Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
«Tout ce qui se passe ne semble pas relever du hasard, mais d’un plan systématique clairement visible, dans une tentative manifeste de pousser les habitants à l’exil, à accepter ce qu’on appelle les projets de « migration volontaire », c’est-à-dire un déplacement forcé déguisé. Les politiques de famine, de destruction et de bombardements constants ne sont que les outils d’un plan plus vaste visant à vider Gaza de ses habitants ou à briser leur volonté. Ce qui se joue à Gaza n’est pas seulement un siège ou une agression, mais un processus d’extinction méthodique de la vie et de la présence palestinienne».
Testimonio de habitante de Gaza, 12 de abril del 2025. Extracto de»Témoignage d’Abu Amir, le 12 avril 2025: Gaza sous le feu: bombardements et faim impitoyable». Texto completo disponibleaquí.
El pasado 4 de junio del 2025, un proyecto de resolución en el seno del Consejo de Seguridad sobre el drama indecible que se vive en Gaza fue vetado por Estados Unidos (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas al respecto y nota de The Guardian).
Es de notar que se trataba del primer ejercicio sobre la situación en Gaza en el que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas intentaba acordar un texto entre sus integrantes, luego de la llegada a la Casa Blanca de su nuevo ocupante en enero del 2025.
El texto integral del proyecto de resolución puede ser revisado en su versión oficial en español y en inglés, al final de estas mismas reflexiones, en la sección «Documento /Material«: su lectura (recomendada) permite entender mejor el alcance de la maniobra buscada por los promotores de esta iniciativa (y las contradicciones que reviste el veto norteamericano).
En el párrafo operativo 3 de este proyecto de resolución, se puede leer que el Consejo de Seguridad:
«3. Exige el levantamiento inmediato e incondicional de todas las restricciones impuestas a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y su distribución segura y sin trabas a gran escala, incluso por parte de las Naciones Unidas y los asociados humanitarios, en toda la Franja de Gaza, así como el restablecimiento de todos los servicios esenciales con arreglo al derecho internacional humanitario, los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, y sus resoluciones pertinentes».
Es de notar que los integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lograron acordar una fórmula permitiendo manifestarse al respecto y contando con el voto afirmativo de casi todos sus 15 integrantes. Este comunicado conjunto de los 10 Estados integrantes no permanentes del Consejo de Seguridad (denominado E-10 en la jerga de Naciones Unidas, y que por parte del hemisferio americano, integran Guyana y Panamá) constituye un llamativo esfuerzo en ese sentido y un llamado extremadamente claro a la opinión pública internacional, que podemos resumir de la siguiente manera: «no somos Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero pedimos a los que sí lo son actuar ante la tragedia inhumana que vive la población civil en Gaza«.
Cabe traer a la memoria una advertencia hecha ante este mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, menos de 10 días después del 7 de octubre del 2023 por parte del representante de Palestina (en esta cita, la versión en inglés acompaña la versión en castellano):
«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros / What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them» (Intervención del representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim S/PV/9439, at page 9).
Pese a esta muy tempranera advertencia, y a muchas otras posteriores hechas por parte de un sinnúmero de entidades, de Estados, y de expertos de Naciones Unidas, sobre las verdaderas intenciones de Israel en Gaza, resulta de interés observar:
– cómo, poco a poco, los mecanismos internacionales para que Israel rinda cuenta a la justicia internacional de sus numerosas exacciones contra la población civil en Gaza se han ido activando, y;
– cómo las vociferaciones y gesticulaciones de las máximas autoridades israelíes y su abierto desafío a la autoridad de los diversos órganos de Naciones Unidas, jurisdicciones incluídas, están llevando a los demás Estados de la comunidad internacional (con la notable excepción de Estados Unidos) a considerar a Israel como un verdadero Estado paria.
Tuvimos hace poco en la radio universitaria costarricense (véase enlace) la posibilidad de externar criterio sobre estas y muchas otras vociferaciones en el marco de una emisión radial, en compañía de la representante de Palestina en Costa Rica, titulada: «La deshumanización como técnica narrativa para volver aceptable lo inaceptable: el genocidio en Gaza» (audio en Spotify disponible aquí).
El contexto en el que se da esta votación en el seno del Consejo de Seguridad
La catástrofe humanitaria provocada por Israel en Gaza, al mantener un bloqueo a la ayuda humanitaria, y al romper la tregua acordada con el Hamas en enero del 2025 desde el pasado 18 de marzo, con bombardeos diarios indiscriminados sobre esta misma población civil, ha sido ampliamente reportada, provocando reacciones de profundo repudio de Estados usualmente cercanos a Israel como por ejemplo Australia, Alemania, Canadá, Francia o bien Reino Unido.
– Algunas de las reacciones oficiales de Estados
En el mes de mayo por ejemplo, Canadá, Francia y Reino Unido condenaron de manera colectiva los anuncios de Israel relativos a la expansión de sus operaciones militares en Gaza (véase comunicado conjuntodel 19 de mayo). En el comunicado colgado por las autoridades de Francia (véase texto) se indica que:
«Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que le gouvernement Netanyahou poursuit ces actions scandaleuses. Si Israël ne met pas fin à la nouvelle offensive militaire et ne lève pas ses restrictions sur l’aide humanitaire, nous prendrons d’autres mesures concrètes en réponse«.
Como corrolario a todo lo anterior el «asedio contra niños» en Palestina por parte de Israel fue denunciado el pasado 20 de mayo por parte de Naciones Unidas (véase comunicado oficial). Brasil exigió el 21 de mayo a Israel cesar su ofensiva en Gaza y levantar el bloqueo a la ayuda humanitaria en términos particularmente duros :
«Submetida há mais de dois meses a bloqueio completo, a Faixa enfrenta, ademais, risco iminente de fome generalizada. O Brasil expressa grave preocupação com a anunciada intenção israelense de permitir ingresso mínimo de alimentos e remédios em Gaza, recordando que o uso da fome como método constitui crime de guerra» (véase texto integral del comunicado oficial colgado por las autoridades diplomáticas brasileñas).
España condenó por su parte los nuevos asentamientos en Cisjordania autorizados por Israel el pasado 30 de mayo (véase comunicado); y suscribió una declaración conjunta firmada por 23 Estados el 19 de mayo (véase texto) sobre la inaceptable privatización de la entrega de la ayuda humanitaria en Gaza decidida por Israel. A inicios de mayo, España suscribió una declaración conjunta (véase texto) condenando la expansión de la operación militar de Israel en Gaza decidida por Israel el 5 de mayo, conjuntamente con Eslovenia, Islandia, Irlanda, Luxemburgo y Noruega.
Chile por su parte el 28 de mayo decidió retirar parte de su personal diplomático en Israel, en señal de repudio ante la catástrófica situación humanitaria en Gaza (véase comunicado de su aparato diplomático), que había condenado en términos vehementes en un comunicado anterior, el pasado 16 de mayo (véase texto), no sin antes (5 de mayo), condenar el plan de expansión de las operaciones militares en Gaza (véase comunicado), de igual manera condenado por Bolivia (véase comunicado del 7 de mayo): nuestros lectores, en particular en América Latina, podrán por sí mismos revisar si sus respectivas cancillerías alzaron la voz como Chile, Bolivia, y otros Estados durante el pasado mes de mayo, o si alguna oscura razón puede explicar el mutismo absoluto de sus autoridades diplomáticas ante el drama indecible que se vive en Gaza.
Sudáfrica por su parte condenó en un extenso comunicado con fecha del 1ero de junio (véase texto) las víctimas mortales palestinas que cayeron durante la entrega de ayuda humanitaria, un texto antecedido por otro del 16 de mayo (véase texto) en el que condenó la muerte de 143 personas en 24 horas en Gaza debido a los bombardeos del ejercito israelí.
