Crónica de un cierre anunciado: el caso del ERP SAP
Por Alan Calderón Castro
Colaborador del Movimiento Asambleas Populares
La CCSS atraviesa por la peor crisis desde su creación. Por décadas la institución, piedra angular de nuestro estado social, ha sido sometida a un desmantelamiento solapado. La institución insigne de nuestro estado benefactor evidentemente es absolutamente incompatible con el Consenso de Washington, implementado durante décadas mediante políticas neoliberales por parte de la gran mayoría de los gobiernos de turno. Esto ha significado una erosión continua de la autonomía de La Caja, incremento continuo de la deuda estatal, desvío de fondos a usos prohibidos en La Constitución, asignación de nuevas funciones sin el financiamiento requerido, corruptelas por la intromisión de intereses privados (desde el caso Caja-Fischel, hasta el caso Barrenador) y un largo etcétera imposible de detallar en este breve artículo. Nuestras élites político-económicas, serviles a los intereses del capitalismo financiero internacional han visto una gran oportunidad de negocio con la privatización de los servicios de salud públicos, aun cuando esto sacrifique el bienestar de amplios sectores populares, poniendo en peligro nuestra estabilidad y paz social. A pesar de este proceso de larga data, sin embargo, argumentaremos aquí que la administración del presidente Chaves ha logrado articular un sabotaje salvaje contra La Caja que pretende ser terminal. Y ante este intento de doblegar a nuestra Caja, creemos ineludible y urgente llamar a la unidad activa de las organizaciones sociales en su defensa, así como al posicionamiento claro de los partidos políticos ante el sabotaje a La Caja, en la antesala de las elecciones generales 2026.
A continuación, la crónica de un cierre anunciado.
Apenas 4 meses y medio después de asumir la presidencia, el 18 de setiembre de 2022, Cháves afirma públicamente que La Caja está quebrada (ver aquí) para argumentar que era inadmisible la aprobación de un aumento salarial exiguo para todos los funcionarios de la institución, un aumento decidido por la Junta Directiva después de varios semestres de congelamiento de los salarios en el sector público. Paradójicamente Chaves se niega a transferir los fondos presupuestados por la anterior legislatura para abonar a la deuda estatal (ver aquí). Poco después, desde de diferentes instancias se demostró que eran falsas las declaraciones de Chaves en relación con la bancarrota de La Caja. La discusión sobre el tema continua por meses y el 7 de enero de 2024 en su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, la Contralora General Marta Acosta afirma categóricamente que es falso que La Caja esté quebrada (ver aquí).
Siete de noviembre de 2023, la administración Chaves anuncia la Ruta de la Salud para disminuir las listas de espera en colaboración con empresas privadas del sector salud (ver aquí). Se propone la figura del copago según la cual los asegurados asumirían un porcentaje del costo por los servicios de salud requeridos, mientras La Caja pagaría el resto. De esta forma se pretendía privatizar parcialmente los servicios de salud, se hubiera socavado el derecho constitucional a la salud y el modelo solidario al depender el acceso a los servicios de salud de cierta capacidad individual de pago. Poco después de haberlo posicionado en medios como un mega proyecto, la Ruta de la Salud resultaría ser un mega fracaso aun cuando se trasladaron cuantiosos fondos públicos a empresas privadas del sector salud para intentar resolver el problema de las listas de espera (ver aquí).
Octubre de 2024, con la suspensión de su cargo a Marta Esquivel por orden de un juez Penal de Hacienda y Función Pública, atestiguamos el “destape” del caso Barrenador, una de las más vergonzosas corruptelas que ha involucrado a cooperativas del sector salud en contubernio con la presidente de la Junta Directiva de la CCSS Marta Esquivel (ver aquí). Cualquier dejavu con el famoso caso Caja-Fischel, aseguramos que NO es mera coincidencia. Este escándalo se venía cocinando desde meses atrás y aporta otra evidencia del sabotaje financiero contra La Caja perpetrado por la administración Chaves para darle fatal cumplimiento a su profecía sobre la bancarrota de La Caja.
Dos de junio de 2025, a pesar de varios pronunciamientos oficiales de instancias técnicas internas de la CCSS, y aún de la recomendación explícita de la empresa consultora contratada por la institución para darle seguimiento a este complejo proyecto, contra todas esas advertencias que recomendaban posponer hasta cumplir todos los requisitos técnicos, se pone en funcionamiento el nuevo sistema ERP SAP que viniera desarrollándose por años y que ha significado una cuantiosa inversión de fondos públicos. El resultado inmediato ha sido un descalabro de funciones operativas críticas de la institución, pago de facturas, control de inventarios, pago de incapacidades entre otras, que mantiene a hospitales y clínicas sin todos los insumos y equipamiento necesarios para cumplir a cabalidad con todos los servicios (ver aquí). Se han debido postergar decenas de cirugías y procedimientos por la falta de equipo o insumos, hay preocupación expresada públicamente por diferentes autoridades hospitalarias por la vida de personas hospitalizadas ante la crisis de desabastecimiento de insumos críticos (ver aquí y aquí). Visto en retrospectiva ¿acaso no cabe cuestionarse seriamente si en verdad ha sido falta de competencia técnica la causa fundamental para poner en operación un sistema informático que evidentemente no estaba listo? ¿No resultara acaso muy cómodo presentar el colapso probable de algunos servicios como consecuencia de involuntarios problemas técnicos? Nos parece entonces irrefutable: el lanzamiento adelantado del ERP SAP es parte del sabotaje.
Si bien hay otros indicios claros del sabotaje contra La Caja perpetrado por la administración Chaves en un intento por culminar décadas de desmantelamiento relativamente solapado, como han sido las reiteradas acciones de autoridades institucionales nombradas por el gobierno para la obstaculizar la construcción del Hospital de Cartago, ante las cuales la concreción final del proyecto demuestra la fuerza de la organización de las personas aseguradas cuando se unen y persisten en la defensa de su derecho a la salud, basta la crónica reseñada para concluir contundentemente que un objetivo de la agenda oculta de la administración Chaves ha sido finiquitar el cierre de La Caja, para satisfacción de intereses empresariales locales que ven ahí una enorme oportunidad de negocio con la salud del pueblo costarricense, y para honrar en última instancia los mandatos del capitalismo financiero internacional en su continua búsqueda de zonas de extracción donde colocar sus excedentes acumulados.
Ante este panorama, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, a las Juntas de Salud, y a la ciudadanía en general, para construir una estrategia efectiva que evite el cierre anunciado de nuestra Caja. En la antesala de la campaña electoral que culmina en el primer semestre de 2026, es imperioso posicionar el tema del sabotaje contra nuestra Caja. Si hemos de sostener nuestra relativamente disfuncional democracia representativa, los partidos políticos no deberían poder evadir la exigencia que hagamos de medidas concretas para frenar el sabotaje y detener el desmantelamiento de la CCSS, porque en una auténtica democracia deben prevalecer los intereses de nacionales y los de los sectores populares que representamos la amplia mayoría de los costarricenses. Instamos a toda la ciudadanía a participar en las elecciones del 3 de setiembre de Juntas de Salud para escoger a aquellas personas comprometidas con la defensa de La Caja y dispuestas a involucrar a las comunidades en esta lucha.
