“Mujeres que luchan” es el nombre de la miniserie documental con enfoque de género que estrena la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Esta miniserie consta de tres documentales que abordan las siguientes temáticas: defensa del agua, danza-teatro y comités patrióticos contra el TLC.
La producción es resultado del trabajo conjunto del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) dirigido por Dr. Luis Paulino Vargas Solís, Centro adscrito a la Vicerrectoría de Investigación y el Programa de Producción de Material Audiovisual (PPMA) coordinado por Lic. Luis Fernando Fallas Fallas.
El estreno será el viernes 20 de marzo de 2015 a las 9:30am en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós de la Sede Fernando Volio (Sede Central).
Son las mujeres en la lucha contra la contaminación del agua por el monocultivo de piña, las que se vincularon a los Comités Patrióticos en la coyuntura del referendo del Tratado de Libre Comercio (TLC) y artistas en danza y teatro las que toman la voz en la miniserie “Mujeres que luchan”. Junto a ellas, distintas académicas y activistas en estos campos aportan análisis y reflexiones sobre sus realidades.
El abordaje y realización documental toma como base la investigación “Mujeres en movimientos socioculturales del siglo XXI: un acercamiento a sus realidades en espacios politizados y artísticos”, realizada por el equipo investigador del CICDE conformado por: Backtori Golen Zúñiga, María Alexandra Medina Hernández, Patricia Oliva Barboza y Roxana Morales Bonilla (coordinadora de la investigación).
Las investigadoras fueron a su vez las asesoras de contenidos para la producción documental realizada desde Audiovisuales de la UNED a cargo de Ivannia Villalobos Vindas en la producción y dirección general, Santiago Martínez Artavia en la dirección de fotografía, Roberto Roque Argilagos en la composición musical y Laura Mora Rodríguez en el montaje, junto a un amplio equipo de producción en distintas áreas.
Nos unimos a la convocatoria nacional al Encuentro de los pueblos en apoyo a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).
Estamos por la integración latinoamericana y Caribeña y nos sumamos a los movimientos populares y sociales que abogan por la unidad de los pueblos, en la lucha frente a las amenazas neocoloniales y ante los desafíos de la solidaridad.
Consideramos de crucial trascendencia la realización en San José Costa Rica de la III Cumbre de la CELAC, los días 28 y 29 de enero de 2015.
Coincidimos en la relevancia histórica de la nueva integración continental siguiendo el pulso de los tiempos de cambio, que sustenta el advenimiento de un profundo proceso de emancipación de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe.
Los pueblos de América Latina y Caribeños han venido despertando desde las gloriosas luchas liberadoras del siglo XVIII, XIX y XX. Las batallas independentistas primero y los movimientos de liberación y antiimperialistas después.
La Patria Grande que anunciaran Miranda, Simón Rodríguez y Bolívar; aquella “Nuestra América” del ideario y los combates de José Martí y que es la América nuestra de hoy en constante rebeldía y lucha por su segunda independencia, se yergue altiva y digna moldeando su unidad bajo principios de soberanía, autodeterminación, solidaridad, complementariedad y cooperación.
Fieles al ejemplo internacionalista y solidario de Marcial Salas Blanco los movimientos, colectivos, organizaciones, asociaciones y foros populares, sociales sindicales, comunales, estudiantiles, agrarias, obreras y culturales de San Ramón y Occidente; manifestamos nuestra alegría por la consolidación de la CELAC como mecanismo de integración regional, que respetando la diversidades políticas y filosóficas de sus Estados miembros, aboga por la unidad y la solución de sus problemas en forma autónoma y sin la injerencia de la política hegemonista del poderío neocolonial.
La CELAC es un paso decisivo en ese camino de unión labrado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), UNASUR, PETROCARIBE, El Banco del Sur, TELESUR y el SUCRE. Con seguridad los sueños de Carmen Lyra, Rafael Ángel González, Carlomagno Araya, el Maestro Arancibia, y Carlos Luis fallas se están realizando.
Expresamos nuestra decisión de participar en el Encuentro de los pueblos a realizarse en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, el día 28 de enero de 2015, en celebración y apoyo a la cumbre de la CELAC.
Es nuestra decisión divulgar los objetivos de la CELAC y la importancia de su contribución al desarrollo de una cultura de soberanía, paz, cooperación, solidaridad, amistad y lucha por los derechos fundamentales de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe.
Exhortamos al gobierno de Costa Rica a difundir los propósitos de la III Cumbre de la CELAC y su trascendencia para el pueblo de Costa Rica.
Invitamos al movimiento popular, indígena y social costarricense a incorporarse a las actividades del Encuentro de los pueblos en apoyo a la CELAC.
