En el programa Cátedra sin Fronteras, participó como invitada Claribel Sánchez Arias, tutora de la asignatura «Perspectiva sociológica de la realidad costarricense». Se abordó el tema de la división sexual del trabajo, por medio de una contextualización histórica de lo que es el sistema patriarcal y cómo este conjunto de ideas y prácticas han relegado a la mujer a una posición inferior a la del hombre.
Esta división se ve claramente representada por la esfera de lo productivo/reproductivo, dónde los hombres se han desenvuelto con facilidad en los medios de producción, en el trabajo fuera del hogar y a las mujeres, por mucho tiempo, se les “relegó” a lo privado, a lo doméstico y estas tareas de cuido, según la perspectiva del sistema capitalista, que privilegia únicamente un tipo de trabajo (el que genera acumulación de dinero y que se sostiene de la desigualdad), siguen siendo desvalorizadas en la actualidad.
Concluyen que el feminismo asusta a todas las estructuras, grupos de poder e instituciones que se benefician por la desigualdad inherente al sistema patriarcal y neoliberal. A pesar de los muchos avances en materia de erradicación de la violencia de género, derechos reproductivos y búsqueda de la remuneración del trabajo doméstico, el Estado costarricense sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres de este país.
Para escuchar el programa completo, puede acceder al siguiente enlace:
La Red de Mujeres Rurales, Confluencia Solidaria, Núcleo CEAAL Costa Rica y el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, invitan al encuentro “Las Mujeres sanando violencias desde la defensa de nuestros territorios”, a realizarse el próximo miércoles 7 de septiembre a las 10:00 a.m., hora de Centroamérica.
Con esta actividad, se pretende intercambiar afectos, saberes y experiencias de cómo mujeres de pueblos originarios del continente que, paralelo a las resistencias y luchas en defensa de tierras, semillas, territorios y cuerpos, abordan la dimensión de la sanación desde la sabiduría ancestral de sus abuelas, madres y pueblos.
Entendiendo que el impacto de las múltiples violencias estructurales contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, lo vivimos en forma diferenciada y mucho más agudo y complejo las mujeres indígenas y negras del Abya Yala.
De lo anterior, surge la necesidad de compartir experiencias para fortalecer tejidos entre nosotras sin fronteras de ninguna naturaleza.
Se contará también con la participación de compañeras de Bolivia, Chile, Colombia, Centroamérica y México.
Este encuentro será facilitado o moderado por compañeras indígenas defensoras de territorios, de Costa Rica.
El próximo viernes 19 de agosto se llevará a cabo el conversatorio sobre autonomía económica de las mujeres, organizado por el foro de Mujeres INAMU.
La actividad es virtual y se llevará a cabo por medio de la plataforma Google Meet.
Quienes deseen participar se pueden unir a la reunión por medio del siguiente enlace: https://meet.google.com/ovy-dkvn-dhf o accediendo a Google Meet y escribiendo el siguiente código: ovy-dkvn-dhf.
El horario del conversatorio será de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
La Pastoral Social Caritas, comisión de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, ha emitido un comunicado sobre el proyecto de ley 21.182, orientado a introducir algunas reformas al Código de Trabajo; entre ellas, las jornadas de trabajo de 12 horas durante cuatro días consecutivos, seguidos de tres días de descanso (jornadas 4-3; en algunos casos, 3-4), en ciertas labores y bajo ciertas condiciones.
La reflexión de la Comisión se fundamenta en la ética social, desde donde la Iglesia aborda temas como el trabajo y el desarrollo humano, que consiste en “el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas” (san Pablo VI, Populorum progressio 20).
