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Etiqueta: movilizaciones sociales

Sobre las movilizaciones sociales en Ecuador

Fuente: Rebelion.org

Nosotras y nosotros, profesionales de la historia y las ciencias sociales, frente a la movilización de diversos sectores sociales iniciada el 13 de junio de 2022 en Ecuador, expresamos:

1. Nuestra preocupación por la promulgación de declaratorias de estados de excepción que apuntan a reprimir la legítima protesta social: 

En la declaratoria de Estado de Excepción en el Decreto 455, con fecha del 18 de junio de 2022, se coartan derechos fundamentales de los seres humanos como la libre asociación, reunión, tránsito y la inviolabilidad del domicilio. 

En una versión oficial previa del Decreto 455 se establecía la restricción del derecho a la libertad de información y se facultaba el uso de la fuerza letal frente a las movilizaciones. Aunque esos términos fueron solapados en la versión final del Decreto de Estado de Excepción, preocupa sobremanera la intención y la posibilidad de la violación de derechos en un documento firmado por el Presidente de la República, y que circuló en una primera instancia. 

El Decreto 455 fue reemplazado, el 20 de junio, por el Decreto 459, documento que matiza la suspensión de derechos. Esto da cuenta de una estrategia gubernamental para establecer el estado de excepción como método impositivo para procesar demandas sociales y así responder coercitivamente a la movilización social. Se da cuenta de esto en la militarización de la ciudad de Quito y la pretensión de hacer la capital inexpugnable, cerrar el paso a la ciudadanía y demandas del conjunto nacional. 

En el transcurso de dos días, dos decretos y tres versiones de ellos han circulado, evidenciando que el Gobierno promueve políticas represivas y sólo la presión social le ha inducido a corregir sus exabruptos. A esto se suma las acciones judiciales con las que el alcalde de Quito buscó impedir que el poder legislativo derogue el decreto 455, el día 20 de junio, lo que atizó el escenario de conflicto.

2. Nuestro rechazo a las expresiones racistas formuladas por actores políticos y otros miembros de la sociedad, que no hacen más que profundizar la exclusión, la discriminación y las fracturas internas de una sociedad queaspira a dejar atrás la violencia colonial. Del mismo modo, nuestro rechazo a la campaña de desprestigio que ha enarbolado el gobierno local de Quito a una amplia mayoría de la población, temeraria discriminación encubierta de un discurso de paz.

3. Nuestro rechazo al allanamiento injustificado de las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión (Casa de las Culturas) en el marco del Decreto 455; allanamiento dispuesto por la Fiscalía General del Estado, en el que no se encontró indicio alguno de material explosivo o armamento. Pese a ello, a partir del 19 de junio se ejecutó la requisición de las instalaciones de la Casa de la Cultura; actualmente se encuentra ocupada por fuerzas policiales. Este edificio emblemático alberga colecciones y acervos culturales fundamentales para la investigación, la construcción de la identidad colectiva y el goce de los derechos culturales. Esta es una violación al patrimonio nacional y a los derechos de los miembros de la sociedad ecuatoriana, y evidencia un desconocimiento de la gestión cultural y la preservación de los bienes que construyen las memorias nacionales. Nos preocupa que esta acción haya sido justificada por las autoridades públicas en el campo cultural siendo su mandato la salvaguarda del patrimonio y su deber brindar garantías de acceso ciudadano al patrimonio. Su tardía justificación de hacerlo por cuidar el patrimonio es insostenible, pues la presencia de armas en medio de un conflicto social solo puede poner en peligro este valioso patrimonio común, lo cual se suma a su persistente descuido de la provisión de recursos para las instituciones culturales, el abandono de archivos y notables problemas para gestionar la correcta preservación del Patrimonio Nacional visible desde el 2015 y agravada en los últimos 5 años.

4. La movilización social en Ecuador no es resultado de una coyuntura, sino de factores de carácter estructural. La carestía de la vida, agravada por políticas anti-humanitarias durante la pandemia del COVID 19 y el impacto en el precio de los alimentos que tiene conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, tiene sus orígenes en un Estado y en una sociedad empeñada en políticas excluyentes e insistentemente indolentes ante las demandas de inclusión social. La lucha histórica por la inclusión política, la soberanía alimentaria y el buen vivir se oponen a modelos de acumulación oligárquicos, extractivistas, primario-exportadores y gamonales que producen todo un conjunto de desposesiones contra la sociedad. La mala gestión para disminuir las desigualdades sociales y para acoger sus legítimas demandas políticas en pos de una democracia para el pueblo, ha provocado que los sectores más vulnerables sientan de forma más profunda y excluyente, los impactos de la crisis mundial.

