de mil ASADAS (asociaciones administradoras de acueductos rurales) y otros entes de interés público con funciones en el sector agua, sin que se hubiere provocado caos alguno, más allá de los inevitables problemas administrativos de cualquier sector.

Sin embargo, los que han venido conspirando contra esa ley nacida bajo la influencia de las encíclicas “Rerum novarum” y “Quadragesimo anno” y la realidad conocida por el entonces estudiante Rafael Ángel Calderón en la Bélgica que lo acogía. Realidad muy diferente a la Costa Rica de entonces, donde sus habitantes no gozaban de servicios de salud pública, de garantías laborales, de educación universitaria ni de agua potable.

Situación que seguramente desveló al sensible médico que veía como sus compatriotas tenían un promedio de vida que no superaba los 47 años, pues las enfermedades, en su mayoría vinculadas a las aguas contaminadas que consumían, tenían que enfrentarse con decisión política. Así nació la Ley de Aguas que todavía goza de buena salud.

Pues bien, después de engañar a poco más de 150.000 ciudadanos que firmaran por un proyecto de ley que se tramitaría por el nuevo mecanismo de “iniciativa popular”, los bien financiados promotores del nuevo proyecto que sustituiría la Ley de Aguas vigente, llevaron a la Asamblea Legislativa un texto desconocido por los que hubieren firmado y, en un acto torpe además de malintencionado, lo modificaron sustancialmente al interior de una comisión legislativa. Al cambiarlo en su espíritu y letra, hicieron que el proceso cayera en una situación contraria a la Constitución Política de Costa Rica.

Pero más allá de esa situación relacionada con el procedimiento, los que hemos tratado de advertir a los habitantes acerca de las amenazas evidentes que contiene ese proyecto, hemos recibido con especial beneplácito la Encíclica Laudato Si que comentamos, pues cual si Francisco hubiere estado enterado de lo que se discutía en Costa Rica, lo que escribió hace que lo sintamos al lado de los costarricenses que queremos evitarle un terrible daño a la calidad de vida de nuestros compatriotas y demás habitantes del país, en caso de que un proyecto así llegara a aprobarse.

Agua como bien económico y como necesidad básica. No como bien social y derecho humano

Dice el Papa: “Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”.

Párrafo que parece una respuesta a la declaratoria del agua como un “bien económico que se incluyera subrepticiamente en el proyecto propiciado por la GWP, en sustitución a un párrafo que declaraba como principio general que “El agua es un recurso de usos múltiples, siendo el consumo humano el prioritario”.  Bien económico (que es muy diferente a “valor económico”) que al tratarlo como una mercancía, como dice el Papa, lo coloca en el ámbito del mercado donde puede ser privatizable.

Y también la Encíclica destaca que el acceso al agua, como es una tendencia muy extendida entre los pueblos del mundo que ven como su escasez amenaza a los que sufren hambre en virtud de su inhumana condición económica, ha de ser un derecho humano. Que esa agua ha de ser “potable y segura”, o sea, en calidad y cantidad adecuadas. Respuesta del Papa también a los que cínicamente modificaron el principio general que decía “El acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas y al saneamiento son derechos humanos fundamentales indispensables para satisfacer todas las necesidades básicas”, al eliminarle que tal acceso fuere en cantidad y calidad adecuadas (indispensables)  para satisfacer todas las necesidades básicas”.

La inaceptable eliminación del párrafo en cantidad y calidad adecuadas (indispensables)  para satisfacer todas las necesidades básicas, choca con lo que manifiesta el Papa cuando nos recuerda lo siguiente: “Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas. La diarrea y el cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua inadecuados, son un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil.

En fin, se trata de mutilaciones que obviamente no se hicieron por error, sino que obedecen a la ideología imperante en los principios que rigen la acción del Consejo Mundial del Agua (WWC) y la GWP-Banco Mundial, expresados en los foros del agua organizados por los comerciantes del agua que denuncia el Papa Francisco. Entes para los cuales el agua ha de considerársele como un bien económico y no como un bien social, y para quienes su acceso en calidad y cantidad suficientes no ha de ser un derecho humano básico, sino una “necesidad” básica, como lo acordaran en el Foro Mundial del Agua celebrado en Estambul, con la presencia de delegados costarricenses que ni se enteraron de lo que se estaba decidiendo “en las alturas”.

