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Etiqueta: neoliberalismo

El desafío de la Fiscalía General de la República

Álvaro Fernández González

Como gran parte de la ciudadanía en este momento, veo con enorme preocupación el desplome de nuestro Estado Social de Derecho, en medio del asedio —exacerbado por la pandemia— de un neoliberalismo a todas luces anacrónico pero clavado como un cáncer en nuestra cultura política.

Una pieza clave está gravemente herida, la Fiscalía General de la República, y el proceso de llenar esa vacante parece estar muy lejos de los requerimientos reconocidos internacionalmente, tal como los establece por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Respaldo el clamor que realiza en este sentido el panel independiente de personas expertas designado para mejorar este proceso.

Adjunto su carta del 20 de setiembre al Presidente de la Comisión de Nombramientos del Poder Judicial, magistrado Fernando Cruz, donde se señala la importancia de reforzar los siguientes aspectos:

– Idoneidad ética
– Conocimiento y destreza legal sobresaliente
– Independencia e imparcialidad
– Experiencia y conocimiento del sistema de justicia penal
– Compromiso con los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho
– Transferencia en la actuación funcional
– Capacidad de interlocución con otros actores y usuarios del sistema
– Sensibilidad al género y a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad
– Conocimiento de los principales desafíos institucionales del sistema de procuración de justicia
– Rectitud y alto sentido de justicia

Como indica este panel de personas expertas, no debe ser que el mero cumplimiento de requisitos formales mínimos como la nacionalidad, la edad, u otros sea recompensado con un 70% del puntaje total: estas condiciones deben ser solamente el punto de partida sin el cual no es posible aspirar al cargo y por lo tanto no debieran recibir puntaje alguno.

El peso de la elección al cargo debe recaer sobre el cumplimiento de otros requisitos realmente sustantivos para un desempeño excelente de esta función clave en nuestra institucionalidad judicial, tales como los que se sugieren en el documento.

Este primer pronunciamiento también tiene observaciones muy importantes en materia de transparencia, participación ciudadana, e igualdad y no discriminación.

Inflación en Costa Rica: ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina?

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista / Director a.i. CICDE-UNED

Me resultó, no sé si decir jocoso o simplemente interesante, el debate que días atrás escenificaron varias diputadas y diputados con Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, en relación con la compra, por parte de esta última entidad, de bonos de la deuda pública en el “mercado secundario”, es decir, adquiridos, no directamente de la tesorería del gobierno, sino de gente u organizaciones (como los fondos de pensiones) que los adquirieron previamente. La cuestión giraba alrededor de si eso implicaba emisión de dinero, y se desgranaba en plañidos de tribulación y angustia, acerca de las posibles implicaciones inflacionarias que ello tendría.

Si las autoridades de los grandes bancos centrales del mundo lo oyesen, de seguro se carcajearían, tal es la ignorancia que estas discusiones evidencian. Y eso que tales personajes no son precisamente un ejemplo de progresismo y heterodoxia. Pero lo más bonito es que son supersticiones alimentadas por los economistas del “establishment”, esos que la prensa entrevista y que son los únicos a los que esas élites políticas escuchan.

EL cuento de que, al comprar bonos de deuda pública, el Banco Central emite dinero, y que al hacerlo provoca inflación, se alimenta de una fantasía cuya autoría es atribuible a Milton Friedman, y que se resume en la célebre frase: “la inflación, en última instancia, es siempre un fenómeno monetario”. Lo cual, sin embargo, elude y, por lo tanto, deja sin respuesta una pregunta muy básica: ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿La inflación o la emisión monetaria? En realidad, hay buenas razones para pensar que la emisión sigue a la inflación, y no a la inversa, puesto que, como ha quedado bien demostrado, los mecanismos de creación del dinero son endógenos al sistema económico.

En realidad, la inflación es mucho más que un fenómeno monetario. Puesto en cortito, habría que decir que es un fenómeno complejo. Sobre todo, tiene que ver con dos cosas: las capacidades productivas de la economía y su grado de utilización; y factores de carácter político e institucional, atinentes a las relaciones de poder entre distintos grupos y clases sociales. Todavía cabría reconocer también la influencia de factores sicológicos y socioculturales, es decir, estados de ánimo colectivos que, en diferentes momentos, son propicios o adversos, a comportamientos sociales que tienen implicaciones inflacionarias. También es factible, aunque en general menos frecuente, que se den “cuellos de botella”, es decir, situaciones de escasez de alguna o algunas materias primas o productos, que propicien limitaciones de oferta y generen presiones inflacionarias.

Vamos en orden.

Primero, en relación con las capacidades productivas reales de la economía, y el grado en el cual la demanda global es insuficiente o excesiva frente a esas capacidades productivas. En el primer caso usualmente no habría inflación, ya que el aparato productivo puede responder con relativa holgura a una mayor demanda, sin que surjan presiones ascendentes sobre los salarios ni presiones sobre la capacidad instalada que eleve los costos. En el segundo, es muy probable que sí la haya, precisamente porque, al estar muy cerca del límite máximo de la capacidad productiva, aparecen tensiones que, eventualmente, elevan salarios y costos. En la actual realidad de Costa Rica, con enorme desocupación de las fuerzas productivas, altísimo desempleo, y un nivel de producción muy inferior al potencial, no hay, por este lado, riesgo alguno de inflación. La demanda podría ampliarse e incentivar más empleo y más producción, sin generar más inflación, puesto que, como ya dije, la economía produce hoy muy por debajo de su real capacidad.

Pero, como indiqué más arriba, la cuestión se complejiza adicionalmente por razones políticas y en función de determinadas relaciones de poder, y en el contexto de particulares estructuras institucionales que, en mayor o menor grado, lo propician o desincentivan, todo lo cual se resumen en la metáfora acerca de la “espiral precios-salarios”, lo cual atiende a una pugna redistributiva entre trabajo y capital, la cual opera sobre el telón de fondo de un determinado marco institucional. Hacemos referencia, pues, a la competencia entre salarios al alza y precios al alza, los unos persiguiendo a los otros. Pero, para que ello se concrete, se necesita una fuerza de trabajo organizada en sindicatos fuertes y con capacidad de negociación, algo totalmente ausente hoy en Costa Rica, donde las personas trabajadoras están en posición de extrema indefensión frente a la parte patronal, y donde la propia institucionalidad pública, se muestra vacilante y omisa a la hora de cumplir con su cometido fundamental: defender a la parte más débil que es, obviamente, la de las trabajadoras y trabajadores. Todo esto inutiliza, y prácticamente anula, el mecanismo precios-salarios.

