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Etiqueta: municipalidades

Cerros de Escazú – Exijamos a las municipalidades que cumplan con su trabajo

Nuestros cerros de Escazú son parte de una zona protegida en seis cantones, pero hay muchas partes donde se están construyendo casas y negocios de manera irregular y las municipalidades no los han detenido.

De esta forma están acabando con la vida de la naturaleza. APREFLOFAS, una organización ambiental nacional ha denunciado construcciones sin permisos en partes altas de Santa Ana, específicamente en Piedades y Salitral, dentro de la zona protegida de los Cerros de Escazú.

Ahora la Sala Cuarta ordenó a la Municipalidad de San Ana aplicar la ley, por lo que puede, por ejemplo, clausurar, demoler, desalojar…

Exijamos a las municipalidades que cumplan con su trabajo, porque la naturaleza es de todos y sin ella no hay futuro.

Publicado en https://www.facebook.com/785970581524835/posts/4971695336285651/

Compartido con SURCOS por Ciska Raventós.

ANEP solicita a la UNGL conversar sobre los desafíos en el régimen municipal

El pasado lunes 25 de abril del 2022 la ANEP envió un oficio en el cual le solicita a la UNGL un espacio de diálogo; la Ley Marco de Empleo Público; la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Derecho de Huelga; la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal y cuestiones relacionadas con la elección de las autoridades políticas son aspectos que pueden formar parte de la agenda.

Mas información en: https://anep.cr/anep-solicita-a-la-ungl-conversar-sobre-los-desafios-en-el-regimen-municipal/

Se adjunta documento.

LO COLONIAL EN FORMA Y FONDO

Por Memo Acuña. Sociólogo y escritor costarricense.

Vaya usted a saber qué idea literaria estuvo en la mente y la cabeza de quienes con tino y un poco de ironía procedimental endosaron el flamante nombre de “Caso Diamante” a los recientes actos de corrupción ventilados a la opinión pública costarricense con la participación, hasta ahora sólo indicada más no comprobada en las instancias judiciales, de seis alcaldes y funcionarios representantes de la empresa privada, en específico una de las empresas constructoras que viene siendo cuestionada por, también, otros actos de corrupción que la inspiración narrativa endosó con el nombre de “Cochinilla”.

En ambos episodios, su “denominación de origen” caló hasta los huesos en una opinión pública ya un poco desgastada de tanta recurrencia, persistencia, pero también de tanta impunidad en ese deporte de hacerse con las cosas ajenas, disponer de ellas, lo que lo ha convertido en el sexto sentido nacional.

Entre las alcaldías cuestionadas recientemente en la figura de su máximo representante, se encuentran dos municipios cuya lógica público-privada ha sido leitmotiv de su gestión.

Esta relación no es suficiente, sin embargo, para explicar la buena salud de algunos índices como el IDS (Índice de Desarrollo Social), en el que tanto San José como Escazú muestran buenas ubicaciones.

Es suficiente con darse una vuelta por el Escazú de la globalización, no el rural ni el periférico claro está, para percatarse de la forma como la inversión, en particular infraestructural, mobiliaria y el desarrollo de una economía de servicios orientada a atender a una franja de población local y extranjera con altas capacidades de consumo, ha convertido a este cantón en copia fiel y reproducida de otros escenarios fuera de nuestras fronteras.

Ahora uno se pregunta con un poco de malicia, si esa opulencia no provendrá también de los amaños y entuertos con que algunos vivillos han asumido para su beneficio, la función pública.

El tema de lo político y su definición en el plano local es complejo y necesariamente requiere con urgencia de otras formas de discutirse.

La separación de las elecciones nacionales y municipales no cumple aún 10 años de haberse implementado, pero es preciso volver a replantearse los esquemas de escogencia de las autoridades locales, estudiar sus redes y encadenamientos “hacia atrás y hacia adelante” y valorar los procesos de participación comunitaria, tan corroídos por el lenguaje del empoderamiento que sigue escondiendo los desequilibrios y las desigualdades imperantes en todos los espacios sociales.

Sin embargo, el fondo de este marco de fragilidad de lo local en sus instancias organizadas como las mismas municipalidades, sigue presentando el lastre de lo colonial como organización del poder que se enquista en todas las estructuras formales y no formales en funcionamiento.

Las declaraciones racistas, misóginas y discriminatorias del alcalde del cantón de Matina, Walter Céspedes, deben ser contextualizadas en el marco de una extensa e histórica relación de subordinación en que las comunidades originarias han quedado posicionadas. Más allá del antecedente, desafortunado y grave, lo que estas declaraciones señalan es una costumbre enraizada que se ha convertido en práctica recurrente y hasta naturalizada.

