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Etiqueta: municipalidades

Conocer los derechos para exigir transparencia y honestidad

José Luis Pacheco Murillo

Es sumamente lamentable cuando las personas en particular y los pueblos en general, guardan la esperanza de que sus problemas de solucionen, problemas que tienen que ver con la activación del servicio público por parte de municipalidades o del gobierno central y resulta que pasa una semana, un mes, un año y quizá hasta varios años sin que se dé tal solución.

Y lo peor es que tanto municipalidades como gobierno tienen la posibilidad de cumplir con el sueño y la ilusión de toda esa gente y simplemente no lo hace por desidia, por falta de voluntad, por impericia, por ineficiencia y en el peor de los casos porque no da réditos electorales.

También es sumamente reprochable cuando se cobran impuestos o tasas por servicios que no se brindan y a quienes más les afecta esto es a los que menos tienen y cuando se acercan a averiguar algo sobre si es factible solicitar un servicio les aparece una cuenta de muchos miles de colones que no pueden cancelar de buenas a primeras y eso sin que el servicio haya sido prestado o se ha dado en forma deficiente.

Los ciudadanos deben saber de sus derechos y toda institución dede buscar la forma de estar cercana a la ciudadanía y ayudarles a educarse sobre sus derechos. No se trata solo de ver cómo se les saca el dinero sino y especialmente cómo se brindan los servicios en forma oportuna y eficiente.

También es muy triste el ver cómo se administran los dineros públicos por parte de algunas autoridades que en muchos casos llevan a cabo contrataciones en las que no buscan el bienestar del pueblo sino su propio provecho y es cuando aparecen las famosas comisiones y pagos indebidos. Contrataciones cuyos montos se elevan considerablemente tan solo para que haya repartición. Ya hemos conocido de estos trueques y trucos y es por ello que debemos exigir transparencia y honestidad en el servicio público.

Que se dé un servicio justo y eficiente y además al costo debido.

Dios quiera que en este año electoral la ciudadanía sepa entender el poder que posee a la hora de definir a quienes les dará la confianza para administrar sus recursos y realizar las obras que se requieren. Es urgente que abran ojos y mentes y sepan elegir para su bien, de las comunidades y del país.

UCR: Costa Rica contará con un Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano Orientado al Transporte Público (PIM-DUOT)

El proyecto PIN-DUOT comenzó a ejecutarse en junio del 2020, y en los próximos tres años se concretarán las obras y los planes piloto en los cantones participantes. Foto Laura Rodríguez, UCR.

El proyecto es desarrollado por el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS UCR), en conjunto con 15 municipios del Gran Área Metropolitana

Un trabajo interinstitucional promoverá el desarrollo urbano integral en el área más densamente poblada del país, y que se alinea con los objetivos de la Agenda 2030 en el área de influencia del Tren Metropolitano.

Se trata del proyecto Desarrollo Urbano Orientado al Transporte Público (DUOT), que busca crear espacios urbanos dinámicos, con usos mixtos en los que puedan desarrollarse actividades residenciales, comerciales, de servicios y para recreación.

La idea es que esas zonas reactiven la economía local, promoviendo y priorizando la utilización de transporte público, bicicletas y la movilidad sostenible, por encima del uso de vehículos particulares.

Este es un modelo de ordenamiento territorial que impulsa la consolidación del desarrollo urbano, en torno a medios de transporte público masivo. En este caso, para el Tren Metropolitano de Pasajeros del Gran Área Metropolitana (GAM).

De forma complementaria, se planea también que reactive la inversión privada en las zonas beneficiadas por los proyectos DUOT, pues los ambientes urbanos dinámicos favorecen la creación de empleos locales y el aprovechamiento sostenible de los territorios, para beneficio de las comunidades.

“Con el apoyo de ProDUS UCR (Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible de la UCR), se genera un instrumento para las municipalidades que les sirva para implementar los lineamientos de los DUOT en sus procesos de planificación y gestión municipal”, señaló Sofía Fallas Barquero, coordinadora del Proyecto mUEve.

¿Cuáles municipios participan?

Este proyecto impactará en 15 cantones que forman parte del derecho de vía del Tren Metropolitano de Pasajeros en el GAM. Las 15 municipalidades participantes son: Paraíso, Oreamuno, Cartago, La Unión, Curridabat, Montes de Oca, Goicoechea, San José, Tibás, Santo Domingo, San Pablo, Heredia, Flores, Belén, y Alajuela.

“Esta experiencia de renovación urbana se mejoró sustancialmente con la capacitación que obtuvimos con la Unión de Gobiernos Locales y el municipio de San Sebastián, en España. No solo conocimos experiencias concretas de transporte urbano, sino que vimos experiencias reales de movilidad peatonal, ciclovías, ciudades compactas que se convierten ahora en ciudades inteligentes, donde la eficiencia energética y el manejo de residuos son una prioridad, indicó Roberto González Rodríguez, alcalde de Santo Domingo.

