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Etiqueta: movimiento ecologista

¡Ni el Estado ni las empresas, a los ríos no les ponen más represas!

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Declaratoria del encuentro Jäküii-Pacuare+10+20+siempre

Las y los participantes en el Encuentro Jäküii-Pacuare de territorios indígenas, comunidades y organizaciones ecologistas, reunidas del 28 al 31 de agosto 2025 en Bajo Pacuare y Nimarí Ñak, territorio Cabécar, manifestamos:

  1. Cada río vivo y libre garantiza la vida del planeta, mantiene y está asociado a todos los ecosistemas, nos provee alimentos, sirve para actividades económicas, cultura, espiritualidades, recreación y alegría. Los ríos son bienes colectivos de la naturaleza al servicio de la gente.

  2. Desde siempre la humanidad ha usado los ríos, pero hace mucho perdimos la capacidad para relacionarnos positivamente con ellos. Más de la mitad de los ríos del planeta que cubren casi la mitad de la superficie terrestre han sido explotados y destruidos para generar hidroelectricidad o para otros fines energéticos. Muchos ríos mueren antes de llegar al mar, a lagos u otros ríos mayores, y con ellos mueren todas las formas de vida, incluida la vida humana. Miles de pueblos han sido desplazados de manera forzada. De acuerdo con International Rivers, de los 177 ríos más largos del mundo, solo un tercio corren libres y sólo 21 ríos de más de 1000 km llegan al mar. Su explotación también genera disputas internacionales y amenazas de guerras.

  3. Debemos avanzar hacia una verdadera transición energética justa. La explotación de los ríos y ecosistemas del sur global sirven a modelos económicos y sociales que solo son buenos para las élites ultrarricas que viven en la opulencia y el derroche a costa de la destrucción y el hambre de cada vez más personas. Para la mayoría de la población lo “verde y sostenible” no es más que un discurso vacío. No estamos viviendo una transición energética justa preocupada por el bienestar de los pueblos, sino más bien el agravamiento del modelo de destrucción masiva de ecosistemas y vidas humanas en los países del sur del mundo. Las materias primas del sur están mojadas con sangre, y en el norte del mundo, gobiernos, corporaciones y buena parte de la institucionalidad supranacional vende la idea de que avanzamos hacia energético limpias. En América Latina, África y otras partes del mundo, se sigue replicando el modelo colonial de explotación ilimitada de la Tierra y de la gente y las élites del sur también caminan sobre la miseria de los pueblos y la muerte de la naturaleza.

  4. Ya es tiempo de demoler represas y de respetar la vida de los ríos. Los ríos ya no deben ser más objeto de explotación y lucro privado con generación de electricidad, minería no metálica en los cauces de dominio público, concesiones de agua para monocultivos de cualquier tipo, turismo irresponsable, comercio privado nacional o transnacional de agua, ni deben ser reducidos a bienes privados. Todos los Estados y las entidades públicas deben revisar, fiscalizar y ajustar los alcances y costos de las concesiones de todo tipo y contemplar sus impactos acumulativos. Además, que haya más ríos represados y más generación no significa que la gente más pobre tenga acceso a la electricidad. No existe manera científica de justificar las hidroeléctricas como energía “limpia” o “renovable”. Hablar de “caudales de compensación” o “ecológicos” del 10 o 20% del caudal de los ríos es un disparate de la multimillonaria “industria” de los estudios de impacto ambiental. Aunque ha sido muy difícil, ya hay lecciones que podemos seguir: sólo en 2023 en Europa fueron eliminadas 487 represas y en Estados Unidos, ríos que estuvieron represados por más de un siglo, como el Klamath, ya fueron liberados.

  5. Es urgente un nuevo modelo energético y eléctrico. Hasta ahora las decisiones sobre energía y modelos eléctricos en Costa Rica y el mundo han sido exclusivas y controladas por gobiernos, empresas privadas y técnicos de espalda a los pueblos. Demandamos que en adelante la definición de nuestro modelo energético y eléctrico sea un ejercicio democrático y consensuado que asegure la participación efectiva de las personas y los derechos de los ecosistemas y la electricidad como derecho humano. Además, implica que los ríos deben ser reconocidos y respetados como sujetos jurídicos con derechos. En esta línea una meta prioritaria es mantener el río Jäküii/Pacuare libre por siempre y declararlo sitio RAMSAR según la Convención de Ramsar de 1971. En Costa Rica sabemos que esta es una tarea compleja porque el Ministerio de ambiente fue secuestrado para favorecer negocios corruptos y privados usurpando y destruyendo los ecosistemas que debiera proteger.

  6. Una condición básica del nuevo modelo energético y eléctrico es que los pueblos sean efectiva y obligatoriamente incluidos en el proceso completo de cualquier tipo de proyecto y que los Pueblos originarios sean consultados según la Ley indígena 6172 del 20 de diciembre de 1977 y su Reglamento de 1978, y el «Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes» de la Organización Internacional del Trabajo/Convenio 169, OIT, (Ley Nº 7316/1992 de Costa Rica). Los territorios no son simples áreas de intervención y construcción, si no espacios de vida de la naturaleza y las personas, que deben ser respetados.