Como asimismo indiqué, en determinados momentos puede incidir un cierto estado de ánimo, al modo de un efecto sicológico de alcances colectivos, que se visibiliza en comportamientos inflacionarios. Es algo que tiene su dosis de irracionalidad, en cuanto comporta un “efecto imitación”, cuando cada quien cree que debe ir adonde van los demás, como al modo de un comportamiento manada. Pero, por otra parte, no es algo que surja antojadizamente, ya que usualmente ha habido o hay algo en la realidad, que potencia ese comportamiento. Fue, en parte considerable, lo que ocurrió durante la crisis de 1980-82 en Costa Rica, cuando se generalizó una sicología inflacionaria, alimentada por la devaluación caótica que entonces se experimentaba. La devaluación misma elevaba los precios de productos importados, pero, por razones de sicología colectiva, el efecto se generalizaba a todos los bienes y servicios. Se observó también a lo largo del extenso período de alrededor de 20 años, durante el cual se aplicó la política de minidevaluaciones. Como éstas se hicieron muy previsibles, asimismo propiciaron un comportamiento de anticipación y ajuste a la devaluación esperada.

Todavía quedan otras posibles fuentes que incentiven la inflación: la presión al alza de los precios internacionales de los combustibles o de los alimentos importados, por ejemplo. O, en fin, como ya lo mencioné, las situaciones de “estrangulamiento de la oferta”, cuando escasea alguna materia prima o producto.

Es entonces oportuno enfatizar lo siguiente: en contra de la superchería usual, la real explicación de la fuerte inflación de inicios de los ochenta en nuestro país, hay que buscarla, no en la emisión de dinero, sino en la desordenada devaluación y el alza de precios de productos importados, en especial los combustibles, en un contexto institucional y de relaciones de poder, en que la “espiral precios-salarios” todavía conservaba vigencia.

Toda esta mitología urdida alrededor de la emisión monetaria y la inflación, forma parte del material que construye y solidifica los barrotes de una jaula en la que Costa Rica hoy está prisionera. Es la jaula del déficit fiscal y la deuda pública, un par de espectros que aterrorizan y petrifican. Se agita la historia atemorizante de la inflación, para impedir que se haga nada que pudiera ampliar los márgenes de maniobra frente al déficit, y de este último se hace un tótem sagrado, en cuyo altar se sacrifica la vida de las generaciones actuales y de las no nacidas.

 

Publicado en el blog
https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/09/inflacion-en-costa-rica-que-es-primero.html
Compartido con SURCOS por el autor.

Privatización de electricidad y Estado Social de Derecho

Luis Fernando Astorga Gatjens

Han pasado 135 años. Eran las seis y cuarto del 9 de agosto de 1884, cuando muchos habitantes de San José y de poblados aledaños, se concentraron en algunas calles de la metrópoli costarricense, para ser testigos de un acontecimiento histórico: La inauguración del alumbrado público.

La luz llegó e iluminó a algunas calzadas para regocijo de quienes presenciaron el acontecimiento y, en general, para los habitantes del país. Y por supuesto, se trató de un acontecimiento histórico ya que San José fue la tercera ciudad del planeta en contar con ese primigenio servicio, codeándose con Nueva York y París, y convirtiéndose en la primera ciudad latinoamericana en contar con ese tipo de alumbrado.

Pero las cosas no se quedaron ahí: Unas décadas después, el país siguió marcando la historia al crear en 1941 la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y ocho años después, con la nacionalización del servicio de electricidad y, luego, con la fundación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mediante la Ley N° 449. En el artículo uno de la ley de creación del ICE se indica que “la responsabilidad fundamental del Instituto, ante los costarricenses será encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica.”

Esta impronta progresista, que buscó que el país contara con energía eléctrica propia para impulsar el desarrollo económico y social, se enmarcó dentro del vigoroso impulso de un Estado Social de Derecho (ESD), que tuvo en la década de los cuarenta del siglo pasado, un periodo estelar.

Desde su fundación, hemos sido testigos de que el ICE, ha buscado avanzar en un derrotero de matriz diversa y sostenible que tiene como fuentes de la producción de energía eléctrica, la hídrica, la geotérmica, la eólica, la solar y la biomásica, a la par de una parte pequeña de generación térmica. Se trata de una matriz muy exitosa que ha permitido una cobertura eléctrica de 99,4% de los hogares costarricenses. Es, asimismo, un modelo único en el mundo; el cual en los último años, ha tenido un significativo reconocimiento internacional.

Sin embargo, lo que ha sido exitoso para Costa Rica y la mayoría de sus habitantes, ha sido visto con mucha avaricia e incomodidad por quienes en el país y fuera de él, ven a los servicios prestado por el Estado como un obstáculo y desafío para sus intereses privados y sus negocios.

A estos grupos, representantes del gran capital transnacional o de aquí, les ha incomodado el ICE y por eso, desde siempre, han buscado desprestigiarlo de mil maneras, para apoderarse de la producción eléctrica y convertirla en otro de sus rentables negocios. Así las cosas, en el año 1990 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 7200 mediante la cual se autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela. Este va a constituirse en el primer ñangazo al pastel de la venta de electricidad, por parte del sector privado.

Estos avariciosos grupos privados –fuertemente ligados a las cúpulas políticas que han controlado al Estado costarricense–, han impulsado leyes como éstas (la 7200) en su sueño de privatizar el campo de la producción y venta de la electricidad. Lo han logrado hasta el presente, en forma limitada, gracias a la lucha y la resistencia social pero nunca han cejado en sus afanes privatizadores.

El “combo” del ICE, impulsado por el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, formó parte del plan privatizador, pero fue derrotado por un pueblo con ADN progresista, en las calles y otros escenarios de la lucha social y política, en el año 2000. No obstante la derrota infligida, esos grupos plutocráticos han seguido sus antidemocráticos empeños y a través de diputados de distintos períodos legislativos, han buscado ampliar su dominio privado en la electricidad, al mismo tiempo reducir el tamaño y alcance del ICE.

En el presente, con un gobierno de corte neoliberal como el de Carlos Alvarado y una Asamblea Legislativa con muchos diputados y diputadas, que convirtieron esa doctrina en catecismo, el esfuerzo privatizador da un gran salto a través del impulso de una reforma a la citada Ley 7200, en su artículo 3, que aparece en el expediente legislativo N° 22.601.

Esta mala iniciativa forma parte del proyecto neoliberal de destruir lo que queda, en instituciones y servicios públicos que emergieron con el desarrollo del Estado de Bienestar, que el pueblo y algunos líderes impulsaron desde la década de los cuarenta del siglo anterior y que los agoreros con su consigna: “Más mercado y menos Estado”, quieren borrar de la faz de la sociedad costarricense.

Forman parte sustancial de ese genuino Estado Social de Derecho, la salud pública universal prestada a través de la Caja, la educación pública impulsora de movilidad social, algunos avances en materia laboral, los planes de vivienda, algunos programas de seguridad social que han beneficiado a grupos sociales específicos (entre otros), así como los servicios de electricidad que ofrece el ICE, a partir de principios de solidaridad y subsidiariedad.

Se trata de derechos sociales y económicos que están presentes en la Constitución Política, y en normas nacionales e internacionales (tratados de derechos humanos ratificados por el país), que hoy, con esta voraz arremetida, la administración Alvarado Quesada y algunos diputados, pretenden socavar. Desde la década de los ochenta del siglo anterior, el Estado Social de Derecho ha venido siendo atacado en distintos flancos, con el fin de beneficiar a grupos económicos poderosos del país y a transnacionales, a quienes no les importa en absoluto el bienestar del pueblo sino sus negocios y las ganancias que puedan obtener a partir de ellos.

