La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió al gobierno de Costa Rica acciones prontas para resolver una serie de incumplimientos relacionados con el derecho de negociación colectiva de las trabajadoras y trabajadores públicos, así como con la libertad sindical en general, los cuales han sido reiterados al país en otras oportunidades, sin ser atendidos.
La excitativa forma parte del Informe Anual de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR), recientemente publicado, en el cual la OIT “lamenta observar que no se han producido avances” en la promoción de reformas legales y constitucionales que aseguren la independencia y la libertad sindical.
El informe tomó en cuenta los documentos elaborados por la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), en cumplimiento a las memorias del año 2023 de los Convenios 87, 98, 135, 141 y 122 de la OIT, en coordinación con las centrales sindicales costarricenses.
Entre otros aspectos, afirma la Comisión que desde hace muchos años viene pidiendo al Gobierno tomar medidas para garantizar el derecho de negociación colectiva en el sector público, y expresa su preocupación por “el impacto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas núm. 9635 y la Ley Marco de Empleo Público (núm. 10159) en la negociación colectiva de carácter económico en el sector público”.
Por ello la Comisión pide al Gobierno que “en consulta con los interlocutores sociales, tome las medidas necesarias para revisar la Ley Marco de Empleo Público (núm. 10159) y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (núm. 9635), de manera que los empleados del sector público que no trabajan en la administración del Estado puedan ejercer su derecho de negociar colectivamente temas económicos y salariales.
El informe de la Comisión se refiere también a otros problemas relativos a la libertad, autonomía e independencia sindicales, incluida la discriminación antisindical, sobre los que la OIT ha venido llamando la atención gubernamental desde hace años, sin que se hayan solventado. Pide al Gobierno que “tome las medidas necesarias para modificar el artículo 367, b) del Código del Trabajo con el fin de ampliar el número de representantes sindicales protegidos, especialmente en el caso de organizaciones que agrupan a un elevado número de miembros”, lo que incluye las licencias o permisos sindicales.
Otra modificación pendiente es reducir el plazo excesivamente largo que la ley concede a las autoridades para pronunciarse sobre la inscripción de los sindicatos, lo cual aprovechan algunos patronos para perseguir a sus miembros y dirigentes y desconocer la organización sindical, y promover arreglos directos contra la negociación colectiva.
Lamenta además la Comisión que no se han producido cambios para respetar la autonomía de las organizaciones en determinar el periodo de vigencia de sus juntas directivas. Tampoco se ha avanzado en una reforma legal que permita a personas extranjeras residentes en el país ejercer la dirección o cargos de autoridad en los sindicatos.
En materia de empleo, la Comisión lamenta que el Gobierno no hubiese establecido y aplicado una política nacional integral destinada a promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido, en plena consulta con los interlocutores sociales, de conformidad con el Convenio sobre la Política de Empleo, de 1964 (Convenido 122).
La Comisión recuerda que “la política de empleo debe tener debidamente en cuenta la interrelación entre los objetivos de empleo y los demás objetivos económicos y sociales y, en particular, debe tratar de estimular el crecimiento económico y el desarrollo, elevando al mismo tiempo el nivel de vida y abordando el problema del desempleo y el subempleo”.
Fanny Sequeira, secretaria general de la Confederación expresó que: “La CTRN, consecuentemente, le pide al Gobierno atender sin más dilaciones las observaciones de la OIT y dar prioridad a las medidas necesarias para cumplir adecuadamente los convenios ratificados. Porque es un imperativo democrático cumplir con las leyes nacionales e internacionales del trabajo, y no permitir el deterioro del Estado Social de Derecho, ni la impunidad recurrente”.
Además, indicó: “Seguiremos exigiendo el cumplimiento de los Convenios de la OIT e insistiendo en la necesidad de ratificar los Convenios 151 y 154, como en varias ocasiones ha alentado la Comisión”.
Las jornadas de trabajo, hasta un máximo de 48 horas por semana, reguladas en la Constitución Política y el Código de Trabajo, datan de la década de oro del constitucionalismo social y laboral del siglo pasado.
Es más, desde 1920, se reconoció esta jornada en nuestro país.
Es la jornada típica de la sociedad industrial.
No obstante, los procesos de producción, y en consecuencia, las relaciones de trabajo, han experimentado modificaciones sustanciales, principalmente en los años que llevamos del SXXI.
Aquellas jornadas ya no se adecuan a las transformaciones contemporáneas de la sociedad, y mucho menos a las naturales exigencias de vida de las personas trabajadoras, que requieren más tiempo libre, para estudiar, descansar, para conciliar la vida laboral y familia; en definitiva, para disfrutar más de la efímera vida, que ya no puede seguir anclada en la jornada de 48 horas.
Por tanto, resulta imperativo una reducción sustancial de las jornadas de trabajo, sin afectar las remuneraciones de las personas trabajadoras.
Por esto, resulta absolutamente inasumible el proyecto de ley que pretende imponer la denominada jornada 4/3.
Verdaderamente, para tratar de comprender este proyecto, resulta imprescindible tener conocimientos básicos de paleontología, porque significa un retroceso histórico.
Yo estoy de acuerdo con una jornada 4/3, pero con un enfoque y una finalidad muy diferente al insidioso cometido del proyecto de ley, que, por una parte, tienda a reducir efectivamente los límites de las jornadas de la legislación actual, y por otra parte, que tienda a promover el desarrollo humano y el nivel de bienestar más alto de la clase trabajadora.
No se puede desconocer que la jornada 4/3 es un tema que se está debatiendo, principalmente en Europa.
La jornada 4/3 se está abriendo espacio, pero no para incrementar la cantidad de horas que se trabajan por día, sino, como ya se está implementando en algunos países europeos: para dejar de trabajar 5 días a la semana, y en su lugar, sólo 4 días semanales, pero reduciéndose la jornada de trabajo diaria, sin afectar la remuneración y procurando mantener la productividad de las empresas.
