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Etiqueta: Nayib Bukele

De la dominación discreta al control personalista del Estado

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales-Gamboa (*)

¿Estamos pasando en Costa Rica de un modelo de democracia institucionalizada a una autocracia centroamericana más?

Más allá de la evidente fragmentación partidaria que vuelve casi indescifrable el actual proceso electoral en Costa Rica, en estas elecciones parecen estar en juego dos modelos de desarrollo sociopolítico: por una parte, un sistema históricamente organizado en torno a reglas, mediaciones institucionales y equilibrios discretos; por otra, un régimen de captura personalista del Estado.

Semanas antes de los comicios, esta tensión entre tradición institucional y absolutismo personalista adquiere un matiz particular con la irrupción en ese escenario, ya sin disimulos, de la figura del presidente salvadoreño Nayib Bukele. No se trata de una referencia externa o de un detalle anecdótico, sino de la presencia de un modelo de poder que desafía los fundamentos mismos de la tradición política costarricense, así como la supuesta neutralidad electoral de ciertos actores externos.

El agotamiento del pacto institucional y captura personalista.

En un clima de desgaste institucional y de fatiga ciudadana frente a la política tradicional, han ido ganando terreno discursos que, en nombre de la eficiencia y de una opaca gestión del poder, menosprecian y relativizan el valor del entramado de reglas, mediaciones y contrapesos que durante décadas fueron presentados como virtudes de la democracia costarricense. No es claro si estamos ante una ruptura abierta o frente a un reacomodo gradual —velado, como ha sido históricamente el ejercicio del poder en Costa Rica—, pero en cualquier caso se trata de desplazamientos que no están exentos de riesgos, no solo para el sistema político, sino también para la población, para la disidencia y los movimientos sociales.

Durante años, en los análisis comparativos, Costa Rica apareció como una excepción en Centroamérica. Para amplios sectores de la región, este país encarnaba un modelo de pacifismo, estabilidad institucional, respeto a la voluntad popular y libertades públicas. La democracia costarricense, con todas sus deficiencias, era el modelo a imitar y mejor que los regímenes autoritarios de la región. Más recientemente, sin embargo, gana fuerza la idea de su progresiva “centroamericanización”.

La evidencia que alimenta esta lectura no se limita a la esfera política. Incluye también los procesos de acumulación de capital, la reconfiguración de las élites económicas —con sus tensiones, contradicciones y arreglos—, así como el crecimiento sostenido de la desigualdad social, de la violencia y de la criminalidad. Sin reproducir mecánicamente las trayectorias de los países vecinos, estas dinámicas introducen tensiones nuevas en un sistema que estuvo relativamente acostumbrado a procesar el conflicto de manera institucionalizada. Ese mismo sistema, proveedor de libertades, bienestar y estabilidad, ha entrado en crisis. En este debate no basta con observar a las instituciones en abstracto. Es necesario poner el foco en los actores y en las fuerzas sociales.

Poder y apellidos: élites, Estado y capital en Costa Rica.

Aquí quiero poner el foco en el papel de las élites económicas y políticas. Al igual que en el resto de la región, en Costa Rica los grupos de poder controlan los núcleos estratégicos de la acumulación de ganancias. Esto ocurre en tensión creciente con la función reguladora del Estado, pero también frente al ascenso de culturas políticas y burocráticas que han ido normalizando la corrupción, el chantaje y la opacidad. Los vicios en las institucionales son más la consecuencia de su instrumentalización por las élites políticas y económicas que del aprovechamiento que de ellas hace la población pobre. Aunque los abismos sociales aún no alcanzan las dimensiones observadas en otros países, su tendencia al crecimiento -y la manipulación mesiánica de los excluidos- erosiona los consensos que durante décadas pusieron límites a la politización abierta de la riqueza y del poder.

Más que ofrecer un análisis exhaustivo, me interesa plantear algunas conjeturas sobre hasta qué punto el funcionamiento de las élites costarricenses difiere realmente del de sus pares regionales y, sobre todo, si esa diferencia constituye una posible inmunidad frente a derivas autoritarias presentes o futuras, o si apenas opera como una contención temporal de sus expresiones más visibles. Para ello, resulta útil observar, por ejemplo, el papel que desempeñan —o que no desempeñan— los clanes y las redes familiares en la estructura del poder.

En Costa Rica, el poder, en permanente proceso de ensamblaje, se sostiene sobre un entramado de redes de control, disputas, negociaciones y subordinación, articuladas con los procesos transnacionales y alianzas externas. A diferencia de Honduras o El Salvador, donde la lógica de los clanes familiares beligerantes, ocupa un lugar central en la vida política; de Guatemala, marcada por un cierre oligárquico más rígido; o de Nicaragua, organizada en torno a clanes dinásticos, en Costa Rica el poder no se ha expresado de manera predominante a través de linajes visibles ni de apellidos omnipresentes. Ello no implica la ausencia de redes familiares —que las ha habido y son reconocibles— ni de disputas entre ellas por el poder, sino una modalidad menos dramatizada y más institucionalmente mediada de su ejercicio.

Esta diferencia ayuda a explicar la escasa visibilidad política de familias empresariales que sí son protagonistas en otros países de la región, incluidas algunas de origen extranjero, como las de ascendencia árabe, incluida la familia Bukele. Estos grupos están presentes en la economía y en el mercado costarricense, pero su inserción, hasta ahora, ha seguido un modelo distinto de reproducción del poder, en el que la influencia no ha requerido la captura directa de las instituciones ni la ocupación familiar del campo político. Tradicionalmente, su peso se ha canalizado —de manera pragmática— a través de mediaciones regulatorias, técnicas e institucionales, más que mediante proyectos políticos propios o clanes partidarios. Pero como dice el dicho, “uno nunca sabe…”.