El PIN-DUOT es ejecutado por un equipo interdisciplinario de ProDUS UCR, programa que está adscrito a la Escuela de Ingeniería Civil, y con 31 años de experiencia en el desarrollo de planes de ordenamiento territorial y planificación urbana. Foto Laura Rodríguez, UCR.

El proyecto PIM-DUOT será un gran aporte al desarrollo de la planificación regional en Costa Rica, y es la primera vez que se aplica en el país.

Se propiciaría el desarrollo socioeconómico en la zona de influencia directa del Tren Metropolitano de Pasajeros, a lo largo de los corredores de transporte público y en los radios de influencia de los centros de intercambio de medios de transporte sostenible, como las estaciones multimodales, terminales, paradas express, entre otros. Lo anterior se suma al eje transversal de participación ciudadana, género y sostenibilidad”, acotó el Dr. Jonathan Agüero Valverde, coordinador general del proyecto PIM-DUOT y director de ProDUS UCR.

Por su parte, el M. Sc. Félix Zumbado Morales, gerente de este proyecto e investigador de ProDUS UCR, dijo que en cuanto al tema ambiental, el PIM-DUOT mejoraría la gestión ambiental dentro del GAM.

“Esta propuesta promueve el sistema de transporte público y la movilidad sostenible, versus el uso del vehículo individual. Por lo tanto, a mediano y largo plazo se espera que en el GAM se generen menos gases contaminantes para la salud, menos gases de efecto invernadero, y disminuya la contaminación sónica. Asimismo, se producirían más servicios ecosistémicos, asociados con la arborización urbana y la aplicación de elementos de Ciudad Verde dentro del proyecto”, comentó Zumbado.

Un cambio para la población de la GAM

La promoción de espacios urbanos más verdes y con mayor cantidad de parques y zonas de recreación es un componente que resalta en los DUOT, con la perspectiva de que las áreas urbanas cercanas a los centros de transporte masivo de pasajeros sean lugares con buena accesibilidad y llenos de áreas de recreación, que fomenten el reverdecimiento de las ciudades. Lo anterior se daría al crear espacios con mayor atractivo para el turismo urbano y el disfrute de la ciudadanía.

Además, las zonas bajo planes DUOT suelen aumentar el valor del terreno, por lo que los municipios tienen la oportunidad de generar herramientas de gestión de suelos como la captura de plusvalías. Lo anterior mejoraría las finanzas municipales y la posibilidad de contar con inversión pública.

El nacimiento de la iniciativa

El proyecto sombrilla del PIN-DUOT se llama mUEve (Movilidad Sostenible, Urbanismo, Equipamiento, Valoración del Espacio Público, Enverdecimiento y Equidad.

Esta iniciativa es financiada por la Unión Europea (EU) y ejecutada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) de Costa Rica. Además, participan la Asociación Municipalista de Países Bajos VNG Internacional, y Fomento San Sebastián, una empresa pública de la Municipalidad de San Sebastián, en España.

“El proyecto mUEve busca promover el desarrollo urbano integral en línea con la agenda 2030, en el área de influencia del Tren Metropolitano. Es financiado por la Unión Europea gracias al fondo Asociaciones por unas ciudades sostenibles, y con un aporte económico de 5 millones de euros”, concluyó Sofía Fallas.

 

Yadelis Montiel Masís
Asistente de comunicación en ProDUS UCR

UCR manifiesta preocupación por posible reforma al artículo 176 de la Constitución Política

La UCR exhortó al Poder Legislativo a que archive el proyecto de ley debido a las posibles consecuencias adversas para el Estado social de derecho y el sistema democrático costarricense. (Foto: Facebook Asamblea Legislativa).

Alejandra Amador Salazar, Periodista

Mediante un pronunciamiento aprobado el pasado viernes por el Consejo Universitario, la Universidad de Costa Rica (UCR) manifestó su preocupación por los términos en los que se fundamenta la propuesta de reforma al artículo 176 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, la cual se tramita actualmente en la Asamblea Legislativa mediante el Expediente N.° 22.266.

La iniciativa tiene como propósito, según la exposición de motivos, fortalecer el principio de equilibrio financiero y evitar crear instituciones y programas en el sector público sin que se verifique su contenido presupuestario; sin embargo, también pretende que ese principio prevalezca sobre la autonomía constitucional otorgada a instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Caja Costarricense del Seguro Sociales (CCSS), las municipalidades y las universidades públicas.