La forma y el fondo con el que muchos de los líderes locales establecen su relación con la población a la que sirven, continúa marcada por más de 200 años de clivaje colonial en el que género, etnia, clase social y nacionalidad son dimensiones intervinientes en la construcción de dinámicas absolutamente espurias, de dominación y control sobre los cuerpos y los territorios.

Quisiera terminar señalando una apostilla a esta reflexión. El lenguaje en todos sus extremos es una herramienta de comprensión del entorno. Pero también es una herramienta política que puede llegar a ser utilizada para avasallar e insultar, como en el caso del tristemente célebre alcalde ya mencionado.

Conviene posicionar estos temas en la formación permanente a nivel municipal, así como se discuten los presupuestos locales o la planificación territorial, a fin de desterrar de una buena vez este tipo de enfoques que aún hoy en día siguen atravesados por el lastre colonial que gobierna nuestros países. Empecemos por el plano local. Luego ampliemos su alcance.

A nivel nacional, por ejemplo.

No que renuncien – Hay que echarlos

Óscar Madrigal

La conversación del alcalde Walter Céspedes con un gerente de Meco es el claro y fiel reflejo del nivel moral y político al cual han llegado buena parte de los políticos costarricenses. La inmoralidad y ausencia de ética que muestra esa conversación, así como las otras divulgadas del resto de alcaldes detenidos, es la imagen real de la bancarrota de muchos políticos.

Los alcaldes son los máximos dirigentes de los gobiernos locales pero muestran que no tienen respeto ni por ellos mismos, que son simples mercaderes de prebendas, que muestran una falta de dignidad para convertirse en sucios servidores de los gerentes de las grandes compañías.

El alcalde de Matina ofrece favores sexuales a cambio de bacheos; el de Escazú que le hagan arreglos en la casa de la mamá en vehículos sin el logo de Meco; el de Alajuela intercambio de “favores” dando y dando; el de Osa que le eliminen esa “mierda” de la acusación penal que le impide ser diputado o el de San José que le “donen” miles de dólares para pagar abogados. Estos son sobre los cuales hay pruebas irrefutables, porque fueron grabadas sus conversaciones. ¿Cómo estará el resto de alcaldes, nos preguntamos?

El primer sentimiento que embarga a las gentes es el del asco, porque choca con una realidad que todos sabíamos que existía pero que ahora ha quedado claramente documentada en las grabaciones. Pero ese primer sentimiento se convierte en rabia y certeza que todos los políticos son corruptos y que por eso son motivo del desprecio de los ciudadanos. Por eso llaman “ladrón” al presidente, porque él encarna, con razón o no, la representación de todo ese grupo de políticos corruptos.

La verdad es que hasta a los más avezados, duchos o experimentados en la participación política, nos ha alarmado el nivel moral donde ha caído la política nacional. Esos dirigentes ya no tienen respeto ni por ellos mismos, son más pachucos que los pachucos, son más arrastrados ante los poderes económicos que nadie, son unos pordioseros de la ética, unos inescrupulosos que no se detienen ante nada, son los que utilizan el poder para su exclusivo enriquecimiento, son solo parásitos del pueblo.

Ante estos hechos tan repugnantes, es impostergable actuar con la fuerza necesaria para dar un vuelco radical y acabar con todo ese grupo, no solo para pedirles que se vayan, sino para obligarlos a irse.

¿La reforma a la reelección de autoridades políticas resolverá el problema?

Vladimir de la Cruz

Cuando se dispuso separar la elección de Alcaldes de la elección nacional, y le siguió la elección de los miembros de los Consejos Municipales y Distritales, en la misma dirección, primero la de Alcaldes en el 2002 y luego los otros puestos concejales, a partir del 2006, haciéndolas el mismo año electoral, pero a finales, en diciembre, luego de la nacional, que se hacía en febrero, hasta que se llegó a separar totalmente el proceso en el 2014, que de manera excepcional, se prolongaron sus mandatos por seis años, hasta el 2020, para regularizar a partir de ese año 2020, períodos nuevamente de cuatro año, acordes con los períodos presidenciales y legislativos, fue para darle mayor importancia a las Municipalidades y sus respectivos cantones. Así cada dos años habrían elecciones, unas nacionales y otras municipales, cada uno de estos procesos electorales para elegir autoridades con mandatos de cuatro años, las municipales con posibilidad de reelección consecutiva. En el 2002, 2006 y en el 2010 el impacto de las elecciones nacionales quedó grabado en los resultados de las elecciones municipales que le siguieron cuando los partidos gobernantes, Unidad Social Cristiana en el 2002, el 2006 y el 2010 obtuvieran la mayoría bastante amplia, sobre los otros partidos, de los alcaldes electos. Empezó a cambiar esta situación en el 2016, cuando el Partido Acción Ciudadana, ganador en el 2014, no tuvo el músculo político de la elección de febrero de ese año, y tuvo que enfrentar las elecciones municipales en el 2016, con dos años de gobierno en marcha, cuyo resultado municipal no se le reflejó positivamente, sin obtener mayoría política de las municipalidades, que seguían mayoritariamente en manos de los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

