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Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Como bien es sabido, cada 10 de diciembre se celebra en todo el mundo el día de los derechos humanos, en conmemoración del texto fundador del derecho internacional de los derechos humanos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

De cara a esta importante celebración, el tema posee una relevancia particular en esta recta final del 2025 en la que se puede observar, en Centroamérica así como en diversas otras latitudes del planeta, a líderes políticos dispuestos a hacer a un lado los derechos humanos y los valores fundacionales que los sustentan so pretexto que «frenan» sus pretensiones o «complican» sus proyectos políticos. 

Llama la atención que quiénes oponían ayer la protección del ambiente al desarrollo económico, de manera errónea, se unieron hoy a quienes hoy oponen los derechos humanos a lo que denominan la «gobernabilidad«: desde el pasado 21 de enero, estos sectores han encontrado en la Casa Blanca a un líder que comulga con esta lectura y que emula a otros líderes populistas en muchas otras partes del mundo.

La lectura de la intervención titulada «Los derechos humanos bajo ataque» del mismo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas este 10 de diciembre (cuyo texto ha sido escasamente divulgado en grande medios de prensa, pese a estar contenido en un comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas – véase enlace), resulta muy recomendada: en particular el llamado que hace a sostener y a defender a organizaciones sociales y a pequeñas comunidades y líderes que, desde diversas latitudes, alzan la voz en defensa de los derechos humanos y del ambiente. 

En materia de cambio climático, desde julio del 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias a una solicitud de Chile y de Colombia, emitió una opinión consultiva sobre cambio climático y derechos humanos, que ofrece una útil guía a los Estados en esta compleja y delicada materia (Nota 1). 

El 10 de diciembre del 2024

Precisamente, el año anterior, el 10 de diciembre en Costa Rica fue precedido por un día como el 7 de diciembre, que cobró un significado muy especial en el año 2024. 

En efecto, se conmemoraron exactamente 30 años desde el asesinato de cuatro ecologistas costarricenses, cuyas muertes no han sido debidamente investigadas,  manteniéndose un indignante manto de impunidad que se expande a otros casos similares más recientes. Cabe precisar que en el 2024, la única entidad costarricense que sí consideró importante realizar un acto formal en memoria de estos ecologistas asesinados en 1994, fue la Universidad de Costa Rica (UCR) (véase nota).  

El dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR) de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural«, constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes – e indignantes – del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron el fallecimiento de estas cuatro personas a finales de 1994 e inicios de 1995 en el caso de una de ellas.

Un 10 de diciembre del 2025 … inédito e insólito

Este 10 de diciembre del 2025 fue precedido por el anuncio desde Israel que firmó con Costa Rica un tratado bilateral en materia comercial (TLC), y que además, se planea abrir una oficina con estatuto diplomático en Jerusalén por parte de Costa Rica (véase nota de prensa Swiss Info del 8 de diciembre del 2025). 

El anunciar la firma de un TLC por parte de Costa Rica con Israel plantea algunas interrogantes muy válidas, al estar Costa Rica dispuesta a fomentar el intercambio comercial con un Estado:

– acusado de cometer un genocidio en Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023, con bombardeos aéreos indiscriminados y desproporcionados sobre Gaza que no han cesado; 

– cuya primera autoridad (en este caso su Primer Ministro) es objeto de una orden de captura por parte de la justicia penal internacional de La Haya desde noviembre del 2024 por crímenes de guerra; y 

– que continúa prohibiendo la entrada de alimentación, agua, medicamentos y de material médico de urgente necesidad,  en cantidades suficientes para las numerosas familias palestinas en Gaza que ahora deben enfrentar la llegada de las lluvias, del frío y del viento. A ese respecto, las imágenes desgarradoras de este reportage de la televisión española y este otro reportage de la televisión belga difundidos el pasado 12 de diciembre así lo hacen ver, así como las tomas contenidas en este reportage de la cadena catarí AlJazeera difundido este 15 de diciembre.

¿Cómo se podrá calificar a un Estado que, a sabiendas que la lluvia y el frío se instalan en Gaza, no permite la entrada masiva de la ayuda humanitaria que requieren urgentemente familias palestinas con numerosos niños desnutridos y descalzos, mal abrigados, viviendo en carpas plásticas desde meses?

Este 15 de diciembre del 2025, la Sala de Apelación de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó un enésimo intento por parte de Israel de intentar restarle validez  a las demandas que enfrenta ante la CPI por sus acciones militares insensatas en Gaza (véase texto de la decisión). El 17 de octubre del 2025, la Sala de lo Preliminar había rechazado otro enésimo intento de Israel en aras de restarle validez jurídica a las órdenes de capturas emitidas contra dos de sus dirigentes, siendo uno de ellos su actual Primer Ministro (véase texto de su decisión). Nuestros estimables lectores podrán revisar por sí mismos la casi nula difusión de ambas decisiones de la CPI en los grandes medios de prensa internacionales.

Con relación a la idea de establecer una oficina de Costa Rica en Jerusalén con estatuto diplomático, se trata de una verdadera provocación: tanto para el mundo árabe y más generalmente para el mundo musulmán, como para una gran parte de la opinión pública internacional indignada por el genocidio en curso en Gaza desde hace más de dos años. De materializarse esta iniciativa, estaríamos observando a una irreconocible Costa Rica, actuando en abierta violación al consenso internacional existente sobre el hecho que Jerusalén no puede ser considerada como la capital de Israel. 

