Las imágenes recientes de la marcha encabezada por figuras del Partido Liberación Nacional (PLN) bajo la consigna “Defendamos Costa Rica” confirman lo que advertí en un artículo anterior publicado en otro medio (Las consignas de la oligarquía): los sectores que históricamente se beneficiaron del modelo de dominación económica y simbólica de la oligarquía criolla vuelven a ocupar el primer plano del escenario público, esta vez disfrazados de defensores del pueblo. Pero lo verdaderamente alarmante no es su teatralidad, sino la participación utilitaria de las universidades públicas y los sindicatos, que terminan sirviendo de andamiaje legitimador a quienes entregaron la soberanía nacional en el altar del neoliberalismo.
No hay que olvidar que el PLN fue el artífice de la apertura comercial que devastó la agricultura, desmanteló el Estado social y erosionó la paz social construida a pulso durante décadas. Fueron sus gobiernos los que convirtieron la educación en una mercancía, la salud en un negocio y el trabajo en una precariedad institucionalizada. Que hoy aparezcan marchando por la “defensa del agro” o la “unidad nacional” no es más que un gesto de cinismo histórico: quienes destruyeron la casa ahora posan como sus guardianes. Y lo hacen de la mano de un aparato universitario que, en lugar de producir pensamiento crítico, se presta al juego mediático de la democracia liberal, confundiendo “presencia cívica” con neutralidad académica.
El problema no es que la universidad participe en el debate público —de hecho, debe hacerlo—, sino desde qué lugar y con qué conciencia lo hace. Cuando lo hace sin distanciamiento crítico, cuando se alinea con las fuerzas políticas que vaciaron de contenido al Estado y al bien común, cuando pone sus símbolos y su legitimidad al servicio de intereses partidarios, renuncia a su función emancipadora. No es el pueblo quien marcha, sino la razón crítica convertida en procesión institucional, donde las universidades, en vez de interpelar el poder, se suman a su liturgia. Lo que se presenta como civismo no es sino una escena de restauración simbólica del orden político que las alimenta.
Lejos de haberse vestido de pueblo, como alguna vez soñaron la conquista de la institución educativa quienes le sembraron al lado del pensamiento crítico latinoamericano, la universidad corre el riesgo de culminar por disfrazarse de pueblo para servir al poder. Es el pueblo —el que trabaja, produce, resiste y sostiene lo común— quien encarna hoy las múltiples fracturas de una “democracia” forjada al calor de la evasión, la impunidad y la decadencia moral que sin ningún pudor llaman “institucionalidad”. Es junto al pueblo que también la vieja política negó que el futuro de la universidad debe surgir sin temor a afirmarse como actor social y popular. Allí radica su legitimidad: en el vínculo con la vida concreta, material, espiritual del pueblo que le sostiene, no en la obediencia cómplice de una aristocracia nobiliaria cuyos apellidos se extienden desde la Colonia hasta la actualidad sobre la base de la explotación sistemática de aquellos a quienes ahora se atreve a llamar “compatriotas”.
Si es verdad que la historia habría de repetirse dos veces, primero como tragedia y luego como farsa, como pensaba Marx tras el golpe que disolvió la república francesa y devolvió el poder a los herederos del viejo imperio, la tragedia que como país hemos experimentado los últimos 20 años han estado promovidos por la voracidad egoísta, individualista y egocéntrica con que el PLN anunciaba durante la negociación del TLC (2007) que sin duda, “como en toda negociación” decían, habrían “ganadores” y “perdedores”. La tragedia se ha hecho carne en nuestra nación con la entrega del país y de sus instituciones a los intereses de las dinastías mediáticas y financieras: la familia Jiménez, que desde La Nación y su participación en FIFCO ha moldeado candidaturas y opinión pública a su antojo; los Picado Cozza, dueños de Teletica, cuyo Canal 7 se erige como altavoz de una élite política y financiera que siempre está a salvo; los hermanos Arias, capaces de armar un bloque de 41 diputados para controlar la Asamblea y la agenda legislativa; las cámaras empresariales agrupadas en UCCAEP, junto a empresarios como los Quirós, los Raventós o Simaan, que compran favores electorales y dictan la política económica a cambio de aportes millonarios en las campañas políticas de quienes les protegen. Mientras eso ocurría la Farsa se hacía carne esta mañana bajo esa misma bandera que sin ningún pudor han mancillado los mismos partidos que privatizaron la tierra, la educación, la salud y nuestra paz.
Conectando la marcha del 8 de noviembre en San José, Costa Rica, para proteger las instituciones públicas, y la política climática en vísperas de la Conferencia Climática de las Naciones Unidas (COP3)
Estimadas y Estimados:
Les escribimos en vísperas de ambas la marcha programada para el 8 de noviembre en San José, Costa Rica, en defensa de las instituciones públicas costarricenses, y la Conferencia Climática de las Naciones Unidas, COP30.
En este momento sin precedente, cuando el planeta está cruzando múltiples limites críticos ecológicos, destacamos la urgencia de resaltar el liderazgo del sector público en enfrentarla emergencia climática.
La narrativa y política climáticas oficiales, sin embargo y como saben, de no solamente esta COP30, sino de los espacios en general donde se elaboran planes para enfrentar la emergencia climática, cada vez más promueven y consolidan como protagonista el sector privado.
Este cambio en liderazgo desde lo público hacia el privado en la política global climática tiene efectos profundos. Sobre todo, en este momento precisamente cuando tenemos que abandonar las industrias extractivistas, y la economía neoliberal que representan—no hay agua ni tierra suficiente para ellas—una política climática privatizada consolida las estructuras de poder corporativo que causan tanto daño ambiental, social, y económico.
Dado que nuestro país tiene un rol casi singular en influir debates sobre el ambiente, les pedimos, sobre todo, resaltar en este momento una visión pública y auténtica para enfrentar las múltiples crisis relacionadas que vivimos.
Desde afuera de los cuartos cerrados donde se forman estos acuerdos, es imposible aun para las personas que cuidadosamente las estudian poder entenderlos. Y sin duda, COP30 producirá otros.
Pero lo que es fácil entender es un lenguaje y una ética en ellos cada vez más ligados al mercado, que nos alejan del bien común, promueven la captura corporativa de la agenda global ambiental, y en esta forma sepultan las conversaciones urgentes que el momento demanda. Estas incluyen:
• Impuestos para las corporaciones y para la 1% de la población más rica
• Impuestos para las industrias extractivas
• Perdonar la deuda en el Sur Global
• Utilizar los presupuestos militares y carcelarios para una transición justa autentica
Lo que urge sobre todo es promover otra conversación, otra mentalidad y espíritu moral, honestos en cuestionar públicamente y con transparencia cuales son los verdaderos costos-beneficios de promover el liderazgo privado en este momento.
Este sábado 8 de noviembre, marchamos para abrir este tipo de conversación auténtica. El modelo neoliberal, y las relaciones e industrias extractivistas que implica, es una sola raíz de los múltiples problemas que vivimos.
Pedimos que ustedes, en los múltiples espacios privados en COP30 donde estarán estas semanas en Brasil y en las conversaciones que sigan, demuestran un liderazgo autentico y exijan este mismo dialogo, asegurando que las entidades causando tanto daño no se enriquecen aún más, y que los ríos, suelos, ecosistemas, comunidades y generaciones futuras, sobrevivamos.