Con ello, con estas elecciones separadas, a los pueblos, conjunto de personas, de cada cantón, habitantes y electores, se pensaba en rematar en el fortalecimiento de la democracia representativa y electoral, para la mejor escogencia de sus autoridades políticas, separada su elección de la nacional presidencial y de diputados. Era para que los ciudadanos de los cantones pudieran concentrarse en sus propias autoridades, en su propio gobierno, para hacerlo más democrático, más directo, para participativo, y quizá también más efectivo. Eso sigue siendo válido.

El Código Municipal, antes que el Electoral nacional, establecía como figuras importantes la reelección consecutiva, el Referéndum, el Plebiscito y la Revocatoria de Mandato. Estas figuras poco se han practicado en el país. Los partidos políticos nacionales, que “mandan” teóricamente a los cantonales, de la misma bandera, no les ha interesado fortalecer estas figuras de movilización, de discusión y de poder ciudadano, ni a nivel local y mucho menos a nivel nacional. Algo parecido sucede a nivel nacional, con el Referéndum y el Plebiscito que son tan solo letra muerta en la Constitución Política, por esa abulia política que tienen los partidos y sus dirigentes políticos, y porque no les interesa empoderar o darle poder a los ciudadanos.

En ese sentido, en las municipalidades, se arrastraba la experiencia, la tradición y la legalidad de que las autoridades municipales podían elegirse continuamente, mientras sus electores así lo hicieran y quisieran en reconocimiento a obras de trabajo municipal y de buen ejercicio, sano, honrado y honesto, de gobierno local. Era al mismo tiempo una mejor escuela para la formación futura de dirigentes políticos nacionales, de donde podían ir saliendo hacia la Asamblea Legislativa, las instituciones del Estado, y los mismos Ministerios, con posibilidad de que algunos de estos dirigentes pudieran formarse con aspiraciones presidenciales, como resultado de una larga carrera política y administrativa, como hemos visto recientemente que han aspirado a luchas esas candidaturas nacionales. Al interior de algunos partidos importantes y nacionales, como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, de hecho los dirigentes municipales han acaparado la toma de decisiones importantes y se han impuesto hasta las Asambleas Nacionales quitándoles poder de nombramientos municipales y restringiendo, incluso, potestades, de los que salían candidatos presidenciales de esos partidos. Ese ha sido, como hemos venido viendo un camino a la muerte de la democracia interna de esos partidos, al autoritarismo municipal que les ha surgido, y a los cacicazgos locales, a veces con dudosos apoyos financieros municipales, y de sus campañas electorales, asociados a grupos tenebrosos de las narco mafias locales, lo que devienen en los liderazgos apadrinados por ellos originando la narco política y los dirigentes políticos sostenidos por estas redes de poder mafioso, y por la macabras y tenebrosas redes de los negocios que ellos mismos fraguan.

Los escándalos de corrupción que sacuden a algunas autoridades, personajes, municipales, nacionales y empresariales, por la telaraña que han construido con el tiempo, de favorecimientos mutuos, con perjuicio al interés público, nacional y municipal, a las obras, que resultaban mal hechas, a propósito, porque el negocio estaba también en la reparación constante de ellas, y no solo en la adjudicación de los carteles para sus construcciones, y por el daño resultante a la imagen pública de la democracia política, de los políticos, de las autoridades políticas, de los partidos políticos, a los cuales están ligados estos personajes, la confianza y fe pública en los procesos administrativos, a la seguridad jurídica que se supone debe haber en igualdad de trato para todos los ciudadanos, y para los mismos empresarios, que también algunos de ellos salieron afectados por este matrimonio y concubinato empresarial discreto, casi secreto, que habían establecido, hoy evidencia que la profundidad de este daño y de esta presencia en prácticamente en todo el país, en todas las municipalidades, especialmente donde estas empresas cuestionadas han actuado, y que deben investigarse a fondo, y con la mayor amplitud posible, si de verdad se desea acabar con esa hidra y con esos tentáculos. Recuerdo hace pocos meses en el Cantón de Santa Cruz, como la municipalidad cerró una calle pública, a Playa Mantas por favorecer intereses hoteleros locales, y la mantiene cerrada sin posibilidad para ningún costarricense, de hecho de poder llegar a esa playa por el camino existente, sobre el cual volcaron árboles para impedir el tránsito de vehículos. En este caso hasta la policía local está comprometida en este mafioso negocio, porque la misma policía impide el paso, aspecto que también debe ser investigado, como debe suceder en otros sitios.