Saludamos a todas las delegaciones oficiales y Jefes de Estado que engalanarán nuestras tierras con su presencia, y particularmente, abrazamos a las compañeras y compañeros que nos visitarán en representación de los partidos políticos, organizaciones populares y autóctonas en movimiento desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego.
Hacemos un llamado a la ciudadanía ramonense, de la región de Occidente y de todo el país a incorporarse desde su lugar de trabajo, estudio, reflexión y lucha a las acciones relacionadas con la III Cumbre de la CELAC, a estar en comunión con las actividades hacia el Encuentro de los movimientos sociales por la integración Latinoamericana y Caribeña en respaldo a la CELAC.
Viva la CELAC
Viva la unidad de Latinoamérica y El Caribe
Viva la Patria Grande de Nuestra América
Viva la solidaridad antiimperialista, la paz, la unidad y la amistad
Coordinación Unitaria del movimiento popular y social ramonense.
El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) en un trabajo conjunto con el programa Estado de la Nación, desde el año 2003, inició con un proceso de discusión para el seguimiento y análisis de la protesta social, en el cual se incluían la construcción de una base de datos de noticias sobre acciones colectivas, un manual de codificación de categorías sobre las distintas acciones colectivas, y ponencias para el capítulo sobre “Fortalecimiento de la Democracia” de los informes del programa.
Posteriormente, en el año 2008, se constituyó, en el IIS, en colaboración con el OSAL-CLACSO1, el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Costa Rica, bajo la cual se prepararon las cronologías del conflicto social y los informes de coyuntura.
Desde finales de 2012, el IIS continuó con la producción de las cronologías mensuales para propiciar el estudio de los conflictos sociales usando como fuentes de registro de acciones colectivas, distintos medios de comunicación de prensa escrita. Por medio de resúmenes de las distintas expresiones de la protesta social, éstas pretenden contribuir en el análisis, reflexión y debate entre círculos académicos, organizaciones sociales y políticas y movimientos sociales en general.
Para conocer y analizar más el documento, se le invita a seguir el siguiente vínculo:
En el foro participaron Ana Carcedo, presidenta de Cefemina; Zoilamérica Narváez, activista nicaragüense; Alberto Cortés Ramos, como moderador; Carlos Ariñez, comunicador; Dennis Castillo, activista LGBT y Paola Brenes, investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (foto Rafael León).
Activistas centroamericanos e investigadores de la UCR analizaron, en un foro, algunas de las nuevas formas de autoritarismo y persecución que sufren distintas agrupaciones y movimientos sociales en nuestra región.
En el marco del Foro Humboldt Universidad- Sociedad, los expertos se refirieron a los retos que deben enfrentar Centroamérica en materia de defensa de los derechos humanos, homofobia, represión de los movimientos sociales y violencia de género.
A lo largo del foro, los expositores coincidieron en que en los últimos años, las estructuras del crimen organizado están siendo utilizadas por el poder político con el fin de eliminar y neutralizar a líderes de distintos movimientos sociales y a defensores de derechos humanos.
Femicidios, patriarcado y violencia sexual
Durante la actividad, la Dra. Paola Brenes Hernández y la Dra. Ana Carcedo Cabañas, ambas investigadoras del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica junto con la Dra. Zoilamérica Narváez Murillo, socióloga y activista nicaragüense, se refirieron a los retos de la región en materia de la erradicación de la violencia de género.
Las expositoras coincidieron en que aunque ha habido grandes avances en materia de reconocimiento de los derechos de las mujeres, aún persisten en la región algunas estructuras de violencia en contra de esta población.
La Dra. Paola Brenes, investigadora del CIEM mencionó que en el caso de Costa Rica hemos tenido grandes avances en materia de género, uno de ellos fue la primera encuesta nacional realizada por la UCR en el 2003 sobre violencia contra las mujeres (foto Rafael León).
Durante su intervención, la Dra. Brenes explicó que uno de esos avances radica en los logros conseguidos en la Convención de Belém do Pará, actividad en donde se lograron sentar las bases jurídicas para el reconocimiento de los derechos de las mujeres a vivir sin violencia; así como señalar a todo acto de violencia contra las mujeres, como una ofensa a los derechos humanos.
Sin embargo, desde la perspectiva de la Dra. Carcedo, más allá de los avances en materia jurídica, la región aún tiene como reto tratar de disminuir las altas tasas de femicidios cometidos con violencia sexual.
“A partir del año 2000 se ha disparado los femicidios en Centroamérica… ha aumentado el ensañamiento también, la violencia y el odio con el que se comenten los femicidios y el aumento de la violencia sexual, podemos decir que hoy en día uno de cada cuatro femicidios se cometen con violencia sexual” afirmó Carcedo.
Por su parte, la Dra. Narváez manifestó que las nuevas formas de persecución política tratan de evitar la emergencia de movimientos sociales que tienen una solidez similar a la de la lucha de las mujeres, y que utilizan los mismos mecanismos de opresión para “adormercer” la conciencia social.