  7. Jamás aceptaremos la privatización eléctrica. Rechazamos y trabajaremos hasta desechar el proyecto 23.414 mal llamado de “armonización” del sistema eléctrico nacional, porque no mejora, no moderniza, no eleva la eficiencia del sector eléctrico, y mucho menos garantiza rebajar las tarifas. Este es un proyecto privatizador del servicio social de electricidad para que generadores y distribuidores privados mejoren sus negocios como lo han hecho desde la aprobación de la ley 7.200 en 1990. Este proyecto acaba al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, como director de la electricidad y aniquila los principios de planificación, distribución en todo el país, equidad, precios justos y subsidiados, tarifas bajas y reguladas y solidaridad del servicio público de electricidad. Defenderemos al ICE como nuestra entidad de servicio social público, pero le demandamos respeto por las comunidades, los ecosistemas y los ríos en particular, y desechar las prácticas verticales, inconsultas e impositivas. Información completa, diálogo y consenso con la sociedad son condiciones irrenunciables.

  8. Quienes ganan dinero con los ríos deben apoyar su defensa. Demandamos que las empresas de turismo que usan y explotan comercialmente los ríos, no multipliquen los discursos “verdes” publicitarios y más bien que se sumen a la acción directa por su defensa científica, técnica y política; tarea que hemos asumido los movimientos sociales ecologistas y las comunidades indígenas y campesinas, que sin titubear hemos enfrentado a gobiernos y a empresas y logrado salvar ríos como Jäküii, Duchíí, Savegre, Térraba, San Rafael, Coto Brus, Bonilla y muchos más, para las presentes y las futuras generaciones. Por ética, quienes ganan dinero con los ríos deben apoyar a quienes nos organizamos y luchamos para mantenelos libres.

  9. Rechazamos la sobreexplotación de los ríos y del agua de cualquier fuente, facilitada por gobiernos, municipalidades, Asadas, u otras entidades, en favor de la gentrificación que expulsa a la gente local y estimula el irrespeto a la Zona Marítimo Terrestre y muchos otros sitios. Rechazamos la indecente y criminal contaminación del agua con agroquímicos vergonzosamente facilitada por el Estado. Ante estos problemas debemos asumir responsabilidad directa reconectándonos con la naturaleza y recuperando los ecosistemas para la vida, la recreación, la cultura, la soberanía alimentaria y la agroecología.

  10. Sabemos que defendemos los derechos de la Tierra en un tiempo de brutal autoritarismo político y criminalización. Pero no tenemos miedo: seguiremos organizándonos para cuidar la vida del planeta, señalar los responsables directos de acelerar la crisis climática, denunciar la voracidad sostenida y la esclavitud con que operan las corporaciones, condenar genocidios como el del Estado de Israel -y todos sus cómplices- contra el pueblo de Palestina, aunque nos digan “terroristas”.

  11. Nos unimos y solidarizamos con los pueblos, organizaciones y personas de todo el planeta que trabajan para cuidar la vida, el agua, los suelos, los ríos, los territorios y todos los ecosistemas. Ésa es una tarea peligrosa que se realiza en medio de amenazas y muertes, pues tan solo en 2023 fueron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el mundo y el saldo de asesinatos entre 2012 y 2023 alcanzó 2.100, según Global Witness.

  12. Nos solidarizamos con los Pueblos originarios en el camino de recuperación de su Tierra, su cultura y organización propia y autónoma, y hacemos nuestras las palabras de las personas indígenas que participaron en el Encuentro Jäküii: “Nuestros ríos, bosques y territorios son bienes colectivos, no mercancías. No aceptamos que gobiernos ni empresas los vean sólo como “potencial energético” o fuente de riqueza. Vender la naturaleza es vendernos a nosotros y nosotras mismas; es entregar nuestra dignidad y nuestra casa común. Por eso decimos fuerte y claro: los ríos no se venden, los territorios no se negocian, la Madre Tierra no se explota. Desde nuestra Tierra y desde nuestra palabra colectiva, instamos a todas las personas a unirse en la defensa de los ríos, de la tierra-territorio y de nuestros derechos”.

Los ríos que están libres deben ser cuidados y ser usados sólo bajo estrictos límites y condiciones de salvaguarda, cuando se trate de atender necesidades humanas comprobadas como indispensables, justas y respetuosas; y nunca más para el lucro y la acumulación de riqueza.

¡Ni el Estado ni las empresas,

a los ríos no les ponen más represas!

Jäküii-Pacuare+10+20+siempre

Nimarí Ñak, 30 de agosto 2025.

Participantes de Santubal, Nimarí Tüo, Dorbata, Nimarí Ñak, Blory Ñak, Ñari Ñak, Jokbata, Paso Marcos, Sharabata, Jäkuy, Shara, Tneklari, Alto Pacuare, Tsirbä Klä, Tsisbata sector Shara/territorio cabécar, Nairi Awari/cabécar, Shule krats/Buenas Vista-Salitre/territorio Bribri, Yimba, (Curre), Térraba, Sixaola/territorio Ngäbe, San Pablo, Pacuar, Pajo Pacuare, San Joaquín de Tuis, Santa Rosa, San Martín, Turrialba centro, La Suiza y otros de Turrialba; Punta Morales, Chomes, Santa Rosa, San Antonio, Guacimal, Monteverde de Puntarenas; Volcán, Longo Mai de Buenos Aires, Cristo Rey de San Pedro, Rivas, Santa Elena de Pérez Zeledón. Organizaciones nacionales e internacionales.

