Quizás donde mejor se expresa la opinión de las masas, entendiendo por tal el pensar de las gentes, es en una manifestación pública. El analista se detiene en la variedad múltiple de los manifestantes. El andar de los marchantes; la dinámica del moverse de esa masa que desfila, cuál el reflejo de sus rostros; la creación de lo lúdico, en ocasiones con comparsas, formas de vestirse, etc. Sobre todo, el alto valor del contenido de las consignas, forjadoras y moldeadoras de opinión, para la conducción de esa marea humana. El énfasis de lo del momento en lo expresado e identificado con la coyuntura a resaltar o a alcanzarse en ese lapso de tiempo. La consigna y el coro que la entona, valora en cualificación política de ese instante u ocasión. El uso de altoparlantes, megáfonos o vehículos, con finalidad de expresión pedagógica, cual monitoreo indispensable en el que se mantiene latente el sentido, contenido y alcances de la protesta. El indispensable uso de cartelones, pancartas, pendones, que plasman la expresión del pensamiento, como el decir o presentación de situaciones, en el interés por ilustrar, por encauzar proselitismo. El circular de volantes, cuartillas, que van de mano en mano; se leen u ojean en el momento y se guardan, no se tiran; se doblan y que luego se repasan, en cumplimento de la finalidad del escrito, bajo la afirmación que todo escrito que cae en nuestras manos es para leerlo. Pues bien, todo este cuadro descrito brilla por su ausencia en las dos últimas marchas organizadas por la derecha militarista, para oponerse a las profundas reformas que impulsa el gobierno progresista- liberal de la dupla Gustavo Petro – Francia Márquez, en Colombia.
Ello redunda en que la persona, individualmente considerada, asiste, sin saber a qué. Eso fundamenta una consideración fáctica: los llevan, o les pagan por el favor. No les ata un pensamiento colectivo y consciente de grupo social y mucho menos de clase social. Por ende, es un conglomerado deformado que no expresa conciencia social y tampoco política (en el sentido no politiquero de la palabra). Le alienta un retorno al pasado, puesto que consideran o les han inculcado que lo presente; lo de los cambios, es anatema, excomunión, imprecación, que va a causar o producir daño. Algunas afirmaban que no pertenecían a partido político alguno. O que eran apolíticas. Otras que las reformas eran malas, sin explicar por qué. Para ejemplarizar, el contenido de esa masa informe, que conforma ese número de personas, que tampoco comporta la calificación sociológica y política de multitud; sino más bien propio de un gentío, en que aplica lo de Fuenteovejuna: “pá donde va Vicente; pá donde va la gente”.
No se requiere de esfuerzo mental, ni más de tres dedos de frente para concluir, bien por parte de quienes vieron pasar la informe manifestación del 21 de abril en Bogotá DC; o por la mayoría que la asimila, por los videos que circulan en las redes y en los montajes de los noticieros de las cadenas y medios de intoxicación masiva de la opinión pública; en el perene ejerció de aplicar una peligrosa afrenta al valor de la explicación de los hechos y la Verdad. Las manifestaciones de la derecha opositora en Colombia se caracterizan por carecer de contenido político e ideológico. Si nos detenemos por su contenido, dable es concluir que se trata de reunión (no interesa el número) de personas de conciencia deformada, carentes de ideología. En esto de las ideologías, suelen clasificarse en reaccionarias; es decir, conservadoras, temerosas de los cambios, buscando el mantenimiento del estado de cosas injustas, inequitativo e institucionalmente hasta inconstitucionales. Están atados (as) al pasado. Son reaccionarias. Clasistas, misóginas (desprecio a lo de género), discriminadoras, racistas. Pero también las hay en ideologías que abanderan, defienden los cambios sociales, en beneficio de los desposeídas, ninguneados, discriminados; apropiando la ruptura del estado de cosas y radicalizando en la necesidad de los grandes y profundos cambios políticos, sociales, económicos, ecológicos y de manejo de poder territorial, que demanda, tanto la sociedad, como la nación, el país, y que sobresale en los límites en una conducción liberadora, de poder popular, del conjunto del Estado colombiano.
El reto al movimiento popular
Las movilizaciones populares a favor del gobierno progresista afrentan mayores retos. Se enfrentan a consideraciones en lo organizacional y de falta de recursos. Asume con claridad lo de logística, en cuanto a organización y estrategia y cuenta con el valioso elemento de la disciplina consciente y la asistencia voluntaria en defensa de sus ideales y la concreción de las tareas políticas, gremiales, etc. La eficacia y exito de la movilización popular tiene que ver, tanto con la fuente de convergencia de los potenciales movilizados; como por los medios y recursos que requieren para ello. Asistimos a una cruda realidad: pese a contarse con el Ejecutivo nacional, el movimiento popular está carente, solo, empeorado. Al aspecto se pudiere intentar abordar una sintomatología. Destaca lo particular de una enfermedad ocasionada por la carencia de activistas, cuadros políticos, militantes, a favor de las reformas presentadas por el gobierno nacional, en el engranaje burocrático en los niveles municipal, departamental y nacional. Asistimos a un gobierno no defendido por sus aliados. Empleado publico es la persona que trabaja en los ministerios, departamentos administrativos, órganos de control, superintendencias, cámaras de comercio, establecimientos públicos del orden nacional, departamental, municipal. Existe descontento en las bases populares pro gubernamentales por la desidia, abandono, falta de oportunidades y no enganche significativo de votantes activos, que no han recibido- no un reconocimiento- sino el derecho propio, equitativo y justo al alcance de compensar su esfuerzo, dedicación y lealtad al gobierno, con un cargo público para él y/ o sus familiares. Se estima que la nomina burocrática estatal a nivel nacional (las tres ramas); las dependencias administrativas de las fuerzas armadas; el aparato institucional estatal cobija alrededor de cinco millones de empleados públicos. Esto sin mencionar a quienes se vinculan a servicios públicos, propios del Estado, mediante la modalidad, de asesores, contratistas, etc.
Sin pecar de simplismo, el gentío que colma las manifestaciones anti gubernamentales en Colombia, está compuesto de escorias o elementos ligados a todos los gobiernos anteriores, desde el milimétrico reparto estatal del frente nacional y que medran con la reputación de los gamonales, desde antaño, clientelistas y corruptos; que reconstruyen su propia reputación de derecha y por ende, contrarios a los intereses populares; manteniéndose con artimañas non sanctas en los cargos públicos, al que los ha atornillado un sistema electoral clientelista y corrupto, y se aprovechan, de las circunstancias, hasta mas no contar. Todas las entidades en el país, incluso adscritas directamente a la presidencia, mantienen en sus entrañas a funcionarios de gobiernos anteriores y cuotas políticas corruptas e irremovibles y de reconocida posición antipersonal al presidente y al gobierno. En el Mintic, por ejemplo, desde que se posesionó el actual ministro congeló los nombramientos, no permitiendo el acceso de la propia gente calificada que defiende al gobierno. Ni que hablar de las cuotas instaladas de la ex alcaldesa López, quien, con su posición militarista, a diario despotrica de las iniciativas del presidente G. Petro. O del caso del abogado, vinculado por un contrato de servicios, en Ecopetrol, por un costo de $71 millones de pesos y fue fotografiado, in fraganti, marchando contra el gobierno del presidente G. Petro. Se haría interminable el listado de las favorabilidades burocráticas, por una mal y errada concepción de “gobernabilidad”; que sobrepasa los limites de la tolerancia y la ironía. Qué no decir del servicio exterior en zonas fronterizas como Cúcuta. También mencionar como un exabrupto la denominada “carrera diplomática”. Nada más inconveniente y con visos de inconstitucionalidad, al limitar el ejercicio soberano del jefe de la diplomacia y relaciones exteriores, radicado en la persona del señor presidente de la Republica.
Y esto constituye solo un asomo de afrenta al movimiento popular, a sus líderes y cuadros de la izquierda, como si fueran odiados y que incluso no son reconocidas por congresistas del mismo Pacto Histórico. Y para concluir, también resulta incomprensible e inconsecuente, que los aspirantes a las gobernaciones por el pacto Histórico, que no resultaron electos en el andamiaje del juego clientelista y de casino en que les tocó competir, no resulten excelsos con un cargo publico nacional o regional. Destaco en esto, al valioso líder magisterial y popular de Cúcuta, que aspiró a la Gobernación, Ramón “el profe” Tamara, relegado al “olvido” por parte de un gobierno al que le ha brindado sobrada lealtad.
La derecha militarista esperaba pescar en río revuelto. Pues no, ahora viene la respuesta popular en su inclaudicable decisión y posición de consolidar el poder popular. Por un 1º de Mayo en beneficio de los y (las) trabajadores y trabajadoras. ¡Adelante! ¡A la Carga!
El M19 se opuso – como el que más – a la Coordinadora Simón Bolívar. Este fue un movimiento armado pequeñoburgués, no revolucionario ni socialista. Su concepción parlamentarista electoral, dentro del Frente Nacional, lo hizo surgir como respuesta al robo electoral del dictador G. Rojas Pinilla el 29 de marzo de marzo de 1970.
En su seno predominó la tendencia progresista-liberal. En el escenario político de Colombia, luego de la firma de desmovilización con las antiguas FARC – EP, no se puede considerar que exista una tendencia de centro en la conducción oligárquica del Estado.
La contradicción política principal, en el escenario de radicalización (no de polarización) de la lucha de clases, en Colombia, es de izquierda o de derecha… por la conservación o la toma del poder.
La izquierda legal (la ilegal está en las montañas) optó por apoyar la tendencia progresista – liberal, en esta etapa histórica. Va a la cola del progresismo, pero es nuestra izquierda, ¡Carajo!
Es similar al escenario de 1930 desde cuando el Partido Comunista Colombiano (PPC) se ubicó a la cola del Liberalismo, con la característica que aún hoy sigue siendo consecuente con la izquierda, ¡Carajo!
A hoy, en el escenario político colombiano predomina en la conducción del Estado, un bloque oligárquico hegemónico contrainsurgente.