Ante esta situación, la UCR aseguró que las autoridades gubernamentales y legislativas harían mal en limitar, negar, retrasar o condicionar –bajo criterios estrictamente presupuestarios– los recursos financieros que debe proveer el Estado a dichas instituciones públicas.

Además, recordó que la Asamblea Nacional Constituyente de 1949 fue clara al establecer un régimen de autonomías constitucionales, con el fin de evitar la concentración de poder en el Ejecutivo.

Esta casa de estudios superiores considera que el proyecto legislativo contiene una modificación intrínseca a aspectos esenciales de la organización política y económica del Estado costarricense, ya que menoscaba y cercena principios constitucionales en favor de razones presupuestarias; lo anterior refleja una clara intencionalidad de concentrar la toma de decisiones financieras en el Poder Ejecutivo, en contraposición a la descentralización administrativa constitucional e incluso a la pregonada en las recomendaciones de política pública de los organismos internacionales.

Por estos motivos, la UCR exhortó de manera vehemente a las diputadas y a los diputados que archiven este proyecto de ley debido a las posibles consecuencias adversas para el Estado social de derecho y el sistema democrático costarricense.

Asimismo, instó a los Poderes de la República, al TSE, a las municipalidades, a la CCSS y a las demás universidades públicas a debatir acerca de las repercusiones que tendría para el cumplimiento de sus fines constitucionales esta reforma.

Cerros de Escazú – Exijamos a las municipalidades que cumplan con su trabajo

Nuestros cerros de Escazú son parte de una zona protegida en seis cantones, pero hay muchas partes donde se están construyendo casas y negocios de manera irregular y las municipalidades no los han detenido.

De esta forma están acabando con la vida de la naturaleza. APREFLOFAS, una organización ambiental nacional ha denunciado construcciones sin permisos en partes altas de Santa Ana, específicamente en Piedades y Salitral, dentro de la zona protegida de los Cerros de Escazú.

Ahora la Sala Cuarta ordenó a la Municipalidad de San Ana aplicar la ley, por lo que puede, por ejemplo, clausurar, demoler, desalojar…

Exijamos a las municipalidades que cumplan con su trabajo, porque la naturaleza es de todos y sin ella no hay futuro.

Publicado en https://www.facebook.com/785970581524835/posts/4971695336285651/

Compartido con SURCOS por Ciska Raventós.

ANEP solicita a la UNGL conversar sobre los desafíos en el régimen municipal

El pasado lunes 25 de abril del 2022 la ANEP envió un oficio en el cual le solicita a la UNGL un espacio de diálogo; la Ley Marco de Empleo Público; la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Derecho de Huelga; la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal y cuestiones relacionadas con la elección de las autoridades políticas son aspectos que pueden formar parte de la agenda.

Mas información en: https://anep.cr/anep-solicita-a-la-ungl-conversar-sobre-los-desafios-en-el-regimen-municipal/

Se adjunta documento.

LO COLONIAL EN FORMA Y FONDO

Por Memo Acuña. Sociólogo y escritor costarricense.

Vaya usted a saber qué idea literaria estuvo en la mente y la cabeza de quienes con tino y un poco de ironía procedimental endosaron el flamante nombre de “Caso Diamante” a los recientes actos de corrupción ventilados a la opinión pública costarricense con la participación, hasta ahora sólo indicada más no comprobada en las instancias judiciales, de seis alcaldes y funcionarios representantes de la empresa privada, en específico una de las empresas constructoras que viene siendo cuestionada por, también, otros actos de corrupción que la inspiración narrativa endosó con el nombre de “Cochinilla”.

En ambos episodios, su “denominación de origen” caló hasta los huesos en una opinión pública ya un poco desgastada de tanta recurrencia, persistencia, pero también de tanta impunidad en ese deporte de hacerse con las cosas ajenas, disponer de ellas, lo que lo ha convertido en el sexto sentido nacional.

Entre las alcaldías cuestionadas recientemente en la figura de su máximo representante, se encuentran dos municipios cuya lógica público-privada ha sido leitmotiv de su gestión.

Esta relación no es suficiente, sin embargo, para explicar la buena salud de algunos índices como el IDS (Índice de Desarrollo Social), en el que tanto San José como Escazú muestran buenas ubicaciones.

Es suficiente con darse una vuelta por el Escazú de la globalización, no el rural ni el periférico claro está, para percatarse de la forma como la inversión, en particular infraestructural, mobiliaria y el desarrollo de una economía de servicios orientada a atender a una franja de población local y extranjera con altas capacidades de consumo, ha convertido a este cantón en copia fiel y reproducida de otros escenarios fuera de nuestras fronteras.

Ahora uno se pregunta con un poco de malicia, si esa opulencia no provendrá también de los amaños y entuertos con que algunos vivillos han asumido para su beneficio, la función pública.

