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Etiqueta: narcotráfico

Pronunciamiento: La violencia social constituye una de las principales condiciones que deterioran la salud mental y el bienestar integral de las personas

Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica

Ante la creciente ola de violencia que, en sus diversas manifestaciones, viene sufriendo la población costarricense, retomando la inquietud de una cantidad significativa de sus integrantes acerca del particular y al tenor de la responsabilidad y el compromiso ético de nuestro Colegio, la Junta Directiva del CPPCR, da a conocer públicamente las siguientes consideraciones y propuestas.

Partiendo de que:

  1. Todos los indicadores de violencia muestran una curva de crecimiento a lo largo de los últimos años, con un nivel de generalización que abarca prácticamente cualquiera de sus formas de manifestación.
  2. La violencia social constituye una de las principales condiciones que deterioran la salud mental y el bienestar integral de las personas.
  3. La violencia social se manifiesta de diversas formas, con diferentes actores y escenarios. Sin perjuicio de ello, esa violencia debe ser asumida de manera integral, tanto en sus consecuencias como en sus múltiples orígenes.
  4. Al tener diversas y complejas manifestaciones, resulta contraproducente y peligroso reducir estos grandes fenómenos a una visión “psicologista” de la realidad. Es decir, si bien algunas situaciones pueden y deben ser explicadas y afrontadas con individuos concretos, con sus propias vicisitudes y su “mundo interno”, ello no puede ser desprovisto de su contexto socio histórico que le da sentido. La explicación y abordaje de la violencia incluye una dimensión subjetiva, pero no se agota ahí, debe incluir las condiciones objetivas que la determinan y la explican. Por lo tanto, es imprescindible acudir a una perspectiva social más amplia, que involucra a otras disciplinas y saberes.
  5. La generalización de esta violencia necesita considerar el deterioro de la calidad de vida del grueso de la población. Desde la década de los noventa, todos los indicadores apuntan a un alarmante aumento de la brecha social y un sistemático deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población. Pasamos de ser un país con amplios sectores medios y baja inseguridad, a ocupar actualmente uno de los peores lugares en América Latina y entre los países de la OCDE. Factores íntimamente asociados a este creciente deterioro son el sistemático recorte de los programas sociales y la concentración de políticas dirigidas a favorecer a pequeños sectores orientados por el clientelismo político, así como el favorecimiento de crecientes procesos de corrupción.
  6. Es evidente que el sistema le ha fallado a amplios sectores de la población, por lo que es evidente un creciente cansancio en la gente, que lleva al resentimiento, al enojo, a la desesperanza y a su escalamiento al no ver resueltas sus necesidades más básicas y al sentirse engañados por la clase política del país. Estos sentimientos son un perfecto caldo de cultivo para el desarrollo de una cultura de violencia.
  7. Al mismo tiempo, la decepción, el desencanto y el enojo favorecen a su vez alternativas políticas de tipo autoritario, aderezadas con el creciente y alarmante papel del narcotráfico en nuestros países, en los que montan su negocio y reclutan a personas, sobre todo jóvenes. Estas circunstancias han acelerado el proceso de normalización de la violencia y ayudan a legitimarla como forma de interacción social habitual.
  8. Dentro de esta dinámica de creciente violencia, se comprueba el redireccionamiento de las emociones negativas hacia grupos determinados que reciben con más énfasis la carga afectiva y los procesos de exclusión, dirigidos principalmente contra la niñez y la adolescencia, contra personas con discapacidades, contra personas migrantes, contra las mujeres, contra personas LGBTIQ+ y contra personas adultas mayores, entre otras. A este respecto, es sobrecogedora y en niveles de agresividad. Las acciones dirigidas a individuos particulares deben ser entendidas en ese contexto sociocultural más amplio.
  9. A todo lo anterior se abona la actual dinámica de las redes sociales, en las que fácilmente se acusa, se juzga y se sanciona a cualquiera, con derivaciones tan serias como, por ejemplo, el suicidio en personas adolescentes. Del mismo modo, debe contemplarse el aparato mercadológico cada vez más sofisticado y orientado a generar y reforzar patrones compulsivos de consumo, mediante el reforzamiento sistemático de hábitos, actitudes y comportamientos contrarios a una cultura de paz.

Dado lo anterior:

  1. Esta JD se compromete a fomentar, con carácter de urgencia, una amplia participación del conjunto de colegas en unas jornadas de reflexión que permitan, en un diálogo abierto, un análisis profundo de toda esta situación y en la construcción de las mejores alternativas de enfrentamiento. También se compromete a incorporar y gestionar las recomendaciones que se deriven de este proceso de análisis.
  2. Esta JD hace una excitativa general a sus integrantes para que, en sus actividades profesionales tomen como tarea urgente la reflexión y la toma de las medidas que sean posibles en aras de fomentar relaciones humanas más empáticas y solidarias. Esto como un imperativo ético y de responsabilidad de nuestro quehacer.
  3. Hacemos una alerta máxima ante la violencia de género, dadas las características y la dinámica de ensañamiento que está tomando. Las medidas por tomar tendrán que abarcar las de corto, mediano y largo plazo, ampliando o rectificando lo hecho hasta el momento.
  4. Instamos a la prensa y a la población que accede a las diferentes plataformas a tener el mayor cuidado en el momento de publicar y exponer escenas de agresiones, mutilaciones y asesinatos. La exposición a estos materiales puede conducir a exacerbar procesos de modelaje de ciertas conductas y a aumentar la sensación de inseguridad. Así mismo, exhortamos a las personas colegiadas que sean entrevistadas en medios, para que no repliquen visiones cortoplacistas, simplificadas o hiper individualistas de este doloroso y complejo fenómeno.
  5. Exhortamos a toda la población a que procure desarrollar una cultura de paz y la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. El Colegio tiene a disposición el Centro Integral de Resolución de Conflictos (CIREC) que, a cargo de profesionales con capacitación y amplia experiencia, puede colaborar para ese propósito.
  6. En nuestro criterio, debe haber una mayor inversión en los ámbitos de la educación, la salud, la seguridad y los organismos de investigación. Por lo tanto, hacemos un respetuoso, pero vehemente, llamado al gobierno para que modifique sus políticas sociales. También hacemos una clara advertencia acerca de las consecuencias al corto, mediano y largo plazo de no rectificar la línea que está imponiendo. De no modificarse la orientación actual, pronosticamos un empeoramiento de la situación en dimensiones y consecuencias insospechadas.

Comisión AD-Hoc para el abordaje de la Violencia Social en Costa Rica del CPPCR.

Fuente: https://psicologiacr.com/pronunciamiento-la-violencia-social-constituye-una-de-las-principales-condiciones-que-deterioran-la-salud-mental-y-el-bienestar-integral-de-las-personas/

Compartido con SURCOS por Marco Vinicio Fournier.