Este gobierno y muchos de los diputados que apoyan estas nefastas propuestas, no se han percatado de lo que ha venido sucediendo con el neoliberalismo en América Latina, que al fracasar –estrepitosamente– como doctrina económica y social, está retrocediendo paso a paso en distintos países de la región.

Un ejemplo concreto del fracaso de la propuesta de reformas energéticas fracasadas, que se han dado a la luz de esta doctrina, destructora de la justicia social, se ha dado en México. En el Gobierno anterior, presidido por Enrique Peña Nieto fue aprobada una reforma completamente entreguista para el sector privado (mexicano y transnacional), que alcanzó una votación mayoritaria, con sobornos a legisladores de la empresa brasileña Odebrecht. El entreguismo y la corrupción le ganó, en esa ocasión, la partida a la soberanía energética de la nación azteca.

Sin embargo, esta negativa reforma centrada en un recurso fundamental para su propio desarrollo económico y social, como es la electricidad, el actual gobierno que preside, Andrés Manuel López Obrador la ha empezado a desmontar con el amplio apoyo del pueblo mexicano que lo que vio con la citada reforma, es corrupción transnacional y en algunos miembros de sus élites, y, por supuesto, aumento del costo de la electricidad.

Ya algunos de los impulsores de esta reforma energética que jamás traería beneficios para las mayorías de Costa Rica, se amparan en que siendo ahora miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tal es camino que debemos seguir como país. Falso, completamente falso. México que es un connotado miembro de OCDE está siguiendo el camino contrario, marcado por la dignidad y la independencia.

De la misma manera, que al pueblo costarricense le costó mucho construir su Estado Social de Derecho también le costó avanzar en su proceso de soberanía energética; entendiendo a ésta como la capacidad que tiene un país de gestionar la producción de la energía que consume.

En este presente pandémico, ambos procesos –arraigados en las mejores tradiciones progresistas del pueblo costarricense–, están seriamente amenazados. La responsabilidad histórica de quienes queremos a este hermoso país nos dicta que debemos luchar por frenar la arremetida.

Cuando rindamos cuentas a nuestros hijos y a nuestros nietos, y a las futuras generaciones, debemos decir que, en el Bicentenario de la Patria, hicimos lo que nos correspondía y no permitimos que el país se vendiera al mejor postor, para el beneficio exclusivo de unos pocos mercaderes que debemos echar del templo de la inclusión y la justicia social.

Criminalidad: ¿Esencia del capitalismo neoliberal?

El Programa Alternativas invita a su nuevo espacio “Criminalidad: ¿Esencia del capitalismo neoliberal?”, el 6 de agosto del 2021 a las 6:00 p.m., se contará con la participación de:

  • Óscar Madrigal
  • Jorge Arturo Montoya
  • María José Masís Méndez
  • Dany Villalobos
  • Jorge Coronado

El programa se podrá sintonizar por medio de Facebook Live o Radio16 1590 AM.

Reconstruyendo el Estado Social de Derecho

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Al parecer, la resolución de la Sala IV respecto del “Proyecto Ley Marco de Empleo Público” tuvo algo de “salomónica”. Por un lado, reafirmó el precepto constitucional y democrático de división de poderes, por lo tanto, salió en defensa del Estado de Derecho y la democracia como régimen jurídico. Y, por otro, legitimó la propuesta de un salario único sin pluses y limitó la negociación, vía convenciones colectivas, en esta materia, lo que implica en cierta forma apoyo a una política de salarios decrecientes en el sector público y, por consiguiente, un golpe al Estado Social.

Avance en materia de gestión democrática, un freno a los aires oligárquico-autoritarios del pluripartidismo neoliberal en alzada. Y retroceso en materia socio-laboral en un sector estratégico para el desarrollo del país, a pesar de que ha sido intensamente vilipendiado por parte de quienes solo ven virtudes en el sector privado y vicios y privilegios en el público, atendiendo a esa trillada lógica maniquea con la que la prensa y los “publicistas” del neoliberalismo han venido atizando el fuego de los odios entre ambos sectores.

Celebramos la decisión de la Sala IV porque significa ponerle límites a una clase política que, como bien señala Marcos Roitman, al igual que “los hacedores del capitalismo transnacional rechazan los valores democráticos. Pero como creadores de la nueva derecha y seguidores del fascismo societal se manifiestan en fervientes defensores de la idea de progreso a favor de la economía de mercado, de la propiedad privada y del beneficio personal […] Sus ideas no se encuentran en la cruz gamada o en las camisas negras, las defienden los representantes de los organismos internacionales del FMI. El Banco Mundial, La OMC y de los gobiernos conservadores, neoliberales o defensores de la economía de mercado en sus versiones progresistas y socialdemócratas” (Roitman, Marcos (2007) Democracia sin demócratas y otras invenciones. Madrid, Ediciones sequitur, p.94).

Efectivamente, lleva razón el autor citado al calificar de “fascismo societal” a este conjunto de ideas y acciones políticas que vienen impulsando las nuevas fuerzas políticas, que se visten de progresistas y socialdemócratas, pero que en lo esencial son portadoras de un proyecto conservador cuya meta es desmantelar el Estado Social de Derecho, para favorecer a los grandes intereses empresariales y financieros nacionales y extranjeros.

Con gran acierto, el movimiento sindical ha convocado a un “Encuentro Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho”. El país se encuentra en la encrucijada entre retroceder a la Constitución Liberal de 1871 o defender el Estado Social de Derecho de la Constitución vigente de 1949. Definitivamente, llegó la hora de demandar a los poderes del Estado actuar en consecuencia con los preceptos constitucionales que abogan por una repartición equitativa de la riqueza, la defensa y el respeto de los derechos humanos, así como la salvaguarda de la división e independencia de los poderes de la república.

NO al Estado Asocial sin Derecho de las fuerzas políticas del autoritarismo antidemocrático y SÍ al Estado Social de Derecho de las fuerzas sociales de la dignidad y la solidaridad.

Nota de redacción: En la foto de cabecera se aprecia una vista parcial del Encuentro Nacional por la Defensa del Estado Social de Derecho realizado este martes 3 de agosto, en el Centro Internacional de Convenciones de la ANDE. Asistieron más de cien personas de organizaciones sociales y sindicales.

Un 20 de julio sitiado

Por Carlos Meneses Reyes

La tradicional conmemoración del grito de independencia de Colombia, el 20 de julio de 1.810, en Santafé de Bogotá, llega en momentos de convulsión social, estallido político y económico del movimiento popular, en espiral de ascendencia a un escenario de guerra civil. Al así plantearlo, resalta el estadio de fragilidad por el que transita la unidad de la nación colombiana. No se trata de la ubicación de la problemática contradictoria de un desgobierno, desgastado y en franca caída de legitimidad; como del salto cualitativo que las ansiadas reformas políticas, económicas y sociales prevalecen en el actual momento e imponen el derrotero inaplazable de un gobierno de transición nacional.