Los conflictos: a) armado interno, b) económico, c) político, d) social, e) ecológico se han intensificado. Considero que el conflicto social ha desbordado y se constituye en el aspecto de la contradicción principal. El conflicto económico resalta con la grosera iniciativa de las castas politiqueras privilegiadas de recaudar fondos o «vacas» con miras a desplazar y cooptar la función del Estado.
En el gobierno progresista de Gustavo Petro – Francia Márquez todo está por hacerse.
La cualificación política del movimiento popular en Colombia es el elemento clave.
La Sala Constitucional tenía en sus manos la consulta de constitucionalidad obligada que la Asamblea Legislativa le envió sobre el Proyecto de Ley de la jornada de trabajo 4-3. A ella se había sumado una acción, una consulta facultativa de constitucionalidad, interpuesta por varios diputados, con el propósito de que la Sala dictaminara en contra de este Proyecto de Ley, por razones de fondo, por violaciones a las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con las jornadas de trabajo en el país, especialmente con los alcances de la norma constitucional No. 58, que establece que “la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana.” Del mismo modo, que “el trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados”. La misma norma constitucional establece que estos principios “no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley”.
Claro es, que el Proyecto de Ley de la Jornada 4-3 no estaba en la dimensión ni en la excepcionalidad del artículo 58 constitucional. Con este Proyecto se pretende, sin lugar a dudas, establecer un nuevo modelo de trabajo nacional, de 12 horas diarias, por cuatro días, sin pago de reconocimiento de horas extras, porque sus propulsores establecieron claramente que lo que se estaba regulando era el concepto de jornada semanal de 48 horas, distribuidas en 4 días. Igualmente, se pronunciaron muy claramente que en ese extremo no hay necesidad de reconocer “horas extras”, sobre las 8 horas de trabajo diario, que se regulan constitucionalmente. Valoraron en la discusión parlamentaria la jornada semanal de 48 horas, sin demeritar el alcance extremo señalado constitucionalmente. Tan solo la redujeron a cuatro días de trabajo.
Los aditamentos que se señalaron, en la Asamblea Legislativa, por parte de los diputados proponentes y defensores de estas jornadas esclavistas, al estilo del siglo XIX, fueron meramente cosméticos, como cantos de sirena, como por ejemplo el tiempo de descanso diario en la jornada de 12 horas. ¿Acaso la jornada de 8 horas no establece ese descanso diario proporcional a esas 8 horas? Lo que hicieron fue proporcionar el mismo tiempo a las 12 horas que se propone en el Proyecto de las 12 horas. Algunas diputadas incluso razonaron que en los tres días de descanso, de este tipo de contrato, los trabajadores podrían buscar otros empleos para mejorar sus ingresos, con lo cual en la realidad la jornada semanal “ordinaria·”, se extendería más allá de las 48 horas…
La Resolución de la Sala Constitucional, en lo que se ha informado, hace dos días, por un comunicado de prensa, sin que se tenga aún el Fallo completo redactado, ha destacado que el rechazo al Proyecto es tan solo de formalidad procesal, que puede subsanarse. Fue rechazado por un vicio sustancial de procedimiento legislativo, porque fue discutido en una Comisión Legislativa que no era la facultada para hacerlo, cuando empezó su trámite de aprobación en el 2019, puesto que debía haberse iniciado esa discusión en una Comisión especializada, como es la de Asuntos Jurídicos, y no la Asuntos Hacendarios.
Las Comisiones de Asuntos Hacendarios, generalmente se integran por mayoría de diputados de las fracciones que son gobierno. Esto para facilitar el trámite de los Proyectos de Presupuestos Nacionales, con aprobación mayoritaria de la Comisión que los estudia, para que así se envíe al Plenario Legislativo, con alguna ventaja de discusión; con menor oposición y con dictámenes de minoría, los que de hecho no tienen la trascendencia para el debate siguiente. En la historia parlamentaria a veces los dictámenes de minoría se han impuesto en el Plenario Legislativo. Pero lo usual es que pasan de lado.
El grupo de diputados chavistas, que llaman de gobierno, y los que se sumaron a ellos, han declarado que revivirán el Proyecto de Ley. La diputada experta en asesorar ministros y otras autoridades en mentir, ha dicho claramente que analizará, con el Presidente Chaves, la posibilidad de volver a relanzar el Proyecto de Ley a trámite de aprobación. Diseñarán la estrategia de la mentira ante la nueva discusión parlamentaria, si llega a suceder.
El retroceso en la legislación laboral y constitucional, de las garantías sociales, sigue en pie de lucha. Quienes nos hemos opuesto a este Proyecto, desde las tribunas de la opinión pública, y desde la práctica sindical, no debemos replegarnos de alegría por el fallo de la Sala Constitucional. Puede ser tan solo, como dice nuestro pueblo, un simple alegrón de burro.
No debe interpretarse el fallo de la Sala Constitucional como un golpe contra el gobierno del Presidente Chaves, ni como un triunfo sindical, hasta este momento. Este Proyecto de Ley se inició en el gobierno del Partido Acción Ciudadana, bajo el Gobierno de Carlos Alvarado, que estuvo de acuerdo con su trámite y aprobación, siendo el conductor de ese trámite legislativo, el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides. Por ahora, es tan solo un frenazo a su aprobación parlamentaria. El riesgo de su aprobación está latente.
Lo resuelto por la Sala Constitucional anula lo actuado desde que se cometió el error de trámite legislativo. Ha dejado al paciente de una cirugía con el tórax abierto mientras se dispone qué camino seguir, en cuanto se conozca el Fallo completo. El paciente del Proyecto de Ley de la jornada de 12 horas diarias no ha muerto todavía. Está en un coma inducido. Puede vivir.
Cuando se reciba el Fallo en la Asamblea Legislativa se pasará a su estudio a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Aquí se recomendará el camino a seguir… hacer los cambios correspondientes o enviar al Archivo el Proyecto de Ley.
Es también un tema de oportunidad política su discusión. O se aprueba el Proyecto de la Jornada de 12 horas en el 2024 o se deja para el 2026, pasadas las elecciones nacionales, como un proyecto para el nuevo gobierno.
En el 2025 por ser año electoral ese Proyecto no se someterá a discusión parlamentaria, por el riesgo político que eso tiene para los partidos y dirigentes políticos que lo apoyen, ante el proceso electoral nacional de ese año.
Sucederá igual que con la discusión del Proyecto de Ley del Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos y Centroamérica, que terminó aprobándose hasta el 2007, cuando el Presidente Abel Pacheco lo había aprobado en el 2004.
En el 2005 Abel Pacheco no lo envió a la Asamblea Legislativa porque era el año electoral, y podía dividir al país, como sucedió en el 2006 y 2007 a favor y en contra, que para efetos electorales hubiera tenido un saldo muy negativo para los que apoyaban ese Tratado. Si así hubiera ocurrido quizá Oscar Arias Sánchez no hubiera llegado a su segunda Presidencia.
Abel Pacheco introdujo al debate parlamentario el Tratado en diciembre del 2005, cuando la Asamblea estaba en receso legislativo por las elecciones y nadie le ponía atención. Al resultado de las elecciones, ya con el ganador, por poco margen, la Asamblea tenía el Tratado para su ratificación, lo que se heredó al siguiente gobierno, que la vio fea en el 2006 y el 2007, para su gestión de gobierno, hasta que por la vía del Referéndum, convocado por Oscar Arias, se resolvió por un estrecho margen a su favor.
Con los aires populistas que hay en el continente, y en el mundo, no sería nada raro que frente a un proyecto de Ley, como éste de las 12 horas, electoralmente, pueda levantase alguien con la Presidencia y el apoyo popular, barriendo más a los partidos tradicionales, abriendo una brecha hacia partidos de nuevo tipo, como Acción Ciudadana y el que llevó al Presidente Chaves a Zapote. Esta es la realidad.
Por eso, el movimiento popular no puede descansar, ni dejarse llevar por los aplausos que generó este Fallo. Hay que seguir alerta ante la redacción total del Fallo y ante la iniciativa parlamentaria de la diputada Pilar Cisneros de mantener vivo el Proyecto en trámite legislativo.
No estoy seguro de que la Asamblea Legislativa aguante otra vía rápida, de tipo triturador, contra los legisladores que se opongan a la aprobación de esta Jornada de 12 horas. Pero, todo puede suceder.
Por ahora, las banderas de lucha contra este Proyecto de Ley no deben arrearse. Deben mantenerse izadas.
“La mentira es reaccionaria; la verdad es revolucionaria”; Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.
Rafael Ángel Ugalde Q. (Periodista, abogado y notario por la U.C.R).
La Costa Rica mayoritaria, la que desde hace cuatro décadas soporta privatizaciones, corrupción sin precedentes en las altas esferas, tráfico de influencias increíbles y “ajustes fiscales” a diestra y siniestra, en espera del “desarrollo” y el añorado derrame de riqueza para mojar los de abajo, sigue a la espera de un “proyecto país” por parte del movimiento popular que de otro aire a la democracia representativa e incluya a campesinos, obreros, estudiantes, amas de casa, intelectuales y profesionales etc. con otra visión de la dignidad y la justicia social; mientras la oligarquía local aspira jugar en las “grandes ligas” al estilo Singapur, entregándose al capital transnacional y fortaleciendo su bien disimulado autoritarismo, frente a una alta y media burguesía asustadiza por una eventual disminución de sus privilegios.
Cuando a mediados del mes de julio de 2023 el presidente Rodrigo Chaves proclamó en Europa una Costa Rica para el mundo y el mundo para Costa Rica no estaba otra cosa que anunciando un cambio de paradigmas por el pequeño grupo gobernante en el país desde hace más de 200 años. Esto explica, por ejemplo, que el Ministerio de Salud sacara de los etiquetados advertencias sobre cantidad de grasas, calorías y sodio (La Nación 2/8/2023); en obvio beneficio para las grandes compañías de gaseosas y vendedoras de “comida chatarra”, relacionadas con la diabetes, obesidad y problemas cardíacos. O que el Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, planteara en junio pasado la posibilidad de hacer exploraciones en busca de gas natural en nuestro territorio..