Actualmente, en el campo ecuatoriano se concentran los mayores índices de pobreza, pobreza extrema y desnutrición infantil crónica. Por eso, es tarea de los gobiernos la adecuada planificación para la atención prioritaria, efectiva y alejada de paternalismos y visiones excluyentes de las necesidades del campo ecuatoriano, conformado en su gran mayoría por pueblos y nacionalidades.

Las reivindicaciones planteadas por varios sectores de la sociedad corresponden a problemas de fondo que afectan a todos los ecuatorianos. Es alarmante el deterioro en los sectores de salud y educación pública por falta de presupuesto, lo que vulnera derechos constitucionales. Por tanto, la protesta social es legítima y el gobierno debe dialogar de forma horizontal y empática para responder a las demandas populares contenidas en el Pliego de Peticiones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

5. Nuestro rechazo al uso instrumental del concepto de democracia. Este ha sido vaciado por el gobierno central y los grandes medios de comunicación a ser sinónimo de votaciones, cuando este implica formas más complejas de manifestación y participación ciudadana. De igual forma, el gobierno central en sus declaraciones ha usado el concepto de democracia para alimentar un clima de represión y conflicto, además de justificar la limitación de libertades.

6. Nuestro llamado a los medios de comunicación para difundir los acontecimientos actuales de forma plural, responsable, sin criminalizar la protesta social y permitiendo que voces diversas alimenten la formación de la opinión pública. Rechazamos la censura y la mordaza pues esta aumenta la posibilidad de que la violencia quede impune. Una opinión pública diversa y pluralista implica abandonar los intereses privados a los que representan. Del mismo modo, hacemos un llamado a las autoridades para que hagan respetar el ejercicio periodístico de los medios independientes amenazado por la violencia de las fuerzas del Estado.

7. Nuestra adhesión a la resolución política del conflicto mediante el establecimiento de vías transparentes de diálogo, respetando la independencia de las diferentes funciones del Estado y garantizando los derechos de los sectores movilizados. Este llamado debe incluir a la pluralidad de la sociedad civil y no solo a sectores adeptos al gobierno central. Creemos que los decretos de excepción expedidos no brindan un contexto adecuado para la obtención de los más profundos intereses de todos los miembros de la sociedad ecuatoriana. Instamos a la conformación de un verdadero diálogo que parta del cumplimiento, de parte del Ejecutivo, de las demandas enunciadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otras organizaciones sociales.

Por lo expuesto, solicitamos el apoyo de la comunidad académica nacional e internacional a este comunicado en pos de una democracia atenta a las demandas sociales y al reconocimiento político de las mayorías en el Ecuador.

Los firmantes: 

Alejandro López Valarezo Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Viviana Velasco Herrera Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política 

Rosa-María Mantilla-Suárez Seminario Permanente de Historia Política

Michelle Alejandra Andrade Paredes FLACSO – Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Luis Esteban Vizuete Marcillo El Colegio de México / Seminario Permanente de Historia Política

Agatha Rodríguez Bustamante Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Freie Universität Berlin / Seminario Permanente de Historia Política

Fernando A. Muñoz-Miño Seminario Permanente de Historia Política / El Colectivo

Sofía Luzuriaga Jaramillo Pontificia Universidad Católica del Ecuador/ Seminario Permanente de Historia Política

Katiushka Aguirre-Pacheco Pontificia Universidad Católica de Chile / Seminario Permanente de Historia Política

Enma Pilar Chilig Caiza Seminario Permanente de Historia Política

Lorena Rosero Manzano Seminario Permanente de Historia Política

Nicolás Zapata Seminario Permanente de Historia Política / Minga: democracia entre todos

Valeria Coronel FLACSO-Ecuador / Seminario Permanente de Historia Política

Participación juvenil: de censuras y paradojas

Marcos Chinchilla Montes

Si bien fueron diferentes las movilizaciones que a la postre se conjuntaron para que cayera la tiranía de los Tinoco en 1919, resulta prudente resaltar las acciones que impulsaron el estudiantado de secundaria del Liceo de Costa Rica, el Colegio Superior de Señoritas y el Colegio Seminario. Un puñado de adolescentes enfrentó al tirano y salieron victoriosos, la historia recuerda a duras penas -por lo de barrio chino- su gesto con la calle que lleva el nombre del Paseo de los Estudiantes.