En esta hoja de ruta se han logrado importantes avances en países como Islandia, España, Inglaterra, entre otros, que han reducido la jornada de trabajo hasta 35 o 36 horas por semana, manteniendo incólumes las remuneraciones.
Esta es la hoja de ruta que se va abriendo espacio en Europa, en la que, además, la negociación colectiva está jugando un papel de primer orden en la reducción y flexibilización de las jornadas de trabajo. Muy por contrario, las patronales de nuestro país, con el auspicio de los partidos políticos conservadores, impulsan políticas típicas del periodo Jurásico, atizando un proyecto que pretende destruir la jornada de 8 horas y extinguir los derechos de la clase trabajadora.
Álvaro Madrigal Mora Secretaría General Comité Ejecutivo Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional
La sabiduría popular siempre nos ha enseñado que aquello que va a definir nuestro futuro debe ser pensado y repensado con mucha tranquilidad y seso, no respondiendo a las presiones del momento, mucho menos metiéndonos en una vorágine, donde nos quieren convencer de que hay que hacerlo porque urge o porque nos van a sancionar.
No es posible por un lado, que tengamos un discurso donde hemos defendido que la Ley Marco de Empleo Público (LMEP) con su salario global, lo que hace es precarizar el empleo en el sector público (las universidades públicas dentro de él) con el fin de deteriorar el servicio que se presta, como preámbulo para justificar su privatización total; pero por el otro, correr a aprobar una propuesta transitoria de salario global, muy probablemente definitiva, sin hacer un verdadero análisis prospectivo de sus posibles implicaciones en el quehacer de la Universidad, ni analizando si realmente es la única salida que tenemos como Institución.
En estos momentos no podemos declararnos ignorantes del análisis que realizó una comisión integrada a lo interno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, a solicitud del Consejo Universitario de dicho centro, de la LMEP, así como de las sentencias y respuestas de la Sala Constitucional respecto a dicha ley, sobre la Autonomía Universitaria y la negociación colectiva. Máxime cuando el Dr. Mauricio Castro Méndez, académico de dicha facultad y quien presidió dicha comisión, ha sido vasto y contundente a la hora de divulgar los resultados de dicho análisis, más recientemente, atendiendo una invitación de nuestro Consejo Universitario en la sesión del pasado jueves 22 de abril.
Dicho análisis, según esta comisión, arroja varios resultados que, podemos considerar, son muy favorables para las universidades públicas, y que muy resumidamente podemos plantearlos así:
Con respecto a la LMEP, la Comisión concluye que, la Sala IV ha dicho:
– La negociación colectiva es un derecho fundamental y constitucional que no puede ser vaciado de contenido, por lo tanto, no se puede prohibir negociar derechos salariales en ella.
– Las partes tienen libertad de negociación dentro de los límites establecidos de racionalidad y proporcionalidad, por lo tanto, no se les puede obligar ni a negociar ni a denunciar la Convención Colectiva.
– La implementación del salario global, en las universidades públicas es una posibilidad no una obligatoriedad.
– La vía para seguir con la implementación del salario compuesto (el formato que actualmente tenemos) es la negociación colectiva.
– Si las universidades deciden aplicar el salario global (único), lo deben hacer bajo las reglas establecidas por la ley y su reglamento, sin poder modificarlas, por lo tanto, el salario debe aplicarse al puesto y no a las personas.
Siendo que, entonces, los regímenes de carrera académica y probablemente, el de Carrera Administrativa no serían compatibles con el salario global.
Ahora bien, el académico Castro Méndez claramente anticipa que, de tomar las universidades la ruta de salvaguardar el salario compuesto por medio de la negociación colectiva, esto implicaría chocar de frente con el Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General, la prensa, etc., etc., etc. Por lo que, requerimos de una decisión institucional, ojala de Conare, que valientemente plante cara en defensa de la tan cacareada, Autonomía Universitaria (esto último de mi autoría).
Por otro lado, no vamos a desconocer que hay otros criterios jurídicos que nos dicen que no hay nada que hacer, que hay que someterse a la ley. Así como otros que sin tener clara dicha obligatoriedad, sueñan con implementar el salario global en las universidades públicas.
Entonces, ¿quién tiene la razón?
Por ahora, lo mejor que podemos decir, es que no sabemos, pero, bien vale la pena explorar si, una comisión de la Facultad de Derecho de la UCR, la mejor de Centroamérica y una de las mejores de América Latina, tiene la razón. Aparte, porque a priori sabemos que es mejor seguir optando por este esquema salarial que por uno que congela nuestros salarios y los precariza, independientemente de que, al inicio pudiera parecer algo o muy atractivo, por lo menos para los profesionales y académicos de las universidades, pero que a los sectores de servicios generales y técnicos los deja sin mayores aspiraciones, tal y como pudimos apreciar el pasado viernes, pareciera resultar de la propuesta elaborada por Conare de salario global, en este sentido, debemos advertir que no hemos tenido tiempo suficiente para analizarla, ni siquiera la hemos recibido oficialmente, así como tampoco fue negociada ni consultada con este sindicato, como corresponde.
Finalmente, queremos hacer el llamado vehemente a no intentar imponer dicha propuesta y más bien, a sentarnos, lo antes posible, a analizar y definir una estrategia para, vía negociación colectiva y salvaguardando nuestra autonomía, definir una ruta y una estrategia para defender el esquema salarial compuesto de la Universidad Nacional, adecuándolo al contexto actual, pero sin renunciar a definir nuestra propia política salarial.
Flaco favor le haríamos a esta universidad si habiéndonos dicho la Sala IV que tenemos dicha posibilidad, somos más bien nosotros quienes decidimos ignorarla y hacernos el «harakiri», una vez más, por temor al qué dirán o porque urge nombrar a los nuevos.
Ustedes no les han pagado el sueldo a sus trabajadores, y el Señor todopoderoso ha oído las protestas de ellos. Ese dinero que no han pagado también los acusará delante de Dios. Stg.5:4, TLA.
Recientemente, varios sindicatos de Costa Rica han hecho circular un video en relación al actuar del gobierno costarricense, al poner en ejecutase la Ley Marco del Empleo Público.
