Etiqueta: neoliberalismo

Dos años del SIUNED: de la indignación a la lucha organizada

Escrito en 17/10/2025. Publicado en Trabajo.

Comunicado

En un contexto universitario marcado por profundas contradicciones económicas y más de una década de recortes al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), acompañado esto de un debilitamiento de las estructuras organizativas -lo cual se evidencia en el retroceso de los niveles de sindicalización, tanto a nivel nacional como institucional-, se abre una ventana de oportunidad para la construcción de un sindicato unitario, de clase y combativo en la UNED.

Más allá de dicho contexto, la perspectiva de fundar un nuevo sindicato en la universidad refleja no solo los problemas laborales, sino también la necesidad de reivindicar una cultura democrática representativa y de lucha, ante el retroceso organizativo derivado de un viejo sindicato desvinculado de los intereses de la clase trabajadora unediana y del panorama político universitario y nacional.

Es así como hace dos años, el lunes 16 de octubre del 2023, en medio de un suelo árido largamente desatendido y como una aspiración de las Asociaciones Gremiales y otros actores políticos universitarios que se unieron a esta lucha, nace el Sindicato Unitario de la UNED (SIUNED).

Este sindicato germina, en medio de una universidad marcada por estructuras verticales, donde el control institucional se impone como sombra sobre los derechos laborales y salariales. Además, tras los golpes que a la clase trabajadora dio la nefasta Ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” y ante la preocupación de la Comunidad Universitaria por la imposición de un Salario Global Transitorio que abría un mar de cuestionamientos.

El SIUNED emerge como una apuesta clara por la unidad, la dignidad, la solidaridad y la lucha de clase. Su fundación es el resultado de años de silencios acumulados, de injusticias normalizadas y de voces que pedían ser escuchadas más allá de los pasillos del poder.

La creación de SIUNED busca romper con el molde tradicional del sindicalismo, muchas veces supeditado a intereses institucionales o electorales. Este nuevo sindicato apuesta por ser una organización independiente, con un claro compromiso en una causa mayor: la defensa de la clase trabajadora universitaria, desde una perspectiva de clase, combativa y profundamente humana.

En estos dos años, el SIUNED ha sido un faro para quienes buscan orientación en medio de la precarización laboral y la imposición de medidas ajenas a los marcos laborales.

El sindicato se ha colocado como alternativa ante las estructuras injustas, pero también ha sido un brazo que acompaña a quienes sufren el peso de la indiferencia institucional.

En su corta existencia, el SIUNED ha cosechado grandes victorias y diversidad de aportes tales como la generación de espacios de denuncia, la promoción del respeto de los derechos laborales y oportunidades para la organización desde abajo. Además, se ha sembrado una emergente cultura política crítica, que florece en cada conversación, en cada reunión, en cada charla y en cada acto de resistencia.

Respecto a los métodos de lucha, estos también han cambiado. Ya no se trata únicamente de quejarse, resignarse o confiar en las promesas de las autoridades de turno. Se trata de pensar críticamente, de analizar con profundidad y de construir colectivamente desde la conciencia y la acción informada.

El SIUNED ha entendido que la articulación implica movimiento de ideas y de voluntades. Se ha apostado por el análisis riguroso de la realidad nacional y universitaria, la formación sindical y política, la información y comunicación constante con la comunidad universitaria, así como la creación de herramientas que empoderan a las personas trabajadoras.

La lucha no se limita a exigir derechos: implica comprenderlos, apropiarse de ellos y convertirlos en herramientas de transformación hacia un ambiente laboral más justo y coherente.

Hablar de la propuesta política del SIUNED, es hablar de un proyecto con visión de futuro a largo plazo, que busca una universidad democrática, crítica y comprometida. La ruta está clara: avanzar hacia una Convención Colectiva que no se quede en el papel, sino que se convierta en una base real para el reconocimiento de derechos históricamente ausentes o postergados en la universidad. El SIUNED continúa en la dinámica de construir un sindicalismo crítico, que no se acomoda, que no negocia principios y que no guarda silencio ante los abusos.

En tiempos de retroceso político donde el neoliberalismo se disfraza de modernización y la indiferencia se vende como eficiencia, el SIUNED defiende los derechos laborales y la mejora de las condiciones de vida de las personas trabajadoras universitarias. En una universidad donde el control institucional ha sido, por años, parte de la cultura dominante, el SIUNED ha abierto espacios que dan paso a la conciencia, la organización y la esperanza. Es posible organizarse, denunciar, resistir y construir.

El sindicato se ha colocado como una fuerza independiente frente al modelo de órdenes y sacrificio y que impulsa en el imaginario de la comunidad que la universidad no es solo un lugar de saberes, sino también un territorio de luchas, de debate, de solidaridad interna y externa.

Así las cosas, consolidar un sindicalismo comprometido, independiente y combativo no es tarea fácil. Sobre todo, en un contexto de retroceso político nacional e internacional, donde los derechos laborales se erosionan. Por tanto, fortalecer organizaciones de clase como el SIUNED, más que necesario, es urgente. Sólo desde la organización consciente, desde la crítica reflexiva y desde la acción colectiva, podremos construir una clase trabajadora universitaria que reconozca las amenazas y defienda sus derechos.

Para este fin, se cuenta con un marco legal que permite y garantiza la libertad sindical, como un derecho humano fundamental, reconocido en el artículo 60 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en los artículos 339 al 367 del Código de Trabajo, que regulan la constitución, funcionamiento y protección de los sindicatos. Además, los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) garantizan el derecho de las personas trabajadoras a formar sindicatos sin autorización previa y a negociar colectivamente.

El SIUNED se respalda en la existencia del fuero sindical, como mecanismo de protección, que se extiende no solo a sus dirigentes, sino a cualquier persona trabajadora que participe en actividades sindicales. Esta protección es vital en contextos como el universitario, donde el poder institucional puede ejercer presiones para desarticular la organización sindical y cuestionar las propuestas alternativas.

Como lo señala Ariane Grau-Crespo en su análisis sobre el deterioro de los derechos laborales en Costa Rica, el anti-sindicalismo ha sido un componente estratégico de las políticas neoliberales, lo que hace urgente revalorizar y fortalecer la organización independiente de la clase trabajadora¹.

En ese sentido, SIUNED no solo es una respuesta, sino una construcción coherente: una forma de hacer sindicalismo desde la praxis y la propuesta. Dos años resultan poco tiempo, todavía quedan muchas tareas y retos para cimentar un sindicato independiente y de clase. Hacia ese camino nos dirigimos, colocando toda la fuerza, el compromiso y la esperanza a favor de la clase trabajadora de la UNED.

SIUNED: ¡Unidad y Lucha!

1 ^{Grau-Crespo, Ariane. (2024). El deterioro de los derechos laborales y sindicales en Costa Rica en las últimas cuatro décadas: El largo camino de una política laboral neoliberal que continúa.}^{Revista Espiga,}^{23(48), 31-51.}^{https://doi.org/10.22458/re.v23i48.5451}

SIUNED: En respaldo a la lucha del magisterio panameño

Escrito en 17/10/2025. Publicado en Trabajo.

Comunicado

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) manifiesta su solidaridad con las y los docentes panameños, quienes sostienen una lucha legítima en defensa de la educación pública, los derechos laborales, los derechos ambientales y la seguridad social.

La resistencia a la Ley 462, que pretende desmantelar el sistema solidario de pensiones en Panamá, es no sólo una defensa sectorial: es una respuesta organizada contra el avance del modelo neoliberal, que busca convertir derechos en mercancías y debilitar las conquistas sociales de los pueblos. Es una oposición con presencia del magisterio y de otros sectores.

Pero la oposición no se limita al ámbito de la seguridad social. El magisterio panameño ha denunciado con claridad el abandono estatal, el deterioro de la infraestructura educativa, la precarización laboral y el aumento del costo de vida. Su movilización pone en el centro la dignidad docente y el derecho del pueblo a una educación pública y de calidad. En todo ese contexto de resistencia, las personas trabajadoras del magisterio panameño han sufrido represión.

Desde el SIUNED repudiamos la criminalización de la protesta social. El uso de mecanismos judiciales y administrativos para castigar la organización sindical, así como la retención arbitraria de salarios, todas prácticas autoritarias que buscan desmovilizar y fragmentar la resistencia popular. Exigimos el cese inmediato de estas medidas antidemocráticas contra las personas trabajadoras del magisterio panameño y otros sectores.

A pesar de las medidas del gobierno de Panamá, reconocemos la fortaleza, unidad y conciencia del magisterio panameño, que ha sostenido esta lucha por meses, lo que representa un ejemplo para todas las organizaciones sindicales y sociales de América Latina.

La exigencia de derogar la Ley 462, de defender el sistema solidario, de mejorar las condiciones laborales y salariales, es muy similar a nuestra realidad. Las problemáticas que enfrentan las personas trabajadoras panameñas —precarización, represión, deterioro de servicios públicos— son las mismas que vivimos en Costa Rica.

Por eso afirmamos con claridad: la lucha del magisterio panameño es una lucha latinoamericana por la justicia social, la educación pública y la dignidad del trabajo. Una línea en el mapa nos separa como países, pero las injusticias que enfrentamos cruzan todas las fronteras con las políticas que empobrecen y reprimen, y que constituyen problemas compartidos por los pueblos trabajadores de la región.

SIUNED: ¡Unidad y Lucha!

Rodrigo Chaves no es la causa, sino el síntoma

Escrito en 06/10/2025. Publicado en Análisis.

Pedro Alberto Soto Sánchez

Rodrigo Chaves no es la causa, sino el síntoma de un mal profundo: un sector del país que confunde el matonismo con valentía y la franqueza con el insulto y la descalificación. Su discurso se nutre de antivalores arraigados en nuestra cultura: la desconfianza hacia el otro, el choteo y la burla como mecanismos de deslegitimación, las medias verdades, las mentiras completas, la envidia y la sospecha permanente.

Sobre esa base, el presidente construye una narrativa tan simplista como peligrosa: que un grupo corrupto, encabezado por el PLN, engañó y estafó a los costarricenses durante más de siete décadas.

Según ese relato, el pueblo costarricense habría sido básico, ingenuo y manipulable hasta que él, el tecnócrata del Banco Mundial —con un historial de acoso—, llegó para revelar la “verdad oculta” y redimir a la nación.

Esa caricatura histórica no se sostiene. Sí, la corrupción ha estado presente en la administración pública, como en cualquier sistema político, pero la historia de Costa Rica es mucho más compleja. Gracias a la contribución de socialdemócratas, socialcristianos, la Iglesia católica, la izquierda y los movimientos sociales progresistas el país edificó un sistema institucional sólido que, durante décadas, fue referente en América Latina.

Cierto es que el modelo tuvo defectos y un “pecado original”: anuló la participación crítica de amplios sectores sociales, consolidó el clientelismo y persiguió —primero con cárcel, muerte, exilio e ilegalización, y luego con la deslegitimación ideológica y cultural— a la izquierda y a los movimientos progresistas. Pero reducir toda esa historia a un largo engaño es una estrategia perversa: permite deslegitimar los avances alcanzados para justificar su desmantelamiento.

El presidente del “cambio” no vino a rescatar al país; vino a continuar la tarea que iniciaron los herederos de los reformadores sociales del siglo XX, quienes durante sus gobiernos (Figueres Olsen y Calderón Fournier) debilitaron los pilares del Estado social y promovieron privatizaciones que beneficiaron a intereses particulares sobre el bien común. Oscar Arias también prefirió la ruta de favorecer intereses de los grupos privilegiados.

