CIDH analizará situación de derechos humanos en el contexto de impunidad en Nicaragua y la necesidad de adoptar mecanismos extraordinarios de verificación y rendición de cuentas.
Este lunes 14 de marzo, a las 9:00 am (hora de Guatemala), 11:00 am hora de Washington DC, tendrá lugar una Audiencia Pública en la cual las organizaciones solicitantes expondrán la grave situación de derechos humanos que impera en Nicaragua en un contexto de impunidad.
Durante la audiencia se presentará información actualizada sobre los siguientes temas:
Graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018 y la impunidad en la que éstas permanecen.
Restricciones al derecho de las personas a votar y ser votadas que impide el ejercicio de la democracia y la ausencia de mecanismos para acceder a la justicia electoral.
Cooptación del sistema de administración de justicia.
Medidas legislativas que promueven la impunidad e impiden el escrutinio público. Necesidad de la adopción de mecanismos extraordinarios internacionales de verificación y rendición de cuentas.
En la audiencia participarán las organizaciones peticionarias Centro de Derechos Civiles y Políticos (CCPR), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y Urnas Abiertas. El Estado está llamado a comparecer, sin embargo, no hay seguridad de que asista.
La Audiencia se celebrará de manera virtual y podrá seguirse en directo, en idioma español, en las redes sociales de la CIDH.
Invitamos a seguirla y a acompañar a las organizaciones utilizando las etiquetas #NicaraguaEnImpunidad, #SOSNicaragua y #MecanismoParaNicaragua
El próximo jueves 10 de marzo a las 11:00 hora Nicaragua, 18:00 hora Europa, 12: 00 hora USA, se realizará una tribuna internacional feminista por la libertad de las presas políticas en Nicaragua. Se contará con la participación de familiares de presas políticas y destacadas voces de la solidaridad feminista:
Zoilamérica Ortega Murillo
Alda Facio
Eva Zetterberg
Rosella Simone
Mary Ellsberg
Margaret Randall
La transmisión se realizará vía Facebook y en el canal de YouTube en La Lupa-Periodismo Feminista y en Agenda Propia.
Organizaciones de la sociedad civil publicaron una evaluación que detalla la inacción deliberada del Estado de Nicaragua, que no ha detenido ni reparado las graves violaciones de los derechos humanos que acontecen en el país, tal y como se le insta en la resolución 46/2 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH).
El Colectivo 46/2, una coalición de ONG internacionales y nicaragüenses que lleva el nombre de la resolución adoptada por el CDH en marzo de 2021 para abordar la crisis de derechos en Nicaragua, elaboró una evaluación de tres capítulos sobre el nivel del cumplimiento de la resolución 46/2 por parte del Estado. La evaluación concluyó que, desde abril de 2021, el Estado no ha dado ningún paso para cumplir con las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos, al contrario, ha tomado medidas en la dirección opuesta.
«Todos los organismos de derechos humanos interamericanos y de la ONU son inequívocos: las autoridades no sólo han suprimido las libertades fundamentales y desmantelado el Estado de Derecho. También han seguido desmantelando los derechos socioeconómicos, intensificando el riesgo de personas defensoras de derechos humanos, especialmente mujeres, provocando desplazamientos masivos y alentando más violencia y la discriminación contra los pueblos indígenas y afrodescendientes.» señaló Claudia Paz y Paz, directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL.
«El continuo desprecio del Estado por el diálogo con la ONU se ha evidenciado en la negativa a responder las preguntas de un comité de expertos sobre derechos socioeconómicos e ignorando las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a lo largo de los últimos tres años» – dijo Mariel Merayo, Coordinadora para Latinoamérica del Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR-Center).
Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos deben revisar la resolución 46/2 en marzo. En vista de que Nicaragua sigue incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, los miembros del Consejo deben tomar medidas firmes para romper el ciclo de impunidad y sentar las bases para la futura rendición de cuentas: es hora de que el Consejo establezca un mecanismo internacional que investigue las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, identifique a los autores y preserve las pruebas, todo ello con una perspectiva de género e interseccional.
«Ortega ha dejado claro que no tiene intención de revertir el rumbo. Sin embargo, los autores de graves violaciones de derechos humanos no pueden esconderse para siempre: la ONU debe sembrar las semillas para la futura rendición de cuentas, tanto en Nicaragua como en cualquier lugar del mundo a través de otros mecanismos internacionales de acceso a la justicia” – declaró Juan Carlos Arce, miembro del consejo de coordinación y coordinador de fortalecimiento organizativo del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
«El Estado de Nicaragua ha tenido amplias oportunidades para comprometerse de buena fe con la comunidad internacional: rechazó todas y cada una de ellas. En lugar de ello, los dirigentes nicaragüenses han preferido redoblar la represión de los derechos humanos y silenciar cualquier forma de disidencia», declaró Raphael Viana, responsable de programas del Servicio Internacional para los Derechos Humanos. «La comunidad internacional debe establecer un mecanismo que garantice la recopilación de pruebas para que se restablezca la justicia y el Estado de derecho en Nicaragua».