Más información: Osvaldo Durán Castro y Mariana Porras Rozas jakuiipacuare@gmail.com

#jakuii2025

Ninguna victoria ecologista es permanente… Sobre nuestra lucha anti-petrolera en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por: Fabián Pacheco R. – OILWATCH Costa Rica
Agosto 2025

En Costa Rica se ha mantenido una moratoria a la explotación de hidrocarburos (petróleo y gas natural) durante cinco gobiernos consecutivos. Sin embargo, siempre hemos señalado que ninguna victoria del movimiento ecologista es permanente; lo único permanente es la voracidad extractivista, que intenta instalarse una y otra vez sobre nuestros territorios.

Hoy Costa Rica sigue siendo un país libre de explotación petrolera y de gas natural (incluido el fracking), principalmente gracias a la participación y lucha de múltiples sectores de la sociedad civil. Haber sostenido esta moratoria frente a una actividad tan destructiva es, sin duda, una victoria que debemos defender. No debemos olvidar nuestra historia de lucha, especialmente ahora, cuando la campaña electoral rumbo a las elecciones del 2026 está plagada de políticos oportunistas, seducidos por la industria extractivista transnacional.

Podemos disfrutar de un mar Caribe sin derrames de petróleo gracias a la lucha de ecologistas, pueblos indígenas y afrodescendientes, pescadores, académicos y diversos sectores de la sociedad civil, que desde finales de los años noventa se organizaron en la coalición ADELA (Acción de Lucha Antipetrolera). El nombre honra a Adela Pita, una mujer indígena bribri que en los años ochenta enfrentó con valentía a la maquinaria de la petrolera PEMEX.

Nuestro trabajo ha alcanzado importantes victorias en los ámbitos legal, político y administrativo. No obstante, aún persisten quienes anteponen sus intereses privados, amparándose en la demagogia de “cálculos alegres”, para intentar instalar negocios extractivistas sobre la tranquilidad y la ecología de este pequeño país tropical.

La “mula vuelve al trigo”. El actual gobierno de Rodrigo Chaves ha mantenido desde sus inicios un discurso confrontativo hacia el movimiento ecologista, y el tema de hidrocarburos no ha sido la excepción. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos (Niza, Francia), el mandatario declaró a Radio Francia Internacional:

“Yo lo que dije es: ‘midamos esos recursos y basemos el debate sobre si vale la pena o no’. Puede ser que no tengamos suficientes hidrocarburos en nuestro subsuelo. Puede ser que estemos sentados sobre una cantidad enorme de esos recursos. El valorarlos es el primer paso para tener un debate racional al respecto”.
(Fuente: Semanario Universidad)

En octubre del año pasado, Chaves anunció haber solicitado al gobierno de Noruega apoyo para estudios sobre exploración y explotación de petróleo y gas, bajo el argumento de que ese país “es el campeón del mundo en aprovechar los recursos y conservar el ambiente”. La respuesta diplomática noruega fue una negativa clara, dejando a nuestro gobierno en ridículo. Era previsible: Noruega no arriesgaría su imagen internacional ayudando a un pequeño país megadiverso de Centroamérica a sacrificar su biodiversidad en nombre del petróleo.
(Fuente: Semanario Universidad)

Además, el Poder Ejecutivo, junto con otras fuerzas políticas conservadoras y el poderoso lobby petrolero en nuestro país, han bloqueado sistemáticamente el proyecto de ley N.° 23.579, que busca declarar a Costa Rica como un territorio libre de exploración y explotación de petróleo y gas. Esto demuestra que el tema sigue muy presente en la agenda de los opacos intereses que defienden el extractivismo.

La moratoria: conquista en disputa. La exploración y explotación de hidrocarburos está prohibida en Costa Rica gracias a una moratoria vigente hasta el 2050, firmada y ratificada por los últimos gobiernos, menos el actual. Sin embargo, esta medida podría ser levantada en cualquier momento desde el Poder Ejecutivo.

La primera moratoria surgió a inicios de los 2000, gracias a la presión del movimiento ecologista en campaña electoral. En el 2002, durante su toma de posesión, el presidente Abel Pacheco declaró que la verdadera riqueza del país eran sus recursos naturales, no el oro ni el petróleo, comprometiéndose a no facilitar concesiones petroleras ni mineras. Más tarde, bajo el gobierno de Laura Chinchilla, la moratoria se formalizó por decreto, pasando de ser un gesto político a un compromiso escrito en blanco y negro.

Los logros no fueron solo políticos: también se obtuvieron victorias clave en el ámbito judicial y técnica-administrativa, principalmente ante SETENA. En el 2002 se demostró la inviabilidad ambiental de los proyectos de la petrolera Harken, cuyos estudios de impacto incumplían la normativa. Tras la anulación del contrato, la empresa reclamó indemnizaciones millonarias, llegando incluso a exigir en arbitraje internacional $57.000 millones, lo que fue denunciado como un intento de “extorsión”. Finalmente, Costa Rica ganó el litigio.

La mano peluda: corrupción y puertas giratorias. Uno de los impactos más graves del extractivismo en países tropicales es el intervencionismo político. Además de los daños ambientales, la industria hidrocarburífera ha manchado democracias con corrupción, prevaricato y conflictos de interés.

Ejemplo de ello es el caso del exministro de Ambiente Roberto Dobles, quien tras su gestión se vinculó a la UCCAEP proponiendo derogar la moratoria, y posteriormente firmó un contrato con una petrolera para recibir un porcentaje de las ganancias de la explotación. Su carrera como consultor energético ilustra las puertas giratorias entre negocios petroleros y cargos públicos.
(Fuentes: Semanario Universidad, UCCAEP, SURCOS Digital)

Llamado al 2026. Desde el movimiento ecologista exhortamos a las y los candidatos presidenciales para las elecciones de 2026 a posicionarse de forma transparente ante el electorado: ¿de qué lado estarán?

