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Etiqueta: Nayib Bukele

Bukele y la democracia populista

Valentín Díaz Gutiérrez

Etimológicamente, democracia significa el poder del pueblo, pero como «pueblo» no es un todo categórico, sino una amalgama llena de matices hemos, convenido de manera casi unánime que democracia es el gobierno de o para las mayorías. Y como definición no está nada mal.

Pero solo es eso una bonita definición que no llena ni de lejos las aspiraciones de esas mayorías.

¿Y cuáles son esas aspiraciones? Maslow, fundador de la psicología humanista, y creador de la famosa pirámide, formula en su teoría una jerarquía de esas necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados en el escalón superior de ella.

Así que en la base de esa pirámide y en la realidad, las mayorías de cualquier democracia aspiran a satisfacer las necesidades básicas de alimento, ropa y cobijo. Creo que todos podemos estar de acuerdo con él.

A medida que uno va ascendiendo en la pirámide, sus aspiraciones se van ampliando y se van haciendo cada vez más sofisticadas, pero sobre todo surge el deseo innato de no perder la posición adquirida. Es el origen del pensamiento conservador, se perciba uno de izquierda o de derecha. Por encima de toda ideología y espiritualidad, ese egoísmo es parte del sentido común o mayoritario. Nadie quiere perder los privilegios que esa posición favorable en la pirámide confiere. Todos queremos mantenerlos si no acrecentarlos para nosotros y nuestros descendientes.

Y eso, aun siendo conscientes de que esa cómoda posición se sostiene sobre las injusticias en la base de la pirámide donde sigue habiendo personas que literalmente se mueren de hambre.

La sociabilidad, y eso lo digo yo, es la habilidad adquirida de mirar hacia otro lado y «tirar palante». Y esa peculiar sociabilidad también se extiende hacia las capas más bajas de la pirámide, no vayamos a idealizar. Es la dura y darwiniana lucha por la supervivencia.

¿Qué me he alejado mucho de Bukele? Pues no tanto si considero que muchos, muchos en mi entorno, parecen temer que se esté incubando un Bukele en su vecindario. En ese entorno donde nos preocupamos tanto por cosas tan abstractas como la libertad y el derecho. ¿La libertad y el derecho de quién?

No nos engañemos, no queramos mirar para otro lado con esas poses progresistas. Nuestra estabilidad en la pirámide depende de que sigan pasando esas cosas en el subsuelo. Por eso a Bukele se le ve y se le juzga dependiendo de la posición desde la que emitimos el juicio.

Vivimos en sociedades inmensamente desiguales e injustas. Bukele no es el responsable de ello, aunque sea como nosotros, como ustedes que tanto le critican, beneficiario de ellas. Su carrera política la inicia en el FMLN llegando a ser alcalde de San Salvador, momento en el que por discrepancias políticas es expulsado del partido. Y cuando llega a la presidencia lo hace con el principal objetivo de acabar con la delincuencia. Y como los habían hecho antes los gobiernos precedentes, empieza unas negociaciones con las maras, reduciendo significativamente los niveles de violencia.

Esas negociaciones oficiosas fueron muy contestadas por sus compatriotas, lo que no deja de ser normal en una sociedad democrática. Lo que es más anormal es que el propio Departamento del Tesoro de USA se inmiscuyera en un asunto interno de El Salvador como ya lo había hecho con el tema del Bitcoin, una vez más la sombra del Imperio apareciendo sospechosamente.

En ese clima de tensiones políticas internas y externas ocurre el fin de semana sangriento de marzo 2022, donde se cometen 76 homicidios atribuidos a las maras y que ocasionaron el estado de excepción y todo lo que ahora se cuestiona. La historia de esa «matanza» está aún por escribir y entre tanto hay muchas conjeturas respecto a la misma.

Ese hecho fue el detonante necesario para declarar el estado de excepción que a juzgar por las apariencias puede ser renovado durante todo el mandato de presidente.