“Las nuevas formas de persecución política tienen que ver con no permitir que se repita la fuerza de la emergencia de las identidades que como la de las mujeres lograron transformar de manera definitiva los espacios de participación política… el patriarcado ha tratado de repetir las formas de violencia doméstica, las formas en las que se practica la violencia sexual que a un final es un abuso de poder, en el espacio público” dijo Narvaez.
En su opinión, Centroamérica está experimentando abusos “que repiten el modus operandi de los ofensores sexuales con las mujeres en el pasado”, por medio del terrorismo psicológico, nuevas formas de militarismo y un adormecimiento de la conciencia social, pasiva y poco solidaria.
Esta actividad fue organizada por Cátedra Humboldt de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR (foto Rafael León).
Nuevas forma de violencia en contra de los movimientos sociales
Por su parte, el Dr. Carlos Ariñez y el Dr. Dennis Castillo, ambos activistas por los Derechos Humanos se refirieron a las nuevas formas de totalitarismo y opresión que existen en la región en contra de distintos movimientos sociales.
Los expositores coincidieron en que la región heredó de la época del totalitarismo, estructuras de violencia, que en tiempos de democracia se manifiestan en otros sectores sociales.
“La macroviolencia del terror del estado está llevando a una microviolencia en maras, en crimen organizado, en paramilitares, en narcotraficantes que utilizan los mismos mecanismos para eliminar y neutralizar a líderes activistas visibles, defensores de derechos humanos y periodistas alternativos” manifestó Ariñez.
Asimismo, el Dr. Castillo se refirió a cómo esta violencia y opresión también se manifiesta en los crímenes en contra de activistas y líderes de la comunidad LGBT (lésbica, gay, bisexual y transexual).
“Estamos ante democracias homofóbicas es decir democracias que de manera veladas persiguen la visibilidad de activistas abiertamente gays, transexuales, o lesbianas para violentar su participación, pero disfrazan esto de muchas maneras, entre ellas con el flujo migratorio de estos líderes, paralizan e incapacitan su libertad de asociación, pero además logran aislar a estos líderes una vez que están en el refugio” dijo Castillo.
El foro “Nuevas violencias en Centroamérica: autoritarismo y persecución a los movimientos sociales”se llevó a cabo este lunes 24 de noviembre y fue organizado por la Cátedra Humboldt de la Vicerrectoría de Investigación.
A los pueblos y naciones que integramos a la nación mexicana
Ayotzinapa
La masacre de estudiantes y civiles ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre debe ser tipificada como crimen de Estado. Más allá del involucramiento directo de policías y paramilitares pertenecientes al municipio de Iguala, existen múltiples indicios que sugieren el montaje de una provocación mayor. La existencia de un plan deliberado, coyuntural y de largo aliento, promovido con el respaldo del representante del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, y de los altos mandos políticos, policíacos y militares encargados de la Seguridad Nacional que se coordinan cotidianamente con agencias de seguridad estadounidense como la DEA, la CIA, el FBI, la ASN y el mismo ejército estadounidense.
No debe descartarse que el baño de sangre y el terror ensayado en Iguala, bajo la pantalla de un crimen cometido por policías corruptos y delincuentes comunes, persiga, entre otras cosas, tender un velo sobre la masacre perpetrada por el Ejército mexicano en Tlatlaya, Estado de México, donde fueron ejecutadas 22 personas. Se comete un crimen mayor para ocultar otro, presentándolo como un ajuste de cuentas entre las mafias de la clase política local, entre figueroistas y perredistas.
Por el contexto político y social que vive el país y por la larga cadena de antecedentes represivos del PRI y de quienes gobiernan, tampoco debe excluirse que estamos entrando a nueva fase represiva contra la sociedad civil, donde las operaciones de los grupos de paramilitares y las fuerzas armadas se dirigen también contra los movimientos sociales y civiles.
Peña Nieto, el responsable de crimen de estado perpetrado en Atenco en mayo de 2006, tomó posesión en medio de una provocación el 1º de diciembre de 2012, en la que se coludieron los mandos de las fuerzas federales y las del Gobierno del Distrito Federal. El resultado arrojó la muerte de Juan Francisco Kuykendall, de múltiples heridos y detenidos. A la postre salió a relucir la utilización de grupos paramilitares y de policías y militares que se disfrazaron de manifestantes para provocar disturbios.