Pareciere que los tiempos de la salida alternativa política, civilizada, consensuada, en la base de la negociación, el dialogo y la conveniencia ciudadana, fue echada por la borda y la actitud y posición de las fuerzas retardatorias, militarista y pro imperio, se impongan en una constante de saber que deben cambiar, pero se resisten a ello; que deben permitir la apertura democrática en la validación de la expresiones de democracia directa reclamadas, en ciudades, barrios y veredas, haciendo caso omiso a ese llamado; que el escenario fatuo, basado en la mentira y el engaño de la conducción del país, fundado en intocables privilegios( de castas y de repugnantes estratos)) redunda en la contradicción de intereses de clase, ahondando más la brecha del conflicto económico y social. Ratifica que no existen parámetros de permanencia y estabilidad política en el desempeño y función del Estado- Nación, cuando las reclamaciones de una masa popular alzada e insubordinada es tratada con el apelativo mezquino de la sindicación, la estigma, la estereotipia del odio, lo negativo y confusión.

Del tratamiento contra insurgente a la protesta social

La conducción gubernamental se soporta en una política de hegemonía oligárquica contra insurgente. Debido a una lectura errada de la realidad del conflicto armado interno en el país, por no decir a su desconocimiento oficial, puesto que pesan factores internos y externos, que no admiten esa negativa posibilidad; vale afirmar que a un diagnostico errado de la realidad, corresponde un tratamiento errado y de no solución. El bloque oligárquico predominante, de un borrón de codo, invisibilizó el desarme de una fuerza guerrillera cincuentenaria y lo que ello en política ha significado. Como no se debió a un triunfo militar del establecimiento castrense, optaron por la falsaria del montaje de la no implementación de lo Acordado en la Habana y el Teatro Colón; haciendo trizas el papel, congelando el cumulo de privilegios en el ejercicio de un poder expectante por la atención prioritaria de la opinión nacional e internacional. No hablemos del engaño, en consecuencia, a los ex alzados en armas, que han mantenido su fe en una construcción “de paz”, merecedores de ilimitada solidaridad y lucha por el respeto y conservación de sus vidas y el ejercicio de sus aspiraciones políticas, como sin lugar a dudas, debe ser.

El bloque oligárquico predominante, que borró una tendencia de “centro” en Colombia, al obtener la conservación de poder, así haya sido ilegítimamente, aplicaron la prerrogativa de la continuidad de la guerra y en este momento el panorama insurgente en Colombia es de unas antiguas FARC, que operan con tres siglas diferentes: Segunda Marquetalia, Las Disidencias, las Nuevas FARC; en una tendencia de reciclaje histórico inevitable o imparable, no desde el punto de vista de integrante organizativo material, como en el juego de la estrategia por acoyuntar en lo puntual de acciones de envergadura, contra el aparato institucional, sumido en la corrupción y el desgaste. A las fuerzas guerrilleras del ELN y el EPL, de caracterización insurgente en el país, a tono con los atributos peculiares o propios, consagrados en la caracterización de la normativa internacional, de confluir en fuerzas beligerantes, con un mando propio unificado, programa político a alcanzar en reemplazo a lo Establecido y presencia de permanencia territorial, se une la “tres en uno” de las actuales FARC-EP, producto de la obtusa y equivoca posición del predominio hegemónico oligárquico contra insurgente, que desplaza la salida política al conflicto armado interno colombiano.

De esa manera, el ejercicio político también se circunscribe al predomino en el círculo de influencia del derrotero hegemónico contra insurgente, con el efecto de no existencia de un centro, sino de ubicación concreta de la situación colombiana, en una confrontación de derecha y/o de izquierda. En ese orden de ideas, no existen tendencias: predomina una fuerza de control de derecha enfrentada a una de escala en la confrontación con la izquierda. Aquella de marcado sesgo militarista, buscando sembrar discordia entre la elección capitalista o comunista; lo cual no es elemento de la contradicción principal y esta última, de visión de salida alternativa al modelo económico neoliberal y el actual estado de iniquidad en Colombia. Bajo esa premisa de lo definitorio de bloques, es gráfica y en la práctica identificable, en la cercanía o no a la política de hegemonía oligárquica predominante.

Un sencillo ejercicio surge contemplando el equivalente de fuerza en una de las ramas del poder público: el legislativo. A la derecha del panorama nacional y al circunscribirlos en el congreso de la república, sientan los adeptos a la política contra insurgente gubernativa: Partidos, liberal, conservador, centro democrático, de la U, verdes, dignidad, de la esperanza y otras conocidas denominaciones y en el ala izquierda: los sectores progresistas, reformistas, socialdemócrata, bajo denominación como la Colombia Humana, los decentes, comunes y otras conocidas expresiones.

En lo puntual del ejercicio de democracia representativa imperante, han desplazado a la mínima expresión, la consagración de espacios de participación de democracia directa, contempladas constitucionalmente. Sin lugar a equívocos, es así como en lo referente al ejercicio de los partidos políticos, los han elevado al recurso único de la participación en el debate electoral y desplazado las múltiples formas de participación partidaria en el ejercicio democrático. Convirtieron los partidos en maquinarias electoreras, esterilizando el vínculo de lo partidario político con los alcances programáticos máximos y mínimos del movimiento popular en ascenso. Esto abarca en el análisis del estallido político (que no “social”) de los últimos meses en Colombia, y a la no participación de los partidos de oposición en el salto cualitativo a lo político, del Paro Nacional.

Es por lo anteriormente expuesto, que en el escenario de la protesta popular, desenvueltamente en la llamada “democracia de la calle”, el régimen imperante habilitó el desconocimiento de fuerza política de la contra parte en el Paro Nacional, dándole a la protesta social y política un tratamiento de contra insurgente. Por ello le declaró la guerra a la protesta e impidió que se fortaleciera y vigorizara el papel de la organización e influencia política en el seno del movimiento popular y de masas en ascenso. A ello contribuyeron las actitudes “blandas” de las tendencias “afines” a la izquierda. Resultado de lo anterior es que a la hegemonía de derecha, no corresponde una contra fuerza de hegemonía de izquierda.

Complementa el cuadro anterior del tratamiento dado a la protesta popular durante el Paro Nacional, la reseña, para no incidir en un balance, del juego paraestatal, cumplido por los mandatarios locales y regionales, también elegidos por el voto popular. Las medidas centralistas de control del ejecutivo expresado en el decreto de simulada declaración de conmoción interior y de “colaboración militar”; de notorio espíritu de mano dura dictatorial, desplazaron el poder de los mandatarios locales como responsables del orden público. Esperándose el ahondamiento de una crisis política institucional en el ejercicio del poder, está no paso de roces con alcaldías emblemáticas como la de Bogotá, o confusamente protagónicas como la de Cali; pero a la larga, todas plegadas a la política de bloque oligárquico predominante contra insurgente; lo cual impidió lo caracterizador de un salto político en la toma de decisiones y conducción política de la protesta unificada a nivelo nacional y ante la carencia de una asunción directa del gobierno nacional de sentarse a conversar con los promotores del Paro Nacional, y las innumerables expresiones nacionales, regionales y locales de exigencias y espera de soluciones. Es así como se consolidó un viraje a la derecha y en alineamiento a la política de contra insurgencia aplicada. Predominó lo del ataque de vándalos, la jerga del terrorismo y la supuesta amenaza de los de la primera línea. En una palabra: protesta=terrorismo.