Desde OILWATCH Costa Rica insistimos en que sostener la moratoria petrolera y evitar la explotación de gas natural no solo es estratégico para la protección de los bienes comunes, sino también fundamental para la defensa de una democracia sana y libre de los vicios del extractivismo.

Inédita, inusual y desproporcionada demanda contra defensor ambiental

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Especialistas en derecho ambiental y de libertad de expresión advierten que esta demanda es excesiva, desproporcionada y contraproducente.

  • Acción legal busca callar las críticas y es un típico caso de “SLAPP”.

Enjoy hotel & Resort S.A. fue noticia gracias a una demanda contra Juan Bautista Alfaro Rojas, conocido en redes sociales como @juambacaminando, a quien le aplicaron una medida cautelar “urgentísima de embargo preventivo”. La empresa enumera hechos en los que supuestamente el influencer ha “ha generado un daño grave a la reputación de Enjoy Hotels”. Por lo que el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil de Pérez Zeledón dictó embargo preventivo contra las cuentas bancarias, salarios, tarjetas de crédito y bienes inmuebles de Alfaro Rojas.

Para Bloque Verde, la empresa ya perdió ante la opinión pública y la sociedad. Ha quedado en evidencia por qué ciertos grupos empresariales, irresponsables, hicieron campaña contra el Acuerdo de Escazú. No dudamos que, en este momento, muchas personas empresarias que tenían inversiones con este grupo, o que estaban interesadas en invertir, no quieran verse envueltas en esta polémica, teniendo que lidiar con el repudio social que se está generando.

Hacemos un llamado a movilizar la opinión pública para rechazar este intento de silenciar la protesta ambiental. Invitamos a manifestarse por todas las vías posibles y a no permanecer indiferentes. Hay distintas formas de apoyar: existe una petición en línea y una colecta solidaria para que este defensor ambiental y su familia sientan el respaldo que caracteriza a la mayoría del país.

Es un caso inédito y la reacción de la sociedad costarricense también lo será. Desde el principio se han visto numerosos mensajes de apoyo a Juan Bautista Alfaro Rojas y reproches para la empresa hotelera.

El experto en derecho ambiental y docente de la Universidad de Costa Rica el Msc. Álvaro Sagot nos recuerda que: “esto se conoce internacionalmente como una SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), es decir, una demanda estratégica para frenar la participación pública. Su fin no es demostrar la falsedad de lo dicho, sino castigar a quienes se atreven a hablar.”

Sagot además recordó que esta situaciones no son nuevas, forman parte de estrategias ya ensayadas en toda América Latina contra activistas y personas defensoras. En Costa Rica ya hemos pasado por casos similares en el año 2013 cuando la empresa minera Crucitas demandó al profesor Nicolás Boeglin y Jorge Lobo por manifestarse en contra de la explotación de oro a cielo abierto en la zona de Cutris de San Carlos. Ver apartado final sobre antecedentes.

En la misma línea, el doctor por la Universidad de París y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica Rodolfo Brenes Vargas, especialista en derecho penal y libertad de expresión, se refiere a este sonado caso: “si bien la libertad de expresión tiene límites y las personas físicas y jurídicas pueden demandar cuando han sido afectadas en sus derechos, considero que en este caso estamos ante un exceso y ante una decisión que implica riesgos importantes para la empresa hotelera.”

“Aunque el embargo preventivo está previsto en la ley y cualquiera tiene derecho a pedirlo, es una medida que tiene un severo impacto en la persona demandada, por lo que obviamente tiene un efecto intimidatorio, analizado como tal en la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos” (…) “pese a ser legal o usual, no quiere decir que en todos los casos sea estrictamente necesaria y proporcional. Sobre todo, cuando en medio está en juego un derecho humano, como la libertad de expresión”, resaltó Brenes Vargas.

En su jurisprudencia sobre libertad de expresión el abogado citó un fallo de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (en el caso Fontevecchia y d’Amico vs. Argentina) ha señalado que «el temor a una sanción civil desproporcionada puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia las medidas civiles (como en este caso)».

Adicional a lo anterior se sabe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido «que las expresiones críticas e incluso ofensivas gozan de la protección del derecho a la libertad de expresión, y que en virtud de la necesidad de la máxima posibilidad de información y el pleno ejercicio del derecho a la expresión existe un margen legítimo para la inexactitud en la información que se difunde.

En este sentido, Brenes Vargas dijo que: “el derecho a la información abarca toda la información, inclusive aquella que denominamos «errónea», siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos (…) la divulgación de información errónea de buena fe, es inevitable en una sociedad democrática, libre y pluralista, por lo que de imponerse una exigencia de verdad absoluta para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, especialmente en relación con temas de interés público como los abusos de poder y la corrupción, se afectaría la esencia misma del derecho (…)».(Informe de Fondo No. 148/19 CASO 12.971 del 28 septiembre del 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos).

Urge el Acuerdo de Escazú. Este caso de Juan Bautista nos recuerda la deuda que tiene Costa Rica en materia de derechos de las personas defensoras de la naturaleza. El Acuerdo de Escazú, negociado en nuestro país, establece la obligación internacional de los Estados de proteger a las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, lo que incluye su libertad de expresión.