El tema de lo político y su definición en el plano local es complejo y necesariamente requiere con urgencia de otras formas de discutirse.

La separación de las elecciones nacionales y municipales no cumple aún 10 años de haberse implementado, pero es preciso volver a replantearse los esquemas de escogencia de las autoridades locales, estudiar sus redes y encadenamientos “hacia atrás y hacia adelante” y valorar los procesos de participación comunitaria, tan corroídos por el lenguaje del empoderamiento que sigue escondiendo los desequilibrios y las desigualdades imperantes en todos los espacios sociales.

Sin embargo, el fondo de este marco de fragilidad de lo local en sus instancias organizadas como las mismas municipalidades, sigue presentando el lastre de lo colonial como organización del poder que se enquista en todas las estructuras formales y no formales en funcionamiento.

Las declaraciones racistas, misóginas y discriminatorias del alcalde del cantón de Matina, Walter Céspedes, deben ser contextualizadas en el marco de una extensa e histórica relación de subordinación en que las comunidades originarias han quedado posicionadas. Más allá del antecedente, desafortunado y grave, lo que estas declaraciones señalan es una costumbre enraizada que se ha convertido en práctica recurrente y hasta naturalizada.

La forma y el fondo con el que muchos de los líderes locales establecen su relación con la población a la que sirven, continúa marcada por más de 200 años de clivaje colonial en el que género, etnia, clase social y nacionalidad son dimensiones intervinientes en la construcción de dinámicas absolutamente espurias, de dominación y control sobre los cuerpos y los territorios.

Quisiera terminar señalando una apostilla a esta reflexión. El lenguaje en todos sus extremos es una herramienta de comprensión del entorno. Pero también es una herramienta política que puede llegar a ser utilizada para avasallar e insultar, como en el caso del tristemente célebre alcalde ya mencionado.

Conviene posicionar estos temas en la formación permanente a nivel municipal, así como se discuten los presupuestos locales o la planificación territorial, a fin de desterrar de una buena vez este tipo de enfoques que aún hoy en día siguen atravesados por el lastre colonial que gobierna nuestros países. Empecemos por el plano local. Luego ampliemos su alcance.

A nivel nacional, por ejemplo.

No que renuncien – Hay que echarlos

Óscar Madrigal

La conversación del alcalde Walter Céspedes con un gerente de Meco es el claro y fiel reflejo del nivel moral y político al cual han llegado buena parte de los políticos costarricenses. La inmoralidad y ausencia de ética que muestra esa conversación, así como las otras divulgadas del resto de alcaldes detenidos, es la imagen real de la bancarrota de muchos políticos.

Los alcaldes son los máximos dirigentes de los gobiernos locales pero muestran que no tienen respeto ni por ellos mismos, que son simples mercaderes de prebendas, que muestran una falta de dignidad para convertirse en sucios servidores de los gerentes de las grandes compañías.

El alcalde de Matina ofrece favores sexuales a cambio de bacheos; el de Escazú que le hagan arreglos en la casa de la mamá en vehículos sin el logo de Meco; el de Alajuela intercambio de “favores” dando y dando; el de Osa que le eliminen esa “mierda” de la acusación penal que le impide ser diputado o el de San José que le “donen” miles de dólares para pagar abogados. Estos son sobre los cuales hay pruebas irrefutables, porque fueron grabadas sus conversaciones. ¿Cómo estará el resto de alcaldes, nos preguntamos?

El primer sentimiento que embarga a las gentes es el del asco, porque choca con una realidad que todos sabíamos que existía pero que ahora ha quedado claramente documentada en las grabaciones. Pero ese primer sentimiento se convierte en rabia y certeza que todos los políticos son corruptos y que por eso son motivo del desprecio de los ciudadanos. Por eso llaman “ladrón” al presidente, porque él encarna, con razón o no, la representación de todo ese grupo de políticos corruptos.

La verdad es que hasta a los más avezados, duchos o experimentados en la participación política, nos ha alarmado el nivel moral donde ha caído la política nacional. Esos dirigentes ya no tienen respeto ni por ellos mismos, son más pachucos que los pachucos, son más arrastrados ante los poderes económicos que nadie, son unos pordioseros de la ética, unos inescrupulosos que no se detienen ante nada, son los que utilizan el poder para su exclusivo enriquecimiento, son solo parásitos del pueblo.

Ante estos hechos tan repugnantes, es impostergable actuar con la fuerza necesaria para dar un vuelco radical y acabar con todo ese grupo, no solo para pedirles que se vayan, sino para obligarlos a irse.

¿La reforma a la reelección de autoridades políticas resolverá el problema?