– Algunas condenas provenientes de órganos de Naciones Unidas
El 3 de junio del 2025, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en un comunicado de prensa (véase texto) pasado desapercibido en la mayoría de los medios de prensa internacionales, señaló que:
«Deadly attacks on distraught civilians trying to access the paltry amounts of food aid in Gaza, are unconscionable. For a third day running, people were killed around an aid distribution site run by the “Gaza Humanitarian Foundation”. This morning, we have received information that dozens more people were killed and injured.
There must be a prompt and impartial investigation into each of these attacks, and those responsible held to account. Attacks directed against civilians constitute a grave breach of international law, and a war crime.
Palestinians have been presented the grimmest of choices: die from starvation or risk being killed while trying to access the meagre food that is being made available through Israel’s militarized humanitarian assistance mechanism. This militarized system endangers lives and violates international standards on aid distribution, as the United Nations has repeatedly warned«.
El último informe al 5 de junio del 2025 elaborado por Naciones Unidas (véase enlace), completado por el informe anterior al 28 de mayo del 2025 (véase enlace) da una idea de la violencia que ejerce Israel sobre la población civil de Gaza, objeto de bombardeos indiscriminados diarios desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, con una breve tregua registrada entre el 19 de enero y el 18 de marzo del 2025.
Desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, circula un informe realizado por una comisión internacional de invesigación, que detalla los crímenes de guerra perpetrados por Israel, en el que se enfatiza la destrucción deliberada de toda la infraestructura pública existente en Gaza: véase informe A/HRC/59/26 con fecha del 6 de mayo del 2025, muy pocamente referenciado en medios de prensa internacionales. Este informe concluye con un vehemente llamado a los Estados Miembros de Naciones Unidas:
«101. The Commission recommends that all Member States:
(a) Comply with all international law obligations, including those set out in the July 2024 advisory opinion of the International Court of Justice, the Geneva Conventions of 12 August 1949, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide;
(b) Cease aiding or assisting in the commission of violations; and explore measures to ensure the accountability of perpetrators of international crimes, grave human rights violations and abuses in Israel and the Occupied Palestinian Territory«.
Durante la sesión del 4 de junio del Consejo de Seguridad, el Sub Secretario General para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas imploró al Consejo de Seguridad a tomar decisiones valientes en aras de gestionar la llegada de la ayuda humanitaria que Israel bloquea y concluyó indicando (véase texto de su intervención):
«No one should have to risk their life to feed their children. As I have repeatedly stressed, we must be allowed to do our jobs: We have the teams, the plan, the supplies and the experience. Open the crossings – all of them. Let in lifesaving aid at scale, from all directions. Lift the restrictions on what and how much aid we can bring in. Ensure our convoys aren’t held up by delays and denials. Release the hostages. Implement the ceasefire.We value the support of more and more Member States who are joining our call: Let us work».
– Tramitación de casos contra Israel ante la justicia internacional y ante la justicia nacional
Este 9 de junio, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó por infundada la enésima solicitud de Israel para intentar dejar sin efecto las órdenes de arresto contra su actual primer Ministro y su ex Minsitro de Defensa (véase texto, en particular conclusiones a párrafos 46-49); al tiempo que Australia, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido anunciaron este 10 de junio sanciones contra dos ministros del actual gabinete que gobierna en Israel (véase comunicado oficial del Reino Unido y artículo publicado en el TimesofIsrael). Cabe precisar que la CPI no juzga a Estados, sino que busca enjuiciar a personas a título individual, desde el punto de vista penal, por ordenar, instigar o cometer actos particularmente graves debidamente tipificados desde 1998 en el Estatuto de Roma (véase texto) como lo son: el crimen de genocidio (artículo 6), los crímenes de lesa humanidad (artículo 7) y los crímenes de guerra (artículo 8). La lectura detallada de este último artículo se recomienda, más particularmente de cara a las dramáticas imágenes que provienen de Gaza pero también de Cisjordania, desde más de un año y medio. En este enlace oficial nuestros estimables lectores podrán revisar el detalle de los 125 Estados Partes al Estatuto de Roma.
Otra jurisdicción internacional también situada en La Haya, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la cual juzga a Estados y no a indidivudos, realizó entre el 28 de abril y el 2 de mayo pasado las audiencias públicas en La Haya, en el marco esta vez del procedimiento consultivo sobre las obligaciones que tiene Israel en Gaza que derivan de su calidad de Estado Miembro de Naciones Unidas (Nota 1): unos 40 Estados y otras tres organizaciones internacionales hicieron ver a los 15 integrantes de la CIJ la importancia que revisten las reglas jurídicas que obligan a todo Estado Miembro de Naciones Unidas y detallaron ante la máxima instancia jurisdiccional la lista de obligaciones jurídicas que Israel ha violado. Por parte de América Latina, participaron por orden de aparición ante los jueces de la CIJ (véase programa): Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, México y Panamá.
Recientemente, la justicia peruana fue activada en busca de un soldado israelí que se encuentra en el territorio peruano (véase nota de la Fundación Hind Rajab con fecha del 23 de mayo). En enero del 2025, un soldado israelí acusado de haber cometido crímenes en Gaza logró escapar in extremis de la justicia brasileña, gracias a «gestiones» de la embajada de Israel en Brasil, que a la fecha no se han detallado mayormente (véase nota de prensa).
Para volver un momento a Costa Rica, el título de este reportaje de la televisión costarricense de marzo del 2024 plantea otro tipo de interrogantes sobre el flujo de jóvenes israelíes, que desde las paradisiacas playas costarricenses, vuelan a Israel y de ahí pasan a combatir en Gaza en cuestión de muy pocos días. Después de cometer exacciones de todo tipo en Gaza ¿volverán estos jóvenes como si nada a turistear y a disfrutar de las maravillosas playas que ofrece Costa Rica a todo visitante extranjero?
El voto en breve en el seno del Consejo de Seguridad
El detalle del voto observado el pasado 4 de junio del 2025 registró 14 votos a favor, con lo cual nuevamente, Estados Unidos confirmó su profunda soledad a la hora de referirse a Israel ante los demás integrantes de la comunidad internacional.
Desde el punto de vista político, este voto constituye un verdadero fracaso de la diplomacia de Estados Unidos, incapaz esta vez de convencer a uno de los 14 integrantes de votar en contra o bien al menos de abstenerse, como sí ocurrió en octubre del 2023 con un proyecto de resolución presentado por Brasil, vetado por Estados Unidos y objeto de dos abstenciones: Reino Unido y Rusia (Nota 2).
Con este voto del 4 de junio, Estados Unidos reafirma su alianza incondicional histórica con Israel ante los ojos del mundo, independientemente del partido del que provenga su Presidente, con consecuencias previsibles para una buena parte de la sociedad norteamericana indignada, así como para sectores que en el mundo repudian este apoyo irrestricto de Estados Unidos a Israel: esta nota publicada por el New York Times refleja parte de este profundo malestar que se vive en el seno de la sociedad norteamericana. El comunicado de Amnistía Internacional (véase texto) al momento de conocerse el veto norteamericano refleja la profunda indignación causada en diversas organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo.