El artículo 9 del Acuerdo de Escazú obliga a los Estados a tomar «medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.»

“Es sabido que los delitos contra el honor son regularmente usados por los políticos y personas poderosas para atacar a la prensa y a los periodistas cuando son objeto de críticas incómodas o indeseables.” ejemplificó el Dr. Brenes Vargas.

Riesgos para la reputación de la empresa: Ambos especialistas opinan que, al emprender estas acciones legales, la empresa hotelera asume “riesgos importantes” para su reputación.

En esta misma línea Brenes señaló que: “puede ser percibida como una empresa que quiere aprovechar su poder económico para aplastar la crítica, en un tema muy sensible para los costarricenses como el ambiental… la discusión surge en un contexto mediático donde se denuncian los efectos indeseables de la gentrificación en las playas nacionales.”

Sobre la futura resolución del caso Brenes termina señalando que “cuando se trata de asuntos de interés público, la libertad de expresión tiende a prevalecer y a superponerse a otros derechos… considero que estamos ante un exceso que era absolutamente innecesario, de donde se ha derivado un riesgo reputacional indeseable para la empresa demandante.”

Antecedentes. Este tipo de demandas no son nuevas. En los últimos años han sido parte de un proceso de criminalización sistemática que puede representarse como un ciclo de violencia socioambiental. Aunque no necesariamente lineal, este ciclo muestra una evolución que comienza con la intolerancia y se traduce en el desprestigio y la descalificación de las personas ambientalistas. Esto busca generar una estigmatización que sirva para justificar la intimidación, la violencia o la persecución legal. Cuando estas estrategias no logran su objetivo, se pasa a acciones directas: acoso, amenazas, daños a bienes y, finalmente, agresiones personales, todo con el fin de desmovilizar las luchas socioambientales (Álvarez Mora, Casas Mora, & Pomareda García, 2020).

Según el libro 30 años de criminalización en Costa Rica, se han documentado múltiples demandas de este tipo: siete contra activistas individuales, diez demandas colectivas y dos contra medios de comunicación. En ninguno de estos 19 casos se logró una condena contra las personas acusadas, ni se logró detener la organización o movilización de las comunidades. Además, en ningún caso anterior se había solicitado un embargo preventivo como medida cautelar.

Fuente: Álvarez Mora, M., Casas Mora, A., & Pomareda García, F. (Comp.). (2020). Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica. Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON). https://semanariouniversidad.com/wp-content/uploads/2020/12/Libro-30-anos-de-Criminalizacion.pdf

Matarán a las personas, pero no a sus ideas

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Al interpretar su hermosa canción “El padre Antonio y su monaguillo Andrés”, el salsero panameño Rubén Blades recuerda siempre el destino de los defensores de derechos humanos que han sido asesinados en el contexto latinoamericano.

“Podrán matar a las personas pero nunca a sus ideas”, dice Blades mientras la historia del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero va desarrollándose en un ritmo sentido:

“Antonio cayo, ostia en mano y sin saber por qué
Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé
Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez
Estaba el Cristo de palo pegado a la pared
Y nunca se supo el criminal quién fue
Del Padre Antonio y su monaguillo Andrés”.

El 7 de diciembre de 1994 fueron asesinados en Costa Rica Jaime, María del Mar y Oscar. Líderes ambientalistas de entonces libraban una férrea batalla contra los intereses privados y sus socios en el Estado costarricense.

A finales de ese año se lograría detener la acción de la Ston Forestal, que intentaba implantar sus intereses forestales, madereros y de tráfico de drogas en el sur del país, una región rica por su biodiversidad.

Seis meses después fue hallado otro ecologista y poeta muerto en circunstancias aún no aclaradas. David Maradiaga, el Rey David como lo llamábamos en el mundo poético costarricense y centroamericano, también fue asesinado.

Una semana antes de su muerte coincidiríamos en un viaje desde Heredia hacia la Universidad de Costa Rica. Allí me contaría lo contentos que estaban quiénes habían quedado de la lucha contra la transnacional forestal. Pero también me revelaría su miedo, un miedo preciso y latente que pude ver en sus ojos: “me andan siguiendo para matarme”, me diría.

Una semana después abriría el periódico y confirmaría el hecho: lo mataron.

Treinta años después la vigencia de las ideas de estos cuatro defensores de la vida permanece y se hace fuerte. La narrativa sobre el paraíso ambientalista y ecológico que acompaña a Costa Rica en los foros internacionales, se desvanece ante la impunidad que persiste en estos cuatro asesinatos.

Recordemos que la fragilidad de los defensores de la vida en Costa Rica y la región continúa: Jairo, Bertha, Sergio, Jerhy. Los mataron, pero sus ideales y luchas continúan presentes.

En otras columnas recientes hemos hablado de la memoria como recurso contra el olvido. Que las ideas de justicia y dignidad que marcaron la vida y obra de estos héroes no se vayan nunca de nuestras reflexiones.

