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Etiqueta: Nicaragua

Solicitud urgente para protección de derechos humanos en Nicaragua

Frente al contexto lamentable que vive Nicaragua, con un incremento de presas y presos políticos, hemos elaborado una solicitud expresa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga y se proteja la vida de las personas nicaragüenses. En el siguiente formulario encontrará la carta, le invitamos a leerla y adherirse como persona individual o como organización. Compartimos el documento:

Solicitud urgente

10 de diciembre del 2021

Señores y señoras

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Washington D.C. 

Reciban un cordial y respetuoso saludo.

El objetivo de la presente es solicitar su apoyo a la campaña “Navidad en familia, libertad para las personas secuestradas políticas”, promovida por organizaciones sociales nicaragüenses y latinoamericanas que hemos elevado la voz por los más de 160 opositores encarcelados por enfrentarse al régimen que gobierna actualmente en Nicaragua.

Una nueva ola de terror y secuestro se registra antes y después de las elecciones del 7 de noviembre del 2021 en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan con las detenciones arbitrarias, hostigamiento policiales y paramilitares, persecución y allanamientos contra las voces críticas de su gobierno, que demandan un cambio en el país centroamericano, así como gran cantidad personas obligadas a exiliarse.

La defensora de derechos humanos y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, describió como una “cacería” las últimas acciones llevadas a cabo por el régimen contra opositores en Managua, la capital nicaragüense, y otras dentro del país centroamericano. “Hay una cacería en Managua, no solamente aquí en Managua (la capital), sino que también en los departamentos, nosotros tenemos casos que estamos siguiendo desde Chinandega, Estelí, Ocotal, Nueva Segovia, entonces esto es todo el país (…) Todos vivimos con la expectativa de que en cualquier momento a cualquiera pueden agarrar”, dijo Núñez en entrevista radial.

“La gente está manejando con temor (la situación), …con la expectativa de que si no denuncian… los pueden sacar… la denuncia pública es la única estrategia de defensa de derechos humanos que hay ahorita en Nicaragua, porque los recursos y los tribunales no funcionan, no hay a quién recurrir y si recurrís no te hacen caso”, reiteró la presidenta del CENIDH. El CENIDH registró 32 detenciones y allanamientos en las viviendas de opositores en el periodo del 5 al 8 de noviembre, algunos de ellos fueron liberados y otros tantos acusados en los tribunales del régimen donde se les abre “juicios revestidos de irregularidades”.

Según la presidenta del CENIDH se están desarrollando varios escenarios de represión en el país centroamericano, con relación a las personas presas políticas. Existe un grupo de presos políticos, detenidos a partir de la crisis sociopolítica de abril 2018, es decir antes del contexto electoral, que están en las cárceles del Sistema Penitenciario en condiciones que empeoran cada día debido a “limitaciones, obstáculos y humillaciones” a los que son sometidos, al igual que sus familiares.

Un segundo escenario lo conforman el grupo de personas presas políticas que permanecen en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El nuevo Chipote”, en Managua, donde son sometidos a métodos de “tortura”, están recluidos/as de manera absolutamente ilegal sin ningún proceso judicial y sin que se le permita acceso a sus familias o abogados y un tercer grupo están bajo arresto domiciliar. “La situación en la que se encuentran es grave y aberrante en cualquier sistema jurídico, están presos indefinidamente y se dieron el lujo de poner en su expediente que se suspendía el juicio por fuerza mayor declarando prácticamente la detención indefinida”, según la Sra. Vilma Núñez.

Entre las personas detenidas destacamos la situación de la comandante sandinista y exministra de salud Dora María Téllez, el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, la periodista Cristiana Chamorro, y el comandante guerrillero Hugo Torres. Varios integrantes de la Alianza Cívica y de la Unidad Nacional Azul y Blanco fueron detenidos de manera arbitraria, ilegal, violenta y sin una orden judicial que informe los motivos de sus detenciones, como ha sido los casos de Juan Sebastián Chamorro, Max Jerez Meza, Lesther Alemán Alfaro, Álvaro Vargas Duarte, José Adán Aguerri Chamorro y Michael Healy Lacayo, Alex Hernández, y Roger Reyes, Harry Chávez, Samantha Jirón entre otras. Han detenido personas con serios problemas de salud que no están siendo atendidos como es el caso de la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto Centeno, detenida el pasado 6 de noviembre. 

Los familiares de los y las presas políticas han denunciado que se encuentran en condiciones carcelarias inhumanas y bajo tortura. Reciben pocos alimentos y de muy mala calidad, lo que ha generado que algunos de ellos hayan perdido hasta 40 libras de peso en un periodo de 3 meses. No se les permiten hablar, están sometidos a un aislamiento prolongado o permanente en celdas de castigo, sin exposición a luz solar y sin condiciones mínimas de higiene. Tampoco tienen acceso a sábanas, frazadas y objetos de cuido personal o material de lectura. Además, se les someten a múltiples interrogatorios diariamente, con los que se les tortura psicológicamente, se les humilla y les insinúan que están solos y han sido abandonados por sus familiares.

Esta situación ha deteriorado rápidamente la salud mental y física de los y las presas políticas, por lo que se teme que, de no tomarse medidas urgentes para cambiar estas condiciones, podrían sufrir secuelas físicas y emocionales permanentes, o morir en prisión.