La política debería ser el arte de construir consensos y alianzas para mejorar la vida de las personas, en especial de quienes más lo necesitan. Chaves, en cambio, la ha convertido en un espectáculo diario, un escenario para sembrar prejuicios, propagar rumores y alimentar la confrontación.

Costa Rica se sigue gobernando para quienes no dependen del Estado porque ya controlan el sistema financiero, reciben atención preferencial de las instituciones, tienen seguros privados, universidades propias y monopolios de importación. Son los mismos sectores que antes financiaban a los partidos tradicionales y que ahora se cobijan bajo la bandera del supuesto “pueblo soberano”.

El pueblo costarricense merece más. Trabajadores y empresarios merecen más: justicia, inclusión, educación, salud, seguridad, respeto y bienestar. La política no debe ser una guerra, sino un acuerdo social: un nuevo pacto de concordia que permita ampliar derechos y generar mayores oportunidades para la mayoría.

La crisis de la socialdemocracia: entre la irrelevancia y el olvido

Escrito en 29/09/2025. Publicado en Análisis.

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

La socialdemocracia, alguna vez presentada como síntesis entre el marxismo y la democracia liberal, como esa “tercera vía” que prometía un camino intermedio, ha quedado atrapada en un laberinto sin salida desde la proclamación del supuesto “fin de la historia” de 1991. En aquel momento, fue absorbida por el totalitarismo liberal ganador de la Guerra Fría que, disfrazado de pluralismo y falsa horizontalidad, la despojó de su núcleo original: la defensa de las grandes mayorías trabajadoras, campesinas, cooperativistas y de los sectores populares.

De aquel proyecto que aspiraba a constituirse en alternativa real frente al capitalismo salvaje, apenas subsiste una sombra. La socialdemocracia se desplazó hacia un progresismo cultural que, en lugar de reforzar la base social y económica de los pueblos, se volcó a la defensa de agendas propias del liberalismo individualista: la fragmentación de derechos en torno a minorías culturales, la mercantilización del consumo como identidad y una política reducida a gestos y banderas simbólicas. En lo económico, mutó en una versión moderada del neoliberalismo, legitimando la apertura indiscriminada de mercados, la subordinación al capital transnacional y la lógica devastadora de la globalización occidental.

La fórmula tantas veces repetida “abiertos en lo económico y progresistas en lo social”, no es más que un disfraz del neoliberalismo más acérrimo. Se ofrece con un rostro amable, igualitario y moderno, pero en la práctica reproduce la misma concentración de poder en las élites económicas y políticas de siempre, mientras concede migajas de justicia cultural que maquillan la desigualdad estructural.

Sin un retorno a las raíces, a la tradición y a un mestizaje ideológico con lo propio, con la memoria histórica, las formas comunitarias, las identidades populares y los valores autóctonos, como existió en Costa Rica en su momento, la socialdemocracia está condenada a la muerte política. Su alejamiento de los pueblos y la adopción de agendas ajenas a su realidad en nombre del falso progreso, la arrastra a un vacío existencial donde solo prospera el nihilismo: un discurso hueco de inclusión sin sustancia, una socialdemocracia zombi, un progresismo incapaz de transformar, y una economía que perpetúa las cadenas del capital.

Una ideología que no logra arraigarse en la historia concreta de los pueblos, que no dialoga con la tradición ni se mezcla con lo propio, termina por perder vitalidad y horizonte. La socialdemocracia, en su versión actual, ha dejado de ser alternativa para convertirse en mera administradora del mismo sistema que afirmaba combatir. Si no ocurre un retorno a las raíces y una reconciliación con las verdaderas demandas de las mayorías, su destino será la irrelevancia y el olvido.

El capital, mientras tanto, ha sabido estudiar a fondo a sus adversarios históricos y extraer de ellos lecciones para neutralizarlos, incorporando parte de sus banderas como medidas preventivas y desarmando así cualquier posibilidad de cambio real.

Hoy, esta corriente que en su momento fue rebelde debe ir más allá y dejar de creer que con publicar algo en redes sociales o participar en un acto performativo es “hacer resistencia”, mientras la vida material del pueblo se deteriora en todos los aspectos.

La verdadera resistencia no se construye en la virtualidad ni en gestos simbólicos de una curul, sino en la organización concreta, en la recuperación de la soberanía política y económica, y en la reconstrucción de un proyecto arraigado en la memoria del pueblo. Sin ese salto cualitativo, la socialdemocracia seguirá siendo un actor ornamental del sistema que dice cuestionar, destinada a diluirse entre la irrelevancia y el olvido.

La deuda a la CCSS es un crimen social del neoliberalismo

Escrito en 23/09/2025. Publicado en Derechos, Salud.

El Partido Vanguardia Popular (PVP) denuncia con firmeza la política neoliberal que alienta el abandono institucional de los sectores sociales más desprotegidos de nuestro país. El reciente recorte presupuestario anunciado por el Gobierno, que deja a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sin recursos suficientes para pagar las pensiones no contributivas, es un crimen social inadmisible.

I. Lo que está ocurriendo

Para el año 2026, el Gobierno asignará ¢163 mil millones al Régimen No Contributivo de la CCSS, lo que supone un recorte de ¢29.413 millones con respecto al presupuesto de 2025.

Específicamente, las pensiones para adultos mayores pasarán de ¢102 mil millones en 2025 a tan solo ¢71 mil millones en 2026.

Se proyecta un déficit superior a los ¢60 mil millones para poder cumplir obligaciones ya existentes, lo que hace que no haya dinero suficiente ni para pagar lo que actualmente se adeuda, ni para otorgar nuevas pensiones que el Plan Nacional de Desarrollo estipula (unas 5.000 pensiones nuevas).

Además, el Estado planea cubrir solo el 55 % de lo que debe transferir a la CCSS en el concepto del Seguro de Salud, generando un faltante de más de ¢400 mil millones adicionales.

II. Nuestra condena

El Partido Vanguardia Popular considera que:

Este recorte presupuestario es responsabilidad directa de un modelo neoliberal que prioriza los intereses financieros por encima de los derechos sociales fundamentales. Es inconcebible que en un país con los niveles de desigualdad e injusticia que vivimos, se recorten recursos que garantizan la dignidad y la subsistencia de quienes más lo necesitan.

El abandono de la CCSS, en temas de pensiones, salud, pensiones no contributivas, falta de especialistas, infraestructuras sanitarias y personal, constituye una violación del deber del Estado de garantizar el bienestar y la protección social. El recorte anunciado intensifica la crisis de acceso a servicios esenciales.

La multimillonaria deuda del Estado con la CCSS, que incluye obligaciones pendientes en salud, IVM, pensiones no contributivas y obligaciones legales, agrava la situación y pone en riesgo la salud pública, las vidas de miles de personas adultas mayores, con discapacidad o de bajos ingresos, así como la estabilidad institucional de nuestra Caja.

La corrupción y los escándalos recientes, particularmente el Caso Barrenador y el ERP-SAP, deben investigarse con rigor. No basta con mencionar estos casos, hay vidas humanas que pagan el costo del desvío de recursos y la ineficiencia, cuando se deberían invertir esos fondos en salud, pensiones, servicios básicos, personal y especialistas.

III. Demandas del PVP

Exigimos al Gobierno y a la Asamblea Legislativa que actúen con urgencia:

Restablecer el presupuesto necesario para que la CCSS pueda cumplir con el pago completo de las pensiones no contributivas para adultos mayores, sin recortes arbitrarios.

Garantizar los recursos para la atención de salud, para el Seguro de Salud, para el IVM, para personal, especialistas e infraestructura sanitaria adecuados.

Saldar la deuda pendiente que mantiene el Estado con la CCSS, como un acto de responsabilidad con quienes más lo necesitan.

Apertura inmediata de investigaciones independientes con transparencia plena sobre los casos de corrupción (Caso Barrenador, ERP-SAP, otros), y sanción efectiva para quienes resulten responsables.

Implementar políticas económicas y fiscales progresivas que redistribuyan equitativamente la riqueza, en lugar de recortar derechos sociales esenciales.

IV. Nuestro compromiso

El PVP reafirma su compromiso con la justicia social, la solidaridad, y la defensa de los derechos humanos. No permitamos que el neoliberalismo siga relegando al olvido a las personas más vulnerables. Estaremos vigilantes, movilizándonos y proponiendo alternativas que garanticen que todos los costarricenses tengan acceso a una vida digna, con salud, pensiones, vivienda, educación y bienestar.

Este gobierno tiene la responsabilidad política, moral y legal de responder ya. Ninguna persona debe quedar sin pensión, sin atención médica, sin dignidad, ni sin esperanza.

Llamamos a la ciudadanía a defender la salud pública, la CCSS, como pilares fundamentales para la salud y la vida de nuestro pueblo. Organización y lucha es la única alternativa contra este despojo.

Partido Vanguardia Popular

23 de setiembre 2025

Del empleo pleno a la sociedad del riesgo: hacia una redefinición del trabajo en Costa Rica

Escrito en 15/09/2025. Publicado en Análisis.

Fernando José Méndez Castellanos*

Tanto en América Latina como en el resto del mundo, el trabajo experimenta transformaciones inusitadas que han reconfigurado radicalmente la manera en que este concepto era entendido jurídica y culturalmente en nuestras sociedades: vivimos un momento histórico caracterizado por el progresivo desplome de la sociedad laboral de base salarial, del empleo pleno y duradero construido en torno a la idea de la profesión, que está siendo suplantado por esquemas laborales difusos – y confusos – que sitúan ahora al trabajo fuera de los márgenes de la protección jurídica y los derechos laborales convencionales. Lo cierto, en cualquier caso, es que estamos acostumbrados a pensar la vida moderna con categorías de la sociedad industrial que hoy han perdido su actualidad: tanto la profesión y el empleo pleno como la estabilidad laboral y salarial del antiguo sistema ocupacional están siendo destronados por nuevos modelos laborales ultra-flexibles, inestables y sin relación patronal que erosionan los cimientos de aquello que nos habíamos acostumbrado a llamar derecho laboral.

Costa Rica, como es de esperarse, no escapa de estas embestidas. La profesión – y la formación que esta acarrea – ha perdido su capacidad para dar seguridad laboral y definir duraderamente la identidad de la persona trabajadora: abundan hoy los trabajos temporales, efímeros, flexibles, múltiples y escurridizos; los trabajos informales con horarios inestables, las oportunidades esporádicas, los trabajos de micro-tareas en internet, las plataformas digitales de transporte, repartición y servicios, el taxismo pirata y el marketing digital.

El sistema ocupacional convencional, que ganó terreno entre los años cincuenta y setenta del siglo pasado con la ampliación del empleo público y la alta inversión extranjera en sectores productivos, ha sido progresivamente subvertido ante nuevos esquemas laborales fragmentarios y ambiguos, en los que ya no existe una relación contractual, ni horarios fijos ni una localidad establecida. Bajo eslóganes de flexibilidad y mayor tiempo libre para quienes trabajan, las empresas nacionales y transnacionales encontraron la excusa perfecta para eximirse de obligaciones patronales y responsabilidades sociales hacia la fuerza laboral: en los trabajos informales e inestables, sobre todo los de la era digital, las relaciones laborales son laxas, por lo que muchas personas quedan al margen de la protección social y los sistemas de capitalización social – como las pensiones y el sistema salud–. Costa Rica, de esta forma, parece convertirse en una sociedad de riesgos individualizados y trabajos desregulados

El neoliberalismo de las últimas décadas, que propició situaciones de inseguridad laboral, subempleo y, sobre todo, informalidad – que en Costa Rica llega a cerca del 40% de la fuerza de trabajo, según el INEC –, así como los avances técnico-científicos de la era digital, que diluyen las nociones del espacio-tiempo de la vida cotidiana y los contratos laborales, han asegurado la creciente inviabilidad del antiguo modelo laboral. La globalización digital hace que, por ejemplo, empresas transnacionales puedan gozar de mano de obra barata de personas trabajadoras a distancia por medio de trabajos a destajo, micro-tareas y simples ‘‘mediaciones’’ entre consumidores y clientes.