Esta es la tercera evaluación publicada por el Colectivo 46/2, que analiza el período octubre-diciembre de 2021, incluyendo el proceso electoral de noviembre. Las dos evaluaciones anteriores se publicaron en agosto y noviembre de 2021. Estos tres informes se basan en una amplia documentación del monitoreo realizado por el sistema de la ONU y del sistema interamericano, para examinar el cumplimiento de Nicaragua de las 14 recomendaciones formuladas en la resolución de la ONU de marzo de 2021, incluidas las relativas a las detenciones arbitrarias, la reducción del espacio de la sociedad civil, la violencia sexual y de género, y los derechos de los pueblos indígenas.
En ningún momento las autoridades nicaragüenses han dado pasos serios, ni han demostrado voluntad, para abordar alguno de los puntos mencionados. Por lo tanto, el Colectivo 46/2 seguirá haciendo campaña para que se tomen medidas más estrictas sobre el Estado nicaragüense en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos.
El Colectivo 46/2 es una coalición de 21 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que monitorea la implementación por parte del gobierno nicaragüense de las 14 recomendaciones dirigidas a él en la resolución 46/2 adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2021. El Colectivo ha investigado, documentado e informando periódicamente a la comunidad internacional sobre la falta de acciones del Gobierno de Nicaragua para atender sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y las preocupaciones de la comunidad internacional en esta materia. El Colectivo pide a la ONU que designe un grupo de expertos internacionales para investigar la crisis de derechos humanos que se vive en el país desde abril de 2018. Por razones de seguridad no se pueden proveer los nombres de todas las organizaciones miembros del Colectivo. Más información:https://www.mecanismoparanicaragua.org/
Las organizaciones que integran la Red Centroamericana en Solidaridad con las Trabajadoras de la Maquila (REDCAM), consorcios, sindicatos y organizaciones no gubernamentales centroamericanas y europeas, condenamos la violencia institucional del Gobierno de Nicaragua contra el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra (MEC) y otras cinco organizaciones no gubernamentales, a las que el gobierno nicaragüense, a través, de la Asamblea Nacional, canceló su personalidad jurídica este 15 de febrero de 2022, entre ellas: Fundación Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez Blanca Arauz (Fundemuni), Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Centro Nicaragüense para la Promoción de la Juventud y la Infancia y la Fundación Iberoamericana de las Culturas (Fibras).
La cancelación es parte de un largo proceso de persecución, que ha incluido allanamientos, capturas y otras vulneraciones a los derechos humanos del personal y dirigentes del Movimiento María Elena Cuadra, así como a más de 90 organizaciones no gubernamentales, universidades y periodistas, ya que se han aprobado leyes atentatorias del derecho a la asociación, libertad de expresión y defensa de los derechos humanos, como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Amparados en esta ley, se atribuyen afirmaciones falsas al MEC y se violó su derecho al debido proceso, ya que las autoridades se negaron a recibir la documentación que demostraba el cumplimiento de la ley, por parte de esta organización feminista con más de 28 años de trayectoria en la defensa de los derechos de las trabajadoras y las mujeres más pobres del país.
Demandamos al Gobierno de Nicaragua y al Presidente de la República Daniel Ortega, cesar la persecución contra el personal del MEC y cualquier vulneración de sus derechos humanos. Reiteramos que el gobierno nicaragüense es suscriptor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, que contienen una serie de principios y derechos elementales derivadas de instrumentos nacionales e internacionales que protegen a las personas defensoras de derechos humanos.
La cancelación y persecución de las organizaciones no gubernamentales demuestran la gravedad del accionar represivo del gobierno contra los derechos de las mujeres y la ciudadanía nicaragüense, a expresarse con libertad, a ejercer su derecho al trabajo, derecho al debido proceso, a organizarse, a defender sus derechos y vivir dignamente. Es una muestra más de que la vida en Nicaragua es insostenible, ante lo cual la comunidad internacional no puede quedarse apática ya que estas medidas violan derechos elementales reconocidos desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por mencionar algunos:
Artículo 3:
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; Artículo 6. “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”.