El conflicto político no finaliza

Se espera el recorrido de mucho trecho de inestabilidad política y confrontación tanto en el plano político como en el social. Además de las demandas expuestas muchas subyacen en el olvido y desidia gubernamentales. El gobierno de turno no contempla posibilidades de cambios radicales y profundas ante lo expuesto. Las asume sobre las ramas y les da un tratamiento de resane cosmético, de maquillajes formales en lo ya no inusual, inusitado, ni extraño comportamiento. Por el contrario, ratifica el papel de sub presidente, que no alude solo al prefijo “bajo” “debajo de”, para indicar lo de un presidente de inferioridad, de reacciones tardías, de salidas secundarias y supeditadas a un interés superior, contrario al bienestar popular.

Me permito resaltar sucesos de particular relevancia de la gestión presidencial: 1. La caída de ministros, consejeros, proyectos de ley por manifiesta ingobernabilidad. 2.Desplome de acreditación y prestigio en la encuesta de aceptabilidad de opinión a la gestión presidencial. 3.No logra convencer sobre el no calificado caso de la supuesta autoría de ataque a bala de fusil al helicóptero presidencial en que viajaba. 4. Su confrontación con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su alusión a como si se tratare de la Corte Interamericana, que tienen la misma sigla (CIDH). 5. La presentación de auto entrevistas presidenciales, en un desmesurado desespero por mantener una imagen de aceptabilidad ante la opinión pública. 6. La generalizada aceptación de ser un títere y subordinado al poder, tras el trono, del expresidente innombrable. 7. La desviada, por no decir arrodillada política exterior y manejo abyecto al legitimo gobierno constitucional y de Estado de Derecho de la República Bolivariana de Venezuela. Y la degradante abstención ante el unánime rechazo mundial al genocida bloqueo norteamericano a la valerosa autodeterminación del pueblo cubano y su revolución avante. 8. El falsario discurso de cumplimiento e implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, con las antiguas Farc-ep, ante la falta de fidelidad a lo pactado. Sus intervenciones de fondo no obedecen a ejecutorias presidencial, sino a proyectos, a prontuarios, a algo que no está en firme, cual la escena de una campaña presidencial y como si estuviere en otro país. Escucharlo, da la sensación que se está partiendo de cero. 9. El quebranto a la vigencia de los Tratados internacionales, de soberano cumplimiento a Cuba-como país garante- para el retorno salvos y sanos, de los plenipotenciarios delegados del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (E.L.N), cuya salida legal y constitucional ha bloqueado de manera torticera. 10. La obtusa posición de no dar la cara; de no negociar directamente con los sectores en conflicto; de notoria torpeza y errada actitud de no condenar los abusos cometidos por las fuerzas armadas en el marco de la confrontación política, en el significado de la protesta popular; ante hechos de inocultable criminalidad y de por si de avalados, probados y ratificados por múltiples medios de presión nacional e internacional. 11. La directa responsabilidad sobre sus hombros de los daños y perjuicios causados con ocasión del prolongado Paro Nacional, como único culpable. 12. Cual síndrome de carencia de personalidad de jefe de gobierno, delegar en subalternos ojos y oídos, cual un “presidente ausente”, en el ámbito del poder legislativo y en el escenario de las luchas populares. Podrán ser seguramente más las falencias de personalidad aciaga como gobernante del sub presidente Duque, en la afirmación de incapacidad para la conservación y manutención del mando, así sea este ilegítimamente delegado, por obra y gracia de un sistema electoral corrupto y encriptado.

El sinsabor que deja el transcurso de un 20 de julio bajo estado de sitio dictatorial, en el embrollo que deja la mentira y el montaje de un presagio de fatalidad terrorista en el desarrollo de las manifestaciones a darse, con el fin de obstruir el libre ejercicio de la protesta y la movilización ciudadana; concluye, en este día, como las circunstancias objetivas lo habían de prever: un circo de auto elogios y sórdidos aplausos, a una acción parlamentaria de respaldo gubernamental, mayoritariamente asentada en un legislativo de predominio narco paramilitar. El no desfile tradicional de las fuerzas armadas, Made in USA, en un imparable efecto de desprestigio y de sindicación criminales, tanto nacional como internacional. La respuesta masiva y movilizaciones en las principales ciudades capitales del país y al caer la tarde, el estruendoso rugir de la lucha callejera, la brutalidad policial aplicada, la arremetida salvaje contra la juventud protestante, el accionar impune de los defensores de la “gente de bien” disparando de civil y a mansalva. Prueba irrefutable de la permanencia de los múltiples conflictos que asolan la nación colombiana.

Pronunciamiento Guatemala

El gobierno de Guatemala controlado por elites militares que encabeza Alejandro Giammatei contra la población que manifiesta sus derechos, contra organizaciones indígenas, feministas y populares. Denunciamos los serios niveles de impunidad que prevalecen en Guatemala por el servilismo del gobierno a los grupos privados, empresas extranjeras y los planes neoliberales de muerte, que amenazan la vida y los territorios de nuestras hermanas y hermanos.

La Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. –Trecsa– es una empresa guatemalteca filial del Grupo Energía Bogotá (empresa colombiana) que construye el proyecto de interconexión eléctrica de alta tensión, este es un proyecto estratégico para consolidar el modelo extractivo en Guatemala y beneficiar el transporte de energía en los planes neoliberales impuestos a nuetsrxs hermanos centroamericanxs.

Es por esto que las y los integrantes de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por Trecsa, Defensores del Territorio, de la Vida, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, están siendo víctimas de persecución y amenazas de muerte, por defender sus territorios contra la ocupación, el despojo y la tala ilegal que devasta sus bosques y fuentes de agua, así como el patrimonio de las futuras generaciones guatemaltecas.

La empresa Trecsa pretende seguir destruyendo y construyendo ilegalmente las torres de energía, en amplios territorios de bosque en Guatemala, por tales razones están siendo criminalizadxs.

Desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y otras organizaciones del mundo nos solidarizamos con la justa lucha de nuestras compañeras y compañeros de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por Trecsa y exigimos el alto a la persecución y amenazas. Si tocan a unx nos tocan a todxs.