En razón de lo anterior, nos dirigimos a ustedes para solicitar su intervención en esta grave situación y recurrir a todas las medidas y potestades con que cuenta la Comisión, para exigir respeto de los derechos humanos y la liberación efectiva de las personas detenidas, así como colocar en consideración una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno nicaragüense.

Sabemos de la sensibilidad social y compromiso de la Comisión y de la Corte Interamericana frente a estos abusos de poder y crímenes estatales y confiamos contar con su colaboración en este proceso.

La presente comunicación se la hacemos llegar personas y organizaciones de diferentes países latinoamericanos que nos encontramos angustiadas con esta situación y que sabemos que poco se puede hacer al interior de un gobierno ilegítimo e ilegal como el de Ortega.

En el enlace adjunto podrán firma la adhesión al comunicado: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel4F_JJkTCN0u2iL578BcnfTMNpn1WN8wZ0V-9GN6IGAlWEQ/viewform?usp=sf_link

Libertad para las presas políticas

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, levantamos la voz por la libertad de las presas políticas, mujeres que resisten por #Nicaragua, que fueron detenidas de manera arbitraria y son sujetas de otras formas de violencia propias del patriarcado, entre ellas el aislamiento, las amenazas con sus hijos e hijas y la violencia sexual.

Ejercer nuestros derechos y la solidaridad no son un delito. Un estado machista y terrorista viola los derechos y libertades de las mujeres.

#25N #SOSNicaragua #LuchamosPorLasDignidades

Puede encontrar más información en: 

https://popolna.org/noticias/?fbclid=IwAR0YSK72F7ur9tpC9xe8WuJAvF5qKUjePu3PYz2PrrPVm6mtQ7FDhTZEbGA

Sergio Ramírez Mercado y la Ciudadanía de Honor costarricense

Vladimir de la Cruz

La Ciudadanía Honorífica, de Honor, es una distinción que soberanamente otorgan los países, por decisión facultativa de sus máximos órganos políticos, sean del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. En el caso costarricense es el Poder Legislativo, llamado Asamblea Legislativa, el que tiene la facultad de realizar estos reconocimientos.

En Costa Rica, como lo es en general en todos los países, son pocas las personas que han recibido esta distinción, que se puede realizar a extranjeros, a ciudadanos no costarricenses, como también se ha realizado a costarricenses.

Pocas personas han recibido esta distinción, entre ellos Franklin Ramón Chang Díaz, astronauta de la NASA, Hans Dietrech Genscher, Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Antonio Giustiniani y Casablanca, médico, John F. Kennedy, Presidente de los Estados Unidos, Stanley Lindo Morales, Juan Morera Coll, sacerdote español conocido como Fray Casiano, Arturo Romero López, Sor María Romero Meneses, religiosa nicaragüense, Franklin D. Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos, y José de la Cruz Turcios Barahona, sacerdote.

Cuando se le dio a Franklin Chang Díaz, en reconocimiento a sus hazañas espaciales, y ser el primer cosmonauta y científico distinguido, de origen costarricense, de la NASA, se produjo un cambio en la legislación nacional en torno a la ciudadanía. Hasta entonces, a finales del siglo XX, la ciudadanía costarricense se perdía cuando un ciudadano adoptaba otra nacionalidad. Había de hecho una renuncia tácita u obligada por ese motivo.

En el caso de los astronautas extranjeros de la NASA, para ascender en su carrera, debían ser ciudadanos estadounidenses, lo que obligó a Franklin Chang a renunciar a la ciudadanía costarricense.

En el acto de Juramentación de los ciudadanos que adoptan la nacionalidad estadounidense al jurar esa nacionalidad y las leyes norteamericanas, juran a la vez su compromiso de luchar y defender ese país ante cualquiera otro, incluso el país originario del nacionalizado. Así, Franklin Chang juró luchar, en el campo militar, si fuera del caso contra Costa Rica, como ciudadano norteamericano que pasaba a ser.

Para esos días, con gran reconocimiento nacional de sus méritos espaciales, el Partido Liberación Nacional valoró la posibilidad de que Franklin Chang fuera un posible candidato a la Presidencia de la República, lo que chocó inmediatamente con la renuncia a la nacionalidad que había hecho, lo que se exigía para ser Presidente de la República, ser costarricense. Además, las fuerzas políticas de izquierda, y sectores académicos, culturales y universitarios, en ese momento, alertaron sobre el juramento que había hecho el Astronauta Chang Díaz de combatir contra Costa Rica, empañando esa posible escogencia candidatura presidencial y obstaculizándola.

Así, por disposición judicial se estableció, por este caso, que la Ciudadanía costarricense no era renunciable, y por ello se permitía la doble nacionalidad para aquellos ciudadanos, que por diversas circunstancias tuvieran que adoptar otra nacionalidad junto a la costarricense.

De acuerdo con la Constitución Política ciudadano costarricense es el que nace en Costa Rica, derecho de ius solis, y el que nace en el extranjero por ser hijo de padre o madre costarricense, derecho de ius sanguinis.

Sin embargo, a los hijos de los costarricenses, en el extranjero, que no son inscritos antes de los 18 años en el Registro Civil, se les niega la nacionalidad que tienen por el ius sanguinis, que no es renunciable, que se arrastra y se tiene por toda la vida, y que permitiría que en cualquier momento ese costarricense, demostrando su raíz paterna o materna pudiera gestionar su nacionalidad costarricense. Tiene esto más fuerza que la renuncia y recuperación de la nacionalidad, como se estilaba antes, porque la renuncia es un acto de voluntad, mientras la nacionalidad es una consecuencia genética irrenunciable.