Foto de la Embajadora de Estados Unidos Nikki Haley saliendo de la sala del Consejo de Seguridad en Nueva York al iniciar su alocución el representante de Palestina el 15 de mayo del 2018, durante una sesión sobre la violencia de Israel contra manifestantes participando en la Marcha del Retorno. Foto extraída de nota de prensa titulada “EE.UU. se queda solo en la ONU” (La Vanguardia, edición del 16/5/2018)
Habíamos tenido la oportunidad de señalar recientemente en una nota anterior (Nota 3) que, ante el Consejo de Seguridad, Israel dispone de una delegación norteamericana dispuesta a endosar lo que le presente:
«De paso, pone en evidencia el carácter totalmente falaz de lo que se lee en la intervención de la representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del pasado 13 de mayo. Su lectura (véasetexto) confirma que lo que afirma Israel, lo repite Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad: ambos Estados coïnciden en absolutamente todos los aspectos relacionados a Gaza«.
La explicación de voto brindada por Estados Unidos este 4 de junio (véase texto) confirma nuevamente que todo lo que Israel afirme, lo endosa en modo automático Estados Unidos como suyo ante el Consejo de Seguridad, sin ningún tipo de reserva.
Este reciente reportaje de la BBC (altamente recomendado debido a la calidad de las tomas y de los videos) sobre el bombardeo del hospital europeo de Gaza por parte de Israel el pasado 14 de mayo desmiente todas las afirmaciones de Israel y de sus círculos de influencia según las cuales, los militares israelíes proceden a bombardeos cumpliendo con las obligaciones que les impone el derecho internacional humanitario. Este reportaje (véase enlace) realizado en Francia por periodistas de Le Monde y otros medios europeos en este inicio del mes de junio del 2025, ofrece evidencia documentada de los ataques deliberados de Israel a comunicadores, operadores de drones y periodistas palestinos en Gaza, en abierta violación a las reglas del derecho internacional humanitario. El Committee to Protect Journalists denunció la muerte de tres comunicadores el pasado 5 de junio en Gaza (véase nota) y circuló una petición pidiendo acceso a Gaza para la prensa internacional (un acceso que prohibe Israel), reuniendo 200 firmas de medios de prensa de todo el mundo (véase texto y en el número 46, el único medio costarricense firmante de esta petición: el medio digital Delfino.cr).
Con relación a Costa Rica y al mutismo de sus máximas autoridades, este 11 de junio se informó de una petición de cientos de ciudadanos exigiendo a sus autoridades alzar la voz ante la intercepción realizada por Israel de una flotilla humanitaria (véase nota de ElMundo.cr).
El voto probable en la Asamblea General
Dado el veto de Estados Unidos, es muy probable que la Asamblea General de Naciones Unidas solicite una sesión urgente de la Asamblea General en los próximos días, durante la cual es posible que un texto muy similar sea sometido al voto de los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas: véase al respecto nota de PassBlue con fecha del 10 de junio, que cita extractos del proyecto de resolución a ser votado que circula en Naciones Unidas desde hace varios días.
A diferencia de otras votaciones, esta vez Australia, Canadá, Reino Unido y otros Estados cercanos a Israel votarán a favor del texto. Se prevé que en América Latina, únicamente Argentina y Paraguay votarán en contra, conjuntamente con Estados Unidos, Israel, Hungría y un pequeño grupo de islas del Pacífico.
A no ser que Israel y Estados Unidos logren nuevamente convencer a algunos Estados de Centroamérica, como ya se ha podido observar en algunas ocasiones pasadas (Nota 4).
Con relación a Paraguay, este 9 de de junio Paraguay informó del reforzamiento de su lazos bilaterales con Israel (véase comunicado oficial), al tiempo que La Nación de Argentina titulaba en esa misma fecha una extensa entrevista a un ex diplomático de Israel de la siguiente manera: «Si los únicos amigos que tiene Netanyahu son Orban y Milei, tiene un problema» (véase artículocuya lectura completa se recomienda).
De manera poder visualizar posibles votos en contra y abstenciones con las cuales no contarán esta vez Estados Unidos e Israel, remitimos a continuación al voto de la resolución del 27 de octubre del 2023, que recogía el texto vetado por Estados Unidos 9 días antes en el Consejo de Seguridad.
A modo de conclusión
Mientras el mundo observa horrorizado la extrema violencia que Israel le impone a la población civil de Gaza desde largos meses y mientras que se multiplican las manifestaciones oficiales de repudio al accionar de Israel desde inicios de mayo, Israel continúa sus operaciones militares diarias sobre Gaza. A la vez, mantiene el bloqueo a la ayuda humanitaria a Gaza, aventurándose a una entrega personalizada por parte de una fundación privada que ha demostrado ser incapaz ante el desafío que supone entregar ayuda humanitaria a 2,3 millones de personas hambrientas y desesperadas.
Es tal la coincidencia existente entre Israel y Estados Unidos que las actuales autoridades norteamericanas no encontraron nada mejor que adoptar sanciones contra cuatro juezas que integran a la CPI, causando el repudio generalizado de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma (véase anuncio oficial de la diplomacia Estados Unidos, así como el comunicado del Presidente de la Asamblea de Estados Partes del 6 de junio yel comunicado oficial de la CPI como tal del 5 de junio). En febrero del 2025, se habían manifestado en defensa de la CPI y contra estas sanciones más de 80 Estados (véase texto colgado por el aparato diplomático de Países Bajos): se notará la ausencia en América Latina de Argentina, Ecuador, El Salvador, Haítí, Paraguay así como de Venezuela. No resulta de más recordar que en América Latina dos Estados (que no se citan en la precitada lista), persisten en no ser Estados Partes al Estatuto de Roma adoptado en 1998: Cuba y Nicaragua.
Como muchos otros, en este mes de junio del 2025, Francia exigió a Estados Unidos retirar inmediatamente estas insólitas sanciones (véase comunicado del 6 de junio). De igual manera se pronnció la Unión Europea / UE (véase nota del TimesofIsrael). En el caso de Perú, del cual es oriunda una de las juezas objeto de sanciones, se pudo leer este comunicado de prensa, al igual que este otro comunicado oficial emitido esta vez por Chile en defensa de la justicia penal internacional de La Haya (véase texto).
Ya en el 2020, habíamos tenido la oportunidad de analizar la sanciones tomadas por parte de Estados Unidos contra el personal de la CPI, motivadas también para proteger a Israel, sin que ello fuera explícitado por las autoridades norteamericanas (Nota 5): en aquel momento (setiembre del 2020), sí pudimos referirnos al comunicado oficial de Costa Rica en defensa de los principios y de los valores contenidos en el Estatuto de Roma. En este mes de junio del 2025, la ausencia de toda manifestación por parte de Costa Rica pareciera formar parte del mutismo absoluto al que se ve sometido su aparato diplomático con relación a Israel, observado en los últimos meses.
Notas:
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., » Gaza / Israel: un cerco de la justicia internacional que se va estrechando sobre Israel y … una Costa Rica omisa«, 9 de mayo del 2025. Texto integral disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: breves reflexiones con relación al veto de Estados Unidos al proyecto de resolución en el seno del Consejo de Seguridad presentado por Brasil«, 18 de octubre del 2023. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: un cerco de la justicia internacional que se va estrechando sobre Israel y … una Costa Rica omisa«, 9 de mayo del 2025. Texto integral disponible aquí.
Nota 4: Con relación al proyecto de resolución de Brasil vetado por Estados Unidos el 18 de octubre del 2023, el voto en el seno de la Asamblea General del 27 de octubre del 2023 registró 120 votos a favor, 15 en contra (entre los cuales se registran los de Guatemala y Paraguay) y 45 abstenciones (entre las que figura la de Uruguay): véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la abrumadora mayoría con la que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución pidiendo un alto a la violencia en Gaza y el respeto al derecho internacional humanitario«, 27 de octubre del 2023. Texto integral disponible aquí.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional (CPI): algunos apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, 2 de setiembre del 2020. Texto disponible aquí. Una versión fue publicada en el sitio de la UCR el 24 de setiembre, en la sección Voz Experta, disponible en este enlace. Sobre las saciones dictaminadas en este mes de junio por la actual administración norteamericana, véase GALBRAITH J., «US sanctions on the International Criminal Court: the details and the pattern», Verfassungsblog, 7 d ejunio del 2025. Texto integral disponible aquí.