Organizaciones y Personas Firmantes

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Dra. Piedad Esneda Córdoba Ruiz Senadora, Defensora de Derechos Humanos y Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Vocera de colombianas y colombianos por la Paz, Camilo González Posso Presidente de INDEPAZ, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global, Devora González Organizadora de SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos; Suiza José Manuel González López  y Gerardo Romero Luna de la Red Latinoamericana de Zurich integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela  Hugo Alberto Nieves Integrante de la Comisión Política de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora – CRBZ, Yonatan Vargas Abogado Defensor de Derechos Humanos y Analista Internacional de la CRBZ, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Miguel (chicho) Medina comunero Bolivariano Movimiento cultural Campesino Los Arangues; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Vicepresidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN); Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Strio. General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett Red de Integración Orgánica – RIO – por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos; Uruguay Anahit Aharonian Kharputlian Ingeniera Agrónoma y Docente Comisión Multisectorial de Uruguay; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins do Movimiento de Favelas do Rio de Janeiro, Saiane Moreira – Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA Brasil; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima  Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Dr. John Mill Ackerman Rose, Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez CODEM, Claudia Tapia Nolasco CODEM, Patrocinio Martínez López CODEPO, Arquitecto José Márquez Pérez Presidente del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca PRO – OAX, , Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas y Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas  OPEZ – FOSICH.

Organizaciones integrantes:

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, Red Latinoamericana de Zurich de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora – CRBZ, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) de Colombia; Red de Integración Orgánica – Rio – Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos de Guatemala; Comisión Multisectorial del Uruguay; Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro, Movimiento de Los Pequeños Agricultores de Brasil, Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina,  Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM); Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca (CODEPO); Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC); Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco); Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas; Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas  (OPEZ – FOSICH) y Colectivo Reexistencia Creativa México.

Otras personas firmantes:

Costa Rica Yamileth Monterrey López, Ana Franzen (Activista DDHH), Orlando Barrantes Cartín (Bloque de Vivienda), Felix López Zambrana (MTC), Tatiana Otto Golovina (Activista DDHH-ACODEHU), Dennis Omar Calix (Activista DDHH-ACODEHU), María Trejos Montero (Activista DDHH), Marcela Naranjo Segura (Activista DDHH-ACODEHU), Trino Barrantes Araya, Humberto Vargas Carbonell (Miembro del Partido Vanguardia Popular), Edgar Gutiérrez Cordero (Miembro del Partido Pueblo Unido), Rev. José A. Amesty R. Presidente de La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense (IMWC); Honduras Luz Victoria Midence Pineda, Roy Marín Hernández (Artista y activista DDHH), Carlos Rosa Fortín, Ruy Díaz, Gloria Marlene Obando Motiño, Merlín Avila; Venezuela Marien Manzano; Canadá Wendy Méndez.

Otras organizaciones firmantes:

Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), Movimiento de los Trabajadores y Campesino (MTC), Bloque de Vivienda, Skawäk, Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP), Handsmaidscr, Casa El Emigrante (Human Rights), Confederación Unitaria de Trabajadores – Costa Rica (CUT) Costa Rica; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), ACIPARTICIPA Honduras; Plataforma de Guatemaltecos y Guatemaltecas de Exiliados por terrorismo de Estado, Todos por Guatemala, Tzijolaj Canadá, Warerloo Mayam Project, Comité por los Derechos Humanos de América Latina (CDHAL) Canadá.

 

Compartido con SURCOS por Daniela González, María Trejos Montero.

¿Qué es ser Progresista?

Por Jiddu Rojas Jiménez

Primero, cómo cualquier otro término ideológico de identidad social y política, es un término muy manoseado. Pero creemos que vale la pena rescatarlo.

La misma noción de “Progreso” ha sido muy criticada, por sus raíces Eurocéntricas coloniales, y propias del ingenuo y optimista Liberalismo burgués, y de su uso y abuso ideológicos.

Sin embargo, los términos políticos o ideológicos evolucionan y se resignifican.

En términos contemporáneos, el «Progresismo» se ha redefinido como la moderna corriente democrática que privilegia la igualdad social y económica en equilibrio con la libertad política y ciudadana.

En el marco del Estado Social de Derecho, y frente al doloroso fracaso del pasado Socialismo Histórico, el Progresismo tomó fuerza como un referente democrático de izquierda.

Sin embargo, hay una lucha por reapropiarse del término. Y es válida, puesto que no es una categoría científica social, sino un concepto-valor en disputa.

Ahora, desde años han pululado movimientos que se reivindican como Progresistas. Y ciertamente hay un abuso del término.

Nancy Fraser, la teórica feminista y anticapitalista, ha denunciado hace rato la agenda de un Neoliberalismo económico disfrazado de banderas de Género bastante light y de reivindicaciones LGTBIQ. Eso es lo que la famosa autora feminista llama Neoliberalismo «Progresista». Robándose así y cooptando banderas liberadoras, de género y de Derechos Humanos, que fueron propias de la moderna izquierda histórica. Compartamos o no la crítica de Nancy Fraser, no se puede negar esa operación ideológica de la derecha neoliberal.

En fin, este fenómeno de manipulación ideológica (como ‘falsa conciencia’) y que se nutre de estereotipos políticos y sociales, desinformación política, prejuicios, y falsas representaciones sociales y lecturas ligeras, tiene efectos reales y confunde a los/las votantes.

Y además conecta y se entrecruza con otras taras políticas y culturales de la Costa Rica del Bicentenario.

A continuación, y con lenguaje divulgativo, trataré de describir someramente, varios elementos, que han contribuido a esta confusión ideológica organizada, y que condicionan a la opacidad del casi inexistente debate nacional, acerca del Progresismo:

1) No es un tema académico, pero sí es un dato sociológico y funciona como en la época de la Guerra Fría: La vieja propaganda anticomunista, pero renovada y sofisticada, y que sataniza a los nuevos actores político-populares, sigue vigente y sabe utilizar las TICS. Tienen dinero y tecnología, los medios y mucho poder.

2) El desprecio colectivo sembrado (estructuralmente) por la auténtica cultura popular (Najenson) y por la verdadera política de autogestión popular.

Popular es también Silvio Rodríguez, Rubén Blades, Pink Floyd, o Beethoven, depende del contexto.

Y no es popular, sino cultura (en sí) de masas y de muerte construida por el poder dominante, y alienante, ‘beber guaro’ para matar el dolor interno, ver toros sin pensar en el sufrimiento del animal, abandonar la educación básica, o agredir ebrio a la compañera, o hacer ‘bullying’, o llegar tarde a la hora tica en un entorno urbano (con relojes) y no rural, etc.

3) La confusión entre lo «Populista» y lo «Popular», consecuencia de lo anterior. Hay también un abuso clasista y racista del término populista, que además es académicamente incluso polisémico. Basta releer a los ya clásicos autores Chantal Mouffe y a Ernesto Laclau, acerca del tema.

4) La confusión discursiva entre masas (objetivamente alineadas y embrutecidas por la asimetría estructural) y pueblo social y político (Helio Gallardo).

Insisto en llamar a repasar las categorías de «Consciencia en sí» y «Consciencia para sí» elaboradas por el filósofo G. Lukacs en varios artículos de su texto «Historia y Consciencia de Clase», e invito a redefinirlas para América Latina y para la Costa Rica actual.

5) La imposición de un concepto de «democracia» liberal atávico y ligado a la fetichización de las normas jurídicas formales, y al papel reducido de los sectores populares organizados. Son ‘democracias’ que temen a la participación popular en términos reales. Y esto condiciona y limita el debate serio al respecto.