Artículo 8:
“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 10:
“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Demandamos al Estado de Nicaragua la restitución de los derechos violentados, expresamos nuestra solidaridad y solicitamos el apoyo de instancias internacionales, a pronunciarse y demandar el cese inmediato de los reiterados atropellos y vulneraciones a los derechos humanos de las dirigentes y personal del Movimiento María Elena Cuadra y de las organizaciones no gubernamentales canceladas por el gobierno nicaragüense, en los últimos meses.
Las estructuras del Estado constituidas dentro del sistema capitalista, después de transitar del sistema feudal, lógicamente obedecen a intereses de acumulación de capitales en pocos manos, extraídos mediante procedimientos y mecanismos propios. El neoliberalismo fue la última etapa conocida de lo que algunos analistas llamaron “capitalismo salvaje”, propio de la privatización de todos los servicios y bienes del estado sin importar sus consecuencias para las mayorías. Algunos analistas piensan que estamos pasando de este periodo neoliberal a uno dominado por un gobierno único en el mundo, o gobierno global fortalecido por corporaciones multimillonarias globalistas. Dentro de las discusiones al respecto se incluye el paso de un poder unipolar al multipolar de la geopolítica mundial.
En Centroamérica y en cada uno de sus seis países miembros, se discute más el poder local, soslayando muchas veces las vinculaciones con el exterior y no digamos las grandes riñas por el poder hegemónico mundial. Así que los efectos climatológicos, económicos y políticos generales vinculados con lo global se obvian cuando nos enfrascamos en las discusiones por el poder local.
Desde noviembre del año 2021, en Honduras, las disputas políticas son cotidianas y en algunos momentos muy candentes y emotivas. Aunque por ratos, también lo ha sido en otros países donde ejercieron procesos electorales recientes, como Costa Rica, después de cumplir con el ritual periódico electoral reciente, ahora por ejercer la segunda vuelta. En donde las elecciones políticas también sucedieron como si no hubiese ocurrido nada, fue en Nicaragua, con la tercera confirmación en el poder del mismo gobernante, José Daniel Ortega.
Como sabemos, las elecciones en Honduras tuvieron un impacto muy importante, puesto que la ciudadanía decidió dar un triunfo contundente a la oposición, después de 12 años en que el Partido Nacional se dedicó a desmantelar cualquier indicio de democracia participativa al país.
Ahora, las mayorías empobrecidas están iniciando un proceso de rescate, de reconstrucción y cimentación de una plataforma sobre la cual se levante una democracia socialista y participativa.
Cuando se le dio el golpe de Estado al Expresidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio de 2009, se había apenas iniciado la construcción del “poder ciudadano”. Se tenían organizadas cuatro regiones en mancomunidades equipadas con presupuestos, equipos profesionales multidisciplinarios, mesas ciudadanas de desarrollo donde se gestionaban los planes de desarrollo regional y se implementaban los proyectos gestionados por la misma ciudadanía de base. Más de la mitad de los 298 municipios del país tenían funcionando las Comisiones Ciudadanas de Transparencia y se impulsaba una gestión municipal con un alto grado de autonomía. Esto no solamente se detuvo por el gobierno golpista, pero se dilapidaron todos los recursos que vivían la experiencia de descentralización nacional del poder ciudadano. El ministro golpista de gobernación que asaltó el mando en junio expresó a los directores de área, que “nada de lo que se tenía planificado hacer tenía valor alguno, sino lo que pudiera hacerse en los próximos tres meses de su gestión”. En esos tres meses se desaparecieron los vehículos, equipos de oficina, presupuestos y todo lo que tenía valor alguno en las oficinas regionales de Talanga, Intibucá, La Entrada y El Paraíso.
Ahora, con el nuevo gobierno encabezado por doña Xiomara Castro, se está impulsando nuevamente esa experiencia con el nombre de Poder Popular. Desde luego, hay doce años de intervalo y destrucción de algo que apenas estaba gestándose y ya tenía vida, pero con la fragilidad de una criatura humana con seis u ocho meses de vida. Quienes estuvimos involucrados directamente hemos dejado los espacios a quienes ahora son personas acabadas de concluir su adolescencia, algunas con un grado de soberbia que no les permite aprender del pasado, pero muchos otros entusiasmados por construir aprendiendo.
Ahora, el Ejecutivo acaba de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para establecer el Sistema Nacional de Poder Popular. Desde luego que para muchos esto será algo que se tendrá que estudiar, discutir y consensuar, además de ver cuánto se adecúa a los marcos legales vigentes. Pero lo más importante es establecer una estrategia organizativa para evitar los obstáculos y abusos de algo tan importante para el futuro nacional y seguramente enfrentará. Sabemos que el Decreto es clave, pero no asegura la existencia del poder popular o ciudadano si no es comprendiendo, discutiéndolo y organizando con las bases sociales. No solamente con las directivas gremiales actuales y autoridades municipales, las que no dejan de tener dentro de sí los flagelos heredados de la administración nacionalista, pero por el caciquismo, caudillismo, machismo y patriarcado cultural que dejaron las épocas pasadas.