Consecuentemente, la sociedad salarial del empleo pleno ahora convive con una nueva forma de trabajo con diferencias espacio-temporales y socio-jurídicas radicales: unos trabajan con garantías sociales y protecciones laborales y otros trabajan bajo precariedad e inseguridad salarial. Todo esto representa nada más y nada menos que un claro síntoma de una transición que lleva años operando en el país y que los avances tecnológicos no han hecho más que acelerar: el paso de una sociedad salarial hacia una sociedad del riesgo.

En otras palabras, ante todas estas trasformaciones el trabajo se ha convertido en ‘‘trabajo líquido’’, trabajo sin forma, demasiado escurridizo para ser regulado por los sistemas de protección social y las normativas laborales. Estamos entonces, en Costa Rica, ante el reto de proteger y regular un trabajo dinamizado que desborda nuestras leyes estancadas; estamos ante el escenario de un trabajo amorfo y una legislación estática, petrificada, que se traduce en una crisis de aplicabilidad del derecho laboral y una crónica inadaptabilidad de los sistemas de bienestar social en ámbitos como la salud y las pensiones, como bien en la formación y la educación de la fuerza de trabajo.

La incapacidad – o la cómoda y malintencionada inacción – de la Asamblea Legislativa al abordar las transformaciones del trabajo, especialmente en materia digital y tecnológica, tiene como consecuencia que muchas de las problemáticas de los trabajadores inmersos en la sociedad del riesgo – los de la informalidad y la inseguridad salarial, que no cotizan para un futuro digno – terminan siendo resultas en tribunales. Hay, por ejemplo, una judicialización de los nacientes problemas laborales de la era digital, como se evidenció cuando el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José ratificó su sentencia condenatoria a Uber por no cumplir con sus deberes patronales, considerándose que hubo una relación laboral encubierta entre la plataforma y el conductor demandante, situación que por la falta de regulación en el plenario deja a miles de conductores bajo el umbral inseguridad laboral.

En este punto, surge una pregunta central para nuestra discusión: ¿debe Costa Rica transitar hacia una formalización del trabajo digital y colocar los nuevos y volátiles esquemas laborales bajo el amparo del derecho laboral convencional?

Lo cierto, en cualquier caso, es que el derecho laboral debe repensarse a la luz de estas transformaciones; más allá de simplemente volver a aplicarse ciegamente la normativa anterior, es importante reconocer garantías sociales y derechos laborales específicos a la fuerza laboral de la era digital y de los trabajos inestables a la vez que se reconocen las particularidades de estas formas emergentes de trabajo. Aun así, varios elementos del trabajo convencional han mostrado ser rescatables, como el concepto jurídico de la subordinación – que ha sido aplicado a conductores de plataformas en varios países, como México y Chile –. Ante todo, es necesario que, ante las múltiples facetas que hoy asume el trabajo, se busquen nuevas formas de que esta actividad esté protegida y garantice una vida digna.

Costa Rica, por el contrario, parece seguir una senda diferente: el país se asoma al abismo de los retrocesos laborales, con un gobierno y un plenario enfrascados en una batalla por ampliar las jornadas laborales de 8 a 12 horas en algunos sectores productivos.

En este mes patrio, estos retrocesos no son más que una reminiscencia nostálgica de lo que antaño fuera una República Bananera.

¡Feliz día de la independencia!
Para los empresarios…

* Escuela de Sociología, Universidad Nacional. Asistente investigador del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. Exrepresentante de Costa Rica en la XXXI Olimpiada Internacional de Filosofía, Grecia, 2023.

Nuevo coloniaje avanza en América (Parte II – Los reyes sin corona)

Escrito en 11/09/2025. Publicado en Sin categoría.

Rafael A. Ugalde Q.

Nuestros reyes sin corona.

“Ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica”, Salvador Allende, presidente chileno electo democráticamente y depuesto violentamente por los mismos de siempre, Universidad de Guadalajara, México, diciembre de 1972.

Vimos en la entrega anterior cómo se enriquecieron las élites europeas con el sufrimiento de nuestros pueblos, aunque ese capital “chorreara sangre”. Es, para resumirlo, una estrategia (no accidente) hasta nuestros días que, “industrializa”, por un lado, el miedo entre los trabajadores y sus familias, por el otro, se “recicla” y afina sus formas como sistema, para succionar sangre y acumular ganancias al costo que sea.

Sería iluso entonces pensar que si, este modelo introducido en el llamado “Nuevo Mundo” arrancó de golpe la propiedad comunal a punta de fuego, saqueo y el despojo, haciendo más poderosos a los reyes con corona europeos y sus familias de banqueros, tuviera que variar su esencia en Latinoamérica y dicho continente quedase al margen de auténticos reyes sin Coronas económica y políticamente.

¿Quiénes son estos clanes en México, en Argentina, Guatemala o Costa Rica con tanto poder de decisión, gracias a sus fortunas acumuladas? ¿Cuáles eran estas familias y a qué se dedicaban en Cuba antes de 1959?

Un conocido líder mundial era consecuente con la cita de Allende, diciendo que “la verdad es revolucionaria” por antonomasia; pues bien, tendré que confesarte que la lista de los “Reyes sin corona” comenzó a confeccionarse el 24 de diciembre del año pasado, a partir que un descendiente de unas de esas acomodadas familias cubanas lloraba esa noche ante las cámaras televisivas por estar lejos de la isla, “donde mi abuelo dejó una fortuna”; ello mientras unos amigos disfrutaban la tradicional ”pierna de cerdo” y me preguntaba en silencio cómo nació esa riqueza.

Esta lista no puede ser definitiva por variables que ocasionan cambios en las fortunas como el comportamiento de las bolsas de valores donde tienen sus inversiones, el tipo de inversiones preferidas y que entre los mismos ricos se devoran en cuanto se “duerme” cualquier colega, por amigo que sea.

Figuréense ustedes que cuando, a partir de 1804, el movimiento revolucionario en Haití sirve de inspiración para la independencia muchas colonias en América Latina y el Caribe, semejante insulto a Francia costó a varias generaciones de haitianos una billonaria indemnización que terminó de pagar hasta en 1953.

Así, los futuros Estados -nación, van perfilando su nuevo derecho penal rudimentario y el respeto a la “libertad”, entendida ésta a disponer o concentrar al máximo la propiedad privada, hasta llegar a las complejas, pero a la vez sencillas, sociedades actuales. Nuevas sociedades, sin discusión alguna, ideadas desde el principio para el lucro, el egoísmo, el individualismo y la alienación, como forma de vida civilizatoria, con las excepciones a la regla.(Engels, Federico: Véase “La familia, la propiedad privada y el Estado”; consúltese además Marx, Karl “La sociedad antigua”).

Revisemos, pues quienes eran estos “reyes sin Corona” en la Cuba antes de 1959. Hay pruebas que había unos 550 grandes propietarios y 9 familias empleando testaferros como partidos políticos, jueces, legisladores y aspirantes a puestos de relevancia para que cuidaran sus vastos intereses.

Un reportaje del periodista cubano, Guillermo Jiménez Soler, titulado “Los propietarios de Cuba 1958”, incluye a figuras como el dictador Fulgencio Ulgencio Batista Zaldivar, dueño de 9 centrales azucareras, 2 refinadoras. dos destilería, un banco, tres aerolíneas, una papelera, una productora de gas, dos moteles, varias emisoras de radio, una televisora, periódicos, revistas, una fábrica de materiales de construcción, una naviera, un centro turístico, varios inmuebles urbanos y rurales.

Su esposa se suma a él controlando 80 % de las acciones del Banco Hispano Cubano. En el área de los inmuebles poseían múltiples firmas inmobiliarias y de inversiones como la Compañía de Fomento Almendares S.A., la Inmobiliaria Miramar, la sociedad Marimelena Realty Company y la Compañía de Fomento del Túnel de La Habana S.A. (con un capital que ascendía a los 10 millones).

Otras de las familias determinantes eran la de Julio Lobo Olavarría, con activos arriba de los $100 millones de esa época, se suma el núcleo familiar de José María Bosh Lamarque, propietario del grupo Bacardí, de garroteras, de burdeles, empresas constructoras etc., Otro clan a considerar es el de José M. Arechabala Arechabala , a quien se recuerda como el dueño de la fábrica de ron Habana Club, confiterías y astilleros, entre otros; no menos poderosos de aquella época siguen José Gómez Mena Álvarez, Luis Mendoza Freyre de Andrade. Carlos Núñez Pérez, Francisco Núñez Pérez y Francisco Blanco Calás, con amplios intereses en la agricultura, el comercio, los bancos, los partidos políticos, los burdeles, etc.

Los siguientes datos provienen de las llamadas fuentes gubernamentales, extraoficiales, revistas especializadas como “Forbes”, plataforma como la Wikipedia, periódicos de conocida trayectoria como “Cuba Debate”, el “Semanario Universidad”, “El Tiempo” de Colombia y “La Nación” de Argentina, entre otros, cuyo único fin es localizar algunos de estos reyes modernos y contrastarlos con quienes venden su trabajo, como lo hicimos con las 12 monarquías europeas y sus súbditos. https://surcosdigital.com/nuevo-coloniaje-avanza-en-america-parte-i-los-reyes-con-coronas/

Esta foto recoge un día cualquiera en La Habana, antes de 1959.

En cuanto a la Argentina, “Forbes”, nos da cuenta de que hay 50 familias y personalidades con casi US$ 78.000 millones, equivalente a 12,1% del PBI del país, en 2023.

Según la publicación citada ello significó un 68% más en relación con 2020 – un año después de la pandemia de Covid 19-, cuando controlaban US$ 46.440 millones.

En contrate, el noticiero France 24 horas, informó que en Argentina hubo 1.7 millones de desocupados, en 2024.

Añadió que la pobreza afectó el 38,1% de su población, el 8.2% – 17.9 millones de argentinos- está en indigencia y condenados a vivir con menos de UD$ 25 mensuales.

Ello a pesar de que el presidente Javier Milei, prometió que, privatizando servicios públicos, los recursos naturales y unos pocos bienes de producción bajo control del Estado, Argentina acabaría con el desempleo y la desigualdad social.

En México, en el otro extremo de nuestro continente, ocho familias mexicanas aparecen como las más determinantes en casi todo el quehacer de esa nación norteamericana, atrincheradas en dos nefastas organizaciones políticas desde hace más de siete décadas, los Partidos Revolucionario Institucional y el Nacional (PRIAN), los bancos, petróleo, redes telefónicas, comercio, medios de comunicación, alimentos, evasión de impuestos, hotelería, tecnología de punta, puertos, ferrocarriles y un gran etcétera.

Hay consenso en las distintas fuentes consultadas que abajo de esos ocho clanes existen otros millonarios con tentáculos a lo largo y ancho de México. A menudo citan a Carlos Slim Helú con activos por más US $102 mil millones, en 2024.