Desde la perspectiva de los derechos humanos y de la imagen internacional que proyecta desde muchos años Costa Rica, la reacción de la Relatora Especial sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, no se hizo esperar: véase nota con su tweet, publicada en el medio digital Delfino.cr. En el mes de julio del 2025, tuvimos la ocasión de analizar las insólitas sanciones tomadas en su contra por la actual administración norteamericana, muy molesta con el contenido de su tercer informe sobre el genocidio en curso en Gaza (Nota 2).

Tuvimos la ocasión de explicar con anterioridad el riesgo que significaría para Costa Rica este TLC con Israel (véase enlace a conferencia auspiciada por la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras / ANDE en septiembre pasado y conferencia organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas / IIJ  de la Facultad de Derecho de la UCR, así como un muy completo foro específico sobre este TLC con Israel auspiciado esta vez por Alianza por una Vida Digna y el medio SurcosDigital). 

No está de más referir a la demanda interpuesta ante la justicia internacional de La Haya por Palestina contra Estados Unidos en septiembre del 2018, aún pendiente de resolución, en razón del traslado de su embajada de Tel-Aviv a Jerusalén (véase texto de la demanda). Tratándose de Estados Unidos, tampoco está de más indicar la felicitación a Costa Rica recibida inmediatamente por parte de Estados Unidos tras el anuncio hecho en los primeros días de diciembre del 2025 de un TLC con Israel (véase mensaje posteado en redes sociales)

Más allá de los aplausos oficiales que recibe cualquier Estado por parte de la actual administración norteamericana cuando pacta con Israel algún tipo de acuerdo, remitimos a nuestros estimables lectores a esta muy completa infografía realizada desde la radio universitaria de la UCR y a una entrevista que tuvimos al respecto en el programa radial de Interferencia la semana anterior (audio). 

Esta complacencia súbita con Israel ha tenido repercusiones casi simultáneas, al observarse al aparato diplomático de Costa Rica cambiar repentinamente su voto en resoluciones sobre Oriente Medio adoptadas en esta primera semana de diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas: véase al respecto esta muy detallada nota elaborada por el medio digital Delfino.cr. Este 12 de diciembre, una resolución de la misma Asamblea General acogiendo la opinión consultiva de la justicia internacional del 2024 condenando la ocupación y la colonización israelí del territorio palestino, reunió 139 votos a favor, 12 en contra y 19 abstenciones, que incluyen la abstención de la delegación costarricense (véase video y nota del medio Delfino.cr): además de insólita, la nota de Delfino.cr refiere a la ausencia de explicaciones dadas por parte del aparato diplomático costarricense. 

Resulta oportuno referir a la mofa presidencial a la que remite este artículo de julio del 2025 publicado en el Semanario Universidad : pareciera ser la única de un Jefe de Estado en ejercicio relativizando el drama indecible que se vive en Gaza. En el penúltimo informe disponible sobre la situación en Gaza elaborado por Naciones Unidas (al 4 de diciembre del 2025) se lee que se ha superado la cifra de 70.000 personas fallecidas en Gaza y de casi 171.000 personas heridas, muchas de ellas graves y desprovistas de atención hospitalaria debido a la destrucción de la red de hospitales en Gaza por parte de Israel:

«According to the MoH in Gaza, between 26 November and 3 December, 11 Palestinians were killed, 16 were injured and 20 bodies were recovered from under the rubble. This brings the casualty toll among Palestinians since 7 October 2023, as reported by the MoH, to 70,117 fatalities and 170,999 injuries. According to the MoH, the total number includes 299 fatalities who were retroactively added between 21 and 28 November after their identification details were approved by a ministerial committee. MoH reported that since the ceasefire, 360 Palestinians were killed, 922 were injured and 617 bodies were retrieved from under the rubble«.

Se considera que con la llegada de las lluvias y la baja sustancial de las temperaturas en Gaza, muchos familias palestinas en Gaza que viven en un campo de ruinas, bajo carpas de plástico, con una alimentación deficiente desde más de dos años, verán a muchos de sus seres queridos más vulnerables fallecer en las próximas semanas debido al frío y a la humedad que azotan a Gaza. Las imágenes impactantes de este reportage publicado por la televisión belga el 12 de diciembre así lo hace ver. El precitado informe de Naciones Unidas pues ser completado con el último informe al 11 de diciembre del 2025 (véase enlace), que detalla el nivel de violencia y las muertes ocasionadas por Israel entre un informe y otro.

Este 10 de diciembre, una ONG de renombre como Amnistía internacional circuló un comunicado de prensa (véase texto completo) sobre la justicia sin la cual toda iniciativa de paz en Gaza es ilusoria: una seria limitante que ya habíamos señalado al adoptarse por parte del Consejo de Seguridad la insólita resolución 2803, el pasado 17 de noviembre del 2025 (Nota 3).