Se entrega la soberanía

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

La foto recuerda al presidente Chaves fuertemente custodiado por guardaespaldas con armas de grueso calibre, una foto indigna para nuestro país. Ante la crítica, el presidente Chaves contestó que se debía a que estaba tocando los grandes intereses del narcotráfico: “vean estamos poniendo escáner tocando los grandes intereses de los carteles, que impedirá que un solo gramo de droga salga de nuestros puertos, ¿cómo no debo cuidarme?”.

Independientemente de valorar que el escáner no sirvió de mucho, unos días atrás el ministro Nogui informó al país que no había plata para la instalación de los otros dos escáneres y que su manteniendo costaba mucho dinero (esta noticia se lee el 22 marzo en La Nación). El presidente Chaves renunciaba a tocar los poderosos intereses del narco, para usar sus palabras.

Sin embargo, la generala Laura Richardson jefa del Comando Sur del Ejército de los EEUU ya había ofrecido que su país y su ejército otorgarían 4 escáneres al país, los cuales regalaría junto con su instalación y mantenimiento. En otras palabras, que el control directo de la exportación e importación de cocaína estaría en manos del Army. El país solo pondría y tal vez, la electricidad. Todo quedaría en manos del ejército gringo con la contribución de la DEA.

La generala Richardson como buena militar imperial no se anda con pelos en la lengua; su interés -dice- es asegurar los intereses de EEUU en la América Latina, especialmente en dos campos: los recursos naturales y la eliminación de la influencia china. Por supuesto, todo en beneficio de los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos.

El contexto de esta política es la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, combatir la inseguridad. Ya en el pasado la lucha contra el narco y la inseguridad, como ahora, sirve para militarizar a los países y afianzar los intereses de la potencia norteamericana. En este ambiente las políticas que limitan y anulan la soberanía nacional, son bienvenidas por la ciudadanía sin que noten cuáles son los verdaderos intereses de fondo.

En la Asamblea Legislativa además de los proyectos para aumentar penas y disminuir derechos de los ciudadanos, también se proponen facilitar y ampliar todo lo referente a escuchas telefónicas, geoubicación, visualización de mensajes y cosas tan graves como el intercambio de información de este tipo entre policías de diferentes países. Ya sabemos que actualmente la Embajada de Estados Unidos tiene datos en tiempo real de toda la información y el monitoreo que hace el Centro dedicado a esta actividad en el OIJ. En otras palabras, sin que un juez lo ordene y sin que el cuerpo policial extranjero lo solicite. Y ¿cuál es la razón de ello? En primer lugar, la complicidad de los jueces y funcionarios encargados del Centro, así como de las autoridades judiciales. En segundo lugar, la amenaza de las policías estadounidenses de retirar el software de escuchas que regaló o prestó los EEUU a Costa Rica.

Un proyecto de ley en la AL quiere legalizar esta entrega.

En México el presidente López Obrador continuó la colaboración con la DEA y otras policías, pero no de manera como ocurría en el pasado que disponían por la libre de todo, sino ordenando y poniendo bajo la soberanía del país la información que se les entrega. Así debería ser en nuestro país.

Sin embargo, la generala Laura Richardson y demás autoridades estadounidenses se han encontrado con un presidente, Rodrigo Chaves, absolutamente convencido de entregar este país no solo a los bancos internacionales y al capital financiero, sino que también la soberanía política y judicial a otras instituciones y cuerpos del extranjero.

Estamos en presencia de un presidente, Rodrigo Chaves, tal vez el más entreguista de los últimos años.

Narcotráfico, ¿Cómo nos sentimos?

Alberto Salom Echeverría

Introducción

El narcotráfico se nos ha metido hasta por los poros, el país está inundado de muy diversas drogas igual que el resto de la cadena del tráfico en América Latina, pero al parecer, Costa Rica compite con ventaja en el trasiego de la droga.

Los entendidos en la materia comentan que la posición geográfica de nuestro país es ventajosa para los carteles de la droga que la acarrean de sur a norte; ahora les favorece también el abismo social que se ha abierto entre los muy ricos y los pobres, especialmente los que viven en la pobreza extrema; a lo anterior se une el considerable retroceso en el sistema educativo, el cual expele cada vez más niños y jóvenes de barrios pobres en las zonas rurales y urbanas que, engrosan la pléyade de los que quedan a expensas de las bandas de narcotraficantes. Todo se ha confabulado para crear un ambiente que nos deja muy expuestos al reclutamiento de mano de obra joven y en ocasiones hasta infantil, más barata para el “narcomenudeo”.

La droga recuerdo que penetró con mucha fuerza en jóvenes de estratos sociales “pudientes” económicamente, en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, cuando algunos fantaseaban sintiéndose como los “Beatles”, al fumar marihuana, aunque, sin instrumentos musicales, ni tampoco hacían gala de expresar sus exitosas y gloriosas canciones de fama mundial. Era, simplemente, algo caché y muy contagiosa entre nosotros. Sin embargo, aunque existía preocupación en los círculos gobernantes, no había tanto apremio, ni temor frente a la droga. Salvo uno que otro incidente, algunos muy sonados, pero, en nada se parecían a la auténtica guerra fratricida entre bandas que se libra ahora, usando como “carne de cañón” a nuestros muchachos reclutados en los barrios “bajos” de nuestras ciudades. Hoy la guerra está declarada entre pandillas y contra la institucionalidad, es decir, es una guerra contra todo y contra todos y, es sin cuartel y a “mano armada”. El crimen y el sicariato se han puesto a la orden del día y, el país se ha vuelto uno de los más inseguros de toda la región. Como si lo anterior fuera poca cosa, resulta que los procesos de judicialización en Costa Rica son de los más lentos de la región, de modo que nuestros organismos represivos se han tornado muy ineficientes para hacer frente a tan enorme desafío.