Durante cuatro o tres días, las personas trabajadoras sujetas a estos horarios de trabajo estarían 12 horas fuera de su hogar, a las que habría que sumar las de desplazamiento entre sus lugares de habitación y sus centros de trabajo. Fácilmente, esto significaría 14 horas o más fuera del hogar. Explicando el comunicado, el vocero de la Pastoral Social, Pbro. Edwin Aguiluz Milla señaló que “este régimen de trabajo afectaría la convivencia familiar, debilitando los vínculos de la familia. Perjudicaría seriamente las tareas de cuido de las personas dependientes (menores de edad, adultos mayores y otras), lo que se comportaría, en muchos casos, la imposibilidad de incorporarse al mercado laboral de muchas personas. Dado que comúnmente las mujeres son quienes cargan con el mayor peso de las tareas de cuido, estas estarían seriamente afectadas y, en muchos casos, verían cerradas las posibilidades de acceder al trabajo remunerado formal. Las jornadas 4-3 serían incompatibles con los horarios de estudio de una gran parte de trabajadores que estudian fuera de su jornada laboral. Además, está documentado que jornadas laborales tan extensas tienen un impacto en la salud física y mental de las personas trabajadoras”.
No existen garantías de que, en las actuales condiciones de la inspectoría del trabajo por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se respete para todas las personas el principio de voluntariedad en la incorporación en el régimen de las jornadas 4.3, explica el comunicado.
El Pbro. Aguiluz expresó que el documento advierte que se debe respetar la identidad cultural de una gran parte de la población costarricense que es confesionalmente cristiana, por lo que el domingo es parte importante de su espiritualidad, como día de alegría, descanso y solidaridad. Las jornadas de 12 horas en día domingo son incompatibles con esta práctica de una gran parte los costarricenses.
Para la Pastoral Social Caritas, en definitiva, esta reforma de las jornadas laborales, lejos de favorecer el desarrollo humano integral, lo perjudicaría. El documento señala que existen vías para la reactivación económica y, por ende, de generación de empleo, tanto desde el Poder Ejecutivo como del Legislativo, que no producen precarización del trabajo ni afecten la vida familiar, las tareas de cuido, el estudio y la salud de las personas trabajadoras.
Desde el 2019 se comercializa en farmacias privadas el anticonceptivo oral de emergencia, Levonorgestrel. Foto: Karla Richmond, UCR.
La Institución realizará un sondeo con el objetivo de visibilizar obstáculos y limitaciones en el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres
El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica realizará un sondeo dirigido a usuarias de anticoncepción oral de emergencia (AOE), conocida como “píldora del día después”, para identificar las dificultades de acceso que enfrentan en el país.
El estudio lo lidera la farmacéutica y experta en bioética, MSc. Gabriela Arguedas Ramírez, como parte de las investigaciones que se realizan en el Observatorio de los Derechos Reproductivos, iniciativa creada por el CIEM para analizar diversas problemáticas nacionales relacionadas con derechos reproductivos de la mujer y violencia obstétrica.
La iniciativa pondrá a disposición de las mujeres un formulario por medio del que las mujeres pueden compartir la experiencia y los obstáculos que han encontrado a la hora de adquirir anticoncepción oral de emergencia en farmacias privadas en el país.
“Con la investigación queremos tener un panorama o fotografía acerca de los obstáculos que enfrentan las mujeres que requieren anticoncepción oral de emergencia, para corregir esos obstáculos en la garantía de un derecho reproductivo”, enfatizó Arguedas.
Posterior a la fase de recolección de información, el CIEM realizará un análisis situacional, con la intención de presentar sugerencias de política pública al Ministerio de Salud, al Colegio de Farmacéuticos y al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.
Para la experta en bioética, la anticoncepción oral de emergencia se circunscribe en el campo de los derechos reproductivos y los derechos humanos, y es un tema que no sólo compete a los agentes litigantes, sino también a la academia.
Gabriela Arguedas Ramírez, farmaceútica y experta en bioética, del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), Universidad de Costa Rica (UCR). Foto: Laura Rodríguez Rodríguez,UCR
“Desde mi experiencia como investigadora en derechos humanos y en mi calidad de especialista en bioética, considero que una universidad estatal como la UCR tiene una obligación fundamental de generar investigación en derechos humanos y eso es lo que estamos haciendo a través del Observatorio y del CIEM”, manifestó Arguedas.