Con relación a las ocurrentes iniciativas de Costa Rica relativas a Israel, cabe recordar que en noviembre del 2024, en plena cumbre mundial sobre ambiente realizada en Bakú (Azeirbadján), Costa Rica anunció la firma de un sorprendente Memorandum de Entendimiento (MoU) con Israel en materia ambiental: véase comunicado oficial de las autoridades ambientales de Costa Rica del 13 de noviembre y comunicado oficial de sus homólogas en Israel. Pocos día después,  Costa Rica obtuvo el poco decoroso galardón de «Fósil del Día» otorgado por organizaciones ecologistas internacionales indignadas: véase al respecto este artículo publicado en el semanario costarricense de Ojoalclima, cuya parte final exhibe a las autoridades costarricenses en su súbita negativa a dar algún tipo de explicaciones. 

¿Será que, a raíz de la firma de este TLC con Israel anunciado el pasado 8 de diciembre, Costa Rica será objeto de alguna campaña de discrédito y de boycott en su contra, así como de sus productos de exportación?

Un pequeño detalle en una votación reciente sobre prohibición de la tortura muy pocamente divulgado

La pregunta anterior cobra particular relevancia si consideramos que en materia de derecho internacional de los derechos humanos, un episodio muy poco referenciado por las grandes agencias de noticias que cubren a Naciones Unidas, tuvo lugar el pasado 20 de noviembre del 2025: en efecto, como ocurre cada tres años, se votó la resolución trienal en el seno de la IIIa Comisión de de la Asamblea General, que reafirma la prohibición de la tortura y de los malos tratos (véase texto de la resolución). 

Por primera vez en los últimos decenios, se contabilizaron en este mes de noviembre del 2025 un total de 169 Estados votando a favor y … votaron en contra Argentina, Estados Unidos e Israel. De estos tres Estados, únicamente Estados Unidos procedió a explicar su voto en contra con argumentos algo risibles si no se tratara de un tema tan grave en materia de derechos humanos (véase texto). Se registraron además 4 abstenciones que deberían de interpelar a muchos: Burundi, Papua Nueva Guinea, Nicaragua y Rusia.

Este detalle (véase recuadro) de la votación merecía, en nuestra modesta opinión, una mención en medios informativos: resulta llamativo que haya pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional y que muchas salas de redacción omitieran toda referencia a este intento por erosionar una regla internacional fundamental en materia de protección de los derechos humanos. ¿No interesará realmente ya a nadie que hayan Estados objetando la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos inhumanos, crueles o degradantes? 

Usualmente, este resolución trienal de la Asamblea General de Naciones se adopta por consenso entre los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, tal y como ocurrió en ejercicios similares en el 2022 (véase texto), en el 2017 (véase texto) y en el 2014 (véase texto).

En febrero del 2025, en un informe publicado por una ONG en Israel (véase informe completo), se leía:

«By disregarding the extended evidence from human rights organizations submitted to Israel courts and authorities, and allowing abuses and torture to persist, the State creates an environment of impunity where these acts are normalized, further exacerbating human rights violations. The lack of accountability for perpretators further underscores the systemic nature of the issue, with victims facing ongoing violations and no legal recourse» (p. 20).

Nótese que en el 2002, con relación a la prevención de la tortura, Estados Unidos fracasó, y lo hizo estrepitosamente, en Naciones Unidas en su intento por frenar a como diera lugar la adopción de un Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de 1984 (véase nota de prensa del New York Times y texto del Protocolo): un instrumento internacional finalmente adoptado en diciembre del 2002 (véase resolución) con una abrumadora mayoría de 127 votos a favor y tan solamente 4 votos en contra: Estados Unidos, Islas Marshall, Nigeria y Palau. Sobre el detalle de las negociaciones en Naciones Unidas, lideradas exitosamente por Costa Rica desde 1991 y ello de manera ininterrumpida, remitimos a nuestros estimables lectores a esta publicación del 2004. en particular el Capítulo II a páginas 41-73. En la página 265 se puede apreciar el cambio de posición de Israel durante la tramitación de este valioso instrumento universal entre noviembre y diciembre del 2002.

Un poco de historia: el 10 de diciembre de 1948, inicio de un largo recorrido

La emblemática fecha del 10 de diciembre responde a la fecha en la que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos: se trató inicialmente de una simple resolución, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y que, sin proponérselo sus redactores, iniciaría una dinámica muy propia dentro del ordenamiento jurídico internacional:

– tanto a nivel universal, con la elaboración de una multitud de tratados y de sus protocolos facultativos, auspiciados por Naciones Unidas para proteger ciertos derechos, o proteger ciertas categorías de seres humanos o luchar contra ciertas violaciones específicas de derechos humanos (véase listado); 

– como a nivel regional con, además de tratados muy diversos con los mismos propósitos descritos anteriormente (como por ejemplo los instrumentos de derechos humanos adoptados en el marco interamericano), la creación de tribunales regionales especializados en derechos humanos en Europa (1950), en el hemisferio americano (1969) y en el continente africano (1998): un logro que no se ha podido materializar en Asia, como tampoco en el plano nivel universal.  

Todos estos instrumentos vinculantes obligan a los Estados Partes a tomar ciertas disposiciones, a adaptar sus regulaciones internas, en aras de volver efectivo el ejercicio de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción reconocidos en estos tratados y respetarlos. En algunas de estas convenciones internacionales, se abre la posibilidad para que las víctimas o sus familiares acudan a una instancia internacional cuando la justicia nacional les niega el ejercicio de estos derechos.