Vladimir de la Cruz

Cuando se dispuso separar la elección de Alcaldes de la elección nacional, y le siguió la elección de los miembros de los Consejos Municipales y Distritales, en la misma dirección, primero la de Alcaldes en el 2002 y luego los otros puestos concejales, a partir del 2006, haciéndolas el mismo año electoral, pero a finales, en diciembre, luego de la nacional, que se hacía en febrero, hasta que se llegó a separar totalmente el proceso en el 2014, que de manera excepcional, se prolongaron sus mandatos por seis años, hasta el 2020, para regularizar a partir de ese año 2020, períodos nuevamente de cuatro año, acordes con los períodos presidenciales y legislativos, fue para darle mayor importancia a las Municipalidades y sus respectivos cantones. Así cada dos años habrían elecciones, unas nacionales y otras municipales, cada uno de estos procesos electorales para elegir autoridades con mandatos de cuatro años, las municipales con posibilidad de reelección consecutiva. En el 2002, 2006 y en el 2010 el impacto de las elecciones nacionales quedó grabado en los resultados de las elecciones municipales que le siguieron cuando los partidos gobernantes, Unidad Social Cristiana en el 2002, el 2006 y el 2010 obtuvieran la mayoría bastante amplia, sobre los otros partidos, de los alcaldes electos. Empezó a cambiar esta situación en el 2016, cuando el Partido Acción Ciudadana, ganador en el 2014, no tuvo el músculo político de la elección de febrero de ese año, y tuvo que enfrentar las elecciones municipales en el 2016, con dos años de gobierno en marcha, cuyo resultado municipal no se le reflejó positivamente, sin obtener mayoría política de las municipalidades, que seguían mayoritariamente en manos de los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

Con ello, con estas elecciones separadas, a los pueblos, conjunto de personas, de cada cantón, habitantes y electores, se pensaba en rematar en el fortalecimiento de la democracia representativa y electoral, para la mejor escogencia de sus autoridades políticas, separada su elección de la nacional presidencial y de diputados. Era para que los ciudadanos de los cantones pudieran concentrarse en sus propias autoridades, en su propio gobierno, para hacerlo más democrático, más directo, para participativo, y quizá también más efectivo. Eso sigue siendo válido.

El Código Municipal, antes que el Electoral nacional, establecía como figuras importantes la reelección consecutiva, el Referéndum, el Plebiscito y la Revocatoria de Mandato. Estas figuras poco se han practicado en el país. Los partidos políticos nacionales, que “mandan” teóricamente a los cantonales, de la misma bandera, no les ha interesado fortalecer estas figuras de movilización, de discusión y de poder ciudadano, ni a nivel local y mucho menos a nivel nacional. Algo parecido sucede a nivel nacional, con el Referéndum y el Plebiscito que son tan solo letra muerta en la Constitución Política, por esa abulia política que tienen los partidos y sus dirigentes políticos, y porque no les interesa empoderar o darle poder a los ciudadanos.

En ese sentido, en las municipalidades, se arrastraba la experiencia, la tradición y la legalidad de que las autoridades municipales podían elegirse continuamente, mientras sus electores así lo hicieran y quisieran en reconocimiento a obras de trabajo municipal y de buen ejercicio, sano, honrado y honesto, de gobierno local. Era al mismo tiempo una mejor escuela para la formación futura de dirigentes políticos nacionales, de donde podían ir saliendo hacia la Asamblea Legislativa, las instituciones del Estado, y los mismos Ministerios, con posibilidad de que algunos de estos dirigentes pudieran formarse con aspiraciones presidenciales, como resultado de una larga carrera política y administrativa, como hemos visto recientemente que han aspirado a luchas esas candidaturas nacionales. Al interior de algunos partidos importantes y nacionales, como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, de hecho los dirigentes municipales han acaparado la toma de decisiones importantes y se han impuesto hasta las Asambleas Nacionales quitándoles poder de nombramientos municipales y restringiendo, incluso, potestades, de los que salían candidatos presidenciales de esos partidos. Ese ha sido, como hemos venido viendo un camino a la muerte de la democracia interna de esos partidos, al autoritarismo municipal que les ha surgido, y a los cacicazgos locales, a veces con dudosos apoyos financieros municipales, y de sus campañas electorales, asociados a grupos tenebrosos de las narco mafias locales, lo que devienen en los liderazgos apadrinados por ellos originando la narco política y los dirigentes políticos sostenidos por estas redes de poder mafioso, y por la macabras y tenebrosas redes de los negocios que ellos mismos fraguan.