Salimos 9 am, del Parque La Merced hasta la Plaza de las Garantías Sociales.
Una reflexión desde el poema de Martin Niemöller “Primero vinieron” “Cuando los Nazis vinieron a llevarse a los comunistas guarde silencio, ya que no era comunista…”
Mainier Barboza Soto
El gobierno de la república de Costa Rica, que preside Rodrigo Chaves Robles, ha convertido el Poder Ejecutivo -que como su nombre lo indica, su función principal es ejecutar, coordinar, dirigir las acciones en política pública, económica, social del Estado; dichas tareas van desde la gestión de recursos/país en la producción nacional, el consumo, sancionar las leyes que han surgido de la Asamblea Legislativa, presentar proyectos de ley al poder legislativo, que fomenten el desarrollo y la estabilidad del país; además debe promover la estabilidad económica y financiera, de forma que, haya equilibrios y justicia en la distribución del ingreso a toda la población-, en un escenario teatral y de plaza pública, para lo que ha generado, dos líneas de acción, nada políticas, en su sentido filosófico, sino, de propaganda:
Primera línea:
– La descalificación y control de la prensa nacional, con el estribillo de “prensa canalla”, ante cualquier acción de su gobierno, que fuera contraria a las leyes, a la moral o la ética pública; en este punto, ante las acusaciones de la Fiscalía General, el Poder Judicial, el Organismo de Investigación Judicial-O.I.J-; aprovecha, el presidente para atacarlos y descalificarlos, acto seguido-como buen teatro-arrecia su ataque a la Asamblea Legislativa, por oponerse a algunos proyectos de ley que lesionarían seriamente el Estado Social de Derecho-¿ley jaguar?- Aquí pone un “bozal” a la crítica de análisis y a la prensa, y así, controla los medios de comunicación, para el proyecto neoliberal. Es esa nueva prensa, ahora, parte de su show, son sus voceros, solo que ahora se muestran con “perfil bajo” por conveniencia política y comercial.
Segunda línea:
– Se dirige, el presidente, a los partidos tradicionales y al señalamiento de algunas figuras políticas de estos partidos-curiosamente no alude a las leyes fiscales regresivas, a las leyes contra los sectores laborales, como la ley de empleo público, de fortalecimiento de las finanzas públicas, ley anti-huelgas, ley de las jornadas de 12 horas- ley de Armonización del Servicio Eléctrico, (reedición del combo del ICE, derrotado en el año 2000).
Los partidos, liberación, unidad y el pac- (con minúsculas dada sus bajas estaturas políticas actuales) han sido los que, las han promulgado-; aquí se nota y demuestra que el gobierno de Chaves llega a finiquitar la etapa final del maligno proyecto neoliberal, razón por la que solo necesitaba esa ley, mal llamada jaguar, para desmantelar el Estado Social de Derecho, en su centro vital jurídico, la Constitución Política de Costa Rica.
De todo lo anterior es sumamente preocupante la actitud y posición de mucha población costarricense, en especial de las poblaciones más vulnerables y mayoritariamente en los quintiles más bajos de la economía-ingresos por debajo de “$2.15” por día-ver informe del Banco Mundial-, de las otras personas que siguen y avalan el discurso de Chaves, no me ocupo, porque considero que tienen que abordarse más desde el punto de vista ideológico.
El poema que encabeza este artículo fue escrito por un pastor luterano, en principio seguidor del proyecto de Hitler, que rompe con éste, al considerar que el partido Nacional Socialista Obrero Alemán, del nazismo, ejerce una supremacía sobre la religión y los principales principios humanos.
El poema reconoce el peligro que representa el no tomar una posición de protesta, de resistencia frente a los abusos del poder y la manipulación del discurso, autoritario, engañoso, mentiroso, falso, que fue impulsado por la propaganda nazi y su jefe Paul Joseph Goebbels, hombre de buen discurso y con el complejo narcisista de la personalidad.
Conste, es el objetivo primordial del presente artículo, un refrescamiento breve de la historia, a la luz de la contienda electoral, a tres meses de realizarse; ese “refrescamiento” nos convoca hoy, mirando, escuchando el comportamiento de muchas personas, con respecto al discurso reiterado en contra de las instituciones públicas, de los poderes del Estado-judicial-legislativo-, el ataque sistemático a las autoridades policiales, a la Fiscalía General, al Tribunal Supremo de Elecciones, TSE; lo grave es que, literalmente, el autoritarismo, tiene silenciada a la prensa, creando un desasosiego general en el pueblo, que solo escucha el lado de “su prensa” no canalla, según el discurso desde el Ejecutivo y un grupo, a nuestro juicio oportunista, que solo persigue sus intereses particulares.
El Estado de bienestar que gozaba Costa Rica hasta los setenta del siglo anterior, se fue cercenando, sustituyéndose por una corriente neoliberal, que apoyada en el Consenso de Washington, los Tratados de Libre Comercio, y la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que es la más regresiva ley fiscal, al lado de la ley anti-huelgas, de empleo público, de jornadas 4×3, reducción del gasto público, que reduce el capital social, clave del sostenimiento de la paz y la seguridad social y de la salud y la democracia que ha gozado Costa Rica.
Recuperar las instituciones de la República de Costa Rica, su Corpus Jurídico, es recuperar nuestra idiosincrasia de pueblo soberano, trabajador, honesto, libre; es en esencia, la recuperación del legado histórico que ha costado lágrimas, sangre, trabajo, esfuerzo constante de nuestras madres, padres, de los verdaderos estadistas, de los que echaron a los filibusteros fuera de Centroamérica, de los que abolieron La pena de muerte, crearon las reformas liberales, los que optaron por la democracia en 1889.
Somos herederos de los que crean las garantías sociales y las instituciones públicas y autónomas que hoy mantienen la democracia, la paz; los que crean la segunda República, con la Constitución Política, ejemplo de corpus jurídico para América y el mundo; somos herederos de ancestros que abolieron el ejército, de mujeres y hombres que abrieron el camino del voto femenino, herederos de los que crearon escuelas, colegios, universidades públicas con acceso para un estudiantado talentoso pero en el grupo de los pobres, herederos de los que nos enseñaron a respetar las libertades de todas las personas, sean por pensamiento ideológico, religioso, de raza, de nacionalidad, o cualquier otra.
Por esa herencia, por la memoria de los que ya no están con nosotros, por los que dieron su vida por una patria para todos, recuperemos el Estado de Bienestar que es el más preciado legado que tenemos.
Los advenedizos no son bienvenidos, los vasallos, son enemigos de la patria…
En un contexto universitario marcado por profundas contradicciones económicas y más de una década de recortes al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), acompañado esto de un debilitamiento de las estructuras organizativas -lo cual se evidencia en el retroceso de los niveles de sindicalización, tanto a nivel nacional como institucional-, se abre una ventana de oportunidad para la construcción de un sindicato unitario, de clase y combativo en la UNED.
Más allá de dicho contexto, la perspectiva de fundar un nuevo sindicato en la universidad refleja no solo los problemas laborales, sino también la necesidad de reivindicar una cultura democrática representativa y de lucha, ante el retroceso organizativo derivado de un viejo sindicato desvinculado de los intereses de la clase trabajadora unediana y del panorama político universitario y nacional.