Desde entonces, miles de salvadoreños han sido detenidos y encarcelados y se han producido múltiples violaciones de derechos humanos y detenciones arbitrarias que serían como los daños colaterales de esta guerra interna contra la delincuencia organizada o contra una parte de ella. Contra la que operaba en esa base de la pirámide, convirtiendo la vida de los salvadoreños pobres en un verdadero infierno. Y son esos ciudadanos que se sienten liberados por su carismático presidente los que le dan su respaldo en las encuestas de opinión. La gran mayoría que hasta ahora estaba soportando los rigores y la violencia de los mareros.

A nosotros, los que en El Salvador y fuera de él, estando en los escalones por encima de esa base caótica, nos cuesta entender la situación, nos percibamos de izquierda o derecha, porque como escribí antes, nuestra sociabilidad nos impide ver lo que ocurre ahí abajo. No se trata de estar con o contra Bukele o con o contra el próximo líder populista que surja. Se trata de ver con objetividad y hacer algo al respecto y con urgencia, porque la olla común sobre la que se asientan nuestras sociedades post socialdemócratas está a punto de explotar.

Ivania Cruz: los presos políticos en El Salvador nos llaman a luchar

Uno de los problemas reportados por medios de difusión como claves en El Salvador ha sido la constante lucha contra la violencia, que hace difícil la preservación del desarrollo en todas sus formas, ya que se ha vuelto un problema sistemático que repercute en toda la población.

Ante ello, Ivania Cruz, abogada y vocera del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, alza la voz en cuanto a la realidad vivida por la población en relación con las medidas establecidas por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

Bajo una de las más violentas olas de violencia, el gobierno ha establecido acciones igualmente drásticas, modificando, reformando y agregando nuevas atribuciones al código penal salvadoreño con condenas más largas para aquellos implicados o relacionados a las pandillas, y sumado a esto, el restringir la libertad de expresión y de prensa, estableciendo condenas a periodistas que den visibilidad a todo lo relacionado con la problemática, además de la suspensión de las garantías sociales y con ello diversas acciones de índole autoritaria.

Ivania Cruz y en base al informe reciente del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Siméon Cañas (UCA), donde exponen las arbitrariedades que suceden bajo la mira de nadie. Este informe establece que en El Salvador se han reportado 4,060 personas como desaparecidas durante los últimos dos años.

Según lo expuesto por Cruz, lo que se está viviendo en El Salvador no solo se basa en la problemática de los grupos violentos, sino que, ésta se ha utilizado como una forma de establecer un régimen fuera de los derechos humanos, donde se instaura una persecución política sobre aquellos opositores al gobierno. 

Por ello Cruz declaró para el Semanario Universidad:

“Actualmente en El Salvador vivimos una dictadura. A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los sustituyen y ahora con una nueva ley sobre la carrera judicial ya no solamente (controlan) a los magistrados, si no a los jueces de los casos que a ellos les interesaba sustituir, como el caso de (la masacre de) El Mozote.

Cofappes entra a partir de 2021 por los primeros casos individuales; hoy, 2022, hablamos de capturas masivas.

En el 2021 hablamos de capturas a cualquier oposición, comenzó su discurso con los partidos opositores, FMLN y Arena, pero después pasó a cualquier crítica: hay siete periodistas exiliados, existe la ley mordaza según la cual los periodistas ya no pueden hacer publicaciones sobre las pandillas. Es una limitante a la libertad de expresión y al periodismo en El Salvador”.

De esta manera la abogada Cruz señala que es grave la situación que presenta el país, donde el Estado infringe violencia sobre los ciudadanos, en cuanto a estos encarcelamientos masivos que se dan bajo la persecución y el silencio, lejos de cualquier vestigio de derechos. Además, se debe tener presente que no existe un oposición consolidada dentro de El Salvador, ya que sin oposición en la Asamblea Legislativa, pudo realizar diversas acciones como el despido de los jueces de la Sala Constitucional de El Salvador, estableciendo nuevos afines a sus intereses. 

Por cuánto, los esfuerzos visiblemente extremistas del presidente Bukele, que señala ante el público como una lucha contra las fuerzas violentas y guerrillas, que se establecen en El Salvador genera una disminución visible, aun así Cruz señala que “actualmente en el país, hay más de 100 muertos a manos del Estado dentro de los centros penales por el régimen de excepción, pero la gente a veces cree que esos muertos son pandilleros, pero la mayoría son personas civiles, o jóvenes que fueron muertos por riñas dentro de una celda en la que estás metiendo a gente inocente mezclada con pandilleros”. 