Los sindicatos reunidos para plantear su posición al respecto de la LMEP son: la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, la Central General de Trabajadores CR CGT, la Central del Movimiento de Trabajadores CMTC, la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD), el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense BUSSCO, y los sindicatos de sectores como: educación, salud, ministerios, universidades, municipalidades, Poder Legislativo y otros.
Ahora, ¿Que es la Ley Marco del Empleo Público?, antes de conocerla, debemos precisar que actualmente en Costa Rica existe el llamado salario compuesto, que es el salario base para todo trabajador del sector público, más, algunos incentivos, y que, según esta Ley, se sustituirá por un salario global, que la misma Ley no precisa cómo se va a fijar, además de otros elementos que veremos más adelante.
Según la misma Ley, el objetivo es, «regular las relaciones estatutarias, de empleo público y de empleo mixto, entre la Administración Pública y las personas servidoras públicas, con la finalidad de asegurar la eficiencia y eficacia en la prestación de los bienes y servicios públicos», pero según los sindicatos arriba mencionados y otros sectores protectores del pueblo trabajador, es un aparato sistemático de derogación de derechos laborales y sociales.
Los sindicatos fueron llamados a dialogar con el gobierno, para supuestamente reformar la LMEP, pero se fue entregado un documento sindical, en el cual señalan que previo al dialogo deben revisarse estos aspectos: los términos de la convocatoria, la inexistencia de las reglas del juego, las cuales se deben pactar entre las partes previamente. Que la reforma debe ser integral, sustancial y estructural, así como la modificación del decreto que reglamento la Ley.
La discusión debe considerar de inmediato una política sobre el congelamiento de los salarios, y el restablecimiento pleno del derecho a negociar colectivamente en la función pública.
Lo que sucede entonces es que, el gobierno llama a dialogo con los sindicatos, pero trae ya una agenda preestablecida e impuesta. Por ejemplo, se impone la metodología de trabajo e impone unas llamadas «reglas de oro», que no son más que, la no negociabilidad de la mayoría de los capítulos de la Ley, entre los que se destacan: las familias de puestos, la escala salarial global (salario global único), el congelamiento de los salarios, la negociación colectiva y algunas modificaciones al decreto.
La misma Ley señala que, el salario global es «la remuneración o monto único que percibirá una persona servidora pública por la prestación de sus servicios», es decir, no se conoce el salario global.
Con relación a las familias de puestos, solo se indica que, la ley crea siete familias de puestos y cada familia representa a un perfil similar; por ejemplo, quienes se desempeñan en el sector salud o en el sector policial.
Sin embargo, el reglamento que Mideplan saco a consulta, no precisa la metodología para la construcción de las familias y las escalas salariales globales únicas.
Los sindicatos señalan que, el llamado a dialogo y discusión, es como poner un candado, en temas que son dañinos al pueblo trabajador, y que evidencia un autoritarismo antidemocrático, así como un proceso deslegitimado, validado solo por Casa Presidencial y el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).
El sindicalismo costarricense llama a una salida concertada, por lo que, en estas condiciones, no concurre al llamado de dialogo y llama al pueblo trabajador a la protesta y a la movilización.
Así las cosas, la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, fiel a la inclusividad, a la justicia, a los derechos de los pueblos pobres, al dialogo fecundo y liberador, lamenta los actos del gobierno actual en Costa Rica quien viola, al concentrar todo el poder en Mideplan, en esta área económica tan importante y pertinente del trabajador, eliminando la participación de otros actores sociales que representan los intereses colectivos de los trabajadores.
Así mismo, se debe valorar el principio de respeto a los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, congelando los salarios de los trabajadores, a expensas del salario único global.
También, cuando se habla de salario único global, tampoco se habla de un tope del mismo, creemos como iglesia, se deben tomar en cuenta criterios que vayan en pro de una vida digna hacia los trabajadores/as, justos, equitativos, incluyentes, donde haya oportunidad para todos/as para su crecimiento integral, profesional y laboral.
A su vez, fieles al cumplimiento de las leyes, al cambiar el esquema salarial de base, más complementos salariales (salario compuesto), al esquema global, la ley es indiscutiblemente inconstitucional, así como lo es también el congelamiento de los salarios, que es en realidad una reducción del sueldo prohibida por normativa laboral general.
Hacemos un llamado a las partes involucradas a sentarse a discutir cuales son los mejores mecanismos económicos, que no violenten al pueblo trabajador costarricense, y que lo privilegien por encima del dinero, como el trabajo y su remuneración justa y decente, el descanso, su vida familiar, entre otros muchos otros aspectos de una vida digna.
Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te ira bien. Salmo. 128: 2. DHH.
El día de hoy las Centrales Sindicales, Rerum Novarum, CGT, CMTC, CCTD, el BUSSCO y Sindicatos representantes de sectores como educación, salud, ministerios, universidades, municipalidades, Poder Legislativo y otros, atendimos la convocatoria del Gobierno para reformar la Ley Marco de Empleo Público.
En esta convocatoria manifestamos y entregamos un documento que:
1.- Cuestiona los términos de la convocatoria y señala que participaríamos del proceso, si previamente se pactaban, entre las partes, las reglas del diálogo.
2.- En segundo lugar, que el objeto del proceso debe enfocarse a reformar, integral, sustancial y estructuralmente la ley, pero además, el proceso de dialogo incluyera, de manera urgente la modificación del Decreto que reglamentó la Ley Marco de Empleo Público.
3.- De manera inmediata se discutiera la política de congelamiento de salarios y el restablecimiento pleno del derecho a negociación colectiva en la función pública.
Deploramos que en la apertura del proceso el Gobierno anunció “las reglas de oro” imponiendo, unilateralmente, la metodología, y advirtiendo de manera radical que no son negociables la inmensa mayoría de los capítulos de la ley, incluidas las familias de puestos, la escala salarial global, el congelamiento de los salarios, la negociación colectiva y la modificación del decreto. Es decir, el Poder Ejecutivo pone un candado a la discusión de los temas más lesivos de la ley y el Reglamento, que se vuelven finalmente contra el Estado Social y Democrático.