Las aguas subterráneas

El proyecto de la GWP-Banco Mundial plantea algo insólito. Al desconocer la experiencia acumulada a lo largo de tres décadas por los profesionales especializados en el manejo e investigación de las aguas subterráneas por el estatal “Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento” (Senara), se le cercena al Senara ¡hasta de su nombre!, las funciones relativas a las aguas subterráneas.

Sin considerar la escasez de profesionales en ese trascendental campo, se trasladan esas tareas a un ente político dependiente del ministro de Ambiente, a donde no se tiene la idoneidad, el conocimiento ni la capacidad para satisfacer esa necesidad nacional.  

De acuerdo a estudios del Senara, en Costa Rica existen 58 acuíferos, de los cuales de acuerdo con su geología y localización, 34 son costeros, 9 volcánicos continentales y 15 sedimentarios continentales. Costa Rica cuenta con unos  17.000 pozos a los cuales se les ha otorgado al menos una concesión, ubicados en la cuenca de Tárcoles (39%), la cuenca Península de Nicoya (17%), cuencaTempisque (14,4%), cuenca Reventazón (5,5%) y cuenca Jesús María (3%). Acuíferos que cada día, y especialmente en los años en que la influencia del fenómeno de El Niño, adquieren mayor importancia para tratar de garantizar su permanencia y evitar su contaminación. Son fuente de agua potable trascendental, para el consumo humano y actividades productivas de las comunidades, que no han estado ajenas al derroche y la contaminación por agroquímicos y otras sustancias tóxicas.

Por lo anteriormente resumido, resulta incomprensible propiciar una regresión ambiental de tal magnitud, al trasladar las funciones inherentes a las aguas subterráneas a un ente incapaz de atender las funciones estatales que hasta hoy buscan garantizar su protección mediante un manejo técnico y científico idóneos.  Traslado que se haría (luego de una modificación indebida) sin que sea una obligación de los funcionarios especializados hacerlo y sin “los recursos físicos, tecnológicos y financieros que utiliza esta dependencia”, como rezaba el proyecto original. Tendríamos así, un vacío de inimaginables consecuencias, en la función estatal relacionada con las aguas subterráneas.

Ante tal atentado a la razonabilidad y la lógica, hemos de reflexionar sobre las palabras del Papa Francisco cuando dice: Las aguas subterráneas en muchos lugares están amenazadas por la contaminación que producen algunas actividades extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en países donde no hay una reglamentación y controles suficientes”. “Pero se advierte un derroche de agua no sólo en países desarrollados, sino también en aquellos menos desarrollados que poseen grandes reservas. Esto muestra que el problema del agua es en parte una cuestión educativa y cultural, porque no hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran iniquidad”. 

Control del agua por comerciantes

Cuando nos hemos de referir a los impactos ambientales sobre las aguas subterráneas y las fuentes superficiales que pudieren ser utilizables, hemos de considerar el lucrativo negocio que se deriva de la comercialización a nivel nacional e internacional de las fuentes de agua.  

Cual si fuere algo insólito, los diarios impresos y digitales han estado reseñando con preocupación la situación de gran parte del pueblo puertorriqueño que ha venido sufriendo recurrentemente de una escasez de agua potable, consecuencia de una extendida y severa sequía que afecta a esa isla caribeña.  Pero también se ha comentado el hecho inaudito de que, pese a esa situación de sed extendida, no solo algunas empresas siguen exportando agua embotellada (¡cada vez más valiosa!) sino que ha sido imposible aprobar sendos proyectos de ley que buscan regular dicha actividad comercial en situaciones como las que padece Puerto Rico.

Situación que resume el Papa Francisco cuando manifiesta que “Los impactos ambientales podrían afectar a miles de millones de personas, pero es previsible que el control del agua por parte de grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflictos de este siglo”. Conflictos que algunos han denominado “guerras por el agua” pero que el Papa plantea en un ámbito más amplio, más realista, más cercano, aunque no excluyente al nivel planetario.

