Marcos Chinchilla Montes
Si bien fueron diferentes las movilizaciones que a la postre se conjuntaron para que cayera la tiranía de los Tinoco en 1919, resulta prudente resaltar las acciones que impulsaron el estudiantado de secundaria del Liceo de Costa Rica, el Colegio Superior de Señoritas y el Colegio Seminario. Un puñado de adolescentes enfrentó al tirano y salieron victoriosos, la historia recuerda a duras penas -por lo de barrio chino- su gesto con la calle que lleva el nombre del Paseo de los Estudiantes.
En 1970, las masivas movilizaciones sociales que se oponían a la firma del contrato leonino contra ALCOA, también incluían a miles de estudiantes de secundaria que a lo largo del país se sumaron a las protestas. Fueron claves no solo en ese momento histórico, sino que pocos años después muchos de ellos y ellas pasarían a integrarse a los movimientos políticos de la izquierda costarricense y a los comunales. Su participación implicó plantarle cara a la vil entrega del país a una transnacional que no solo iba devastar una parte de la zona sur del país, sino que también destruiría formas de organización social propias de la zona.
La lucha contra el Combo del ICE también se conformó por la activa participación de estudiantes de secundaria a lo largo y ancho del país. La defensa de la institucionalidad costarricense se vio enriquecida con su participación en bloqueos, plantones, caminatas, jornadas de información y otras iniciativas que a la postre obligaron al gobierno y a la Asamblea Legislativa a dar marcha atrás. Recuerdo la oportuna intervención de una estudiante de secundaria en uno de los debates a los cuales Canal 7 se vio obligado a organizar: Carlos Vargas Pagán, en ese momento ministro de Planificación, y un férreo defensor de la privatización del ICE, insistía en la tesis de que el estudiantado de secundaria no tenía nada que hacer en las manifestaciones; cuando el micrófono llegó a la chica que estaba en los alrededores del canal, esta lo increpó destacando la contradicción de que en las elecciones presidenciales del 98 los diferentes partidos llamaban a la juventud para repartir propaganda, pero en el marco de esa lucha, les negaban su derecho a posicionarse y organizarse. Guardó silencio el señor ministro.
Más muestras de participación de la juventud las tenemos en la lucha contra el TLC, en la lucha contra la instalación de una mina a cielo abierto en Crucitas, en contra de los intentos de represar ríos, o por la mejora de la infraestructura pública educativa, dichosamente el etc. se hace largo.
El Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 7739, año 1998) en el artículo 60, inciso b, plantea en los principios educativos “Respeto por los derechos de los educandos, en especial los de organización, participación, asociación y opinión, este último, particularmente, respecto de la calidad de la educación que reciben”. Paradójicamente el gobierno de Carlos Alvarado, y en particular el Ministerio Educación Pública, le dan una estocada mortal a ese principio en la actual coyuntura de movilización social, al indicar que presentarán “una denuncia penal contra 10 estudiantes responsables del cierre y suspensión de clases en el Colegio Técnico Profesional de Pital (Semanario Universidad, 22-07-2019)”. La medida, necesariamente tiene que interpretarse como un intento desesperado de apagar cualquier conato de organización, participación y movilización de los miles de estudiantes que pusieron en jaque al gobierno a finales del mes de junio.
Censurar la participación de la juventud se enmarca en el precepto de instrumentalizar, dirigir y condicionar la participación de este sector social, para evitar así no solo su empoderamiento, sino también para impedir la inclusión de sus necesidades presentes y especialmente las futuras, en la agenda pública y política. Es una participación que en el pasado hemos denominado “con techo”, y que regula con precisión los escenarios en los cuales los sectores dominantes están dispuestos o no, a que participe la sociedad. La magnitud de las manifestaciones estudiantiles de junio pasado presagia el surgimiento de liderazgos estudiantiles, de su articulación, de su madurez política en evolución, y particularmente, de su recurrencia a la movilización para avanzar en materia de derechos. La clase política y empresarial procurará someterles.
Post scriptum. De novela de terror, la diputada Nidia Céspedes, representante del fundamentalismo cristiano, propuso una moción para prohibir que las personas jóvenes puedan expresar su orientación sexual e identidad de género. Ni avances personales ni avances políticos para la juventud.
Imagen ilustrativa de estudiantes puntarenenses.
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