Lo acaecido en Iguala es la otra cara de las reformas estructurales promovidas por Enrique Peña Nieto y el capital trasnacional; y, al igual que la masacre de Atlatlaya, no son eventos excepcionales sino un rasgo estructural del proceso de ocupación neocolonial de nuestro país. Es una extensión de la violencia desatada por los últimos gobiernos del neoliberalismo que ya ha cobrado más de 150 mil muertes entre desaparecidos y asesinados, además de cientos de miles de víctimas “colaterales”. No se puede despojar a la nación de sus bienes comunes más que en medio de la violencia. La matanza de normalistas de Ayotzinapa es una lección ejemplar dirigida a quienes se atreven a disentir y protestar. Una provocación para incitar a que los oprimidos respondan a balazos y así justificar la represión a gran escala. Es la apuesta del partido de la guerra, el capital trasnacional y su clase política, para cancelar toda alternativa pacifica de superación de la catástrofe humanitaria que padecemos.
La elección de las víctimas —los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa— no fue accidental. Tampoco la forma en que previamente se les criminalizó para luego masácralos, torturarlos y desaparecerlos. Es de tal magnitud el crimen perpetrado en Iguala que puede ser comparado con las masacres cometidas por el Estado mexicano en épocas recientes: con el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia en 1962 y las masacres del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971; equiparable a la matanza de Acteal en 1997, a las masacres de Aguas Blancas y el Charco en Guerrero; a los más de 500 asesinatos cometidos en contra de perredistas durante el gobierno de Carlos Salinas, y la toma violenta de San Salvador Atenco entre otros. La condena de la ONU, la OEA y las recomendaciones de diversos organismos defensores de derechos humanos ante este hecho atroz y genocida, muestran la gravedad del crimen.
En cualquier otro país que se precie de democrático, el presidente y su gobierno habrían renunciado ante un suceso como el de Tlatlaya o el de Ayotzinapa. Aquí Enrique Peña Nieto y Ángel Aguirre Rivero, con la abierta complicidad del poder judicial y legislativo, de los medios de comunicación y del grueso de la clase política, manipulan las indagatorias y evaden sus responsabilidades, creando chivos expiatorios. Sin embargo, no pueden ocultar los nexos que guardan los grupos criminales con el estado mexicano y un sector de empresarios. Sin el patrocinio y la tutela de ambos no sería posible la sobrevivencia de la “delincuencia organizada”. Son ellos, además de la DEA o la CIA, quien los surte de armas, de canales financieros para el lavado de dinero y de protección, tanto en el territorio nacional como en Estados Unidos y más allá.
El terrorismo de estado nos ha colocado a todos y todas las mexicanas en una situación de indefensión y de vulnerabilidad total. Nuestra vida no les merece la menor importancia; todos y todas somos potenciales víctimas. Quienes hoy mal gobiernan ya no deben permanecer al frente de las instituciones de la Republica; todos ellos son responsables del desastre nacional; ellos abandonaron todo principio ético de respeto por la vida humana sin importar las banderas y colores partidistas que ostentan. Señor Enrique Peña Nieto y Señor Ángel Rivero, les exigimos que presenten a los desaparecidos; les pedimos, les demandamos, les exigimos que renuncien a sus altos cargos y comparezcan ante la justicia junto a todos sus cómplices.
A todos y todas les pedimos estar atentos a las acciones que promoveremos en los próximos días; además, llamamos a participar en todo tipo de acciones de resistencia civil pacífica que desde la sociedad civil se vienen impulsando. Las actividades, que por nuestra parte promoveremos, serán anunciadas en la página, el correo y el Facebook de la Constituyente.
Favor de ENVIAR SUS FIRMAS DE ADHESIÓN a este pronunciamiento al correo mencionado.