La persistencia del crimen de genocidio y de crímenes de guerra – objetos de una convención de 1948 y de los convenios de Ginebra de 1949 – y de crímenes de lesa humanidad, llevó a la comunidad internacional a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998 para enjuiciar desde el punto de vista penal a título individual a personas sospechosas de cometerlos o instigarlos. Al respecto, en el año 2024, fue el 4 de diciembre que el genocidio en curso en Gaza iniciado desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 fue reconfirmado en un contundente informe de la reconocida  ONG Amnistía Internacional, antecedido en octubre por el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas titulado “El genocidio como supresión colonial «, precedido de su informe de julio titulado “Anatomía de un genocidio”: al respecto, la casi nula difusión en medios de prensa internacionales de estos informes en diciembre del 2024 plantea interrogantes muy válidas. El informe de Human Rights Watch dado a conocer de igual manera el 19 de diciembre del 2024 conoció la misma suerte en cuanto a su difusión.

Costa Rica y los derechos humanos desde la perspectiva de sus obligaciones internacionales

Como Estado, Costa Rica históricamente ha basado su política exterior en los derechos humanos y en la defensa del Estado de derecho y la democracia, y ha suscrito una gran cantidad de convenciones en materia de derechos humanos, tanto de carácter universal, como de carácter regional. 

El hecho de albergar en su capital a la Corte Interamericana de Derechos Humanos instalada formalmente en septiembre de1979 y de haber recibido a una gran cantidad de latinoamericanos  huyendo regímenes militares autoritarios en los años 70 y 80 proviniendo de Suramérica, así como de Centroamérica,  confirman este compromiso: y de alguna manera, este historial aunado al hecho que abolió el ejército en 1948, le ha permitido a Costa Rica alzarse en el concierto internacional como una voz autorizada, siempre atenta a posiciones de vanguardia en los diversos foros y recintos internacionales.

El último instrumento universal de Naciones Unidas ratificado por Costa Rica en materia de derechos humanos fue en septiembre del 2014 el Protocolo Facultativo al Pacto  Internacional sobre Derechos Ecnoómicos, Sociales y Culturales – véase estado oficial de firmas y ratificaciones – (Nota 4).

Esta imagen que proyecta Costa Rica a nivel internacional se ha visto reforzada por las declaraciones oficiales que elaboran sus diplomáticos en una multitud de foros internacionales sobre derechos humanos: no obstante, la distancia entre por una parte este discurso y esta imagen, y por otra, el cumplimiento de las obligaciones que derivan de los instrumentos internacionales a los que es Estado Parte en materia de derechos humanos, es cada vez mayor. Un fenómeno muy similar se observa también en materia ambiental, un ámbito a partir del cual también Costa Rica proyecta su imagen internacional.

Algunos tratados de derechos humanos contemplan la creación de órganos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados Partes: en el ámbito universal, a la fecha son 10 los “órganos de tratados” o mecanismos convencionales en derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de analizar las observaciones hechas por algunos de ellos con relación a Costa Rica en materia de discriminación contra las mujeres en el 2017, y en materia de obligaciones derivadas de uno de los dos Pactos internacionales de 1966, en el 2016. En  este último texto, ya concluíamos nuestras reflexiones en el 2016 señalando que:

“No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años”.

Paralelamente, desde el 10 de diciembre de 1948, la dinámica muy propia de los derechos humanos debió afrontar los límites de la técnica convencional internacional (al tratarse de instrumentos negociados por Estados y solamente por Estados), llevando de esta manera a Naciones Unidas a dotarse de los denominados «mecanismos no convencionales«: ello a través de mandatos ejercidos por Relatores Especiales o Expertos Independientes que cubren ya sea una problemática específica en materia de derechos humanos, ya sea examinan la situación particular que se da en un determinado Estado. 

En este enlace de Naciones Unidas se detallan los 46 mecanismos temáticos y los 40 mecanismos/país que se han creado, trabajando en un caso como en otro, desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), la lista oficial de relatorías también evidencia la necesidad de superar los límites de la técnica convencional con este tipo de mecanismos no convencionales y su principal interés: reunir información de primera mano, recabar eventualmente denuncias y exigir aclaraciones a un Estado, así como llamar la atención sobre una problemática determinada que amerita una respuesta de carácter urgente.

Tanto los mecanismos convencionales como no convencionales proceden a hacerle periódicamente recomendaciones generales a los Estados de cara al cumplimiento de las obligaciones internacionales que han contraído: 

– en el caso de los primeros, sus recomendaciones se encuentran en las observaciones finales a los informes periódicos de cumplimiento que los Estados deben de presentar. Usualmente la presentación de un informe oficial por parte de un Estado viene acompañado de informes alternativos (o «informes sombra«) que proceden de la sociedad civil tendientes a poner en evidencia la falsedad o el carácter sumamente cuestionable de los datos oficiales proporcionados por el Estado en su informe oficial, o  a dar a conocer situaciones convenientemente omitidas por el Estado a la hora de preparar su informe. Podemos citar como ejemplos recientes, este informe alternativo presentado por organizaciones civiles colombianas en el 2024 y este otro por organizaciones peruanas en el 2023  así como este informe presentado desde El Salvador en el 2022, y menos recientes, este voluminoso informe de 250 páginas producido por varias ONG en México en el 2017, este informe de un colectivo de ONG guatemaltecas del 2010 y este informe del 2009 producido por una reconocida ONG en Argentina cuya presentación explicita el objetivo que debería perseguir todo informe alternativo (Nota 5). 