La posición del gobierno evidencia su posición autoritaria y antidemocrática, su rechazo a una salida concertada y democrática a la crisis social, por lo que las organizaciones sindicales no participaremos en ese espurio y pseudo proceso de diálogo.
El movimiento sindical recurrirá a todas las instancias nacionales e internacionales, a las acciones de protesta social y movilización que corresponda en defensa de la institucionalidad y los servicios públicos de salud, educación, las condiciones laborales y salariales de las personas funcionaria públicas y del Estado Social y Democrático.
Alertamos a las fracciones legislativas que ese proceso está totalmente deslegitimado, el proyecto de reforma de Ley de Empleo Público que les presenten será simplemente la propuesta de Casa Presidencial por intermediación de MIDEPLAN.
Ratificamos nuestra oposición a la contrarreforma social y laboral y denunciamos que la posición del gobierno atiza un conflicto social y laboral de grandes proporciones, que en la práctica será inevitable, cuya responsabilidad será exclusivamente del Poder Ejecutivo.
El día de hoy las centrales sindicales, BUSSCO y sindicales representantes de sectores como educación, salud, ministerios, universidades, municipalidades, Poder Legislativo, etc., atendimos la convocatoria del gobierno para reformar la Ley Marco de Empleo Público.
En esta convocatoria manifestamos y entregamos un documento que:
1.- Cuestiona los términos de la convocatoria y señala que participaríamos del proceso, si previamente se pactaban, entre las partes, las reglas del dialogo.
2.- En segundo lugar, que el objeto del proceso debe enfocarse a reformar, integral, sustancial y estructuralmente la ley, pero, además, el proceso de dialogo incluyera, de manera urgente la modificación del Decreto que reglamentó la Ley Marco de Empleo público.
3.- De manera inmediata se discutiera la política de congelamiento de salarios y el restablecimiento pleno del derecho a negociación colectiva en la función pública.
Deploramos que en la apertura del proceso el gobierno anunció “las reglas de oro” imponiendo, unilateralmente, la metodología, y advirtiendo de manera radical que no son negociables la inmensa mayoría de los capítulos de la ley, incluidas las familias de puestos, la escala salarial global, el congelamiento de los salarios y la modificación del decreto. Es decir, el poder ejecutivo pone un candado a la discusión de los temas más lesivos de la ley y el Reglamento, que se vuelven finalmente contra el Estado Social y Democrático.
La posición del gobierno evidencia su posición autoritaria y antidemocrática, su rechazo a una salida concertada y democrática a la crisis social, por lo que las organizaciones sindicales no participaremos en ese espurio y pseudo proceso de diálogo,
El movimiento sindical recurrirá a todas las instancias nacionales e internacionales, a las acciones de protesta social y movilización que corresponda en defensa de la institucionalidad y los servicios públicos de salud, las condiciones laborales y salariales de las personas funcionaria públicas y del Estado Social y Democrático.
Alertamos a las fracciones legislativas de que de ese proceso está totalmente deslegitimado, el proyecto de reforma de Ley de Empleo Público que les presenten será simplemente la propuesta de Casa Presidencial por intermediación de MIDEPLAN.
Ratificamos nuestra oposición a la contrarreforma social y laboral y denunciamos que la posición del gobierno atiza un conflicto social y laboral de grandes proporciones, que en la práctica será inevitable, cuya responsabilidad será exclusivamente del Poder Ejecutivo.
San José, 20 marzo 2023.
Información enviada a SURCOS por Martín Rodríguez Espinoza.
Los representantes sindicales, con la participación del secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, entregaron un fundamentado documento con la posición unánime del movimiento sindical, respecto a la consulta pública del Proyecto de Reglamento a la Ley Marco de Empleo Público.
En síntesis, las organizaciones deploraron y advirtieron que al igual que con la Ley de Empleo Público, el proyecto de reglamento se tramita de manera atropellada y antidemocrática, presionado por la OCDE y el FMI, manifestando su oposición por los siguientes motivos:
1.- Falta de legitimidad democrática de la reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público: una anodina consulta, sin participación democrática y diálogo social, a días de la vigencia de la ley, para cumplir un formalismo, de mero trámite.
2.- Deficiencias, inconsistencias y omisiones en la implementación y reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público: la falta de claridad conceptual, criterios metodológicos y técnicos, reflejo de la incapacidad de Mideplan; causa incerteza administrativa y jurídica. (Informe CGR- DFOE-FIP-RF-00002-2022)
3.- La Ley y el Reglamento de la Ley Marco de Empleo Público: un caballo de Troya: con el pretexto de la crisis fiscal se extralimitaron en la ley y el ejercicio del poder reglamentario, reconfigurando la institucionalidad y vaciando de contenido la autonomía atribuida a la Caja Costarricense de Seguro Social, universidades públicas y municipalidades, a contrapelo de la Constitución Política.
4.- El núcleo duro de la ley y su reglamento: la gobernanza total y totalitaria de MIDEPLAN: todas las instituciones descentralizadas y el Poder Judicial quedan sometidas a esa “tutela” política, desde el reclutamiento, selección, promoción, concursos, formación, evaluación y disciplinamiento salarial.
5.- El producto estrella: el salario único global: el más misterioso y sombrío del proyecto, que genera grandes dudas acerca de las condiciones y derechos laborales en que quedarán los funcionarios.
6.- La política extrema de devaluación de los salarios: la continuidad de la política de reducción de los salarios reales y empobrecimiento de la clase trabajadora del sector público.
7.- El proyecto de reglamento omitió realizar el control de convencionalidad: esa gravísima infracción violenta la libertad sindical, el derecho a asociación, negociación colectiva y huelga recogidos en la Opinión Consultiva OC-27-21, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los convenios 87, 98, 151 y 154 de OIT y los artículos 2 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
8.- El proyecto de reglamento omitió el Informe Técnico de OIT acerca de la Ley Marco de Empleo Público: los cuestionamientos, observaciones y recomendaciones fueron ignoradas.