Primeras firmas:
Obispo José Raúl Vera López, Obispo Alfonso Leija Salas, Gilberto López y Rivas, Daniel Gershenson, Gabriela Juárez, José Guadalupe Suárez, Alfonso Anaya, Patricia Santiago, Luz María Montoya, Leonor Cortés, Hildelisa Preciado, Rocío Eslava, Pablo Velarde, Hilda Goicochea, Eva Cárdenas, Minerva Andrade, Lázaro González, Graciela Rangel, Leticia Guerrero, Guadalupe Luquín. Leonel Ávila. Raciel Gutiérrez, Juan Melchor, Lied Miguel, Yury Zareth, Estela Cabrera, Isabelle Cauzard, Víctor Manzanares, Francisco Chew, Pedro Ramírez, Marcos Tello, Magdiel Sánchez, Romeo Cartagena, Jessica Alcázar, Fernando Márquez, Daniela Fontaine, Fernanda Tomasini, Ximena Ponce, Iván Alejandro Martínez Zazueta, Catalina Castillo, Jorge Arias Rodríguez, Juan José Villagrán Reyes, Marcela Godínez, Jesús Ramírez Funes (Cristianos Comprometidos), Benigno Arellano Arrellano (Enlace Acolhua – Región Oriente del Estado de México), Leonel Reyes Ávila, Antonio Sarmiento Gálan, Rocío Vargas, David Escobar, Emilia González, Rosalío Morales, Mónica Carrasco, Jesús Villaseca, Heriberto Rodríguez, Darío Rubén Carreón, José Luis Razo Ochoa, Ernesto Jiménez Olin (Unión Popular Valle Gómez AC), Ernesto Morales, Anamaría Ashwell, Dra. Josefina Mena Abraham (Pdta. Grupo de Tecnología Alternativa SC), Maricarmen Montes, Leonor Aída Concha, Lourdes del Villar, Ángeles González, Rosa Barranco, Elizabeth Alejandre, Bertha Vallejo, Graciela Tapia, Claudio Alonso Murrieta Ortiz, Martín Rodríguez Rodríguez, Sindicato de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), Organización Popular Independiente A.C., Rafael Segura Millán, Norma Esmeralda Maldonado, Marta Sánchez Soler y José Jacques Medina (Movimiento Migrante Mesoamericano), José Flores Martínez, María Aurora Marín Fernández, Comunidad Teológica de México, Rafael Segura Millán, Leticia Rentería, Patricia Gutiérrez-Otero, Laura Jiménez, María Hilda De la Vega Cobos, Lucero de Lourdes Espíndola De la Vega, Carlos Molina, Catalina Eibenschutz, Ana Deisy García Granado, Elena Barona Orosco, Ericka García Morales, María Luisa García Martínez, Bertha García Barillas, Fernando Hernández Hernández (Unión de Pochtecas de México, AC y Ayuntamiento Popular de Ixtacalco), Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Chiapas, México), Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Jitotol (Chiapas,México), Laklumal Ixim- Norte Selva (Chiapas, México), Frente de Lucha Popular 29 de febrero de Huixtán (Chiapas, México), Frente Popular de Ixtapa Ricardo Flores Magón (Chiapas, México),Gilberto Ríos Munguía, Andrés Peñaloza, Fausto Lázaro, Pablo Hernández, Carolina Avilés, Rosa María Mejía Alcocer, Lilian Eréndira Pacheco Magaña, María Goretti Espíndola De la Vega, Violeta Pacheco, Fabiola Sánchez Quiroz, David Sánchez Sánchez, Amanda Castillo McCamant, Carlos Olivares Valencia, Elsa Valencia Ramírez, Carlos Mario Olivares Ledezma, Yunset Jaime, Olivia Sánchez, Sandra Carmona, Rosa Vargas, Raymundo Hernández, José Sandoval, Red de Antropología del Sur, Rosa Cristina Báez Valdés, Mirta Clara,Marcelino Rodarte Hernández (Coordinadora del magisterio democrático de Zacatecas sección 58), Silvia Tamez González, Claudia Mónica Salazar Villava, Bibliotecarios SEP-DF SNTE XI-DIII20, Alfonso Díaz Rey (Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, Salamanca, Gto.), Homero Castro Guzmán, Dra. Leticia Chavarría (Comité Médico Ciudadano de Cd. Juárez), Erick Noé Garza Torres,
Firmas internacionales:
Rainer Stoeckelmann (Alemania), Silvia Tenorio (El Salvador), Luis Infanti De la Mora, osm (Obispo Vicario Apostólico de Aysén – Chile), Comunidades Eclesiales de Base (Guatemala), Conrado Sanjur (COPODEHUPA, Panamá), Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá, COPODEHUPA (Panamá), Noris J. Rodríguez (Panamá), María E. Solares (Bolivia), Lorena De Jesús (San Salvador, El Salvador), Carina López Monja (Relaciones Internacionales del Frente Popular Darío Santillán, Argentina),Roberto Muñoz A. (Casa Bolívar, Chile), Loly Medina (El Salvador), German Bedoya (Coordinador Nacional Agrario, Colombia), Movimiento Popular Patria Grande (Argentina), Dora Treviño (Chicago, USA), Congreso de los Pueblos (Colombia), Miriam Boyer (Alemania), Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional (Argentina)