Una de las mayores prioridades que tenemos en el sector de comercio exterior es la generación de empleo y desarrollo económico a todas las regiones de Costa Rica – justificó en Bélgica recientemente el ministro de Comercio Exterior y presidente de la Junta Directiva de PROCOMER, Manuel Tovar- especialmente en aquellos lugares a fuera de la Gran Área Metropolitana. Por esta razón, buscamos oportunidades en mercados europeos como Bélgica, donde empresas de diversos sectores han mostrado interés en nuestro país, aseguró. (Ver . (La República 12 de julio 2023).
Las empresas europeas pertenecen a sectores como ciencias de la vida, manufactura avanzada, tecnologías digitales, procesos empresariales, industrias creativas, proyectos agrícolas y agroindustria, biomateriales, manufactura liviana, alimentos procesados, logística, infraestructura, servicios de salud, industria cinematográfica, farma y biofarma, añadió la fuente.
Con antelación, el gobierno rompió con una serie de estructuras paraestatales que crecieron al calor de los negocios con el Estado costarricense, controladas desde su inició por dirigentes de dos de los partidos políticos tradicionales e indiscutibles representantes de la alta clase social. Sin duda, sin el apoyo de estos lideres de la burguesía local el esquema de “desarrollo” vigente desde los años ochenta, hubiera sido imposible desplegarlo en el campo de la educación, las privatizaciones, promoción de las inversiones, ni la destrucción del agro, la renuncia a la soberanía alimentaria etc.
Es obvio que estos “desencuentros” ocasionales entre la clase surgida con el joven Estado inaugurado tras la guerra de 1948, con la oligarquía acostumbrada a vivir sin sobresaltos en estos último 75 años, tendrían en algún momentos que tensarse frente a la voltereta dada por las finanzas y los mercados en el mundo, junto a un globalismo que pareciera cederá terreno frente al surgimiento de poderosos bloques de poder económico, la aparición con fuerza de los llamados Brics y un esclavizante dólar amenazado como moneda universal de intercambio.
En estas circunstancias pareciera que el punto de inflexión entre el “gobierno de unos pocos” con las clases sociales de banqueros, propietarios de inmuebles y enormes negocios, es “aliviada” por un nefasto recurso llamado “politiquería”, entendida ésta como medio para apagar el interés del ciudadano común por la cosa pública y contraria a la politización del elector. Enseñar a pensar a la gente es peligrosísimo. Es entonces cuando surgen en la Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo y otras instancias, verdaderas joyas del fascismo moderno costarricense como eso “es comunismo”, “quieren ustedes que nos parezcamos a la Venezuela de Maduro”, “la dictadura orteguista no merece respeto”, “el régimen cubano tiene miles de ciudadanos en las cárceles” o carteles comunales con “llegó la hora de la limpieza social”.
De esta manera, el reclamo de miles de costarricenses por un salario digno, un empleo de calidad, el auxilio estatal para conseguir una vivienda, una atención pronta y de calidad en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), así como educación como derecho y no negocio de unos pocos, son linchados por la matriz mediática, cuando les va bien, porque en la mayoría de los casos, son invisibilizados ya saben por quienes.
El mandatario Rodrigo Chaves y el presidente de la Asamblea Legislativa buscan puntos de coincidencia (foto Semanario Universidad).
De hecho, el presidente Chaves, para “desactivar” reclamos populares, ha recurrido al menos dos veces en la conferencia de prensa de los miércoles a criticado las posiciones, según él, de “comunistas” o “socialistas”; mientras las ideas del gobernante relacionadas con los altos costos de los medicamentos, el arroz o, lo que él llama excesiva tramitología, de inmediato sus adversarios en la Asamblea Legislativa o algunas organizaciones sociales se descalifican diciendo que es “populismo”.
Así, el enfrentamiento entre Chaves y el periódico Crhoy, medio propiedad del banquero Leonel Baruch, cuyo banco financió a la mayoría de los partidos con representación en la Asamblea Legislativa, así como con el diario La Nación, explica en parte, estos juegos de poder en las más altas esferas de nuestra democracia, llámense “defensa de la libertad de prensa”, “confrontación” o preocupación por los derechos humanos, etc.
Subyace, por tanto, en todo lo anterior, una especie de reacomodo entre nuestras clases tradicionales, ante la nueva realidad del fin del globalismo, como se dijo, y la aparición de cambios sustanciales ocurridos en la región desde México hasta la Argentina, tomados por unos con la madurez y seriedad política del caso y, por otros, colocándose dentro de la nueva “guerra fría “y su consecuente politiquería que, lejos de educar, nos programan para que sigamos sumisos y desarticulados.
EL DIABLO LOS JUNTA.
Según la firma de inteligencia y análisis Wealth-X el país “más feliz del mundo” tiene 85 millonarios, que en total acumulan una fortuna de $12 billones. Sí bien ese número significa poco en relación con los otros millonarios que viven en México, Colombia o Argentina, la llamada “Suiza Centroamericana “alberga tres de los diez millonarios más poderosos del istmo: Rodolfo Jiménez Borbón, Carlos Cerdas Araya y Steve Aronson.
Por otra parte, el Diario La República, situó a dos más de estos diez millonarios de la región en nuestro país, se trata de Francis Durman, gerente de Operaciones de Grupo Montecristo, y Luis Javier Castro, socio director de Grupo Mesoamérica, según la revista Forbes. La fortuna de Durman se estima en $400 millones, mientras que la de Castro no fue revelada por el medio de comunicación; lo que significaría el 50% de estos 10 afortunados en nuestro suelo.
“Investigadores económicos y sociales proponen diseñar un aporte solidario con sus ingresos y patrimonios. Un cálculo del economista Lorenzo Ramírez (Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica) propone que con “un impuesto al 1% del patrimonio de FIFCO, Grupo Nación y Grupo Britt, sería posible financiar alrededor de 76.000 ‘ayudas’ del Plan Proteger de ¢62.500”, precisó la fuente indicada en ocasión de la pandemia por Covid 19.
En Centroamérica entre todos los millonarios se acumula una fortuna de $ 2.185 billones, siendo Guatemala el que encabeza la lista con 235,Honduras con 205,Nicaragua con 190, El Salvador con 145, Panamá con 105 y por último nuestro país con 85 millonarios. (Wealth-X y nación.com).
En cuanto al buen ambiente que registra el país para la clase exportadora e importadora, tenemos, según las Estadísticas de Comercio Exterior 2021, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos el 25 de noviembre de 2022, para 2021 una balanza comercial deficitaria de 6 541 millones de dólares, motivado principalmente por un mayor valor de importación desde las regiones de América y Asia. Ambos flujos comerciales obtuvieron variaciones porcentuales anuales positivas en el 2021 y en comparación con el 2020; el valor de las exportaciones aumentó en un 26,25 %; por su parte, el valor de las importaciones, creció en un 41,59 %.Los productos de exportación más significativos de Costa Rica en el 2021 fueron los instrumentos de la industria médica, las frutas frescas comestibles y los artículos y aparatos de ortopedia. Para las importaciones sobresalieron los combustibles, los circuitos electrónicos, los contenedores y los medicamentos.
En contraste, citando la emisora CRC89.1, el 13 de octubre de 2022, se derogaron decretos de 2019 y 2020 que autorizaban aumentos salariales para el sector público. En cuanto a los salarios para el sector privados las distintas centrales sindicales sostienen que condenan al hambre a millones de ticos, porque son insuficientes para el pago de alquiler de casa, pasajes, servicios y alimentación.
Para 2018, según el Semanario Universidad Costa Rica estaba entre los 10 países con mayor desigualdad social en el mundo. En primer lugar, está Sudáfrica, siguen Haití y Honduras. Después están Colombia, Brasil, Panamá, Chile, Ruanda, Costa Rica y México. Según la fuente citada sobre la desigualdad social, hay varios factores que inciden como el nivel de desempleo que pasó de un 9.1% a 10.3% entre el primer trimestre del 2017 y el 2018, así como que el nivel de subempleo femenino que aumentó un 1.7% con respecto al mismo período del año anterior. Otro elemento relevante, según la fuente, es el nivel de pobreza mantenido en los últimos 20 años prácticamente con poca disminución.
Como si fuera poco lo anterior, el presupuesto nacional como la mayor herramienta en la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad enfrenta una tendencia a la reducción, al punto de que, según el último dato de presupuestario, representaría una reducción en términos reales de una tercera parte desde el 2018. Así, el contenido financiero para el 2023 del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), consignó el semanario citado, sería de ₡471.561 millones. Esto representaría una reducción nominal de ₡138.635 millones con el presupuesto de ₡610.196 millones de 2018, un 22% en términos nominales.
El Fascismo tico levanta la mano en la zona Atlántica (foto Carlos Campos Rojas, Revista SURCOS).
Desde la perspectiva de los trabajadores, la coyuntura actual nos dice que ya no basta que el movimiento popular se auto declare la cabeza en la defensa de los intereses de campesinos, obreros, amas de casa, intelectuales, estudiantes o profesionales, entre otros, sino que ese privilegio ante las mayorías se gana articulándolo para profundizar la democracia con verdadera participación, abriendo el camino de poder revocar a quienes se nombre y resulten corruptos o incumplan sus deberes, bregar por tierras para quienes quieren trabajarla, no haya un joven en edad universitaria expulsado de la educación, con la excusa de mecanismos lejos de medir la inteligencia etc, más allá de exabruptos lanzados por las “benditas redes sociales” por diversos grupos de sobrevivientes de 40 años de vendaval neoliberal.
Olger Sánchez, auditor interno de la CCSS acaba de decir en una Comisión Legislativa que hay 875 mil personas esperando una cita en el Seguro y que las deudas del Estado con la institución son de más de tres billones de colones (Telenoticias 28/ 7 /2023).
Sin embargo, en aras de la verdad, hay que situar el origen de la crisis financiera en la Caja, los maquillajes contables, su saqueo sufrido desde distintos frentes y la incertidumbre por el futuro de las pensione, en 1973 cuando empezó desvirtuándose la seguridad social y el 24 de setiembre de ese año reformaron el artículo 2 de la ley 5349.