Los datos de 2025 sitúan además a Germán Larrea Mota Velasco con una fortuna de US $ 27.1 mil millones, Alejandro Baillères Gual: con US $8.5 mil millones, María Asunción Aramburuzabala con US $ 6 mil millones, Ricardo Salinas Pliego: con US $ 4.6 mil millones, Carlos Hank Rhon: con US $3.9 mil millones, Fernando Chico Pardo: con US $ 2.8 mil millones, Rufino Vigil González: con US $2.6 mil millones. Antonio Del Valle Ruiz: con US $2.1 mil millones y Enrique Coppel Luken que cuida sus US $2 mil millones.

En contraste, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en mayo de este año México registró 1.7 millones de personas desocupadas. Cerca de 46.8 millones de personas viven bajo la línea de pobreza, 9.1 millones están en pobreza extrema, es decir unos US$2.50 dólares diarios, pesar de las fuertes inversiones en los jóvenes, jubilados, hospitales, fabricación de medicamentos por el Estado realizados en menos de 100 meses del gobierno de la 4T.

Se robaron todo lo que pudieron y nos dejaron amarrados con compromisos bancarios más allá de 2050, dijo Andrés Manuel López Obrador antes de dejar su presidencia.

En cuanto a Centroamérica y República Dominicana, víctimas de la patraña del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC – negociado entre 2003 y 2004-, ni dando sus telecomunicaciones, puertos, ferrocarriles o arruinando la educación pública para sus jóvenes, el agro, los salarios etc., evitó los enormes contrastes socioeconómicos.

En El Salvador, la familia encabezada por Ricardo Poma diversificó las actividades a más no haber, mediante ingeniosos grupos societarios relacionados con bancos, distribución automotriz y cadenas de hoteles, entre otros negocios. Esta estirpe cuenta con activos por el orden de los US $1,400 millones, según Forbes.

El Diario As.com de El Salvador, por su parte, sumó a estas selectas familias, la del inversionista, Roberto Kriete, cuyo Grupo Kriete, Avianca Holdings, Volaris y Aeroman, tuvo en 2020 ingresos totales por US$1.387millones. https://as.com/us/us/2021/10/09/actualidad/1633810224_864788.html).

Asimismo, en este pequeño país, figura la familia de Roberto Murray, que controla el Grupo Agrisal (Agrisal Inmobiliario, Agrisal Hoteles y Agrisal Automotores). Sus ingresos netos son desconocidos exactamente, pero se estima están entre los tres principales millonarios salvadoreños.

Se suman a estos grupos de terratenientes, banqueros o empresariales, la familia Dueñas, Regalado, Sol, Quiroz, Dougherty, Guirola, Salaverría, Samayoa, Álvarez, Bustamante, Hill, Meza Ayau, Poma y Díaz Bazán.

En Guatemala, cuyo país registra la mayor concentración de riqueza en el área, hay seis familias, entre ellas, el clan de Carlos Enrique Mata y Luis Miguel Castillo, quienes controlan la poderosa Central America Bottling Corporation (CBC). Sus ingresos se estimaron en US$ 1.704 millones, en 2019, según Fitch Ratings, una reconocida agencia internacional sobre créditos.

A las anteriores, se suman los Herrera, Gutiérrez Bosch, Paiz y Novella, todos apellidos poderosos en la economía, la política, la industria y los negocios en Guatemala.

El presidente socialdemócrata de Guatemala, Bernardo Arévalo, compagina con los jefes de las cinco familias millonarias, o se va. Foto tomada del periódico **Las Dos Orillas**.

El país de la “primavera permanente” – Guatemala- tampoco escapa de la “maldición” que nos viene desde la Colonia, agravada estos años con el proceso de subcolonización: el desempleo abierto. El gobierno chapino hace ingentes esfuerzos para convencernos solo hay un 1.7 % en los últimos dos años.

Pero una encuesta oficial realizada en 2023 y consultada para este trabajo en Surcos nos consigna que el 56.0% de la población se encuentra en situación de pobreza. De ese porcentaje un 16.2%, está en pobreza extrema, según la Revista Análisis de la Realidad Nacional.

En cuanto al salario mínimo promedio centroamericano éste en el primer semestre de 2025 estuvo entre US$ 161.78 y US$ 1.558,98, incluyendo algunos ajustes decretados en unos pocos países y siempre por abajo del costo real de la vida.

En cuanto a “Reyes sin Corona”, Panamá como el resto de la región, tiene su propia “monarquía” encabezada por Alfredo Alemán, con US$ 1.900 millones y Moisés Cohen, con US$ 169 mil millones, al cierre del año 2019.

Según la revista Forbes además la familia de Stanley Motta es una de las élites millonarias mejor posesionada en Panamá y Centroamérica, pues tiene intereses en la aviación (Copa Airlines), banca, propiedades, seguros y comercio libre, agricultura extensiva, educación etc.

Motta aparece relacionado con una de las plantaciones de piña más grande de Costa Rica, así como con obras filantrópicas, a través de organizaciones como The Nature Conservancy y su antigua universidad de Tulane.

Por su parte, Panamá, el pleno empleo o el combate contra la pobreza, – citando un contraste más -sigue siendo una promesa incumplida.

Por datos oficiales y extraoficiales sabemos que en 2024 la desocupación fue de 9.5%. El desempleo abierto estuvo en 7.8%, mientras la informalidad laboral fue de un 49.3%, hasta agosto de 2024. En tano, un 21.7% de gente vive en pobreza, según cifras de 2023.

En República Dominicana tenemos la estirpe encabezada por Frank Rainieri Marranzini, con US$ 1.200 millones. Otros personajes para tomar en cuenta, son Felipe Vicini Lluberes y Familia, con US$ 916 millones, Miguel Barletta, con US$ 740 millones y Manuel Estrella, con US$ 608,8 millones.

Por detrás de los anteriores se abren campo 15 clanes familiares más. Monopolizan desde la innovación, la ciencia y la tecnología, hasta venta de servicios al Estado y actividades turísticas, pasando por la recreación, la cultura e infraestructura vial, juegos, minas, metales para la industria, entre otros.

Sin embargo, por datos oficialistas deslizados en periódicos dominicanos, sabemos que las tasas de participación laboral son, según estas versiones, de un 66.0%, el primer trimestre de 2025. La de desempleo se situó en 4.8%, al cierre de 2024.

Los datos, anteriormente citados, vienen del Banco Central de la isla. Estas estadísticas nos señalan que el desempleo abierto – mide a quienes buscan trabajo – fue solo de 4.9% este año, con un leve descenso, respecto el año aña pasado. Suena maravilloso. Gracias TLC.

Empero, sí acudimos al más reciente boletín del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo dominicano, descubrimos que en los primeros tres meses de 2025 hubo un 18.05% de personas en pobreza. Se cuidan de revelarnos el porcentaje de gente en miseria extrema.

Pero, según datos de organismos internacionales, la niñez y la juventud dominicana son víctimas de la deserción escolar, a pesar de ingentes esfuerzos gubernamentales por dotar de infraestructura a la educación pública.

En el año escolar 2016 se encontraban fuera de la escuela: 25,058 niños y niñas de 5 años; 60,745 de 6 a 11 años; 129,628 de adolescentes 12 a 17 años. La situación de niños fuera de la escuela aumentó en las edades entre 6 y 14 años del 2015 al 2016.

La exclusión escolar se refleja con mayor severidad en los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. El informe Niños Fuera de la Escuela 2017 destacó que el 62% de los niños y niñas de 3 a 5 años no asiste a la escuela; asimismo el 21% de los niños y niñas con discapacidad de 6 a 11 años, destacando que casi la mitad no sabe leer ni escribir e igualmente el 35% de los adolescentes entre 12 a 17 años. (UNICEF https://www.unicef.org/dominicanrepublic/educaci%C3%B3n#:~:text=El%20bajo%20aprendizaje%20en%20los,aprender%20y%20concluir%20la%20esc)

En cuanto a Costa Rica, diversas fuentes consultadas para el presente esbozo periodístico, sitúan a la familia Pellas, de origen nicaragüense, entre las más poderosas e influyente en Costa Rica, con ingresos netos por US$ 1.500 millones.

Por notas periodísticas coleccionadas para este trabajo sabemos que solo en La Cruz, Guanacaste, tiene inversiones por el orden de los US$51 millones en un proyecto residencial llamado Naturandi.

Otro clan importante que no pasa inadvertido en nuestro país es el de la familia Mendiola, asociada con Florida Ice & Farm Co (FIFCO).

La Florida Ice & Farm Co. (FIFCO) es la principal empresa de bebidas embotelladas en Costa Rica. Su director general, Ramón Mendiola Sánchez, es dueño de la cervecera estadounidense North American Breweries Holdings (NAB), adquirida por US$ 388 millones. (Fuente: Forbes Staff ,diciembre 27, 2014).

A estos grupos poderosos pertenece el linaje de Rodolfo Jiménez Borbón y el conglomerado empresarial “La Nación”; el primero con un patrimonio anual calculado en USS $1.549 millones y, el segundo, con activos por el orden de los US $ 77.500 millones

Se une a esta selecta elite la familia vinculada con la empresa MECO, cuya cara visible es Carlos Cerdas Araya. Sitúan su fortuna en US$ 689,6 millones anuales.

Otra familia de millonarios es la dirigida por Francis Durman Esquivel. Él controla las organizaciones “Aliaxis Latinoamérica” y “Montecristo”. Vinculan estas corporaciones con sectores como la construcción, el financiero, la tecnología, la salud y la logística.

Además, Aliaxis ha tenido ingresos por 2.377 millones de euros, de los cuales alrededor de 15% provienen de sus operaciones en América Latina.

Asimismo, figura otro conocido millonario nacional, Steve Aronson, gracias a sus grupo Britt y Morpho Travel Retail . El patrimonio de ambos grupos pasa de los US $ 150 millones.

Otras de las familias afortunadas son la de Luis Javier Castro, con grandes inversiones en el grupo denominado “De Mesoamérica”. Se suman las familias Arias Sánchez, con negocios ligados a plantaciones azucareras y tierras en Guanacaste, la Álvarez Desanti – Marín Raventós, alquiler de edificios a distintos gobiernos con ingresos anuales por unos US$ 30 millones. Está vinculada también a la actividad bananera.

Asimismo, figura la familia de Leonel Baruch con inversiones en el ámbito bancario y las comunicaciones; Picado Corza, con vínculos en la industria de las comunicaciones, y Franklin Chang, empresario con inversiones en las ciencias espaciales y la innovación tecnológica.

En Costa Rica, por citar un contraste más, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), el desempleo se mantuvo estable al cerrarse 2024, con un 7,3%, mientras el Ministerio de Trabajo consignó un 18% en pobreza y un 4.8% en pobreza extrema.

Según el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro) en 12 años el Ministerio de Educación Pública (MEP) cerró 108 centros educativos, por no reunir condiciones mínimas.

Por otra parte, un estudio reciente del especialista, Luis Diego Conejo Bolaños, del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina), da cuenta de un aumento sostenido en los homicidios dolosos en el país, pues en 2023 hubo 906 muertes de este tipo, respecto a 807 reportados en 2022. (UNA Comunica: https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/mayo-2025/6041-estudio-del-ineina-revela-aumento-de-homicidios-juveniles-en-costa … )

¡Viva siempre el trabajo y la paz!