En los últimos días de octubre, La Nación publicó algunas notas donde hacía referencia a la presunta ruptura –o cuanto menos alejamiento- entre el gobierno de Luis Guillermo Solís y los sindicatos. Por esas mismas fechas el presidente andaba por Canadá en otro “viaje de negocios”, muy en la usanza que se ha hecho familiar en Costa Rica, cuyos primeros mandatarios –y mandataria- se han convertido en una especie de agentes de venta dedicados 24/7 a mercadear al país ante posibles inversores extranjeros. El periplo canadiense de don Luis Guillermo coincidió con la convocatoria de huelga por parte del sindicato de JAPDEVA y todo el despliegue policial comandado por el señor ministro de Seguridad y la acción rompe-huelgas de la señora presidenta ejecutiva de JAPDEVA que, como es bien sabido, han sido las respuestas oficiales ante el movimiento huelguístico. Tanto el viaje del presidente como estas reacciones ante la huelga han gozado del más entusiasta apoyo por parte de la prensa comercial, las cámaras empresariales y las élites políticas. Igualmente don Luis Guillermo y su gobierno ha recibido los más cálidos parabienes por parte de esos sectores del poder con motivo de su “firme negativa” a renegociar la cláusula 9.1 –que concede un privilegio monopólico- del contrato con la transnacional holandesa APM Terminals en relación con la concesión de los puertos del Caribe. Se comprende, pues, cuán oportuna –y acaso acertada- resultaba la nota de La Nación sobre el aparente alejamiento entre gobierno y sindicatos
Las semanas previas a los acontecimientos que acabo de reseñar fueron de acaloradísimo debate legislativo en relación con el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno. Bajo el enérgico liderazgo de Ottón Solís, esa propuesta presupuestaria ha sido espulgada de la forma más meticulosa e implacable de que se tiene memoria desde la Edad de Piedra. Tijeras, machetes y hachas pasaron a ser las herramientas que brillaban -amenazadoras y sedientas de sangre- sobre las curules diputadiles, en lo que pareciera ser una competencia por ver quién lograba infligir una mutilación más grotesca al presupuesto. Aunque, como es obvio, uno solo ha sido el campeón indisputable en este torneo: el señor Ottón, desde luego.
La “operación recorte” aplicada en el ámbito legislativo -con pleno respaldo empresarial y mediático- ha tenido, según interpreto, una finalidad principalmente disciplinante. Como a la vieja usanza: al mocosito pizpireto y tequioso se le da su buena zurra para que “tenga fundamento” y no ande por ahí causando estropicios.
Pues el caso es que don Luis Guillermo y su equipo ministerial se lanzaron a la aventura de transfundirle un poquito de sangre a instituciones o programadas hace largo tiempo desahuciados por los sucesivos gobiernos del bipartidismo PUSC-PLN. Parece que ese fue, entre otros, uno de los factores que han contribuido a elevar el déficit fiscal previsto para el año venidero aunque no, ni de lejos, el principal (innegablemente el efecto mayor proviene de vencimientos de deuda pública que tienen lugar en 2015).
Se me hace que, pensando en su promesa electoral de “cambio”, el presidente intentó honrar el compromiso de ese modo. Acaso bien intencionadamente –y con su dosis de ingenuidad- se pensó que ésa sería la vía de menor resistencia relativa. Porque la otra opción –la opción heavy- de cuestionamiento a la ya rancia y tradicional estrategia económica neoliberal y propuesta de una reorientación más o menos significativa, es algo que el gobierno ni tan siquiera ha insinuado. Todo lo contrario, puesto que el propio presidente se ha esmerado por dar cumplidas muestras de que su propósito es mantener incólumes los pilares centrales que sostienen esa estrategia.
Mi hipótesis, pues, es que se intentó tomar un atajo: tratar de hacerle algunos remiendos a la casa por medio de un pequeño fortalecimiento presupuestario a favor de las viejas –y hoy ya destartaladas- instituciones del Estado social y desarrollista. Que de lograrse tal cosa, don Luis Guillermo creía que podría haber rajado ante el país diciendo que estaba “cumpliendo” con su promesa de cambio.
Pues no. El carajillo estaba que babeaba con su helado a punto del primer chupetazo cuando llega Ottón Solís –y a su lado la UCCAEP, la prensa comercial y el resto de las élites políticas (con la excepción del Frente Amplio)- y de un solo manotazo se lo arrebatan.
(“Pues que se ha creído el mocoso este ¿que nos iba a vacilar con su piñatita presupuestaria? JAMÁS»).
A don Luis Guillermo y su gobierno se les ha aplicado –por interpósita mano de don Ottón- un severo escarmiento. La brutal ofensiva desatada contra el presupuesto ha sido una llamada de atención rotunda y sin contemplaciones.
Y, por ahora, parece que el presidente y su gente han entendido el mensaje y están en proceso de asimilar la lección. No tanto lo del business travelpor tierras canadienses, el cual ya había tenido sus antecedentes, acorde con el interés por darle continuidad a la política económica vigente. La cuestión se observa más bien en relación con la “firmeza” de que se hace gala en procura de preservar la inmaculada y virginal concepción de la seguridad jurídica de los inversores extranjeros (caso APM Terminals), la igualmente indómita perseverancia con que se busca reprimir y satanizar la huelga de los trabajadores y trabajadoras de JAPDEVA y, como coronación de tan singular gesta, en relación con la reciente decisión en materia salarial para el sector privado.