El mérito para distinguir a un ciudadano con este reconocimiento, Ciudadano de Honor, lo analiza la Asamblea Legislativa, lo que es finalmente una decisión política del Pueblo Soberano allí representado.

El principio general es que se otorga por servicios notables que se prestan a la República, o como ha venido sucediendo por la altas distinciones nacionales o internacionales del Homenajeado que se le reconocen.

La Asamblea Legislativa puede otorgar la Ciudadanía de Honor sin restricción de límite, mientras que para otras distinciones, como los Benemeritazgos de la Patria, solo puede otorgar una por Legislatura, lo que se ha roto, recientemente, por una reforma al Reglamento Legislativo, que por cascada, en abundancia, se han hecho Declaraciones de Benemeritazgos de la Patria, en un solo día, el 21 de julio pasado, a catorce mujeres, y el 11 de agosto se tramitaron otros reconocimientos, más por la necesidad de llenar el vacío de que pocas mujeres que tenían este reconocimiento.

Las recientemente declaradas Beneméritas son Yolanda Oreamuno Unger, Anna Gabriela Ross González, María Teresa Obregón Zamora, Ana Rosa Chacón González, Luisa González Gutiérrez, Mireya Barboza Mesén, Olga Espinach Fernández, Pacífica Fernández Oreamuno, Virginia Grütter Jiménez, Estela Quesada Hernández, Adelaida Chaverri Polini, Manuela Tattenbach Yglesias, Carmen Naranjo Coto y Emilia Prieto Tugores, todas ellas que destacan en la ciencia, la política, la salud, la poesía, el arte y el medio ambiente entre otros campos.

Hace pocas semanas se presentó, ante la Asamblea Legislativa, una propuesta de Declaración de Ciudadano de Honor, para el distinguido y reconocido escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado.

El trámite que en la Comisión Permanente Especial de Honores, de la Asamblea Legislativa, debió ser secreto en su deliberación, que debía conocer los atestados, de manera confidencial, a favor como las facetas negativas que se consideraran en su contra, salió a la luz pública, por cuanto la Presidenta de esa Comisión Parlamentaria, que se integra de manera secreta por el Presidente Legislativo, hizo pública su oposición a este reconocimiento, opinando negativamente sobre unos pasajes de uno de sus libros, desatando con ello una polémica nacional sobre la validez de su distinción.

Recientemente la Academia Costarricense de la Lengua le ha declarado Miembro de Honor de la misma, y la Universidad Nacional, de Heredia, le ha otorgado el Doctorado Honoris Causa.

Sergio Ramírez es nicaragüense por nacimiento, pero ha vivido mucho tiempo, en distintos momentos de su vida, y por largas temporadas, en Costa Rica, que lo ha tenido como un hijo adoptivo, ligado por sus aportes a la cultura nacional, y desde aquí a la cultura centroamericana cuando estuvo ligado al Consejo Superior de las Universidades de Centro América, CSUCA, en la década de 1970, época en la que procreó tres hijos en Costa Rica, que por esa razón son costarricenses, derecho de ius solis, y que sería buen fundamento para que, por ese motivo, también se pueda acoger al trámite de la nacionalidad costarricense, como lo hacen inmensa cantidad de ciudadanos de Nicaragua y otros países, que al tener descendencia en el país, les facilita la adquisición de la nacionalidad costarricense.

Sergio Ramírez ha sido permanentemente nicaragüense por su propia voluntad, porque nació en Nicaragua, porque ama su país, su cultura, su Historia, porque se crio en Nicaragua, porque allí permanece su Biblioteca principal, que es como su alma, porque vivió y luchó en Nicaragua contra la dictadura de la Familia Somoza por procurar un país más digno, más democrático, más justo.

Sus vínculos afectivos con Costa Rica los tiene no solo por su convivencia con nosotros, por sus hijos nacidos en Costa Rica, por los trabajos realizados desde Costa Rica, sino también porque en la práctica Costa Rica ha sido su Patria adoptada, la tierra y la Nación que le produjo fuertes vínculos históricos, laborales, afectivos y jurídicos, porque se siente ligado al ser humano costarricense, porque se identifica y mimetiza con él, porque es tan costarricense como los que nacemos aquí, porque conoce la Historia costarricense como propia, porque su Humanidad a la par de nicaragüense, es costarricense, es centroamericana, como lo es también ciudadano del mundo, ciudadano Universal, por los reconocimientos internacionales que recibe y, por las protecciones que, igualmente, le brindan ante las amenazas que recibe del actual gobierno nicaragüense, que ponen en peligro su vida, su existencia, su palabra creadora con filo, su compromiso de seguir anhelando y luchando por una Patria nicaragüense democrática, no autoritaria, no dictatorial.

Desde Costa Rica también lo hizo en esa la década, 1970-1979, hasta el triunfo, en aquel año del Frente Sandinista de Liberación Nacional, del que formó parte del Gobierno inicial de la Revolución triunfante, permaneciendo en su Patria toda la década siguiente, contribuyendo en la lucha por afianzar el proceso revolucionario gestado en 1979 en el poder.

A Sergio Ramírez la Ciudadanía Honorífica, que se le pudiera dar por la Asamblea Legislativa, no lo va a hacer más costarricense de lo que ya es. Es Costa Rica la que se va a enriquecer con un Ciudadano y una persona como él que honrará a la Nación Costarricense por su creación literaria, por su reconocimiento y distinción internacional.