6) Los atavismos de una llamada «izquierda conservadora», resabio estalinista, y que nunca entendió que hay teoría (incluso teoría marxista y otras) suficiente, desde más hace 100 años, sobre los diferentes actores sociales y los viejos nuevos sujetos políticos, y que estos trascienden la típica clase obrera europea y aliada a los campesinos pobres, etc.

7) Si también de este lado hay ignorancia y prejuicio: Es decir, es gente que nunca se enteró de que Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Emma Goldmann, La Kolontai, La Pasionaria, Carmen Lyra, o Eva Perón, o Simone de Beauvoir, Addy Salas, Cristina Fernández de Kirchner, Mónica Baltodano, Winnie Mandela, Angela Davis, Helen Clark de NZ, Katrín Jakobsdóttir de Islandia, Alexandra Ocasio -Cortez, Eva Carazo o Sofía Guillén de Costa Rica, etc., eran y son líderes populares y sociales, eran mujeres luchadoras, y con diferentes agendas y discursos de mujeres para mujeres.

Por último, la satanización, invisibilización y/o vulgarización académica, política y mediática de los aportes científico- sociales del Marxismo, del Neomarxismo, de la Teoría Crítica, de los Feminismos de Izquierda, etc., produce una cultura política sin Economía Política, de lugares comunes, de estereotipos, sin posibilidad de ubicarse en una sociedad de clases, y sin posibilidades de conectar la crítica al Patriarcado con la crítica al Capitalismo y al Imperialismo.

Es el Mundo del ‘Mercado Total’, donde la crítica cultural y política de izquierdas y obviamente el aportes Marxistas, están condenados a una marginalidad permanente o folclórica. Esto nos aleja como sociedad de la Modernidad Política y Cultural.

9) A todo lo anterior, no ayuda la creciente irracionalidad colectiva de las masas, el estímulo del Tanatos colectivo, se la pulsión de muerte (Freud y Marcuse), y su sofisticada instrumentalización política y tecnológica global, de este complejo fenómeno.

Es una ‘Modernidad Incompleta’ al decir de Habermas. Y por mucho, agregamos nosotros. Donde se puede ser un sabio de la informática y los datos y un analfabeta deshumanizado en el resto.

10) Así crece y crece, junto a las redes sociales, – aunque no de forma mecánica-, la desinformación organizada, como una forma de control social nacional e internacional – geopolítico.

Esto se manifiesta en el apoyo electoral al populismo religioso y Neocon, de extrema derecha y Fundamentalista, y cercano a un Neofascismo local.

El victimario aparece como víctima y viceversa, en esta propaganda. Es una típica «inversión axiológica”, al decir del economista, filósofo y teólogo Franz Hinkelammert.

11) La crisis económica objetiva, nacional y global, más bien confunde y polariza creando falsos enemigos, ya sean los migrantes, los homosexuales, los Nicas, los progres, los taxistas, los empleados públicos, las feministas, las «Abortistas», los sindicalistas, los «Boomers», los maestros, las Universidades Públicas y sus «chancletudos», los y las que defendemos la vacunación, etc.

12) Es la guerra simbólica de las singularidades. Todos contra todos… Todo esto sancochado con Pandemia y falsas teorías de la conspiración, y mucha desinformación organizada. Y por lo tanto es el momento de negar todo Universalismo inclusivo ético y político, pero no por un Abstracto, sino por Humanista. El Humanismo incomoda e irrita, incluso en sectores considerados ilustrados.

13) Así la idea de un auténtico Progresismo cae en desgracia. No le ayuda ni la desesperanza colectiva ni polarización social. No hay así, Universal- concreto, ni particulares, ni Utopía, sólo una gran meseta plana (parodiando a Deleuze) y homogénea de «dividuos» sin individualidad, pero con individualismo egoísta y feroz y consumista. Es nuestra Distopía recurrente y común, con severas consecuencias ecológicas y planetarias.

14) Tampoco ayuda el sectarismo de izquierdas (nuevas o viejas), la generalizada baja cultura política y científica, el electoralismo vulgar y el ‘politicismo’, o el desprecio total por el sistema electoral, etc. Es decir, el mal nivel formativo de las direcciones de los movimientos sociales y populares, así como de gran parte de la vieja izquierda política organizada; refugiada ésta última en lo testimonial, cual si fuese un refugio religioso.

15) Es ésta una izquierda que, aunque minoritaria y pequeña, es reaccionaria y antidemocrática. Es estalinista o pos-estalinista.

Y, por lo tanto, objetivamente es contrarrevolucionaria. Pero estorba, y es funcional en su lloradera «Kitsch», al sistema político de las clases dominantes. Así algunos estridentes, tienen garantizado un discreto salario.

16) Esta izquierda minoritaria, elabora sus propios «mitos» (no uso ‘mito’ en un sentido técnico como Mircea Eliade) políticos e ideológicos, muy lejanos al principio social de realidad, y que está llena de fanatismo y con matices cuasi- religiosos. Es autorreferencial, busca consuelo para su herida mortal; no tiene teoría pues tiene dogmas; no tiene estrategia ni táctica, y por lo tanto no innova, ni se adapta, ni sobrevivirá a los intensos cambios culturales inmediatos. Por lo tanto, sataniza al Progresismo (lo vuelve su diabólico rival).

17) El ‘Neoliberalismo Progre’ (Nancy Fraser), a su vez, utiliza a la ‘vieja izquierda’ sectaria, como referente simbólico para denostar al Progresismo verdadero y a la Izquierda democrática, al Feminismo clasista, y al Ecologismo Social, al Sindicalismo patriótico y clasista, etc., y disimular sus propias faltas y fracasos en materia de Economía Política y justicia social. Vale la pena rescatar esa diferencia coloquial y popular entre el auténtico Progresismo y lo «Progre».

18) Por otra parte, reducir la corriente de pensamiento político identificada como PROGRESISMO, sólo a la exclusiva defensa de los Derechos Humanos de la comunidad LGTBIQ y a la justa lucha de los Feminismos, es, – como todo reduccionismo, un gravísimo error político. Ignorar su urgencia y relevancia, obviamente es un error mayor.

19) En un país donde creció la desigualdad social, la pobreza y el desempleo, con una gran crisis de legitimidad democrática, con gran falta de oportunidades, con crisis fiscal, con graves amenazas a la seguridad ciudadana, con crisis en la Educación Pública, con amenazas a las Universidades Públicas, con un fanatismo religioso creciente, con violencia de género todos los días, con brecha tecnológica entre los y las estudiantes más pobres, sin gran cultura política ni formación ciudadana, rodeados de amenaza Geopolíticas, con un Mercado interno debilitado, con modelos económicos exógenos, y sin Soberanía Nacional. Es una muy mala estrategia política cuando menos, aislarse y no dimensionar la Economía Política.

20) Eso último, tampoco ayuda a rescatar al “Progresismo” como corriente política popular, ni a sacarla de ese elitismo «clasemediero» ilustrado.

Y eso no es una tarea heroica de algunos cuantos, sino una ardua praxis colectiva de educación política y popular.

Pero es claro, que todo eso será un proceso colectivo, o no será.