Es así como hace dos años, el lunes 16 de octubre del 2023, en medio de un suelo árido largamente desatendido y como una aspiración de las Asociaciones Gremiales y otros actores políticos universitarios que se unieron a esta lucha, nace el Sindicato Unitario de la UNED (SIUNED).
Este sindicato germina, en medio de una universidad marcada por estructuras verticales, donde el control institucional se impone como sombra sobre los derechos laborales y salariales. Además, tras los golpes que a la clase trabajadora dio la nefasta Ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” y ante la preocupación de la Comunidad Universitaria por la imposición de un Salario Global Transitorio que abría un mar de cuestionamientos.
El SIUNED emerge como una apuesta clara por la unidad, la dignidad, la solidaridad y la lucha de clase. Su fundación es el resultado de años de silencios acumulados, de injusticias normalizadas y de voces que pedían ser escuchadas más allá de los pasillos del poder.
La creación de SIUNED busca romper con el molde tradicional del sindicalismo, muchas veces supeditado a intereses institucionales o electorales. Este nuevo sindicato apuesta por ser una organización independiente, con un claro compromiso en una causa mayor: la defensa de la clase trabajadora universitaria, desde una perspectiva de clase, combativa y profundamente humana.
En estos dos años, el SIUNED ha sido un faro para quienes buscan orientación en medio de la precarización laboral y la imposición de medidas ajenas a los marcos laborales.
El sindicato se ha colocado como alternativa ante las estructuras injustas, pero también ha sido un brazo que acompaña a quienes sufren el peso de la indiferencia institucional.
En su corta existencia, el SIUNED ha cosechado grandes victorias y diversidad de aportes tales como la generación de espacios de denuncia, la promoción del respeto de los derechos laborales y oportunidades para la organización desde abajo. Además, se ha sembrado una emergente cultura política crítica, que florece en cada conversación, en cada reunión, en cada charla y en cada acto de resistencia.
Respecto a los métodos de lucha, estos también han cambiado. Ya no se trata únicamente de quejarse, resignarse o confiar en las promesas de las autoridades de turno. Se trata de pensar críticamente, de analizar con profundidad y de construir colectivamente desde la conciencia y la acción informada.
El SIUNED ha entendido que la articulación implica movimiento de ideas y de voluntades. Se ha apostado por el análisis riguroso de la realidad nacional y universitaria, la formación sindical y política, la información y comunicación constante con la comunidad universitaria, así como la creación de herramientas que empoderan a las personas trabajadoras.
La lucha no se limita a exigir derechos: implica comprenderlos, apropiarse de ellos y convertirlos en herramientas de transformación hacia un ambiente laboral más justo y coherente.
Hablar de la propuesta política del SIUNED, es hablar de un proyecto con visión de futuro a largo plazo, que busca una universidad democrática, crítica y comprometida. La ruta está clara: avanzar hacia una Convención Colectiva que no se quede en el papel, sino que se convierta en una base real para el reconocimiento de derechos históricamente ausentes o postergados en la universidad. El SIUNED continúa en la dinámica de construir un sindicalismo crítico, que no se acomoda, que no negocia principios y que no guarda silencio ante los abusos.
En tiempos de retroceso político donde el neoliberalismo se disfraza de modernización y la indiferencia se vende como eficiencia, el SIUNED defiende los derechos laborales y la mejora de las condiciones de vida de las personas trabajadoras universitarias. En una universidad donde el control institucional ha sido, por años, parte de la cultura dominante, el SIUNED ha abierto espacios que dan paso a la conciencia, la organización y la esperanza. Es posible organizarse, denunciar, resistir y construir.
El sindicato se ha colocado como una fuerza independiente frente al modelo de órdenes y sacrificio y que impulsa en el imaginario de la comunidad que la universidad no es solo un lugar de saberes, sino también un territorio de luchas, de debate, de solidaridad interna y externa.
Así las cosas, consolidar un sindicalismo comprometido, independiente y combativo no es tarea fácil. Sobre todo, en un contexto de retroceso político nacional e internacional, donde los derechos laborales se erosionan. Por tanto, fortalecer organizaciones de clase como el SIUNED, más que necesario, es urgente. Sólo desde la organización consciente, desde la crítica reflexiva y desde la acción colectiva, podremos construir una clase trabajadora universitaria que reconozca las amenazas y defienda sus derechos.
Para este fin, se cuenta con un marco legal que permite y garantiza la libertad sindical, como un derecho humano fundamental, reconocido en el artículo 60 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en los artículos 339 al 367 del Código de Trabajo, que regulan la constitución, funcionamiento y protección de los sindicatos. Además, los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) garantizan el derecho de las personas trabajadoras a formar sindicatos sin autorización previa y a negociar colectivamente.
El SIUNED se respalda en la existencia del fuero sindical, como mecanismo de protección, que se extiende no solo a sus dirigentes, sino a cualquier persona trabajadora que participe en actividades sindicales. Esta protección es vital en contextos como el universitario, donde el poder institucional puede ejercer presiones para desarticular la organización sindical y cuestionar las propuestas alternativas.
Como lo señala Ariane Grau-Crespo en su análisis sobre el deterioro de los derechos laborales en Costa Rica, el anti-sindicalismo ha sido un componente estratégico de las políticas neoliberales, lo que hace urgente revalorizar y fortalecer la organización independiente de la clase trabajadora1.
En ese sentido, SIUNED no solo es una respuesta, sino una construcción coherente: una forma de hacer sindicalismo desde la praxis y la propuesta. Dos años resultan poco tiempo, todavía quedan muchas tareas y retos para cimentar un sindicato independiente y de clase. Hacia ese camino nos dirigimos, colocando toda la fuerza, el compromiso y la esperanza a favor de la clase trabajadora de la UNED.
SIUNED: ¡Unidad y Lucha!
1Grau-Crespo, Ariane. (2024). El deterioro de los derechos laborales y sindicales en Costa Rica en las últimas cuatro décadas: El largo camino de una política laboral neoliberal que continúa. Revista Espiga, 23(48), 31-51. https://doi.org/10.22458/re.v23i48.5451
El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) manifiesta su solidaridad con las y los docentes panameños, quienes sostienen una lucha legítima en defensa de la educación pública, los derechos laborales, los derechos ambientales y la seguridad social.
La resistencia a la Ley 462, que pretende desmantelar el sistema solidario de pensiones en Panamá, es no sólo una defensa sectorial: es una respuesta organizada contra el avance del modelo neoliberal, que busca convertir derechos en mercancías y debilitar las conquistas sociales de los pueblos. Es una oposición con presencia del magisterio y de otros sectores.
Pero la oposición no se limita al ámbito de la seguridad social. El magisterio panameño ha denunciado con claridad el abandono estatal, el deterioro de la infraestructura educativa, la precarización laboral y el aumento del costo de vida. Su movilización pone en el centro la dignidad docente y el derecho del pueblo a una educación pública y de calidad. En todo ese contexto de resistencia, las personas trabajadoras del magisterio panameño han sufrido represión.
Desde el SIUNED repudiamos la criminalización de la protesta social. El uso de mecanismos judiciales y administrativos para castigar la organización sindical, así como la retención arbitraria de salarios, todas prácticas autoritarias que buscan desmovilizar y fragmentar la resistencia popular. Exigimos el cese inmediato de estas medidas antidemocráticas contra las personas trabajadoras del magisterio panameño y otros sectores.