Documento/Material: texto del proyecto de resolución S/353/2025 vetado por Estados Unidos el 4 de junio del 2025 en el seno del Consejo de Seguridad:
Versión en español:
Argelia, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, República de Corea, Sierra Leona y Somalia:
proyecto de resolución
El Consejo de Seguridad,
Reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,
Recordando sus resoluciones pertinentes sobre la situación en Oriente Medio, incluida la cuestión palestina,
Expresando grave preocupación por la catastrófica situación humanitaria, incluido el riesgo de hambruna mencionado en el informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, y por los últimos acontecimientos ocurridos en la Franja de Gaza, y reafirmando que todas las partes deben cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanitarios, según proceda, y el derecho internacional humanitario,
Expresando también apoyo a las gestiones que están realizando Egipto, los Estados Unidos de América y Qatar para que las partes vuelvan inmediatamente a aplicar el acuerdo de alto el fuego en todas sus fases, indicadas en la resolución 2735 (2024), lo que permitiría lograr el fin permanente de las hostilidades, la liberación de todos los rehenes, el intercambio de prisioneros palestinos, la devolución de todos los restos mortales y la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza, así como el inicio de un gran plan plurianual de reconstrucción para Gaza,
1. Exige un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza que deberán respetar todas las partes;
2. Recuerda su exigencia de que sean liberados de forma inmediata, digna e incondicional todos los rehenes retenidos por Hamás y otros grupos;
3. Exige el levantamiento inmediato e incondicional de todas las restricciones impuestas a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y su distribución segura y sin trabas a gran escala, incluso por parte de las Naciones Unidas y los asociados humanitarios, en toda la Franja de Gaza, así como el restablecimiento de todos los servicios esenciales con arreglo al derecho internacional humanitario, los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, y sus resoluciones pertinentes;
4. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión
Versión en inglés:
Algeria, Denmark, Greece, Guyana, Pakistan, Panama, Republic of Korea, Sierra Leone, Slovenia and Somalia:
draft resolution
The Security Council,
Reaffirming the purposes and principles of the Charter of the United Nations,
Recalling the relevant resolutions of the Security Council on the situation in the Middle East, including the Palestinian question,
Expressing grave concern over the catastrophic humanitarian situation, including the risk of famine identified in the IPC report, and the latest developments in the Gaza strip, and reaffirming that all parties must comply with their obligations under international law, including international human rights law, as applicable and international humanitarian law,
Expressing also support to the efforts of Egypt, Qatar and the United States of America to immediately bring parties back to implementing the ceasefire agreement in all its phases as reflected in Security Council resolution 2735 (2024) leading to a permanent end to hostilities, the release of all hostages, the exchange of Palestinian prisoners, the return of all remains, and the full withdrawal of Israeli forces from Gaza as well as the start of a major multi-year reconstruction plan for Gaza,
1. Demands an immediate, unconditional and permanent ceasefire in Gaza respected by all parties;
2. Recalls its demand for the immediate, dignified and unconditional release of all hostages held by Hamas and other groups;
3. Demands the immediate and unconditional lifting of all restrictions on the entry of humanitarian aid into Gaza and its safe and unhindered distribution at scale, including by the UN and humanitarian partners, throughout the Gaza Strip as well as the restoration of all essential services in line with international humanitarian law, the humanitarian principles of humanity, neutrality, impartiality and independence, and the relevant resolutions of the Security Council;
4. Decides to remain actively seized of the matter
Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel, titulado «Bombing plants, severing pipelines: Israel pushes Gaza water crisis to the brink».
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho,Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com.
Mujeres de Yulchen Frontera, integrantes de la Resistencia Pacífica Ixquisis en contra del proyecto hidroeléctrico San Mateo en Guatemala. Imagen extraída de la nota de prensa «Defensores ambientales en Latinoamérica: rendirse no es un opción», Mongabay Latam, 31 de octubre del 2019, y reproducida en el medio digital LaMula (Perú).
El 27 de septiembre del 2025, el Acuerdo de Escazú cumplirá siete años desde que, en el marco de un evento paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, fue oficialmente abierto a la firma y ratificación por parte de los Estados (véase texto completo del Acuerdo de Escazú).
Para el Día Internacional del Ambiente, celebrado en todo el mundo el pasado 5 de junio, Bahamas oficializó su adhesión a este valioso instrumento regional, sumándose así a los 17 Estados que ya han procedido a depositar su respectivo instrumento de ratificación (véanse la nota oficial del aparato diplomático de Bahamas y la nota oficial de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas / CEPAL).
Nótese que este mismo 5 de junio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas dedicó una larga infografía y un extenso texto al Acuerdo de Escazú, en homenaje a todos los defensores del ambiente de todo el mundo (véase enlace) y a sus derechos: una infografía que pone en alto el nombre de Costa Rica y el de uno de su cantones (Escazú) pasada totalmente desapercibida en… la misma Costa Rica.
Setiembre, junio, así como marzo, son meses que concentran muchas de las fechas escogidas por los Estados para proceder al depósito formal de su instrumento de ratificación en Naciones Unidas, como lo veremos en las líneas que siguen. Antes de éstas, la indiferencia de algunos Estados y la distancia que mantienen con el Acuerdo de Escazú merecen también una breve mención, dada la apremiante situación que viven muchas personas en América Latina, así como sus familiares, al alzar la voz en defensa del ambiente.
Acuerdo de Escazú, indiferencia de algunos decisores políticos, mientras aumenta la vulnerabilidad de los defensores del ambiente
En el caso específico de Costa Rica, es de indicar que el pasado 4 de marzo, el Acuerdo de Escazú celebró siete años desde su adopción, luego de nueve largas rondas de negociación (que duraron cinco años, siete meses y siete días): este nuevo aniversario pasó totalmente desapercibido en Costa Rica, con una indiferencia notoria de los medios de prensa costarricenses, así como en varios otros Estados de América Latina. Los cuales, conjuntamente con Costa Rica, fueron de los primeros en firmarlo en el mes de setiembre del 2018: siete años después, sus actuales autoridades, no consideran oportuno apoyar y mucho menos gestionar su aprobación legislativa.
En el mes de abril del 2025, se organizó en San Kitts y Nevis el tercer foro sobre las protección de los defensores del ambiente en el marco del Acuerdo de Escazú (véase enlace oficial de la CEPAL y agenda del evento). Los lineamientos y planes de acción ahí discutidos y adoptados, así como los acordados en el marco del segundo foro celebrado en Panamá en setiembre del 2023 (véase enlace a informe final) contrastan con la dura realidad que deben enfrentar los defensores del ambiente, en particular en Estados que persisten en mantenerse distantes del Acuerdo de Escazú.