– en el caso de los mecanismos no convencionales, sus recomendaciones provienen de los resultados de sus visitas in situ al Estado concerñido, durante las cuales se reúnen tanto con las autoridades como con la sociedad civil.

Costa Rica no escapa a este escrutinio internacional permanente desde Naciones Unidas, o desde la OEA, dando muestras de ciertas inconsistencias que a continuación señalaremos, de muchas más que evidencia el errático actuar del Estado costarricense cuando se trata de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Tuvimos hace unos meses (septiembre) la ocasión de explicar que el deterioro de las condiciones laborales en Costa Rica responde en gran parte al  no acatamiento por parte de Costa Rica de recomendaciones internacionales en una nota titulada precisamente:

«El grave deterioro de las condiciones laborales en Costa Rica, síntoma de un «modelo de desarollo» que hace caso omiso de varios instrumentos internacionales. ¿Hasta cuando?»

En el mes de noviembre del 2025, se denunció la colocación de vallas en la ciudad de Puntarenas contra un renombrado científico costarricense y un abogado especializado en el litigio ambiental, sin que a la fecha las autoridades logren dar con los responsables de esta clara incitación al odio en contra de ambas personas (véase nota del Semanario Universidad). En agosto  del 2025, el sorprendente embargo de la cuenta bancaria de un ecologista de renombre costarricense evidenció el nivel de creatividad de algunos bufetes corporativos (véase nota de Delfino.cr y nota del Semanario Universidad). Ambos casos ponen en evidencia la situación de extrema vulnerabilidad de quienes en Costa Rica, tienen el valor de alzar la voz en defensa del ambiente, y su total desprotección por parte del Estado costarricense.

Más recientemente (diciembre del 2025), nos referimos a la dramática situación que deben enfrentar personas indígenas oriundas de Nicaragua en Costa Rica, en una nota titulada:

«Mujeres indígenas miskitas en Costa Rica: breve análisis a raíz de una emisión radial».

De algunos otros lunares persistentes en Costa Rica en materia de derechos humanos

El último informe del Relator Espacial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a raíz de su visita en Costa Rica y que tuvimos la ocasión de comentar (Nota 6) luego de su publicación en el 2022, espera pacientemente que las recomendaciones ahí reunidas sean objeto de seguimiento. Dos asesinatos en menos de un año (Sergio Rojas, marzo del 2019, Jehry Rivera, febrero del 2020) en un misma región (Salitre), siendo ambos líderes objetos de medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde abril del 2015 al Estado costarricense ¿ deberían de interpelar o no a la sociedad costarricense?

El informe de la Relatora Especial sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos del 2009, a raíz de su primer visita como Relatora a Costa Rica, espera igualmente pacientemente que las autoridades actúen: entre sus diversas recomendaciones, está la discriminación con respecto al acceso al agua potable que siguen sufriendo varios sectores de la sociedad costarricense, en particular las comunidades indígenas (punto 70 de su informe). Entre otras recomendaciones de la experta del 2009 sobre el uso de plaguicidas (punto 71), es de señalar que  Costa Rica adoptó tan solo en el 2107 un Decreto Ejecutivo para limitar el uso del bromacil en las plantaciones de piña y de banano, pero esperan similar atención el diurón y varios otros plaguicidas altamente peligrosos para la salud humana que terminan vertidos en aguas y suelos en las cercanías de estas plantaciones donde habitan comunidades humanas, mencionados en su informe. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que recomendaciones internacionales no seguidas de efecto sigan sumiendo a comunidades costarricenses con problemas de salud y pobreza, problemas de aprendizaje de niños costarricenses, debido a la contaminación circundante de empresas exportadoras de frutas tropicales? Su recomendación sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario y turístico lanzada desde el 2009 (punto 72) debería también interesar a algunas provincias como Guanacaste, el Pacífico Central y la extrema presión que se manifiesta en algunas partes de la costa del Caribe costarricense como por ejemplo en Gandoca Manzanillo (cuyo humedal es un humedal inscrito en la lista Ramsar que Costa Rica tiene la obligación internacional de resguardar y proteger).