Para dar una idea del asunto el artículo 2 de la ley citada está referido a la Universalización del Seguro de Enfermedad Y Maternidad, quedando así: “Los traspasos a que se refiere el artículo anterior, se harán a título gratuito en la forma y condiciones que convenga la Caja y la entidad correspondiente, conforme lo permita el proceso de universalización de los seguros sociales. En esos casos la Caja deberá prestar asistencia médico-hospitalaria a la población no asegurada incapaz de sufragar los gastos de sus servicios médicos y para atender tales obligaciones se dotará a la Caja de las rentas específicas necesarias. Conforme a las disposiciones del párrafo tercero del artículo73 de la Constitución Política, la Caja no podrá en ejecución de esta Ley, contraer obligaciones que impliquen transferencias o empleo de los fondos y reservas de los seguros sociales en finalidades distintas a las propias de su creación.».
La atención médica privada gana terreno en el país, mientras en el Seguro Social indigna el trato dado a quienes buscan salud (Foto Semanario Universidad).
Este acto de politiquería significó trasladar a la Caja competencias exclusivas del Ministerio de Salud, con los consecuentes efectos en la prestación de sus servicios, sus finanzas y el futuro de las pensiones hasta nuestros días, cuando en la querida institución pusieron verdaderos “expertos” en maquillajes financieros para ocultar las deudas acumuladas por todos los gobiernos de años anteriores..(Sobre el tema ver en el Semanario Universidad: “Así perdimos la Caja,” 26 de junio 2018 y “ Hablemos de IVM.. Parte II”, en SURCOS, 9 de setiembre de 2020). Es entendible que sindicatos, políticos y asegurados prefieran olvidar el origen del desfinanciamiento doloso de la Caja, cuya crisis nos estalló en la cara, no aparecen los partidos responsables y ocho de los principales hospitales privados están listo para apoyar la tercerización de servicios de la CCSS, como la salida más fácil, aunque espeluznante para las futuras generaciones. ¡El pueblo que olvidan de dónde viene no sabrá para dónde va!; y a eso nos han acostumbrado.
Un viejo amigo de la Universidad el pasado fin de semana puso en duda que a estas alturas del proyecto en que nos metieron todos los partidos políticos, con honrosas excepciones, quieran ya vender las pocas instituciones que quedan en pie. Ojo con la Caja, el Banco de Costa Rica, los Parques y las pocas playas públicas etc.: “Lo que quieren ahora es comprarlas a precios irrisorios, y luego, llevarlas a sus puestos de bolsa y de las transnacionales, vendiéndolas al precio que verdaderamente valen y que costó sudor a todos los costarricense”.
¡Pareciera que la historia ciertamente cuando viene por segunda vez supera la tragedia y se presenta como farsa!
Al cumplirse este 14 de agosto próximo 67 años de su desaparición física, el mundo de los trabajadores recuerda las verdades vigentes del Bertolt Brecht: “Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchas muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: Esos son los imprescindibles”.
Quiénes durante 200 años creyeron que la riqueza originaria en nuestro país fue distinta a la violenta expoliación causada cuando la propiedad comunitaria pasó a manos privadas de los europeos, el siglo XXI los pone contra la pared.
Lo cierto es que, las oligarquías latinoamericanas, siempre apostaron al control político por encima de lo económico, pues controlando el primero, justificaban la administración y la apropiación de los recursos producidos por sus pueblos.
Los diversos estudios científicos demuestran que el control político durante la colonización europea en nuestro continente produjo al menos 55.8 millones de muertos; unas veces exterminados por problemas políticos, y otras por epidemias en sólo 100 años, lo que equivale aproximadamente el 90% de la población nativa.
De las 119 estimaciones de población analizadas por el grupo encabezado por Alexander Kock indican que antes de 1492 vivían en el llamado Nuevo Continente cerca de 60.5 millones de personas, con una utilización agrícola y forestal de 1,04 hectáreas por persona (Periódico La Vanguardia 01/02/2019).
En el caso costarricense, este reforzamiento del control político viene desde los pueblos originarios sobrevivientes, moldeó hasta nuestros días el llamado sistema “democrático liberal”, experimentando crisis como la de los siglos XIX y mitad del XX, con cruentos golpes de estado y hasta una guerra civil incluida. De esta manera, la gran crisis experimentada por la administración del expresidente Rodrigo Carazo (1978-1982), después de echar una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), vino a ratificar desde entonces que nuestra oligarquía nunca otorgó derecho alguno a los trabajadores; éstos se los ganaron, rehusándose a terminar como siervos. Es el punto tensional que viven los costarricenses más allá de que ubiquemos como principales problemas los salarios de hambre, las extenuantes jornadas de 12 horas, la mesa de negocios que tiene en crisis todos los niveles de la educación, las filas de espera en la Caja del Seguro Social, la posible exploración petrolera y hasta las pobres tortugas de carey; éstas últimas amenazadas en un proyecto de ley presentado y retirado por INCOPESCA.
En Costa Rica esta élite desde hace décadas atrás no corre ningún riesgo en ceder un ápice político a las mayorías. Los trabajadores y trabajadoras financian las carreteras, las escuelas, la justicia, la seguridad ciudadana, pero aquella clase social es la encargada de administrar los impuestos pagados por todos los costarricenses. Ella vende empresas de todos los votantes, da en concesión, puertos, aeropuertos, autopistas, espectro electromagnético y dice cómo deben de gastarse; así como quienes tienen la prioridad.
Así vemos cómo de cara a las próximas elecciones municipales, en la Asamblea Legislativa se promueve una “pensión universal”, que posiblemente, según algunos entendidos en la materia, terminará por desfinanciar otros regímenes de jubilaciones, pero ganarán con los votos necesarios para consolidar aún más el poder político. Es obvio que una compensación universal inferior a 180.000.00 colones mensuales (aproximadamente $300; un dólar igual a 600 colones) es alejada de toda realidad económica, tomando en cuenta, por un lado, la manipulación de toda clase de precios, y por el otro, a la ley de oferta y la demanda, en rubros tan importantes como los alquileres de casa, transporte remunerado de personas, alimentos, medicinas, combustibles, entre otros.
Lo anterior tiene como marco la tradición histórica de la Asamblea Legislativa de hacer leyes sin parar, para exonerar de impuestos a compañías agrícolas, importadoras, exportadoras, farmacéuticas, bancarias, minería, industrias, entre otras, beneficiando, además, como es “vox populi” a evasores, decretando además amnistías tributarias; bajo la premisa de “crear empleo” y el “mejoramiento” de millones de desesperados votantes.
Cuando el presidente Luis Alberto Monge (1982-1986), con el concurso del Partido Liberación Nacional (PLN) y la llamada oposición Social Cristiana (PUSC), empezaron a desmontar el sistema agrícola nacional con el llamado Primer Ajuste Estructural de la Economía (PAEI) las cartas marcadas para los asalariados, las amas de casa, los maestros, estudiantes, pequeños y medianos productores, y movimiento popular en general, se barajaron irremediablemente.
Con este “ilustre”, hoy benemérito de la patria, empezaron los famosos programas PAEs impulsados por la élite nacional, atrincherada en la que en algún momento nuestros críticos dieron en llamar el PLUSC. Fue, cuando, supuestamente, habría “producción” para que hubiera paz, porque sin ella no hay comida, “justicia social”, porque la ausencia de esta lleva a la intranquilidad; democracia, porque así hay garantía de libertad; mientras sin valores éticos y culturales no hay confianza en el pueblo. Con este “maravilloso” programa el “campesino de palmares” y “líder” sindical de los “sindicatos blancos”, llegó a la presidencia de la república; advirtiendo que su plan sería para los próximo 30 años (ver programa “Volvamos a la Tierra”, página 8).
Traer la crisis actual evadiendo responsabilidades políticas concretas, sobre cómo han ido desmontando el Estado Social del Derecho, mandaron al carajo la soberanía alimentaria, pusieron los cuerpos policiales en guerra contra el “narco”, mientras los grandes consumidores mundiales de estupefacientes siguen sin controlar su clientela, es la misma politiquería usada para que veamos la inseguridad ciudadana como un fenómeno reciente y focalizado, y no creado por una casta de burócratas al servicio del neoliberalismo. Las escuelas están cayéndose a pedazos como si fuera por generación espontánea, el sicariato juvenil es una cosa como si hubiera surgido en los dos o tres años y no consecuencia del desvío de fondos a otro lado, desfinanciando así el quehacer social del Estado.
Para combatir supuestamente la inseguridad ciudadana, promovida por el Estado mismo, al dejar en manos privadas tan delicada función Constitucional, hay quienes proponen un “estado de excepción” que no es otro que el mecanismo de control autoritario de todos los ciudadanos; como colofón de una sostenida campaña del miedo por radio, televisión y prensa escrita. Si bien los asaltos, ejecuciones, desapariciones, violaciones; etc etc, son parte de nuestro vivir, recientemente un amplio reportaje del Periódico El País de España dio cuenta de la marcada descomposición social en todo América Latina, como consecuencia de las políticas económicas a que han estado sometidos estos países del “Nuevo Continente”.
Lo que sí asusta es como estos medios de comunicación encausan sus informaciones tendientes a dividir la sociedad entre “buenos” y “malos”, similar a las prácticas realizadas por Hitler y Mussolini, en Alemania e Italia, respectivamente, cuando deseaban un fin asignado a sus hordas.
Según el periódico CRHoy, el Estado de excepción equivale a una suspensión de derechos y garantías individuales en casos de “evidente necesidad pública”. Esta posibilidad se encuentra contenida en los artículos 121 inciso 7, así como el 140 inciso 4 de la Constitución Política surgida tras la guerra civil de 1948 (Ver CRHoy.com 05/05/2023)
La realidad, a veces ingrata y fría es que, hasta ahora ningún Estado ganó una “guerra” contra el narcotráfico sin eliminación del consumo de las drogas. En el caso costarricense no solamente hemos fijado cuantiosos recursos en esta “guerra”, sino que seguimos poniendo los muertos y haciendo lo mismo que hicieron otros estados, para obtener los mismos resultados.