La Ciudadanía Honorífica para Sergio Ramírez va a contribuir a afirmar y afianzar más la identidad nacional costarricense, como sentimiento subjetivo que lleva Sergio Ramírez, en sus venas, en su corazón, en su pluma y lengua creadora, que le unen desde esas trincheras a nuestra Historia Cultural y Literaria, a nuestra esencia costarricense.

Sergio Ramírez con su Ciudadanía de Honor contribuirá al fortalecimiento del Estado y de la República de Costa Rica desde la Cultura.

Con la Ciudadanía de Honor a Sergio Ramírez también estaremos contribuyendo con el pueblo nicaragüense en las preservación de sus valores, de su lucha por la Libertad y la recuperación de la Democracia.

En 1855 el Presidente, y Padre de la Patria costarricense, Juan Rafael Mora Porras, ante la oprobiosa presencia del filibustero norteamericano William Walker en Nicaragua, quien quería esclavizar a los pueblos centroamericanos y anexarlos a los Estados Unidos, invitado por malos nicaragüenses que lo hicieron llegar a Nicaragua, y después allí establecido prácticamente por la fuerza, tomó, Juan Rafael Mora, la decisión de marchar sobre Nicaragua para liberarla, de asegurar su Libertad, Independencia y Soberanía, y también la de Costa Rica y la de Centroamérica, como finalmente se logró con la rendición de Walker el 1 de mayo de 1857, después de dos años de combates.

Hoy, de nuevo los costarricenses podemos contribuir con la Democracia en Nicaragua y en la región dándole la Ciudadanía de Honor a Sergio Ramírez, brindándole la Bandera Nacional como su manto protector ante la persecución internacional que el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo han desatado contra él, como uno de los símbolos de la resistencia intelectual, cultural y política, y de la lucha democrática nicaragüense.

La Ciudadanía de Honor para Sergio Ramírez lo distinguirá a él, ciertamente, pero también a los costarricenses que lo tendremos como un costarricense más que nos resaltará, honrará y distinguirá con su existencia, como un Hijo distinguido de la Patria costarricense.

La Asamblea Legislativa debe proceder con la Declaratoria de Ciudadano de Honor para Sergio Ramírez Mercado.

Los méritos literarios son bien reconocidos. Su obra de muchos libros tiene la calidad de los Premios internacionales que les han dado. Por ellos hasta el Premio Cervantes, considerado el más importante de la lengua castellana.

Su paso por la política nicaragüense también es bien conocida y destacada, desde la trinchera política, hasta el Gobierno y el Parlamento nicaragüense, pero también continuando en la oposición política, como dirigente político sandinista y fuera del sandinismo oficial. También ha sido editor profesor universitario, invitado de varias Universidades en diversos países, columnista regular destacado en muchos periódicos, escritor de novelas, cuentos, ensayos, de relatos, con obras literarias relacionadas directamente con Costa Rica, antologador del pensamiento del General de Hombres Libres, de Augusto César Sandino, publicada su antología en varios países.

No debe atrasarse su trámite ni dejarse para después del receso parlamentario, que, con motivo de las elecciones, se aproxima.

Programa Alternativas: Nicaragua hoy: visión sandinista

El colectivo Reflexión-Acción Alternativas invita a ver su programa, donde se conversó sobre “Nicaragua hoy: visión sandinista”, el pasado 19 de noviembre.

El programa abarcó el proceso de elecciones recién efectuado en Nicaragua, el papel de los medios de comunicación como transmisores de información, la presencia de observadores internacionales en el proceso, el contexto socio-político y económico de Nicaragua, entre otros.

El espacio contó con la participación de:

  • Rosario Nieto, docente y dirigente sindical.
  • Marcela Pérez, Embajadora de Nicaragua.
  • Carlos Fonseca, secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista y Liberación Nacional.
  • Isaías Garzón, abogado especialista en familia y derechos humanos.
  • Gustavo Espinoza, profesor y periodista 

Puede observar el programa completo en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=4504599642968603 

La denuncia por parte de Nicaragua de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA): breves apuntes

Nicolas Boeglin

Este 19 de noviembre, cables noticiosos informan que Nicaragua ha anunciado, mediante el jefe de su diplomacia, que ha procedido a notificar la denuncia de la Carta Constitutiva de la Organización de Estados Americanos (OEA) a su Secretario General (véase cable de CNN). 

Desde la perspectiva estrictamente jurídica, esta noticia requiere ser brevemente puesta en contexto, al tratarse de una herramienta jurídica (la denuncia) propia del derecho internacional público no siempre correctamente entendida.

La denuncia de un tratado internacional en breve

Cabe precisar para iniciar que la denuncia de un tratado internacional, cual sea este, constituye una figura jurídica consagrada en el derecho de los tratados, tal y como lo establece expresamente el artículo 56 de la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados (veáse texto completo). La denuncia resulta de una atribución soberana de un Estado, quien puede decidir, en el momento en el que lo estime más oportuno, liberarse de obligaciones internacionales contenidas en un instrumento internacional: así como libre y soberanamente un Estado decide aceptar obligaciones internacionales, puede de igual forma decidir liberarse de estas.   