En el mes de la Patria: Mitos y Realidades de la Democracia Costarricense

Escrito en 06/09/2025. Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez*

Los principales mitos de la identidad nacional costarricense han girado en torno a que somos una sociedad igualitaria, forjada desde la Colonia (siglos XVI-XVIII) por pequeños propietarios sumidos en el aislamiento, una agricultura/ganadería de sobrevivencia y una pobreza generalizada; además, se ha instalado en el imaginario colectivo que somos una comunidad homogénea, mayoritariamente blanca y cristiana católica. A lo anterior hay que agregar el mito de que somos por naturaleza pacíficos, amantes del diálogo y el acuerdo, antes que del conflicto o la guerra. Finalmente, siempre se ha sostenido que los costarricenses creemos en el Estado de Derecho, la educación pública que nos hace una patria con más maestros que soldados, y que la justicia social es pilar fundamental de nuestra democracia.[1]

Esta reflexión pretende distinguir mitos de realidades; hacer un análisis crítico de cuánta verdad hay en esa imagen idealizada y romantizada de lo que se llegó a bautizar como la “Suiza Centroamericana”. Para lograr este propósito nos valdremos de algunos datos y hechos históricos que deslinden certezas de suposiciones, y así pintar un cuadro lo más objetivo posible.

Tendremos como brújula la idea cardinal de que la Democracia es una Cultura, entendiendo que se define y construye no sólo en las epopeyas históricas, los grandes liderazgos o los programas reformadores o revolucionarios, sino en la participación vigilante y cotidiana de la gente que decide luchar por sus derechos, conservarlos y ampliarlos. La democracia es la dinámica social que avanza en la conquista de derechos, en busca de un horizonte nunca alcanzado por completo. Si la democracia no avanza, se estanca y retrocede; si no fortalece sus instituciones y garantiza su eficacia, se vuelve una parodia de ritos y formalidades vacías. La Democracia no es la dictadura de las mayorías, su esencia pasa por el respeto irrestricto y la integración de las minorías. Ideas como “dictadura en democracia” o “en este país hay exceso de democracia”, o bien, “yo encarno la voluntad del pueblo y por eso soy demócrata”, son sólo variaciones de un peligroso autoritarismo que nada tiene que ver con el auténtico espíritu democrático. En fin, la democracia es un producto cultural que se vive y construye día a día, o se deteriora y languidece sin remedio, bien hacia la anarquía, o peor aún, hacia la demagogia y la tiranía.

Luces y sombras del pacifismo costarricense

En el largo devenir de la democracia patria, hay que decir, en primer lugar, que el proceso de la Conquista y Colonización de la parte sur del istmo centroamericano fue tardío e incompleto. Pero además, como toda conquista imperial, fue un período violento, cruento y costoso, ante todo en el aspecto humano. Según estimaciones científicas, hacia 1550 la población aborigen en lo que hoy es Costa Rica, ascendía a unas 400 mil personas, organizadas y dispersas por todo el territorio en consolidados cacicazgos. Tan sólo un siglo después, alrededor de 1650, quedaban apenas unos 10 mil nativos americanos, victimas sobre todo de las enfermedades traídas por los europeos, pero también por el sometimiento a regímenes de esclavitud, servidumbre, o bien por su huida voluntaria hacia las regiones montañosas más remotas, como Talamanca. Hubo que esperar hasta la década de 1920 para que este país volviera a tener aquellos 400 mil habitantes.[2]

La historia nacional, a pesar de largos períodos de estabilidad política y paz interna, conoció sin embargo varias revueltas y enfrentamientos armados fratricidas: el enfrentamiento entre San José-Alajuela contra Cartago por la capitalidad (Guerra de Ochomogo, 1823); la Guerra de la Liga (1835) con la cual se consolida esa capitalidad en San José; la invasión de Morazán para promover la unidad de Centroamérica (1842);[3] la revuelta popular que derrocó la dictadura de los Tinoco (1919); el levantamiento armado del Ejército de Liberación Nacional contra el gobierno de Teodoro Picado (1948). También la pacífica Costa Rica conoció enfrentamientos bélicos en defensa de su soberanía e integridad territorial, como la Campaña Nacional contra la invasión filibustera desde Norteamérica, liderada por William Walker (1856-1857); la llamada Guerra de Sixaola, que perdimos, por disputas fronterizas con Panamá (1921); así como nuestro activo involucramiento en la Revolución Sandinista contra la tiranía de los Somoza en Nicaragua (1979-1982).[4]

Pero es igualmente cierto que la mayor parte del tiempo vivido por esta pequeña nación, a partir de su independencia, ha estado marcada por períodos prolongados de paz y con una buena dosis de convivencia democrática. Ya en 1823, pese a controlar el poder con apoyo militar, Gregorio José Ramírez lo entregó a una Junta Civil para evitar el agravamiento de las tensiones políticas de entonces.[5] Sobresalen en este sentido también los hechos acontecidos en 1889 –para algunos el “Acta de Nacimiento” de la democracia costarricense- en la que el oficialismo liberal (Presidente Bernardo Soto) prefirió entregar el poder a la oposición conservadora (José Joaquín Rodríguez), antes que provocar un enfrentamiento armado entre los bandos. Son dignos de mencionarse asimismo eventos similares cuando el candidato Arturo Echandi cedió sus pretensiones presidenciales ante una coalición de republicanos y reformistas (1924), con el mismo propósito de evitar enfrentamientos entre conciudadanos. Lo propio puede decirse de la derrota electoral -que se termina aceptando-, por parte de las fuerzas políticas recién alzadas en armas para la conformación de la Asamblea Constituyente de 1949, que echó por tierra el proyecto social-demócrata de nueva Constitución, acontecimientos históricos que terminaron consumando la entrega del poder a Otilio Ulate, vencedor en los comicios previos a la Revolución de 1948. Finalmente, no se puede dejar de mencionar el liderazgo del Gobierno de Costa Rica, encabezado por el Presidente Oscar Arias Sánchez, en la superación de la peor crisis bélica del Siglo XX en Centro América, con la promoción de los Acuerdos de Paz, Esquipulas I y II (1986-1987) que pusieron fin a uno de los capítulos más sangrientos del continente y que le valió a Arias Sánchez el Premio Novel de la Paz.[6]

Igualitarismo social

Es cierto que esta fue una región remota del Imperio Español; un lugar tan alejado de Guatemala y México como de Colombia o el Perú. Es cierto también que no hubo ni grandes yacimientos de minerales, ni tampoco la disposición de numerosa mano de obra para esclavizar o reducir a servidumbre. Como consecuencia, es verdad que hubo durante el periodo colonial aislamiento, ausencia de latifundio y relativa pobreza generalizada.[7]

Lo que no es del todo veraz es que, por aquél entonces, Costa Rica fuera una sociedad por completo igualitaria. Una importante diferenciación de clases se perfiló ya desde el siglo XVI. Hubo colonos españoles y sus descendientes con propiedades más extensas que otros; hubo familias que lograron acceder a mayor riqueza, según la explotación agrícola y ganadera que prosperaban antes de la independencia (1821). Y por cierto, hubo explotación esclavista de afro-caribeños y siervos aborígenes, obligados al servicio de las élites económicas emergentes. Hubo también una clara discriminación de estos mismos sectores, auténticos guetos en los márgenes de los principales centros urbanos. Incluso se promovió la prohibición del ingreso de personas de raza negra y china al Valle Central, políticas que fueron cesadas hasta 1948. Así que el idílico igualitarismo, en realidad fue muy relativo desde nuestros remotos orígenes.[8]

Homogeneidad étnica

Si bien es correcto afirmar, entonces, que la sociedad colonial fue bastante homogénea, la segregación de afro-descendientes y aborígenes fue cediendo a un mestizaje que para finales del siglo XVIII y principios del XIX era más que evidente. La nuestra es una comunidad compuesta, en la actualidad, por personas que tienen, cual más cual menos, abuelos europeos, otros indígenas y también ancestros africanos. Ese mestizaje, para fortuna nuestra, se sigue ampliando y profundizando con la llegada de asiáticos, europeos no españoles y americanos de todas las latitudes, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta nuestros días.

Como hito de la cuestión racial, desde el punto de vista constitucional, la esclavitud como institución fue abolida en el marco de las primeras constituciones de la Federación Centroamericana (1822-1824), a las que Costa Rica se adhirió.[9] En la actualidad, rige la Ley 10120 de 2 de febrero de 2022 en la que, reconociendo la discriminación y racismo que históricamente han sufrido los afro-descendientes, se imponen acciones alternativas para su integración social a todo nivel.

Opción por el Estado Constitucional de Derecho

En la conformación de Costa Rica como Estado de Derecho hubo tres acontecimientos mundiales que la influyeron de manera definitiva: la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América, sus primeras constituciones (1781 y 1789) y su Declaración de Derechos Civiles (1791); la Revolución Francesa y su Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789); y la Constitución de Cádiz, España (1812).[10] Consta como dato histórico real que, sobrevenida la Independencia, se impuso una clara voluntad por hacer de Costa Rica un Estado de corte republicano, regido por el principio de legalidad. Esta tendencia se inició a partir del Pacto Social Fundamental Interino (Pacto de Concordia, 1821), seguido de una serie de Cartas Fundamentales y Constituciones Políticas que definieron el marco jurídico, la división de poderes, la organización político-administrativa básica del territorio nacional y el reconocimiento de los derechos y obligaciones ciudadanos. Por otra parte, es cierto que hubo golpes de Estado y gobiernos de facto como los de Braulio Carrillo Colima (1838-1842), Tomás Guardia Gutiérrez (1870-1882), Federico Tinoco Granados (1917-1919) y la Junta Fundadora de la Segunda República, encabezada por José Figueres Ferrer (1948-1949). Sin embargo, curiosamente, con la excepción de Tinoco, se trató de gobiernos en muchos aspectos progresistas. Carrillo se convirtió en el legislador-fundador del Estado costarricense por medio de la promulgación del Código General (1841) y otras leyes estratégicas como la Ley de Vagancia que procuraba maximizar la mano de obra en la naciente producción e industria del café y el trazado de carreteras. El General Guardia abrió las puertas a la Era Liberal con importantes reformas en orden a la secularización del Estado, la construcción del Ferrocarril al Atlántico, la educación pública y la abolición de la pena de muerte.[11] De igual manera, el período liderado por Figueres Ferrer no sólo respetó las garantías sociales y los derechos laborales de la etapa que lo precedió, sino que sentó las bases de la expansión para la educativas primaria y secundaria, impulsó la construcción de carreteras e infraestructura y revolucionó la producción de energía y telecomunicaciones Todo lo anterior marcó la Era del Estado Social de Derecho o Estado de Bienestar que llega hasta finales del siglo XX. Tres hitos más, de gran relieve y que no pueden dejar de mencionare en este recuento del compromiso histórico de la sociedad costarricense con el Derecho fueron, en primer lugar, la apertura de tribunales civiles por todo el país a partir de 1821, que desplazaron la influencia de la Iglesia en la resolución de conflictos de familia, incluida la violencia doméstica[12]; en segundo lugar, la promulgación y vigencia del Código Civil de 1888, de impronta liberal, que trajo entre muchos otros avances, la temprana legalización del divorcio. El otro hecho de gran trascendencia fue la creación de una Sala especializada en Derecho Constitucional, como parte de la Corte Suprema de Justicia, para la tutela efectiva de los derechos fundamentales de todas las personas (1989).

Aunque hubo que esperar décadas para que otras minorías accedieran a sus derechos fundamentales, la tutela de las poblaciones aborígenes conoció la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989. En el plano nacional, destacan la Ley Indígena (1977) que garantiza derechos indígenas y tribales, protege sus tierras, culturas y organización social. Está también la Ley de Biodiversidad (1998) que reconoce los “Derechos Comunitarios Intelectuales” y la Ley de Nacionalidad Costarricense (2019) que otorga el derecho a la nacionalidad costarricense a personas aborígenes transfronterizas. Por su parte, los derechos de personas sexualmente diversas, aunque muy lentamente, han ido avanzando. En el año 1971 se despenalizó las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo y, mediante fallo de la Sala Constitucional de 2020, se autorizó el matrimonio entre homosexuales. A estos logros normativos, se han unido en los últimos años diversas políticas públicas en favor de la población LGTBI y contra su discriminación.