Breve descripción de la situación actual, principalmente del cannabis.

a. El trasiego de la droga: El comercio del cannabis como la droga de más alto consumo, se da tanto en el ámbito nacional como internacional. El interno, naturalmente es de mucho menor cuantía, pero su volumen no es nada despreciable. La mayor parte en él, es lo que llaman “narco menudeo”. El comercio internacional tiene como destino final Los Estados Unidos, el mayor consumidor de la droga cannabis en términos absolutos, seguidos luego por Australia, los países europeos, Canadá y México, entre otros. En el país, ya existe una producción importante especialmente de la droga de mayor consumo nacional que es también la marihuana. Sin embargo, sorprende saber que en términos de consumo per cápita de mayor a menor, los diez países donde más se consume en la población entre los 15 y 64 años son: 1. Chile, 34,8%; 2. Canadá, 32,7%; 3. Papúa Nueva Guinea, 29,5%, 4. Israel, 27,0%, 5. Palaos, 24,2%, 6. Islas Marianas del Norte, 22,2%, 7. Ghana, 21.5%, 8. Guam, 18,4%, 9. Islandia, 18,3%, 10. Estados Unidos, 16,2%. (Cfr. Sumpter, Luke. “¿En qué países se fuma más Hierba?” Extraído del Informe Mundial Sobre Drogas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Actualizado al 2024). En el plano internacional, según datos también de las Naciones Unidas, la droga que más se compra y vende en el mundo es asimismo el cannabis o la marihuana y el mayor consumidor en términos absolutos, son Los Estados Unidos. (Cfr. “El Mapa del consumo de cannabis en el mundo. elordenmundial.com. EOM, 2015-2021.) De ahí la importancia que ha cobrado Costa Rica, por poseer costas en ambos mares, en el Caribe y en el Pacífico, lo que, en teoría facilita su traslado hasta los Estados Unidos.

b. El proceso legislativo del cannabis: En vista de que el país tiene años de estar lidiando con esta droga, se han creado una cantidad de leyes, supuestamente para favorecer el proceso de denuncia e incautación de esta mercancía (y posteriormente con relación a las demás drogas, las que, han experimentado la misma suerte). La legislación ha alcanzado a varias instituciones de su incumbencia, tanto preventivas como represivas, como son: el ministerio de Seguridad Pública, el ministerio de Educación Pública, el OIJ y otros organismos policiales, el IAFA, la Caja Costarricense del Seguro Social, por su competencia en el ámbito de la salud y la prevención.

De modo que, para enfrentar hoy el poderío del narcotráfico en este frente, debe existir una estrecha coordinación entre todas estas instituciones y otras que no hemos mencionado. Así las cosas, se ha creado una maraña institucional de una complejidad “Kafkiana”, como es común en nuestro país, por ser super legalista. La lista se ha visto agrandada más recientemente para poder vérnosla, como país, con las demás drogas que han inundado nuestro mercado lícito e ilícito. Entre estos formidables vericuetos hemos quedado atrapados, y hemos tenido que andar, desde luego, moviéndonos con enorme dificultad. Los organismos internacionales y, muy especialmente los organismos de seguridad y represivos de Los Estados Unidos, con los que coordinan nuestras autoridades, atribuyen a ello la alta ineficacia de la institucionalidad para responder con la prontitud que es necesaria a las exigencias de la incautación de la droga, a la represión y detención de los pandilleros que, por su parte se juegan la vida trasegando ilegalmente los diferentes tipos de droga que ingresa en nuestro territorio principalmente desde el sur de América, los que más recientemente se producen en nuestro propio suelo y, la droga que se fabrica en laboratorios clandestinos.

Hay tres tipos de organizaciones ilícitas o clandestinas que se han inmiscuido en este lucrativo negocio: unas son de origen interno y operan ya por todo el territorio nacional donde se han formado mercados ilícitos; otras son las poderosas organizaciones internacionales de diversos orígenes con las que, las internas coordinan y establecen lazos muy sólidos en su relación, las terceras son empresas profesionales intermediarias, cuya labor estriba en disfrazar sus ganancias ilegítimas, para darles una apariencia de legalidad.

Pero también, esta madeja de organizaciones ilícitas ha provocado en todas partes enfrentamientos armados, con armas inclusive de grueso calibre. Costa Rica se ha convertido en un escenario privilegiado de los carteles de la droga. Las pandillas se mueven con cierta soltura, andan armados surcando diferentes barrios tanto en la capital, San José, como en otras ciudades. Las balaceras y las muertes de jóvenes están a la orden del día. El común de los mortales nos sentimos molestos, furiosos y preocupados por nuestros vástagos y por toda la niñez y juventud costarricense, en especial por aquella que no tiene que ver con la droga, pero que de pronto, jóvenes estudiantes o no, se ven alcanzados por el cruce de fuego entre pandillas, o son atemorizados por el sicariato.

Empresas profesionales intermediarias en el negocio del trasiego de la droga han aparecido.

Entre todo este “nuevo mundo” alborotado por las trifulcas de una guerra no declarada, nos insubordina enterarnos con harta frecuencia, de la aparición de “empresas profesionales”, intermediando en operaciones comerciales ilícitas multimillonarias de la droga en sus múltiples manifestaciones, por medio de lo cual logran disfrazar super ganancias ilegítimas también.

Costa Rica se ha convertido en un eslabón importante en la cadena de países productores y consumidores del cannabis y otras drogas aún más dañinas para el organismo humano; esta cadena se ha entrelazado de sur a norte del continente americano. Asimismo somos, como país, una “zona regional” de la logística de los carteles que, desde aquí, preparan y promueven los envíos hasta Europa.

Las debilidades que presenta nuestro país en la incautación de la droga y la represión de los carteles involucrados, en parte como resultado de los escasos recursos, ha hecho más complejo el trabajo entre autoridades nacionales represivas y las instancias de prevención y control.

No se trata ya de vernos como víctimas de la oferta y la demanda de la droga, ahora se trata además de ello, de migrar a un concepto más moderno, que requiere una concatenación entre esferas, éstas son: a. El tema de la salud pública frente a la acechanza de la droga en nuestro suelo b. La esfera de los derechos humanos que son violados por los carteles constantemente, al asaltar a mansalva a nuestros jóvenes y niños. c. La esfera de la droga y el delito. d. La esfera importantísima del desarrollo humano sostenible que, se encuentra articulado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030 de la ONU.

Me ha espantado encontrarme con los datos del IAFA del 2015, respecto de sustancias psicoactivas (entiendo que la pandemia provocó un atraso de datos más recientes). En las estadísticas encontramos, un aumento del consumo de marihuana, que es como una puerta de entrada para el consumo de otras drogas más dañinas, tanto entre las personas que solamente han consumido una vez en la vida, como en los demás segmentos: aumentó el consumo entre los que lo hicieron al menos una vez en el último año, y también creció el número de los que consumieron la droga por lo menos una vez en el último mes. Por otra parte, hubo un aumento sensible en el consumo de la heroína, los hongos alucinógenos y el éxtasis, aunque en proporciones mucho menores con relación al cannabis. Aumentó el consumo de la cocaína y el crack, entre la población mayor de 15 años y hasta los 64, por parte de quienes consumieron estas sustancias psicoactivas al menos una vez en la vida. Por último, se observó ya por seis informes que las drogas de mayor consumo son: el alcohol, el tabaco y la marihuana; seguidos de psicotrópicos como son los hongos, el éxtasis y la heroína a partir del 2015. Me ha resultado en particular, sumamente preocupante saber que -aunque en bajas cantidades- la droga considerada por la investigación científica como la más peligrosa, el fentanilo, ya se está consumiendo en Costa Rica (Cfr. ://Delfino.cr>2023/08. “El Fentanilo y sus repercusiones.”).