En 1970, las masivas movilizaciones sociales que se oponían a la firma del contrato leonino contra ALCOA, también incluían a miles de estudiantes de secundaria que a lo largo del país se sumaron a las protestas. Fueron claves no solo en ese momento histórico, sino que pocos años después muchos de ellos y ellas pasarían a integrarse a los movimientos políticos de la izquierda costarricense y a los comunales. Su participación implicó plantarle cara a la vil entrega del país a una transnacional que no solo iba devastar una parte de la zona sur del país, sino que también destruiría formas de organización social propias de la zona.

La lucha contra el Combo del ICE también se conformó por la activa participación de estudiantes de secundaria a lo largo y ancho del país. La defensa de la institucionalidad costarricense se vio enriquecida con su participación en bloqueos, plantones, caminatas, jornadas de información y otras iniciativas que a la postre obligaron al gobierno y a la Asamblea Legislativa a dar marcha atrás. Recuerdo la oportuna intervención de una estudiante de secundaria en uno de los debates a los cuales Canal 7 se vio obligado a organizar: Carlos Vargas Pagán, en ese momento ministro de Planificación, y un férreo defensor de la privatización del ICE, insistía en la tesis de que el estudiantado de secundaria no tenía nada que hacer en las manifestaciones; cuando el micrófono llegó a la chica que estaba en los alrededores del canal, esta lo increpó destacando la contradicción de que en las elecciones presidenciales del 98 los diferentes partidos llamaban a la juventud para repartir propaganda, pero en el marco de esa lucha, les negaban su derecho a posicionarse y organizarse. Guardó silencio el señor ministro.

Más muestras de participación de la juventud las tenemos en la lucha contra el TLC, en la lucha contra la instalación de una mina a cielo abierto en Crucitas, en contra de los intentos de represar ríos, o por la mejora de la infraestructura pública educativa, dichosamente el etc. se hace largo.

El Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 7739, año 1998) en el artículo 60, inciso b, plantea en los principios educativos “Respeto por los derechos de los educandos, en especial los de organización, participación, asociación y opinión, este último, particularmente, respecto de la calidad de la educación que reciben”. Paradójicamente el gobierno de Carlos Alvarado, y en particular el Ministerio Educación Pública, le dan una estocada mortal a ese principio en la actual coyuntura de movilización social, al indicar que presentarán “una denuncia penal contra 10 estudiantes responsables del cierre y suspensión de clases en el Colegio Técnico Profesional de Pital (Semanario Universidad, 22-07-2019)”. La medida, necesariamente tiene que interpretarse como un intento desesperado de apagar cualquier conato de organización, participación y movilización de los miles de estudiantes que pusieron en jaque al gobierno a finales del mes de junio.

Censurar la participación de la juventud se enmarca en el precepto de instrumentalizar, dirigir y condicionar la participación de este sector social, para evitar así no solo su empoderamiento, sino también para impedir la inclusión de sus necesidades presentes y especialmente las futuras, en la agenda pública y política. Es una participación que en el pasado hemos denominado “con techo”, y que regula con precisión los escenarios en los cuales los sectores dominantes están dispuestos o no, a que participe la sociedad. La magnitud de las manifestaciones estudiantiles de junio pasado presagia el surgimiento de liderazgos estudiantiles, de su articulación, de su madurez política en evolución, y particularmente, de su recurrencia a la movilización para avanzar en materia de derechos. La clase política y empresarial procurará someterles.

Post scriptum. De novela de terror, la diputada Nidia Céspedes, representante del fundamentalismo cristiano, propuso una moción para prohibir que las personas jóvenes puedan expresar su orientación sexual e identidad de género. Ni avances personales ni avances políticos para la juventud.

 

Imagen ilustrativa de estudiantes puntarenenses.

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