Es igual que los negocios de las grandes construcciones, cuyos alcaldes, tiene capacidad de exonerar de ciertos pagos, que pueden ser multimillonarios según la inversión, a empresas constructoras, especialmente de condominios, y de torres condominiales, aspecto que también se puede investigar, seguro que dará positivos resultados, mientras a pequeños constructores, o a personas esas mismas autoridades municipales les ponen todas la trabas posibles para sus posibles proyectos habitacionales o de construcción. Conozco casos.

El punto en debate que se quiere introducir, casi como un distractor de la corrupción, es el de la reelección de alcaldes y de autoridades municipales, porque el de las autoridades nacionales no tiene discusión porque ya hay impedimentos de reelección consecutiva. ¿Por qué no se discute el caso de la reelección de partidos políticos, que son los que nombran y escogen a esas personas que salen malas personas? El que es pillo es pillo, el que roba poco termina robando mucho. El que tiene ocho o más años para ver que roba, tratará de robar en cuatro, si eso es lo que le ofrecen en posibilidad. Son las personas, son los candidatos los que hay que escoger, que sean buenos, correctos, honestos, honrados. ¿Pueden escogerse en un partido políticos buenos y honestos candidatos? Con limitarles el plazo de gobierno no les van a limitar su ansiedad por enriquecerse si el puesto se los permite. Con más avidez, gula y glotonería política irán. Y si están apoyados por grupos mafiosos, de cualquier naturaleza que sea, con más rapidez tratarán de actuar, hasta para dejar “herederos” del puesto, para hacer que la correa de trasmisión siga funcionando. Con limitar el plazo de gobierno de una autoridad a un solo período no van a acabar con la corrupción si no es la corrupción la que debe atacarse, si no es a los corruptos a los que se debe castigar y de manera ejemplar ante la sociedad nacional. Que el que se meta en ese camino sepa que de ser agarrado va a sufrir las máximas penas posibles.

Lo que hay en trámite legislativa son cantos de sirena contra autoridades políticas futuras pero fantasmas, suponiendo de previo que en ese futuro, que se regulará por esos cambios que se desean introducir todos los futuros alcaldes, y miembros de los consejos municipales y distritales son desde ahora concebidos de manera corrupta, salvo de que de previo demuestren lo contrario, lo cual es difícil. La corrupción se da en acto, por quien es corrupto, no de naturaleza, sino porque ha desarrollado una conducta, una moral y un ética de la corrupción, que le permite justificar lo que hace.

Con los límites al ejercicio del poder no se le está metiendo ningún límite a la corrupción ya existente. Ya lo veremos. Lo único que están haciendo algunos diputados con esa discusión es tratando de lavar su conciencia política, la de sus partidos, la de saber que ha hecho malas escogencias. Hay que dejar de hacer esas malas escogencias. ¿Pueden hacer esto los partidos? Para estas elecciones ya no lo hicieron. Veremos los malos frutos si sembraron malas semillas. Para las elecciones del 2022, de alcaldes y de consejos municipales, estaremos pendientes de por dónde va la comparsa política.

Los que están interesados en golpear partidos políticos, en esta lucha, de pronto alimentarán, con sus posiciones las tendencias autoritarias, despóticas y populistas, de cualquier tipo, quizá más peligrosas que lo que se quiere combatir hoy. La improvisación de dirigentes políticos, en todos los niveles de la vida y organización democrática, va a ser una de las variantes más peligrosas.

Urrú

Luis Fernando Astorga Gatjens

En el diccionario de costarriqueñismos de Carlos Gagini aparece el vocablo «urrú» con las acepciones de podrido, carcomido y apolillado. Se utiliza este calificativo para definir la condición de un árbol, que ya sea por la edad o por que le atacó una plaga, está podrido. Así aunque en muchas ocasiones el tronco todavía luce bien y conserva su corteza, su parte interna está descompuesta mientras bacterias, hongos e insectos hacen de las suyas.

Valga este símil para caracterizar al Estado y algunos estamentos de la sociedad costarricense, en este lóbrego bicentenario, por su profundo deterioro ético y moral, que se manifiesta en los múltiples actos de corrupción que involucran tanto a actores públicos como privados.

Lo que se ha estado dando a conocer a través de las declaraciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), forma parte de un cadena de actos y procesos, que con certeza no muestra toda la dimensión de la corrupción en el país. Cochinilla, Azteca y Diamante son manifestaciones de una grave enfermedad –económica, política y social– que expresan el alcance de un fenómeno estructural.

Es seguro que emergerán más escándalos de corrupción ya sea en las municipalidades como otras entidades públicas, donde funcionarios corruptos se ponen de acuerdo con agentes privados, para obtener pingües ganancias. Se trata de perniciosas sociedades donde el corrupto y el corruptor le roban al erario público, de manera inescrupulosa.

