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Etiqueta: moratoria municipal

Municipalidad de Puntarenas aprueba moratoria para proteger el río Guacimal

Municipalidad de Puntarenas aprueba moratoria para proteger el río Guacimal mientras que comunidades destacan intervención de la Defensoría de los Habitantes

Puntarenas, Costa Rica. Comunidades, ASADAS y organizaciones socioambientales de la cuenca del río Guacimal celebraron la aprobación unánime, por parte del Concejo Municipal de Puntarenas, de una moción para declarar una moratoria municipal sobre la extracción mecanizada de materiales en el cauce del río Guacimal y sus afluentes, dentro del territorio del cantón central de Puntarenas. La medida fue aprobada en la sesión extraordinaria N.° 171.

La moratoria responde a una solicitud presentada desde noviembre de 2025 por comunidades del Corredor Biológico Pájaro Campana, organizaciones socioambientales, Asociaciones de Desarrollo Integral y ASADAS, ante la preocupación por el incremento de solicitudes de concesión minera en cauce para la extracción de piedra y arena en el río Guacimal. Durante la sesión municipal, el regidor Mario Rodríguez Morales recordó que la moción responde a una solicitud de las comunidades y destacó que el estudio jurídico sobre la viabilidad técnico-legal de la moratoria fue elaborado por la abogada Gabriela Cruz Alaniz.

Según la información disponible en Dirección de Geología y Minas del 2025 existen 11 solicitudes de concesión entre los sectores de Guacimal y Chomes, de las cuales dos ya se encuentran en operación y el resto en trámite. En conjunto, estas solicitudes abarcarían cerca de 20 kilómetros de extracción casi continua, lo que representa más de la mitad del río.

La medida aprobada por el Concejo Municipal se plantea como una acción preventiva de ordenamiento territorial, gestión del riesgo y tutela ambiental, ante la existencia de riesgos razonables de daños graves o irreversibles al ambiente, al recurso hídrico, a la salud pública, a los medios de vida y a las comunidades. En ese sentido, ordena suspender la recepción, trámite, análisis, aprobación, renovación y refrendo de solicitudes municipales relacionadas con la extracción mecanizada de materiales en el cauce del río Guacimal y sus afluentes, mientras se mantenga vigente la moratoria.

La moratoria tendría una vigencia de 24 meses, prorrogable mediante acuerdo municipal, y solo podría levantarse si existen estudios técnicos integrales que valoren la capacidad de carga, los riesgos ambientales, hídricos, geomorfológicos y socioeconómicos, así como la ausencia comprobada de daños graves o irreversibles. También deberá garantizarse la protección del recurso hídrico, el bienestar de las comunidades, la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información.

Este avance municipal se suma a la admisión, por parte de la Defensoría de los Habitantes, de una solicitud de intervención presentada por la Alianza Hidrica (Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua) mediante los oficios N.° 04900-2026-DHR y N.° 04901-2026-DHR, ambos del 27 de abril de 2026, la Defensoría solicitó informes a la Municipalidad de Puntarenas y a SETENA sobre la situación del río Guacimal, las solicitudes de concesión, los posibles impactos acumulativos y el estado de los incidentes de nulidad presentados contra la viabilidad ambiental otorgada al proyecto de WSP Constructora S.A.

En particular, la Defensoría solicitó a SETENA informar el estado actual de los recursos de nulidad presentados contra la resolución N.° 0100-2025-SETENA, indicar si se han adoptado medidas preventivas mientras dichos recursos se encuentran pendientes, remitir copia del Estudio de Impacto Ambiental del expediente D1-0483-2023, señalar si se ha iniciado algún procedimiento de revisión, corrección o eventual anulación de la viabilidad ambiental, e informar si se ha realizado o se prevé realizar una evaluación de impactos acumulativos considerando las múltiples solicitudes de concesión en el río Guacimal.

Asimismo, la Defensoría solicitó a la Municipalidad de Puntarenas referirse a la moratoria solicitada por las comunidades, detallar las acciones realizadas para atender el riesgo asociado con la extracción de materiales en el río Guacimal, informar si se han realizado análisis técnicos, jurídicos o ambientales sobre la procedencia de la moratoria, y señalar si existe algún mecanismo de coordinación interinstitucional o comunal para proteger el río y garantizar el abastecimiento de agua de las ASADAS ubicadas río abajo.

Las comunidades han advertido que el río Guacimal es esencial para la seguridad hídrica de más de cuatro mil personas usuarias de ASADAS locales, cuyas fuentes y pozos dependen directamente de este recurso. Además, la cuenca cumple una función ecológica estratégica al formar parte del Corredor Biológico Pájaro Campana, que conecta bosques nubosos con manglares costeros y permite la movilidad de especies silvestres, incluyendo fauna en categorías de amenaza.

La preocupación comunitaria también se relaciona con el proyecto de WSP Constructora S.A., que pretende instalar un quebrador y una planta de concreto en una finca colindante con el río, además de gestionar una concesión para extraer material del cauce. En los documentos remitidos a la Defensoría se señalan posibles vicios de forma y fondo en el expediente ambiental, incluyendo inconsistencias en la información del proyecto, ausencia de consulta pública y cuestionamientos sobre la evaluación de impactos acumulativos.

Las comunidades y organizaciones solicitantes hicieron un llamado a la Municipalidad de Puntarenas para actuar con debida diligencia, garantizar el acceso a la información pública, atender las preocupaciones de las ASADAS y comunidades locales, y asegurar que cualquier decisión sobre el río Guacimal se adopte con base en criterios técnicos, participación ciudadana efectiva y protección prioritaria del recurso hídrico.