El precitado Artículo 56 prevé también la situación en la que un tratado internacional adolezca de una disposición relativa a la denuncia. No es el caso de la Carta de la OEA  de 1948, la cual dispone (véase texto completo) en su artículo 143 que: 

«Esta Carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros, mediante comunicación escrita a la Secretaría General, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta«. 

De confirmarse la fecha de la notificación antes aludida, la fecha oficial en la que Nicaragua quedará completamente desligada de la OEA será el 19 de noviembre del 2023. Al revisar nuestro estimable lector el estado oficial de firmas y de ratificaciones de la Carta de la OEA (véase enlace oficial) se notará que figuran Cuba y Venezuela, casos sobre los que nos referiremos posteriormente.

Volviendo al caso de Nicaragua, es de precisar que el pasado 15 de noviembre, una resolución de la Asamblea Nacional de Nicaragua solicitó expresamente al Poder Ejecutivo iniciar el trámite de denuncia de dicho tratado internacional (véase texto de la Resolución 05-2021). Su difusión en medios de prensa nacionales e internacionales (véase por ejemplo nota de Radio France Internationale/RFI ) no provocó mayor reacción por parte de los demás Estados Miembros de la OEA o de algunas de las autoridades de la OEA como tal.

El antecedente más inmediato y la solución (original) de la OEA

En el año 2017, Venezuela de igual manera había denunciado este mismo instrumento internacional (véase notificación oficial enviada por las autoridades de Venezuela con fecha del 27/04/2017). 

Anterior a ello, en el 2012, Venezuela había también denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (véase nuestra breve nota al respecto del 12/09/2012). 

En el caso de Venezuela y de sus relaciones con la OEA, una carta suscrita por quien la OEA reconoce como legítimo representante de Venezuela, «reintegra» a Venezuela en la OEA (véase carta de Juan Guaidó del mes de  febrero del 2019). Merece mención el hecho que, al iniciarse la reciente Asamblea General de la OEA en Guatemala el pasado 10 de noviembre, fueron varios los Estados miembros de la OEA (entre los cuales Argentina, Belice, Bolivia, México, Nicaragua, así cómo Trinidad y Tobago) en objetar y en no reconocer como válidas las credenciales de la representación venezolana a esta cita anual interamericana (véase cable de Swissinfo). 

Es de precisar que a diferencia de la OEA, las Naciones Unidas así como todas sus instituciones especializadas, reconocen como legítimas a las autoridades venezolanas encabezadas por el Presidente Nicolas Maduro. Ello no significa que en álgidos temas como en materia de derechos humanos, en Naciones Unidas no se denuncie la situación imperante en Venezuela: a diferencia de la representación de Venezuela en la OEA, en Naciones Unidas la silla de Venezuela es ocupada por un representante oficial que sí puede trasladar a sus autoridades las preocupaciones externadas antes él para rectificar la conducta de estas.

A modo de conclusión

No cabe duda que la decisión de liberarse de la OEA por parte de Nicaragua es una respuesta a la forma con la que varios órganos de la OEA han considerado valorar la situación interna en Nicaragua, y en particular, deslegitimar el resultado de las elecciones realizadas en Nicaragua, el pasado 7 de noviembre del 2021.

En otro caso bastante peculiar (ya que no se trató de una denuncia, sino de una «exclusión» de un «Gobierno» y no de un Estado), desde el 2009 una resolución de la Asamblea General de la OEA deja sin efecto una resolución adoptada en 1962 expulsando a las autoridades cubanas de la OEA (y no al Estado cubano): véase comunicado de prensa oficial de la OEA. A la fecha, las autoridades cubanas han optado por mantener sus distancias con la OEA y no reintegrarse de pleno.

Más allá de la originalidad del estatuto acordado a Venezuela por la OEA desde el 2019 y de la particularidad del caso de Cuba, el punto de saber si el tener a un Estado Miembro de la OEA fuera de esta organización regional contribuye a debilitar a sus autoridades, o bien por el contrario, a reforzar el control que ejercen dentro de su territorio, es un aspecto sobre el que poco se ha debatido en años recientes.

 

La presente nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Nicaragua hoy: visión sandinista

El colectivo Reflexión-Acción Alternativas invita a su programa, donde se hablará el tema “Nicaragua hoy: visión sandinista”, el próximo 19 de noviembre del 2021 a las 6:00 p.m. hora Costa Rica. Se contará con la participación de:

  • Rosario Nieto
  • Marcela Pérez
  • Carlos Fonseca
  • Isaías Garzón
  • Gustavo Espinoza

El programa será transmitido por Facebook Live y por Radio 16, 1590 AM.

Jornadas de Investigación del Programa de Posgrado Centroamericano en Sociología

El pasado jueves 11 de noviembre, las Jornadas de Investigación del Programa de Posgrado Centroamericano en Sociología, presentaron una serie de discusiones en torno a los siguientes ejes temáticos:

La construcción de identidades y procesos ciudadanos

Las ponencias expuestas fueron: 

  • Los procesos de construcción de ciudadanías de colectivos gay y transgéneros en Nicaragua durante el periodo de 1990-2017, con la participación de Rafael Soza Rodríguez 
  • Mujeres e insurrección de abril en Nicaragua. 2018-2020: El caso de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), con la participación de. Claudia Morales Mairena

En el enlace adjunto encontraran la transmisión completa: https://fb.watch/9dllzpoDxK/

Religión

Las ponencias expuestas fueron: 

  • Entre la ilusión de dominación y las soberanías entrelazadas: los fieles católicos y la jerarquía, del ponente David Solano Chaves 
  • ¿Fue el Partido Restauración Nacional la expresión del neopentecostalismo en el 2018? De Jorge Rodríguez Bogle. 