Por el contrario, las cifras trascendidas en los últimos días, al tenor de la “inseguridad ciudadana”, el número de parapoliciales dobla la cantidad de elementos de la Fuerza Pública. Johan Vargas, presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines, puso recientemente a las órdenes del Gobierno unos 30.000 oficiales privados que “están dispuestos a trabajar en conjunto para combatir la delincuencia” (Teletica.com 04/05/2023).
Una reciente y brillante publicación coordinada por el Dr. Carlos Tiffeer Sotomayor, nos da cuenta sobre el deterioro el Estado Social de Derecho, ya que, hay consenso dentro del contexto actual de la globalización hegemónica (neoliberal de la presencia de la que Costa Rica como país de la periferia del sistema mundo no se escapa) del marcado discurso anti estatista, según el cual se requieren poderes absolutos en el Estado para que este desaparezca. Obviamente el Estado no desaparece. Lo que desaparece – poco a poco – es el Estado Social de Derecho y los Derechos Fundamentales (al menos los económicos, sociales y culturales) para reaparecer en su lugar el Estado Penal de la mano de los nuevos discursos (Dr. Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal, página 17; “Un Derecho fundado en la Dignidad Humana”; obra coordinada por el Dr. Carlos Tiffer Sotomayor, Primera Edición; Editorial Jurídica Continental, 2023).
Así, la versión neoliberal privilegia las funciones de los jueces y las instituciones en general que están dirigidas a mejorar el funcionamiento del mercado (op.cit, página 18).
Movimiento Popular Fragmentado
Independientemente que algunos sectores del movimiento popular añoren el viejo Estado Social de Derecho y centren su lucha en la mayoría de los casos en reinvindaciones cortoplacistas y sin articulación alguna entre sí, tal Estado de bienestar difícilmente volverá, si no hay un replanteamiento de la lucha en forma unida, más allá de la saturación de consignas individualistas valederas a corto plazo, como se visualizó durante el desfile del pasado 1 de mayo, sin que subyaciera una estrategia como movimiento agrícola y campesina ahogada por falta de una reforma agraria. O en el caso del movimiento sindical cuya consigna mayoritariamente no es la amplitud de los derechos políticos de las grandes masas de asalariadas, si no demandas muy concretas como aumento salarial, que las élites una y otra vez los han escamoteado con aumentos de precios inmediatamente, sin que la causa, que es el dogma neoliberal, sea tocada.
Así, caímos sin darnos cuenta en las llamadas “desigualdades evolutivas de las especies” – tesis refrescadas por algunos antropólogos y psicólogos estadounidenses- son explicadas como parte normal del discurrir social y cultural de una sociedad, y como esta “ciencia” borra de un plumazo, como hizo el funcionalismo de Webber cualquier tufo de lucha de clases, es más cómodo explicar la inseguridad ciudadana, el desempleo, la educación mercantilizada, el déficit fiscal, la preocupación de la señora de Purral por el costo de vida etc, fragmentando la realidad social. Los robos, los asaltos, la inseguridad ciudadana etc., aparecen desvinculados del congelamiento de salarios, del desempleo, de la falta de vivienda, etc. Así es muy fácil ser legislador, periodista, político, analista jurídico, sociólogo, economista, etc.
La realidad es, que como en años anteriores, no advertimos al pueblo costarricense que con el gobierno Liberacionista de Laura Chinchilla y cierre de los 8 años del Partido Acción Ciudadana, se cerraban las diversas etapas de los gobiernos corporativos o paralelos, determinantes para el “progreso” conceptualizado desde el punto de vista de nuestras élites (ver https://semanariouniversidad.com/etiqueta/horizonte-positivo/). De este modo pareciera que el gobierno del Presidente Rodrigo Chaves (2022-2026) abre la tercera etapa caracterizada por el ingreso directo de las grandes corporaciones interesadas en materias primas como gas, petróleo, agua, pesca, tecnología, etc. Su mandato deja la sensación hasta ahora de medir todo por algo tan elemental aprendido desde la escuela primaria: Sumar y restar.
Esto explica la ruptura reciente con la Fundación Omar Dengo que durante décadas estuvieron financiando los costarricenses y a la hora de restar beneficios concretos a la educación nacional no tuvo números positivos a los ojos del gobierno. Por el contrario, dicha organización reclama actualmente a los costarricenses un giro de 168 millones de colones para inventariar los insumos que pasaron al Ministerio de Educación Pública, según se informó oficialmente. Dicha fundación, alega que para entregar los bienes a la cartera de Educación necesita pagar a las personas encargadas de inventariar los objetos que tuvo bajo administración.
Asimismo, hubo grupos políticos y económicos que reaccionaron con ira, por el cierre reciente de CINDE. Sin embargo, siguiendo la máxima de restar y sumar los fondos públicos girados a ese ente privado durante 40 años y el número de empleos creados, así como las exoneraciones dadas a las firmas empleadoras, cada empleo pareciera ser demasiado elevado como inversión hecha.
Entre los personajes políticos allegados o cercanos al PLUSC que han pasado por CINDE está José Rossi, Anabelle González, Gabriela Llobeth, Dialá Jiménez Figueres, Fernando Ocampo, entre otros.
Agresión pareja
En estos últimos 40 años (5 gobiernos del Partido Liberación Nacional y 5 de la llamada oposición, incluyendo 2 del PAC), las poderosas élites nacionales no cesaron un solo día en su golpeteo contra las mayorías costarricenses. Todo el proceso de globalización en que nos metieron ha sido pagado por la gente más humilde que se traduce por grandes filas para una cita de especialistas en la Caja Costarricense del Seguro Social, una intervención quirúrgica o simplemente para ser atendidos en un Ebais. La Educación Pública y Obligatoria que dice la Constitución Política defendida por estos grupos dejó de ser derecho y hoy es uno de los negocios más lucrativos; la Educación Pública Superior está sometida actualmente a fuertes presiones provenientes de grandes cadenas de Universidades Privadas, a las que no les interesa ningún tipo de humanismo, y miden todo por las leyes del mercado.
Por el contrario, la falta de dignidad nacional y apego a los intereses de las grandes metrópolis se ve con tanta “normalidad”, que recientemente trascendió que funcionarios del Banco Mundial revisan datos financieros al más alto nivel dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social; mientras una misión del FMI se siente gobierno electo para venir a advertirnos que a la regla fiscal no debe introducírsele más reformas. Ocupando ello, destacados titulares en la prensa comercial. (La Nación, 29/04/2023).
A decir verdad, en el horizonte no hay visos de un replanteamiento político de la situación que afecta a millones de costarricenses, frente a la aparición de un nuevo orden multipolar. En el discurso del Presidente Rodrigo Chaves, el 2 de mayo en la Asamblea Legislativa, no hay una sola alusión de fondo que haga pensar un eventual abandono por parte del actual gobierno del viejo orden mundial unipolar, para aprovechar el surgimiento de nuevos bloques económicos y políticos, con otra visión de dominio y control absoluto sobre los países que en algún momento fueron colonia de Europa y hoy diplomáticamente están bajo las reglas de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En ocasión del día internacional del trabajador tres reconocidos economistas plantearon lo que ellos consideraban los problemas más grandes en Costa Rica. Uno dijo que era la defensa de un salario decente y un trabajo digno. El otro cree que los sindicatos tienen que hacer un esfuerzo muy grande para convertirse como en voceros de una población muy marginada; y el otro enumeró que el problema más grave de Costa Rica es la pésima distribución de la riqueza generada en esta nación. (Ver https://www.youtube.com/watch?v=iooehH-UcHA, “Expertos plantean cuáles son elementos económicos que debe contener la agenda de los sindicatos”).
El presidente del Congreso y líder del PLN Rodrigo Arias Sánchez en cálido encuentro con el Presidente de la República Rodrigo Chaves Robles (Foto Fabián Hernández, tomado del Semanario Universidad 10/08/2022).
Así el dilema de la izquierda democrática y amplios sectores preocupados por el rumbo de esta Nación de poco más de 5 millones de habitantes se debate entre jugar con las cartas marcadas de antemano por las élites tradicionales, o una solución, según ella, electoral y burocrática. La experiencia sufrida en otras naciones bajo esas premisas es que el problema no es ganar el poder, si no para qué y para quiénes se obtiene el poder.
Este enfoque de jugar bajo condiciones adversas dejó en México millones de millones de pobres esclavizados en 37 años de dominio “conservador”; en Uruguay sirvió la mesa al actual gobierno reaccionario de Lacalle; en El Salvador indirectamente ayudó al ascenso al poder de Bukele; y en Chile recientemente los grupos fascistas pro Pinochet preparan una Constitución Política a su medida.
En un reciente artículo del analista nacional Oscar Barrantes Rodríguez, trajo a acotación el dilema político anteriormente apuntado y que tantos dolores de cabeza causa actualmente a millones de ticos con esta misión miope de olvidar “los juegos” de poderes y los “dueños” del poder.
“Se debe salir del agujero electoral y superar el electorerismo enfermizo y cargado de vicios pequeños burgueses, de burocracia, y reformismo cándido, fatuo e inútil; porque ni hace diferencias del discurso con las franquicias electorales oligárquicas y terminan haciéndole el juego a la dictadura electoraria, lo cual coloca a las izquierdas, el movimiento electoral y las agrupaciones partidarias de las fuerzas humildes, núcleos revolucionarios como furgón de cola de la burguesía imperante y de la tiranía imperial – globalista de occidente…”. (sic. “Lucha política revolucionaria o izquierda a la moda” 12/05/2023).
Desde esta perspectiva, pareciera entonces que la llamada “izquierda democrática” habría renunciado a las ricas tradiciones de organización de movilización y beligerancia popular y campesina, comunal, indígena, de las zonas costeras, de los barrios, a la creatividad juvenil, etc que en años pasados inspiraron luchas gravadas en la historia patria como la lucha contra la explotación de bauxita en 1970 contra la Transnacional Aluminum Company of America conocida como ALCOA, que encabezaron estudiantes, obreros, campesinos, profesionales, intelectuales, entre otros así como la lucha a favor del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), cuando una camarilla intentó desmantelarlo de un cuajo en el 2000 y la oposición abierta contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC) (2007); en este último caso los sectores más humildes, sean productores, agricultores o jóvenes en general siguen soportando los efectos al día de hoy.