A pesar de las medidas del gobierno de Panamá, reconocemos la fortaleza, unidad y conciencia del magisterio panameño, que ha sostenido esta lucha por meses, lo que representa un ejemplo para todas las organizaciones sindicales y sociales de América Latina.
La exigencia de derogar la Ley 462, de defender el sistema solidario, de mejorar las condiciones laborales y salariales, es muy similar a nuestra realidad. Las problemáticas que enfrentan las personas trabajadoras panameñas —precarización, represión, deterioro de servicios públicos— son las mismas que vivimos en Costa Rica.
Por eso afirmamos con claridad: la lucha del magisterio panameño es una lucha latinoamericana por la justicia social, la educación pública y la dignidad del trabajo. Una línea en el mapa nos separa como países, pero las injusticias que enfrentamos cruzan todas las fronteras con las políticas que empobrecen y reprimen, y que constituyen problemas compartidos por los pueblos trabajadores de la región.
Rodrigo Chaves no es la causa, sino el síntoma de un mal profundo: un sector del país que confunde el matonismo con valentía y la franqueza con el insulto y la descalificación. Su discurso se nutre de antivalores arraigados en nuestra cultura: la desconfianza hacia el otro, el choteo y la burla como mecanismos de deslegitimación, las medias verdades, las mentiras completas, la envidia y la sospecha permanente.
Sobre esa base, el presidente construye una narrativa tan simplista como peligrosa: que un grupo corrupto, encabezado por el PLN, engañó y estafó a los costarricenses durante más de siete décadas.
Según ese relato, el pueblo costarricense habría sido básico, ingenuo y manipulable hasta que él, el tecnócrata del Banco Mundial —con un historial de acoso—, llegó para revelar la “verdad oculta” y redimir a la nación.
Esa caricatura histórica no se sostiene. Sí, la corrupción ha estado presente en la administración pública, como en cualquier sistema político, pero la historia de Costa Rica es mucho más compleja. Gracias a la contribución de socialdemócratas, socialcristianos, la Iglesia católica, la izquierda y los movimientos sociales progresistas el país edificó un sistema institucional sólido que, durante décadas, fue referente en América Latina.
Cierto es que el modelo tuvo defectos y un “pecado original”: anuló la participación crítica de amplios sectores sociales, consolidó el clientelismo y persiguió —primero con cárcel, muerte, exilio e ilegalización, y luego con la deslegitimación ideológica y cultural— a la izquierda y a los movimientos progresistas. Pero reducir toda esa historia a un largo engaño es una estrategia perversa: permite deslegitimar los avances alcanzados para justificar su desmantelamiento.
El presidente del “cambio” no vino a rescatar al país; vino a continuar la tarea que iniciaron los herederos de los reformadores sociales del siglo XX, quienes durante sus gobiernos (Figueres Olsen y Calderón Fournier) debilitaron los pilares del Estado social y promovieron privatizaciones que beneficiaron a intereses particulares sobre el bien común. Oscar Arias también prefirió la ruta de favorecer intereses de los grupos privilegiados.
La política debería ser el arte de construir consensos y alianzas para mejorar la vida de las personas, en especial de quienes más lo necesitan. Chaves, en cambio, la ha convertido en un espectáculo diario, un escenario para sembrar prejuicios, propagar rumores y alimentar la confrontación.
Costa Rica se sigue gobernando para quienes no dependen del Estado porque ya controlan el sistema financiero, reciben atención preferencial de las instituciones, tienen seguros privados, universidades propias y monopolios de importación. Son los mismos sectores que antes financiaban a los partidos tradicionales y que ahora se cobijan bajo la bandera del supuesto “pueblo soberano”.
El pueblo costarricense merece más. Trabajadores y empresarios merecen más: justicia, inclusión, educación, salud, seguridad, respeto y bienestar. La política no debe ser una guerra, sino un acuerdo social: un nuevo pacto de concordia que permita ampliar derechos y generar mayores oportunidades para la mayoría.
La socialdemocracia, alguna vez presentada como síntesis entre el marxismo y la democracia liberal, como esa “tercera vía” que prometía un camino intermedio, ha quedado atrapada en un laberinto sin salida desde la proclamación del supuesto “fin de la historia” de 1991. En aquel momento, fue absorbida por el totalitarismo liberal ganador de la Guerra Fría que, disfrazado de pluralismo y falsa horizontalidad, la despojó de su núcleo original: la defensa de las grandes mayorías trabajadoras, campesinas, cooperativistas y de los sectores populares.
De aquel proyecto que aspiraba a constituirse en alternativa real frente al capitalismo salvaje, apenas subsiste una sombra. La socialdemocracia se desplazó hacia un progresismo cultural que, en lugar de reforzar la base social y económica de los pueblos, se volcó a la defensa de agendas propias del liberalismo individualista: la fragmentación de derechos en torno a minorías culturales, la mercantilización del consumo como identidad y una política reducida a gestos y banderas simbólicas. En lo económico, mutó en una versión moderada del neoliberalismo, legitimando la apertura indiscriminada de mercados, la subordinación al capital transnacional y la lógica devastadora de la globalización occidental.
La fórmula tantas veces repetida “abiertos en lo económico y progresistas en lo social”, no es más que un disfraz del neoliberalismo más acérrimo. Se ofrece con un rostro amable, igualitario y moderno, pero en la práctica reproduce la misma concentración de poder en las élites económicas y políticas de siempre, mientras concede migajas de justicia cultural que maquillan la desigualdad estructural.
Sin un retorno a las raíces, a la tradición y a un mestizaje ideológico con lo propio, con la memoria histórica, las formas comunitarias, las identidades populares y los valores autóctonos, como existió en Costa Rica en su momento, la socialdemocracia está condenada a la muerte política. Su alejamiento de los pueblos y la adopción de agendas ajenas a su realidad en nombre del falso progreso, la arrastra a un vacío existencial donde solo prospera el nihilismo: un discurso hueco de inclusión sin sustancia, una socialdemocracia zombi, un progresismo incapaz de transformar, y una economía que perpetúa las cadenas del capital.
Una ideología que no logra arraigarse en la historia concreta de los pueblos, que no dialoga con la tradición ni se mezcla con lo propio, termina por perder vitalidad y horizonte. La socialdemocracia, en su versión actual, ha dejado de ser alternativa para convertirse en mera administradora del mismo sistema que afirmaba combatir. Si no ocurre un retorno a las raíces y una reconciliación con las verdaderas demandas de las mayorías, su destino será la irrelevancia y el olvido.
El capital, mientras tanto, ha sabido estudiar a fondo a sus adversarios históricos y extraer de ellos lecciones para neutralizarlos, incorporando parte de sus banderas como medidas preventivas y desarmando así cualquier posibilidad de cambio real.
Hoy, esta corriente que en su momento fue rebelde debe ir más allá y dejar de creer que con publicar algo en redes sociales o participar en un acto performativo es “hacer resistencia”, mientras la vida material del pueblo se deteriora en todos los aspectos.
La verdadera resistencia no se construye en la virtualidad ni en gestos simbólicos de una curul, sino en la organización concreta, en la recuperación de la soberanía política y económica, y en la reconstrucción de un proyecto arraigado en la memoria del pueblo. Sin ese salto cualitativo, la socialdemocracia seguirá siendo un actor ornamental del sistema que dice cuestionar, destinada a diluirse entre la irrelevancia y el olvido.