Quisiera terminar este ejercicio de recuerdo con uno de los textos más hermosos que ha parido la poesía centroamericana, justamente en la palabra de David, mi querido David:

Animal Lluvioso

Soy un andante en el dédalo del tiempo
animal lluvioso
que agarra la palabra y la blande frente al hastío
Vivo en medio de estos montes
ni dichoso ni infeliz
en cruel comercio de gases con mis vecinos de piedra
Tengo las manos del jardín
deshechas por flores muertas
una estación de trenes en el encierro
un desordenado cuarto en armonía con el caos
Tengo una plantacalamar
que me abraza y me oscurece y me libera
La hierba azucarada y la cena de bengalas
para golondrinas y tortugas
Tengo Baúles abiertos
Bocanadas de clarín
que arrinconan a los belcebúes de la casa
Pongo a crecer el vuelo y asesino el muro
Grito para me oigan en épocas dobladas como bodoques
y puestas como cuñas en los resquicios del tiempo
Amo a las mujeres pintadas en rotos almagestos
Idolatro sextantes herrumbrados
astrolabios y pirámides
Busco arcángeles para sembrar sobre baldosas cotidianas
Manos para dejar en ruinas la ruina
Gallos para matar la muerte
Animal lluvioso me declaro
seguro del sol
que un día nacerá
de mis pálidas gotas

Conmemoración de las vidas de las personas defensoras ambientales: Óscar Fallas, María del Mar Cordero, Jaime Bustamante y David Maradiaga

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

7 de diciembre de 2024

¿Qué conmemoramos?

Han pasado 30 años desde aquel 7 de diciembre de 1994, cuando Óscar Fallas Baldí, Jaime Bustamante Montaño y María del Mar Cordero Fernández perdieron la vida en un incendio que destruyó la casa donde vivían los dos primeros. Los orígenes del incendio nunca fueron esclarecidos por las autoridades correspondientes. Tampoco se ha aclarado el crimen ocurrido siete meses después, el 14 de julio de 1995, cuando David Maradiaga, compañero de lucha y organización, fue encontrado muerto en el parque Los Mangos de Barrio Luján, varias semanas después de su desaparición.

En ese momento, los cuatro eran miembros activos de la extinta Asociación Ecologista Costarricense (AECO) y estaban al frente de una importante campaña contra la transnacional *Stone Container*. Tres días antes del incendio, celebramos una victoria en conjunto con las comunidades del Golfo Dulce en Puerto Jiménez, luchando contra la construcción de un muelle industrial para procesar y exportar astillas de melina, una especie invasora en la zona. Esta campaña, que logró su objetivo en menos de dos años, fue una victoria importante para el movimiento ecologista.

Durante esta campaña, varios ecologistas recibieron amenazas y sufrieron actos de violencia, como el aflojamiento de las tuercas de las llantas del vehículo de la AECO. Después del incendio del 7 de diciembre, comenzaron a llegar llamadas anónimas a nuestra oficina, diciendo: «La lista no ha terminado», amenaza que se cumplió meses después con la muerte de David Maradiaga. Más detalles sobre estos hechos se encuentran en “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”.

Por todo esto, nos reuniremos, en memoria de estos compañeros y compañera, sus amistades, familiares, compas, ecologistas y personas autoconvocadas, para recordar y celebrar la continuidad de sus vidas en nuestras vidas durante estos 30 años.

¿Cómo vamos a conmemorar?

Un pequeño grupo de personas nos hemos encargado de buscar sinergias y voluntades para llevar a cabo esta jornada de memoria. Hemos logrado conseguir un local que generosamente nos ha sido cedido: se trata de la Casa Cultural Sendero, un «Vivero Urbano de Industrias Creativas», ubicada en Barrio Escalante.

Nos convocamos a partir de las 4 de la tarde para crear un altar con sus fotos, flores y velas, para traerlos al presente y rendirles homenaje. A las 4:30 p.m., algunas personas cercanas nos compartirán palabras, poesía, anécdotas y todo lo que deseen recordar sobre nuestros compañeros caídos. Este momento se prolongará hasta las 6:00 p.m., cuando haremos una pausa para preparar el sonido del concierto de “Cantos de Batalla”, que forma parte de la memoria histórica musical del movimiento ecologista. El concierto comenzará a las 7:30 p.m.

Durante la pausa, de 6:00 p.m. a 7:30 p.m., las personas podrán visitar la feria navideña que se celebrará en el local, o disfrutar de una cena en el Jardín de Lolita.

¿Cómo puedo colaborar?

Esta actividad se está llevando a cabo sin fondos disponibles, mediante trabajo voluntario y con las donaciones de personas y organizaciones ecologistas. Por lo tanto, está abierta a quienes deseen contribuir trayendo bocadillos, vino o cualquier otra cosa para compartir.

Asimismo, invitamos a todos a participar en la creación del altar y en la jornada de la memoria. Todos los aportes, como flores, fotos o recuerdos, serán bienvenidos. El evento también será un espacio abierto para compartir testimonios, recuerdos y sentimientos.

¿Dónde queda Sendero?

La casa Cultural Sendero se encuentra a 50 metros al este de la esquina sureste de la Antigua Aduana, en la línea del tren, frente al Jardín de Lolita.

La entrada al concierto y al evento es gratuita y todas las personas son bienvenidos.

Estreno en Vivo de «Cantos de Batalla»

Escrito en . Publicado en Cultura, Madre Tierra.

Profana Latinoamérica

El próximo sábado 27 de julio a las 7 de la noche, La Colmena Gastronomía y Cultura será el escenario del estreno en vivo del álbum «Cantos de Batalla». Este proyecto musical, lanzado el mes pasado, construye una memoria histórica del movimiento ecologista costarricense a través de la recopilación de pregones que han caracterizado distintas campañas en los últimos años.