El daño que ocasionan las acciones de corrupción son enormes tanto en el campo económico como en la lógica desconfianza que generan en el pueblo y que lo hacen concluir que no existe honradez ni probidad en las acciones y responsabilidades de los funcionarios públicos.

La podredumbre del Estado en materia de corrupción nos viene de lejos: Caja-Fischel, Alcatel, la Trocha, el Cementazo… Pero también es corrupción –como muy bien lo manifestó recientemente el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la ONU– el esconder las riquezas en paraísos fiscales (como lo muestran los Papeles de Panamá y los de Pandora), para evitar las responsabilidades fiscales, éticas y sociales, del pago de impuestos.

Mediante las distintas formas de corrupción, los funcionarios públicos corruptos y los corruptores privados han venido saqueando las finanzas del Estado en cifras que ya suman muchos ceros. Se trata de millones de colones y dólares que han encarecido obras públicas, las han atrasado, han afectado su calidad y el tiempo razonable de utilidad, han afectado programas sociales; entre otros perjuicios ocasionados. O dicho de otro modo: Han venido atrasando el desarrollo nacional y erosionado la democracia como un cáncer que hace metástasis tanto en el tronco como en distintas ramas del Estado costarricense.

La corrupción es una manifestación del egoísmo humano que se orienta por la premisa de primero yo, después yo y por último yo. La corrupción posibilita obtener dinero y riquezas, con facilidad y sin que lo que se obtiene sea fruto del esfuerzo y el trabajo productivo. Son acciones ilícitas que son contrarias a la solidaridad y a la responsabilidad social inspirada en el bien común.

En el presente, la corrupción en sus múltiples manifestaciones que tocan la estructura medular del Estado y la sociedad, son la expresión de la prevalencia de una doctrina económica y social, en la que se ha exacerbado el individualismo como nunca antes. El “sálvese quien pueda» que orienta el neo-liberalismo ha creado las condiciones idóneas para que se multipliquen los actos de corrupción, pequeños, medianos, grandes y gigantes. 

Este aserto no significa que en el pasado no se hubieran dado actos de corrupción. Ahí donde se junta poder político, ambición individualista y posibilidades de dinero fácil, puede aparecer el acto de corrupción. Pero se manifestaban como acciones aisladas. Mientras tanto en el presente neo-liberal son tan numerosas y sistémicas, que el urrú es la condición dominante del árbol estatal del país.

La pregunta que surge es cómo combatir esta grave enfermedad que daña al Estado de Derecho y la democracia costarricense. 

En primera instancia, es encomiar la labor de la Fiscalía Anti-Corrupción y el OIJ es sus labores escarmenadoras. Es seguro que tendrán mucho trabajo por delante.

Lo otro es el escarnio público y el repudio social a los corruptos. Obviamente que debe existir respeto ante el debido proceso; sin embargo, cuando el cinismo y el engaño salen de la boca de los corruptos y sus defensores de oficio, el rechazo social por el daño ocasionado debe emerger de inmediato.

La lucha contra la corrupción debe asimismo contar como antídoto con el fortalecimiento de las responsabilidades y labores de fiscalización en la administración de los recursos públicos y en la rendición de cuentas de las distintas instituciones, sean del gobierno central, entidades autónomas, Asamblea Legislativa y Poder Judicial. Del mismo modo es necesario generar normas que permitan la confiscación de bienes de actores privados que se han enriquecido, de manera ilícita, con recursos públicos.

Esta lucha debe contar con un frente estratégico que es hacer efectiva la democracia participativa –como lo establece el artículo 9 de la Constitución– para que el pueblo costarricense, se convierta en el mejor vigilante del mejor manejo de los recursos públicos.

Los recientes escándalos de corrupción y los que le precedieron obligan a situar este tema en el debate electoral. Muchos candidatos han sido salpicados de muchas maneras y quieren quitarse el lodo con frases efectistas y prefabricadas. Es necesario dar un seguimiento riguroso y atento a sus respuestas. Es un deber cívico aplicar el voto-castigo a los candidatos corruptos así como el voto-premio a quienes tienen techo de acero y una trayectoria limpia.

Cabe aquí recordar y hacer efectiva esta frase lapidaria, en nuestra lucha permanente contra la corrupción, del prócer José Martí: «Quien presencia un crimen en silencio, lo comete».

(18 de noviembre, 2021)

Una estructura criminal

Óscar Madrigal

De esta manera califica el Ministerio Público y el OIJ la forma de operar de la corrupción en las municipalidades intervenidas.