La triste experiencia que experimenta el pueblo boricua, principalmente el sector más desposeído, es un ejemplo doloroso de conflicto entre el acceso al agua en calidad y cantidad adecuadas como un derecho humano,   indispensable  para satisfacer todas las necesidades básicas, y las incontenibles acciones ejecutadas por las empresas que ven al agua como un bien económico y no como un bien social.  Las mismas que han dicho en los multimillonarios foros de los turistas del agua (en su idioma) “no money, no water”.

Pero como el proyecto de ley de la GWP-Banco Mundial también en este aspecto tenía que enfrentar a la voz muy respetada del Papa Francisco, hemos encontrado una situación que refleja el verdadero y escondido interés comercial que salpica su texto.  

En uno de los más claros ejemplos del incumplimiento del Principio de Conexidad que ha de imperar en un proyecto ingresado a la Asamblea Legislativa por la vía de la Ley de Iniciativa Popular, so pena de ser declarado inconstitucional en caso de que algo así fuere aprobado eventualmente, resulta que el artículo relacionado con la regulación a la exportación del agua, que expresaba, en lo fundamental, la posibilidad de “restringir y limitar total o parcialmente la exportación de agua cuando eso sea necesario para garantizar el abastecimiento para consumo humano y los distintos usos aprovechamientos de las comunidades locales y los sectores productivos nacionales”, ¡fue eliminado!, borrado totalmente, “lavado” del texto del proyecto.

Notas finales

Hemos querido sintetizar nuestra visión de la Encíclica “Sobre el Cuidado de la Casa Común”, a partir de nuestra experiencia en el campo ambiental y la realidad costarricense, como un humilde aporte a su conocimiento. Como una motivación a estudiarla y ponerla en práctica; como un agradecimiento a ese gran latinoamericano que desde el Vaticano nos ha venido sorprendiendo desde el primer instante en que fuere nombrado Obispo de Roma y Papa de la Iglesia Católica.

———————————————————————————————————-

* Doctor en Ciencias Biológicas, Universidad de Dundee, Escocia, R.U., catedrático jubilado Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. Dirección electrónica frepaleon@gmail.com

———————————————————————————————————- 

Referencias

http://www.news.va/es/news/laudato-si-texto-completo-de-la-enciclica-del-papa

http://contraperiodismomatrix.com/la-patetica-estafa-de-las-ongs-como-wwf-o-greenpeace-en-un-mundo-en-quiebra/

http://www.fanswrestling.com/wwe/wwe-fraude-financiero/

http://www.mitosyfraudes.org/INDICE/Cap12-WWF.pdf

https://prezi.com/cxea8pzodeii/privatizacion-del-agua/

https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_social_de_la_Iglesia

https://myweb.rollins.edu/jsiry/ArtiEnvAssetAccts.html

http://www.scientificamerican.com/magazine/sa/1992/06-01/

Un país inundado de veneno

Clemens Ruepert | Foto: Giorgio Trucchi

Con Clemens Ruepert

Un reciente estudio del agrónomo Elidier Vargas Castro, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que Costa Rica usa muchos más agrotóxicos, en su mayoría considerados de alta peligrosidad, que los países de América que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Giorgio Trucchi

Según el estudio publicado el año pasado que retoma datos oficiales del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Costa Rica emplea en promedio cantidades que oscilan entre 10 y 11,5 kilogramos de ingrediente activo por hectárea (ia/ha).

En países como Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Colombia, miembros del OCDE, o Ecuador, Honduras y Guatemala, que tienen características similares en cuanto a condiciones agrícolas, el uso promedio es de 2 kilogramos.

Una situación que se vuelve aún más alarmante si consideramos que el PNUD señala que el uso real promedio en Costa Rica durante el período 2012-2020 ha sido superior a los 34 kg de ia/ha, con rangos que oscilan entre 24,6 y 47,1 kg1.

Agrotóxicos altamente peligrosos

El 93 por ciento de estos ingredientes activos son considerados altamente peligrosos. Al menos 80 de ellos están asociados a efectos agudos para el ser humano. Casi la mitad son prohibidos en la Unión Europea y más de dos tercios son asociados con cáncer.