Recientemente le consultamos a una lideresa regional en el departamento de Colón “¿Qué haremos cuando tengamos algo que está contra los intereses de las mayorías desde este gobierno? Si lo expresamos, los que rinden reverencia a doña Xiomara 24/7 nos acusarán de “traidores a la patria” Su respuesta fue: “…es preocupante, se ha perdido la objetividad, imparcialidad, libertad de pensamiento, …la crítica debe continuar, las disidencias también, es más grande el interés colectivo que el partido, que Mel y Xiomara… Hay que enfrentar sin miedo a defensa de los principios y derechos colectivos. “
Sí existe este grado de conciencia crítica en líderes regionales, seguramente un proyecto del Poder Popular, no tendría mayores riesgos sí el liderazgo social mantiene esa conciencia crítica, tampoco habrá que temer por el poder del Ejecutivo en manos de una mujer fuerte que ha prometido ser democrática y fortalecer la participación ciudadana. Lo peoría que estuviésemos siguiendo modelos de otros países y sociedades sin apropiarse de este sistema participativo que venga a fortalecer nuestra democracia. Un poder popular no puede ser un poder centralizado en una persona ni en una familia, tampoco en un reducido grupo de autócratas. Desde luego, hay que creer que el proyecto enviado por la Presidente Xiomara Castro al CN, busca un verdadero poder democrático de las grandes mayorías ahora empobrecidas.
Esta etapa es esencial desarrollarla con cuidado y eficacia para que no exista posibilidades de otro golpe de Estado, aunque existiendo una embajada de ese país amigo, dicen algunos analistas que el riesgo siempre está latente.
El General de Brigada en retiro Hugo Torres falleció en la cárcel nicaragüense conocida como El Chipote. Su muerte se da después de enfermar gravemente y sin que nadie lo pudiera ver ni hablar con él.
Compartimos su último mensaje emitido antes de ser detenido.
Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PCIN, ratifica su compromiso con la Libertad de Expresión, la Libertad de Prensa y el Derecho a la Comunicación y recuerda cada día el legado del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, mártir de las libertades públicas, asesinado hace 44 años. Toda autoridad debe saber que las ideas no se matan, no se encierran en la cárcel, ni se exilian, pues mantienen vigencia más allá de los límites naturales del tiempo y la distancia, transformándose cada instante en una demanda permanente de cualquier sociedad.
44 años más tarde, la demanda de justicia se mantiene en vigencia, sumada a la demanda de libertad a favor de quienes se encuentran privados y privadas de su libertad por pensar diferente. La prensa independiente es fundamental para la construcción de la nación republicana soñada por Pedro Joaquín, con instituciones basadas en el respeto a los Derechos Humanos y al servicio de la ciudadanía.
Desde PCIN, hemos denunciado las agresiones y delitos cometidos contra hombres y mujeres de Prensa en Nicaragua, seguiremos haciéndolo. Instamos a la prensa independiente a seguir firmes en nuestro quehacer de llevar información veraz y objetiva a la ciudadanía nicaragüense dentro y fuera del país.
¡La democracia no puede concebirse sin Libertad! 10 de enero de 2022 Periodistas Y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PCIN.
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
El pasado 10 de diciembre del 2021, de fomar conjunta Nicaragua y la República Popular de China anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas.
En Centroamérica, después de Costa Rica (1ero de junio del 2007), Panamá (13 de junio del 2017) y El Salvador (21 de agosto del 2018), Nicaragua vuelve como Estado a reconocer a China Popular como «el único Gobierno legítimo que representa a toda China, y Taiwan forma parte inalienable del territorio chino» (Nota 1). Por su parte Taiwán reaccionó inmediatamente precisando en un comunicado oficial que «The government of the Republic of China (Taiwan) expresses extreme regret that the government of the Republic of Nicaragua on December 10 announced its acceptance of the “one China principle,” unilaterally terminated diplomatic relations with Taiwan, and established diplomatic ties with the People’s Republic of China» (Nota 2).
El mismo 10 de diciembre los jefes de la diplomacia de ambos Estados sostuvieron una reunión virtual ampliamente divulgada (véase comunicado oficial colgado desde la embajada de China Popular en Costa Rica).