21) Concluyo señalando que más acá o allá de los estereotipos ideológicos, y de las falsas discusiones académicas o academicistas, y de los falsos «Clivajes» políticos introducidos, y de todo tipo de distracciones, esta discusión sobre el Progresismo debe retomarse sin prejuicios.

Nos urge para mejor construir, las necesarias alianzas sociales y políticas, que nos permitan salir de esta profunda crisis integral como sociedad, agudizada por la Pandemia y por la creciente desigualdad social y económica.

Desafíos de Colombia, para derrotar el neoliberalismo

Lic. José A. Amesty R.

3-junio-2021

Sin duda alguna, hay por lo menos tres retos, para ese movimiento amplio, emancipador, contestatario y de resistencia ahora, que se ha venido gestando en los pueblos y calles de Colombia, que es vencer al Neoliberalismo y sus políticas internas en el país; que les ha hecho daño a todos los sectores de la sociedad colombiana: empresarios del campo, pequeños productores campesinos, la clase media, estudiantes, sectores proletarios urbanos, mujeres, y muchos otros, y que se reflejan en el cumulo de medidas fiscales que recargan los impuestos y que han afectado al pueblo por décadas.

Se está dando, en estas manifestaciones, como lo señala el escritor Santiago Alarcón, el encuentro de dos elementos: el objetivo-económico y el subjetivo-ético. Lo que hay es un deslinde con los representantes políticos tradicionales y sus difusores ideológicos (la población colombiana también le está pasando factura a los medios de comunicación y a ciertos artistas por su tibieza e indiferencia con el país). Incluso amplios sectores de las clases medias, que por tanto tiempo se movieron en favor de las ideas del uribismo, han virado hacia su impugnación.

A su vez, se está dando la irrupción de la subalternidad, que es el conjunto heterogéneo de grupos y clases sociales que amplía la denominación clásica de proletariado o asalariado aludiendo a esos actores que, sin estar necesariamente ligados a una organización política, en determinado momento se rebelan contra un régimen, cosa que en la visión gramsciana constituye “un hecho de inestimable valor”. Jóvenes, estudiantes, asalariados, campesinos, indígenas, camioneros, taxistas, agrupaciones de mujeres, disidencias sexuales, entre otros. Todos actores subalternos haciéndose presentes en las calles expresando su descontento.

  1. El primer desafío que planteamos se da en la coyuntura actual, producto del paquete de medidas fiscales propuestas por el gobierno nacional, y que ha permitido un amplio movimiento de rechazo en las calles, ahora, ¿cómo mantener la llama viva del pueblo colombiano en resistencia, hasta las elecciones del próximo año, y las formas de lucha a desarrollar?, que tienen que ser pacíficas, de grandes movilizaciones, multitudinarias, alegres y que se puedan mantener en el tiempo, para ir acumulando fuerzas de todo el amplio espectro de la sociedad colombiana, que en este momento está en la salida de Iván Duque, pero que en lo inmediato, tiene que ir como se está conduciendo, de la mano de la calle y las negociaciones con el gobierno. Gobierno intransigente que no quiere negociar, pero que está jugando al desgaste.

Porque llega un momento en que estos levantamientos, cuando llegan a fases insurreccionales, como la actual, de la resistencia al equilibrio de fuerzas y luego al contraataque, tienen que ser rápidas, entonces cómo hacer, y la dirigencia se está montando ya en eso, para llevar la negociación y que, al mismo tiempo, a lo interno de esa diversidad del movimiento, entiendan las particularidades regionales de Colombia, y fundamentalmente la vanguardia que ahora es Cali.

En síntesis, hay que movilizar al pueblo, no enfriar la calle, con múltiples formas de congregación, para mantener a la gente en la calle.

Para reforzar lo anterior, nos basamos en lo que Gramsci llama Crisis Orgánica: en primer lugar, el fracaso de la clase dirigente en una empresa política que se puede ejemplificar con la fallida reforma tributaria, en donde nutridas movilizaciones le demostraron al uribismo su error garrafal y de donde obtuvo un firme rechazo, casi como estocada final de su decadencia.

En segundo lugar, asistimos a la iniciativa popular de masas: del paso de la pasividad política a cierto activismo social que, de forma espontánea y popular, contagia a la mayor parte de la población. Estos dos componentes se compaginan para dar forma a la realidad colombiana de hoy: tanto el revés político de la clase dirigente como una politización espontánea de las masas que promueven una escisión con la clase que ostentaba la dirección política y cultural.

  1. El segundo desafío es, cómo la conducción de izquierda, el pacto histórico de Gustavo Petro, pueda articular un mínimo plan de lucha, venciendo el “fantasma eterno”, que ha perseguido a la izquierda partidista, que es el sectarismo y los revanchismos de peleas históricas estériles, entonces, cómo lograr una plataforma unida y unitaria de lucha, llevando la candidatura de Petro al triunfo y avanzar aún más toda la izquierda.
  2. Y como tercer reto, cómo avanzamos desde esta propuesta de izquierda, y como se van tejiendo los mecanismos para poder negociar con el otro amplio espectro de los movimientos y organizaciones políticas, que van desde la derecha, el centro, la izquierda reformista, que trascienda el proyecto de Colombia Humana, convirtiéndose en un gran movimiento de masas, que se exprese en lo electoral con la candidatura de Petro, para lo cual se necesitan hacer alianzas regionales.

Escollo arduo y dificultoso, ya que hay que convencer y unir a esos sectores, para poder lograr los curules en el Congreso y gobernar con mayoría en el Congreso Nacional. Y lastimosa e irremediablemente, hacer pactos, incluyendo, con los sectores tradicionales del liberalismo y conservadurismo, que están ahora en contra del uribismo, mas no se sabe si del neoliberalismo. Lo que permitirá que Petro gobierne con las manos libres.

En fin, la izquierda colombiana debe buscar la consolidación de una alternativa revolucionaria, que no descanse en una sola persona, que irremediablemente ahora es Petro.

Enfatizamos nuevamente, como lo hicimos en el artículo anterior, “Breves Notas Estratégicas, ante la Matanza y la Barbarie en Colombia”, que no tenemos todos los elementos de la realidad en Colombia, y a lo interno, por lo que nos aventuramos a plantear estos desafíos, posiblemente erróneos, con la única finalidad de aportar a esta conflictividad social.

Sabemos que ya hay sectores dentro de los dirigentes del Paro Nacional, que están diciendo que deben parar, y otros sectores que no, que siga la resistencia, y otros que dicen “Duque Vete Ya”, entonces es muy complejo opinar al respecto.

Las protestas, por nutridas que sean, en determinado momento llegan a un punto de agotamiento. Lo mismo sucede con el ánimo de lucha de las personas cuando no se construyen formas organizativas que canalicen por la positiva sus demandas. Así, los momentos de efervescencia social terminan frustrados.

Al final, lo sabio es dejar que sea el mismo pueblo, sus dirigentes y su discusión al interior del movimiento, lleguen a acuerdos en función de los tres desafíos, y otros, apuntados arriba, que se prefiguran en el horizonte colombiano.

 

Imagen: https://www.forosocialpanamazonico.com