Conclusión.

Más recientemente, al leer la crónica en los diferentes periódicos nacionales, en su versión impresa o digital, me conturba y perturba a la vez el espíritu, observar las declaraciones del presidente de los costarricenses, Rodrigo Chaves, cuando afirma, lavándose las manos, frente al hecho de que, el 2023 fue el año más violento de la historia, que la sociedad costarricense en su conjunto (víctima por antonomasia de la droga, afirmo yo), está en pie de igualdad con el Gobierno, frente a esta circunstancia. Enseguida sostuvo que, carecemos de los suficientes mecanismos para enfrentar a los carteles de la Droga, por cuanto no tenemos ejército. Otro tanto se permitió externar la embajadora Telles de los EE. UU. Ella afirmó literalmente, que la facilidad con la que se trafica la droga a los Estados Unidos es debido entre otras cosas a que: “…Costa Rica no tiene Ejército, está indefenso, comparado tal vez con otros países…” (Cfr. Altamirano B., Yiren. “Costa Rica es el país número uno en el traspaso de drogas”. La Nación. Lunes 18 de marzo del 2024. Pp. 11).

Si fuera cierta semejante afirmación, Panamá, que ya no tiene ejército y que, a pesar de ello, está reputado como un país exitoso para enfrentar el trasiego de la droga hacia los Estados Unidos, tendría que haber corrido la misma suerte que Costa Rica. Incomoda demasiado y lesiona nuestro espíritu civilista, leer a la misma embajadora de los Estados Unidos, seguir resaltando como una indefensión, el hecho de que nuestro país carezca de ejército; irrita todavía más que detrás de ella, expresara lo mismo el presidente de la República. Parece como si ambos estuvieran acicateando la formación de un ejército que, para nada necesitamos. Ninguna de estas dos personas muestra sensibilidad, ni capacidad para dimensionar las enormes bondades y ventajas que ha derivado Costa Rica por no tener ejército, ya por más de 73 años. ¡Qué desazón!

El negocio de las drogas

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

Decía ayer el director del OIJ en un noticiario que un búnker que habían desmantelado en un barrio del sur de San José “producía” 15 millones de colones al día y subrayaba que era al día. Imagínense, decía, lo que puede producir al mes.

Ese búnker le genera a los narcotraficantes alrededor de 450 millones, al mes, 5.400 millones de colones al año. ¿Cuántos búnkeres existirán en todo el país? Podríamos calcular que pueden existir unos mil, siendo conservadores. La cifra generada por la venta de narcóticos, en el mercado interno, en Costa Rica, es astronómica: 5.400.000 de millones (casi 5 y medio billones) de colones al año. Como sucede con estas cifras tan enormes (igual pasa con la cantidad de millones que poseen los Gates y compañía), el cerebro humano no está en capacidad de imaginar semejantes sumas.

De esta revelación se deducen varias interrogantes: ¿Qué se hace con toda esa enorme cantidad de dinero? ¿A dónde va a parar? ¿Cómo y dónde se lava? ¿Cuánto representa ese monto de dinero en kilos de coca? ¿Cómo no se decomisa?

El país está escandalizado por el aumento de la inseguridad, ligada sobre todo al comercio de las drogas y los llamados “especialistas” solo proponen medidas para encarcelar a los pequeños traficantes, pero ¿por qué no seguirle la pista al dinero? Porque lavar 5 y medio billones de colones no debe ser tarea fácil. ¿O por qué no fortalecer las policías encargadas de evitar la entrada de las drogas?

Históricamente, Costa Rica se convirtió en santuario de los narcotraficantes y mercado de la cocaína desde 1983 en el gobierno de Luis Alberto Monge, cuando la CIA y la DEA intercambian armas por coca en el Norte del país para ayudar a la contra. Desde ese tiempo -que ahora nadie recuerda o se hacen los tontos- se montó la estructura narco nacional, con la complicidad de las autoridades nacionales y la embajada estadounidense.

Está totalmente comprobado que el negocio de la cocaína y demás drogas fue montado, tolerado y promovido por la CIA y el gobierno de EEUU.

Ahora nuestros países están soportando las consecuencias de esos actos y, como es evidente, poniendo los muertos, la desgracia y la inseguridad ciudadana.

Al final se termina pensando si realmente hay un interés del Gobierno, de los altos mandos policiales y de las agencias internacionales como la DEA y la CIA, por querer poner fin al contrabando y comercio de las drogas.

El narco cambió la historia de América Latina

En el vídeo que compartimos el sociólogo Miguel Sobrado nos habla sobre los cambios históricos que ha pasado Latinoamérica debido al narcotráfico, este se publicó el día 26 de febrero y fue transmitido por medio del canal de YouTube de Prisma Latinoamérica.

América Latina: las implicancias de EEUU en Ecuador

Pablo Ruiz*

Las imágenes vistas en Ecuador, en enero pasado, en que un grupo de encapuchados armados se tomaron un canal de televisión fueron impactantes, sin la menor duda. Los grupos criminales, vinculados al narcotráfico, siguen en aumento en Ecuador y en tantos de nuestros países de América Latina impulsados por el rentable negocio de la droga que se consume, en su gran mayoría, en los Estados Unidos y Europa. 

Paralelamente, durante la última década, Ecuador nuevamente está siendo tomado por el gobierno de los mismos Estados Unidos que bajo la bandera del narcotráfico ahora, incluso, ha anunciado un nuevo plan de seguridad de cinco años para Ecuador. 

Es necesario recordar que la fuerte presencia militar de Estados Unidos en Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína a nivel mundial, y su lucha contra el narcotráfico, dirigida por el Comando Sur y otras agencias, ha sido un rotundo fracaso en esos países y lo seguirá siendo también en Ecuador. 

Mientras en los Estados Unidos, el principal consumidor de drogas a nivel mundial, no erradiquen las causas profundas que originan la demanda y no se desmonte la red de corrupción y tráfico que existe en los mismos EEUU -la que permite que la droga se comercialice- el negocio de la droga no podrá ser derrotado y los grupos criminales, al contrario, seguirán en aumento convirtiendo nuestras naciones en “estados fallidos” y excelentes compradores de sistemas y armas del Complejo Militar Industrial estadounidense. Buen negocio para ellos, por donde se les mire. 

Entonces la agenda de militarización que Estados Unidos está imponiendo en nuestro continente cada vez más sólo servirá para el control geopolítico de nuestras naciones, mantener la dependencia, e intentar alinearnos con sus políticas guerreristas.

Recapitulemos. A los pocos días de los hechos de violencia en Ecuador, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), la General Laura Richardson, y el Asesor Presidencial Especial para las Américas, Christopher Dodd, visitaron el país y se reunieron con el Presidente Daniel Noboa.  