Para mayor información consultar la entrevista realizada a Cátedra Centroamérica/UCR: https://fb.watch/h6nDbs8eIg/?mibextid=RUbZ1f

O bien, consultar noticia en Semanario Universidad:  https://semanariouniversidad.com/mundo/centroamerica/el-salvador-es-una-bomba-de-tiempo/

Camino a la dictadura

Imagen: Allan McDonald

Bukele y su proyecto de reelección

Todas las actuaciones políticas del presidente Nayib Bukele indican que está llevando rápidamente a la república de El Salvador hacia una dictadura de derechas.

David Mena

El último acto lo efectuó el 15 de septiembre, celebración de un nuevo aniversario de la independencia, cuando anunció que será candidato a la presidencia en 2024, violando la constitución, que prohíbe la reelección de manera inmediata.

La prohibición de la reelección inmediata se basa en la previsión de eliminar las ventajas que tendría un presidente en funciones porque utilizaría el poder del Estado para asegurar su triunfo sobre otros aspirantes.

La argumentación de los publicistas de Bukele consiste en afirmar que es un presidente popular y que nadie ha hecho lo que él ha logrado, y que eso le da derecho a reelegirse.

En el camino de la reelección se inscribe la destitución inconstitucional por el parlamento de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que fueron remplazados por otros, dóciles al gobierno.

Justificaciones y falacias

Los publicistas del gobierno “justifican” el proyecto de reelección en que Bukele ha sido un buen administrador, sobre todo cuando la pandemia, pero “olvidan” que en esta legislatura se dictó una ley para eliminar el acceso a la información de todo lo realizado por el ministro de Salud (como el uso discrecional de varios centenares de millones de dólares provenientes de Estados Unidos) y otros ministerios que también usaron fondos públicos.

Otro de sus argumentos refiere a la reducción notable de la cifra de homicidios desde que Bukele asumió, el 1 de junio de 2019 (no hubo ninguno hasta marzo de 2022, cuando como rayo en cielo sereno hubo 80 asesinatos en un fin de semana).

El periódico virtual El Faro demostró que en esos casi 3 años Bukele estableció un pacto secreto con las pandillas (maras). Luego rompió con una de ellas, la Mara Salvatrucha 13 (MS 13), por incumplimiento de las prebendas pactadas. No obstante, en ese mismo periodo crecieron las cifras de personas desaparecidas, así como el hallazgo de cementerios clandestinos, acciones atribuibles a las pandillas.

El Faro demostró, años atrás, que funcionarios de los gobiernos de ARENA y del FMLN tuvieron acuerdos secretos con las pandillas, por lo que fueron procesados por la fiscalía general de la república.

Pero eso no ha sucedido con funcionarios del gobierno de Bukele, porque la asamblea legislativa constituida el 1 de mayo de 2021, con mayoría absoluta de diputados del partido del presidente, destituyó, en la misma sesión de apertura, al fiscal general que investigaba las operaciones secretas del mandatario con las pandillas y la corrupción de otros funcionarios del gobierno actual.

El Fiscal General nombrado el 1 de mayo de 2021, obediente a las directrices del presidente, destituyó a los fiscales que investigaban el pacto con las pandillas y eliminó el acuerdo con la OEA que creaba la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES).

Un régimen de excepción

A partir de marzo pasado, para encubrir la mentira del control territorial que ejercía el gobierno, Bukele tuvo una reacción violenta para “castigar” a los pandilleros y mostrar ante la población su poder.

Así, se instaló el “régimen de excepción”, que supone la pérdida de cuatro garantías constitucionales: el derecho a la libertad de reunión y asociación; el derecho a la defensa; el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia e intervención de las comunicaciones sin que sea necesaria una orden judicial y el plazo de detención administrativa solo por 72 horas (que pasó a 15 días).

Entre marzo y septiembre últimos, el ejército y la policía nacional civil han capturado a más de 50 mil personas, incluidas muchas que no tienen relación con las pandillas pero que viven en los barrios populares y su condición de pobreza da a los captores la justificación para su apresamiento.

