Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

El anuncio de los resultados en las elecciones nacionales celebradas el domingo 4 de febrero en El Salvador, solo confirmó la inminencia de un proceso a todas luces particular, por no decir otra cosa.

Se ha confirmado que Nayib Bukele, presidente en funciones y candidato plenipotenciario de su partido Nuevas Ideas, ha triunfado con un 82,66%, una de las cifras más demoledoras y contundentes de la historia de ese país. Cualquier lector medio interpretaría este porcentaje como un espaldarazo voluntario del pueblo que eligió en un segundo periodo a aquel que no asistió a un solo debate ni presentó una nueva propuesta de plan de gobierno, centrándose en solo un tema: la seguridad, es decir, el mantenimiento del régimen de excepción que ha instalado como política pública en su país.

Razón tendrá ese lector promedio en su interpretación. Razón a medias.

Con un discurso único relacionado con la disminución visible de la tasa de homicidios en el que otrora fuera uno de los países más violentos del mundo, Bukele basó su estrategia de ir por encima de los argumentos constitucionales acerca de la reelección, para lograr presentarse ante el electorado salvadoreño como la salvación posible.

Las dudas sobre la validez del proceso electoral del domingo 4 de febrero son muchas y evidentes. La autoproclamación del triunfo aún sin conocer las versiones oficiales del órgano electoral solo alimenta la sospecha de un proceso amañado y falto de sustento. Las denuncias sobre material electoral adulterado son incontables.

Llevarle la contraria al presidente del tweet puede ser contraproducente. Cientos de personas civiles, profesionales y de actividad laboral comprobada, han sido detenidas y confinadas por “sospechas”, dados sus atributos físicos, tatuajes de por medio, entre otras raras causas para el confinamiento.

Hoy, desaparecidos, engrosan tal vez la lista de ingresados en esa vergüenza de centro de detención que Bukele y sus secuaces políticos y académicos tanto en El Salvador como en otros países de la región, defienden como una cárcel modelo, para acabar con el flagelo de la violencia en este país.

El mismo día de las elecciones, miembros de sociedad civil, académicos comprometidos y desafectos con el gobierno bukelista y organizaciones sociales, artísticas y políticas denunciaron la detención ilegítima del ciudadano canadiense-salvadoreño Carlos Bucio Borja, por aparentemente haber cometido desacato por leer de forma pública y en un centro de votación los seis artículos de la constitución salvadoreña que prohíben y penalizan la reelección.

Cuando la democracia tiene precio y está ofrecida a la carta, como en el caso salvadoreño, poca esperanza queda. Aún no es posible dimensionar las millonarias ganancias que se han granjeado las industrias carcelarias de naturaleza pública y privada que han sido favorecidas con la política de cero violencia, impulsadas por Bukele.

Los populismos tienen la peligrosa acción de marear a las mayorías con ideas básicas pero bien hilvanadas. Despertar una respuesta colectiva y contundente es un imperativo y urgencia, en una sociedad que está pagando muy cara su opción por esos peligrosos populismos.

Esperemos que su memoria no sea corta.