“Esta visita –señaló INFOBAE– es una muestra del apoyo de Estados Unidos al Ecuador tras el aumento de la violencia. Además de la entrega de equipamiento y financiamiento para las fuerzas del orden, los Estados Unidos han explicado que han previsto un plan de seguridad para Ecuador con duración de cinco años con base a un acuerdo de cooperación marítima firmado entre ambas naciones”. 

El apoyo estadounidense al gobierno ecuatoriano, de acuerdo a una nota de la Embajada de EEUU en Ecuador, busca “profundizar la cooperación bilateral, incluso en materia de seguridad, cooperación antidroga, migración y desarrollo económico”. 

En concreto, el gobierno estadounidense ha facilitado a Ecuador más de 20.000 chalecos antibalas, más de un millón de dólares en equipamiento de seguridad, incluyendo ambulancias y vehículos de apoyo logístico para la defensa. También, en materia de cooperación, el FBI aumentará su personal en Ecuador en apoyo a la Policía Nacional y a la Fiscalía General. También el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU desplegará personal para apoyar el entrenamiento de la policía y la fiscalía; y la USAID aumentará el apoyo a sus programas de seguridad municipal, incluido el apoyo a las comunicaciones de crisis.  En dos palabras: Más intervención.

Involucrar a Ecuador en la guerra

Llamó la atención que la ayuda de EEUU a Ecuador, en enero pasado, llegará en el avión ucraniano Antonov An-124 al aeropuerto de Guayaquil. 

Este hecho es muy inusual. Un avión de un tercer país, más todavía de un país en guerra, como es Ucrania, trae el cargamento de EEUU a Ecuador.

Esto podría ser coherente en el escenario que muy posiblemente el verdadero motivo de la segunda visita a Ecuador de la Jefa del Comando Sur, Laura Richardson, no  fue en primer lugar la situación crítica que se vivía en Ecuador sino concretar la entrega de armas y equipamiento militar ruso, del que dispone Ecuador, anunciadas por el Presidente Daniel Noboa, al gobierno estadounidense a cambio de 200 millones de dólares en equipamiento militar “moderno” de EEUU.

 Esto explicaría el porqué de la presencia del avión ucraniano Antonov An-124 en Guayaquil. Qué mejor que enviar a Ucrania el armamento ruso directamente en un avión ucraniano y con esto saltarse las autorizaciones que posiblemente debe pedir al Congreso estadounidense cada vez más renuente a seguir brindando apoyo militar a Ucrania.

Recordemos que la generala Laura Richardson dijo, en un evento organizado por el think tank estadounidense Atlantic Council, en enero de 2023, que “Rusia tiene aliados en los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero otros seis países tienen equipamiento militar ruso. Estados Unidos está tratando de que esos seis países donen el equipamiento militar ruso a Ucrania y reemplazarlo con armamento estadounidense”.

Con esto, lamentablemente, Ecuador será el primer país de América Latina que sigue las órdenes y deseos del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos de enviar armas destinadas al conflicto armado que se desarrolla en Ucrania pasando por alto la neutralidad estratégica que nuestros países debieran tener de no involucrarse militarmente en ninguna guerra.  

Con esto Ecuador, pasa por alto el principio que América Latina y El Caribe es concebida como Zona de Paz violando el espíritu de la Proclama del 2014 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que este año cumple 10 años desde que se firmará en la reunión en La Habana, Cuba, y que aboga, entre otros compromisos, para que “las diferencias entre las naciones se resuelvan de forma pacífica, por la vía del diálogo y la negociación”. 

La militarización en Ecuador

No es nueva la injerencia de Estados Unidos en Ecuador. De acuerdo al sitio defensa.com ya el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, en agosto de 2023, entregó donaciones por  3,1 millones dólares a las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

De acuerdo al medio especializado, 1,1 millones de dólares fue para equipo militar; 1,3 millones de dólares para el Centro de Mantenimiento Fluvial para la Brigada de Selva 19 “Napo”; y 747.000 dólares para equipos de comunicación para la Brigada de Infantería de Marina San Lorenzo.

En septiembre de 2022, una nota de la Agencia EFE informaba que “Estados Unidos donó a Ecuador equipos militares por valor de 730.000 dólares para el control de una zona amazónica cercana a su frontera norte con Colombia, según informó en un comunicado la Embajada estadounidense en Quito”.

En septiembre de 2021, el Comando Sur y las Fuerzas Armadas de Ecuador firmaron un “memorando de entendimiento” con el objetivo de mejorar sus relaciones en materia de seguridad y defensa. El acuerdo titulado “Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional” busca el intercambio de datos e información lo que les permitirá a las fuerzas de Estados Unidos y Ecuador operar de mejor manera.

En el contexto de la firma del “memorando de entendimiento”, la embajada estadounidense en Quito señaló que “los Estados Unidos y el Ecuador gozan de una larga historia de cooperación en materia de seguridad centrada en temas de interés mutuo, incluida la seguridad aérea y marítima” agregando que “desde la reapertura de la Oficina de Cooperación en Seguridad en 2018, la Misión de los Estados Unidos ha entregado más de $2.8 millones en asistencia humanitaria, $1.4 millones en entrenamiento militar, y $27.7 millones en equipos y apoyo a las contrapartes ecuatorianas para combatir operaciones ilícitas y fortalecer la defensa del Ecuador”.

El artículo “Violencia y el rol de EEUU en Ecuador”, publicado en el sitio web de TELESUR, indica que “en el periodo 2021-2022 la asistencia militar de EEUU para Ecuador alcanzó los 172 millones de dólares en el marco de programas militares y antinarcóticos, convirtiéndolo en el principal receptor de asistencia militar en la región”.

Principales receptores de asistencia militar EE. UU. en América Latina y el Caribe (millones de dólares):

Fuente: Elaboración propia en base foreingassitance.gov (2023) Publicado en TELESUR

Más atrás, el 2019, el gobierno ecuatoriano firmó acuerdos con los Estados Unidos que permiten a los militares estadounidenses operar con sus aviones P-3 Orion desde las bases aéreas de Simón Bolívar y desde el aeropuerto de la Isla San Cristóbal ubicada en el archipiélago de las Islas Galápagos para combatir el narcotráfico.

El Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo entonces que “Galápagos es un portaaviones natural” a modo de justificar la decisión.

A todo lo anterior, Ecuador repuso sus envíos de militares para entrenarse en los EEUU en la sucesora de la Escuela de las Américas que desde el 2001 se llama Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC, por sus siglas en inglés). 

Recordemos que el Informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador 2010, titulado “Sin Verdad, no hay Justicia”, entre sus recomendaciones señala la importancia de: “Exhortar a los ministros de Defensa Nacional y de Gobierno y Policía para que no se autorice a miembros de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional a que asistan a cursos de formación o capacitación en escuelas o instituciones que tengan antecedentes en la enseñanza de prácticas contrarias a los derechos humanos. De manera particular, por su historial en la formación de militares y policías en América Latina vinculados en violaciones de derechos humanos: el Instituto de Cooperación para Seguridad Occidental (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation), antes conocido como la Escuela de las Américas (United States Army School of the Americas, USARSA)”.