Eso, entre muchos diversos ámbitos, ha sido clave para la atracción de inversión extranjera directa (IED). Costa Rica se ubica como el principal receptor de IED en Centroamérica, con alrededor del 36 al 40 % del total regional. Los capitales han estado dispuestos a someterse a las reglas del juego institucional. El monto de IED que capta Costa Rica equivale, por ejemplo, al 86 % de lo recibido conjuntamente por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua en 2024.

El Salvador de Bukele -con las maras supuestamente encarceladas- se coloca en el último lugar de atracción de inversiones en la región. En el presente decenio recibió anualmente el equivalente de apenas menos del 15% de la IED obtenida por Costa Rica. A pesar de que los datos no están desagregados de la misma forma, la evidencia muestra que, en cifras absolutas, año a año la inversión en Costa Rica es varias veces superior a la de El Salvador, reflejo de su mayor atractivo estructural para inversionistas extranjeros.

Contrastes similares se observan en la evolución del Producto Interno Bruto (PIB). Ese indicador muestra mayor dinamismo en Costa Rica que en El Salvador, donde ha sido más moderado y volátil. La dependencia estructural de esa economía de las remesas familiares ha continuado siendo el ancla de la política económica de su gobierno. Por tanto, la eficiencia que se nos vende sobre el régimen salvadoreño no necesariamente es prometedora, ni siquiera para el empresariado costarricense menos para el resto de la población.

Aunque no hay mucha precisión sobre los datos del capital invertido en Costa Rica proveniente de empresas centroamericanas, es evidente que capitales de la región utilizan al país como un espacio de resguardo frente a la inseguridad jurídica y política de otros contextos nacionales. Para empresas locales y extranjeras —incluidas las centroamericanas—, el entramado institucional costarricense y el papel mediador del Estado son un activo central. Un cambio sustantivo en las reglas del juego político y quebrar el orden, para darle lugar a una jugada absolutista, podría erosionar, sin remedio, esa ventaja comparativa.

Desde su formación histórica, Costa Rica desarrolló una estructura social menos concentrada que la de sus vecinos. La oligarquía terrateniente, aunque influyente, fue menos cerrada y no estuvo completamente subordinada, durante largos periodos, a una aristocracia exportadora dominante. A ello se sumó, tras la guerra civil de 1948, la consolidación de un Estado social de derecho con reglas relativamente estables, burocracias profesionales y mecanismos de control institucional que limitaron —aunque nunca eliminaron— los intentos de captura personalizada del poder.

En este contexto, el acceso a la riqueza y a la influencia dependió menos del parentesco y más de la inserción en circuitos económicos formales, del manejo técnico de la política pública y de la capacidad de negociación dentro de marcos regulatorios complejos. Esto redujo los incentivos para que familias empresariales, tanto tradicionales como migrantes, construyeran clanes políticos con gran protagonismo político o para que, como en otros contextos, las empresas tuvieran que someterse al chantaje, el pago de derechos de piso o, incluso, de peajes y rescates.

A diferencia de países centroamericanos, donde el Estado ha funcionado como botín político entre grupos familiares, en Costa Rica ha operado más como mediador de conflictos. Ello no excluye la competencia por su control, pero las disputas han sido predominantemente reguladas y el veredicto de esas reglas, en general, aceptado. Las élites no compiten tanto por capturar gobiernos como por influir en normas, regulaciones, contratos, impuestos y políticas sectoriales, independientemente de quién ganara las elecciones. El poder se ejerce desde cámaras empresariales, mesas técnicas, litigios estratégicos y presión mediática.

Cuando la eficiencia promete orden: la tentación del personalismo

En este marco cobra relevancia, más allá de lo anecdótico, la aparición en la contienda electoral de un candidato y un partido con vínculos familiares directos con el núcleo de poder que hoy gobierna El Salvador —así como la cercanía del presidente Bukele con el actual gobierno y su teatralización electoral—. No se trata de experimentos excéntricos, sino de la posible introducción de un estilo de ejercicio del poder que, en otros contextos centroamericanos, ha mostrado una clara deriva absolutista y una relación instrumental con el Estado. Resta saber si se trata de una maniobra coyuntural o de una apuesta estratégica orientada a modificar las condiciones bajo las cuales operan los procesos de acumulación y la competencia regional de capitales.

El fenómeno Bukele no puede leerse solo como una opción ideológica ni como una narrativa de supuesta eficiencia y orden securitario. Es, ante todo, la expresión de un modelo de concentración del poder, en el que el liderazgo carismático, el control del aparato estatal y la subordinación de los contrapesos institucionales se articulan en torno a un nuevo núcleo político-familiar. Su eventual proyección en Costa Rica no implica una reproducción automática de ese modelo, pero sí introduce una tensión simbólica significativa: la posibilidad de que un sistema acostumbrado al poder discreto comience a naturalizar formas más personalistas de autoridad.

Intentos en esa dirección ya han sido ensayados por el actual gobierno costarricense, con réditos mediáticos evidentes, pero con limitada capacidad para franquear los muros institucionales. Cuando el actual gobernante afirma que Costa Rica era una “dictadura perfecta” y que no lo dejan gobernar, su crítica es un ataque al papel de las instituciones, de las leyes y de los mecanismos de control. Dinamitarlas no responde al buen gobierno, sino a la lógica del absolutismo y del secuestro personalista del poder.

Costa Rica no es El Salvador. Su historia, su cultura política y sus estructuras institucionales imponen límites reales a los intentos de asimilación. Sin embargo, esos límites no constituyen inmunidades absolutas. La fragmentación del sistema de partidos, el desgaste de la confianza en las élites tradicionales, la desigualdad creciente y la fatiga ciudadana frente a la política, crean condiciones propicias para discursos que prometen orden, eficacia y ruptura con “lo de siempre”, aun cuando esas promesas impliquen debilitar los mecanismos que históricamente han contenido los abusos del poder.