A merced de esta legislación regresiva, fiscalista e incompatible con los principios del Estado Social y Democrático se profundizará en nuestro país la desigualdad social, el desempleo, la precarización de las condiciones de trabajo y el congelamiento de los salarios.
¡UNDECA alerta y llama a la clase trabajadora a defender la CCSS, la institucionalidad pública y los legítimos derechos de las y los trabajadores públicos.!
San José, 14 de febrero de 2023.
SURCOS comparte el documento enviado a la ministra de Planificación:
El pasado viernes 10 de febrero, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Marco de Empleo Público (LMEP) (No. 10159) a la que se suma a dos acciones anteriores contra leyes que socavan los derechos de la población, que fueron las la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9635) y la Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre La Huelga y sus Procedimientos (No. 9808)
La Asociación explica que las motivaciones para presentar esta acción de inconstitucionalidad, son porque la entrada en vigencia de esta ley afectaría los derechos laborales al salario, estabilidad laboral, seguridad jurídica, negociación colectiva de más de trescientas mil personas trabajadoras, y a partir de esto, solicita que de manera preventiva se suspenda la entrada en vigencia de la ley y su aplicación (prevista para el próximo 09 de marzo) hasta que se redacten las reformas necesarias para adecuar su contenido a uno que respete las instituciones autónomas, la división de Poderes y los derechos violentados anteriormente mencionados.
En lo referente a los roces que esta ley tiene con la autonomía de instituciones y la división de Poderes, la consulta de constitucionalidad No. 2021-017098 anteriormente resuelta, el día 31 de julio de 2021, constata que las normas de la Ley Marco de Empleo Público resultan contrarias al Derecho de la Constitución por rozar con el funcionamiento del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, las universidades públicas, de la Caja Costarricense del Seguro Social y de las municipalidades.
Además, esta ley resulta contraria a la opinión consultiva respecto al salario de las y los trabajadores emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues esta va contraria al derecho de recibir una remuneración que asegure a la persona trabajadora un nivel de vida conveniente para sí y su familia y que no afecta la concreción del proyecto de vida del individuo.
A modo de conclusión, y por todo lo anterior señalado por la ANEP, se realiza la siguiente petitoria a la Sala Constitucional:
Que de manera preventiva, sin haber entrado a conocer el fondo de este asunto por el tiempo que puede durar en hacerlo, suspenda la entrada en vigencia y aplicación de la LMEP antes del 9 de marzo y hasta que se redacten las reformas correspondientes para adecuar su contenido a uno que respete las instituciones autónomas, la división de poderes y los derechos humanos laborales al salario, la estabilidad laboral, la seguridad jurídica, la negociación colectiva y el trabajo, o hasta que la Sala se pronuncie sobre la misma.
Que se condene al Estado a pagar las costas personales y procesales derivadas de la presente acción de inconstitucionalidad, así como de los daños y perjuicios ocasionados que se harán valer en ejecución de sentencia.
MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval. Académico Universitario, Ex Integrante Comisión de Vinculación con los Sectores Productivos y, Comisión de Trabajos Finales de Graduación COEX, AA Sede Central UTN www.utn.ac.cr Ex Directivo Nacional Propietario JD ANEP, Secretaría de Organización y Conflictos, Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN Ex Funcionario Banco Mundial IFC Sede Ecuador y, América Latina, Escritor, Científico Social
Fuente: Imagen tomada de Google.com 2023.
La Universidad Técnica Nacional, como cualquier otra organización está expuesta al entorno. Hacia afuera estamos inmersos en la guerra de Ucrania en el centro de Europa con posibilidades de caer en holocausto nuclear, la crisis energética, la inflación, el dólar hacia la baja, la posible recesión, el desempleo, la incertidumbre laboral, los espejismos intelectuales, la verificación de las noticias dada la gran falsedad de la información, la defensa de los derechos civiles o de la dignidad humana, la pérdida del poder adquisitivo, el bajo consumo de los hogares, deseceleración económica, el cambio climático irreversible son algunos de los temas clave en una agenda compleja nos dice la Revista Ethic…
Hacia adentro ha dado inicio en 2023 la campaña política y el año electoral que culminará con elecciones en la Universidad Técnica Nacional en el año 2024 para elegir por voto popular interno de los administrativos, docentes y estudiantes al Rector, los integrantes del Consejo Universitario y Decanos de Sedes Regionales. Según las últimas noticias el derby ya esta calentando en las distintas Sedes tanto la Sede Central como las Sedes Regionales.
Aunque la prisa es mala consejera ya se estan moviendo las aguas electorales en las distintas Sedes Regionales y por supuesto en la Sede Central: ROMA. La ambición, la velocidad o la precipitación a lanzado a algunos a la arena política aunque como dice el refrán “no por mucho madrugar amanece más temprado”. La competencia a iniciado en el Derby. Muchos quieren caminar por la Vía Appia pero no debemos olvidar que “no hay que montar el caballo antes de ensillar” y también no olvidar, la sabiduría de los indios Dakota “cuando descubras que estas cabalgando sobre un caballo muerto, la mejor estrategia es desmontar”.
Este año 2023 además aparecerán los lobos, las ovejas y pastores. Algunos vendrán vestidos de ovejas siendo lobos. La política sigue siendo el arte de lo posible y lo deseable. Negociación sobre expectativas tangibles e intangibles. Transacción. Teoría de las expectativas. Ofertas y demandas. ELLOS Y NOSOTROS.
Como bien lo expuse en mi artículo TIEMPOS LÍQUIDOS… ¿QUO VADIS UTN? Vamos rumbo a un NUEVO PROCESO ELECTORAL DISCRIMINANTE E ILEGAL con marcada fronteras entre NOSOTROS Y ELLOS.