Desde hace mucho tiempo se ha dejado de considerar a la corrupción como el producto de una fruta podrida, del efecto de una persona que corrompe a las personas de su rededor. La corrupción, pública y privada, es una forma de crimen organizado, de la existencia de grupos debidamente estructurados para enriquecerse de manera ilegal.

La estructura criminal en esas municipalidades parte de un grupo privado, de un empresario, que teje junto con los alcaldes una organización para delinquir, para otorgar prebendas, privilegios y negocios ilegales a cambio de dádivas, coimas o favores; produce un enriquecimiento mutuo, de empresarios y altos jerarcas de instituciones. La estructura criminal o de crimen organizado es tanto externa, con el empresario, como interna con los subalternos del jerarca que realizan funciones para cuidar las espaldas al alcalde y favorecer sus corruptelas.

En el caso de la operación Diamante se ha puesto en evidencia la corrupción que gira alrededor de la concesión de obras viales, una parte de la obra pública. Pero si se escarbara un poco más también veríamos los grandes negociados en parquímetros, obras en parques públicos, desarrollo inmobiliario o patentes, para citar algunos.

La formación de estas estructuras criminales es favorecida por la reelección indefinida de los alcaldes, los cuales han tenido décadas para crear esa red de compromisos y favores. Tal vez el caso más emblemático sea el de San José, pero eso se repite en la mayoría de los gobiernos municipales.

La operación Diamante saca a la luz pública las relaciones amistosas de pagos de favores, de compromisos o amistades íntimas para influir en procesos judiciales, resoluciones de los más diversos órganos y hasta la elección de cargos importantes en instituciones y órganos del Estado, favores que luego tendrán que pagarse.

El Estado costarricense viene desde hace muchos años manejado por una red de intereses políticos y económicos que han corrompido a las instituciones: diputados eligen magistrados para luego cobrar esos favores, políticos de fuste ponen sus fichas en tribunales, instituciones públicas, de control, fiscalización o regulación, personas nombradas para ejecutar u omitir deberes. Es la corrupción que está carcomiendo nuestra democracia y que solo una sacudida o un cambio en grande podrá recuperar.

Ahora bien, esta estructura criminal solo ha sido posible construirse con la complicidad activa de los Partido Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana. No es casualidad que de los alcaldes detenidos 5 sean del PLN; y es así porque ese Partido ha prohijado y alcahueteado, ya sea por acción o por omisión, la construcción de esas organizaciones criminales.

En 2010 se tuvo la quijotada, Gloria Valerín y Xinia Escalante, de pelearle la alcandía a Johnny Araya. Fue una experiencia formidable, la lucha contra una maquinaria total, de escritores, desarrolladores inmobiliarios, los principales dueños de ventas de vehículos, los dueños de los canales de televisión, especialmente de Canal 7, los importadores, los comerciantes, funcionarios municipales, grupos comunales comprometidos con favores o sacos de cemento, en fin un enfrentamiento con una gigantesca estructura clientelar, de comunidad de intereses y de favores, frente a la cual era imposible disputar el cargo.

Solo la ambición y el sentido de impunidad que llegan a sentir personajes como estos alcaldes, es lo que los hace traspasar los límites más laxos impuestos por el sistema. Y en este momento caen.

Y cuando caigan, el sistema los abandonará para volver a recomponerse. Ese ha sido el círculo de la lucha contra la corrupción en Costa Rica hasta que no se produzca un auténtico y profundo cambio de valores y de actores.

La desconstitucionalización de las autonomías y empleo público

“La tesis según la cual el Presidente, o el Ejecutivo, deben tener todas las atribuciones en última instancia, (…), esa es la teoría estatista o totalitarizante; la de las autonomías, (…) para evitar la concentración de poder y recursos, es la tesis democrática.” (Diputado Constituyente Rodrigo Facio)

Manuel Hernández

En un artículo de opinión que recientemente me publicó el Semanario Universidad, titulado “El virus del malinche universitario”, critiqué, desde el punto de vista jurídico, la pusilánime posición de CONARE acerca del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

A raíz de ese artículo, funcionarios de otras instituciones públicas, que me honran con su lectura, me solicitaron que, más allá de los confines de los campus universitarios, expusiera los alcances que tiene el proyecto, en general, en el ámbito de las autonomías institucionales.

Pues bien, trataré de cumplir este particular cometido.

1.- La ruptura de las autonomías constitucionales

El último texto de Empleo Público, que podría estar la próxima semana, en la agenda de primeros debates, que ya va por la cuarta edición, y que en cada versión de esta tragedia legislativa, como decía Unamuno, se mantiene en estado de agonía, conserva, en lo esencial, el mismo libreto totalitario y antidemocrático, trastocando las autonomías de las universidades públicas, Caja Costarricense de Seguro Social y las Municipalidades.