Este extenso reportaje de abril del 2025 sobre la situación en Perú detalla el nivel de extrema vulnerabilidad e indefensión que enfrentan los defensores del ambiente peruanos. Este otro artículo publicado en Costa Rica en mayo del 2025 refiere a una situación muy similar que conocen quienes alzan la voz en defensa del ambiente. De igual manera en Centroamérica, esta nota de mayo del 2025 referente a la muerte de ecologistas en Guatemala y esta otra nota sobre el asesinato acaecido en Honduras de un reconocido defensor del ambiente en abril del 2025. En febrero del 2025 se informó de demandas penales en El Salvador contra opositores a proyectos mineros (véase nota de prensa). La ONG Amnistía Internacional emitió una alerta internacional sobre la suerte de un defensor del ambiente en Paraguay en el mes de abril del 2025 (véase enlace). En el caso de Brasil, la ONG Human Rights Watch emitió un informe en el que se pide a sus autoridades ratificar sin más preludios el Acuerdo de Escazú ante la ola de amenazas e intimidaciones así como asesinatos que sufren los defensores del ambiente, en particular en la región amazónica.
No obstante el desinterés por parte de Costa Rica y de algunos otros Estados, se debe recordar que, en América Latina, Colombia precedió a Bahamas: en efecto, Colombia culminó el 25 de septiembre del 2024 un largo proceso, al depositar formalmente ante la Secretaría General de Naciones Unidas, su instrumento de ratificación. Es de notar, a diferencia de otros depósitos del instrumento de ratificación, la presencia de las máximas autoridades colombianas en la delegación oficial presente en Nueva York para el acto formal de entrega de dicho instrumento de ratificación (véase artículo de prensa con foto de la misma).
Los supuestos «argumentos» en contra el Acuerdo de Escazú desnudados por la realidad económica en los Estados que ya lo han ratificado
Colombia se convirtió en el Estado Parte número 17 del Acuerdo de Escazú, y, desde el 5 de junio pasado, Bahamas en el Estado Parte Número 18 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones): en el caso de Colombia, ninguna de la previsiones catastróficas en materia económica que preveía el sector privado colombiano que acontecerían de aprobarse el Acuerdo de Escazú se ha observado (como, por cierto, en ninguno de los otro 16 Estados que ratificaron el Acuerdo de Escazú antes de Colombia).
En el caso de Chile que aprobó el Acuerdo de Escazú en el 2022, sus autoridades actuales de han mostrado particularmente comprometidas con el Acuerdo de Escazú, con una serie de lineamientos y de guías para el Estado elaboradas por sus autoridades ambientales (véase enlace oficial): tampoco en Chile se ha observado algún tipo de efecto negativo para la economía y para la competitividad de los productos de exportación chilenos, como lo sostenía de manera falaz la cúpula político-empresarial que gobernó a Chile durante el período 2018-2022.
En el caso de México que ratificó el Acuerdo de Escazú en el 2021 sin que ello tampoco afectara su economía, a finales del 2024 se adoptó oficialmente una guía con el fin de implementar lo dispuesto en el Artículo 9 en aras de reforzar la protección de los defensores del ambiente (véase documento), siguiendo lo establecido en marzo del 2024 en el Plan de Acción propuesto durante la COP3 por parte de Chile, Ecuador y Saint Kitts y Nevis (véase propuesta).
En el caso del Caribe anglófono, la reciente ratificación de Bahamas deja únicamente a Jamaica como Estado habiendo firmado más no ratificado el Acuerdo de Escazú, y a Trinidad y Tobago como el único Estado isleño anglófono en no haberlo tan siquiera firmado.
La ausencia de impactos negativos para las economías y las exportaciones de los Estados que ya han aprobado el Acuerdo de Escazú confirma lo que en su momento (2020) nos llevó a titular un artículo en Costa Rica de la siguiente manera:
» ‘¡Llegaron los mitos!’: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú» (Nota 1).
En una entrega anterior, nos permitimos incluso señalar el carácter súbito de la oposición de entidades gremiales del sector privado costarricense al Acuerdo de Escazú, al precisar en un artículo publicado en la prensa costarricense que:
«Estas repentinas objeciones, provenientes de estas tres entidades denotan algo raramente visto con relación al trámite de aprobación de un tratado internacional en Costa Rica: en efecto, no se tiene registro de una reacción similar en contra de un instrumento internacional en materia de ambiente o de derechos humanos que haya despertado tantas reacciones en su contra en Costa Rica en unas semanas. El calificativo usado de “repentinas”se explica en razón del hecho que durante la etapa inicial en la que la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate por unanimidad este mismo texto, en febrero del 2020, no se había desatado semejante ofensiva en contra del Acuerdo de Escazú. Tratándose del mismo texto, con las mismas disposiciones, cuesta entender qué pueden haber descubierto de tan preocupante y amenazante las cámaras entre el mes de febrero y noviembre de un mismo año» (Nota 2).
Costa Rica y el Acuerdo de Escazú
Como bien se sabe, el texto adoptado en Escazú ha sido descrito por numerosos especialistas como un instrumento jurídico moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental, y ello desde muy diversas perspectivas y disciplinas (Nota 3).
En Costa Rica, la Universidad de Costa Rica (UCR) fue de las primeras entidades públicas en recomendar su ratificación al Poder (véase pronunciamiento del 6 de mayo del 2021). Desde entonces han sido numerosos los llamados en este sentido a las máximas autoridades costarricenses por parte de diversos sectores sociales y académicos, a los que se pueden añadir los de diversos relatores especiales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, los de órganos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como los de la misma OCDE en el mes de octubre del 2023, reiterando varios llamados anteriores hechos a Costa Rica (véase nota del medio digital Delfino.cr). En mayo del 2025, fue la REDESCA de la OEA la que le recordó expresamente a Costa Rica un asunto pendiente denominado Acuerdo de Escazú (véase nota de Delfino.cr).
Pese a estos diversos llamados, la clase política costarricense se ha mostrado incapaz de redireccionar las cosas, de cara a una futura aprobación del Acuerdo de Escazú. En cuanto a las organizaciones ecologistas, se ha observado cierta apatía de varias de ellas con relación al Acuerdo de Escazú en los últimos años. Un reciente número de la Revista Costarricense de Derecho de marzo del 2025 (véase enlace) dedicado al Acuerdo de Escazú que reúne artículos de varios especialistas costarricenses viene, desde la academia, a recordar la importancia de este instrumento internacional, y paliar al olvido en el que pareciera haber caído el Acuerdo de Escazú para algunas entidades ecologistas.
Un foro realizado en febrero del 2023 con dos eminentes especialistas costarricenses del derecho ambiental, titulado “Acuerdo de Escazú, ¿qué sigue?” y auspiciado por el medio digital costarricense LaRevista.cr (véase enlace) explicó de manera muy detallada los alcances del archivo por parte de la Asamblea Legislativa del Acuerdo de Escazú en febrero del 2023: reiteró, de paso, la poca solidez de los supuestos «argumentos» difundidos en contra del Acuerdo de Escazú por varias cámaras empresariales costarricenses. Se invita desde ya a nuestros estimables lectores a escuchar (y a reescuchar) este importante espacio de discusión y análisis, que permitió desnudar las maniobras y zancadillas de diversa índole que ha tenido que sufrir el Acuerdo de Escazú en Costa Rica en los últimos años, incluyendo las propinadas por la misma Sala Constitucional en dos ocasiones.
Breve recuento sobre la tramitación que se observó en Colombia
Desde el 5 de noviembre del 2022, luego de que ambas cámaras del Congreso colombiano aprobaron el texto del Acuerdo de Escazú, el Poder Ejecutivo colombiano estuvo esperando pacientemente la decisión de la Corte de Constitucionalidad, la cual se tomó casi dos años para declararse a favor del Acuerdo de Escazú (Nota 4).