Se sabe sin embargo que las dirigencias de varias pandillas no están encarceladas y que además, hay decisión gubernamental de no entregar a líderes pandilleros solicitados por la justicia de Estados Unidos para ser juzgados en ese país.

Hay restricciones para que los presos accedan a procesos legales para demostrar su inocencia. No tienen acusaciones por delitos cometidos sino la presunción de que son pandilleros por apariencia o por lugar de residencia y porque forman parte de las cuotas de capturados que deberían cumplir los soldados y los policías diariamente.

Hoy hay en El Salvador, entre estos nuevos presos y los anteriores, unos 80.000 detenidos hacinados en las cárceles del país, que tienen una capacidad máxima cuatro veces inferior a esa cifra.

Durante los últimos seis meses ha habido denuncias de homicidios efectuados por autoridades carcelarias o por otros prisioneros y de muertes por negligencia en la atención médica de las personas privadas de libertad.

El factor del desencanto

Bukele ha destruido la institucionalidad democrática y ha creado una maraña de manejables funcionarios para su propósito de la relección.

Cuenta a su favor el desencanto de la población con todos los gobiernos que se han sucedido en los últimos años (cuatro de ARENA y dos del FMLN), que no proporcionaron alivio a la pobreza y miseria grandes sectores. La antigua estructura de dominación política y de concentración económica sigue vigente. Es pasado y presente.

La miseria ha llevado a grandes cantidades de salvadoreños, buena parte de ellos jóvenes, a emigrar, a integrarse a las maras, que se han constituido en un poder territorial y hasta político, o a sumarse al ejército de desocupados que no encuentran trabajo.

El Salvador tiene además acumulados problemas como una estructura económica concentradora del ingreso; marginación y exclusión social; inseguridad generalizada; emigración obligada; desempleo creciente; medio ambiente amenazado; deterioradas finanzas públicas y creciente endeudamiento externo; uso corrupto de presupuestos públicos; estancamiento educativo…

Bukele ha sabido captar ese desencanto, atacando a los partidos tradicionales y prometiendo mano dura a la delincuencia, y al mismo tiempo ha copado las instituciones del Estado para eliminar toda oposición.

El presidente considera un lastre para su gobernabilidad autoritaria las reglas democráticas constitucionales y con su mayoría legislativa controla todos los resortes del poder político.

Tras tres años de gestión está claro que gobierna para su grupo familiar y amistades, aliados a familias de la vieja oligarquía, de la cual sigue el mismo patrón de conducta: utilizar el aparato del Estado para incrementar su patrimonio.

Ahora necesita ser reelecto para evitar que un nuevo gobierno investigue su corrupción y para mantener el control del Estado con el fin de continuar la acumulación económica de su familia y allegados.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/el-salvador-2/camino-a-la-dictadura/

Luces, Cámara…¡Bukele!

Sol Acuña

En la víspera del 10 de diciembre, un mensaje se difundió. Alertaba de la visita del presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, a la plaza central de El Mozote. La misma plaza donde el 11 de diciembre de 1981, en plena guerra civil, el Batallón Atlácal del ejército salvadoreño pronunció frases como éstas: “¡Mayor! Aquí hay uno que dice que no quiere matar niños”, “¿Quién es el hijo de puta que dice eso?”. Asesinaron a 558 pequeños, utilizaron la violación a mujeres y niñas como arma de guerra y los varones fueron torturados y aniquilados. ‘Tierra arrasada’ se llamaba la técnica. Y eso hicieron. No quedó nada. Fueron cerca de mil personas en tres días en varios cantones de la zona.

El crimen permanece impune a día de hoy y la coincidencia de la visita del presidente con el aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, era una sorpresa que rompía con las agendas comunitarias. “Va a dar a conocer y a lanzar oficialmente una serie de proyectos para nuestra comunidad”, decía el mensaje que circulaba. Bukele decidió visitar la zona un día antes del aniversario oficial en el Mozote, una fecha delicada, y para la cual ya existía un calendario preparado por los vecinos y las víctimas.