Recordemos que el 2012, el presidente de entonces, Rafael Correa había decidido retirar a las tropas ecuatorianas del entrenamiento en WHINSEC por las consecuencias nefastas que ha tenido el entrenamiento militar estadounidense para América Latina. Así mismo, Correa tuvo la valentía el 2009 de no renovar el Acuerdo con EEUU del uso militar de la base aérea de Manta.

Actualmente, Ecuador también participa del entrenamiento a policías, fiscales y jueces que brindan los Estados Unidos en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés) ubicada en El Salvador. Aunque algunos crean que Bukele es un anti imperialista, por algunos discursos populistas, El Salvador de Bukele está completamente al servicio de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos.

La ILEA ha sido señalada como un instrumento ideológico de los Estados Unidos al servicio de la guerra sucia, la judicialización y criminalización de la protesta social, y la guerra jurídica, también conocida como “lawfare”, contra opositores a Washington y de las políticas neoliberales.

Privilegios e inmunidad

A todo lo anterior, en enero pasado el medio digital Primicias tituló que “Militares de Estados Unidos tendrán inmunidad y libre movilidad en Ecuador”.

El medio señala que la Corte Constitucional revisó tres acuerdos entre Ecuador y EEUU, firmados durante el gobierno de Guillermo Lasso, y, el 11 de enero pasado, les dio luz verde. 

Se trata de los acuerdos: Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas, y Asistencia en Interceptación Aérea.

El “Estatuto de las Fuerzas” permitirá que los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, empleados civiles del Departamento de Defensa, así como los contratistas estadounidenses, empresas y firmas y sus empleados “podrán estar presentes temporalmente en el territorio ecuatoriano para «visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias».

La jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, durante su visita 2022 a Ecuador. Foto: Southcom.

“Con el acuerdo firmado –señala el medio digital Primicias- Ecuador acepta que este personal estadounidense tenga «privilegios, exenciones e inmunidades» equivalentes a los que tiene el personal diplomático”. De otra forma, se indica que “Estados Unidos mantendrá el control disciplinario y la jurisdicción penal sobre su personal, dentro de territorio ecuatoriano”.

Sobre el acuerdo sobre actividades marítimas, se indica que las aeronaves, los buques y los vehículos operados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en Ecuador “podrán entrar, salir y desplazarse libremente por el territorio ecuatoriano” e “incluye la utilización del espectro radioeléctrico, para sus sistemas de comunicaciones, sin costo alguno”.

En otras palabras, con estos acuerdos se da un manto de legalidad a las operaciones militares que ya Estados Unidos ha venido desarrollando en Ecuador desde hace años. En otras palabras, Ecuador nuevamente se ha convertido en una gran base militar estadounidense, en un punto de avanzada para sus operaciones en la región.

Es lamentable que el Estado de Ecuador se siga militarizando de acuerdo a las políticas del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos que sigue adelante con su estrategia para que las Fuerzas Armadas y de Seguridad de América Latina sean dependientes y obedientes de los Estados Unidos dejando a un lado nuestro derecho a tener plena soberanía y completa independencia.

 

* Pablo Ruiz es periodista, editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz (www.derechoalapaz.org) y coordinador del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile.

https://www.derechoalapaz.com/america-latina-las-implicancias-de-eeuu-en-ecuador/

Lavandería express

Freddy Pacheco León

Así como observadores electorales de la OEA, nos dicen lo que tanto presumíamos muchos costarricenses, en relación con los dólares del narcotráfico en ciertos partidos políticos, así habría que invitar a otro tipo de «observadores», que nos hablen de la «lavandería» en que, aparentemente, se ha convertido la economía de Costa Rica.

La «cascada de dólares» que ha devaluado la moneda estadounidense, y golpeado a los sectores turístico y agroexportador, entre otros, no es algo intrascendente, aunque contribuya a sostener buenos índices macroeconómicos, para satisfacción de autoridades hacendarias, que, como gran cosa, cuentan todas las noches, cuántos dólares más guardan «bajo el colchón».

América Latina: o supera los resabios del siglo pasado y aprende de las mejores prácticas o será presa del narco

Miguel Sobrado y Juan José Rojas , Catedrático Universidad Autónoma de Chapingo

Nuestra América, en este momento de cambios acelerados en el panorama mundial, está viviendo intensos procesos de transformación que, en algunos casos resultan difusos y hasta regresivos y, en otros, se trata de experiencias alentadoras de autogestión social y de fortalecimiento institucional que es preciso complementar. En cualquier caso, es imprescindible abordar tales fenómenos como expresiones de un todo continental, y saber aprender de ellos liberándonos de valoraciones y esquemas del siglo XX que han mutado en nuestra época, adquiriendo por su aplicación práctica una connotación muy alejada de su significado inicial.

Empecemos por analizar en lo profundo el caso de Milei en la Argentina donde la mayoría de los votantes, más que otorgarles un respaldo a sus propuestas, votaron con desesperación contra un sistema clientelista manejado por “punteros” que, en vez de crear ciudadanía, negociaban los votos de los “rebaños locales” ante los políticos depredadores. Así, un país de los más ricos del continente, que llegó a perfilarse incluso como potencia regional, pasó a un estado de postración con una tasa de pobreza que rebasaba el 40% y una inflación superior al 100%.  Bajo este contexto, tanto tirios como troyanos, responsables del desastre, no ofrecían una alternativa creíble para los electores.

De tal forma que cuando apareció el espectáculo de Milei con una sierra ofreciendo acabar de raíz con estos males cerrando instituciones y dolarizando la economía, la mayoría electoral desesperada se cobijó en sus brazos sin analizar las consecuencias que tendría para ellos mismos la aplicación de su programa económico.

Dicho en otras palabras, votaron contra el clientelismo y los privilegios de grupos enquistados en el gobierno para servirse de su posición y no para servir a la población que es el verdadero y único cliente que financia sus salarios. Partidos que, en nombre de las necesidades reales de los trabajadores, al llegar al poder, a menudo, les daban la espalda con grandes negociados para sus dirigentes y hasta los maltratan en las ventanillas y en la calidad del servicio. Por eso, por su práctica oportunista, los eslóganes populistas perdieron credibilidad y terminaron siendo rechazados como palabras gastadas.