El Partido Vanguardia Popular (PVP) denuncia con firmeza la política neoliberal que alienta el abandono institucional de los sectores sociales más desprotegidos de nuestro país. El reciente recorte presupuestario anunciado por el Gobierno, que deja a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sin recursos suficientes para pagar las pensiones no contributivas, es un crimen social inadmisible.
I. Lo que está ocurriendo
Para el año 2026, el Gobierno asignará ¢163 mil millones al Régimen No Contributivo de la CCSS, lo que supone un recorte de ¢29.413 millones con respecto al presupuesto de 2025.
Específicamente, las pensiones para adultos mayores pasarán de ¢102 mil millones en 2025 a tan solo ¢71 mil millones en 2026.
Se proyecta un déficit superior a los ¢60 mil millones para poder cumplir obligaciones ya existentes, lo que hace que no haya dinero suficiente ni para pagar lo que actualmente se adeuda, ni para otorgar nuevas pensiones que el Plan Nacional de Desarrollo estipula (unas 5.000 pensiones nuevas).
Además, el Estado planea cubrir solo el 55 % de lo que debe transferir a la CCSS en el concepto del Seguro de Salud, generando un faltante de más de ¢400 mil millones adicionales.
II. Nuestra condena
El Partido Vanguardia Popular considera que:
Este recorte presupuestario es responsabilidad directa de un modelo neoliberal que prioriza los intereses financieros por encima de los derechos sociales fundamentales. Es inconcebible que en un país con los niveles de desigualdad e injusticia que vivimos, se recorten recursos que garantizan la dignidad y la subsistencia de quienes más lo necesitan.
El abandono de la CCSS, en temas de pensiones, salud, pensiones no contributivas, falta de especialistas, infraestructuras sanitarias y personal, constituye una violación del deber del Estado de garantizar el bienestar y la protección social. El recorte anunciado intensifica la crisis de acceso a servicios esenciales.
La multimillonaria deuda del Estado con la CCSS, que incluye obligaciones pendientes en salud, IVM, pensiones no contributivas y obligaciones legales, agrava la situación y pone en riesgo la salud pública, las vidas de miles de personas adultas mayores, con discapacidad o de bajos ingresos, así como la estabilidad institucional de nuestra Caja.
La corrupción y los escándalos recientes, particularmente el Caso Barrenador y el ERP-SAP, deben investigarse con rigor. No basta con mencionar estos casos, hay vidas humanas que pagan el costo del desvío de recursos y la ineficiencia, cuando se deberían invertir esos fondos en salud, pensiones, servicios básicos, personal y especialistas.
III. Demandas del PVP
Exigimos al Gobierno y a la Asamblea Legislativa que actúen con urgencia:
Restablecer el presupuesto necesario para que la CCSS pueda cumplir con el pago completo de las pensiones no contributivas para adultos mayores, sin recortes arbitrarios.
Garantizar los recursos para la atención de salud, para el Seguro de Salud, para el IVM, para personal, especialistas e infraestructura sanitaria adecuados.
Saldar la deuda pendiente que mantiene el Estado con la CCSS, como un acto de responsabilidad con quienes más lo necesitan.
Apertura inmediata de investigaciones independientes con transparencia plena sobre los casos de corrupción (Caso Barrenador, ERP-SAP, otros), y sanción efectiva para quienes resulten responsables.
Implementar políticas económicas y fiscales progresivas que redistribuyan equitativamente la riqueza, en lugar de recortar derechos sociales esenciales.
IV. Nuestro compromiso
El PVP reafirma su compromiso con la justicia social, la solidaridad, y la defensa de los derechos humanos. No permitamos que el neoliberalismo siga relegando al olvido a las personas más vulnerables. Estaremos vigilantes, movilizándonos y proponiendo alternativas que garanticen que todos los costarricenses tengan acceso a una vida digna, con salud, pensiones, vivienda, educación y bienestar.
Este gobierno tiene la responsabilidad política, moral y legal de responder ya. Ninguna persona debe quedar sin pensión, sin atención médica, sin dignidad, ni sin esperanza.
Llamamos a la ciudadanía a defender la salud pública, la CCSS, como pilares fundamentales para la salud y la vida de nuestro pueblo. Organización y lucha es la única alternativa contra este despojo.
Tanto en América Latina como en el resto del mundo, el trabajo experimenta transformaciones inusitadas que han reconfigurado radicalmente la manera en que este concepto era entendido jurídica y culturalmente en nuestras sociedades: vivimos un momento histórico caracterizado por el progresivo desplome de la sociedad laboral de base salarial, del empleo pleno y duradero construido en torno a la idea de la profesión, que está siendo suplantado por esquemas laborales difusos – y confusos – que sitúan ahora al trabajo fuera de los márgenes de la protección jurídica y los derechos laborales convencionales. Lo cierto, en cualquier caso, es que estamos acostumbrados a pensar la vida moderna con categorías de la sociedad industrial que hoy han perdido su actualidad: tanto la profesión y el empleo pleno como la estabilidad laboral y salarial del antiguo sistema ocupacional están siendo destronados por nuevos modelos laborales ultra-flexibles, inestables y sin relación patronal que erosionan los cimientos de aquello que nos habíamos acostumbrado a llamar derecho laboral.
Costa Rica, como es de esperarse, no escapa de estas embestidas. La profesión – y la formación que esta acarrea – ha perdido su capacidad para dar seguridad laboral y definir duraderamente la identidad de la persona trabajadora: abundan hoy los trabajos temporales, efímeros, flexibles, múltiples y escurridizos; los trabajos informales con horarios inestables, las oportunidades esporádicas, los trabajos de micro-tareas en internet, las plataformas digitales de transporte, repartición y servicios, el taxismo pirata y el marketing digital.
El sistema ocupacional convencional, que ganó terreno entre los años cincuenta y setenta del siglo pasado con la ampliación del empleo público y la alta inversión extranjera en sectores productivos, ha sido progresivamente subvertido ante nuevos esquemas laborales fragmentarios y ambiguos, en los que ya no existe una relación contractual, ni horarios fijos ni una localidad establecida. Bajo eslóganes de flexibilidad y mayor tiempo libre para quienes trabajan, las empresas nacionales y transnacionales encontraron la excusa perfecta para eximirse de obligaciones patronales y responsabilidades sociales hacia la fuerza laboral: en los trabajos informales e inestables, sobre todo los de la era digital, las relaciones laborales son laxas, por lo que muchas personas quedan al margen de la protección social y los sistemas de capitalización social – como las pensiones y el sistema salud–. Costa Rica, de esta forma, parece convertirse en una sociedad de riesgos individualizados y trabajos desregulados
El neoliberalismo de las últimas décadas, que propició situaciones de inseguridad laboral, subempleo y, sobre todo, informalidad – que en Costa Rica llega a cerca del 40% de la fuerza de trabajo, según el INEC –, así como los avances técnico-científicos de la era digital, que diluyen las nociones del espacio-tiempo de la vida cotidiana y los contratos laborales, han asegurado la creciente inviabilidad del antiguo modelo laboral. La globalización digital hace que, por ejemplo, empresas transnacionales puedan gozar de mano de obra barata de personas trabajadoras a distancia por medio de trabajos a destajo, micro-tareas y simples ‘‘mediaciones’’ entre consumidores y clientes.