La persistente conflictividad política en buena parte de Centroamérica, el papel estructural de las élites económicas y de los clanes familiares, así como la imbricación entre corrupción, economías ilegales y violencia organizada, terminaron por frustrar los intentos de reconstrucción democrática posteriores a las dictaduras militares. En países como Guatemala, Honduras o El Salvador, los grupos que sostuvieron regímenes autoritarios no solo sobrevivieron a las transiciones formales, sino que se reacomodaron en nuevas arquitecturas de poder. Familias que se instauraron en esas cúpulas, como los Bukele, reprodujeron las viejas prácticas. Las reglas del autoritarismo, en lo esencial, no desaparecieron.

El costo social de ese reordenamiento ha sido elevado: la pobreza estructural persiste, la violencia se ha cronificado y ambas han alimentado procesos de expulsión masiva de población que derivaron en una migración de supervivencia convertida, desde hace años, en crisis humanitaria regional.

Este deterioro ha ido acompañado por la reaparición de prácticas que se creían superadas: persecución política, criminalización de líderes sociales, hostigamiento a periodistas y presiones sistemáticas sobre abogados y jueces independientes, incluso su encarcelamiento. En varios crímenes contra defensores de derechos humanos se han documentado entramados financieros y empresariales que involucran a actores económicos de alto nivel. El asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres es emblemático: a casi una década del crimen, las investigaciones internacionales han revelado vínculos entre intereses empresariales, estructuras de seguridad y redes de poder local, mostrando hasta qué punto la violencia política sigue siendo funcional para determinados modelos de acumulación y control.

El riesgo para Costa Rica, por tanto, no reside únicamente en la victoria electoral inmediata de un proyecto de este tipo, sino en su capacidad de erosionar gradualmente los consensos básicos sobre la naturaleza del Estado. Cuando la concentración del poder comienza a presentarse como solución técnica a la ineficacia institucional, el tránsito del poder discreto al control personalista deja de ser una hipótesis académica para convertirse en una posibilidad política concreta.

En ese sentido, el escenario electoral actual no enfrenta solo opciones programáticas distintas, sino modelos de poder en tensión. La pregunta de fondo no es quién ganará las elecciones, sino qué forma de ejercicio del poder se estará legitimando. Y esa es una discusión que Costa Rica, precisamente por su historia y por sus fragilidades actuales, no puede darse el lujo de eludir.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional. Ha sido profesor de la Universidad Nacional y actualmente es investigador de FLACSO Costa Rica.

Este documento es la presentación realizada por el autor en el foro Los movimientos sociales y las elecciones nacionales, el cual, fue realizado por la Alianza por una Vida Digna y SURCOS el miércoles 21 de enero del 2026.

Un visitante indeseable

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El poder siempre ha querido perpetuarse, pasar a la posteridad. Es un rasgo muy común de la condición humana, que en el fondo revela su fragilidad e impotencia frente al paso del tiempo y la muerte inexorable. Faraones y grandes caciques nos legaron sus pirámides-tumbas; reyes y emperadores sus castillos y palacios; cardenales y papas sus catedrales cargadas de oro y arte; y los presidentes de la modernidad han querido ser recordados por sus grandes obras de infraestructura, museos, bibliotecas, universidades, o proezas diplomáticas.

Vivimos sin embargo una época tan degradada –desde el punto de vista civilizatorio- que un tiranillo de cuarto mundo quiere pasar a la posteridad legando una “mega-cárcel”. Y hay quien lo admira y quiere imitar (sin decir nombres).

La humanidad ha tenido, desde siempre, serios problemas de qué hacer con los diferentes, los delincuentes, los locos, los disidentes y rebeldes, los marginados y pobres. Es lo que el criminólogo italiano de última generación –Alessandro De Giorgi-, llama el problema de la “excedencia”, los que en una sociedad salen sobrando, los que no logran sentarse a la mesa del reparto.

Las soluciones humanistas y democráticas han propuesto estrategias de reconocimiento de derechos e integración, de atención e inclusión social para esos sectores. Al contrario, las “soluciones” autocráticas, meramente represivas, han recetado desde hace siglos, el encierro o el abierto exterminio. Ese fue el dilema que enfrentó la camarilla nazi con los campos de concentración primero, y los hornos asesinos casi inmediatamente después. Esta es la “solución” de Donald Trump y otros líderes europeos persiguiendo, expulsando y aniquilando migrantes que buscan mejores condiciones de vida. Este es también el camino elegido por el genocida gobierno israelí para deshacerse del pueblo palestino.

Hoy sabemos, a pesar de la persecución y censura a medios de comunicación y activistas de derechos humanos, que en El Salvador hay más de cincuenta mil presos, la gran mayoría detenidos arbitrariamente, sin juez ni defensa, sin juicio ni sentencia, sin debido proceso. Por desgracia, no podemos saber cuántos están muriendo, porque la maquinaria represora del gobierno ha eliminado todo tipo de vigilancia y control externos. Contemplar a un presidente de Costa Rica (otra vez sin decir nombres), con pose de oficial de las SS haciendo recorrido de reconocimiento a presos semidesnudos y hacinados en la mega-cárcel bukeliana, es de lo más bochornoso y patético que nos ha tocado vivir.

Esta “salida” al problema de la violencia social es una confesión abierta de total fracaso político. Se ha fracasado en la construcción de instituciones democráticas, se ha fracasado en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, se ha fracasado en una redistribución justa de la riqueza y se ha fracasado en dar escuela y trabajo a las nuevas generaciones.