Los escándalos de corrupción que sacuden a algunas autoridades, personajes, municipales, nacionales y empresariales, por la telaraña que han construido con el tiempo, de favorecimientos mutuos, con perjuicio al interés público, nacional y municipal, a las obras, que resultaban mal hechas, a propósito, porque el negocio estaba también en la reparación constante de ellas, y no solo en la adjudicación de los carteles para sus construcciones, y por el daño resultante a la imagen pública de la democracia política, de los políticos, de las autoridades políticas, de los partidos políticos, a los cuales están ligados estos personajes, la confianza y fe pública en los procesos administrativos, a la seguridad jurídica que se supone debe haber en igualdad de trato para todos los ciudadanos, y para los mismos empresarios, que también algunos de ellos salieron afectados por este matrimonio y concubinato empresarial discreto, casi secreto, que habían establecido, hoy evidencia que la profundidad de este daño y de esta presencia en prácticamente en todo el país, en todas las municipalidades, especialmente donde estas empresas cuestionadas han actuado, y que deben investigarse a fondo, y con la mayor amplitud posible, si de verdad se desea acabar con esa hidra y con esos tentáculos. Recuerdo hace pocos meses en el Cantón de Santa Cruz, como la municipalidad cerró una calle pública, a Playa Mantas por favorecer intereses hoteleros locales, y la mantiene cerrada sin posibilidad para ningún costarricense, de hecho de poder llegar a esa playa por el camino existente, sobre el cual volcaron árboles para impedir el tránsito de vehículos. En este caso hasta la policía local está comprometida en este mafioso negocio, porque la misma policía impide el paso, aspecto que también debe ser investigado, como debe suceder en otros sitios.

Es igual que los negocios de las grandes construcciones, cuyos alcaldes, tiene capacidad de exonerar de ciertos pagos, que pueden ser multimillonarios según la inversión, a empresas constructoras, especialmente de condominios, y de torres condominiales, aspecto que también se puede investigar, seguro que dará positivos resultados, mientras a pequeños constructores, o a personas esas mismas autoridades municipales les ponen todas la trabas posibles para sus posibles proyectos habitacionales o de construcción. Conozco casos.

El punto en debate que se quiere introducir, casi como un distractor de la corrupción, es el de la reelección de alcaldes y de autoridades municipales, porque el de las autoridades nacionales no tiene discusión porque ya hay impedimentos de reelección consecutiva. ¿Por qué no se discute el caso de la reelección de partidos políticos, que son los que nombran y escogen a esas personas que salen malas personas? El que es pillo es pillo, el que roba poco termina robando mucho. El que tiene ocho o más años para ver que roba, tratará de robar en cuatro, si eso es lo que le ofrecen en posibilidad. Son las personas, son los candidatos los que hay que escoger, que sean buenos, correctos, honestos, honrados. ¿Pueden escogerse en un partido políticos buenos y honestos candidatos? Con limitarles el plazo de gobierno no les van a limitar su ansiedad por enriquecerse si el puesto se los permite. Con más avidez, gula y glotonería política irán. Y si están apoyados por grupos mafiosos, de cualquier naturaleza que sea, con más rapidez tratarán de actuar, hasta para dejar “herederos” del puesto, para hacer que la correa de trasmisión siga funcionando. Con limitar el plazo de gobierno de una autoridad a un solo período no van a acabar con la corrupción si no es la corrupción la que debe atacarse, si no es a los corruptos a los que se debe castigar y de manera ejemplar ante la sociedad nacional. Que el que se meta en ese camino sepa que de ser agarrado va a sufrir las máximas penas posibles.

Lo que hay en trámite legislativa son cantos de sirena contra autoridades políticas futuras pero fantasmas, suponiendo de previo que en ese futuro, que se regulará por esos cambios que se desean introducir todos los futuros alcaldes, y miembros de los consejos municipales y distritales son desde ahora concebidos de manera corrupta, salvo de que de previo demuestren lo contrario, lo cual es difícil. La corrupción se da en acto, por quien es corrupto, no de naturaleza, sino porque ha desarrollado una conducta, una moral y un ética de la corrupción, que le permite justificar lo que hace.

Con los límites al ejercicio del poder no se le está metiendo ningún límite a la corrupción ya existente. Ya lo veremos. Lo único que están haciendo algunos diputados con esa discusión es tratando de lavar su conciencia política, la de sus partidos, la de saber que ha hecho malas escogencias. Hay que dejar de hacer esas malas escogencias. ¿Pueden hacer esto los partidos? Para estas elecciones ya no lo hicieron. Veremos los malos frutos si sembraron malas semillas. Para las elecciones del 2022, de alcaldes y de consejos municipales, estaremos pendientes de por dónde va la comparsa política.

Los que están interesados en golpear partidos políticos, en esta lucha, de pronto alimentarán, con sus posiciones las tendencias autoritarias, despóticas y populistas, de cualquier tipo, quizá más peligrosas que lo que se quiere combatir hoy. La improvisación de dirigentes políticos, en todos los niveles de la vida y organización democrática, va a ser una de las variantes más peligrosas.