Consecuentemente, la sociedad salarial del empleo pleno ahora convive con una nueva forma de trabajo con diferencias espacio-temporales y socio-jurídicas radicales: unos trabajan con garantías sociales y protecciones laborales y otros trabajan bajo precariedad e inseguridad salarial. Todo esto representa nada más y nada menos que un claro síntoma de una transición que lleva años operando en el país y que los avances tecnológicos no han hecho más que acelerar: el paso de una sociedad salarial hacia una sociedad del riesgo.
En otras palabras, ante todas estas trasformaciones el trabajo se ha convertido en ‘‘trabajo líquido’’, trabajo sin forma, demasiado escurridizo para ser regulado por los sistemas de protección social y las normativas laborales. Estamos entonces, en Costa Rica, ante el reto de proteger y regular un trabajo dinamizado que desborda nuestras leyes estancadas; estamos ante el escenario de un trabajo amorfo y una legislación estática, petrificada, que se traduce en una crisis de aplicabilidad del derecho laboral y una crónica inadaptabilidad de los sistemas de bienestar social en ámbitos como la salud y las pensiones, como bien en la formación y la educación de la fuerza de trabajo.
La incapacidad – o la cómoda y malintencionada inacción – de la Asamblea Legislativa al abordar las transformaciones del trabajo, especialmente en materia digital y tecnológica, tiene como consecuencia que muchas de las problemáticas de los trabajadores inmersos en la sociedad del riesgo – los de la informalidad y la inseguridad salarial, que no cotizan para un futuro digno – terminan siendo resultas en tribunales. Hay, por ejemplo, una judicialización de los nacientes problemas laborales de la era digital, como se evidenció cuando el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José ratificó su sentencia condenatoria a Uber por no cumplir con sus deberes patronales, considerándose que hubo una relación laboral encubierta entre la plataforma y el conductor demandante, situación que por la falta de regulación en el plenario deja a miles de conductores bajo el umbral inseguridad laboral.
En este punto, surge una pregunta central para nuestra discusión: ¿debe Costa Rica transitar hacia una formalización del trabajo digital y colocar los nuevos y volátiles esquemas laborales bajo el amparo del derecho laboral convencional?
Lo cierto, en cualquier caso, es que el derecho laboral debe repensarse a la luz de estas transformaciones; más allá de simplemente volver a aplicarse ciegamente la normativa anterior, es importante reconocer garantías sociales y derechos laborales específicos a la fuerza laboral de la era digital y de los trabajos inestables a la vez que se reconocen las particularidades de estas formas emergentes de trabajo. Aun así, varios elementos del trabajo convencional han mostrado ser rescatables, como el concepto jurídico de la subordinación – que ha sido aplicado a conductores de plataformas en varios países, como México y Chile –. Ante todo, es necesario que, ante las múltiples facetas que hoy asume el trabajo, se busquen nuevas formas de que esta actividad esté protegida y garantice una vida digna.
Costa Rica, por el contrario, parece seguir una senda diferente: el país se asoma al abismo de los retrocesos laborales, con un gobierno y un plenario enfrascados en una batalla por ampliar las jornadas laborales de 8 a 12 horas en algunos sectores productivos.
En este mes patrio, estos retrocesos no son más que una reminiscencia nostálgica de lo que antaño fuera una República Bananera.
¡Feliz día de la independencia! Para los empresarios…
* Escuela de Sociología, Universidad Nacional. Asistente investigador del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. Exrepresentante de Costa Rica en la XXXI Olimpiada Internacional de Filosofía, Grecia, 2023.
“Ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica”, Salvador Allende, presidente chileno electo democráticamente y depuesto violentamente por los mismos de siempre, Universidad de Guadalajara, México, diciembre de 1972.
Vimos en la entrega anterior cómo se enriquecieron las élites europeas con el sufrimiento de nuestros pueblos, aunque ese capital “chorreara sangre”. Es, para resumirlo, una estrategia (no accidente) hasta nuestros días que, “industrializa”, por un lado, el miedo entre los trabajadores y sus familias, por el otro, se “recicla” y afina sus formas como sistema, para succionar sangre y acumular ganancias al costo que sea.
Sería iluso entonces pensar que si, este modelo introducido en el llamado “Nuevo Mundo” arrancó de golpe la propiedad comunal a punta de fuego, saqueo y el despojo, haciendo más poderosos a los reyes con corona europeos y sus familias de banqueros, tuviera que variar su esencia en Latinoamérica y dicho continente quedase al margen de auténticos reyes sin Coronas económica y políticamente.
¿Quiénes son estos clanes en México, en Argentina, Guatemala o Costa Rica con tanto poder de decisión, gracias a sus fortunas acumuladas? ¿Cuáles eran estas familias y a qué se dedicaban en Cuba antes de 1959?
Un conocido líder mundial era consecuente con la cita de Allende, diciendo que “la verdad es revolucionaria” por antonomasia; pues bien, tendré que confesarte que la lista de los “Reyes sin corona” comenzó a confeccionarse el 24 de diciembre del año pasado, a partir que un descendiente de unas de esas acomodadas familias cubanas lloraba esa noche ante las cámaras televisivas por estar lejos de la isla, “donde mi abuelo dejó una fortuna”; ello mientras unos amigos disfrutaban la tradicional ”pierna de cerdo” y me preguntaba en silencio cómo nació esa riqueza.
Esta lista no puede ser definitiva por variables que ocasionan cambios en las fortunas como el comportamiento de las bolsas de valores donde tienen sus inversiones, el tipo de inversiones preferidas y que entre los mismos ricos se devoran en cuanto se “duerme” cualquier colega, por amigo que sea.
Figuréense ustedes que cuando, a partir de 1804, el movimiento revolucionario en Haití sirve de inspiración para la independencia muchas colonias en América Latina y el Caribe, semejante insulto a Francia costó a varias generaciones de haitianos una billonaria indemnización que terminó de pagar hasta en 1953.
Así, los futuros Estados -nación, van perfilando su nuevo derecho penal rudimentario y el respeto a la “libertad”, entendida ésta a disponer o concentrar al máximo la propiedad privada, hasta llegar a las complejas, pero a la vez sencillas, sociedades actuales. Nuevas sociedades, sin discusión alguna, ideadas desde el principio para el lucro, el egoísmo, el individualismo y la alienación, como forma de vida civilizatoria, con las excepciones a la regla.(Engels, Federico: Véase “La familia, la propiedad privada y el Estado”; consúltese además Marx, Karl “La sociedad antigua”).
Revisemos, pues quienes eran estos “reyes sin Corona” en la Cuba antes de 1959. Hay pruebas que había unos 550 grandes propietarios y 9 familias empleando testaferros como partidos políticos, jueces, legisladores y aspirantes a puestos de relevancia para que cuidaran sus vastos intereses.
Un reportaje del periodista cubano, Guillermo Jiménez Soler, titulado “Los propietarios de Cuba 1958”, incluye a figuras como el dictador Fulgencio Ulgencio Batista Zaldivar, dueño de 9 centrales azucareras, 2 refinadoras. dos destilería, un banco, tres aerolíneas, una papelera, una productora de gas, dos moteles, varias emisoras de radio, una televisora, periódicos, revistas, una fábrica de materiales de construcción, una naviera, un centro turístico, varios inmuebles urbanos y rurales.