Pero además, más temprano que tarde se sabrá el precio que ha pagado Bukele para bajar las tasas de homicidios en el hermano país centroamericano. Sus acuerdos subterráneos con los líderes mareros, sus tratativas con el crimen organizado y las corruptelas personales que lo han enriquecido cada vez más. Cuán sostenible es esta respuesta también lo sabremos muy pronto.

En todo caso, no es válido aprovecharse del miedo legítimo de la gente para imponerle ilusorias salidas a problemas profundos, que atañen al régimen de capitalismo salvaje dominante y sus políticas de exclusión y miseria para amplias mayorías de la población. Mientras esto no se resuelva, en pocos años, habrá otros 100 mil jóvenes salvadoreños en la más absoluta marginalidad y violencia. ¿Qué se le ocurrirá al tiranillo salvadoreño?, ¿tirarlos al mar?, ¿exportarlos como esclavos a Arabia Saudita?

Nayib Bukele es una viva ofensa a la tradición democrática costarricense. Es un sujeto indeseable que sin pudor alguno nos visita para tratar de influir en un proceso electoral en el que se quiere manipular, una vez más, el miedo a la violencia delictiva para tapar los problemas de fondo que siguen esperando auténticas soluciones.

Bukele, Chaves, el TSE y la campaña política

Escrito en . Publicado en Análisis.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Cuando uno creé que lo ha visto todo, que ya nada lo sorprenderá, algo impensable sucede que nos sacude fuertemente. El pasado miércoles 17 de setiembre en el show habitual del comediante presidencial, se emitió un video del dictador y déspota salvadoreño Nayib Bukele, alabando el gobierno como el que sueña su homólogo en Costa Rica… ¡nos libre Dios!

La alabanza del carcelero salvadoreño Bukele, se fundamentó en que su cuasi discípulo Rodrigo Chaves anunció el financiamiento de la cárcel de seguridad en Costa Rica y la supuesta instalación operativa de los escáneres donados por los Estados Unidos, pero que no pueden operar todavía, por la incompetencia del gobierno. Pero lo verdaderamente grave, lo que no puede permitirse, es que se entrometiera en nuestra campaña política, pidiendo el voto para los candidatos oficialistas, como si fuera un costarricense más.

Tanto el Bukele, que tengo claro no es más que el nuevo dictador salvadoreño, como Rodrigo Chaves, cuyas bacanales mentales lo hacen soñar con ser dictador en Costa Rica; se equivocaron totalmente. El mal imitador de Francisco Morazán debe saber que, de acuerdo con nuestra Constitución Política, como extranjero tiene prohibido participar u opinar sobre nuestros asuntos políticos, pero además, por su pseudo investidura de presidente democrático de otro país, debe respetar las formas y normas de las relaciones diplomáticas internacionales y, como tal, le digo en buen francés: ¡fermé ta goulde!, que en buen tico se podría traducir como: cierra el h… pico.

En el caso de Rodrigo Chaves y sus “bacanálicas” pretensiones de ser dictador, debo recordarle que el jueguito que ha tenido durante tres años y medio de hacer campaña política y ser beligerante a diestra y siniestra, se acabó. Ahora entramos en el periodo oficial de campaña política, y al igual que en las diez y siete campañas políticas anteriores, el gobierno tiene prohibido hacer campaña política como usted, desacatando la ley, lo ha hecho. Se acabó Rodrigo Chaves que, a cada inauguración de obras construidas o iniciadas en otro gobierno, proyectos inexistentes, puentes sobre una acequia o el primer ordeño de una vaca, lleguen sus achichincles ministeriales con Laura Fernández y su teatro de marionetas delincuenciales, disfrazados de candidatos a diputados, a querer participar en sus bacanales de poder. Si, se acabó, y como dicen en lenguaje popular, de ahora en adelante… calladitos más bonitos.

Espero que el TSE, de una vez por todas, ponga orden. Porque con el cuento que solo puede intervenir por posible beligerancia política si hay una denuncia, se ha hecho de la vista gorda en muchos casos que, incluso, fueron denunciados por varios ciudadanos, yo entre ellos, desde hace seis meses; pero quedaron en la gaveta de una ineficiente e inoperante Inspección Electoral, para darle un trato menos rudo del que merece. Y digo lo anterior porque, el artículo 102, inciso 5, de la Constitución Política dice textualmente: “Investigar por si o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas…”. Sí, señores Magistrados, ustedes deben actuar ante denuncias…pero dice el artículo, pero primero y antes que nada investigar por si, o sea por ustedes mismos, por su propia acción, por su propia iniciativa, por su propia decisión, e incluso hilando más fino en la definición del RAE, “por si acaso” hay una acción ilegal de posible beligerancia o parcialidad política. Pero no lo hicieron, escondieron la cabeza como el avestruz; si, eso lo reclamo como ciudadano, y espero que de ahora en adelante asuman su responsabilidad.

Me pueden señalar por hacer este comentario crítico al TSE, órgano que para muchos resulta casi intocable. Personalmente dejé de creer en su infalibilidad hace cuarenta años y he sido crítico de su accionar en varias ocasiones, como consta en varios de mis libros. Creo que son seres humanos, susceptibles de equivocarse, salvo cuando se convierten en simples contadores de votos. Por eso los ciudadanos debemos estar atentos, reclamar nuestros derechos y la manera correcta y eficiente de salvaguardarlos sin miedo, especialmente en unas elecciones que se presentan atípicas.

Los demócratas debemos exigir ya a los candidatos que asuman posiciones firmes, que tomen el liderazgo que el país reclama contra esa banda de mentalidad autocrática que nos quiere robar nuestra democracia liberal, para imponer un régimen de extrema derecha estilo Bukele, Trump o Milei que, por medio de una autocracia electoral acabe de un tajo con nuestro estado social de derecho, las garantías sociales, la educación y cultura para todos, la conservación de la naturaleza y nuestra paz, que es lo que nos hizo grandes ante el mundo.