El sufragio como derecho político fundamental

Un tema que ilustra muy bien el principio de igualdad política y su relatividad en el tiempo, está dado por la evolución de los derechos civiles y políticos, en particular los derechos electorales. La naciente Costa Rica, con la llegada de la independencia en la primera mitad del siglo XIX, comenzó a cultivar su democracia política en el seno de los cabildos (gobiernos locales) de aquella época.[13] La participación en ellos, sin embargo, estuvo limitada sólo para los varones adultos, propietarios con un determinado monto patrimonial y, circunstancialmente, también “ilustrados”, es decir, que supieran leer y escribir. Los sistemas electorales conocieron otra restricción por el sistema indirecto de los comicios: una primera ronda para escoger un número determinado de electores, y una segunda vuelta para que este pequeño grupo nombrara Jefe de Estado, en un principio, o bien Presidente de la República y diputados del Legislativo posteriormente. No fue sino hasta 1913 que se “universalizó” el voto directo siempre para varones adultos sin otros requisitos; y no fue sino hasta 1925 que se impuso el voto secreto, con lo cual se superó, en parte, las manipulaciones de los sectores dominantes sobre la población electoral, de manera especial, la vigilancia que terratenientes y capataces podían ejercer sobre los campesinos a su servicio. A todo lo anterior hay que agregar que el sistema de sufragio estuvo controlado, hasta mediados del siglo XX, por el mismo Poder Ejecutivo. Esto hizo que los Juntas electorales y los primigenios Consejos o Tribunales electorales, estuvieran designados por el Presidente de la República, algunos de sus ministros y sus agentes políticos regionales. No fueron pocas las veces que este sistema fue cuestionado, pues el oficialismo de turno, tuvo mucho poder para controlar las sucesiones en puestos de relevancia en los procesos electorales. Huelga decir que no fue sino hasta en la Constitución de 1949 que se conformó un Tribunal Supremo de Elecciones con garantías de independencia y neutralidad suficientes, con las competencias debidas y con un Registro Civil adjunto encargado de llevar el control de las personas con derecho a la ciudadanía y conformar así un padrón electoral confiable. En esta misma Constitución se reconocieron, por fin, los derechos políticos de las mujeres, que pudieron votar y ser electas a partir de ese momento. La democratización del derecho electoral se terminó de ampliar por último, en 1971, con la reforma constitucional que rebajó la condición de adulto con plenos derechos políticos de los 21 a los 18 años de edad.[14]

El acceso a la educación: columna vertebral de la Democracia

Más allá de las idealizaciones románticas acerca del compromiso costarricense con la educación, es un hecho real que ya desde la Colonia hubo preocupación por el tema de alfabetizar a los pobladores de estas remotas tierras y darles acceso a la lectura y escritura. Sin duda, a partir de la independencia resulta significativo que tanto el primer Jefe de Estado, don Juan Mora Fernández, como el primer Presidente de la República, José María Castro Madriz, fueran ambos maestros de profesión. Mora Fernández, además, trajo al país la primera imprenta, con lo cual se inaugura en Costa Rica el afán por informar, difundir ideas y respetar la libre expresión.[15] Pero también es cierto que todos los esfuerzos hechos en educación durante el siglo XIX y principios del XX llegaron a porcentajes muy reducidos de la población. Para 1913, el maestro Omar Dengo denunciaba que sólo un 8% de los niños y niñas concluía la educación primaria. La escasez de mano de obra obligaba a la infancia del campo a ayudar en tareas agrarias y domésticas desde muy tempranas edades. Se ha calculado también que todavía para la década de 1930, el presupuesto nacional destinaba más en seguridad pública (cohersión) que en educación.[16]

En 1814 se fundó la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, con aspiraciones de instruir en estudios superiores. En la época de gestación de la República se fundaron muchas escuelas primarias y ya en 1869 se decreta la educación primaria como un derecho obligatorio, gratuito y costeado por el Estado y tanto para niños como para niñas. Los liberales avanzaron con una reforma profunda estableciendo colegios de segunda enseñanza de gran calidad en los principales centros urbanos del país e incluyendo centros educativos para hombres y mujeres (décadas de 1880 y 1890). Se trajeron profesores europeos y se becó a jóvenes talentosos para ir a prepararse a Chile. De ahí surgieron figuras intelectuales de enorme importancia para la evolución de la educación en Costa Rica como Roberto Brenes Mesén, Joaquín García Monge, José Fidel Tristán, Isabel Carbajal (Carmen Lyra). Después de un sostenido esfuerzo nacional y de casi todos los gobiernos, se funda la Universidad de Costa Rica (1940) y a partir de la década de los años 70 inicia un proceso de fortalecimiento de la educación secundaria y universitaria en el país surgiendo la Universidad Nacional con sede en Heredia (UNA-1973), el Instituto Tecnológico en Cartago (TEC-1971), la Universidad Estatal a Distancia (UNED-1977), la Universidad Técnica Nacional radicada en Alajuela (UTN-2008) y un centro especializado en la formación de oficios, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA-1965). La década de 1970 exhibió la inversión en educación más alta en la historia nacional, alrededor de un 30% del presupuesto anual. Ese monto ha ido bajando con los años y en estos momentos se lucha por hacer realidad el 8% que exige la Constitución Política.[17] La norma constitucional vigente, artículo 76, decreta la obligatoriedad y gratuidad de la educación preescolar, general básica y la diversificada.

En esa misma década de 1970 empiezan a brotar centros educativos privados a todo nivel, también universitarios. La calidad de estos últimos ha sido muy variada y la producción de profesionales se ha vuelto abundante, pero sin control de su calidad. Este fenómeno ha sido parte de las políticas de liberalización y privatización de servicios básicos, en el marco de la transición de Costa Rica del Estado de Bienestar al Estado de Libre Mercado.

Luchas populares: garantías sociales y derechos laborales

Los primeros movimientos de organización de trabajadores y huelgas asociadas a la reivindicación de sus derechos y condiciones laborales pueden ubicarse en la segunda mitad del siglo XIX. En 1874 se funda la primera sociedad de artesanos de Costa Rica y en ese mismo año estallan disturbios de trabajadores chinos en los campamentos de construcción del Ferrocarril al Atlántico. El conflicto termina en enfrentamiento con tropas estatales y mueren cinco trabajadores. De nuevo en el proceso de construcción de esta vía férrea, se desata la “Huelga de los Tútiles” (1888), en la que operarios italianos paralizaron la obra en protesta por bajos salarios, pésimas condiciones laborales e incumplimientos contractuales.

Sobrevino de esta manera un importante período en el que siguen conformándose organizaciones y sindicatos, asociados a periódicos que les sirven de medios de comunicación masivos. Así fue como estalló la huelga de panaderos en 1901 y diez años después se produjo una rebelión de obreros en la minas de Abangares, dándose como resultado la muerte de varios capataces a manos de los mineros. Para 1912 se promulga la primera legislación obrera, la Ley de Salarios y se funda la Confederación de Obreros. Un año más tarde surge la Confederación General de Trabajadores (CGT), se inicia la tradición de conmemorar el 1º de mayo como Día Internacional del Trabajo y surge el grupo Germinal, alianza de intelectuales y obreros para la reivindicación de los derechos ciudadanos. Los esfuerzos de organización y los movimientos huelguísticos se siguieron produciendo. Una alianza de estudiantes, maestros y trabajadores jugó un papel decisivo en la caída del dictador Tinoco (1919); importantes huelgas del sector de ebanistería y carpintería así como de obreros, artesanos y empleados públicos. se desataron en 1920. Como resultado de estos movimientos se decretó la Ley de la Jornada Laboral de Ocho Horas y la Ley de Protección Social de la Salud Pública, antecedente del seguro social de dos décadas después. La CGT en 1922 organizó un amplio movimiento popular contra el alza de los alquileres que también concluyó con la emisión de la Ley de Emergencia del Inquilinato, que vino a regular, limitar y aliviar los abusos que se daban en el cobro de alquileres de viviendas. Como logro del Partido Reformista de Jorge Volio, se promulgó la Ley de Accidentes de Trabajo en el año 1924. Por otra parte, el auge de la producción bananera en el país trajo los primeros mítines contra la United Fruit Company (1926), y la ocupación de Nicaragua por parte del ejército estadounidense inspiró campañas anti-imperialistas de solidaridad contra esa intervención (1927).

Para agosto de 1934, con el liderazgo de dirigentes del Partido Comunista recién fundado, se declara la gran huelga bananera contra la United Fruit Co., que concluyó en el mes de diciembre siguiente con la obtención de muchas de las reivindicaciones reclamadas por los trabajadores de las plantaciones. Otro logro con el liderazgo de diputados comunistas fue normativa que impulsó la construcción de viviendas para personas de escasos recursos.[18]

Por último, con los antecedentes mundiales de la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la crisis económica de 1929, llega al poder el Dr. Calderón Guardia (1940-1944) en cuyo período se sientan las bases de la seguridad social costarricense, como reivindicación de todas las luchas sociales en el país: se funda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se introduce el Capítulo de Garantías Sociales en la Constitución y se promulga el Código de Trabajo.[19]

Derechos de las mujeres: sufragio, igualdad y violencia de género

En octubre de 1923 un grupo destacado de mujeres fundó la Liga Feminista, cuyo principal propósito fue luchar por el derecho al voto. También se propuso alcanzar la igualdad de salarios entre maestros y maestras. Pocos años después, en 1927 se funda la Liga Cultural Feminista con ideales similares. Aunque los derechos políticos de las mujeres se alcanzan hasta en la Constitución de 1949, lo cierto es que durante la primera mitad del siglo XX las mujeres participaron y lideraron en gran medida. los principales movimientos políticos y sociales del país.

Pero es a partir de la década de 1980 que se produce una auténtica revolución en la normativa internacional y nacional en pro de los derechos políticos y sociales, el principio de igualdad y contra la violencia a las mujeres. Costa Rica ha conocido, desde entonces, su compromiso con la CEDAW suscrita por el país en 1984, así como la organización de múltiples colectivos feministas y organizaciones de mujeres, incorporadas a estas luchas, con gran impacto en las políticas públicas nacionales y con un liderazgo que trasciende nuestras fronteras.[20]

Del Estado de Bienestar al Estado de Libre Mercado: una democracia amenazada

Desde una perspectiva sociológica, el modelo de Estado Benefactor (1950-1980) tuvo un importante impacto en la movilidad y ascenso social de varias generaciones de costarricenses, cuyos efectos están aún vigentes, aunque hace ya décadas que este impulso se desaceleró, se estancó y parece estar hoy día experimentando un franco retroceso.

Pero además, en el período que va de 1960 a 1990, en plena Guerra Fría, el modelo costarricense sirvió de contrapunto a los movimientos revolucionarios y de guerrillas que se experimentaron en América Latina (Cuba, Centro América, Chile), lo que le trajo a Costa Rica grandes ventajas para su financiación y apoyo internacional, sobre todo de parte de los Estados Unidos de América (Alianza para el Progreso) y de Europa Occidental.