Su esposa se suma a él controlando 80 % de las acciones del Banco Hispano Cubano. En el área de los inmuebles poseían múltiples firmas inmobiliarias y de inversiones como la Compañía de Fomento Almendares S.A., la Inmobiliaria Miramar, la sociedad Marimelena Realty Company y la Compañía de Fomento del Túnel de La Habana S.A. (con un capital que ascendía a los 10 millones).
Otras de las familias determinantes eran la de Julio Lobo Olavarría, con activos arriba de los $100 millones de esa época, se suma el núcleo familiar de José María Bosh Lamarque, propietario del grupo Bacardí, de garroteras, de burdeles, empresas constructoras etc., Otro clan a considerar es el de José M. Arechabala Arechabala , a quien se recuerda como el dueño de la fábrica de ron Habana Club, confiterías y astilleros, entre otros; no menos poderosos de aquella época siguen José Gómez Mena Álvarez, Luis Mendoza Freyre de Andrade. Carlos Núñez Pérez, Francisco Núñez Pérez y Francisco Blanco Calás, con amplios intereses en la agricultura, el comercio, los bancos, los partidos políticos, los burdeles, etc.
Los siguientes datos provienen de las llamadas fuentes gubernamentales, extraoficiales, revistas especializadas como “Forbes”, plataforma como la Wikipedia, periódicos de conocida trayectoria como “Cuba Debate”, el “Semanario Universidad”, “El Tiempo” de Colombia y “La Nación” de Argentina, entre otros, cuyo único fin es localizar algunos de estos reyes modernos y contrastarlos con quienes venden su trabajo, como lo hicimos con las 12 monarquías europeas y sus súbditos. https://surcosdigital.com/nuevo-coloniaje-avanza-en-america-parte-i-los-reyes-con-coronas/
Esta foto recoge un día cualquiera en La Habana, antes de 1959.
En cuanto a la Argentina, “Forbes”, nos da cuenta de que hay 50 familias y personalidades con casi US$ 78.000 millones, equivalente a 12,1% del PBI del país, en 2023.
Según la publicación citada ello significó un 68% más en relación con 2020 – un año después de la pandemia de Covid 19-, cuando controlaban US$ 46.440 millones.
En contrate, el noticiero France 24 horas, informó que en Argentina hubo 1.7 millones de desocupados, en 2024.
Añadió que la pobreza afectó el 38,1% de su población, el 8.2% – 17.9 millones de argentinos- está en indigencia y condenados a vivir con menos de UD$ 25 mensuales.
Ello a pesar de que el presidente Javier Milei, prometió que, privatizando servicios públicos, los recursos naturales y unos pocos bienes de producción bajo control del Estado, Argentina acabaría con el desempleo y la desigualdad social.
En México, en el otro extremo de nuestro continente, ocho familias mexicanas aparecen como las más determinantes en casi todo el quehacer de esa nación norteamericana, atrincheradas en dos nefastas organizaciones políticas desde hace más de siete décadas, los Partidos Revolucionario Institucional y el Nacional (PRIAN), los bancos, petróleo, redes telefónicas, comercio, medios de comunicación, alimentos, evasión de impuestos, hotelería, tecnología de punta, puertos, ferrocarriles y un gran etcétera.
Hay consenso en las distintas fuentes consultadas que abajo de esos ocho clanes existen otros millonarios con tentáculos a lo largo y ancho de México. A menudo citan a Carlos Slim Helú con activos por más US $102 mil millones, en 2024.
Los datos de 2025 sitúan además a Germán Larrea Mota Velasco con una fortuna de US $ 27.1 mil millones, Alejandro Baillères Gual: con US $8.5 mil millones, María Asunción Aramburuzabala con US $ 6 mil millones, Ricardo Salinas Pliego: con US $ 4.6 mil millones, Carlos Hank Rhon: con US $3.9 mil millones, Fernando Chico Pardo: con US $ 2.8 mil millones, Rufino Vigil González: con US $2.6 mil millones. Antonio Del Valle Ruiz: con US $2.1 mil millones y Enrique Coppel Luken que cuida sus US $2 mil millones.
En contraste, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en mayo de este año México registró 1.7 millones de personas desocupadas. Cerca de 46.8 millones de personas viven bajo la línea de pobreza, 9.1 millones están en pobreza extrema, es decir unos US$2.50 dólares diarios, pesar de las fuertes inversiones en los jóvenes, jubilados, hospitales, fabricación de medicamentos por el Estado realizados en menos de 100 meses del gobierno de la 4T.
Se robaron todo lo que pudieron y nos dejaron amarrados con compromisos bancarios más allá de 2050, dijo Andrés Manuel López Obrador antes de dejar su presidencia.
En cuanto a Centroamérica y República Dominicana, víctimas de la patraña del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC – negociado entre 2003 y 2004-, ni dando sus telecomunicaciones, puertos, ferrocarriles o arruinando la educación pública para sus jóvenes, el agro, los salarios etc., evitó los enormes contrastes socioeconómicos.
En El Salvador, la familia encabezada por Ricardo Poma diversificó las actividades a más no haber, mediante ingeniosos grupos societarios relacionados con bancos, distribución automotriz y cadenas de hoteles, entre otros negocios. Esta estirpe cuenta con activos por el orden de los US $1,400 millones, según Forbes.
El Diario As.com de El Salvador, por su parte, sumó a estas selectas familias, la del inversionista, Roberto Kriete, cuyo Grupo Kriete, Avianca Holdings, Volaris y Aeroman, tuvo en 2020 ingresos totales por US$1.387millones. https://as.com/us/us/2021/10/09/actualidad/1633810224_864788.html).
Asimismo, en este pequeño país, figura la familia de Roberto Murray, quecontrolaelGrupo Agrisal (Agrisal Inmobiliario, Agrisal Hoteles y Agrisal Automotores). Sus ingresos netos son desconocidos exactamente, pero se estima están entre los tres principales millonarios salvadoreños.
Se suman a estos grupos de terratenientes, banqueros o empresariales, la familia Dueñas, Regalado, Sol, Quiroz, Dougherty, Guirola, Salaverría, Samayoa, Álvarez, Bustamante, Hill, Meza Ayau, Poma y Díaz Bazán.
En Guatemala, cuyo país registra la mayor concentración de riqueza en el área, hay seis familias, entre ellas, el clan de Carlos Enrique Mata y Luis Miguel Castillo, quienes controlan la poderosa Central America Bottling Corporation (CBC). Sus ingresos se estimaron en US$ 1.704 millones, en 2019, según Fitch Ratings, una reconocida agencia internacional sobre créditos.
A las anteriores, se suman los Herrera, Gutiérrez Bosch, Paiz y Novella, todos apellidos poderosos en la economía, la política, la industria y los negocios en Guatemala.
El presidente socialdemócrata de Guatemala, Bernardo Arévalo, compagina con los jefes de las cinco familias millonarias, o se va. Foto tomada del periódico Las Dos Orillas.
El país de la “primavera permanente” – Guatemala- tampoco escapa de la “maldición” que nos viene desde la Colonia, agravada estos años con el proceso de subcolonización: el desempleo abierto. El gobierno chapino hace ingentes esfuerzos para convencernos solo hay un 1.7 % en los últimos dos años.