Ayer, viernes 10 de diciembre, daban inicio en La Joya las conmemoraciones de los 40 años de esa fatídica fecha. Pero de estas no se habló, ni se hablará; fueron eclipsadas por la puesta en escena. Delante de la iglesia donde asesinaron a los niños, había montadas tres tarimas, un podio, una pantalla, un reflector de luz y cerca de 250 sillas. La cita era a las tres, pero el mandatario llegó en uno de los helicópteros que sobrevolaron la zona pasadas las cinco. El público aplaudió. Una señora daba saltitos de emoción en su silla. Algunos esperaban desde las dos, pero muchos se habían quedado en sus casas. “Falta mucha gente del pueblo, muchos de los que hay aquí son de fuera”, confirmaron otras dos señoras del público. La plaza estaba dividida en dos mitades: una de ellas al servicio del evento de Bukele, la otra eran residentes de la zona o cercanos. Varias víctimas de la masacre que conocí el día anterior no acudieron, Bukele había transformado una fecha de todos, en una fecha únicamente suya. 

El presidente prometió becas de estudio, edificios turísticos y una inversión “inicial” de 32,4 millones de dólares para la zona. En primera persona del plural habló de todas las ofrendas que le iba a dar a la comunidad, como computadoras para los niños: “Eso sí, no las pueden vender”, bromeaba. Su listado de beneficios incluyó una plaza gastronómica de 1,4 millones de dólares; un centro de atención geriátrica de 600.000; un club de la cuarta edad; un anfiteatro de 750.000 dólares… El discurso estuvo maridado con maquetas virtuales proyectadas en la pantalla donde desfilaron modernísimos diseños que recordaban más a suburbios de Estados Unidos que a la modesta arquitectura del norte de Morazán (incluída la de remesas).

El Comandante de las Fuerzas Armadas habló de justicia y reparaciones, pero en ningún caso se refirió a la desclasificación de archivos militares, imprescindibles para la investigación y condena de los autores intelectuales y materiales de la masacre. «Hace poco atacaron un decreto de la Asamblea Legislativa porque dicen de que ataco al juez del Mozote, y yo pienso: ¿No hubo Asamblea Legislativa, sistema judicial, Corte Suprema de Justicia durante 40 años? ¿No fue suficiente tiempo para probar si iban a hacer justicia o no?», dijo echando el muerto pal lado. 

Los diez minutos y pico de discurso fueron acuerpados con drones, camarógrafos, comunicadores, policías y una quincena de fotógrafos. Uno de ellos daba instrucciones a una niña de no más de cinco años, para que posara junto a los nombres de los menores asesinados que están inscritos en la iglesia. Incluso hubo un locutor ubicado en la tarima de atrás, que leyó un guión para adornar la entrada y salida del presidente. Todo estaba ensayado. El locutor indicaba cuándo había que ponerse de pie, pero no todos seguían la consigna. “Esto es para desestabilizar la conmemoración organizada por nosotros”, comentó un miembro de la Asociación Por los Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM).

Las entradas y salidas al pueblo estaban controladas por militares armados quienes también daban vueltas por sus calles. Además, había policías, así como obreros del Ministerio de Obras Públicas y Transporte que se pasaron el día desmantelando la Casa Comunal que el día anterior estaba de una pieza, para que el autodenominado CEO de El Salvador fuera a ‘inaugurarla’ una vez hubo terminado su discurso. Para la foto le quitaron hasta el techo y colocaron dos tractores, uno a cada lado, con un obrero rechoncho bien acomodado en el asiento del que se encontraba iluminado por un foco colocado estratégicamente. Las selfies, sonrisas, abrazos, y promesas fueron alumbradas por esa misma luz, mientras el presidente se montaba de vuelta en su carro oficial, una vez cortada la cinta. Tras el deja-vú político, los técnicos se apresuraron para desmontar todo el atrezzo, los fotógrafos siguieron en sus menesteres y los primeros tuits de Casa Presidencial empezaron a publicarse.

Probablemente el evento de la comunidad no goce de tanto lujo sino más bien de recuerdos dolorosos, algunos maquillados por una ilusión creada ayer por los proyectos anunciados. Tras 40 años de la peor masacre de América Latina, el fin de la lucha para los familiares de las víctimas y los defensores de los derechos humanos no vislumbra todavía la luz del rostro vendado de la justicia, sino la foto de perfil de Twitter de Nayib Bukele y su inversión “inicial” de 32,4 millones de dólares.

 

Fuente: https://laultramarinablog.wordpress.com/