El gobierno parece alejarse de las “malas juntas” para, contrito y lagrimoso, entregarse al cálido regazo de las bien asentadas élites del poder económico, mediático y político cuyos intereses se juegan en la apuesta por el proyecto neoliberal. A ése tema le dediqué algún análisis en artículos previos: este es un gobierno que nació débil, dotado, asimismo, de una muy frágil constitución. Al cabo, sin embargo, ha resultado más débil de lo que ni en la peor hipótesis se lo hubiera uno imaginado. Le han dado una paliza que lo ha exhibido indefenso y acobardado ¿Tiró ya la toalla? Lamentablemente no puedo descartarlo.
Como herramientas iniciales para la sistematización de información contamos con las siguientes:
– En cada página encontrará el recurso “Etiquetas más utilizadas”, que muestra las palabras claves que son más buscadas por las personas que navegan en el Periódico SURCOS
– En cada página encontrará además el recurso “Artículos más leídos”, el cual indica los temas que más captan la atención de las personas y organizaciones, lo cual, es un indicador para el análisis.
– Con base en palabras claves según sus prioridades y las de sus organizaciones, puede hacer uso del buscador que está en la parte superior derecha de la página. Pronto tendremos en SURCOS Digital toda la información publicada desde noviembre del 2007 cuando iniciamos este proceso.
– Como cuarto recurso para la sistematización de información del movimiento social y de la ciudadanía comprometida, así como para el análisis de coyuntura y definición de objetivos y agendas de trabajo, la información de SURCOS se organiza en cinco grandes panoramas: Comunidad, Derechos, Equidad, Madre Tierra, y Trabajo. Estas cinco categorías permiten ordenar, y no dispersar, la información que genera el movimiento social al construir democracia con sus luchas.
Quedamos al pendiente de sus sugerencias y las de sus organizaciones para mejorar este espacio y estos recursos.
Como parte del sector socio-ambiental de país, nos parece reprochable que se quiera responsabilizar al sector sindical y ambiental de la crisis que han creado los políticos de los últimos 30 años. Al mismo tiempo nos parece que poner al mismo nivel, a estos sectores sociales con los evasores (actividad ilegal) muestra una clara intención en las declaraciones del representante del gobierno que una vez más, contribuye a la estigmatización, intolerancia y criminalización de los movimientos sociales, necesarios para lograr justicia social y equilibrio de poder.
Desconocer la esencia de la democracia, sumándose al discurso de intolerancia social; buscar desviar la atención de los verdaderos responsables del estancamiento del país. Este gobierno es el mayor ejemplo de intolerancia, incompetencia e irresponsabilidad que hemos tenido en la historia reciente, las encuestas y datos así lo confirman. Las declaraciones del Ministro Gallardo, pareciera alentar a lo más oscuro de nuestra sociedad para que sigan los crímenes contra los ecologistas en nuestro país.
El sector ambientalista es sumamente propositivo y aquí solo brindaremos algunos pocos ejemplos: hace más de una década, venimos llamando a establecer un diálogo nacional permanente sobre el modelo energético. Nunca, ningún ministro ha aceptado las invitaciones. En lugar de dialogar imponen un modelo de apertura, concesiones y de expansión hasta en los mismos parques nacionales. Nos parece pobre y peligrosa la posición del Ministro de Planificación, Conocerá el Sr. Ministro el ligamen que existen entre estos aspectos de nuestra sociedad y nuestra posición aventajada a nivel global como una potencia mundial en ecoturismo? Olvidará el Ministro que el ecoturismo es una de nuestras principales actividades productivas?.
Hemos logrado que el país cuente con una Ley de Vida Silvestre gracias a la iniciativa presentada vía el mecanismo de iniciativa popular. Igualmente está en la Asamblea un proyecto de Ley sobre Aguas, nuestros principios sobre la gestión del agua fueron adoptados por la administración Pacheco con quien además promovimos una reforma a la Constitución Política para que contara con un capítulo sobre garantías ambientales que venía a profundizar el trabajo que realizamos en la reforma al artículo 50 de la Constitución. La ley de agricultura orgánica -con el protagonismo del sector campesino- así como las discusiones sobre soberanía alimentaria también son ejemplos de nuestro accionar. El manejo comunitario del bosque como una solución a la degradación y deforestación de los bosques así como otras experiencias concretas en soberanía alimentaria, establecimiento de bancos de semillas, fincas demostrativas, manejo comunitario del agua y de la biodiversidad, experiencias en pesca y economía solidaria son parte de nuestra cotidianidad. El lograr que más de las dos terceras partes de los cantones del país se haya declarado libre de transgénicos se suma a nuestro trabajo propositivo que además lo hacemos en conjunto con otros actores sociales.