Lo anterior pareciera reafirmar que un empoderamiento de los sectores populares costarricenses, así como mecanismos propios de una democracia con mayor participación ciudadana, no está en la agenda de las élites ganadoras en el presente proceso de globalización hegemónica del gran capital.
Lo que pareciera fuera de discusión es que por encima del atolladero económico en que estamos, el problema político está en el centro del debate. Esto no es nuevo. Lo observó quien el próximo 14 de agosto cumple 67 años de su desaparición física, enseñándonos que la política no puede sustraerse de los efectos nefastos que sufren los pueblos.
Planteó el problema político por encima del económico. Y escribió:
“El peor analfabeto / es el analfabeto político /. No oye, no habla / Ni participa en los acontecimientos políticos. / No sabe que el costo de la vida,/ El precio del pan,/ del pescado,/ de la harina,/ del alquiler,/ de los zapatos/ o las medicinas/ dependen de las decisiones políticas/ el analfabeto político,/ es tan burro,/ que se enorgullece,/ e hincha el pecho diciendo,/ que odia la política./ No sabe, el imbécil, que,/ de su ignorancia política,/ Nace la prostituta,/ el menor abandonado,/ y el peor de todos los bandidos,/ que es el político trapacero,/ granuja, corrupto y servil/ de las empresas nacionales y multinacionales; (Bertolt Brecht, el Analfabeto Político).
Panamá, un eslabón más en la cadena del capitalismo globalizado y en crisis
La explosión social que estremeció Panamá, en julio de 2022, además de la acumulación histórica de un modelo económico capitalista neoliberal y dependiente, viene acicateada como resultado de las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos títeres de la Unión Europea y la OTAN que, para sancionar a Rusia por su invasión a Ucrania, han impuesto restricciones a sus exportaciones de gas y petróleo que han llevado al alza de los precios de estos productos a nivel mundial.
Lo que supuestamente debía llevar a Rusia al colapso económico, político y militar, se le devuelve al presidente Biden como un bumerang que le golpea y desestabiliza la parte del mundo que controla. Es lo que el filósofo Hegel llamaba la “astucia de la historia”, y que el argentino Nahuel Moreno llamaba la “ley del bombero loco”, que pretendía apagar un fuego echando gasolina, con lo que empeoraba la situación. Cuando la situación económica y política está madura para un cambio de época, la crisis de lo viejo sale por las vías más insospechadas y todo lo que haga por preservar el viejo orden se vuelve en contra.
Claramente a esa crisis del capitalismo neoliberal y decadente del siglo XXI responde lo que acaba de acontecer en Panamá. Aunque el gobierno logre zafar de esta situación cediendo en la rebaja de la gasolina, lo cual ya ha acordado con la dirigencia sindical, lo cual es, sin duda un triunfo del movimiento popular, pero es un triunfo parcial y momentáneo, porque el problema de fondo sigue ahí.
La explosión social panameña es parte de un proceso de conjunto, mundial, pero especialmente latinoamericano, pues estuvo recientemente precedida por la movilización indígena encabezada por la CONAIE en Ecuador (los reclamos eran similares), y por el triunfo político de Gustavo Petro en Colombia. Nuestros pueblos buscan una salida y van construyendo poco a poco otro mundo posible.
Compartimos el documento para su lectura completa:
A mis contactos en WhatsApp acostumbro enviar mensajes cortos de opinión jurídica y política sobre temas concretos. Desde el 21 noviembre de 2019, día de la gran movilización nacional del Paro Cívico y como resultado de la sangrienta represión, terminé con un llamado a la ¡resistencia! esta clase de notas, en las que expreso puntos de vista jurídicos ante eventos del movimiento popular y/o hechos políticos, pero luego del triunfo electoral en que se ganó la presidencia popular con la fórmula Gustavo Petro – Francia Márquez, he dejado de usar el llamado a la ¡resistencia! Esto, por cuanto ya somos gobierno. No obstante, se ganó el gobierno más no el poder, que continúa arraigado en el terrorismo de Estado narco paramilitar. Eso lo tiene claro la izquierda legal que aporta en el Pacto Histórico y en el Frente Social democrático. Continuaré con esa notas sin pie de firma o nombre propio sino como “!Puro Abogado!”
SOBRE LAS DESIGNACIONES.
Ha caído muy bien la designación que ha hecho el presidente Petro de tres miembros de las comunidades indígenas en importantes cargos de representación tanto a nivel nacional como internacional. La lideresa social arhuaca, Leonor Zalabata Torres, será la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas (ONU) en New York. Patricia Tobón, abogada y Comisionada de la Verdad, dirigirá la Unidad de Victimas, y Giovani Yule, sociólogo nasa, estará al frente de la Unidad de Restitución de Tierras.
Las reacciones por parte de la derecha militarista, latifundista, terrateniente y racista no se hicieron esperar.
De la compañera Leonor Zalabata Torres esgrimen que ella no maneja el inglés. En forma pausada, la lideresa ha transmitido conocimiento de la alta función encomendada y explica que el español es idioma oficial en la ONU, junto con el inglés.
De la designación de la abogada Patricia Tobón resalta la importancia del tema que le corresponde y el valor que el presidente Petro da al informe de la Comisión de la Verdad y su aceptación en el ámbito internacional.
Del compañero Giovani Yule señalan que tiene intereses en los procesos de restitución de tierras y que por ello incurriría en un conflicto al ser dizque “juez y parte”.
En particular, la designación de Giovani Yule es tan acertada que se equivocan quienes creen que la entidad de restitución de tierras cumple funciones judiciales. Nada más alejado de la realidad.
Las Unidad de Restitución de Tierras está adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, y a la Resolución 1519 de 2020, que pone a disposición de los ciudadanos y grupos de interés, en lo referente a tierras despojadas durante el conflicto, la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde podrán conocer los contenidos de las decisiones y consultar la información que esta entidad genera en el desarrollo de su misión, sus funciones y deberes, esencialmente administrativos.
Conforme a como lo dicta la Ley, la información generada por las entidades del Estado, en los procedimientos administrativos atinentes al tema de restituciones no podrá ser reservada o limitada; por el contrario, es de carácter público, y debe ser clara, diáfana y amplio acceso. En este sitio se proporciona y facilita el acceso en los términos más amplios posibles. Precisamente, de esto está huérfano el proceso administrativo. La corrupción, el clientelismo y el negacionismo han anidado en estos trámites, que se colocan a espaldas de los intereses de las víctimas despojadas y sacrifican el sentido de valía y exposición de ese derecho privado de las víctimas.
En hora buena llega el nombramiento del compañero Giovani Yule para que el direccionamiento del contenido de los expedientes redunde en el éxito de los reclamos asistidos. Dizque el compañero Giovani Lule se convertiría en “juez y parte”, afirman, en craso desconocimiento de la materia y ello redunda, precisamente, en el enredo jurídico en que el mal uso del derecho ha permitido burlar los alcances de los revictimizados y hacer ineficaces los fines altruistas de la Ley.
La función de la Unidad de Restitución de Tierras no es la de juez, sino de trámite administrativo. Pero un procedimiento administrativo viciado y sin tema de prueba asistido, solo genera impunidad. Simple es comprender que lo del empleo público está debidamente reglado y pone en función al principio de legalidad. No se configura impedimento alguno. Están en juego intereses de clanes económicamente poderosos y hasta de multinacionales, sobre el manido efecto distractor de los llamados “poseedores de buena fe” en el que la simulación de los actos y negocios jurídicos es de uso frecuente.
Sabido es que la restitución de tierras tiene la competencia sobre la suerte de diez millones de hectáreas que fueron despojadas en lo que se ha dado en llamar la “reforma agraria blanca” del narco paramilitarismo en Colombia. Lo de los tres millones de hectáreas disponibles en baldíos es otro tema. Con seguridad que por el conocimiento que tiene el compañero Giovani Yule de la inscripción en el Registro Único de Tierras Abandonadas (RUPTA), garantizará protección de bienes e intereses de las víctimas.
Igualmente, respaldará y avalará las medidas cautelares que impiden el registro de traspaso al operar la inscripción en el registro sobre bienes inmuebles o tierras en cuestión; algo que ostenta hoy todos los defectos con la consiguiente burla y dilación en el reconocimiento de los derechos y permite la piñata en ejercicio y beneficio de los tales, repito, “poseedores de buen fe”. El meollo del asunto es llegar al tercero poseedor de buena fe exenta de culpa y en ello radica la impunidad. La enorme labor por cumplir radica en la obtención del Registro Único de Tierras Despojadas y Abandonadas como consecuencia del conflicto armado interno. En esa directriz se interrelacionan e identifican lo del predio (claridad sobre su existencia jurídica), el diseño y administración real en el registro de esas tierras, y el papel del sujeto de restitución y su familia.
La función del director de Restitución de Tierras se centra en llevar a su nombre y en el de los reclamantes el fundamento de ese accionar. Por ello no es un juez, sino que, por el contrario, es quien presenta al juez el asomo sólido de las pretensiones de las víctimas para la consecuente y subsiguiente aplicación de la reparación integral. Precisamente, hasta después de darse la sentencia de restitución de tierras las victimas continúan desamparadas, pues la burocracia de bolsillo, en esa entidad rectora, no aplica en la ejecución de las sentencias respectivas. Serán esos algunos de los “entuertos” que el compañero Giovani Yule corregirá.
Para concluir con este análisis, es dable destacar que es función del órgano administrativo de restitución de tierras garantizar el goce de este derecho fundamental. Vale decir, buscar la restitución jurídica y material de tierras, así como la permanencia y protección de los territorios. Todo ello concatenado y de la mano, en función de la aplicación de la Reforma Agraria Integral. El acierto en la acertada designación de la ministra de Agricultura por parte del presidente Gustavo Petro, augura el éxito en el logro de tal promesa electoral y en el cumplimiento del soberano compromiso del Estado de Colombia en cuanto a la implementación total de los Acuerdos de La Habana.