También hay unas 119 moléculas que están relacionadas con afectaciones sobre animales, en especial las abejas, y ecosistemas. Más del 60 por ciento están prohibidas en Europa.

Mancozeb, Glifosato, Paraquat, Clorotalonil, Etoprofos, Diazinón y 2,4-D son los agrotóxicos más utilizados y con más productos registrados en Costa Rica.

Se estima que, entre 2012 y 2020, la aplicación promedio anual de ingredientes activos en agricultura fue de 18,3 mil toneladas.

Según el estudio, los principales afectados resultan ser las trabajadoras y los trabajadores agrícolas y la población rural en general (exposición promedio de 74 kg/ia por persona), seguido por los cuerpos de agua superficiales y los alimentos.

En 2020, el banano es el cultivo donde se dio el mayor uso de agrotóxicos, seguido por piña, arroz, café y caña de azúcar2.

Esta situación acarrea también costos económicos para el Estado costarricense, que deja de percibir entre 22 y 36 millones de dólares al año por las exenciones de impuestos a los agrotóxicos. A esto hay que agregarles al menos otros 9 millones por afectaciones a la salud.

Un falso paradigma

“En Costa Rica hay un doble discurso sobre medio ambiente y naturaleza que es terrible”, dijo a La Rel Clemens Ruepert, investigador y químico ambiental del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA).

“Hay una gran expansión agrícola para la producción de monocultivos agroindustrial, en especial de banano, piña y caña de azúcar, que conlleva el masivo uso de agrotóxicos y una creciente pérdida de biodiversidad”, agregó el experto.

Esta situación, analizó Ruepert, se profundiza a raíz del falso paradigma de que estas prácticas son fundamentales para la generación de empleo y el crecimiento económico del país.

“Hay suficientes datos que demuestran todo lo contrario. Además, hay costos enormes que el Estado debe sostener por la contaminación ambiental y los efectos sobre el ser humano y animales”.

Si a esta grave problemática ambiental le sumamos la falta, casi absoluta, de respeto a los derechos laborales y sindicales de miles de personas que trabajan en las plantaciones, el escenario se asemeja, cada vez más, a una verdadera bomba de tiempo.

La bomba ya está explotando, lamentablemente quienes tienen grandes intereses en este sector de la agroindustria, incluyendo a las autoridades públicas, emplean estrategias para aparentar todo lo contrario”, advirtió Ruepert.

Para el catedrático es clave que las organizaciones sociales, populares, sindicales vayan articulando espacios, esfuerzos y acciones, involucrando a más gente, multiplicando la información y la capacitación de sus miembros y afiliados.

“Es la única forma para que haya un cambio. Es la misma lucha y hay que hacerla todos juntos”, concluyó.

Foto: Giorgio Trucchi

1 Esto se debe a una diferencia de cálculos. El SFE toma en cuenta el total de área sembrada a nivel nacional (agricultura y pasto), mientras que el PNUD sólo el área de cultivos
2 Fuente consultada Semanario Universidad

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/un-pais-inundado-de-veneno/

Río Frío (Guatuso) y la Minería no metálica: ¿Qué está pasando en?

Observatorio de Bienes de Comunes

Les queremos compartir algunas de las reflexiones que nos hacen llegar la comunidad de Maquengal de Guatuso, en torno a la situación que está amenazando al Río Frío.

La comunidad es consciente que hay procesos naturales que pueden generar cambios del recorrido del río, generar fenómenos de sedimentación e infiltración de aguas, pero también quieren llamar la atención que ciertas actividades humanas que pueden acelerar estos procesos.

Esta región ha vivido una expansión de diversas actividades económicas que han empezado a presionar la salud del río, entre ellas los monocultivos y la ganadería, que están asociados a los procesos de deforestación, erosión y compactación de suelos, pero también ha empezado a tener mayor presencia la Minería no Metálica, por esta razón nos comparten algunas de las implicaciones que empiezan a evidenciarse a partir de la intensificación de esta actividad.

Les compartimos la Infografía que nos invita a reflexionar sobre esta situación.

Imagen: Observatorio de Bienes Comunes.