Foto de encuentro virtual celebrado entre China y Nicaragua el pasado 10 de diciembre a nivel de Ministros de Relaciones Exteriores, extraída de este comunicado oficial de prensa de China Popular.
Una repetición de lo hecho por Nicaragua en los años 80
Es de notar que Nicaragua ya había procedido en los años ochentas a cesar sur relaciones con Taiwán y a reconocer a la República Popular de China (acaecido el 7 de diciembre de 1985). Este reconocimiento fue posiblemente es el de más corta duración registrado por la diplomacia de China Popular en la historia: en efecto, a raiz del resultado de las elecciones en 1990, Nicaragua optó por revalidar sus relaciones oficiales con Taiwán, provocando la ruptura de sus relaciones oficiales con China Popular (véase nota de prensa de El Pais en España del 7/11/1990 titulada «China rompe con Nicaragua«).
En el hemisferio americano, Santa Lucía también procedió de manera similar, al optar, después de 10 años reconociendo a China Popular, a reestablecer sus lazos con Taiwán en el 2007 y cesar sus relaciones con China Popular (véase nota de prensa del NYTimes del 2/05/2007).
Cabe precisar que desde el punto de vista del derecho internacional público, el establecimiento de relaciones diplomáticas de un Estado con otro Estado constituye una decisión soberana, que cada Estado puede adoptar o revisar en función de criterios de oportunidad política. La diplomacia china y la diplomacia taiwanesa no admiten que un Estado que tenga relaciones oficiales con China Popular o con Taiwán pueda mantener algún canal oficial con el otro, al luchar ambos por ser reconocidos como los legítimos y exclusivos representantes del pueblo chino.
La sombra de Nicaragua en el reconocimiento de Costa Rica
Cabe también recordar que cuando en el 2007 Costa Rica optó por reconocer a China Popular y cesar sus relaciones con Taiwán, en este cable confidencial hecho público por Wikileaks, se lee que Costa Rica se adelantó a reconocer a China por temores a que Nicaragua se adelantara en la región centroamericana en hacerlo:
«On the Costa Rican side, Stagno,s Chief of Staff, Antonio Alarcon, was dispatched to Beijing to oversee the embassy opening there (although we understand he will not remain as ambassador). A confident-sounding Stagno told Ambassador Langdale on June 11 that the Arias administration expected the controversy about the sudden switch in relations to die down in a few weeks. «The decision has been made,» he stressed. Stagno asserted that the recognition timing was partly driven by regional dynamics. The GOCR was under the impression that other Central American countries, including Nicaragua, were considering recognizing China. Costa Rica did not want to be in the position of «following Nicaragua» on this issue. This was «not just about trade,» According to Stagno «.
En ese mismo cable confidencial de la Embajada de Estados Unidos en San José, se indica que ni el Ministro de Seguridad de la época, Fernando Berrocal, ni el Director de Migración, Mario Zamora, fueron advertidos del gesto de Costa Rica hacia China:
«12. (C) The GOCR was clearly not prepared to face the practical consequences of its political decision to embrace China. Like Minister of Public Security Fernando Berrocal (Ref A), Zamora was kept in the dark, despite his key portfolio«.
En un libro escrito por el entonces jefe de la diplomacia costarricense durante el período (2006-2010), Bruno Stagno Ugarte, publicado en el 2013, se lee que desde el mes de mayo del 2006, la administración del Presidente Oscar Arias Sánchez tenía como prioridad adelantarse a Nicaragua así como a Panamá en el reconocimiento de China Popular: ser los primeros y de no serlo, que China Popular no contara con Costa Rica (Nota 3).
La ausencia de represalias por parte de Taiwan contra estudiantes nicaragüenses
Es de notar que esta vez (2021) las autoridades de Taiwan han indicado que los estudiantes oriundos de Nicaragua en Taiwan no sufrirán ninguna represalia (véase nota de prensa titulada «Taiwan schools to help Nicaraguan students continue studies after diplomatic split«). Ello a diferencia de la solución encontrada por Panamá con China Popular para poder hacer beneficiar a estudiantes panameños becados por Taiwan, permitiéndoles continuar sus estudios y cubrir los gastos de formación en universidades chinas de China Popular. En este comunicado oficial de la diplomacia de Panamá del 15/06/2017, se lee que:
«Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores reitera que como parte de establecimiento de relaciones diplomáticas, la República Popular China está en la disposición de recibir a todos los estudiantes panameños actualmente becados por Taiwán, ofreciéndoles la financiación según el estándar de la beca completa del Gobierno chino, reconociéndoles las materias ya cursadas en las universidades de Taiwán. Los panameños becados por Taiwán y no hayan iniciado aun los estudios, se beneficiarán con esta modalidad acordada».