Comunidades solicitan moratoria municipal para frenar extracciones en el río Guacimal

Puntarenas, 21 de noviembre de 2025. Comunidades del Corredor Biológico Pájaro Campana, que incluye la cuenca del río Guacimal, organizaciones socioambientales, Asociaciones de Desarrollo Integral y Asociaciones administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales (ASADAS)se hicieron presentes este lunes al Concejo Municipal de Puntarenas para presentar una propuesta formal para declarar una moratoria inmediata a nuevas extracciones mecanizadas de materiales en el cauce del río Guacimal. La petición surge en el marco de una presentación pública realizada en la sede municipal, donde se expusieron los riesgos ambientales, hídricos y socioeconómicos que enfrenta la cuenca.

Durante la actividad, representantes comunitarios detallaron que el río Guacimal está actualmente amenazado por 11 solicitudes de concesión minera en cauce, para extracción de piedra y arena entre Guacimal y Chomes, dos ya operando y las otras en trámite de concesión, abarcando casi 20 km de extracción casi continua, constituyendo más de la mitad del río (ver mapa). Señalaron que la extracción intensiva provoca profundización y ensanchamiento del lecho, erosión, pérdida de biodiversidad, afectación a zonas de recarga hídrica y daños a terrenos e infraestructura comunitaria. Además, advirtieron que las comunidades verían restringido su acceso tradicional al río y que se verían afectados emprendimientos de turismo rural, agricultura y actividades recreativas, pilares económicos del distrito.

A estos proyectos se suma uno que genera mucha preocupación, pues la empresa WSP Constructora S.A. pretende instalar un quebrador y una planta de concreto en una finca colindante con el río, además de solicitar una concesión para extraer material del cauce. No existe claridad sobre la fuente de agua que utilizarían para lavar el material ni sobre el manejo de las aguas residuales altamente alcalinas provenientes de las mezcladoras de concreto, las cuales contienen partículas y residuos que pueden afectar la salud y contaminar el ecosistema. También hay preocupaciones sobre las posibles enfermedades debidas al deterioro de la calidad del aire y las afectaciones a la salud por los polvos de cemento y sílice que se suspenden en el aire en este tipo de operaciones.

Ante este panorama, las comunidades solicitan al Concejo Municipal de Puntarenas la urgencia de aprobar una moratoria que se fundamenta en criterios constitucionales, técnicos y de derecho internacional. En particular, se destaca la reciente Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la obligación imperativa de los Estados y gobiernos locales de prevenir daños ambientales irreversibles y actuar bajo el principio de precaución, incluso cuando exista incertidumbre científica.

La iniciativa solicita que el Concejo Municipal apruebe un acuerdo para:

  1. Suspender el trámite de concesiones y nuevos permisos mineros o asociados a la minería en el cauce del río Guacimal;

  2. Ordenar a la Alcaldía la elaboración de un informe técnico integral de la capacidad de carga extractiva viable de acuerdo con las condiciones de vulnerabilidad ambiental de la cuenca;

  3. Desarrollar procesos de información y participación comunitaria durante la vigencia de la moratoria hasta que se definan nuevas condiciones que garanticen la salud del ecosistema y la protección del bienestar de las comunidades.

Los representantes comunales enfatizaron que la protección del río es esencial para la seguridad hídrica de más de 4.000 personas usuarias de ASADAS locales, para la conservación del Corredor Biológico Pájaro Campana, para la economía local, para la salud del manglar y del Golfo de Nicoya y para la reproducción de especies en estado de conservación frágil, como la nutria y peces migratorios. Señalaron, además, que mientras una concesión genera pocos empleos, “un río sano beneficia a miles de personas tanto en la cuenca como en el mar”.

Las organizaciones locales enfatizan que esta moratoria no implica una oposición al desarrollo, sino una acción responsable para resguardar un ecosistema vital y los medios de vida de miles de personas. “Hoy lo que está en juego es el futuro de la cuenca del río Guacimal”, señalaron voceros comunitarios.

El 19 de noviembre se entregó dicha solicitud de moratoria en un documento formal al Concejo Municipal, que deberá analizar el acuerdo propuesto en próximas sesiones.

Ese mismo miércoles, voceros del movimiento sostuvieron una audiencia con el representante del alcalde municipal, Ing. Jeffrey Ramírez. Durante la reunión expresaron que las comunidades potencialmente afectadas comprenden la necesidad de contar con material para la construcción de carreteras. Sin embargo, señalaron que la preocupación no radica en una sola concesión de corto plazo, sino en las 11 solicitudes de concesión que podrían extenderse por décadas. También destacaron que los ecosistemas ribereños y costeros, por ser los más frágiles y los que más vida humana y de otras especies sostienen, no deberían ser sacrificados, especialmente cuando existen otras fuentes de material.

También reiteraron su firme interés en el turismo rural comunitario que han venido desarrollando en los últimos años, el cual beneficia directa e indirectamente a decenas de familias locales, subrayando que este es “un modelo de desarrollo que sí queremos”. Indicaron que la sesión con el Ing. Ramírez concluyó con la solicitud de un pronunciamiento por escrito del alcalde, Randall Chavarría, en relación con los puntos expuestos en el documento entregado en sus oficinas el 29 de septiembre, así como las preocupaciones que le manifestaron verbalmente a Ramírez.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.