Si costarricenses, esta elección no es la más importante, es la definitiva; por eso, o nos pellizcamos para despertamos del letargo, y también pellizcamos a los “básicos de Pilar Cisneros y Chaves” para que se den cuenta del engaño sufrido estos tres años y medio, o nos llevará el pisuicas…y su banda.

¿Es Nayib Bukele un ejemplo demócrata a seguir?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Es menester reflexionar, en estos días de tanto desbarajuste provocado por acciones antidemocráticas gubernamentales, que matizan la realidad nacional. Comentar que, planeada desde el Poder Ejecutivo, se desarrolla una estrategia propagandística populista, demagógica, perversa, que atrapa a incautos, en la que el Chaves se presenta como un «súper héroe» nacido del tugurio, en combate cuerpo a cuerpo contra los corruptos, que invita a que lo sigan cual cabeza de un cardumen.

Y es que, a año y medio de finalizar la administración, incapaz de mostrar siquiera, algunas pequeñas cosas buenas, se ha optado por reforzar una «campaña electoral», similar a la desarrollada en la segunda ronda que lo hizo presidente. Por ahí iba su intención de usar la figura del referendo, y, también, los anuncios de promesas, que, sabe muy bien, jamás se van a ejecutar, como son, luchar contra la criminal evasión de impuestos, fortalecer el Seguro Social, llevar bienestar a las ciudades costeras para liberar a sus habitantes de la tentación de buscar ingresos económicos en el narcotráfico, de fortalecer la seguridad ciudadana y acabar con los asesinatos cotidianos, de reafirmar compromisos con el ambiente, de garantizar el eficaz abastecimiento de agua potable…

Promesas y más promesas, que, bien divulgadas, y anunciadas con megáfonos, levantan la esperanza de un pueblo desvalido, que, al no poder superar su pobreza, a veces, extrema, quisieran creerle como último recurso. Pueblo que, dichosamente, poco a poco, parece ir despertando de su letargo.

Pues bien, como parte de esa nada sutil estrategia de campaña, una administración que se dice obstaculizada por caros principios democráticos, como la separación y respeto entre los poderes de la República, y por las instituciones de control del gasto público, ahora promueve la presencia de un cuestionado presidente centroamericano, con la intención de que éste le ayude en su vigente «campaña electoral», presentándolo como un ejemplo demócrata a seguir. Por ello, porque se viene ese incómodo acontecimiento, es pertinente mirar hacia la esencia del gobierno de Nayib Bukele, el ahora colaborador electoral de Rodrigo Chaves.

Al ponerle la lupa, la imagen captada, muestra a alguien que ha demostrado, un total menosprecio por las normas jurídicas salvadoreñas, como, por ejemplo, su menosprecio a la Constitución Política, conque fue electo la primera vez, síntoma evidente, de una deriva autoritaria, aplicada en el pequeño país hermano. Un caso grave es el de su forzada candidatura a la reelección presidencial. Resulta que la Constitución de 1983, prohíbe la reelección inmediata, y dicha prohibición había sido reafirmada por un fallo del 2.014. Sin embargo, gracias a una circunstancial mayoría absoluta, obtenida en las elecciones legislativas de febrero de 2.021, Nayib alteró las reglas constitucionales, gracias a una serie de maniobras alejadas de la legalidad. Cuando su sumisa Asamblea Legislativa, aprobó reemplazar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, le abrió camino a ejercer, una dictadura maquillada de democracia. De este modo, sus «piezas» judiciales resolvieron en el 2.021, que el presidente en ejercicio podía postularse legalmente para el cargo, si se alejaba del poder, un tiempito (seis meses) antes de las elecciones, como simuló hacerlo en el papel, para cumplir con ese fraudulento requisito.

Ejecutada esa maniobra, se postuló nuevamente. Asimismo, procedió a acabar con los vitales entes contralores, dándole vía libre a la corrupción galopante, donde su familia, por cierto, juega un papel determinante.

El enfrentamiento con los pandilleros expulsados de los EE.UU., que acosaban a la población salvadoreña, ha sido motivo de gravísimas acusaciones, lanzadas al basurero, después de la destitución del fiscal general, cerrándose así la investigación penal sobre las negociaciones del gobierno con los líderes de las pandillas. El enfrentamiento con los pandilleros, que expulsados de los EE.UU. (desde donde 2,5 millones de salvadoreños, con remesas anuales de US$8.000 millones, sostienen la economía de su país) acosaban a la población salvadoreña, ha sido motivo de acusaciones, muy serias. Sin embargo, después de la destitución del fiscal general, se cerró la investigación penal sobre las negociaciones amistosas del gobierno con los líderes de las pandillas, truncando un enjuiciamiento oficial sobre el caso, que, por supuesto, empañaba «el único logro» exhibido por Nayib, pese a la gran indignación, nacional e internacional, por las violaciones de derechos humanos, relacionadas con las detenciones arbitrarias de más de 73.000 personas, muchas inocentes, sin contar con el fundamental debido proceso. Pero era tanta la delincuencia, que el pueblo salvadoreño apoyó abrumadoramente las drásticas medidas oficiales, convirtiendo, por ello, a Nayib, en el líder más popular de América Latina, debido a la disminución de las tasas de violencia y homicidios, aunque obedecieran a acciones ilegales por él propiciadas.