En el ámbito internacional, la anticoncepción oral de emergencia es un derecho reproductivo consolidado y no representa un tema de discusión. Países como Estados Unidos y el Reino Unido son pioneros en el campo y se caracterizan por la plena garantía de este derecho de las mujeres.
“En los países que tienen un mejor marco de derechos humanos, especialmente en lo referente a los derechos reproductivos, la anticoncepción oral de emergencia es algo que se encuentra normalizado y libre de prejuicios respecto a su uso”, expresó la académica.
La investigadora enfatiza en que la anticoncepción oral de emergencia (AOE) se debe dispensar con los criterios técnicos adecuados, pero supone que en Costa Rica no se están implementando de esta manera y se obstaculizan los avances en este ámbito de la salud.
Pese a que el Decreto Ejecutivo N° 41772-S, publicado en el año 2019, autorizó en Costa Rica la comercialización libre y sin receta en farmacias privadas del Levonorgestrel o anticonceptivo oral de emergencia, Arguedas aseguró que “hay una gran distancia entre el cumplimiento formal y el acceso a un derecho”.
“En el país algunos organismos de derechos humanos y varios informes especializados desde hace muchos años, ya habían hecho el llamado de atención al Estado costarricense, justamente porque no había acceso a la anticoncepción oral de emergencia”, externó la investigadora.
La investigación sobre la anticoncepción oral de emergencia se realizará durante el año 2022 y 2023, está dirigida a mujeres mayores de 18 años y se realizará de forma anónima para proteger las declaraciones de las participantes. El formulario estará disponible en la página web del CIEM y en el siguiente enlace: https://odr.ciem.ucr.ac.cr/pre-formulario/.
Gustavo Martínez Solís Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Bajo el lema “Construyendo equidad, igualdad y bienestar, en los escenarios de la Economía Social y Solidaria”, la Red Latinoamericana de Mujeres, extiende la invitación a todas las mujeres de la región, a su II Trayecto de Capacitación y Formación. Los encuentros serán presenciales en los países encargados de desarrollar cada una de las sesiones (ver banderas), y virtuales para quienes estén lejos.
El temario de estas capacitaciones incluye temas de derecho y luchas de las mujeres indígenas, movimientos sociales y el rol de la Economía Social Solidaria.
Para la inscripción/registro al Trayecto de Formación Red Latinoamericana de Mujeres de la Economía Social y Solidaria puede ingresar al siguiente enlace: https://forms.gle/3PTYwpHYyVHCpxjr7
La formación iniciará el próximo 3 de agosto, los cupos son limitados y la participación será totalmente gratuita.
Para mayor información, leer las imágenes adjuntas.
Investigación UCR consultó a 18 mujeres vinculadas de manera activa a Municipalidades, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa con el propósito de conocer sus experiencias respecto a manifestaciones de violencia simbólica y en redes sociales. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La legislación existente en Costa Rica no detiene la violencia política contra las mujeres
El aumento de la participación de las mujeres en la política nacional promueve las manifestaciones de violencia y discriminación en redes sociales, así lo determinó una investigación desarrollada por la M.Sc. Yanet Martínez, Directora del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“En 2018, por primera vez en la historia de Costa Rica, la Asamblea Legislativa alcanzó el mayor número de diputadasen la historia del país. Aunque esto representa un hito y fue un logro político importante, también fue el año en que tuvimos un aumento de la violencia política contra las mujeres”, expresó Martínez.
Los resultados de esta investigación se derivan de 18 entrevistas a mujeres vinculadas de manera activa a Municipalidades, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en el período entre 2014-2022; con el propósito de conocer sus experiencias respecto a manifestaciones de violencia simbólica y en redes sociales.