 

Compartido con SURCOS por Nancy Piedra Guillén.

Pueblos centroamericanos en un callejón sin salida

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (13).
Tercera época

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Las llamadas izquierdas del espectro político regional están sumidas en una profunda crisis desde los años ochenta, no han sido capaces de reflexionar sobre los desafíos del momento histórico, más bien desde la segunda mitad del siglo anterior quienes la encarnan se convirtieron en unas gentes que dejaron de pensar y de elaborar algún tipo de pensamiento sólido y fecundo, además de que como consecuencia de ello han sido incapaces de reinventarse, en un escenario histórico difícil, muy demandante y de suyo tendiente a cambios que requieren de mucha creatividad e incluso audacia.

Si el estalinismo original con toda su barbarie homicida, desarrollista y paranoica eliminó o asesinó a la mayor parte de los revolucionarios soviéticos de la generación que materializó la revolución rusa de 1917, durante las cruentas purgas de la segunda mitad de los años treinta, el estéril y corrupto, además de parasitario e ineficaz neoestalinismo que lo sucedió acabó de matar lo poco que quedaba de aquella revolución que tantas esperanzas despertó entre los más desheredados de la tierra.

El dogmatismo de la dupla estalino-troskistizante (dentro de lo que devino en una discusión escolástica, además de anacrónica) de algunas gentes y gentecillas, parafraseando el título de una famosa novela del escritor costarricense, Carlos Luis Fallas (1909-1966) de grata memoria, durante este cambio de siglo, los ha llevado a protagonizar el ridículo más grande con su notoria pérdida de contacto con la realidad de nuestro tiempo histórico, tal como sucedió cuando la pequeña burguesía paceña de Bolivia apoyó el golpe contra el entonces presidente Evo Morales, hace ya un par de años…ya no soportaban a esos indios aymaras y quechuas empoderados, pobrecitos esos marxistas tan acartonados, tanto que terminaron jugando al fascismo tropicalizado, una extraña paradoja ejecutada en nombre del filósofo de Tréveris y del creador del Ejército Rojo, algo que no es nada nuevo en la historia boliviana.

De ahí la manifiesta incapacidad de muchos dirigentes y partidos de la llamada izquierda regional de enfrentar, o intentar entender con al menos un poco de sensatez, lo que ha estado en juego durante las recientes elecciones de Nicaragua con los imposibles dilemas que nos plantean sus protagonistas, la simultánea descomposición del sistema político costarricense, de cuya gravedad muchos ni siquiera se han percatado, en vísperas de unas elecciones generales, donde el resultado será el de siempre o incluso peor y tampoco de la perpetua crisis política de la vecina Honduras, un poco más al norte, donde desde el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya Rosales, mediante un golpe de estado militar, disfrazado de parlamentario por las dirigencias de los partidos tradicionales, en el mes de julio de 2009, no ha sido posible efectuar unas elecciones en las que no esté de por medio un descarado fraude electoral, cosa que ya ocurrió en 2009, 2013 y 2017, mientras tanto nada indica que no lo repetirán el próximo 28 de noviembre de 2021. Los golpistas de entonces han instalado una dictadura sui generis, y mucha gente de la izquierda de estos países ni siquiera ha tomado nota de ello.

Una cosa es discrepar del rumbo político que lleva el régimen nicaragüense, incluso en nombre de la esencia de un cierto “sandinismo” puro que nunca fue, y otra muy diferente matricularse en la oscura trama de una variopinta oposición que carece de un programa político definido, además de haberse plegado al financiamiento y a las imposiciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de sus agencias y las llamadas organizaciones no gubernamentales (ONGS). Todavía resulta imposible entender ¿cómo es eso de que Washington está interesado en que el sandinismo vuelva a sus orígenes con su apoyo y financiamiento decidido? ¿no será más bien un retorno al antiguo régimen la apuesta efectiva de la superpotencia del norte?

Mientras tanto, un poco más al sur, el presidente peruano Pedro Castillo Terrones está a punto de ser derribado o vacado por la derecha más troglodita del continente, mediante un golpe parlamentario, al mismo tiempo que «su canciller» anda hablando de que en Nicaragua las elecciones no fueron ejemplares, como si la ultraderecha peruana hubiera establecido que los recientes comicios en que fue electo lo fueron de verdad, cosa que jamás harán. Los fujimoristas andan muy felices, para ellos el nuevo presidente ya mordió el anzuelo, sólo es cuestión de días para sacarlo del palacio de gobierno.

En un continente donde sólo cuando la derecha gana las elecciones son legítimas, limpias y libres, de lo contrario desconocen los resultados, le aplican a sus adversarios el boicot parlamentario y acuden a un feroz cerco mediático, a cargo de la gran prensa a su servicio. Dado lo anterior, convendría ser un poco más cautelosos a la hora de considerar el significado y la validez de los resultados electorales de Nicaragua, Honduras y Costa Rica durante los meses que corren… como también los de Argentina y Chile, programadas para este noviembre de 2021.