A partir de la década de 1980, al calor de las crisis cíclicas del capitalismo mundial, Costa Rica se vio arrastrada por cambios profundos en su modelo económico, político y social. Las principales respuestas desde los centros de poder a estos tiempos críticos, han llegado a nuestra región con la marca de un neo-liberalismo prepotente y agresivo, liderado por la alianza Reagan/Thatcher, el Consenso de Washington y los dictados del Banco Mundial (BN) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Por medio de los “Ajustes Estructurales” y los “Tratados de Libre Comercio”, el país empezó a sentir presiones brutales para decretar la reducción del Estado; la privatización de instituciones y servicios públicos estratégicos (salud, educación, pensiones, electricidad, telecomunicaciones, agua); la apertura a la banca privada y el rompimiento del monopolio de seguros; la liberalización de reglas “para la competencia”; la “flexibilización” o eliminación abierta de derechos laborales, entre otros temas relevantes.

Los efectos de este nuevo estado de cosas está siendo evidente: un deterioro en la seguridad social y la atención médica en los centros hospitalarios de la CCSS; una deuda gigantesca del Estado para con esta institución pública; una franca crisis en la enseñanza pública a todo nivel; recortes presupuestarios en los rubros de la asistencia social de los sectores vulnerables; un crecimiento de la pobreza y la inequidad social.[21] Si a lo anterior agregamos el deterioro de la seguridad ciudadana en razón del avance del crimen organizado y el trasiego de sustancias prohibidas, que han convertido a Costa Rica en uno de sus principales territorios de acción, la única conclusión posible es que esta democracia centenaria está enfrentando un claro proceso de disolución o desintegración, sin poderse vislumbrar salidas fáciles en el horizonte.

Estos abruptos cambios no han estado exentos de respuestas y resistencias desde los sectores medios y bajos de la sociedad. Ya para 1953 se reagrupó la Confederación General de Trabajadores Costarricenses (CGTC), con fuerte influencia de los comunistas proscritos electoralmente; se siguió celebrando el 1º de mayo con participación importante de trabajadores que conmemoraron su día, y se dieron múltiples huelgas en el sector de maestros y otros servidores estatales.

En abril de 1970, con los antecedentes de Mayo del 68 en París y la matanza de estudiantes en la Plaza Tlatelolco, México, ese mismo año, el estudiantado costarricense, junto a otros sectores sociales, se manifestó multitudinariamente contra el contrato-ley que se discutía en la Asamblea Legislativa concediendo a la transnacional ALCOA la explotación a cielo abierto de bauxita en el sur del país. Otra gran movilización social se produjo en el año 2000 cuando la resistencia popular impidió la privatización de la electricidad y las telecomunicaciones en manos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Por último, conviene mencionar la gran organización y movilización popular para rechazar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (2007), última gran gesta de una buena parte de la ciudadanía costarricense contra los avances del modelo neoliberal, que terminó imponiéndose con métodos espurios. El proceso de erosión del Estado Social de Derecho ha continuado. Los sectores conservadores controlan el Parlamento y casi todos los partidos políticos se han convertido en correas de transmisión de las mismas élites económicas. Si a lo anterior se añaden los graves y frecuentes casos de corrupción con la concurrencia de actores públicos y privados, así como el poder destructivo de la delincuencia organizada y el narcotráfico, hay poco espacio para ser optimistas, a no ser que las reservas morales y políticas del pueblo costarricense despierten y nos den una nueva lección, porque esta Patria sigue valiendo la pena.[22]

BIBLIOGRAFÍA

-Arroyo, José Manuel et altere; Centroamérica: rendir cuentas para que la gente cuente; Coordinación, Introducción y Presentación: Luis Guillermo Solís Rivera y Sergio Ramírez Mercado; Editorial Sexto Piso S.A. de C.V.; México, 2025.

-Cortés, Carlos; Conquistas Sociales en Costa Rica; C.R. Grupo Nación GN S.A.; 1º Edición; San José, 2014.

-Molina Iván, Palmer Steven; Historia de Costa Rica: breve, actualizada y con ilustraciones; 3º Edición; Editorial UCR; San José, 2022.

-Obregón Quesada, Clotilde (Editoras); Las Constituciones de Costa Rica; Volúmenes I, II, III, IV y V; Editorial Universidad de Costa Rica; San José, 2007.

-Pérez Brignoli, Héctor; Meléndez Chaverri, Carlos; Quesada, Juan Rafael; Salazar Mora, Orlando; Rodríguez, José Miguel; Araya Pochet, Carlos; Acuña, Víctor Hugo; Democracia y Cultura Política en Costa Rica; Coordinador: Jorge Mario Salazar; Ministerio de Cultura-Universidad de Costa Rica; San José, 1990.

-Zelaya, Chester; Aguilar Bulgarelli, Oscar; Camacho, Daniel; Cerdas, Rodolfo; Schifter, Jacobo; ¿Democracia en Costa Rica?: 5 opiniones polémicas; Editorial Universidad Estatal a Distancia: San José, 1979.

Notas:

[1] Aguilar Bulgarelli, Óscar; Costa Rica: Evolución Histórica de una Democracia; En: ¿Democracia en Costa Rica? 5 Opiniones Polémicas; Editorial EUNED, San José, 1979; pp. 27-36. El autor expones visión idílica de Costa Rica en autores como Francisco Trejos Quirós (Origen y Desarrollo de la Democracia en Costa Rica, 1939); Ricardo Fernández Guardia (Crónicas Coloniales, 1967); Carlos Monge Alfaro (Historia de Costa Rica, 1966; Eugenio Rodríguez Vega (Apuntes para una Sociología Costarricense, 1953), entre otros.

[2] Molina, Iván y Palmer, Steven; Historia de Costa Rica: breve, actualizada y con ilustraciones; Editorial Universidad de Costa Rica; San José, 2022; pp.19-38. Ver también: Meléndez Chaverri, Carlos; Orígenes y Naturaleza de la Cultura Democrática Costarricense; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica, Ministerio de Cultura-UCR, San José, 1990: pp. 44-50.

[3] Molina, Iván y Palmer, Steven; ob. cit., pp. 52-57.

[4] Meléndez Chaverri, Carlos; ob. cit., pp 46-54.

[5] Aguilar Bulgarelli, Oscar; ob.cit. p. 36.

[6] Aguilar Bulgareli, Oscar; ob.cit., pp. 44-77. Ver además: Molina, Iván y Palmer, Steven; ob.cit.; p. 75.

[7] Zelaya, Chester; Apuntes Historiográficos sobre la Democracia en Costa Rica; en ¿Democracia en Costa Rica? 5 Opiniones Polémicas; Editorial EUNED, San José, 1977; p. 9-10.

[8] Meléndez Chaverri, Carlos; ob. cit., pp. 42-45. Ver además: Aguilar Bulgareli, Oscar; ob. cit., pp. 27-33. Asimismo: Molina Iván y Palmer, Steven; ob. cit., pp. 29-62.

[9] Meléndez, Carlos y Duncan, Quince; El Negro en Costa Rica; Editorial Costa Rica; San José, 2012; pp. 51-52.

[10] Costa Rica, sin dejar de inscribirse desde el punto de vista político-jurídico en la tradición Continental Europea (Roma-Francia-España), opta por un esquema de organización política republicano, con división de poderes, antimonárquico y con reconocimiento de los derechos ciudadanos esenciales, propios de los movimientos revolucionarios norteamericano y francés. Se reconoce también como influencia de los Estados Unidos un esquema de división de poderes con un Ejecutivo fuerte, sólo controlado por el Legislativo de manera excepcional y puntual. Donde más se notan las diferencias jurídicas entre ambos modelos es en el campo de la justicia penal: por un lado, un sistema anglosajón de corte acusatorio (oral, público, adversarial) y con un debido proceso legal muy definido, frente a un sistema más bien inquisitivo (escrito, secreto, no-adversarial) dominante en el mundo de tradición continental-europeo, como es adoptado en casi toda Latinoamérica. Las ventajas en cuanto a eficiencia y pragmatismo del sistema anglosajón, ha hecho que el continental-europeo haya migrado, en las últimas décadas, hacia regímenes cada vez menos inquisitoriales y más acusatorios.

[11] Salazar, Jorge Mario; Partidos Políticos y Participación; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica, Ministerio de Cultura-UCR, San José, 1990: p. 112. Ver, además: Meléndez Chaverri, Carlos; ob. cit., p.51.

[12] Molina, Iván y Palmer, Steven; ob. cit.; pp. 57-58.

[13] Aguilar Bulgarelli, Oscar; ob. cit., p. 35.

[14] Salazar Mora, Orlando; Democracia y Sistema Electoral en Costa Rica; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica; Ministerio de Cultura-Universidad de Costa Rica; San José, 1990; pp. 93-106. Ver además: Salazar, Jorge Mario; ob.cit., p. 109-132, así como: Pérez Brignoli, Héctor; La Cultura Política como Cultura Popular; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica; Ministerio de Cultura-Universidad de Costa Rica; San José, 1990; p. 27; y Molina, Iván y Palmer, Steven; ob.cit., p.83.

[15] Meléndez Chaverri, Carlos; ob. cit.; pp. 47-51. Ver además: Aguilar Bulgarelli, Oscar; ob. cit.; pp. 36-37.

[16] Quesada C., Juan Rafael; Educación y Democracia en Costa Rica; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica; Ministerio de Cultura-Universidad de Costa Rica; San José, 1990; pp. 57-72

[17] Aguilar Bulgarelli, Oscar; ob. cit., p. 37. Ver también: Pérez Brignoli, Héctor; ob. cit.; p. 71 y 83-84.

[18] Molina, Iván y Palmer, Steven; ob.cit., pp. 77-118. Ver además: Salazar Mora, Orlando; ob. cit.; p. 98 y Salazar, Jorge Mario; ob. cit.; p. 119.

[19] Cortés, Carlos; Conquistas Sociales en Costa Rica; pp. 84-88. Ver también: Molina, Iván y Palmer, Steven; ob.cit., pp. 77-118 y Pérez Brignolli, Héctor; ob. cit.; pp. 75-77.

[20] Los principales Instrumentos Internacionales para la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres son: (1) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979. Entró en vigor en 1981.y fue ratificada por Costa Rica en 1984): (2) Declaración de Viena 1983; (3) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención Belem Do Pará). OEA 1994. (4) Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995; (5) Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ONU 2000; (6) Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ONU 2015. Por su parte, en el ámbito de la legislación nacional destacan: (1) Ley de igualdad Real entre mujeres y hombres, 1990; (2) Ley contra la Violencia Doméstica, 1996; (3) Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, 2007; (4) Modificación a la Ley de Violencia Doméstica, 2011; (5) Ley contra el Hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, 2010; (6) Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar (Ley No. 8688 del 4 de diciembre del 2008); (7) Política Nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades en Costa Rica 2017-2032; (8) Ley contra la trata de personas y creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de personas, 2012; (9) Ley para la Prohibición del matrimonio con personas menores de 15 años, 2007; (10) Ley 9406 para el fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas. (Ley contra relaciones impropias, 2016).

[21] El indicador que mide la desigualdad (Gini) refiere un proceso de concentración de la riqueza social en cada vez menos personas. En tan sólo 30 años se ha pasado de un rango de 0.4 a un rango de 0.6. La pobreza no ha sido posible bajarla de un 20% desde hace décadas.

[22] Molina, Iván y Palmer, Steven; ob. cit.; pp. 145-186.

*Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y Profesor Catedrático de la Universidad de Costa Rica.

Crónica de un cierre anunciado: el caso del ERP SAP

Escrito en 14/08/2025. Publicado en Derechos, Salud.