Entre los criterios de selección de las mujeres entrevistadas, se buscó a aquellas con participación en la función política en los últimos ocho años y que fueran provenientes de diversos partidos políticos y posturas ideológicas, para lograr un equilibrio en los resultados por analizar.
La violencia política en Costa Rica se tipificó en la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en política, aprobada por la Asamblea Legislativa, en el 2021. Esta normativa contempla el acoso u hostigamiento, la violencia física, psicológica, emocional, sexual, patrimonial y simbólica, como medio de protección a las mujeres en el escenario político.
“La existencia de esta legislación no asegura su cumplimiento ni la erradicación de las manifestaciones de violencia contra las mujeres en política, ya sea de tipo simbólica, mediática o en redes sociales”, expresó Yanet Martínez.
La académica agregó que “Cada avance es resultado de la lucha colectiva, en este caso de la mujeres y de personas aliadas, pero una vez lograda la normativa no se acaba la historia ahí, sino que debemos trabajar el tema educativo, cultural, entre otras dimensiones”.
Yanet Martínez Toledo, directora e investigadora en temas de género del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM). Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La violencia política trasciende al espacio digital
La investigación determinó que las redes redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios donde se manifiesta la violencia contra las mujeres vinculadas a la función pública, como lo es el caso de las entrevistadas más jóvenes, quienes experimentaron la utilización de fotografías de sus perfiles privados para desacreditar su labor política.
Según detalla el estudio, las manifestaciones de violencia contra las mujeres en espacios digitales forman parte de una cultura de discriminación hacia esta población en el espacio público. Existe un círculo de violencia en el que se conjugan expresiones en espacios presenciales y digitales; siendo entornos donde se presentan de manera directa la violencia de género y un ataque al ejercicio político de las mujeres, como medios para transgredir la ideología y a las opiniones de las mujeres y sus cuerpos.
Martínez aseguró que “las mujeres vivimos en contextos de violencia y violencia simbólica, que puede pasar por el acoso, pero en las redes sociales pasa por otras formas de acoso y hostigamiento. Cuando eres una mujer en política estás entrando en un territorio que tradicionalmente ha sido masculinizado, que es un espacio donde está naturalizado la violencia contra las mujeres”.
Respecto al uso político de redes sociales, las mujeres entrevistadas reportan las expresiones de violencia y hostigamiento a través de diversas plataformas. Se determinó que 17 de las 18 entrevistadas han experimentado manifestaciones de violencia siendo usuarias de Facebook; 11 como usuarias de Instagram y 7 a través de la plataforma de Twitter.
“En los mensajes privados es donde a veces pasa de todo. Uno dice: no puede ser que alguien en sus cinco sentidos llegue a estas cosas. Pero de ahí en fuera tratamos de manejar todo con cautela, con mucha prudencia. Y respirando un poco, porque sí a veces uno desea contestar muchas cosas, pero sabe que no debe o no puede hacerlo”, declaró una diputada del PLN-Alajuela (2018-2022).
Algunas entrevistadas optaron por un uso limitado de sus redes sociales, como forma de autocuidado, velando por su propia salud mental y obviando de cierta forma las manifestaciones de violencia suscitadas por su función política.
La investigadora afirma que la totalidad de las mujeres entrevistadas han vivido violencia política de manera directa, o al menos conocen a una mujer que lo haya experimentado. Sin embargo, también se ha determinado que en algunas ocasiones no se reconoce la violencia y por tanto, se omite haberla experimentado.
El estudio contempló una serie de medidas para mitigar las expresiones de violencia contra las mujeres entrevistadas mediante diversos esfuerzos de sus equipos de comunicación, a fin de identificar los comentarios con contenido de odio, el establecimiento de diálogos y publicaciones que apelen a la conciencia de la población sobre este tipo de contenidos.