CERCA DE 1.374 DOCENTES INTERINOS NO PUEDEN EJERCER EL VOTO DIRECTO EN LA UTN
NO se puede estar seguro de los derechos personales a menos que pueda hacer valer los derechos políticos. Un claro ejemplo insostenible de discriminación e ilegalidad en los procesos de elección de la UTN, es que en Costa Rica y sus 7 provincias cada 4 años hay procesos electorales para elegir al Presidente y Diputados y solo vasta tener cédula de identidad y ser mayor de 18 años para votar en las elecciones nacionales. HACIA ADENTRO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONALel voto solo lo ejerce un grupo que tiene propiedad (una minoría insignificante que viene desde los Colegios Universitarios). Ampliar el sufragio para elegir el nuevo Rector y los nuevos integrantes del Consejo Universitario es posible y es deseable. Pero a pesar del Principio que orienta y guía a la Universidad especificamente: c) La participación democrática de sus miembros en la vida institucional y en el gobierno de la Universidad. La participación democrática universitaria UTN sigue siendo 13 años después una aventura selectiva y rigurosamente limitada. ¡Discriminante e ilegal!.
El DEMOS Y KRATOS está restringido a UNOS POCOS PRIVILEGIADOS Y CON ELLO SE EXCLUYE Y DISCRIMINA. En nuestra alma mater a trece años (13) de su creación NO EXISTE LA IGUALDAD DE DERECHOSpara hombres y mujeres y ni siquiera el derecho al voto directo para los docentes interinos con estabilidad impropia sea con contratos a plazo fijo o plazo indefinido.
Sin embargo, los nombrados por INTERVENCIÓN y los de CONFIANZA (dicho en la mejor terminología popular “NOMBRADOS DE A DEDO” que son puestos exentos de los trámites ordinarios de concurso público o interno) guiados por el tráfico de influencia y amiguismo pueden ejercer el derecho a voto.
¡Los derechos políticos son y deben ser para todos y todas!.
Cerca 1.374 Docentes Interinos sin propiedad no son admitidos en el exclusivo y selecto CLUB DE LOS ELECTORES. En la UTN – al igual que las puertas del Infierno de Dante en su Divina Comedia- hay un rótulo en la puerta de entrada que nos indica: “Nos reservamos el derecho de admisión al CLUB DE ELECTORES Firman: Consejo Universitario y Rectoría.”
Las elecciones en la UTN en 13 años de existencia han sido una gran farsa y, una mentira institucional. Los DOCENTES INTERINOS SIN PROPIEDAD NO SON SUJETOS DE DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES EN LA UTN. Esta exclusión y este callejón sin salida ya pronto encontrará su grieta en el 2023… Esa es la esperanza que nos debe guiar:
RECURSO DE AMPARO PRO VOTO DIRECTO PARA 1.374 DOCENTES INTERINOS PARA QUE PARTICIPEN EN LAS ELECCIONES DEL 2024.
En la UTN a escasas semanas de haber dado inicio el nuevo ciclo lectivo 2023 comienzan a surgir “los autocandidateables”, “los supuestos elegibles”, “los Profetas”, o “el nuevo Mesías”. Algunos traerán en sus manos la famosa Pomada Canaria que nos permitirá como Universidad Estatal aliviarnos de todos nuestros males y quedar como nuevos. Otros, nos venderán el Bálsamo de Fierabrás de Don Quijote de la Mancha pócima mágica capaz de curar todas las dolencias del cuerpo social organizacional universitario.
Nuevos Profetas, nuevos Pastores, los nuevos Moisés de la UTN están ahora dedicados a revisar con lupa el padrón electoral para amarrar los votos de los que pueden votar…¡LOS QUE TIENEN PROPIEDAD ÚNICAMENTE!.
Nos surgen preguntas fundamentales para las elecciones 2024:
¿CONTINUIDAD O DISCONTINUIDAD EN LA UTN? ¿REELECCION O NO REELECCION? ¿CANDIDATOS Y GABINETE DE ADENTRO O DE AFUERA?
HE AHÍ EL DILEMA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DEL 2024
Pero para nuestra alma mater este será un año complejo 2023:
Hay que implementar la Ley y Reglamento de Empleo Público – Salario Global-. Se viene la nueva negociación del FEES que dejó una serie de compromisos y resultados a evaluar en éste año. En el Congreso el Expediente 23-380 para regular el dinero del FEES a través del Banco Central. Continúa la Regla Fiscal y, Ley 9635. Se tramita la propuesta de reestructuración universitaria UTN. Nuestro presupuesto que está en crisis debe ser financieramente sostenible para becas e incentivos a los estudiantes; aparte de otros de índole operacional, etc – ¡Sin cacao no hay chocolate!-.
Adicionalmente, hay derechos como la Dedicación Exclusiva, la Carrera Profesional que están siendo PRETENCIOSAMENTE modificados por la Dirección de Gestión de Desarrollo Humano y, SECUNDADO por el Consejo Universitario.
Y, tristemente es la ÚNICA UNIVERSIDAD ESTATAL SIN CONVENCIÓN NI NEGOCIACIÓN COLECTIVA aún y cuando podríamos TENER UNA para el ESTAMENTO DOCENTE (Propietarios e Interinos), en fusión ambos sindicatos universitarios UTRA-ANEP; que no se ha podido realizar dada la poca comprensión y entendimiento de muchos funcionarios sobre la importancia de la afiliación sindical. ¡Sin afiliación no hay Convención ni Negociación Colectiva!
Algunas de “nuestras” autoridades universitarias mueren políticamente para la campaña 2024 – 2028 – Decanato Sede del Pacífico-, dado que no podrán reelegirse porque cumplieron 8 años contínuos en el cargo y, por Estatuto Orgánico pasados 4 años solo puede regresar como candidato un Ex Rector de la UTN. Que no se equivoquen los Ex Decanos de algunas Sedes Regionales que están en esa condición jurídica y andan tras el hueso del Decanato para 2024. ¡Por Estatuto Orgánico no esta para ellos esa opción!