Por Alan Calderón Castro
Colaborador del Movimiento Asambleas Populares

La CCSS atraviesa por la peor crisis desde su creación. Por décadas la institución, piedra angular de nuestro estado social, ha sido sometida a un desmantelamiento solapado. La institución insigne de nuestro estado benefactor evidentemente es absolutamente incompatible con el Consenso de Washington, implementado durante décadas mediante políticas neoliberales por parte de la gran mayoría de los gobiernos de turno. Esto ha significado una erosión continua de la autonomía de La Caja, incremento continuo de la deuda estatal, desvío de fondos a usos prohibidos en La Constitución, asignación de nuevas funciones sin el financiamiento requerido, corruptelas por la intromisión de intereses privados (desde el caso Caja-Fischel, hasta el caso Barrenador) y un largo etcétera imposible de detallar en este breve artículo. Nuestras élites político-económicas, serviles a los intereses del capitalismo financiero internacional han visto una gran oportunidad de negocio con la privatización de los servicios de salud públicos, aun cuando esto sacrifique el bienestar de amplios sectores populares, poniendo en peligro nuestra estabilidad y paz social. A pesar de este proceso de larga data, sin embargo, argumentaremos aquí que la administración del presidente Chaves ha logrado articular un sabotaje salvaje contra La Caja que pretende ser terminal. Y ante este intento de doblegar a nuestra Caja, creemos ineludible y urgente llamar a la unidad activa de las organizaciones sociales en su defensa, así como al posicionamiento claro de los partidos políticos ante el sabotaje a La Caja, en la antesala de las elecciones generales 2026.

A continuación, la crónica de un cierre anunciado.

Apenas 4 meses y medio después de asumir la presidencia, el 18 de setiembre de 2022, Cháves afirma públicamente que La Caja está quebrada (ver aquí) para argumentar que era inadmisible la aprobación de un aumento salarial exiguo para todos los funcionarios de la institución, un aumento decidido por la Junta Directiva después de varios semestres de congelamiento de los salarios en el sector público. Paradójicamente Chaves se niega a transferir los fondos presupuestados por la anterior legislatura para abonar a la deuda estatal (ver aquí). Poco después, desde de diferentes instancias se demostró que eran falsas las declaraciones de Chaves en relación con la bancarrota de La Caja. La discusión sobre el tema continua por meses y el 7 de enero de 2024 en su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, la Contralora General Marta Acosta afirma categóricamente que es falso que La Caja esté quebrada (ver aquí).

Siete de noviembre de 2023, la administración Chaves anuncia la Ruta de la Salud para disminuir las listas de espera en colaboración con empresas privadas del sector salud (ver aquí). Se propone la figura del copago según la cual los asegurados asumirían un porcentaje del costo por los servicios de salud requeridos, mientras La Caja pagaría el resto. De esta forma se pretendía privatizar parcialmente los servicios de salud, se hubiera socavado el derecho constitucional a la salud y el modelo solidario al depender el acceso a los servicios de salud de cierta capacidad individual de pago. Poco después de haberlo posicionado en medios como un mega proyecto, la Ruta de la Salud resultaría ser un mega fracaso aun cuando se trasladaron cuantiosos fondos públicos a empresas privadas del sector salud para intentar resolver el problema de las listas de espera (ver aquí).

Octubre de 2024, con la suspensión de su cargo a Marta Esquivel por orden de un juez Penal de Hacienda y Función Pública, atestiguamos el “destape” del caso Barrenador, una de las más vergonzosas corruptelas que ha involucrado a cooperativas del sector salud en contubernio con la presidente de la Junta Directiva de la CCSS Marta Esquivel (ver aquí). Cualquier dejavu con el famoso caso Caja-Fischel, aseguramos que NO es mera coincidencia. Este escándalo se venía cocinando desde meses atrás y aporta otra evidencia del sabotaje financiero contra La Caja perpetrado por la administración Chaves para darle fatal cumplimiento a su profecía sobre la bancarrota de La Caja.

Dos de junio de 2025, a pesar de varios pronunciamientos oficiales de instancias técnicas internas de la CCSS, y aún de la recomendación explícita de la empresa consultora contratada por la institución para darle seguimiento a este complejo proyecto, contra todas esas advertencias que recomendaban posponer hasta cumplir todos los requisitos técnicos, se pone en funcionamiento el nuevo sistema ERP SAP que viniera desarrollándose por años y que ha significado una cuantiosa inversión de fondos públicos. El resultado inmediato ha sido un descalabro de funciones operativas críticas de la institución, pago de facturas, control de inventarios, pago de incapacidades entre otras, que mantiene a hospitales y clínicas sin todos los insumos y equipamiento necesarios para cumplir a cabalidad con todos los servicios (ver aquí). Se han debido postergar decenas de cirugías y procedimientos por la falta de equipo o insumos, hay preocupación expresada públicamente por diferentes autoridades hospitalarias por la vida de personas hospitalizadas ante la crisis de desabastecimiento de insumos críticos (ver aquí y aquí). Visto en retrospectiva ¿acaso no cabe cuestionarse seriamente si en verdad ha sido falta de competencia técnica la causa fundamental para poner en operación un sistema informático que evidentemente no estaba listo? ¿No resultara acaso muy cómodo presentar el colapso probable de algunos servicios como consecuencia de involuntarios problemas técnicos? Nos parece entonces irrefutable: el lanzamiento adelantado del ERP SAP es parte del sabotaje.

Si bien hay otros indicios claros del sabotaje contra La Caja perpetrado por la administración Chaves en un intento por culminar décadas de desmantelamiento relativamente solapado, como han sido las reiteradas acciones de autoridades institucionales nombradas por el gobierno para la obstaculizar la construcción del Hospital de Cartago, ante las cuales la concreción final del proyecto demuestra la fuerza de la organización de las personas aseguradas cuando se unen y persisten en la defensa de su derecho a la salud, basta la crónica reseñada para concluir contundentemente que un objetivo de la agenda oculta de la administración Chaves ha sido finiquitar el cierre de La Caja, para satisfacción de intereses empresariales locales que ven ahí una enorme oportunidad de negocio con la salud del pueblo costarricense, y para honrar en última instancia los mandatos del capitalismo financiero internacional en su continua búsqueda de zonas de extracción donde colocar sus excedentes acumulados.

Ante este panorama, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, a las Juntas de Salud, y a la ciudadanía en general, para construir una estrategia efectiva que evite el cierre anunciado de nuestra Caja. En la antesala de la campaña electoral que culmina en el primer semestre de 2026, es imperioso posicionar el tema del sabotaje contra nuestra Caja. Si hemos de sostener nuestra relativamente disfuncional democracia representativa, los partidos políticos no deberían poder evadir la exigencia que hagamos de medidas concretas para frenar el sabotaje y detener el desmantelamiento de la CCSS, porque en una auténtica democracia deben prevalecer los intereses de nacionales y los de los sectores populares que representamos la amplia mayoría de los costarricenses. Instamos a toda la ciudadanía a participar en las elecciones del 3 de setiembre de Juntas de Salud para escoger a aquellas personas comprometidas con la defensa de La Caja y dispuestas a involucrar a las comunidades en esta lucha.

Francisco Esquivel propone estrategia alternativa de desarrollo basada en mercado interno y sectores olvidados

Escrito en 09/08/2025. Publicado en Aportes para el desarrollo.

Francisco Esquivel Villegas, economista, plantea en su más reciente publicación «Estructura productiva y crecimiento de Costa Rica – Hacia una estrategia alternativa» que el modelo económico aperturista aplicado durante las últimas cuatro décadas no ha logrado crear la estructura productiva necesaria para garantizar un crecimiento elevado y sostenido en el país.

Según el análisis de Esquivel Villegas, la estrategia exportadora basada en la apertura económica «ha sido una locomotora insuficiente» que mantiene a la economía nacional rezagada respecto a las economías más avanzadas del mundo. El autor señala que el nuevo sector exportador ha desarrollado una producción de ensamblaje limitada que no genera los encadenamientos apropiados para estimular la expansión del resto de la economía.

Concentración geográfica y social del crecimiento

El economista destaca que la producción exportadora se ha focalizado en algunas zonas de la región central del país y requiere mano de obra especializada que solo se encuentra en el centro de la nación. Esta característica ha impedido que el crecimiento se extienda al resto del territorio nacional.

«El crecimiento de las últimas décadas ha generado opciones de prosperidad a ciertos segmentos jóvenes de la población, con educación profesional o técnica acorde a las necesidades de ese tipo de ensamblaje. Pero, la prosperidad no llega al resto de la población, de ahí que la concentración del ingreso se ha profundizado», señala Esquivel Villegas en su trabajo.

Divorcio entre exportación y mercado interno

El autor identifica un problema central en el modelo actual: el divorcio entre la expansión exportadora y el dinamismo de la producción orientada a las necesidades del consumidor local. Según su análisis, la estructura productiva de la estrategia de apertura se produjo de manera dispersa, «típicamente liberal, sin plan», y sin interés en la producción para el mercado local.

Esquivel Villegas explica que el mercado interno solo interesó como nicho para el comercio importador, por lo que la demanda interna se abrió ampliamente permitiendo que productos del exterior entraran al país con menos aranceles y restricciones aduaneras, además de contar con un tipo de cambio favorable a las importaciones.

Propuesta de estrategia alternativa

Frente a este diagnóstico, el economista propone una estrategia alternativa que aproveche sectores que han sido relegados en las últimas décadas. Su propuesta se centra en el aprovechamiento del potencial de la agricultura, la agroindustria, la ganadería y sus derivados industriales, el turismo y la construcción.

«Si se aprovecha el potencial de estos sectores, la economía puede ampliar los encadenamientos de la estructura productiva y generar altas tasas de crecimiento que reduzcan la brecha del ingreso por habitante respecto a los países más avanzados», plantea el autor.

Recuperación del mercado interno como eje central

Un ingrediente fundamental de la estrategia alternativa propuesta por Esquivel Villegas es la recuperación del mercado interno, lo que fortalecería la capacidad de crecimiento de la economía. El economista sugiere reactivar el consumo privado mediante políticas distributivas y la inversión privada a través de la creación de estímulos apropiados tanto para empresas nacionales como extranjeras.

El autor estructura su propuesta en lo que denomina una «Etapa IV del proceso exportador», orientada hacia el crecimiento con inclusión social, superando las limitaciones del modelo neoliberal aplicado en décadas anteriores.

Contexto histórico del desarrollo económico costarricense

El trabajo de Esquivel Villegas analiza las diferentes etapas del proceso exportador costarricense, desde las primeras etapas de exportación bajo el enfoque conservador sobre el desarrollo económico, pasando por la Etapa III basada en el modelo aperturista, hasta llegar a su propuesta de una Etapa IV que combine crecimiento e inclusión social.

El economista considera que «ya pasó el tiempo del neoliberalismo» y es momento de repensar la inserción al mercado internacional de las economías latinoamericanas, reconociendo que muchos procesos de exportación de las últimas décadas generaron «una expansión incompleta, desequilibrada, sin visión de desarrollo».

La publicación completa está disponible para descarga gratuita en el sitio web de SURCOS Digital, donde las personas interesadas pueden acceder al análisis completo y las propuestas detalladas del autor para una nueva estrategia de desarrollo económico en Costa Rica.

Enlace para descarga: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/08/F-Esquivel-CR_Estructura-Productiva-Y-Crecimiento.pdf

Etiqueta: neoliberalismo

Pedro Alberto Soto Sánchez

Mauricio Ramírez NúñezAcadémico

Por Alan Calderón CastroColaborador del Movimiento Asambleas Populares

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Por Alan Calderón Castro
Colaborador del Movimiento Asambleas Populares