La incitación al odio en contra de ciertas categorías de personas en Costa Rica llámese migrantes, población sexualmente diversa, comunidades indígenas, población afro descendiente, mujeres, personas privadas de libertad, personas afectadas por el VIH SIDA, y otros grupos,  espera una regulación con el fin de dotar a Costa Rica de una legislación que frene los ardores discursivos de algunos y ponga término a expresiones profundamente hirientes y discriminatorias que persisten en redes sociales, programas de radio y televisión y en un sinnúmero de espacios públicos. En el 2018, la sociedad costarricense se demostró a si misma los resortes de los que dispone cuando un pequeño grupo convocó una marcha en pleno centro de San José en contra de los migrantes oriundos de Nicaragua. En su momento saludamos esta reacción de la sociedad costarricense, no sin alertar con un “Estado, ¿estás?” las advertencias desoídas hechas por varios mecanismos de derechos humanos a Costa Rica antes del 2018 en materia de racismo y xenofobia. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que otros Estados hayan legislado para evitar la incitación al odio en contra de ciertos sectores en declaraciones públicas mediante la adopción de una legislación penal que tipifica la incitación al odio? ¿Acaso la simplificación extrema y la polarización que fomentan en una sociedad las redes sociales no deberían de llevarla a resguardarse ella misma de éstas? Con ocasión de amenazas y un tono particularmente agresivo en contra de la población sexualmente diversa, habíamos tenido la oportunidad de señalar, con ocasión de la campaña electoral del 2018 que:

“En materia de odio y de incitación al odio, las disculpas públicas son posiblemente el mejor remedio, en particular si tomamos en consideración el hecho que una laguna legal persiste en el derecho penal costarricense: la ausencia de una tipificación más acorde con nuestros tiempos del delito de incitación al odio”

Con relación a un instrumento internacional que permitiría interesarse por las condiciones laborales de la población migrante y forzar al Estado a mayores controles, un instrumento de Naciones Unidas desde 1990 existe, sin que Costa Rica lo haya tan siquiera firmado: un verdadero lunar al observar que se trata del único instrumento de importancia universal al que Costa Rica le da la espalda, impidiendo que se pueda iniciar una campaña en pro de su ratificación. Muy, pero en realidad muy recientemente una tesis de Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras. ¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la CCSS? Un informe previo de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de sus trabajadores. Desde el punto de vista social y ambiental ¿acaso no debería llamar la atención el hecho que los principales cantones en los que se ha expandido la piña desde mediados de los años 2000 se mantienen con los peores índices de desarrollo humano a nivel cantonal en toda Costa Rica, sin que las comunidades circundantes vean en lo más mínimo mejorar paulatinamente sus condiciones de vida y el acceso a servicios básicos?

En el ámbito digital, de la protección de datos personales, de la respuesta a discursos de odio en redes, en particular contra las mujeres, la violencia se sigue generando y las brechas con relación al acceso y la cobertura se siguen abriendo como bien se detalla en este informe de una ONG, excluyendo año tras año a diversos sectores de la sociedad costarricense (véase informe de la ONGs APC y Sulá Batsú del 2024). Es probable que muy pronto recomendaciones provengan de Naciones Unidas en este mismo sentido al Estado costarricense. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que el mundo digital esté agudizando aún más las ya graves brechas que persisten en su seno?

En otro tema relacionado a la independencia del Poder Judicial en Costa Rica, una comunicación del Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados y abogados espera también pacientemente que el Estado costarricense tenga la gentileza de responderle. La misiva es del mes de julio del 2019 (véase texto) y en el sitio de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aparece la mención «En espera de respuesta del Estado«. A ese respecto, en el 2021, la máxima instancia del Poder Judicial optó por ofrecer un espectáculo raramente observado (véase nota del Semanario Universidad del 24 de mayo del 2021).

Finalmente, el informe oficial de Costa Rica con relación a sus obligaciones en materia de derechos de las personas con discapacidad presentado en el 2023 (véase informe) detalla una serie de regulaciones y planes oficiales… cuya efectividad suele constituirse en un verdadero desafío para personas costarricenses con algún grado de discapacidad. Salvo error de nuestra parte, no se tiene registro en el caso de Costa Rica, de un informe alternativo similar al que fue presentado por un colectivo de ONG de México en el 2019 (véase informe).

Imagen internacional vs. agenda muy descuidada en materia de derechos humanos

Podríamos incluir más advertencias desoídas provenientes de mecanismos de derechos humanos en otros ámbitos de los derechos humanos (libertad de expresión, discriminación contra la mujer, personas con discapacidad, niños en situación de vulnerabilidad, defensa de los derechos laborales, personas migrantes, personas privadas de libertad, trata de personas, prostitución forzada, …)  pero quisiéramos creer que con ocasión  de este 10 de diciembre del 2025, diversos sectores y organizaciones sociales en Costa Rica alzaron la voz para denunciar la situación que se observa desde hace ya varios años: una vergonzosa inacción estatal aunada a un desinterés de la clase política y de algunos sectores de la sociedad costarricense que, irremediablemente, conducen a un despojo de los derechos de amplios sectores de esta misma sociedad. 

En mayo del 2025 una ONG especializada en el litigio interamericano hizo ver las graves violaciones de la normativa internacional a las que Costa Rica se prestó, al aceptar vuelos en proveniencia de Estados Unidos con personas en situación migratoria irregular (véase enlace).

El desinterés por los derechos humanos por parte de algunos sectores en Costa Rica se ve agravada por una narrativa de algunos decisores políticos, tendiente a desacreditar y a estigmatizar a algunos sectores sociales y a pequeños colectivos dedicados precisamente a la defensa de los derechos humanos y del ambiente.