«Cantos de Batalla» es una obra única compuesta al ritmo de tambores e inspirada en la defensa de los bienes comunes y los derechos humanos. Estos pregones de lucha, nacidos desde la irreverencia y el amor a la ecología y a la vida, han resonado en las calles de Costa Rica, fortaleciendo la resistencia ambiental con la fuerza y magia del tambor. A lo largo de más de 30 años, estos cantos han sido fundamentales para fomentar y alegrar la resistencia que ha permitido a Costa Rica alcanzar importantes victorias ambientales, como la prohibición de petroleras, la minería a cielo abierto, el maíz transgénico y la construcción de represas en los ríos Térraba y Pacuare.

Este evento también rinde homenaje a los 30 años del asesinato de los dirigentes ecologistas Óscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante, integrantes de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO). «Cantos de Batalla» es un tributo a su legado y a la lucha que hemos sostenido durante todos estos años en defensa de la vida.

El concierto contará con la participación de destacados músicos:

  • Fabián Pacheco:composición, voz, djembé, ronroco, caracola
  • Oscar Jiménez:guitarra, charango, quijongo guanacasteco y coros
  • Fernando Calvo:bajo eléctrico y coros
  • Mila Acuña:tambora, tambor alegre y coros
  • Anyul Arévalo Acosta:tambor alegre y coros
  • Joseph Jiménez:djembé, tambor chico, tambor llamador, campana, agogó, triángulo, güira y coros
  • Javier Alvarado Vargas:dirección musical, guitarra, guasá y coros

Además, contaremos con la presencia de invitados especiales:

  • La Voz Nativa
  • Luz María Romero

La producción del concierto está a cargo del Colectivo Cantos de Batalla y la productora Profana Latinoamérica. Las entradas tienen un valor de 7 mil colones y pueden adquirirse llamando al 6431 4978.

¡No te pierdas esta oportunidad única de celebrar la música y la resistencia ecologista costarricense en un evento inolvidable!

Reprogramación conversatorio: Movimientos Ecologistas en Costa Rica / Aprendizajes y Experiencias

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

Con la participación de:

  • Mauricio Álvarez del Programa Kioscos Socio-ambientales
  • Angélica Barrantes del Movimiento Ríos Vivos
  • Henry Picado de la Red de Coordinación en Biodiversidad

Fecha: miércoles 30 de marzo

Hora: 2pm

Lugar: Frente Ecologista Universitario (Edificio Saprissa)

Aforo limitado

Uso de mascarilla obligatorio

Inscríbase llenando el siguiente formulario:

https://forms.gle/fexMKA5KLY3XSx9V9

Rutas de Recuperación Justa. Boletín 5. Participación social en decisiones públicas

Escrito en . Publicado en Derechos.

La participación social en decisiones públicas es uno de los indicadores de democracia participativa que tenemos para medirnos como sociedad. En Costa Rica existen diversos espacios de participación desde el nivel local hasta el institucional, pero en general se perciben problemas sistemáticos en la efectividad y calidad de la participación en este tipo de espacios.

En este boletín se encontrará información sobre la participación social en las decisiones de carácter público, haciendo énfasis en la defensa de la comunidad y el territorio, que son las bases fundamentales para el desarrollo del movimiento ecologista costarricense. La transformación de los moldes que impiden el desarrollo de una participación plena es el gran desafío para las organizaciones sociales.

El contenido se orienta por las reflexiones del Diálogo Virtual realizado en agosto sobre la temática, con las presentaciones de Héctor Ferlini Salazar, representando a Confluencia Solidaria, Dylanna Rodríguez Muñoz por Kioscos Socio-Ambientales y Erlinda Quesada Angulo de AMUDA y FECON.

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Informe evidencia año más mortífero para personas defensoras ambientales

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Costa Rica figura en la lista con caso de Jhery Rivera

Por Mauricio Álvarez Mora (*)

“Las industrias que causan la crisis climática y los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente” ese es el título del informe presentado por la organización británica Global Witness que desde 2012 a recopilando datos sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y del ambiente en todo el mundo.

Según la organización “La evidencia sugiere que, a medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta”.

En 2020, se registraron 227 asesinatos, es decir un promedio de más de cuatro personas asesinadas por semana y lo convierte, en el año más peligroso registrado para las personas que defienden su territorio y sus bienes comunes, así como los ecosistemas que son vitales para la salud ambiental del planeta y la estabilidad climática.

La región Latinoamericana sigue siendo la más letal pues tres de cada cuatro personas en total 165 personas asesinadas en la región el año pasado, el país más peligroso del mundo es Colombia (65), México (30) Brasil (20), Honduras (17) y Guatemala (13) Nicaragua (12), Perú (6), Argentina (1) y Costa Rica (1) son los países de la región con más personas defensoras de la tierra y los bienes comunes asesinadas.

Más de un tercio de los ataques mortales están relacionados con la explotación de recursos (explotación forestal, minería y agroindustria), represas hidroeléctricas y otra infraestructura. El extractivismo forestal fue el sector con el mayor número de homicidios (23), seguido por agroindustria y minería (17).

Estos alarmantes datos librados la semana pasada coinciden con otro informe denominado [2] “Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos” que fue presentado por la relatora especial Mary Lawlor al Consejo de Derechos Humanos N º 46, período de sesiones del 22 de febrero al 19 de marzo de 2021.