La falta de angustia de varias familias panameñas en el 2017 recuerda la apremiante situación que se presentó en junio del 2007 con un centenar de estudiantes costarricenses becados en Taipei, los cuales debieron en algunos casos sufragar ellos mismos su regreso a Costa Rica al no contar con ningun apoyo de sus autoridades. En el caso de varios de ellos, les faltaba un mes para concluir sus estudios cuando se les notificó de la suspensión inmediata de su beca por parte de las autoridades universitarias taiwanesas (Nota 4).
A modo de conclusión
Con este nuevo reconocimiento por parte de Nicaragua, China Popular amplía su presencia en el istmo centroamericano, quedando únicamente Belice, Guatemala y Honduras como Estados que aún permanecen oficialmente ligados oficialmente a Taiwán.
En el resto de América Latina, las autoridades de Taipei pueden aún contar con la solidaridad de Haití y de Paraguay, así como de San Kitts y Nevis, Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas.
Por su parte, esta normalización de la relaciones con China Popular por parte de Nicaragua interviene unas pocas semanas después de haber Nicaragua denunciado la Carta de la Organización de Estados Amercianos (OEA), que tuvimos la oportunidad de analizar (véase nuestra breve nota titulada «La denuncia por parte de Nicaragua de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA): breves apuntes»). También merece mención el hecho que una semana antes del 10 de diciembre, se celebrara la Cumbre China-CELAC (véase declaración final).
Esta nueva etapa abre la puerta para un significativo apoyo de China Popular en materia de infraestructura y de inversiones de muy diversa índole en Nicaragua y ofrece a China la posibilidad de incitar en un futuro cercano a Guatemala y a Honduras a reconocerla oficialmente.
— Notas —
Nota 1: El comunicado de prensa conjunto de China Popular y de Nicaragua (véase enlace oficial colgado desde la embajada de China en Costa Rica) se lee de la siguiente manera:
«A la luz de los intereses y el deseo de ambos pueblos, la República Popular China y la República de Nicaragua deciden otorgarse, a partir de la fecha de suscripción del comunicado, el reconocimiento mutuo y restablecer relaciones diplomáticas a nivel de Embajadores.
Los dos Gobiernos convienen en desarrollar los lazos amistosos entre ambos países sobre la base de los principios de respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, no agresión, no intervención de uno en los asuntos internos de otro, igualdad y beneficio recíproco y coexistencia pacífica.
El Gobierno de la República de Nicaragua reconoce que existe una sola China en el mundo, el Gobierno de la República Popular China es el único Gobierno legítimo que representa a toda China, y Taiwan forma parte inalienable del territorio chino. El Gobierno de la República de Nicaragua rompe hoy mismo sus “relaciones diplomáticas” con Taiwan y se compromete a no volver a tener ninguna relación o contacto de carácter oficial con Taiwan. El Gobierno de la República Popular China expresa su aprecio a la posición arriba mencionada del Gobierno de la República de Nicaragua.
El Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la República de Nicaragua acuerdan, a tenor de las estipulaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la práctica internacional, el envío pronto y mutuo de Embajadores y brindar, a base de reciprocidad, toda la ayuda necesaria para la instalación en sus respectivas capitales de la Embajada de la otra Parte así como el desempeño de sus funciones.
Con la autorización de sus respectivos Gobiernos, los representantes de ambas Partes firman el comunicado en la Ciudad de Tianjin, a los 10 días del mes de diciembre de 2021, en dos ejemplares en los idiomas chino y español, siendo ambos textos igualmente auténticos«.
Nota 2: En el comunicado oficial de Taiwan (véase enlace oficial) se lee que: «The government of the Republic of China (Taiwan) expresses extreme regret that the government of the Republic of Nicaragua on December 10 announced its acceptance of the “one China principle,” unilaterally terminated diplomatic relations with Taiwan, and established diplomatic ties with the People’s Republic of China. The Taiwan government also strongly condemns the Chinese government for again coercing a diplomatic ally to sever relations with Taiwan and for suppressing Taiwan’s diplomatic space.The so-called “one-China principle” publicly advocated by the Chinese government runs contrary to the facts and has been rejected by the Taiwanese people. The Ministry of Foreign Affairs reiterates that Taiwan is not a part of the People’s Republic of China, and that the PRC has never governed Taiwan. The Taiwanese people will not bow to pressure from China. Instead, we will staunchly defend the status quo, in which the R.O.C. and the PRC are not subordinate to each other, and safeguard our free and democratic way of life.