Pero una encuesta oficial realizada en 2023 y consultada para este trabajo en Surcos nos consigna que el 56.0% de la población se encuentra en situación de pobreza. De ese porcentaje un 16.2%, está en pobreza extrema, según la Revista Análisis de la Realidad Nacional.
En cuanto al salario mínimo promedio centroamericano éste en el primer semestre de 2025 estuvo entre US$ 161.78 y US$ 1.558,98, incluyendo algunos ajustes decretados en unos pocos países y siempre por abajo del costo real de la vida.
En cuanto a “Reyes sin Corona”, Panamá como el resto de la región, tiene su propia “monarquía” encabezada por Alfredo Alemán, con US$ 1.900 millones y Moisés Cohen, con US$ 169 mil millones, al cierre del año 2019.
Según la revista Forbes además la familia de Stanley Motta es una de las élites millonarias mejor posesionada en Panamá y Centroamérica, pues tiene intereses en la aviación (Copa Airlines), banca, propiedades, seguros y comercio libre, agricultura extensiva, educación etc.
Motta aparece relacionado con una de las plantaciones de piña más grande de Costa Rica, así como con obras filantrópicas, a través de organizaciones como The Nature Conservancy y su antigua universidad de Tulane.
Por su parte, Panamá, el pleno empleo o el combate contra la pobreza, – citando un contraste más -sigue siendo una promesa incumplida.
Por datos oficiales y extraoficiales sabemos que en 2024 la desocupación fue de 9.5%. El desempleo abierto estuvo en 7.8%, mientras la informalidad laboral fue de un 49.3%, hasta agosto de 2024. En tano, un 21.7% de gente vive en pobreza, según cifras de 2023.
Centro financiero en ciudad de Panamá.
En República Dominicana tenemos la estirpe encabezada por Frank Rainieri Marranzini, con US$ 1.200 millones. Otros personajes para tomar en cuenta, son Felipe Vicini Lluberes y Familia, con US$ 916 millones, Miguel Barletta, con US$ 740 millones y Manuel Estrella, con US$ 608,8 millones.
Por detrás de los anteriores se abren campo 15 clanes familiares más. Monopolizan desde la innovación, la ciencia y la tecnología, hasta venta de servicios al Estado y actividades turísticas, pasando por la recreación, la cultura e infraestructura vial, juegos, minas, metales para la industria, entre otros.
Sin embargo, por datos oficialistas deslizados en periódicos dominicanos, sabemos que las tasas de participación laboral son, según estas versiones, de un 66.0%, el primer trimestre de 2025. La de desempleo se situó en 4.8%, al cierre de 2024.
Los datos, anteriormente citados, vienen del Banco Central de la isla. Estas estadísticas nos señalan que el desempleo abierto – mide a quienes buscan trabajo – fue solo de 4.9% este año, con un leve descenso, respecto el año aña pasado. Suena maravilloso. Gracias TLC.
Empero, sí acudimos al más reciente boletín del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo dominicano, descubrimos que en los primeros tres meses de 2025 hubo un 18.05% de personas en pobreza. Se cuidan de revelarnos el porcentaje de gente en miseria extrema.
Pero, según datos de organismos internacionales, la niñez y la juventud dominicana son víctimas de la deserción escolar, a pesar de ingentes esfuerzos gubernamentales por dotar de infraestructura a la educación pública.
En el año escolar 2016 se encontraban fuera de la escuela: 25,058 niños y niñas de 5 años; 60,745 de 6 a 11 años; 129,628 de adolescentes 12 a 17 años. La situación de niños fuera de la escuela aumentó en las edades entre 6 y 14 años del 2015 al 2016.
La exclusión escolar se refleja con mayor severidad en los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. El informe Niños Fuera de la Escuela 2017 destacó que el 62% de los niños y niñas de 3 a 5 años no asiste a la escuela; asimismo el 21% de los niños y niñas con discapacidad de 6 a 11 años, destacando que casi la mitad no sabe leer ni escribir e igualmente el 35% de los adolescentes entre 12 a 17 años.(UNICEF https://www.unicef.org/dominicanrepublic/educaci%C3%B3n#:~:text=El%20bajo%20aprendizaje%20en%20los,aprender%20y%20concluir%20la%20esc)
En cuanto a Costa Rica, diversas fuentes consultadas para el presente esbozo periodístico, sitúan a la familia Pellas, de origen nicaragüense, entre las más poderosas e influyente en Costa Rica, con ingresos netos por US$ 1.500 millones.
Por notas periodísticas coleccionadas para este trabajo sabemos que solo en La Cruz, Guanacaste, tiene inversiones por el orden de los US$51 millones en un proyecto residencial llamado Naturandi.
Otro clan importante que no pasa inadvertido en nuestro país es el de la familia Mendiola, asociada con Florida Ice & Farm Co (FIFCO).
La Florida Ice & Farm Co. (FIFCO) es la principal empresa de bebidas embotelladas en Costa Rica. Su director general, Ramón Mendiola Sánchez, es dueño de la cervecera estadounidense North American Breweries Holdings (NAB), adquirida por US$ 388 millones. (Fuente:Forbes Staff ,diciembre 27, 2014).
A estos grupos poderosos pertenece el linaje de Rodolfo Jiménez Borbón y el conglomerado empresarial “La Nación”; el primero con un patrimonio anual calculado en USS $1.549 millones y, el segundo, con activos por el orden de los US $ 77.500 millones
Se une a esta selecta elite la familia vinculada con la empresa MECO, cuya cara visible es Carlos Cerdas Araya. Sitúan su fortuna en US$ 689,6 millones anuales.
Otra familia de millonarios es la dirigida por Francis Durman Esquivel. Él controla las organizaciones “Aliaxis Latinoamérica” y “Montecristo”. Vinculan estas corporaciones con sectores como la construcción, el financiero, la tecnología, la salud y la logística.
Además, Aliaxis ha tenido ingresos por 2.377 millones de euros, de los cuales alrededor de 15% provienen de sus operaciones en América Latina.
Asimismo, figura otro conocido millonario nacional, Steve Aronson, gracias a sus grupo Britt y Morpho Travel Retail . El patrimonio de ambos grupos pasa de los US $ 150 millones.
Otras de las familias afortunadas son la de Luis Javier Castro, con grandes inversiones en el grupo denominado “De Mesoamérica”. Se suman las familias Arias Sánchez, con negocios ligados a plantaciones azucareras y tierras en Guanacaste, la Álvarez Desanti – Marín Raventós, alquiler de edificios a distintos gobiernos con ingresos anuales por unos US$ 30 millones. Está vinculada también a la actividad bananera.
Asimismo, figura la familia de Leonel Baruch con inversiones en el ámbito bancario y las comunicaciones; Picado Corza, con vínculos en la industria de las comunicaciones, y Franklin Chang, empresario con inversiones en las ciencias espaciales y la innovación tecnológica.
En Costa Rica, por citar un contraste más, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), el desempleo se mantuvo estable al cerrarse 2024, con un 7,3%, mientras el Ministerio de Trabajo consignó un 18% en pobreza y un 4.8% en pobreza extrema.
Según el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) en 12 años el Ministerio de Educación Pública (MEP) cerró 108 centros educativos, por no reunir condiciones mínimas.