Campaña Navideña 2021 para familias nicaragüenses refugiadas – Proyecto “Regresando al campo”

Para familias refugiadas nicaragüenses del proyecto “Regresando al campo” en Upala

Apreciadas amigas/os, como es de su conocimiento desde al año 2018 venimos apoyando diferentes proyectos de solidaridad con personas nicaragüenses que debieron salir de su país por ser dirigentes sociales y cuyas vidas corren peligro. En particular hemos brindado trabajo voluntario a los siguientes proyectos: Curso de capacitación en geopolítica en conjunto con la Iniciativa Universitaria por Nicaragua, Colectiva volcánica, Proyecto Regresando al campo y Engánchate al cole Upala. En este mes (noviembre 2021) deseamos realizar una campaña para la navidad de las personas que participan en estos 2 últimos proyectos.

Son 76 personas, 35 niños y adolescentes y 41 personas adultas, las cuales con el premio que obtuvieron por su lucha en defensa de la reserva Indio maíz y los derechos del campesinado de su país entre 2016 y 2018, pudieron alquilar una finca en Upala. En la actualidad ya cosechan, crían cerdos y gallinas que les permiten sobrevivir y un cultivo extra de frijoles que venden en la feria del agricultor de Upala que les permite un poco de liquidez para lo que requieren comprar y el pago de servicios. 

Ellos y ellas tienen la ilusión de regresar pronto a Nicaragua para recuperar sus tierras de las que tuvieron que salir por exigencia de personas armadas que llegaron a su comunidad y les amenazaron de muerte, poco tiempo después del levantamiento del 2018. En su estadía en Costa Rica han logrado construir una metodología de economía social comunitaria que les está permitiendo cubrir sus necesidades básicas y que desean replicar cuando puedan regresar a su país, con los resultados de las últimas elecciones, esta posibilidad se hace aún más lejana.

Estamos recogiendo: dulces, repostería, juguetes, artículos de limpieza personal, paños para secarse después del baño, ropa para bebes, niñ@s y adolescentes, dinero (cualquier monto es de mucha utilidad), arreglos navideños y bolsas de regalo, para hacer llegar una voz de aliento a estas 30 familias, para que su navidad cuente con la visibilización de un apoyo solidario y se vista de fiesta. 

Si desea conocer un poco más del proceso que han vivido, puede encontrar información en el siguiente video, aunque es del 2018 tiene información vigente:

Si puede colaborarles, por favor comunicarse con la Fundación Nuestramérica, teléfonos 22716125, 89306612 o con la persona que le ha contactado para hacerle(s) esta solicitud. Saludos cordiales y los mejores deseos para esta navidad y el próximo año.

“La solidaridad es la ternura de los pueblos” Geoconda Belli

Fundación Pedagógica Nuestramérica 

Cinco razones por las que las elecciones en Nicaragua no garantizan derechos humanos

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa publicado en CEJIL:

El 7 de noviembre de 2021 se celebrarán elecciones generales en Nicaragua en un contexto de agravamiento de la crisis de derechos humanos iniciada con la represión de las protestas en abril de 2018.  Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por las graves violaciones de derechos humanos que continúan ocurriendo y su reciente escalada. A continuación, exponemos cinco razones que revelan que las próximas elecciones generales se realizarán en un contexto de graves restricciones de las libertades civiles y políticas.

Mientras el Presidente Daniel Ortega va en búsqueda de su cuarto mandato consecutivo, la represión gubernamental en contra de críticos y de la oposición política ha recrudecido. Este deterioro cada vez más alarmante incluye violaciones a la libertad e integridad personal, la libertad de expresión y asociación, la libertad de prensa, así como también otras restricciones al ejercicio de derechos civiles y políticos. Estas violaciones de derechos humanos han afectado a diversos grupos en situación de vulnerabilidad, incluidas las mujeres, respecto de quienes se ha reportado un impacto diferenciado.

Desde fines de mayo, el gobierno de Nicaragua ha detenido a 39 personas identificadas como opositoras al gobierno, incluidos 7 candidatos presidenciales. Algunas de estas personas fueron víctimas de desapariciones forzadas durante meses y semanas. Estos abusos señalan el comienzo de una nueva etapa de la campaña de represión y criminalización de voces disidentes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos,  facilitada por la falta de independencia judicial y  por el control del ejecutivo de la Asamblea Nacional, que ha sancionado leyes que violan los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, y a votar y postularse para cargos públicos en elecciones libres y justas. 

Es claro que en estos momentos en Nicaragua no existen condiciones para que se puedan realizar elecciones que garanticen el ejercicio de derechos, por lo cual, llamamos a la comunidad internacional, organismos multilaterales y organismos internacionales de derechos humanos a que redoblen sus esfuerzos para poner fin a la  crisis de derechos humanos.

DETENCIONES ARBITRARIAS Y DESAPARICIONES FORZADAS

Desde el 28 de mayo de 2021, el gobierno de Daniel Ortega ha detenido a 39 personas identificadas como opositoras al gobierno, incluyendo candidatos presidenciales, figuras públicas de la política, líderes estudiantiles, activistas, representantes campesinos, abogados defensores y periodistas. Algunos estuvieron en situación de desaparición forzada por semanas y meses antes de que las autoridades brindaran información sobre su paradero. Muchos han sido sujetos a interrogatorios constantes en condiciones abusivas de detención, incluyendo aislamiento prolongado y alimentación insuficiente, lo cual puede constituir tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante conforme al derecho internacional. Las recientes detenciones se suman a las más de 100 personas percibidas como críticas que permanecen detenidas arbitrariamente desde hace tiempo en el marco de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. 