No se tiene información sobre las razones exactas por las que el estudio de este tratado internacional por parte de los magistrados constitucionales colombianos se extendió por tanto tiempo. Para tener idea de los plazos, podemos mencionar que:
– la ley de aprobación de la Convención Belém do Para para sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres fue sancionada por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre del 1995 y la Corte de Constitucionalidad emitió su sentencia el 4 de septiembre de 1996 (véase sentencia);
– la ley aprobando el acuerdo bilateral de promoción comercial con Estados Unidos fue sancionada el 7 de julio del 2007 por el Poder Ejecutivo, y la Corte de Constitucionalidad emitió su sentencia el 24 de julio del 2008 (véase texto);
– la ley aprobando la Convención del 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas fue sancionada por el Ejecutivo colombiano el 31 de julio del 2009 y la sentencia del juez constitucional viene con fecha del 21 de abril del 2010 (véase texto).
En el caso del Acuerdo de Escazú, la espera fue mucho mayor: en efecto, sancionada por el Poder Ejecutivo el 5 de noviembre del 2022, fue tan solamente el 28 de agosto del 2024 que la Corte de Constitucionalidad dio a a conocer su decisión favorable con respecto a la ley de aprobación del Acuerdo de Escazú: véanse el comunicado oficialde las autoridades ambientales de Colombia y el comunicado oficial de la justicia constitucional colombiana que también merece ser revisado (disponible en este enlace).
Colombia vino así a sumarse a los 16 Estados que ya lo habían ratificado, entre los cuales figuraban – a setiembre del 2023 – Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay.
A la fecha en América Latina, se mantienen distantes, al haber firmado el Poder Ejecutivo más no aprobado el Acuerdo de Escazú (atribución del Poder Legislativo), los siguientes Estados: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Es de notar que fueron los primeros Estados en firmar el Acuerdo de Escazú, el 27 de septiembre del 2018, conjuntamente con otros siete Estados, en Nueva York.
Entre los Estados que ni tan siquiera lo han firmado cuando podían hacerlo (un acto que figura entre las atribuciones del Poder Ejecutivo), persisten al momento de redactar estas líneas (7 de junio del 2025) en no «adherir» al Acuerdo de Escazú (al haberse establecido un plazo para su «firma«, el cual venció en el 2020): Cuba, El Salvador, Honduras, Surinam, Trinidad y Tobago así como Venezuela.
Fechas insígnes escogidas para depositar un instrumento de ratificación
Nótese que Bahamas logró depositar el instrumento de ratificación el mismo día en el que se conmemora mundialmente el Día Internacional del Ambiente (5 de junio), demostrando su aparato diplomático una gran destreza y precisión. En el caso de Chile (13 de junio), posiblemente sus autoridades buscaron depositar el instrumento de adhesión el 5 de junio del 2022, sin contar con los tiempos y plazos internos vigentes dentro del aparato diplomático de Chile.
En el caso de Colombia (al igual que Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay en el 2019), la cancillería colombiana optó por depositar formalmente el instrumento de ratificación en una fecha cercana al 27 de septiembre: se trata, como indicado con anterioridad, del día en que formalmente este instrumento regional fue abierto a la firma de los Estados en Naciones Unidas, con ocasión de una ceremonia protocolaria realizada durante en evento paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, el 27 de septiembre del 2018
Otros Estados en cambio, escogieron una fecha cercana al 4 de marzo (fecha en que se adoptó dicho instrumento en Costa Rica en el 2018) para proceder formalmente al depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas: Belice en el 2023, así como Nicaragua y Panamá (2020).
Es de destacar la perfecta coordinación entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para depositar el mismo 22 de enero del 2021 su respectivo instrumento de ratificación ante la Secretaría General de Naciones Unidas, permitiendo así que la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú (ambos Estados siendo la ratificación necesaria número 11) se materializara para la celebración del Día de la Tierra, el 22 de abril del 2021. Raramente se ha observado en Naciones Unidas una coordinación tan esmerada entre dos aparatos diplomáticos para depositar de manera conjunta su respectivo instrumento de ratificación.
El Acuerdo de Escazú: viento en popa
Pese a la nula cobertura periodística en medios nacionales en Costa Rica sobre la adhesión de Bahamas registrada en este mes de junio del 2025, resulta también oportuno indicar que conoció similar suerte en los medios costarricenses la tercera Conferencia de Estados Partes al Acuerdo de Escazú (COP3), la cual se realizó en Santiago de Chile en abril del 2024 (véase documento preparatoriode marzo del 2024).
Entre otras decisiones, se aprobó el Plan de Acción sobre Defensora y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales (véase decisión y el documento titulado Plan de Acción), en gran medida a partir de los numerosos insumos recabados durante el II foro de Defensoras y Defensores realizado en la ciudad de Panamá en septiembre del 2023 (véase informe final).
En el mes de abril del 2023, la COP2 se realizó en Buenos Aires, Argentina (véase informe final). Habíamos tenido la oportunidad de saludar, entre otros aspectos, el regreso de Chile en el 2023, como Estado Parte: véase nuestro artículo titulado «Acuerdo de Escazú: una segunda COP más que exitosa» publicado en el medio digital costarricense Delfino.cr.
En esta COP2 realizada en Argentina, los Estados Partes escogieron a los integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, el órgano de expertos independientes, que crea el mismo tratado en su artículo 18 (véase enlace).
Para completar esta secuencia, la primera COP se reunió en abril del 2022 en Santiago de Chile (véaseprograma), contando en aquel momento el Acuerdo de Escazú con 12 Estados Partes, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay. En este enlace se puede consultar el informe final – de más de 70 páginas – de esta primera e histórica cita para el Acuerdo de Escazú y la gobernanza ambiental en América Latina y el Caribe.
El éxito de este instrumento jurídico de vanguardia se evidencia no solamente con las decisiones tomadas en sus primeras tres Conferencias de Estados Partes: también al revisar los insumos reunidos para garantizar una correcta aplicación, elaborados desde la misma CEPAL (Comisión Económica para América Latina) en una valiosa guía de implementación del Acuerdo de Escazú, la cual fue presentada formalmente en abril del 2022 (texto completo disponible aquí): para cada artículo, los Estados y las organizaciones de la sociedad civil, así como otros actores, disponen de un detallado análisis que los invita a acciones de muy diversa índole.
En lo que respecta específicamente a la implementación, Chile es posiblemente el Estado que más esfuerzos está realizando desde que es Estado Parte al Acuerdo de Escazú. Incluso sus actuales autoridades ambientales realizaron un encuentro para celebrar los seis años del Acuerdo de Escazú (desde su apertura a firmas de Estados en Naciones Unidas), el 25 de septiembre del 2024 (véase enlace): se trata de una actividad más que viene a añadirse a una serie de iniciativas reunidas en este enlace especial sobre el Acuerdo de Escazú que mantienen sus autoridades ambientales desde su sitio oficial. Sin lugar a dudas, estas valiosas iniciativas en Chile deberían poder inspirar a muchos otros Estados Partes al Acuerdo de Escazú.
En octubre del 2023, Argentina por su parte se dotó de un verdadero «Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú» (véase documento), precedido por una «Ruta hacia la implementación / Argentina» elaborada desde la misma CEPAL (véase documento).
Resulta oportuno indicar que en el mes de mayo del 2024, la misma CEPAL puso a disposición del público y de los Estados una innovadora herramienta digital de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú: véase enlace a dicha plataforma.
Los notables avances en el Sur de América con relación al Acuerdo de Escazú pueden ser contrapuestos a la total falta de iniciativa gubernamental en Centroamérica para proteger a quienes alzan la voz en defensa del ambiente y resguardar sus derechos.
La persistente e inexplicable ausencia de Costa Rica
Resulta de cierto interés, en el caso de Costa Rica, recordar su persistente ausencia como Estado Parte al Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo del 2018 en … Costa Rica, luego de haber coliderado con Chile las negociaciones (Nota 5).