Urrú

Luis Fernando Astorga Gatjens

En el diccionario de costarriqueñismos de Carlos Gagini aparece el vocablo «urrú» con las acepciones de podrido, carcomido y apolillado. Se utiliza este calificativo para definir la condición de un árbol, que ya sea por la edad o por que le atacó una plaga, está podrido. Así aunque en muchas ocasiones el tronco todavía luce bien y conserva su corteza, su parte interna está descompuesta mientras bacterias, hongos e insectos hacen de las suyas.

Valga este símil para caracterizar al Estado y algunos estamentos de la sociedad costarricense, en este lóbrego bicentenario, por su profundo deterioro ético y moral, que se manifiesta en los múltiples actos de corrupción que involucran tanto a actores públicos como privados.

Lo que se ha estado dando a conocer a través de las declaraciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), forma parte de un cadena de actos y procesos, que con certeza no muestra toda la dimensión de la corrupción en el país. Cochinilla, Azteca y Diamante son manifestaciones de una grave enfermedad –económica, política y social– que expresan el alcance de un fenómeno estructural.

Es seguro que emergerán más escándalos de corrupción ya sea en las municipalidades como otras entidades públicas, donde funcionarios corruptos se ponen de acuerdo con agentes privados, para obtener pingües ganancias. Se trata de perniciosas sociedades donde el corrupto y el corruptor le roban al erario público, de manera inescrupulosa.

El daño que ocasionan las acciones de corrupción son enormes tanto en el campo económico como en la lógica desconfianza que generan en el pueblo y que lo hacen concluir que no existe honradez ni probidad en las acciones y responsabilidades de los funcionarios públicos.

La podredumbre del Estado en materia de corrupción nos viene de lejos: Caja-Fischel, Alcatel, la Trocha, el Cementazo… Pero también es corrupción –como muy bien lo manifestó recientemente el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la ONU– el esconder las riquezas en paraísos fiscales (como lo muestran los Papeles de Panamá y los de Pandora), para evitar las responsabilidades fiscales, éticas y sociales, del pago de impuestos.

Mediante las distintas formas de corrupción, los funcionarios públicos corruptos y los corruptores privados han venido saqueando las finanzas del Estado en cifras que ya suman muchos ceros. Se trata de millones de colones y dólares que han encarecido obras públicas, las han atrasado, han afectado su calidad y el tiempo razonable de utilidad, han afectado programas sociales; entre otros perjuicios ocasionados. O dicho de otro modo: Han venido atrasando el desarrollo nacional y erosionado la democracia como un cáncer que hace metástasis tanto en el tronco como en distintas ramas del Estado costarricense.

La corrupción es una manifestación del egoísmo humano que se orienta por la premisa de primero yo, después yo y por último yo. La corrupción posibilita obtener dinero y riquezas, con facilidad y sin que lo que se obtiene sea fruto del esfuerzo y el trabajo productivo. Son acciones ilícitas que son contrarias a la solidaridad y a la responsabilidad social inspirada en el bien común.

En el presente, la corrupción en sus múltiples manifestaciones que tocan la estructura medular del Estado y la sociedad, son la expresión de la prevalencia de una doctrina económica y social, en la que se ha exacerbado el individualismo como nunca antes. El “sálvese quien pueda» que orienta el neo-liberalismo ha creado las condiciones idóneas para que se multipliquen los actos de corrupción, pequeños, medianos, grandes y gigantes. 

Este aserto no significa que en el pasado no se hubieran dado actos de corrupción. Ahí donde se junta poder político, ambición individualista y posibilidades de dinero fácil, puede aparecer el acto de corrupción. Pero se manifestaban como acciones aisladas. Mientras tanto en el presente neo-liberal son tan numerosas y sistémicas, que el urrú es la condición dominante del árbol estatal del país.

La pregunta que surge es cómo combatir esta grave enfermedad que daña al Estado de Derecho y la democracia costarricense. 

En primera instancia, es encomiar la labor de la Fiscalía Anti-Corrupción y el OIJ es sus labores escarmenadoras. Es seguro que tendrán mucho trabajo por delante.

Lo otro es el escarnio público y el repudio social a los corruptos. Obviamente que debe existir respeto ante el debido proceso; sin embargo, cuando el cinismo y el engaño salen de la boca de los corruptos y sus defensores de oficio, el rechazo social por el daño ocasionado debe emerger de inmediato.

La lucha contra la corrupción debe asimismo contar como antídoto con el fortalecimiento de las responsabilidades y labores de fiscalización en la administración de los recursos públicos y en la rendición de cuentas de las distintas instituciones, sean del gobierno central, entidades autónomas, Asamblea Legislativa y Poder Judicial. Del mismo modo es necesario generar normas que permitan la confiscación de bienes de actores privados que se han enriquecido, de manera ilícita, con recursos públicos.