El Estado nicaragüense debe acabar con la práctica de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas y poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas injustamente por ejercer sus derechos. Esto es indispensable para que se restablezca el pleno goce de todos sus derechos, incluyendo el derecho a votar, a postularse y a ocupar cargos públicos, en condiciones generales de igualdad.

FALTA DE INDEPENDENCIA JUDICIAL Y VIOLACIONES AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

Las autoridades siguen utilizando el sistema judicial penal, aprovechando la falta de independencia judicial, para encarcelar a personas percibidas como opositoras en procesos arbitrarios. Frecuentemente, las violaciones a las garantías del debido proceso y a un juicio justo incluyen violaciones a la presunción de inocencia, el requerimiento de presentar una orden judicial al momento de la detención, el derecho a ser juzgado ante un juez independiente e imparcial, el derecho a acceder a información detallada sobre la acusación formulada en su contra, el derecho a la defensa legal y a la comunicación libre y privada con un abogado o abogada de su elección. La falta de independencia del poder judicial en Nicaragua significa, además, que quienes se encuentran amenazados no tienen acceso a ninguna autoridad imparcial a la cual acudir para realizar una denuncia o solicitar protección.

Asimismo, las autoridades han incumplido con las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, obstaculizando el ejercicio de los derechos fundamentales. 

El Estado nicaragüense debe garantizar a la población el acceso a la justicia, la verdad y la reparación por crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos (como la desaparición forzada, la tortura o la detención arbitraria) cometidas antes y durante el contexto electoral.

VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA

Las autoridades persiguen a personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes, y personas disidentes o percibidas como opositoras sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Como parte de esta táctica represiva, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley para la Regulación de Agentes Extranjeros” y la “Ley Especial de Ciberdelitos” en octubre de 2020, que restringen severamente la libertad de expresión y de asociación. 

Entre julio y agosto de 2021, las autoridades han ordenado el cierre de 45 organizaciones no gubernamentales, incluyendo asociaciones de mujeres, organizaciones internacionales humanitarias, y varias asociaciones médicas. Otras 10 organizaciones han sido cerradas desde 2018.

Además, el gobierno sigue incurriendo en una serie de ataques y restricciones indebidas a medios independientes y trabajadores de la comunicación, así como a organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa, incluyendo investigaciones administrativas y penales, la detención de periodistas, y el allanamiento de oficinas de medios de prensa e incautación de sus bienes. En este preocupante escenario, no sólo se violan los derechos de los profesionales y medios atacados, sino que también se ve limitado el acceso a la información de la población en general, lo cual es clave para el adecuado ejercicio de los derechos políticos. 

El Estado nicaragüense debe proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de prensa, que es esencial para el acceso a la información y el debate plural en un contexto electoral. Además, debe detener el hostigamiento, estigmatización y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, y personas disidentes o percibidas como opositoras, sólo por expresar sus críticas a las políticas del Estado. 

VIOLACIONES A LOS DERECHOS POLÍTICOS

El gobierno ha tratado de eliminar y desincentivar la competencia electoral a través de la detención arbitraria y el enjuiciamiento de opositores y candidatos presidenciales con la consecuente cancelación de sus derechos políticos. A su vez, ha cancelado la personería jurídica de los principales partidos de oposición, impidiéndoles participar de las elecciones. 

En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, y la Autodeterminación para la Paz”, que ha sido utilizada para abrir investigaciones penales contra muchas de las personas detenidas desde fines de mayo. Esta ley incluye disposiciones amplias e imprecisas que restringen el derecho a postularse para cargos públicos. 

Organizaciones locales ya han señalado que, en estas condiciones, el proceso electoral no garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos.

El pueblo nicaragüense tiene el derecho de ejercer su derecho al voto libremente, sin intimidaciones, y el derecho a postularse y ocupar cargos públicos en condiciones generales de igualdad. Para el ejercicio efectivo y pleno de estos derechos, es fundamental que se garantice la libertad de expresión, la de reunión y la de asociación.

El Estado nicaragüense debe garantizar las condiciones necesarias para que la población ejerza satisfactoriamente su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.

FALTA DE GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN PACÍFICA 

En respuesta a las protestas de 2018, agentes del Estado hicieron un uso excesivo, desproporcionado y, con frecuencia, innecesario de la fuerza contra las personas que se manifestaban exigiendo sus derechos. De acuerdo con un grupo de expertos independientes, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la policía y grupos armados partidarios del gobierno, con el apoyo del gobierno de Nicaragua, cometieron abusos generalizados en contra de manifestantes que, en gran medida, se encontraban desarmados, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. La impunidad por graves abusos durante las protestas de 2018 ha sido la norma. 

A pesar del escrutinio internacional, la respuesta represiva contra quienes se manifiestan y promueven el respeto a los derechos humanos ha continuado.  

El reciente recrudecimiento de la represión y hostigamiento a voces disidentes permite concluir que el Estado no garantizará el derecho a la reunión pacífica en el caso de que ocurran nuevas manifestaciones en el contexto electoral.

El Estado nicaragüense debe garantizar la libertad de reunión pacífica antes, durante y después del proceso electoral.

FIRMAN

Amnistía Internacional

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

CIVICUS

Human Rights Watch

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Organización Mundial Contra la Tortura

People in Need

Red Internacional de Derechos Humanos

Women’s Link Worldwide

 

Enviado a SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.