A quienes debió haber llamado la atención el Sr. Ministro -no creemos en ataques desde el movimiento ambientalista- es a quienes estando en el gobierno pasando de puesto en puesto y de administración en administración, han tolerado la corrupción de casi todos los proyectos de la actual administración, que han caído uno por uno plagados de errores, de ilegalidad y de abusos. Es gracias a ellos que tenemos un Estado débil, que hemos perdido nuestra soberanía alimentaria, que se ha creado una brecha social cada vez mayor y que estamos consumiendo y dilapidando anualmente mucho más recursos naturales de los que nuestro país dispone, lo cual es la muestra más grave de des planificación ya que estamos comiéndonos los recursos de las futuras generaciones, como vuelve a repetir el informe del Estado de la Nación.
Cada una de las luchas que el sector ambiental gana en estrados judiciales, no hace otra cosa que salvaguardar un orden jurídico creado por nuestra sociedad, que establece nuestro acuerdo social de convivencia como sociedad con la Naturaleza. Si tuviéramos el poder que Gallardo señala, seguramente este acuerdo social tendría niveles de responsabilidad con los recursos naturales y las futuras generaciones mucho más poderosos.
¿De dónde vienen estas declaraciones?
Las declaraciones del Sr. Gallardo, no es un caso aislado durante esta administración, se suma a una serie de declaraciones a la intolerancia. Cabe recordar las agresivas e irresponsables palabras de la Presidenta a raíz del establecimiento del área protegida en el humedal Maquenque, pronunciadas ante la Cámara de Ganaderos: “Por eso es que yo necesito, que en muchos casos que vamos a enfrentar, personas como ustedes, nos ayuden a levantar la voz contra algunos grupos radicales, que no quieren proteger el medio ambiente.” Chinchilla continúa diciendo que, en una gira por la Zona Sur (donde firmó el decreto de interés nacional para un mega-aeropuerto), “me encontré grupos radicales, que me dijeron ‘no haga el aeropuerto’, ‘no más turismo’, esos no quieren desarrollo, y esos grupos los vamos a tener que enfrentar juntos…” (30/10/2010).
Esas palabras de intolerancia contribuyen a incrementar los 9 asesinatos de activistas, que han quedado la mayoría en la impunidad en los últimos 20 años. Estas muertes se dieron en un contexto de persecución y amenazas documentadas que incluyen al menos: 12 atentados o ataques directos, 10 incendios a casas o locales, 16 casos de amenazas de muerte, 20 casos de demandas y 4 demandas colectivas de más de 26 de activistas comunitarios. Ante estos graves hechos de violencia e impunidad, al que se suma el asesinato de Jairo Mora, los grupos ecologistas lanzamos la propuesta de crear una “Comisión de Justicia y Verdad Ambiental” para documentar atentados y proponer un fuero especial para los defensores del ambiente.
El Gobierno no sólo se ha negado a poner en marcha esta comisión si no que ahora suma más, este proceso de estigmatización, intolerancia y de criminalización, contribuyendo a la caza y extinción de ecologistas. Esperamos que el próximo asesinato de un activista ambiental no pueda ser atribuido a este tipo de declaraciones de un jerarca institucional de nuestro país.
Alianza de Redes Ambientales (ARA), FECON, BloqueVerde, Alianza Nacional por el Agua (ANDA), ARCA, FANCA, CONCEVERDE, Coronado por la Naturaleza, Coecoceiba-AT,AESO, PROAL, FECOU, Coordinadora Ni una Mina Más, Red de Coordinación en Biodiversidad, Finca Amalur, 0ilwatch Mesoamérica, Fundación Bandera Ecológica , Unión Norte por la Vida, Fundación Arqueológica Los Sitios de Moravia, Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología ( SOCLA), Comité Bandera Azul Ecológica (San Miguel de Santo Domingo de Heredia), Asoc. Preservacionista Flora y Fauna Silvestre, Agenda Política de las Mujeres, REDCALM
Dr.Jorge Arturo Lobo Segura,Dra. Silvia Rodríguez Cervantes, Dr. Jaime E. García González Msc Fabián Pacheco, Dr.Henry Mora, Jiri Spendlingwimmer , Ing. Alejandro Acevedo Silesky, Gina Borrero González, Ing. Mario Chacon A.,José Carlos Mora, Jorge Polimeni, Fernando Bermúdez Koumineva, Ana Beatriz Hernández Barquero, Francisco San Lee Campos, Daniel Soto Ortega, Esteban Rojas C, Lorenzo Ramírez Cadorza, Rosi Porras, Gustavo Alcides Cabrera Araya, Dr. Rodrigo Cabezas Moya,Eva Carazo Vargas
Para cualquier información comunicarse con Mauricio Álvarez, presidente de Fecon a presidencia@fecon.org al 88709165 o a Grace García grace@coecoceiba.org 88738501.
Información enviada a SURCOS por COECOCEIBA Prensa.
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