El “estado de emergencia” que siguió al aumento de la violencia de las pandillas, le dio a su gobierno, como sucediera antes con la pandemia del Covid 19, un camino libre, bien oscuro, tenebroso, para las irregularidades y la corrupción. El resultado fue una falta de transparencia y de acceso a la información pública, así como una total ausencia de rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, al eliminarse las restricciones legales sobre el manejo de fondos del Estado. Hasta hoy, dicho «estado de emergencia» se ha prorrogado 22 veces (la última vez en enero de 2024), por lo cual, la pareja corrupción e impunidad, viven una eterna luna de miel. Por ejemplo, se desconocen los déficits presupuestarios crónicos, pese a las remesas que representan el 28 % del PIB, pues se publican pocos datos sobre la composición exacta del presupuesto del Estado. Por ello, pese a que se asignan cifras gigantescas para «seguridad», la supervisión de las finanzas públicas es prácticamente inexistente.

Y como era previsible, como resultado de la cobertura crítica sobre la corrupción y las políticas públicas, vino el ataque a la prensa independiente. Los periodistas han sufrido la autocensura, al enfrentarse a la intimidación y las agresiones. Otros fueron obligados a abandonar el país, como el medio El Faro, que, habiendo informado sobre la corrupción institucional de El Salvador durante décadas, hubo de salir del país, para trabajar digitalmente desde Costa Rica. De hecho, Departamento de Estado de EE.UU., ha acusado de corrupción a más de una docena de funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, por lo que muchos de ellos figuran en la «Lista Engel» del gobierno estadounidense, que incluye a personajes corruptos y enemigos de la democracia.

Así, con el Poder Legislativo bajo su control total, el Poder Judicial manejado por sus fieles partidarios y el Poder Ejecutivo concentrado en su figura, con un círculo de confianza formado por hermanos y leales servidores, Nayib logró un poder indiscutible en El Salvador, que, por lo conocido, está muy lejos de merecer levantar un estandarte democrático, aunque sí, el de una dictadura que busca entronizarse por muchos años, cuando pise suelo patrio.

Preguntamos, ¿A de ser un modelo ejemplar para los costarricenses? ¿Se justifica honrarlo con una invitación a visitar las sedes de los tres poderes de la República? ¿Su amistad con el presidente Chaves, estará por encima de los principios democráticos, que movilizan a muchos compatriotas? ¿Qué beneficios obtendría nuestra Patria, con su visita oficial, aparte de, supuestamente, ayudar con la «campaña electoral» adelantada, que se desarrolla desde nuestra Casa Presidencial? Finalmente, ¿Será que Chaves aspira a gobernar como su admirado dictador?

Para nosotros, las respuestas son obvias, como también lo es, que repudiamos su inoportuna presencia en Costa Rica.

25.10.2024

Cinco años malos y lo peor está por venir – Página de Maíz

Escrito en . Publicado en Derechos.

Los principales indicadores sociales y económicos que encontró el Gobierno de Bukele en 2019 han empeorado cinco años después. Así, el segundo Gobierno de Bukele, que es inconstitucional, iniciará en una situación peor.

Situación en 2019 y situación actual 

La pobreza, que es el principal indicador social, aumentó en 4 puntos porcentuales. Hay ahora 126 mil personas pobres más que en 2019. Ese dato sería peor si no fuera por la enorme cantidad de gente que se ha ido del país.

Entre 2019 y marzo de 2024 la deuda pública aumentó en más de 10 mil millones de dólares. Y en abril y mayo también de 2024 la Asamblea Legislativa ya aprobó nueva deuda por 2 mil 500 millones más. Esos ingresos millonarios no se tradujeron en mejoras para la población.

La matrícula estudiantil de 2023 fue menor que la de 2019. O sea, que hay menos estudiantes que hace cinco años en los centros educativos y en la Universidad de El Salvador (UES).

En el campo la situación es grave. Cayó la producción de alimentos y a muchas comunidades y cooperativas les están robando su tierra.

Todo empeorará, pero la lucha popular crecerá

En el segundo Gobierno de Bukele, que es inconstitucional y será “de facto”, todo empeorará, pues el endeudamiento sigue y vendrán más desgracias para el pueblo, debido al aumento del temor y la represión por el Régimen de Excepción, los desalojos, los despojos, la persecución política y la violación de Derechos Humanos.

La oligarquía tradicional y el grupo económico del clan Bukele seguirán aumentando sus riquezas haciendo piñata con los fondos públicos.

Seguirán los precios altos, los ingresos bajos y la falta de empleo. La gente que le dio un segundo chance a Bukele terminará comprendiendo cuál es la causa de sus carencias y le pasará la cuenta.

La gente más afectada y que votó por Bukele se desencantará y se lanzará a las calles junto a las organizaciones sociales, por lo que los próximos años serán de luchas y de victorias populares.

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Descalabro electoral innecesario

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rodolfo Cardenal

La ansiedad del adicto al poder pudo más que la prudencia del ilustrado. En lugar de aguardar los resultados oficiales de una autoridad electoral favorable a su causa, Bukele se autoproclamó ganador absoluto de la elección presidencial y legislativa. La reelección estaba asegurada de antemano. Por tanto, la serie de irregularidades en todas las fases del proceso electoral, que autorizan a descalificarlo como fraude, era innecesaria. La ambición desmedida de poder vició el proceso de principio a fin. La inconstitucionalidad de la reelección desembocó en la autoproclamación cuando apenas había comenzado el conteo preliminar y no se había procesado ningún acta de la votación legislativa. Los países amigos, encabezados por Washington, cayeron en la trampa y le siguieron el juego al felicitarlo sin datos oficiales.