Sí quisiéramos hacer ver la muy (pero muy…) poca difusión que se hace en Costa Rica del contenido de estos informes, que cada cierto tiempo son dados a conocer desde Naciones Unidas o bien desde la OEA. En materia de cobertura de prensa, resulta de interés observar la facilidad con la cual los medios de prensa costarricenses replican  en modo «automático» los comunicados oficiales del Estado costarricense sobre estos informes (que insisten en algunas cosas y omiten convenientemente otras…) sin nunca dar a conocer a sus lectores el contenido integral de estos informes como tal. 

Si en materia de desempeño ambiental, las autoridades ambientales no dudan un momento poner a disposición del público el informe – texto integral – sobre desempeño ambiental de Costa Rica en el 2023 elaborado por la OCDE (véase enlace), ¿ qué será lo que inhibe a poner en línea un informe sobre desempeño en materia de derechos humanos de Costa Rica elaborado desde algún órgano de Naciones Unidas?

Con relación a mecanismos no convencionales, es muy probable que nuestros estimables lectores descubran tan solo al leernos las recomendaciones (punto 140) contenidas al final del informe de abril del 2024 del Relator Especial sobre el derecho al disfrute de la salud mental y física, elaborado a raíz de su visita realizada a Costa Rica. Es también altamente probable que las recomendaciones (puntos 64-111) del Relator de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de la esclavitud a raíz de su visita a Costa Rica del 2023 (véase informe) causen similar sorpresa. Y con relación a mecanismos convencionales, es igualmente muy posible que la misma sensación de extrañeza (o casi) aflore, con las observaciones hechas al octavo informe oficial de Costa Rica con relación a los derechos de las mujeres, realizadas por los integrantes del Comité de la CEDAW en el 2023 (véanse puntos 9 a 53 de sus observaciones); o bien con relación a las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada  (CED) al informe de Costa Rica (véase observaciones) hechas en el 2023; así como las observaciones del Comité contra la Tortura (CAT) al tercer informe de Costa Rica, enviadas en diciembre del 2023 (véase observaciones).  Es de notar que en el punto 42 de este último informe, al parecer molestos por la reiteración de recomendaciones hechas a Costa Rica en el pasado y no seguidas de efecto, se señala por parte de los integrantes del CAT que:

«El Comité solicita al Estado parte que proporcione, a más tardar el 24 de noviembre de 2024, información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité relativas a la detención preventiva, las condiciones de reclusión, la investigación de los actos de tortura y malos tratos y la no devolución (véanse los párrafos 13, 15 a), 25 a) y 31 a) respectivamente).«

Cabe precisar que el punto de contacto dentro del aparato estatal costarricense con los mecanismos convencionales (y no convencionales) a través del cual se tramita toda la correspondencia con éstos, recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.

A modo de conclusión

La distancia cada vez mayor entre discursos oficiales en recintos internacionales de Costa Rica y la realidad de los derechos humanos en la misma Costa Rica, y el desinterés creciente de varios sectores ante la creciente problemática de los derechos humanos, han quedado en  evidencia con lo que ha ocurrido con el último instrumento jurídico adoptado desde aquel 10 de diciembre de 1948, que iniciaría esta inacabada senda del derecho internacional de los derechos humanos: se trata de un instrumento regional, el Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en marzo del 2018. 

Los mitos y supuestos “argumentos” (que han resultado ser, como bien lo indica el programa Doble Check de la radio universitaria argumentos falsos creados a su alrededor), la frontal oposición que una magistrada constitucional y sus colegas consideraron oportuno desarrollar desde la misma Sala Constitucional para complicar la tramitación de este valioso instrumento regional, así como la indiferencia de varios sectores que muy bien pone en evidencia este documental elaborado desde la UCR en el 2021, colocan ahora a Costa Rica ante sus contradicciones y ante una comunidad internacional algo perpleja: en particular al haber ya sido el Acuerdo de Escazú ratificado por 18 Estados (el último en haberlo hecho siendo Bahamas en junio del 2025, antecedido por Colombia en septiembre del 2024, después de Chile (2022), Argentina y México en el 2021), sin que en ninguno de los 18 Estados Partes se haya observado en lo más mínimo los supuestos efectos negativos para Costa Rica, que tanto se esmeran en difundir los opositores al Acuerdo de Escazú y sus muy hacendosas e inventivas fichas (Nota 7).

La protección de los que alzan la voz en materia ambiental en Costa Rica ante las constantes amenazas, intimidaciones, que a veces terminan con asesinatos, pero también vejaciones, y estigmatizaciones  de todo tipo, así como juicios penales por presunta difamación que archivan los tribunales, constituye una vieja deuda en materia de derechos humanos en Costa Rica:  al respecto, cabe mencionar este otro documental de la UCR titulado “El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente”.  En el 2014 tuvimos la ocasión de analizar el contenido del informe del Relator de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos a raíz de su visita a Costa Rica: 11 años después, las recomendaciones reunidas en su informe (punto 61 en adelante) persisten como tareas y en el caso de algunas de ellas, como verdaderos desafíos para una Costa Rica cada vez más irreconocible en algunos ámbitos.