Es de notar desde ya que durante los largos meses en los que examinó el Acuerdo de Escazú, la Corte de Constitucionalidad de Colombia no encontró ninguno de los extraños «hallazgos» del Poder Judicial de Costa Rica para dificultar su tramitación, a los que referimos en nuestro precitado artículo y en otro artículo anterior sobre los verdaderos «mitos» creados por algunos sectores en contra del Acuerdo de Escazú en Costa Rica (Nota 6).
Tampoco un solo magistrado colombiano detectó amenaza alguna en materia penal con un supuesto riesgo que significaría la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental: un supuesto «argumento» presentado como tal por diversas cámaras empresariales costarricenses y una magistrada de la Sala Constitucional (Nota 7).
Ya habíamos tenido la ocasión, en el 2023, de concluir que la soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina es latente, al precisar que:
«Raramente un criterio interpretativo tan erróneo como equivocado de los jueces costarricenses ha quedado en evidencia de tan singular manera. Y raramente el criterio disidente (y solitario) de un magistrado de la Sala Constitucional se ha visto tan confortado por la práctica en otros Estados luego de haber sido externado (marzo del 2020)» (Nota 8).
El hecho que en ninguno de los 16 Estados que antes de Colombia, han ratificado el Acuerdo de Escazú, se haya observado alguna traba en sus respectivas economías o algun tipo de freno en proyectos de infraestructura, debiera de llamar a la reflexión a algunos sectores en Costa Rica: en particular unos cuantos, propensos a repetir como ciertos, supuestos «argumentos» ventilados desde un sector del gremio empresarial en contra de este valioso instrumento regional.
Manifestación contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento – algo original – de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exprotación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica. Foto perteneciente a los archivos del autor. Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que: «Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad» (véase artículo del Semanario Universidad titulado «Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa»).
Cabe indicar que fueron varios los intentos en aras de debatir públicamente estos «argumentos» difundidos por cámaras empresariales con académicos y especialistas en materia ambiental y que todos fracasaron: primero en el mes de abril del 2021 con un espacio auspiciado por el medio digital costarricense Delfino.cr, luego en mayo del 2021 con un debate organizado desde la UCR (véase también comunicado oficial de la UCR), así como en junio del 2021 desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica. Al tratarse de foros virtuales en los que se solicitaba a las organizaciones de la empresa privada conectar a sus representantes a una hora determinada en una fecha fijada con antelación, las razones esgrimidas para no asistir plantean interrogantes muy válidas. Al parecer, enviar comunicados a los congresistas en contra el Acuerdo de Escazú (como por ejemplo esta carta de febrero del 2022 suscrita por varias importantes corporaciones del sector privado costarricense) y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» es la tónica de algunos en Costa Rica.
Centroamérica y el Acuerdo de Escazú
No está de más indicar que la no aprobación por parte de Costa Rica produce efectos más allá del territorio costarricense, al ofrecer un inesperado argumento a los detractores al Acuerdo de Escazú en Centroamérica, en particular en Guatemala, en El Salvador y en Honduras.
Se trata de Estados centroamericanos que ya sea:
– persisten en no ratificarlo como Guatemala, el cual además, en el 2022 notificó una peculiar solicitud al Secretario General de Naciones Unidas, nunca observada con anterioridad con relación a un tratado sobre derechos humanos por parte de un Estado en América Latina. El único precedente similar encontrado refiere a notificaciones similares remitidas por Estados Unidos e Israel a Naciones Unidas en el 2002 para «retirar» su firma al Estatuto de Roma adoptado en 1998 (Nota 9);
– o bien, de Estados que tan siquiera lo han firmado (caso de El Salvador y Honduras).
En el caso de Guatemala, no se dispone de información para saber qué motivó semejante acción en diciembre del 2022 por parte de sus autoridades diplomáticas: se intuye que se trata de alguna oscura «leyenda» fabricada por asesores jurídicos del sector empresarial guatemalteco a finales del 2022 en contra del Acuerdo de Escazú.
Con relación a Costa Rica, no está de más señalar que, en un artículo de la publicación especializada costarricense Ojo al Clima, de abril del 2021, sobre los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos, en relación con su contenido, se lee algo muy llamativo que desde el mes de abril del 2021, ameritaría algunas aclaraciones. En efecto, la negociadora del Acuerdo de Escazú por parte de Costa Rica, la exviceministra de Ambiente costarricense, Patricia Madrigal Cordero, señala con respecto a una magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández, lo siguiente:
«La obstaculización del Poder Judicial al proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido negativa en muchos sentidos. Primero, se aparta del criterio de servicio técnicos de la Asamblea Legislativa, que dijo que no se estaba ante la situación descrita en el artículo 167 de la Constitución Política y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial, que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial y menos tratándose de un tratado de derechos humanos, continuó la exviceministra. Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto, añadió Madrigal».
Una «aclaración» dada a conocer por la precitada magistrada constitucional y grabada durante un evento académico en la Facultad de Derecho de la UCR, plantea aún más dudas y evidencia su desconocimiento de la normativa ambiental vigente en Costa Rica y de los principios que la rigen (véase este documental del 2021 sobre el Acuerdo de Escazú producido por la UCR, a partir del minuto 4:56). Se lee en la parte final de este documental (unos de los pocos existentes en Costa Rica sobre el Acuerdo de Escazú) una frase que inicia señalando que «La Magistrada Hernández declinó dar declaraciones para este documental…«, minuto 8:45).
A modo de conclusión
Más allá de las extrañas coincidencias entre la UCCAEP y las preocupaciones de la precitada magistrada constitucional, el hecho que, a casi siete años de la apertura a la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, Costa Rica se mantenga distante con este valioso instrumento plantea algunas interrrogantes muy válidas: su imagen internacional en el ámbito ambiental ha resultado bastante dañada desde que la Asamblea Legislativa archivó el proyecto de ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, en el mes de febrero del 2023 (Nota 10).
El deterioro se ha ido confirmando en los últimos años, con autoridades ambientales sumamente cuestionadas en meses recientes. En una comparecencia relacionada a la polémica del momento en este segundo semestre del 2024 en Costa Rica, Gandoca Manzanillo (Nota 11), la máxima autoridad ambiental el 6 de agosto del 2024 (véase video) denotó un desconocimiento bastante preocupante con relación a las amenazas recibidas en el Caribe Sur por activistas y miembros de organizaciones sociales: véase el «a mí no me consta» que se oye de su parte al minuto 1:52:01 y que repite en tres ocasiones frente a los integrantes de la comisión legislativa.
En el ámbito local, son recurrentes las acciones judiciales ante la negativa de las autoridades municipales de entregar información de carácter público sobre proyectos susceptibles de tener efectos negativos para el ambiente (véase, entre muchos otros casos, enlace a esta reciente acción legal – septiembre del 2024 – interpuesta contra el alcalde de San Rafael de Heredia por la ONG Conceverde). Ello sin mencionar el otorgamiento en modo «express» e inconsulto de permisos municipales para proyectos polémicos en distintas comunidades (véase por ejemplo nota del 2016 sobre el otorgamiento de permisos municipales a una planta asfáltica en San Miguel de Santo Domingo de Heredia).
A pesar del espectáculo bastante particular que Costa Rica ofrece a observadores de la vida internacional interesados en cuestiones ambientales, los principios rectores del Acuerdo de Escazú encontrarán a partir de ahora en Bahamas, así como previamente en Colombia, un terreno fértil ante la apremiante situación que conocen muchos líderes ecologistas y jefes de pequeñas comunidades rurales y/o indígenas (en particular colombianas), al alzar la voz en defensa del ambiente.