Taiwan’s accomplishments in freedom and democracy have won worldwide acclaim. Our government will firmly uphold national sovereignty and dignity, defend freedom and democracy, and work with the international democratic community to counter the expansion of authoritarianism. Taiwan will continue to proactively cooperate with like-minded nations to contribute to the world and serve as a force for good«.
Nota 3: Se lee, con relación a un viaje a México realizado en mayo del 2006 por el entonces canciller costarricense que: «Viajé a México convencido que Costa Rica estaba quedando relegada en la región al no haber iniciado con antelación un verdadero diálogo con la República Popular de China. Durante la cena con Li, me percaté que casi todos mis homólogos, con diferente intensidad y velocidad, ya habían sostenido conversaciones con Beijing tendientes a la normalización de relaciones diplomáticas. Teníamos un atraso considerable y tendríamos que accelerar el paso para alcanzar a nuestros vecinos. Como habíamos comentado con el Presidente Arias, el primer país de Centroamérica en establecer relaciones bilaterales con la República Popular de China tendría mejores y mayores posibilidades de cerrar un trato preferencial. Teníamos muy presente que Panamá, gracias al Canal y a las inversiones y necesidades de la República Popular de China relacionadas con este punto neurálgico del comercio mundial, tenía a su favor una carta que no podíamos igualar. Pero nos preocupaba que, de darse una victoria del Frente Sandinista en las próximas elecciones presidenciales en Nicaragua, Daniel Ortega se precipitara a reconocer a Beijing, en línea con lo que había sucedido en 1985 durante su primer gobierno. Finalmente, tenía my presente, dado que nos teníamos mucha confianza, que el Embajador, Representante Permanente de Guatemala ante Naciones Unidas, Gert Rosenthal, estaba activamente promoviendo el establecimiento de relaciones con la República Popular de China«. Véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados: la administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica 2006-2010, Heredia, Edidorial Universidad Nacional (EUNA), 2013, p. 92. Unas líneas después, se indica por parte de Bruno Stagno que: «Al concluir la cena, en el momento de las despedidas, aproveché para darle un último mensaje, en francés evidentemente, a Li: «o somos los primeros o no cuenten con nosotros» (p. 93).
Nota 4: Se ha intentado consultar algún artículo o trabajo de investigación público que recoja los diversos testimonios de estos estudiantes costarricenses y los de sus familias, que bien podría llevar el título “Atrapados en Taipei“, sin mayor éxito a la fecha. Agradecemos desde ya a nuestros estimables lectores hacernos llegar información al respecto en caso de existir (al correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com). En caso de no existir, se trata de una interesante veta a explorar para investigadores, que debería incluir la perspectiva jurídica y los arreglos a los que se procedió en el 2007 en Costa Rica: desconocer del día a la mañana a un Estado su calidad de Estado no es lo común para los servicios jurídicos de un aparato diplomático.
El presente texto fue elaborado por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Publicado por Curso de Derecho Internacional. Costa Rica. Compartido con SURCOS por el autor.
Frente al contexto lamentable que vive Nicaragua, con un incremento de presas y presos políticos, hemos elaborado una solicitud expresa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga y se proteja la vida de las personas nicaragüenses. En el siguiente formulario encontrará la carta, le invitamos a leerla y adherirse como persona individual o como organización. Compartimos el documento:
Solicitud urgente
10 de diciembre del 2021
Señores y señoras
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington D.C.
Reciban un cordial y respetuoso saludo.
El objetivo de la presente es solicitar su apoyo a la campaña “Navidad en familia, libertad para las personas secuestradas políticas”, promovida por organizaciones sociales nicaragüenses y latinoamericanas que hemos elevado la voz por los más de 160 opositores encarcelados por enfrentarse al régimen que gobierna actualmente en Nicaragua.
Una nueva ola de terror y secuestro se registra antes y después de las elecciones del 7 de noviembre del 2021 en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan con las detenciones arbitrarias, hostigamiento policiales y paramilitares, persecución y allanamientos contra las voces críticas de su gobierno, que demandan un cambio en el país centroamericano, así como gran cantidad personas obligadas a exiliarse.
La defensora de derechos humanos y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, describió como una “cacería” las últimas acciones llevadas a cabo por el régimen contra opositores en Managua, la capital nicaragüense, y otras dentro del país centroamericano. “Hay una cacería en Managua, no solamente aquí en Managua (la capital), sino que también en los departamentos, nosotros tenemos casos que estamos siguiendo desde Chinandega, Estelí, Ocotal, Nueva Segovia, entonces esto es todo el país (…) Todos vivimos con la expectativa de que en cualquier momento a cualquiera pueden agarrar”, dijo Núñez en entrevista radial.