La desprotección de quienes defienden el ambiente cobra particular relevancia en este inicio del mes de diciembre, en particular en estos días en los que se conmemoraron 31 años desde la muerte de tres activistas cuyos cuerpos incinerados fueron encontrados en un casa el 7 de diciembre de 1994 en Moravia, y la muerte de un cuarto integrante cuyo cuerpo fue encontrado en febrero de 1995 en La Uruca (caso AECO): sobre este doloroso caso en el que campea la impunidad (como en muchos otros casos de intimidaciones y amenazas en los que las víctimas resultan ser ecologistas, líderes indígenas, lideresas campesinas), el dictamen de la Procuraduría General de la República de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural» constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron estas cuatro muertes, conjuntamente con unas cuantas más.  De manera a no reiterar la pregunta hecha con anterioridad, se recomienda una lectura pausada de dicho informe de la PGR, que, a la fecha, no ha dado lugar a ninguna rectificación por parte del Estado o expresión oficial de pesar (disculpa pública) (Nota 8) por lo ocurrido hace 31 años en la capital costarricense.

Finalmente, el hecho de anunciar la firma de un TLC por parte de Costa Rica con Israel plantea la siguiente interrogante en este mes de diciembre del 2025: el fomento del intercambio comercial con un Estado acusado de cometer un genocidio en Gaza, cuya primera autoridad (su Primer Ministro) es objeto de una orden de captura por parte de la CPI desde noviembre del 2024 por crímenes de guerra…¿acaso no coloca a Costa Rica en abierta violación a la obligación que tiene de prevenir el crimen de genocidio que deriva de la convención de 1948 sobre la prevención y sanción de genocidio a la que es Estado Parte? ¿Acaso no contraviene con otra obligación que es la de respetar pero también de «hacer respetar» el derecho internacional humanitario, derivada de los convenios de Ginebra de 1949 y del mismo Estatuto de Roma de 1998 que crea la CPI? ¿Acaso no hace a un lado la imagen tradicional que se ha tenido de un Estado que fomenta el diálogo, el derecho internacional humanitario, la justicia internacional y la limitación del comercio de armas?  Para la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos del pueblo palestino, la decisión de Costa Rica es equivocada (véase su mensaje en redes sociales). 

En este día internacional de los derechos humanos, y tomando en consideración la pérdida de la imagen internacional sufrida por Costa Rica observada en los últimos meses, así como la crisis aguda que vive el sector turismo (el cual depende mucho de la percepción que se tenga en el exterior de Costa Rica), nos permitimos reiterar a nuestros estimables lectores una pregunta un poco más general, que titulaba este artículo nuestro publicado en ElMundo.cr en su edición del 11 de agosto del 2025: 

«¿Resultará realmente oportuno y conveniente para Costa Rica… firmar un TLC con Israel?«

– – Notas – – 

Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N.,»Derechos humanos y cambio climático: breves reflexiones con relación a la Opinión Consultiva OC/32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de este 3 de julio«, edición del 3 de julio del 2025. Texto  disponible aquí. 

Nota 2: Véase al respecto  BOEGLIN N.,»Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza«, 3 de julio del 2025. Texto disponible aquí. 

Nota 3: Véase al respecto  BOEGLIN N.,»Gaza / Israel: una insólita resolución 2803 adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, analizada desde una Costa Rica totalmente omisa», 17 de noviembre del 2025. Texto  disponible aquí. 

Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., » Costa Rica ratifica Protocolo Facultativo al Pacto DESC de Naciones Unidas«, DerechoaldDia, edición del 1 de octubre del 2014. Texto disponible aquí. 

Nota 5: Se lee en la primera página que: «En tal sentido, este documento resulta complementario del que fuera enviado al Comité de Derechos Humanos (en adelante Comité) en su 96º período de sesiones, en ocasión de llevarse a cabo la pre-sesión para la evaluación del Estado argentino. En efecto, este informe alternativo tiene como finalidad ampliar y actualizar la información contenida en aquél documento, de manera de proporcionar al Comité nuevos elementos para que pueda realizar un análisis más completo sobre los factores que inciden en el goce de los derechos contenidos en el PIDCP en la Argentina. Por otro lado, se aporta información relevante sobre algunas de las cuestiones consideradas prioritarias por el Comité en su documento de fecha 25 de agosto de 2009 (CCPR/C/ARG/Q/4)«.

Nota 6: Véase al respecto BOEGLIN N., «Informe del Relator especial de Naciones Unidas exhibe graves  y persistentes lagunas del país«,  Sección Voz experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 6 de octubre del 2022. Texto disponible aquí.

Nota 7: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en el mes de marzo del 2020, véase una acérrima crítica dada a conocer, y cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., “Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú“, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.

Nota 8: En el caso de Jannette Kawas Fernández, una ecologista asesinada en Honduras en la misma época (febrero de 1995) en la que fueron asesinados lo integrantes de AECO en Costa Rica, sus familiares sí activaron el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En una histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abril del 2009 (véase texto completo), los jueces estimaron (véase el punto 202) que:

«… el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso, en desagravio a la memoria de Blanca Jannette Kawas Fernández. En dicho acto se deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia. Asimismo, este acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública, con la presencia de autoridades estatales. El Estado deberá asegurar la participación de los familiares de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández, declaradas también víctimas por este Tribunal, y que así lo deseen. La realización y particularidades de dicha ceremonia pública deben consultarse previa y debidamente con los familiares de la señora Kawas Fernández. El Estado cuenta con un plazo de un año para cumplir con esta obligación«.