DE LA LEY 1448 DE 2011 (junio10)
Se trata de las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y otras disposiciones.
Me corresponde, por consecuencia profesional y política y por ser un conocedor de la materia, aportar a la doctora Patricia Tobón como directora de la Unidad de Víctimas, designada por el presidente Petro, en las experiencias resultantes en cuanto al centenar o millar de víctimas de colombianos y colombianas refugiados en Centroamérica y en particular en Costa Rica, donde lideré, organicé y asistí a cientos de refugiados víctimas del conflicto armado interno. No pude representarlos en ejercicio del derecho de postulación, pese a mi doble calidad de abogado colombiano y costarricense, por prohibición expresa de la normativa de víctimas, que no permite que ellas sean representadas por abogados. Pues bien, no es la primera vez que he denunciado que a cientos de solicitudes de víctimas del conflicto armado en Costa Rica una cónsul uribeña no les dio tramite, ni remitió nada a la Unidad Nacional de Victimas, coludida con el entonces Procurador fascista de apellido Ordóñez, quien la apadrinaba.
Este álgido asunto requiere que el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, doctor Álvaro Leiva Durán, atienda la situación de miles de refugiados colombianos en varios países que no han retornado ni aparecen en el Registro Nacional de Victimas y estaban en contra de esa ley.
«El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos» (Antonio Gramsci).
Más allá del sano sarcasmo, nos preguntamos: ¿Qué política inteligente y consecuente debería desarrollar una verdadera Izquierda Social y Democrática, y realmente amplia costarricense, desde un auténtico Progresismo, o desde una verdadera Socialdemocracia, que pretenda acompañar y se constituya desde el campo popular, frente al actual Gobierno caracterizado como «Populista» de Don Rodrigo Chaves?
Excursus (1) e Ideario: Una moderna Izquierda Democrática así, debería poder priorizar y distinguir entre lo Táctico y lo Estratégico, conocer críticamente de las determinaciones Geopolíticas, formarse permanentemente, conocer nuestra Historia, no temer a las alianzas estratégicas o tácticas (y saber distinguirlas), y trascender el concepto de partido político electoral tradicional, sin tampoco menoscabar el tema electoral o parlamentario. Pero ante todo debe entender y valorar la potencia liberadora de la autodeterminación democrática y la autogestión popular, bien orientadas. Entender, qué en estos tiempos convulsos de crisis nacional, regional, geopolítica y climática global, lo revolucionario y humanista, es rescatar a nuestro imperfecto Estado Social de Derecho y renovar nuestras conquistas sociales, para construir la posibilidad de una relación de respeto con el Ambiente y el Planeta.
Excursus (2) sobre la categoría de “Populismo”:Éste es un artículo de difusión, suscrito a la forma-ensayo (Adorno/Liliana Weinberg), pero admitamos que el término «populista», –que no es «popular»–, tiene diferentes acepciones: No es lo mismo su uso en la obra académica de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que por ejemplo, en la discusión política interna entre diferentes sectores del Peronismo argentino; o en referencia exclusiva al estilo de comunicación política de una campaña; o por el contrario, en referencia al imaginario político hegemónico liberal burgués de corte Anglo, donde da lo mismo Chávez de Venezuela que Chaves de Costa Rica, AMLO, Petro o Bolsonaro; o peor aún, aquel uso del término que confunde populista con popular, pues confunde carácter del poder ejercido con naturaleza de clases del poder; o aquel uso que asigna exclusivamente a la izquierda sin matices, el término populista como epíteto por su anticomunismo trasnochado, etc.
Prosigo con mi inquietud original. Rápidamente ensayo y propongo, y reflexiono sobre algunas respuestas provisionales, tanto teóricas como prácticas, a la pregunta inicial:
1) En primer lugar y desde mi «locus» político, con Patriotismo y desinterés, creo que deberíamos apoyar las medidas del Ejecutivo, que sean razonablemente beneficiosas para las clases populares costarricenses y para la salvación y mejoramiento del Estado Social de Derecho, y no contravengan el Estado de Derecho.
Primero está el Pueblo de Costa Rica y la salud de la República. No me detendré en ejemplos, pero los hay y no son pocos.
2) Segundo: En este deber cívico no se debe ni puede, ser mezquino. Al contrario, se deben acompañar los logros y aciertos del Ejecutivo o del Legislativo, en torno a la defensa estratégica del Estado Social de Derecho y de nuestras conquistas populares.
La Honestidad sin ingenuidad, es una virtud política reconocida, en un Mundo sin credibilidad.
La ‘Buena Fe’ (en el sentido laico del filósofo Habermas) es indispensable, para construir cualquier espacio diálogico.
Cualquier verdadero gran acuerdo político nacional y popular, debe partir de la comprobada Buena Fe.
Recordemos el imperativo categórico del filósofo (y físico) Immanuel Kant (1724-1804): «Obra siempre de modo que tu conducta pudiera servir de principio a una ley universal».
3) Tercero, advertimos que no hay que confundir a la «masa» desinformada y movilizada por troles y «haters» profesionales, con el Pueblo político, con la verdadera y compleja subjetividad popular, ni con los sectores populares orientados políticamente, autodeterminados, y con consciencia «para sí». Aunque esta nueva masa objetivamente sea reclutada a veces de entre los sectores subalternos y empobrecidos, su subjetividad responde inconscientemente, a los grandes intereses de las diferentes facciones de la Clases dominantes. Estas últimas además tienen, importantes contradicciones internas y visiones de país encontradas. Por lo tanto, es importante hilar fino en este terreno sociológico.
Muchos y muchas votaron por Rodrigo Chaves como forma de protesta frente al modelo Neoliberal de la Desigualdad Social impuesta. Aún y cuando sus propuestas económicas sean de corte también Neoliberal. Es el equivalente de apagar un incendio con más gasolina (Por cierto que a veces funciona un cortafuegos así).
4) Debemos saber explicar esta dura reflexión política y sociológica: Hemos visto una gran agresividad de parte de algunos de sus defensores.
Ese minoritario comportamiento selectivo de algunos percibido como «chusma» agresiva y enardecida, parece estimulado a veces por las habilidades comunicativas del Señor Presidente.
Ese comportamiento de algunos pocos nace embrutecido por las redes, la marginalidad rural no “Valle-centralina”, y las cantinas, –al viejo estilo del viejo caudillismo nacionalista de un León Cortés–, y construye su identidad a través de los miedos, de la irracionalidad y de los prejuicios Anticomunistas, y de la desinformación organizada. No muy diferente de la ‘opinión pública’ formada o deformada, por los medios hegemónicos tradicionales, como La Nación, SA. o Teletica Canal 7. Pescan y tratan de competir en las ‘mismas aguas’, pero con diferentes estilos, herramientas y públicos-metas. Los resultados son diferentes, paralelos como dos o tres Costa Ricas, igual de sesgados pero con diferentes visiones ideológicas. (Acá uso «ideología» como falsa representación social). Somos una sociedad más fragmentada y más polarizada por nuevos «clivajes» políticos, electorales e ideológicos, aún y cuando pregonen, que las «ideologías están muertas».
5) En mi opinión, esa nueva masa partidaria del estilo vertical de Don Rodrigo Chaves (un gran comunicador), crea su identidad ideológica ‘inercial’ no confesada, –no a partir de la reflexión racional–, sino que como toda ‘masa’ (que no pueblo social movilizado) atiende a una determinada manipulación. Es la «mayoría silenciosa» conservadora al decir del renunciado Ex-Presidente Nixon de Estados Unidos.
Necesitan un nuevo padre simbólico y una nueva figura de autoridad, a quien transferir sus deseos e inseguridades.
Después de la Pandemia y la crisis económica nacional y global, esta tendencia colectiva podría ser mayoritaria. Parodiando a Freud, es el reino social del Tánatos colectivo.
En el caso costarricense, esta identidad política ‘Neocon’ difusa, es también fruto directo de la manipulación ideológica del justo sentimiento de frustración colectiva, frente a la exclusión social y la corrupción imperante en la Administración Pública, y el descrédito de los partidos tradicionales PLN, PUSC, PAC y Fundamentalistas.
6) En resumen la cosmovisión inercial y la percepción colectiva de esta masa antidemocrática, es básicamente chovinista, homofóbica, anticomunista, anti-intelectual, anti- universidades públicas, anti- impuestos, anti- Estado, reaccionaria, muy agresiva, anti – Ilustración, machista, anti-vacunas, proclive al Fundamentalismo, de valores Neocon, y alimentada con falsas «Teorías de la Conspiración», pero profundamente cipaya cuando se trata del Imperialismo Norteamericano. Todo un cóctel.
Son los mismos que creen que el PAC y el pasado Gobierno de Carlos Alvarado era de «izquierda» sólo por levantar la bandera LGTBIQ. (Cuando en realidad fue un Gobierno Neoliberal en economía, salpicado de escándalos, y excesivamente servil en la Geopolítica de Trump y Pompeo. Claro al menos CAQ le ganó en Coalición y Segunda Ronda, a Fabricio y a los Fundamentalistas de extrema derecha).
Por lo tanto, esta nueva masa no representa nunca al «Pueblo social y político» y sus intereses populares. Nunca.
7) No olvidemos que La Nación SA, Teletica, REPRETEL, Grupo Extra, CRHoy, etc., son corresponsables de esta deformación ideológica de las masas.
Así grandes sectores populares perciben a la «Izquierda» y al Progresismo, como una discursividad ajena e hipócrita y elitista.
Lo identifican solamente con la defensa de los derechos humanos de la población LGTBIQ (lo cual es un orgullo para la Izquierda Democrática pero es insuficiente). Reciclan así, el epíteto fascista de «izquierda caviar», etc. Esto es sólo una gran operación mediática anticomunista elemental.
Sumemos los errores políticos propios de una Izquierda Democrática y de un Progresismo, sin claros referentes discursivos, salvo cuando vienen las Elecciones Nacionales, y divorciado de los movimientos sociales.