“La gente está manejando con temor (la situación), …con la expectativa de que si no denuncian… los pueden sacar… la denuncia pública es la única estrategia de defensa de derechos humanos que hay ahorita en Nicaragua, porque los recursos y los tribunales no funcionan, no hay a quién recurrir y si recurrís no te hacen caso”, reiteró la presidenta del CENIDH. El CENIDH registró 32 detenciones y allanamientos en las viviendas de opositores en el periodo del 5 al 8 de noviembre, algunos de ellos fueron liberados y otros tantos acusados en los tribunales del régimen donde se les abre “juicios revestidos de irregularidades”.
Según la presidenta del CENIDH se están desarrollando varios escenarios de represión en el país centroamericano, con relación a las personas presas políticas. Existe un grupo de presos políticos, detenidos a partir de la crisis sociopolítica de abril 2018, es decir antes del contexto electoral, que están en las cárceles del Sistema Penitenciario en condiciones que empeoran cada día debido a “limitaciones, obstáculos y humillaciones” a los que son sometidos, al igual que sus familiares.
Un segundo escenario lo conforman el grupo de personas presas políticas que permanecen en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El nuevo Chipote”, en Managua, donde son sometidos a métodos de “tortura”, están recluidos/as de manera absolutamente ilegal sin ningún proceso judicial y sin que se le permita acceso a sus familias o abogados y un tercer grupo están bajo arresto domiciliar. “La situación en la que se encuentran es grave y aberrante en cualquier sistema jurídico, están presos indefinidamente y se dieron el lujo de poner en su expediente que se suspendía el juicio por fuerza mayor declarando prácticamente la detención indefinida”, según la Sra. Vilma Núñez.
Entre las personas detenidas destacamos la situación de la comandante sandinista y exministra de salud Dora María Téllez, el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, la periodista Cristiana Chamorro, y el comandante guerrillero Hugo Torres. Varios integrantes de la Alianza Cívica y de la Unidad Nacional Azul y Blanco fueron detenidos de manera arbitraria, ilegal, violenta y sin una orden judicial que informe los motivos de sus detenciones, como ha sido los casos de Juan Sebastián Chamorro, Max Jerez Meza, Lesther Alemán Alfaro, Álvaro Vargas Duarte, José Adán Aguerri Chamorro y Michael Healy Lacayo, Alex Hernández, y Roger Reyes, Harry Chávez, Samantha Jirón entre otras. Han detenido personas con serios problemas de salud que no están siendo atendidos como es el caso de la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto Centeno, detenida el pasado 6 de noviembre.
Los familiares de los y las presas políticas han denunciado que se encuentran en condiciones carcelarias inhumanas y bajo tortura. Reciben pocos alimentos y de muy mala calidad, lo que ha generado que algunos de ellos hayan perdido hasta 40 libras de peso en un periodo de 3 meses. No se les permiten hablar, están sometidos a un aislamiento prolongado o permanente en celdas de castigo, sin exposición a luz solar y sin condiciones mínimas de higiene. Tampoco tienen acceso a sábanas, frazadas y objetos de cuido personal o material de lectura. Además, se les someten a múltiples interrogatorios diariamente, con los que se les tortura psicológicamente, se les humilla y les insinúan que están solos y han sido abandonados por sus familiares.
Esta situación ha deteriorado rápidamente la salud mental y física de los y las presas políticas, por lo que se teme que, de no tomarse medidas urgentes para cambiar estas condiciones, podrían sufrir secuelas físicas y emocionales permanentes, o morir en prisión.
En razón de lo anterior, nos dirigimos a ustedes para solicitar su intervención en esta grave situación y recurrir a todas las medidas y potestades con que cuenta la Comisión, para exigir respeto de los derechos humanos y la liberación efectiva de las personas detenidas, así como colocar en consideración una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno nicaragüense.
Sabemos de la sensibilidad social y compromiso de la Comisión y de la Corte Interamericana frente a estos abusos de poder y crímenes estatales y confiamos contar con su colaboración en este proceso.
La presente comunicación se la hacemos llegar personas y organizaciones de diferentes países latinoamericanos que nos encontramos angustiadas con esta situación y que sabemos que poco se puede hacer al interior de un gobierno ilegítimo e ilegal como el de Ortega.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, levantamos la voz por la libertad de las presas políticas, mujeres que resisten por #Nicaragua, que fueron detenidas de manera arbitraria y son sujetas de otras formas de violencia propias del patriarcado, entre ellas el aislamiento, las amenazas con sus hijos e hijas y la violencia sexual.
Ejercer nuestros derechos y la solidaridad no son un delito. Un estado machista y terrorista viola los derechos y libertades de las mujeres.