Por otra parte, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al margen de los canales del viejo sistema clientelista instaurado por el PRI desde el siglo pasado y pese a la existencia de conflictos serios de violencia en algunos estados y municipios, ha sabido cumplir con las expectativas de la población trasladando los recursos que antes eran saqueados por los presidentes y ministros y la red de funcionarios que se servían en cascada de sus privilegios, a los ancianos con pensiones débiles o carentes de pensión, así como a estudiantes de escasos recursos económicos para que no abandonen sus estudios. Con estos recursos, sin recurrir a nuevos endeudamientos, ha recuperado las empresas petroleras y energéticas y ha impulsado la construcción de grandes obras de infraestructura que contribuyen a la ampliación del mercado nacional. Todo ello, le ha permitido conseguir logros políticos importantes que han acrecentado su autoridad y prestigio. Con sus locuciones mañaneras ha logrado un gran éxito, como ejemplo continental, al neutralizar a los medios tradicionales al servicio de la oligarquía. El prestigio de su gobierno es tal que, a unos meses de cumplirse el sexenio, su partido Morena tiene una posición privilegiada frente a las nuevas elecciones.

No obstante, algunos de sus proyectos estratégicos, como el tren maya y el corredor interoceánico, han provocado afectaciones graves al medio ambiente; la inseguridad pública persiste y se torna incontrolable en diversos puntos del territorio nacional; pero, quizás, su déficit principal se manifiesta en el escaso fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales han sido desplazadas de la agenda pública por un estatismo asfixiante. El balance global arroja así un panorama de claro-oscuros que amerita ser reforzado en sus aspectos positivos mediante un ejercicio autocrítico y un replanteamiento de los ejes centrales en los que debe basarse el proceso de transformación.

Bukele, en El Salvador, ha logrado con energía, frente al terror de las maras, restituir la autoridad del Estado y la seguridad de la ciudadanía. Un primer paso muy importante, que debe complementarse con una política educativa y de capacitación empresarial que les abra nuevos horizontes a los jóvenes. De igual forma, debe insistirse en que el restablecimiento del orden público no debe implicar el sacrificio de los derechos humanos y mucho menos convertirse en una justificación para alentar la concentración del poder en pocas manos y la legitimación de prácticas autoritarias que pongan en entredicho el régimen democrático.

Lula en Brasil, ha retomado con firmeza las riendas del Estado, deterioradas severamente por la administración de Bolsonaro y, apartándose de las prácticas clientelares, está incorporando a los excluidos, a través de los poderes locales, en la formulación e implementación de políticas sociales redistributivas e integradoras. Junto con ello, las inversiones públicas en los sectores industriales y agrarios, bajo una perspectiva de largo alcance, están modificando el perfil de la economía brasileña y desatando su potencialidad a fin de desempeñar un papel cada vez más protagónico en el nuevo mundo multipolar.

Petro en Colombia se ha enfrascado en la paz total, en un contexto donde sus iniciativas son saboteadas, tanto en el parlamento y en el ámbito del poder judicial, como por las acciones bélicas impulsadas por los grupos de interés enemigos de la paz. Sin duda, está avanzando, aunque lentamente, en otras reformas que le pueden dar dividendos políticos que fortalezcan su autoridad, como la reforma educativa, la de salud y la de pensiones.

En Chile, Gabriel Boric, ha sufrido, en parte por su maximalismo, lo embates de una derecha que ha saboteado la reforma constitucional y que tiene suficiente fuerza en el parlamento para postergar sus iniciativas que podrían enriquecer su autoridad y capacidad de maniobra y avance.

En suma, tal como se puede apreciar en este ligero esbozo, en los diferentes países de América Latina hay material suficiente para aprender de lo que está sucediendo en nuestro continente, pero aún hace falta dejar de lado la visión fragmentada por país y los conceptos que identifican como progresistas a estructuras “populares” clientelistas, manipuladas por intereses corruptos de grupo. En su lugar hay que impulsar una estrategia política acumulativa del cambio que forme ciudadanos educados y capacitados alrededor de organizaciones autónomas, de tipo comunal, asociativo y solidario.

 

Enviado a SURCOS por Miguel Sobrado.

Seguridad en Costa Rica: ¿Más cárceles y limitación de derechos humanos es la respuesta?

Martín Rodríguez Espinoza

No cabe duda de que el territorio costarricense ha pasado de ser «puente» a ser bodega y centro de distribución, y que esto ha provocado que el Costa Rica empiece a ser fraccionado entre diferentes grupos narcos.

Tampoco cabe duda de que este creciente ingreso de bandas o carteles de la droga tienen un ligamen directo con sectores corruptos de la política de muy alto nivel, desde el ingreso a territorio nacional del capo de la droga mexicano Caro Quintero en 1985 cuando el expresidente de la República, Daniel Oduber Quirós, viajó junto a Quintero en un avión privado, y esto facilitó el ingreso del narcotraficante. La denuncia del exdiputado de entonces, Jimmy Zúñiga, y el «alboroto» no impidió el establecimiento del narco mexicano en el país.

Mucho antes, para la campaña electoral en la cual fue electo presidente, 1974-1978, recibió dinero del narcotraficante estadounidense Lionel James Casey. Todo salió a la luz cuando fue investigado por la Comisión Legislativa sobre el Narcotráfico, conformada en el período 1986-1990. En el segundo informe de la Comisión, se recomendó de forma enfática su renuncia a todos los cargos públicos que ostentaba.

En 1992, el ejemplar N0 410 de la revista Rumbo se tituló “Cómo se reparten los bienes de Oduber”. En esta edición, se hizo un recuento del patrimonio que mantenía el expresidente al fallecer. Se narra que tenía más de ¢800 millones en cuentas bancarias. Poseía fincas cuya extensión sobrepasaba las dos mil hectáreas, en las que hubo alguna vez una centena de caballos árabes. El origen de tantas riquezas es confuso, teniendo en cuenta que fue burócrata casi toda su vida. (Semanario Universidad)

Luego se dieron muchos casos de carteles de la droga financiando campañas electorales de candidatos a la Presidencia de la República, a puestos en la Asamblea Legislativa, alcaldías, regidurías en municipalidades y se dieron casos de encarcelamiento de algunos (no todos) que ocuparon esos cargos y trabajaban para los narcos. Igual jueces, policías, agentes del OIJ y fuerzas policiales especiales.

Lo último, narcotraficantes investigados, se pasearon por los pasillos de la Asamblea Legislativa para hablar «de negocios» con diputados y diputadas.

Menciono todo esto para ilustrar que el tema del narcotráfico y la corrupción política viajan de la mano, trabajan juntos y mientras financien campañas electorales y el Tribunal de Elecciones sea cómplice por inacción, esto seguirá sucediendo.

Hoy, dicen que con «gran preocupación», los representantes de los diferentes poderes de la República, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se reúnen para desarrollar una «estrategia» de seguridad para enfrentar la creciente ola de asesinatos producto de la guerra por territorios de diferentes grupos narcotraficantes.