La autoproclamación y las congratulaciones validaron una elección con más votos que empadronados, con votos fraudulentos, con actas incongruentes y contradictorias, con papeletas y actas extraviadas, con fallas graves de logística para resguardar la seguridad del voto y con la plataforma informática caída. Por falta de datos, el triunfo legislativo de Bukele es mera especulación. La ausencia de soporte electrónico impidió el escrutinio. El fiasco es tan clamoroso que la autoridad electoral dispuso abrir las urnas para contar los votos. Los partidos de la oposición hablan de anular las elecciones. En ciertos sectores de la opinión pública se habla de fraude. Desde los tiempos de la oligarquía militar y su partido de las manitas no había habido un fracaso de esta envergadura. En esto, el oficialismo se ha superado. Por asegurar lo seguro, se pasó.

El descalabro organizado por la autoridad electoral no sorprende. Es reflejo fiel de cómo la dictadura gestiona la administración pública. Es tan incompetente que ni siquiera pudo disimular el fraude. Después de la autoproclamación de Bukele, calificó cínicamente las elecciones como “un éxito”. Si la debacle es triunfo, qué será el fracaso. Desde 1992, la institucionalidad electoral no había dado muestras de una incapacidad tan escandalosa, que no solo deja por el suelo su credibilidad, sino que también le ha costado al país millones de dólares. No sería extraño, entonces, que la abstención aumente en la elección municipal.

El triunfo de Bukele es indudable, pero debe ser matizado. Hay indicios sólidos de que solo votó alrededor del 40 por ciento, es decir, la mayoría de la ciudadanía no acudió a las urnas. Por tanto, Bukele obtuvo una abrumadora mayoría solo entre ese 40 por ciento que votó. Dicho de otra manera, la mayoría de la población no votó por él. Tampoco la de la diáspora. De confirmarse, este dato demostraría que si su popularidad es real, no se tradujo en votos, o bien, esa popularidad no es tan alta como dicen las encuestas.

Consumada la reelección de Bukele es saludable preguntar qué se puede esperar razonablemente en los próximos cinco años. Esa cuestión se puede desglosar en otras dos: el para qué y el para quién de la reelección. Hasta ahora, Bukele ha sido incapaz de concretar qué hará en el segundo mandato. Ante la falta de novedades, cabe esperar más de lo mismo: militarización, seguridad y represión, eventos con repercusión internacional y megaproyectos como el nuevo estadio chino. Por otro lado, la reelección no es para aliviar las penurias de las mayorías, que tendrán que conformarse con más diversión y algún que otro reparto de alimentos. Ellas no son la prioridad de la dictadura. Antes que ellas se encuentran la familia presidencial y sus socios, los beneficiarios directos de la reelección.

La primera fase de las elecciones generales ha puesto en evidencia la similitud del oficialismo con los partidos tradicionales, la némesis de Bukele. El oficialismo hunde sus raíces en la peor tradición de la política nacional. En nombre de la gobernabilidad para una presunta transformación que no asoma por ningún lado, ha impuesto un partido único, que reproduce el partido de los militares de antaño. El atavismo es más poderoso que unas presuntas aspiraciones de novedad. La transformación en marcha se disfraza de seguridad y prosperidad para revisitar un pasado que sumió al país en una sangrienta guerra civil.

La reelección pudo haber sido un triunfo nítido y brillante de la popularidad de Bukele. La insensatez del adicto al poder total la descarriló. Bukele y sus consejeros se han metido innecesariamente en un berenjenal de consecuencias imprevisibles. El delirio le impidió consumar convincentemente la inconstitucionalidad de su reelección.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Fuente: https://noticias.uca.edu.sv/articulos/descalabro-electoral-innecesario

Democracia a la carta

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

El anuncio de los resultados en las elecciones nacionales celebradas el domingo 4 de febrero en El Salvador, solo confirmó la inminencia de un proceso a todas luces particular, por no decir otra cosa.

Se ha confirmado que Nayib Bukele, presidente en funciones y candidato plenipotenciario de su partido Nuevas Ideas, ha triunfado con un 82,66%, una de las cifras más demoledoras y contundentes de la historia de ese país. Cualquier lector medio interpretaría este porcentaje como un espaldarazo voluntario del pueblo que eligió en un segundo periodo a aquel que no asistió a un solo debate ni presentó una nueva propuesta de plan de gobierno, centrándose en solo un tema: la seguridad, es decir, el mantenimiento del régimen de excepción que ha instalado como política pública en su país.

Razón tendrá ese lector promedio en su interpretación. Razón a medias.

Con un discurso único relacionado con la disminución visible de la tasa de homicidios en el que otrora fuera uno de los países más violentos del mundo, Bukele basó su estrategia de ir por encima de los argumentos constitucionales acerca de la reelección, para lograr presentarse ante el electorado salvadoreño como la salvación posible.

Las dudas sobre la validez del proceso electoral del domingo 4 de febrero son muchas y evidentes. La autoproclamación del triunfo aún sin conocer las versiones oficiales del órgano electoral solo alimenta la sospecha de un proceso amañado y falto de sustento. Las denuncias sobre material electoral adulterado son incontables.

Llevarle la contraria al presidente del tweet puede ser contraproducente. Cientos de personas civiles, profesionales y de actividad laboral comprobada, han sido detenidas y confinadas por “sospechas”, dados sus atributos físicos, tatuajes de por medio, entre otras raras causas para el confinamiento.

Hoy, desaparecidos, engrosan tal vez la lista de ingresados en esa vergüenza de centro de detención que Bukele y sus secuaces políticos y académicos tanto en El Salvador como en otros países de la región, defienden como una cárcel modelo, para acabar con el flagelo de la violencia en este país.

El mismo día de las elecciones, miembros de sociedad civil, académicos comprometidos y desafectos con el gobierno bukelista y organizaciones sociales, artísticas y políticas denunciaron la detención ilegítima del ciudadano canadiense-salvadoreño Carlos Bucio Borja, por aparentemente haber cometido desacato por leer de forma pública y en un centro de votación los seis artículos de la constitución salvadoreña que prohíben y penalizan la reelección.