En Costa Rica existen entidades que desarrollan acciones de incidencia para promover la participación política de las mujeres libre de violencia y discriminación, como son la Red de Mujeres Municipalistas (RECOMM) y el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica. Estas instancias contemplan la investigación como estrategias colectivas para el fortalecimiento de las alianzas entre mujeres que incursionan en política.
Para la coordinadora del PROLEDI, la M.Sc. Giselle Boza Solano, el estudio abordado propicia el debate político y académico para el fortalecimiento de la libertad de expresión y la participación política de las mujeres libre de violencia y discriminación en diversos escenarios.
“La investigación contribuye hacia una apertura del plano académico, el fortalecimiento de los usos políticos de las redes sociales, así como en la construcción de una ciudadanía política que ayude a afrontar las manifestaciones de violencia política, mediática y en redes sociales”, expresó Boza.
Gustavo Martínez Solís, Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información, UCR.
En Costa Rica, las poblaciones con mayores factores de riesgo se identifican como personas con inseguridad socioeconómica, desempleadas o con trabajo parcial, trabajadoras en el sector servicios, y, de manera significativa, mujeres, según estudio sobre salud mental realizado por las universidades públicas durante la pandemia.
El pasado viernes 17 de junio de 2022 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó el «Informe mundial sobre salud mental: Transformar la salud mental para todos», primer informe sobre salud mental que publica la OMS en 20 años, el cual presenta una visión actual y normalizada de las afectaciones en la salud mental como un fenómeno existente en la vida cotidiana de personas y comunidades, y como uno de los efectos más significativos de la pandemia que, a día de hoy, todavía sigue presente. La salud mental es, como plantea el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, “una parte intrínseca de nuestra salud y bienestar individuales y colectivos” (OMS, 2022).
Entre los datos más significativos que publica el informe, se encuentran la prevalencia de sintomatología asociada a depresión y ansiedad en nuestras sociedades y su aumento de aproximadamente un 25% durante la pandemia; así mismo, la prevalencia de distintos trastornos mentales, para un aproximado de una de cada ocho personas del mundo, como, por ejemplo, la esquizofrenia, presente en una de cada 200 personas adultas en el mundo; y la realidad del suicidio como una situación que afecta a personas, familias y comunidades, llegando a representar uno de cada 100 fallecimientos en todo el mundo, situándose como “una de las principales causas de muerte” entre las personas jóvenes.
El informe señala la situación de desatención y falta de financiación y recursos que los servicios de salud mental tienen en todos los países, así como la falta de gobernanza, investigación o recursos, la priorización de la salud física, bajo un enfoque biologicista, y la carencia sistemática de fondos para la salud mental comunitaria, hasta llegar a menos de un 2% del total de presupuestos de atención de la salud dirigidos específicamente para salud mental, y, de este presupuesto, una gran parte destinada a psiquiatría y hospitales psiquiátricos.
Esta situación es uno de los fundamentos que conllevan que las personas no prioricen el cuido de la salud mental, junto con la falta de conocimiento, la estigmatización, la discriminación, la falta de acceso a servicios en el ámbito público o el costo en el ámbito privado.
Salud mental en Costa Rica
En Costa Rica, las universidades públicas (UNA, UCR, UNED) nos unimos durante la pandemia con las instituciones públicas de salud (Ministerio de Salud y Caja Costarricense de Seguro Social) para generar información y evidencia sobre el impacto que la emergencia sanitaria ha tenido en la población de Costa Rica. Los datos encontrados se alinean con los presentados en el informe, mostrando el aumento durante la pandemia en sintomatología asociada a depresión grave y ansiedad generalizada, estrés o burnout (este último, principalmente en población trabajadora). Las poblaciones con mayores factores de riesgo se identifican como personas con inseguridad socioeconómica, desempleadas o con trabajo parcial, trabajadoras en el sector servicios, y, de manera significativa, mujeres.