Al tenor de la nueva cirugía reconstructiva que sufrió el accidentando proyecto, fundamentado en un singular voto de la Sala Constitucional (N° 017098-2021), que como la serpiente que se come su misma cola, ese Tribunal se volvió contra su propia doctrina y jurisprudencia, el proyecto estableció que quedan excluidas de la rectoría de MIDEPLAN, únicamente “las relaciones de empleo de personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, que sea exclusivas o excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas“ a aquellas entidades públicas.

La regulación de la relación de empleo de esta única categoría de personas trabajadoras, la retendrán simbólicamente los órganos supremos de cada una esas entidades, pero que no quedan excluidas de la cobertura del proyecto, y en consecuencia, estarán sometidas al rigor de sus cánones autoritarios y fiscalistas. Por contrario, la rectoría y regulación de la relación de empleo, en materia de reclutamiento, selección, contratación, concursos, evaluación de desempeño, remuneraciones, entre otras, de todas las demás personas trabajadoras de esas instituciones, la asumirá y definirá unilateralmente MIDEPLAN.

Entonces, a esta dependencia del Poder Ejecutivo, transmutada en el emergente Leviatán, el proyecto, haciendo una regresión en el tiempo, que nos devuelve más de 70 años atrás, a la época del clientelismo y reparto del botín político (spoils system), le transfiere a MIDEPLAN la gobernanza y regulación de la relación de empleo de significativas categorías de trabajadoras y trabajadores de dichas instituciones.

De esta manera, tratándose de estos amplios colectivos laborales, se desposeen las competencias constitucionales de esas entidades, cuya regulación, mediante políticas, directrices, reglamentos y ordenanzas, la realizará ese despacho del Gobierno.

Esta transferencia de competencias tendrá consecuencias directas muy graves en el conjunto de las autonomías, el funcionamiento regular de las instituciones y no menos, en la prestación de los servicios públicos.

2.- La autonomía constitucional de las instituciones es unitaria e indivisible

Esta segregación competencial y configuración de un régimen dual de empleo público, es absolutamente artificiosa.

La autonomía de las entidades descentralizadas es indivisible, resultando contrario a los preceptos constitucionales, quebrar de esa manera la autonomía y repartir las competencias regulatorias entre la respectiva institución y MIDEPLAN.

El proyecto violenta la máxima Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (donde la ley no distingue, tampoco nosotros debemos distinguir), vaciando de contenido el ejercicio de una potestad constitucionalmente asignada, que produce la ineficacia de la norma constitucional; es decir, trayéndose al suelo, de un solo golpe, el principio de supremacía constitucional.

La autonomía de las universidades públicas, la CCSS y las municipalidades, es unitaria, inescindible, por lo que no se podría sostener ese espurio reparto de competencias y ese régimen bifronte de empleo público, dentro de cada una de ellas, salvo que sea a contrapelo de los artículos 84, 86, 87, 73, 169, 170 y 175 de la Constitución Política.

Así, cada institución autónoma, podría representarse con una caricatura de un monstruo de dos cabezas, que se vuelven y destruyen a si mismas, cuya lucha terminará causando, por una parte, hacia afuera, una constante inestabilidad política-institucional, y por otra parte, hacia dentro, una permanente conflictividad laboral.

3.- La alteración del diseño constitucional del Estado democrático

Este ficticio reparto de competencias funcionales y materiales, entroniza aquella tesis autocrática que vehemente rebatió el constituyente Rodrigo Facio, la intervención política del Poder Ejecutivo, residenciado en MIDEPLAN, en materias que constitucionalmente están reservadas a cada una de esas instituciones.

Por esto es que el proyecto quiebra la arquitectura del diseño orgánico del Estado, definido por el constituyente, porque sacrifica la autonomía de las instituciones.

La ruptura del diseño constitucional, que no es cualquiera cosa, significa una grave alteración de las reglas del sistema democrático.

Además, esta alteración de las reglas constitucionales tendrá serias consecuencias en la prestación de los servicios públicos asignados a cada institución.

Los servicios públicos que prestan las universidades, la CCSS, municipalidades y otras entidades, constituyen la infraestructura de la democracia, los cuales no quedan indemnes del otro objetivo que tiene el proyecto, tendiente a reestructurar las instituciones y privatizar los servicios que se les cometieron.

4.- La eliminación de las estructuras salariales propias de las instituciones

Pero, además, hay que tener muy claro que la competencia exclusiva y residual que el proyecto reserva a las instituciones autónomas, limitada únicamente a aquel colectivo de funcionarios, queda muy restringida y condicionada, porque, de toda suerte, su ejercicio tiene que adecuarse a sus reglas fiscalistas. No se olvide que las autónomas, no quedan excluidas de su cobertura (artículo 2), sobre las cuales cae, con todo el peso, esa espada de Damocles.