Cuando la democracia tiene precio y está ofrecida a la carta, como en el caso salvadoreño, poca esperanza queda. Aún no es posible dimensionar las millonarias ganancias que se han granjeado las industrias carcelarias de naturaleza pública y privada que han sido favorecidas con la política de cero violencia, impulsadas por Bukele.

Los populismos tienen la peligrosa acción de marear a las mayorías con ideas básicas pero bien hilvanadas. Despertar una respuesta colectiva y contundente es un imperativo y urgencia, en una sociedad que está pagando muy cara su opción por esos peligrosos populismos.

Esperemos que su memoria no sea corta.

Elecciones en El Salvador, claroscuros de una democracia burlada

Escrito en . Publicado en Derechos.

El programa «Elecciones en El Salvador, claroscuros de una democracia burlada» de La Mesa Redonda Con Sergio Marin Cornavaca, aborda diversos aspectos relacionados con las elecciones en El Salvador y las municipales de Costa Rica. La conversación tiene un enfoque crítico sobre los resultados y las acciones de los involucrados, particularmente del presidente Nayib Bukele. Se cuenta con la participación de el historiador costarricense Vladimir de la Cruz. 

Primero se señala la controversia en torno a los resultados de las elecciones, donde el magistrado del tribunal electoral no había declarado oficial el triunfo de Bukele, a pesar de que el sitio web del tribunal reportara una clara ventaja del oficialismo con más de un millón de votos, y Bukele ya anunciara su gane. Esta discrepancia entre los datos reportados y la declaración oficial genera cierta desconfianza sobre la transparencia del proceso electoral y la legitimidad de los resultados.

Los expositores abordan la gestión de Bukele para controlar las maras en El Salvador y como esta ha sido un factor clave en su creciente popularidad. Sin embargo, esta estrategia también ha generado preocupaciones sobre un posible autoritarismo en su gobierno. Y aunque se reconoce la necesidad de abordar la delincuencia y la inseguridad, existe el riesgo de que las medidas implementadas por Bukele para combatir las pandillas pueda llegar a erosionar las instituciones democráticas del país. 

Se realiza un análisis comparativo con la historia política de Costa Rica, se resalta la tradición de reelección de presidentes en el siglo XIX y los cambios constitucionales que han moldeado el sistema político del país. Se mencionan casos de reelección exitosa y los desafíos enfrentados por los gobiernos en términos de legitimidad y poder político.

Este programa de La Mesa Redonda Con Sergio Marin Cornavaca ofrece una reflexión crítica sobre las elecciones en El Salvador, destacando las ambigüedades y desafíos en el proceso electoral, así como las implicaciones políticas y sociales de los resultados. La comparación con la historia política de Costa Rica permite enriquecer dicho análisis y proporciona perspectivas históricas para entender mejor el contexto político actual en El Salvador.

Compartimos el video del programa:

“Denunciamos la captura ilegal, inmoral e ilegítima del ciudadano salvadoreño-canadiense Carlos Bucio Borja” cuando leía artículos de la Constitución en un centro de votación

Escrito en . Publicado en Derechos.

Nosotros, los abajo firmantes, escritores y artistas salvadoreños, denunciamos ante la comunidad salvadoreña e internacional, la captura ilegal, inmoral e ilegítima del ciudadano salvadoreño-canadiense Carlos Bucio Borja, acaecida en el marco de las elecciones de presidente y asamblea legislativa este domingo 4 de enero de 2024, por parte de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Bucio Borja leía los seis artículos de la Constitución salvadoreña que prohíben y penalizan la reelección presidencial, tanto a quien trate de ejercerla como a quienes la apoyen. Además citó palabras de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, canonizado en 2018 por la Iglesia Católica. Esto sucedió en el centro de votación del Centro Escolar Concha viuda de Escalón, en San Salvador. En ese momento, alrededor de seis elementos de la PNC lo sacaron, le decomisaron sus documentos mientras activistas y militantes del Partido Nuevas Ideas lo ofendían y pedían su captura. Hemos sabido que será ingresado al centro de detención conocido como el Penalito, lugar donde son llevado los capturados en el marco del Régimen de Excepción, acusados de pertenecer a pandillas.

La relección presidencial en El Salvador es un hecho cuestionado al interior y exterior del país, sin embargo las elección se están realizando, el gobierno de Nayib Bukele, que controla todas las instituciones del Estado, hasta la fecha no ha derogado la Constitución de la República, tampoco han decretado que  leerla públicamente sea un acto que subvierta el orden, o sea un acto subversivo, en ese sentido, que Carlos Bucio Borja haya sido capturado por leer la Constitución en un acto cívico, es una clara violación al  derecho a la libertad de pensamiento y expresión; considerar lo anterior como un delito solo confirma que en El Salvador ya estamos viviendo una dictadura.

Hacemos el llamado a intelectuales, artistas, escritores, instituciones nacionales e internacionales y defensores de derechos humanos, a sumarse a esta denuncia y a evidenciar las graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador.

Firman

Otoniel Guevara, poeta. El Salvador
José Antonio Domínguez, poeta y abogado. El Salvador
Tania Molina, poeta, cantante, partera y artista circense. El Salvador
Rainier Alfaro Bautista, poeta. El Salvador
Alfonso Fajardo, poeta. El Salvador.
Juana M Ramos, poeta, académica y escritora. El Salvador.
Tony Peña, docente universitario. El Salvador.
Jorge Haguilar, poeta y docente universitario. El Salvador.
Moisés Ramos Guerra, cantautor. El Salvador.
César Lazo, poeta, Honduras.