El problema de esto es que el VERDADERO problema, el de fondo no se atacará y se implementarán propuestas de más cárceles (privadas), represión, limitación de derechos humanos y ampliación de periodos carcelarios que significarán para el Estado costarricense una enorme carga económica que ellos sí están dispuestos a sacrificar.

¿Y cuál es el verdadero problema, el de fondo?, el desempleo, la pobreza, el hambre, la miseria, el congelamiento salarial, la falta de vivienda, la corrupción, el saqueo de las arcas del Estado mediante el fraude político empresarial, la evasión y elusión al Fisco, el contrabando, la exoneración de impuestos de forma privilegiada a los sectores empresariales más grandes, etc, etc.

En Costa Rica, hoy, en pleno inicio de 2024, más de 160 mil jóvenes no estudian ni trabajan porque se cierran las puertas para hacerlo. Hablamos de jóvenes de entre 15 y 24 años, de ellos el 50% tienen bachillerato y más de 8 mil son profesionales, esto según la más reciente Encuesta Continua de Empleo publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC. Este crecimiento, del 27%, se da en comparación entre octubre y diciembre del 2022 y el mismo periodo del 2023. Este terrible dato es solamente entre jóvenes, no adultos y adultos mayores, lo que en conjunto da resultados catastróficos para este país.

Y usted, que tiene la gentileza de leerme se preguntará, ¿Que tiene que ver una cosa con la otra?, pues todo.

¿A manos de quién van a parar esos miles de jóvenes desempleados, en qué van a trabajar, cómo van a sobrevivir y llevar alimentos a sus familias?

Si a esos datos le agregamos los miles de jóvenes que NO tienen acceso a las universidades, o lo que ni siquiera terminan la primaria y/o la secundaria, tendremos una bomba de tiempo entre manos.

¿Quiénes son los responsables?, los únicos responsables de esto son los políticos corruptos que han gobernado este país en los últimos 50 o 60 años, esos que recortan a la educación, a la vivienda, al desarrollo agroindustrial. Los que mediante corrupción saquean las arcas del Estado, los que estafan al Estado, los que mismos que hacen amigos de los negocios oscuros de los casinos, del lavado de dinero y tráfico de seres humanos y prostitución. Los mismos que para llegar a un cargo público compran votos y/o son financiados por grupos de narcos.

Una opción verdadera, honesta. Propuestas reales, concretas de desarrollo del país NO hay en estos momentos en el país, todas son falsas o superficiales.

El peligro es lo que salga de esa Asamblea Legislativa, todas las propuestas serán represivas y abusivas contra los derechos humanos, la privatización de cárceles como negocio de algún tagarote, más policías, y otras graves propuestas.

Imagen ilustrativa.

A partir de Pablo Escobar el narcotráfico se convirtió en opción de poder en América Latina

Por Miguel Sobrado

El libro América Latina, publicado en 2003 y reimpreso en 2004 y 2006 en México y Costa Rica, previo al desastre del presente, propuso soluciones.

El poder excluyente, que sobre de las mayorías indígenas y afrodescendientes ejercieron las oligarquías latinoamericanas desde la independencia, apoyadas en el centralismo clientelista, se ha resquebrajado y se ha venido derrumbando progresivamente, desde que apareció la industria del narcotráfico.

Para tener espacios de participación en la economía desde un gobierno, heredado de la colonia, era preciso que los oligarcas participaran de la “corte” donde se definían y ratificaban los privilegios y monopolios que permitían el enriquecimiento y el control político.

La aparición del narcotráfico como industria de desarrollo con recursos superiores a los del sistema patrimonialista, rompió los esquemas tradicionales y abrió nuevos espacios para incorporar, con ventaja a los excluidos, tomando primero los poderes locales y comprando, desde ahí, posteriormente influencias en el aparato institucional.

Los acontecimientos en varios estados de México virtualmente tomados hoy por el terror de los narcos y el reciente auge de violencia armada en Ecuador, donde estos se han lanzado a la lucha por el poder, confirman el poder de esta amenaza para la institucionalidad latinoamericana. Con necesidades insatisfechas, debido a la falta de acceso a las oportunidades que tienen los excluidos, frente a la demanda del conocimiento y la tecnología. Al mismo tiempo que los narcos disponen de recursos cada vez más abundantes para competir con el clientelismo, para instalarse cada vez en más comunidades y estados de la región.

Las políticas asumidas por Bukele en El Salvador para controlar la expansión de las maras asociadas al narcotráfico y recuperar, así, el poder y el orden público, se han basado en medidas represivas extremas, que han dado resultados en lo inmediato frente al caos y derrumbe de la institucionalidad en ese país. Está por ver si logra la misma eficiencia con las medidas de prevención necesarias para erradicar el mal en el mediano plazo.

El libro América Latina: crisis del Estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas, de Juan José Rojas y el autor de este artículo, mencionado en este artículo, y que se encuentra libre en Internet, no solo anunció el peligro que significaba el narcotráfico para la institucionalidad, sino que propuso soluciones probadas, sobre las causas.

Ahora, que cunde el pánico en el continente por las posiciones que ha tomado el narco en las comunidades y su ofensiva en algunos casos sobre el poder, es preciso retomar, no solo el diagnóstico, sino las soluciones probadas preventivas propuestas por los autores en consulta con las comunidades y aprendiendo de sus experiencias.

La violencia no se soluciona solo con la represión, sino que es preciso actuar sobre las causas que dejan a los excluidos sin opciones ni esperanza y los arrojan en manos del narcotráfico. Una educación actualizada y de calidad, con amplia cobertura, es un factor clave en el mediano plazo, pero la capacitación organizacional y técnica es estratégica en el corto plazo y mediano plazo para articular las comunidades activamente alrededor de las transformaciones requeridas por el sistema.

Considerando el bajo nivel de escolaridad de la población económicamente activa donde incluso en países como Costa Rica más de la mitad no alcanza el nivel de bachillerato. La capacitación organizacional “autónoma” de las comunidades, grupos asociativos y emprendedores adquiere una relevancia estratégica. Es necesario no confundir la organización autónoma con el esquema clientelista de “organizaciones” montadas por políticos diseñado para manipular a los sectores populares. La organización autónoma como se expresa en el libro cimenta la vida social económica y ciudadana.

Conviene empezar a sacar el libro de los anaqueles y de los archivos electrónicos, ya que, a pesar de haber pasado más de 20 años de su primera publicación, mantienen su actualidad. Hay que sacarla del ámbito académico y proyectarla a las organizaciones políticas de comunidades. Donde con su práctica, no solo con la retórica, genere, como lo ha demostrado, ingresos, empleo, pero  ante todo ciudadanía autónoma. Demostrando así el potencial de acabar con la exclusión y la manipulación y crear condiciones para una auténtica vida donde florezca la democracia.

Compartido con SURCOS por el autor.