Lo anterior implica, por ejemplo, en materia de remuneraciones, que las estructuras salariales propias que actualmente tiene cada una de esas instituciones, que evolutivamente se configuraron de acuerdo con la naturaleza y especialidad del servicio que ejecutan, amparadas a sus autonomías, quedarán derogadas, suprimidas, y en su lugar, se sustituirán por el esquema de salario global único.

Este esquema salarial es el producto estrella, pero el más opaco, que constituye la punta de lanza de la política fiscal del proyecto de ley.

Otra grave vulneración de la Constitución, porque la ley ordinaria le está imponiendo a esas instituciones un esquema salarial determinado, irreconciliable con las autonomías constitucionales.

Además, como si lo anterior fuera poco, ese esquema salarial se complementa con el congelamiento y estancamiento de los salarios de todas y todos los trabajadores que prestan sus servicios en los Poderes del Estado e instituciones públicas que cubre el proyecto, a merced de la salvaje regla fiscal y los transitorios XI y XII del proyecto, que recibieron la bendición neoliberal de la Sala Constitucional.

Quedará por ver, como suele ocurrir en las películas de terror, si en los últimos capítulos, el monstruo muere ajusticiado por un héroe, que aplaste las cabezas del Leviatán.

16/11/2021

Municipalidades Cochinillas

Si los casos de corrupción a nivel nacional le sorprenden, los casos municipales le van a poner los pelos de punta. En el programa Desde la Otra Acera con el episodio de esta semana: “Municipalidades Cochinillas”, se habló sobre los casos que se han presentado con grandes empresas de construcción en 5 zonas diferentes del país.

Se contó con la participación de Diego Miranda, regidor de la Municipalidad de San José y Anayudel Gutiérrez, Regidora de la Municipalidad de Heredia. Además, se contó con la compañía de movimientos populares: Angélica Alvarado, del Movimiento Ríos Vivos, y Dany Villalobos de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas.

El vídeo completo del programa se encuentra en el siguiente enlace: https://fb.watch/7D-W-Drz1N/

La Constitución Política de MIDEPLAN

“ciegos que ven, ciegos, que viendo, no ven.” (Saramago)

Manuel Hernández

La Ministra de Planificación lamentó que la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, aprobara una moción de alto voltaje, en virtud de la cual la tan acariciada rectoría de la gobernanza del empleo público se transfiere de MIDEPLAN a la Dirección General de Servicio Civil.

Pero no solo se quedó en el desconsuelo, sino, además, advirtió que esa sorpresiva huida de competencias puede tener problemas de constitucionalidad.

Así es, ahora la Ministra se nos convirtió en emergente escudera de la Norma Suprema de la Nación, de la propia Constitución que la tienen haciendo aguas desde que asumieron el poder.

La reconvención ministerial que impele la corrección política, para que el desaguisado proyecto vuelva por su fuero original, obliga a preguntarse: ¿A cuál Constitución apela con tanta vehemencia la jerarca de Gobierno, por la que ahora se viene a rasgar las vestiduras?

¿A la Constitución radicada en la Lex Mercatoria, en el dogma fundamentalista de menos Estado y más mercado, redactada en los astilleros de la OCDE y el FMI?

¿A la Constitución inspirada en la doctrina de Friedman, Buchanan y Hayek, a ese neoconstitucionalismo económico, que impusieron a sangre y fuego en el régimen de Pinochet?

¿A la Constitución del Estado de derechas, plutocrático, que proscribe el pluralismo y la legitimidad política del conflicto social?

A la titular de MIDEPLAN le duele en el alma, más que a nadie, aquella transferencia de competencias de una institución a otra, invocando al paso un problema de constitucionalidad; pero, por contrario, no ve que tenga un grave problema de constitucionalidad la operación política de subordinar las autonomías de la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades públicas y corporaciones municipales, a la gobernanza totalitaria, ya sea de ese ministerio, o de cualquier otro órgano del Estado.

Tampoco ve ningún conflicto de constitucionalidad imponer a rajatabla el esquema de salario único global, a las y los funcionarios públicos que actualmente tienen un esquema de salario base más pluses, a contrapunto del principio de irretroactividad de la ley, Pilar del Estado de Derecho, consagrado en el artículo 34 constitucional.

Mucho menos un problema de constitucionalidad que signifique la desafección de los derechos de ciudadanía social de las personas funcionarias, particularmente los derechos colectivos de representación sindical, negociación colectiva y el derecho fundamental de huelga, inherentes a cualquier sistema democrático.

Entonces, el agravio de constitucionalidad, como grito puesto en el cielo, que censura la Ministra, sólo se podría increpar en aquel modelo constitucional de facto, porque la Constitución del Estado Social y Democrático la tienen acorralada.

29/01/2021