Costa Rica en la lista

Según británica Global Witness los pueblos indígenas son las principales víctimas de este año y para muestra nuestro país donde se registra el asesinato del defensor indígena Jehry Rivera asesinado de cinco disparos por la espalda en medio de un “linchamiento” de usurpadores no indígenas por un terreno recuperado en febrero del 2020.

Este asesinato se dio en un ciclo de violencia que incluye amenazas de muerte a doce lideresas y lideres de pueblos indígenas y dos activistas que acompañan el proceso de recuperación territorial que vienen realizando las comunidades originarias. Estas amenazas son parte de los 89 tipos de agresiones registradas tan solo el año pasado [3], entre las que están: agresiones por parte de turbas, múltiples tipos de amenazas, amedrentamientos, hostigamientos, detonaciones de arma de fuego, incendios, bloqueos de caminos, agresiones con arma, ataques con sustancias químicas y muchas otras formas de violencia.

Hay un modo operandi que en muchos casos se transforma en un ciclo de violencia política, pues si bien no es lineal, tiene un patrón que inicia con la desacreditación y el acoso, pasa a las demandas o a la judicialización, se convierte en acción directa en forma de amenazas o atentados, y finalmente puede llegar al asesinato.

En diciembre del 2020, se presentó el libro[4] “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”, que recuenta casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en nuestro país.

Resulta no menos que vergonzoso y hasta repudiable que un Estado como Costa Rica, que auspicia y facilita la negociación del denominado “Acuerdo Escazú”, herramienta para evitar este ciclo de violencia contra las personas defensoras ambientales, haga el triste papel, pues algunas personas en la Asamblea Legislativa, el Gobierno, las Cámaras empresariales y la Corte Constitucional se han orquestado para hacer un boicot al acuerdo. Esto a pesar de tener este período dos asesinatos a líderes indígenas, este ciclo de violencia en territorios indígenas, más de 100 hechos de violencia desde hace tres décadas en nuestro país y la realidad que refleja el informe presentado por Global Witness esta semana.

[1]Ver informe en: https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/

[2]Ver informe en: https://undocs.org/es/A/HRC/46/35

[3]Coordinadora de Lucha Sur- Sur, 2021, Disponible en http://www.kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/Recuentoagresiones2020.pdf

[4] Ver libro en: http://www.kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/Librocriminalizacion.pdf

Presentan libro: “30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Conversatorio sobre contextos latinoamericanos de violencia contra personas defensoras de la naturaleza

San José, Costa Rica.- Este próximo lunes 7 de diciembre, a las 5:00 pm, se presentará el libro “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”, que recuenta casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en nuestro país. Esta realidad no tiene nada que ver con la imagen idílica de las postales turísticas, de país verde y de paz con la que se vende a Costa Rica en el exterior.

La presentación del libro será un conversatorio ––que se transmitirá vía redes sociales–– entre destacadas activistas de toda la región Latinoamérica, como lo son Karin Nancen (Uruguay), presidenta de la federación ecologista Amigos de la Tierra Internacional; Silvia Riveiro (México), investigadora directora para América Latina del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC); Esperanza Martínez (Ecuador), especialista en Derechos de la Naturaleza de Acción Ecológica; y Tatiana Roa (Colombia), de CENSAT Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia.

Nuestro país es parte de la región con más asesinatos de personas defensoras en el mundo, puesto que ocupa Latinoamérica desde 2012. Casos como el de Jairo Mora (2013), Sergio Rojas (2019) o Yehry Rivera (2020) son parte de estas lamentables estadísticas.

Según el prólogo del libro, este “es un esfuerzo por sistematizar una fracción de la criminalización pues se ha construido a partir de las mismas fuentes y voces de personas defensoras”. Además, “es un ejercicio de memoria histórica en construcción y que necesariamente debe seguir alimentándose y sobre todo aclarándose y tratando de lograr justicia y acabar con la impunidad ante la mayoría de casos”.

Los autores aseguran que “es importante señalar que sí hay destacados logros ambientales en nuestro país y existen también externalidades y costos humanos sobre cada uno de estos avances. En ese sentido, este panorama de criminalización tiene un peso importante a la hora de hablar de éxitos, indicadores y políticas ambientales.”

La criminalización se puede definir “como un proceso de acciones y estrategias realizadas por instancias estatales y privadas, que buscan la estigmatización, denigración, intimidación, deslegitimación y la desmovilización de las luchas socioambientales y territoriales”. Se puede manifestar como formas sutiles de prejuicios, hasta elaborados dispositivos mediáticos y político-jurídicos, conformando un ciclo de violencia socio ambiental.

El libro sistematiza 18 demandas individuales y 7 demandas colectivas contra más de 36 activistas procesados por defender el ambiente y derechos comunitarios. Además, se listan formas de persecución y amenazas documentadas, que incluyen al menos 25 atentados o ataques directos, 10 incendios a casas o locales, y 21 casos de amenazas de muerte. Toda esta violencia ha culminado en los asesinatos de 13 defensores y defensoras del ambiente, los cuales se perpetraron entre 1975 y 2020, y la mayoría de los cuales aún se mantiene en la impunidad.

La investigación fue realizada por Mauricio Álvarez Mora y Alicia Casas y fue compilado por la periodista Fabiola Pomareda. Es una publicación de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON), realizada con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo en México, el Centro Investigaciones en Estudios Políticos (CIEP) y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Fundación Heinrich Böll en El Salvador.

 

Compartido con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.