Otros, por ejemplo, los actuales Decanos Sedes Guanacastes, Atenas, San Carlos y Central deberán luchar para reelegirse – y para ello deberan presentar logros y resultados concretos y revertir la imagen dado que algunos cargan el Sombrerito y Sambenito de: “vagos e, incompetentes”, “acosadores y hostigadores laborales” y, hasta con “ problemas de violencia doméstica”. Y, deberán enfrentarse a nuevos competidores emergentes de adentro – es sabido que en Sede Central uno de ellos cual Lázaro de Betania ha resucitado después de haber sido destituido de su cargo de Director Académico y tiene aspiraciones…¡Que llegue esta por verse!- y OTROS – FIJO- que vendrán de adentro y de afuera con mejores perfiles profesionales e internacionales a disputar los cargos de elección popular en la UTN durante el año 2024.
Las elecciones 2024 en la UTN ya no serán de candidato único – como en las pasadas. Ni en tiempos de pandemia – porque se fue y esperamos no regrese-. Ni de voto electrónico sino de voto presencial tradicional con multiples candidatos y debates en redes sociales, foros, auditorios, videos entre otros. ¡Esta vez el TEUTN deberá hacer bien la labor!
En las próximas elecciones en la UTN 2024 “aspirará quien respire” parafraseando a José Ortega y Gasset. Y, durante el 2023 viviremos tiempos de alianzas internas y externas, de fusiones y amarres. “De velos y rilos”. Tiempos de sonrisas y de abrazos. De pasarela. De ticas y ticos lindos que nos estrecharan sus manos, nos sonreirán, y coquetearan. PERO, ¿A cambio de qué?Lo que esta en juego es crear una UNIVERSIDAD INTELIGENTE y de CLASE MUNDIAL vinculada a los principales centros globales de investigacion y desarrollo. y, no resucitar los estilos al mejor colegio universitario que pareciera es aún el pensamiento dominante en nuestra alma mater. Y, para lograr lo anterior solo será posible si alguno de los candidatos (de adentro o de afuera) oferta un Congreso y Asamblea Universitaria 2023 para realizar la reforma académica y científica pro carreras STEM en la UTN y modificar totalmente el Estatuto Orgánico.
Varios son los puestos de elección popular que salen a CONCURSO PÚBLICO en el 2024:
CANTIDAD
PUESTO
1
RECTOR
3
REPRESENTANTES DOCENTES
1
REPRESENTE ADMINISTRATIVO
5
DECANOS SEGÚN SEDES: ALAJUELA, PUNTARENAS, GUANACASTE, ATENAS, SAN CARLOS
1
DIRECTOR EJECUTIVO CFPTE
2
REPRESENTANTES DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS
2
REPRESENTANTES ESTUDIANTILES
TOTAL: 15
Fuente: Elaboración propia. Datos extraidos Estatuto Orgánico UTN.
Son 15 cargos de “elección popular vía voto con concurso público” a decidir en la Universidad Técnica Nacional en 2024. Eso 15 son los que gobernarán y administrarán la Universidad Técnica Nacional, UTN. Y a ellos se suman LOS ÚNICOS CARGOS LEGALES DE CONFIANZA DEL RECTOR (nombramiento a dedo de los 5 Vicerrectores: Docencia – que debería llamarse Vicerrectoría Académica- Investigación y Transferencia – que debe llamarse Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Transferencia- , Vida Estudiantil – que debería llamarse Vicerrectoría de Vida Estudiantil, Cultura, Deporte y Recreación-, Extensión y Acción Social – que debería cambiar a Vicerrectoria de Vinculación Nacional e Internacional, Extensión y Acción Social- Director General Administrativo – que debe pasar a Vicerrectoría de Administración General y Coordinación Institucional con las Sedes Regionales).
Indudablemente para las próximas elecciones se deberá cumplir con la POLÍTICA DE PARIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO. Es ley su cumplimiento.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Fuente: Imagen tomada de Google.com 2023.
¿CONTINUIDAD O DISCONTINUIDAD? Es un hecho que el actual Rector vendrá por la CONTINUIDAD asi lo ha dicho públicamente durante 2022 y en nuestros días lo impulsan sus “Gerentes de Campaña” el Vicerrector de Docencia y Coordinador de Planificación Institucional a.i. Buscará quedarse en la UTN como Rector 4 años más para completar 8 años. Lo anterior, claro está sino se retira, se jubila, renuncia, cae en una incapacidad permanente, fallece o lo despiden. Pensamos que para lograr la reelección requerirá una nueva imagen, una nueva propuesta como proyecto educativo y cientifico universitario para los estudiantes, defensa a los derechos adquiridos del personal docente y administrativo, y por supuesto un nuevo perfil de gabinete de Vicerrectores – cambio total-.
Han sido dos años que la actual Rectoría UTN ha tenido que gobernar en tiempos difíciles y crisis sanitaria producto de la pandemia. ¡No la ha tenido fácil! Y hay tareas pendientes en el escritorio allí están los Informes FODA de la Dirección de Planificación Institucional que deberá releer el Sr. Rector, especificamente las debilidades internas estructurales – que arrastramos desde los Colegios Universitarios- y amenazas del entorno nacional e internacional.
Nos preguntamos: ¿Se reelige el actual Rector?Si las elecciones fueran hoy es probable que no. Si las elecciones abren el voto a 1.374 Docentes Interinos sin Propiedad que no pueden ejercer el voto es probable que lo logre – iniciativa que debería impulsar la actual Rectoría como un aporte a la democracia participativa y como mensaje electoral en caso contrario la reforma del VOTO DIRECTO vendrá de afuera-. PERO… su reelección depende de qué logros concretos e incentivos laborales para administrativos y docentes se consigan en este año 2023 y el proximo 2024. No esta fácil para el actual Rector, dado que vivimos del presupuesto público (FEES) y no tenemos proyectos que generen otros ingresos- VEAS sigue sin generar recursos propios significativos y el proyecto de rentas propias – impuesto a turistas que salen de Costa Rica por Aeropuerto Internacional Juan Santamaría- esta archivado en la Asamblea Legislativa.