El informe mundial falla en profundizar en los antecedentes relacionados con la situación de salud mental, mencionando solo de pasada la desigualdad social y económica, situada al mismo nivel y no como causa también de otros factores indicados como conflictos armados, violencia, o el desplazamiento y las migraciones vinculadas con estos conflictos y por la emergencia climática. Los datos de Costa Rica ponen en el centro de la discusión también la necesidad de priorizar la defensa de los derechos humanos, y atender la desigualdad socioeconómica y su impacto en el bienestar de su población.
Recomendaciones para atender la situación
La OMS señala como recomendaciones para la mejora en la atención de la salud mental la revisión y actualización de leyes, planes y políticas, la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible, el aumento de la inversión, la coordinación y articulación efectiva entre actores institucionales y sociales, el fortalecimiento de la investigación y el acceso a información, la acción de base comunitaria, el refuerzo de las capacidades y el conocimiento del personal de salud pública, la promoción de la inclusión social de personas con trastornos mentales y el acceso a servicios bajo un enfoque de derechos humanos y biopsicosocial basado en la evidencia.
Desde el Ministerio de Salud, la Mesa Técnica Operativa de Salud Mental y Apoyo Psicosocial, instancia que ha atendido esta temática de forma integrada y articulada con instituciones y organizaciones durante la pandemia, se presentó el pasado mes de marzo una propuesta para orientar la Recuperación Psicosocial de personas, comunidades y organizaciones durante el fin y posterior al fin de la emergencia sanitaria, señalando alguno de estos aspectos, e incluyendo la atención a la recuperación socioeconómica de la población.
La atención de la salud mental es un compromiso que debemos asumir todas las personas. El cuidado propio y el cuidado colectivo, con apoyo en las estrategias, iniciativas y acciones que instituciones públicas del país, organizaciones comunitarias y otras proponen, precisa ser una prioridad para todas y todos. Porque el bienestar y la dignidad de las personas no se negocia, y no podemos dejar a nadie atrás.
Al conmemorar el 28 de mayo el Día Internacional de la Higiene Menstrual, el movimiento sindical debe reconocer que la menstruación es una función corporal natural que las mujeres y las niñas experimentan de diversas maneras y que puede agravar su exclusión de las sociedades debido a la ignorancia, los prejuicios y los tabúes. La falta de instalaciones sanitarias privadas y limpias, el dolor menstrual y otras molestias físicas relacionadas con la menstruación son otros factores que contribuyen a la posición desigual de las mujeres en el lugar de trabajo. La menstruación sigue siendo una barrera importante para la igualdad, ¡y esto no es aceptable!
Sobre la base de la resolución del Congreso de la UITA de 2017 de hacer de la menstruación una cuestión laboral y sindical, la UITA ha elaborado un breve documento político (disponible en inglés, español y francés) centrado en:
Cómo organizar acciones concretas en torno a la igualdad de la menstruación en el lugar de trabajo
Cómo crear un entorno de trabajo solidario e informado
Cómo negociar con los empresarios sobre la menstruación
Cómo participar en campañas nacionales cruciales
La presidenta del Comité de Mujeres de la UITA, Patricia Alonso, declaró: «No existe una solución única aplicable a todos los contextos, países y lugares de trabajo. Lo que sí es cierto es que los sindicatos deben asegurarse de que cualquier trabajo en torno a la menstruación no conduzca a la discriminación en la contratación o la promoción de las mujeres trabajadoras y no fomente ningún estereotipo de género”.
SURCOS comparte la siguiente infografía de la Alianza por una Vida Digna: Mujeres y jornadas de 12 horas.
En esta se abordan las afectaciones para las mujeres trabajadoras con este proyecto de convertirse en ley. Las ilustraciones fueron hechas por Daniel Herrera Vargas y la infografía como tal, además la información fue recopilada por Alianza por una Vida Digna. Compartimos la imagen completa así como las secciones de esta para que se utilice de la forma que se estime mejor descargando y guardando en su dispositivo.
Imagen de portada con fines ilustrativos: Semanario Universidad.