«El Anticomunismo es el comienzo del Fascismo», sentenció Albert Camus (1913-1960: Novelista y pensador existencialista francés y partisano antifascista).
Esta nueva supuesta «Gradería de Sol», no es realmente popular (para citar a José Luis Najenson). Es «Fake», no es popular. Lo ‘populista’ por su contenido de clase deviene realmente anti-popular.
Pues no se construye para defender los intereses populares, o de la Patria, aunque con demagogia haga referencia discursiva a esos valores.
Su nivel de consciencia «ciudadana» es un burdo y alienado «en sí» inmediatista, no tienen consciencia «para sí», ni proyecto humano incluyente.
Piensa, consume y actúa como el Amo quiere. Son un producto social sobredeterminado, por la Hiper-mercantilización de la vida y de los usos sociales. (Uso las categorías del profesor Helio Gallardo, tomadas a si vez de la «Segunda Declaración de La Habana»).
Son producto y efecto social de lo que en Cornelius Castoriadis de llamaba «lo-instituido».
No son causa y potencia de «lo-instituyente».
Son parte del «Poder Constituido» y nunca del «Poder Constituyente», al decir del filósofo político italiano Antonio Negri. Pero desde luego, no se deben ni pueden tampoco subestimar. Jamás. Al contrario.
9) Urgente: Esta masa inercial, son solamente conciudadanos/as desesperanzados/as, sin herramientas políticas o culturales para no caer en la manipulación «efectista» de esta ola populista, de este ‘Tsunami’ (sic) como el Mandatario mismo señaló literalmente en la pasada Campaña Electoral. Atención con este tema. Aquí hay corresponsabilidad moral y social del elitismo de izquierdas.
10) Nuestro deber, por el contrario, es reflexionar y criticar racionalmente, denunciar cívicamente, y demarcarnos, de los grandes temas de la Macroeconomía Neoliberal, que tarde o temprano se nos van a imponer como Agenda económica nacional; así como de sus peligrosos compromisos Geopolíticos regionales.
Tomar distancia crítica de ellos, y proponer creativamente alternativas. ¡Y proponer!
11) Organizarse mejor y diferente, y sobre todo formarse mejor en el estudio crítico y científico de nuestra realidad social costarricense y latinoamericana, y de las necesidades políticas, económicas y culturales del Pueblo Costarricense. (Esto significa necesariamente el superar las limitaciones partidarias.)
La Educación política popular es la clave de la resistencia inteligente contra cualquier posible despotismo, o amenaza contra el Estado de Derecho y el Imperio de la Ley.
12) Debemos superar y desterrar, –entre otros–, al estereotipo ideológico (como «falsa conciencia») del llamado falso Progresismo Neoliberal (Nancy Fraser), y construir una auténtica narrativa política popular de liberación, que estudie y parta del conocimiento científico de nuestra historia nacional, que supere el sectarismo del obrerismo trasnochado, del «Socialismo Histórico», del elitismo centrípeto del ‘discurso universitario’ (en el sentido de Lacan) y su microcosmos; así como del ‘Politicismo’ vulgar de los partiditos locales, o del macabro ‘Electoralismo’; y claro, de la desinformación organizada y de su polarización; y sobre todo de la Geopolítica y los intereses de las grandes potencias en nuestra región Mesoamericana.
13) Deberemos finalmente, superar también, el «canibalismo» de izquierdas, el tribalismo, el sectarismo de todo tipo, y sus feudos políticos, así como los prejuicios políticos, superando el falso-Progresismo Neoliberal, para comenzar a construir una gran alianza política pluriclasista, que reconstruya a nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, su Legitimidad Democrática, y los Derechos Humanos ; que además, defienda nuestra Soberanía Nacional y nuestros recursos naturales frente al caos Geopolítico y la crisis ambiental planetaria ; y sobre todo que frene el crecimiento de la desigualdad social, de la exclusión social y de la pobreza, y de sus trágicas consecuencias sociales, culturales y ambientales.
14) Aclaro también públicamente, que una Izquierda Democrática, no debe recaer jamás en la tentación del viejo Stalinismo criollo, qué por ejemplo, ve a Daniel Ortega como una especie de adalid jurásico del viejo Sandinismo histórico, y no como el Dictador con economía Neoliberal y retórica Antimperialista que es. (Carlos Fonseca Amador se revuelca en su tumba).
Matizando dialécticamente, –para seguir con el ejemplo anterior–, por otra parte, que Nicaragua es agredida y cercada por razones estratégicas Geopolíticas y Geoestratégicas, por el Imperialismo Norteamericano y sus voceros regionales, a quienes los Derechos Humanos, no les interesan en absoluto. (Sino comenzarían por cerrar la Base de Guantánamo donde se tortura, golpea, viola, y asesina permanentemente.).
15) Mucha agua ha corrido… Construyamos Esperanza.
Los errores son parte del proceso cognitivo (Piaget). Y esto es válido para entender y actuar sobre el complejo fenómeno de lo político.
Comenzamos por estudiar a Costa Rica en el contexto de América Latina.
Debemos mirar también a Petro en Colombia, a Boric en Chile, a Pepe Mujica en Uruguay, a Néstor Kirchner en Argentina, a AMLO en México, a Xiomara Castro en Honduras, a Luis Arce y Evo Morales en Bolivia y a Lula en Brasil.
Pero también el profundo Humanismo de Manuel Mora Valverde, de Carmen Lyra, de CALUFA, de Carlos Luis Sáenz, Fabián Dobles, aún antes de Vicente Sáenz, de Omar Dengo, de Brenes Mesén, de Joaquín García Monge, de Ángela Acuña Braun, y luego de de Rodrigo Facio, de Benjamín Odio, del Pbo. Benjamín Núñez, de Figueres Ferrer, o la visión de crear y apoyar alianzas sociales trascendentes de Monseñor Sanabria, o mucho antes del Pbo. Francisco Calvo y de Félix Arcadio Montero, desde nuestro comienzo republicano con el Bachiller Osejo, con José Gregorio Ramírez, con Juan Mora Fernández, o en los albores del siglo XX con los próceres anti-Tinoquistas Rogelio Fernández Güell y Marcelino García Flamenco; o perdidos en la resistencia contra la conquista y colonización española, con Coyoche, con el Huetar Garabito, y luego Pabru Presberi, o con Sergio Rojas y Jehry Rivera; para volver al siglo XIX con Pancha Carrasco, con el General Cañas y con José Joaquín Mora Porras, y por supuesto del Libertador Juan Rafael Mora Porras y la Campaña de 1856.
Tenemos un gran acervo, tenemos una historia de resistencia y de creatividad colectiva. Sólo en el siglo XXI tenemos a la lucha contra el ‘Combo’ privatizador del ICE, contra el monopolio privado de RITEVE, contra la privatización velada del Hospital San Vicente de Paul en Heredia por parte de una misteriosa y extinta Fundación de la UNA, contra el TLC impuesto, etc.
Y tenemos también capacidad de diálogo y construcción. Como se hizo en 1943 con las Reformas Sociales, y como se hizo con luces y sombras en el Pacto de Ochomogo entre Manuel Mora Valverde y Don Pepe Figueres Ferrer.
Sólo tenemos que aprender a pensar por nosotros y nosotras mismos/as. Y a atrevernos a actuar en consecuencia.
No hay nada más que temer o perder.
Gracias, mi opinión respetuosa y fraternal.
P. S. «Quién no tiene enemigos, tampoco suele tener amigos», escribió el jesuita Baltazar Gracián (1601-1658).
Vivimos momentos históricos de retroceso en varios campos, entre ellos los sociales. La contrarreforma neoliberal pasa de lo económico a lo social y a los derechos humanos, retroceso más acentuado en unos países que en otros. En Costa Rica lo sentimos en la administración fenecida de Alvarado contra los derechos laborales y los intentos por desfinanciar la CCSS, para citar dos ejemplos. Pero continuará.
En EEUU se filtró el borrador de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que muestra una mayoría de 5 jueces, ultraconservadores, 3 de ellos nombrados por Trump, están a favor de revocar el derecho al aborto. Si el borrador se hiciera realidad cada uno de los Estados que conformar los EEUU tendrían libertad para decidir sobre los derechos reproductivos de las mujeres.
De esta forma se pondría fin a un derecho adquirido por las mujeres hace casi 50 años. La reacción del movimiento feminista ha sido enérgica contra la noticia ya que, según ellas, se obliga a las mujeres tener hijos contra su voluntad y bajo cualquier circunstancia, incluso es casos de incesto, violación o peligro para la vida de la madre. Sin embargo, según parece, la votación ya fue realizada en el mes de febrero pasado. Esto significaría la desaparición inmediata del derecho en 23 de los 50 estados.
Se recuerda que la eliminación de un derecho (asunto que ha sido históricamente casi único) se da en el país más rico del mundo pero con la mayor tasa de mortalidad materna del planeta según la OMS, sin acceso gratuito a la atención médica, que no tiene permisos por maternidad y no subvencionada las guarderías.
Lo que la gente se pregunta es ¿qué sigue? ¿La eliminación del matrimonio igualitario, la eliminación del estudio de género en las escuelas y colegios, el dominio de la cultura por lo religioso?
Es claro que todo avance en los derechos de las personas históricamente más desprotegidas, segregadas o discriminadas, como el caso de las mujeres y trabajadores, produce una reacción de las fuerzas más retrográdas y conservadoras. Los avances en los derechos humanos siempre están sometidos a los vaivenes de la política. Por eso es indispensable estar al lado de las fuerzas que aseguran ese progreso.
El movimiento feminista y, en general, el movimiento popular debe poner las barbas en remojo, cuando se avecina un nuevo gobierno de un Presidente que precisamente no se ha caracterizado por ser un gran defensor de los derechos de las mujeres y de las trabajadoras y trabajadores.
Enviado por José Oviedo, secretario general de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG)
Se les invita a reunirse el martes 12 de abril a las 5 pm por Microsoft Teams, en preparación para organizar una reunión con el presidente electo Rodrigo Chaves Robles, con el fin de poder caminar unidos como movimiento. La reunión está abierta a todo el público, y asistirá un grupo diverso del campo.