Esta lucha debe contar con un frente estratégico que es hacer efectiva la democracia participativa –como lo establece el artículo 9 de la Constitución– para que el pueblo costarricense, se convierta en el mejor vigilante del mejor manejo de los recursos públicos.

Los recientes escándalos de corrupción y los que le precedieron obligan a situar este tema en el debate electoral. Muchos candidatos han sido salpicados de muchas maneras y quieren quitarse el lodo con frases efectistas y prefabricadas. Es necesario dar un seguimiento riguroso y atento a sus respuestas. Es un deber cívico aplicar el voto-castigo a los candidatos corruptos así como el voto-premio a quienes tienen techo de acero y una trayectoria limpia.

Cabe aquí recordar y hacer efectiva esta frase lapidaria, en nuestra lucha permanente contra la corrupción, del prócer José Martí: «Quien presencia un crimen en silencio, lo comete».

(18 de noviembre, 2021)

Una estructura criminal

Óscar Madrigal

De esta manera califica el Ministerio Público y el OIJ la forma de operar de la corrupción en las municipalidades intervenidas.

Desde hace mucho tiempo se ha dejado de considerar a la corrupción como el producto de una fruta podrida, del efecto de una persona que corrompe a las personas de su rededor. La corrupción, pública y privada, es una forma de crimen organizado, de la existencia de grupos debidamente estructurados para enriquecerse de manera ilegal.

La estructura criminal en esas municipalidades parte de un grupo privado, de un empresario, que teje junto con los alcaldes una organización para delinquir, para otorgar prebendas, privilegios y negocios ilegales a cambio de dádivas, coimas o favores; produce un enriquecimiento mutuo, de empresarios y altos jerarcas de instituciones. La estructura criminal o de crimen organizado es tanto externa, con el empresario, como interna con los subalternos del jerarca que realizan funciones para cuidar las espaldas al alcalde y favorecer sus corruptelas.

En el caso de la operación Diamante se ha puesto en evidencia la corrupción que gira alrededor de la concesión de obras viales, una parte de la obra pública. Pero si se escarbara un poco más también veríamos los grandes negociados en parquímetros, obras en parques públicos, desarrollo inmobiliario o patentes, para citar algunos.

La formación de estas estructuras criminales es favorecida por la reelección indefinida de los alcaldes, los cuales han tenido décadas para crear esa red de compromisos y favores. Tal vez el caso más emblemático sea el de San José, pero eso se repite en la mayoría de los gobiernos municipales.

La operación Diamante saca a la luz pública las relaciones amistosas de pagos de favores, de compromisos o amistades íntimas para influir en procesos judiciales, resoluciones de los más diversos órganos y hasta la elección de cargos importantes en instituciones y órganos del Estado, favores que luego tendrán que pagarse.

El Estado costarricense viene desde hace muchos años manejado por una red de intereses políticos y económicos que han corrompido a las instituciones: diputados eligen magistrados para luego cobrar esos favores, políticos de fuste ponen sus fichas en tribunales, instituciones públicas, de control, fiscalización o regulación, personas nombradas para ejecutar u omitir deberes. Es la corrupción que está carcomiendo nuestra democracia y que solo una sacudida o un cambio en grande podrá recuperar.

Ahora bien, esta estructura criminal solo ha sido posible construirse con la complicidad activa de los Partido Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana. No es casualidad que de los alcaldes detenidos 5 sean del PLN; y es así porque ese Partido ha prohijado y alcahueteado, ya sea por acción o por omisión, la construcción de esas organizaciones criminales.

En 2010 se tuvo la quijotada, Gloria Valerín y Xinia Escalante, de pelearle la alcandía a Johnny Araya. Fue una experiencia formidable, la lucha contra una maquinaria total, de escritores, desarrolladores inmobiliarios, los principales dueños de ventas de vehículos, los dueños de los canales de televisión, especialmente de Canal 7, los importadores, los comerciantes, funcionarios municipales, grupos comunales comprometidos con favores o sacos de cemento, en fin un enfrentamiento con una gigantesca estructura clientelar, de comunidad de intereses y de favores, frente a la cual era imposible disputar el cargo.

Solo la ambición y el sentido de impunidad que llegan a sentir personajes como estos alcaldes, es lo que los hace traspasar los límites más laxos impuestos por el sistema. Y en este momento caen.

Y cuando caigan, el sistema los abandonará para volver a recomponerse. Ese ha sido el círculo de la lucha contra la corrupción en Costa Rica hasta que no se produzca un auténtico y profundo cambio de valores y de actores.