Sin lugar a dudas éste será un año difícil para los funcionarios públicos universitarios tanto administrativos como docentes, que verán sus salarios y poder adquisitivo más disminuido en una Universidad Estatal que a diferencia de las Universidad Privadas no está apostando por el TELETRAJO y la VIRTUALIDAD durante 2023. Y, todo lo contrario, hay intenciones de algunos Decanos y personajes de la DGDH de abolir el Reglamento aprobado y frenar los Contratos de Teletrabajo.
Es un hecho – reiteramos- que los aspirantes internos algunos que son parte del Gabinete del actual Rector deberán presentar – si deciden lanzarse a la arena política- los logros y resultados concretos obtenidos en los 4 años. Dichos logros deben ser puntuales, medibles, concretos, tangibles y, transparentes. Las debilidades y amenazas que debieron superar las identificó a tiempo la Dirección de Planificación Universitaria. De ello hay que hablar con todos los aspirantes.
No tenemos dudas razonables ya que – sabemos- que algunos aspirantes jugaran a desmarcarse del actual Rector UTN y, hoy Presidente de CONARE. Algunos en su desconexión con la realidad sueñan con pasar de Decanos a Rector UTN – llegaron fácil y quieren seguir subiendo fácil- o ir por cargo de Vicerrector – para no regresar a la docencia. Especificamente, los actuales Decanos de las Sedes siguiendo un comportamiento clásico similar a Judas Iscariote – que vendió al Mesías – o igual como se describe en La tragedia de Julio César, obra trágica escrita por William Shakespeare- de lectura obligatoria en estos días- jugarán en contra del actual Rector UTN guiados por la conspiración y la traición. Mas de uno asumirá el papel similar de Marco Junio Bruto y, Cayo Casio y otros conspiradores que estarán motivados con el objetivo de derribar el poder establecido, de tener el poder, conservarlo, por la envidia y la ambición. Estos, pasarán a la historia de la UTN como héroes o villanos. Nos comentan que la conspiración y la traición ya fue sembrada en la UTN. ¡A dado inicio la tragedia de Julio César!…
PERO, EL GRAN DESAFÍO DE LA UTN sigue estando en deuda: CREAR UNA UNIVERSIDAD INTELIGENTE Y DE CLASE MUNDIAL VINCULADA INTERNACIONALMENTE A LOS GRANDES CENTROS MUNDIALES DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y TECNICA PARA IMITAR POSITIVAMENTE LOS MODELOS EDUCATIVOS EXITOSOS EN BENEFICIO DE NUESTRA RAZÓN DE SER: LOS ESTUDIANTES Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS NACIONALES.
Somos de la idea que para construir una universidad de clase mundial y una universidad inteligente se requiere también pensar en un gabinete que venga de afuera de la Universidad Técnica Nacional liderado por personas notables con experiencia en educación superior universitaria, gerencia en sectores privados y públicos y amplia experiencia internacional y vínculos globales. Nuestro pais cuenta con profesionales de alto nivel internacional y experiencia global deseosos de apoyar un proyecto diferente para la Universidad Técnica Nacional. LA OPCIÓN DE CANDIDATOS DE AFUERA es otro camino posible para la UTN para el proceso electoral del 2024.
La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA) comunica:
“El día 7 de febrero del 2023 inició la segunda jornada de gira denominada “MISIÓN COSTA RICA” en las instalaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde recibieron representantes de la Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA) con la participación de los vicepresidentes Walter Merkis de FATUN Argentina; Lourdes Zea de STUNAM México, Damián Espino Castillo de SINTUP Panamá y el Secretario Ejecutivo de la CONTUA, Marcelo Di Stefano y los dirigentes sindicales de las Universidades Públicas, Kendy Chacón Víquez secretaria general de la Asociación de Funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica (AFITEC); Álvaro Madrigal Mora, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN) y Harold Chavarría Vásquez del SINDEU.
Como lo escribieron los de la OIT de Centro América en un mensaje en Twitter se “sostuvo hoy un espacio de diálogo con representantes sindicales de universidades públicas de Costa Rica, México, Panamá”… Argentina y se habló “sobre derechos laborales fundamentales: libertad sindical y negociación colectiva”, cerró el comunicado.
Posteriormente, se sostuvo la segunda reunión en las instalaciones del SITUN en la Universidad Nacional en Heredia; quien se unió a la gira el representante de la Internacional de los Servicios Públicos (ISP) Oscar Rodríguez. En este espacio, el secretario ejecutivo de la CONTUA Di Stefano, recordó el objetivo de esta misión que como él mismo lo expresó, “ustedes más que nosotros los tienen muy claro”, porque aquí hay un ataque en dos miradas, porque si atacan a la Universidad nos atacamos a nosotros mismos.
Continuo el mensaje diciendo que “viendo ese diagnóstico que se dio en el Congreso de Guadalajara de la CONTUA en México en donde vimos necesario ingresar a estos espacios, donde se condena la violación a los derechos laborales y a la Ley del Empleo Público que condiciona la autonomía universitaria.
Durante la tarde, los representantes de la CONTUA y de los Sindicatos Universitarios se reunieron con los rectores que conforman CONARE en donde se exigió de una vez por todas una ruta de acción para la defensa de las Universidades Públicas.
Con respecto a la Ley de Empleo Público, el rector de la Universidad Técnica Nacional, Emmanuel González Alvarado expresó que CONARE había sacado un acuerdo en donde aseguraba que ninguna universidad va a dividir a los funcionarios administrativos de los docentes, donde fueran excluyentes (ante el MIDEPLAN) y concluyó “ese fue el primer acuerdo que llegamos”.
Además, enfatizó que CONARE ha emitido comunicados de forma constante, en donde expresan su oposición a las Leyes de la Regla Fiscal y Empleo Público y el proyecto de ley llamado “Ley Reguladora del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal”, expediente N° 23.380. La ruta es seguir unidos en esta lucha. A nivel de la OIT se canalizarán las denuncias respectivas a nivel internacional.