Para las autoridades ambientales colombianas, el acceso a información de carácter público en materia ambiental constituye un esfuerzo recientemente materializado en marzo del 2024 y que debería poder ser saludado y replicado en otras partes del continente americano (véase publicación oficial titulada «Política de transparencia y acceso a la información pública«).
Después de Chile, en donde también la cúpula político-empresarial había logrado suscitar temores infundados en contra del Acuerdo de Escazú, a partir de supuestos «argumentos» entre el 2018 y el 2021, Colombia logró sumarse a los Estados en favor de una gobernanza ambiental mucho más inclusiva y participativa en América Latina, a los que ahora se une decididamente Bahamas.
Con relación al resto de América Latina, es de esperar que el sostenido esfuerzo de la sociedad civil colombiana, articulado con el sector académico y con otros sectores de la sociedad colombiana en favor del Acuerdo de Escazú (Nota 12), que logró paulatinamente explicar lo falaz que resultaban muchos de los mitos y leyendas creados en contra de la protección de quienes defienden el ambiente, se logre replicar en un futuro en otras latitudes del continente americano, en particular en Centroamérica, pero también en el Sur del continente.
– – Notas – –
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «» ‘¡Llegaron los mitos!’: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Sección Voz experta, UCR, edición del 17 de diciembre del 2020. texto integral disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación«, Delfino.cr, edición del 29 de noviembre del 2020. Texto integral disponibleaquí.
Nota 3: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., “Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental“, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas (y algo voluminosas) publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y de su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 págs. Obra disponible de manera integral en este enlace; así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL / Universidad del Rosario (Colombia), 298 págs. Obra completa disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 págs., 2020, Universidad del Litoral (Argentina). Obra completa disponible en este enlace.
Nota 4: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: Colombia a muy poco de ser oficialmente Estado Parte después de Chile (2022), Argentina y México (2021).Apuntes desde Costa Rica«, editada el 26 de octubre del 2022. Texto disponible aquí.
Nota 5: Remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N., «Costa Rica y el Acuerdo de Escazú: historia de una persistente ausencia«, Revista de Ciencias Ambientales (UNA, Heredia), Vol. 58 (2024), pp.1-11. Texto completo del artículo disponible aquí.
Nota 6: Véase la emisión a la que fuimos invitados en Hablemos de Derecho Internacional (HDI) titulada «Desmitificando el Acuerdo de Escazú«, 6 de febrero del 2021, disponible en este enlace. Así como BOEGLIN N., » ‘¡Llegaron los mitos!’: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Sección Voz Experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), 16 de diciembre del 2020. Texto disponible aquí. Con relación al carácter insólito del hallazgo hecho por el Poder Judicial, que al parecer no ha despertado mayores críticas en Costa Rica, remitimos al subtítulo «La profunda soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina» en nuestro artículo publicado en el sitio jurídico especializado de DerechoalDia, en su edición del 17 de noviembre del 2022.
Nota 7: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., «Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú«, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 8: Véase BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: viento en popa. Corte Interamericana de Derechos Humanos lo incopora, mientras persiste insólita ausencia de Costa Rica«, Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 10 de abril del 2023. texto disponible aquí.
Nota 9: En una carta bastante singular, raramente observada en Naciones Unidas, se lee textualmente que Guatemala el 20 de diciembre del 2022, envió la siguiente notificación a Naciones Unidas en la que anuncia que no tiene intención alguna de ser en el futuro Estado parte (véase parte baja de este enlace):
«In a communication received on 20 December 2022, the Government of Guatemala informed the Secretary-General of the following: «I have the honour to write to you in reference to the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, also known as the Escazú Agreement, adopted in Escazú on 4 March 2018 and signed by the Republic of Guatemala on 27 September 2018.The Republic of Guatemala officially informs you, as depositary of the Escazú Agreement, that it does not intend to become a party to the Agreement. Its signing of the Agreement shall not, therefore, give rise to any legal obligations for the Republic of Guatemala, in accordance with international law«.
Los especialistas en paralelismos de forma podrán comparar la extraña carta de Guatemala del 2022 con la (igualmente extraña) carta enviada por Israel al solicitar en el 2002 que su firma al Estatuto de Roma de 1998 que crea la Corte Penal Internacional (CPI) no surta efecto alguno. Se lee (véase parte final del estado oficial de firmas y ratificaciones del Estatuto de Roma, punto 4) que:
«In a communication received on 28 August 2002, the Government of Israel informed the Secretary-General of the following: «…..in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on 17 July 1998, […] Israel does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, Israel has no legal obligations arising from its signature on 31 December 2000. Israel requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty.«
El paralelismo de formas puede orientarse a la técnica del «cut and paste» al revisarse una carta similar de Estados Unidos en mayo del 2022, siempre a propósito del Estatuto de Roma y que se lee en el punto 14 en la parte final del estado oficial de firmas y ratificaciones:
«In a communication received on 6 May 2002, the Government of the United States of America informed the Secretary-General of the following: «This is to inform you, in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on July 17, 1998, that the United States does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, the United States has no legal obligations arising from its signature on December 31, 2000. The United States requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty”.
Nota 10: El archivo por parte de la Asamblea Legislativa, el 1ero de febrero del 2023, del expediente legislativo sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase al respecto nuestra nota) ha dañado sustancialmente la imagen de Costa Rica en el exterior: fueron varios los titulares en la prensa internacional del pasado mes de febrero del 2023 haciendo ver la incongruencia de Costa Rica en materia ambiental (véase por ejemplo este artículo publicado en El Mundo (España) titulado «Costa Rica resta puntos como ´país verde´ «; o bien esta nota de France24 titulada «Costa Rica, promotor del Acuerdo de Escazú sobre medioambiente, lo deja morir«; o esta nota publicada en GoodPlanet Mag titulada «Le Costa Rica fait passer à la trappe un traité de défense de l environnement«; o este cable de la agencia internacional AFP replicado en El Observador de Uruguay empleando la palabra «retroceso«). De factura más reciente este artículo titulado «Lauded as Green Model, Costa Rica Faces Unrest in Its Forests» publicado desde la Universidad de Yale en Estados Unidos detalla esta y otras inconsistencias de Costa Rica en materia ambiental. Desde Naciones Unidas, el mismo Relator Independiente sobre Derechos Humanos y Ambiente no tardó en hacer ver su profundo malestar con esta decisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de archivar este expediente legislativo (véase nota publicada en el medio digital costarricense Delfino.cr). Tal y como se indicaba en una nota publicada por el Semanario Universidad en la misma fecha del 1ero de febrero, al no aprobar el Acuerdo de Escazú: «Costa Rica está perdiendo toda credibilidad internacional, al estar dándole la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior, como lo son derechos humanos y ambiente«.
Nota 11: Con relación a la última propuesta, algo ocurrente, de las máximas autoridades ambientales de Costa Rica, véase BOEGLIN N., «Gandoca / Manzanillo:las obligaciones jurídicas que implica la Convención Ramsar para Costa Rica«, editada el 11 de septiembre del 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 12: Véase esta valiosa publicación editada en Colombia y titulada Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú, así como este enlace de la Universidad del Rosario, y, desde el sector académico este muy completo artículo MUÑOZ AVILA L. & LOZANO AMAYA M.A. «La democracia ambiental y el Acuerdo de Escazú en Colombia a partir de la Constitución ecológica de 1991«, Revista Derecho del Estado, Número 50 (Sept.-Dic. 2021), pp. 165-200. El texto integral de este extenso artículo está disponible aquí. Desde el sector de la comunicación, el talentoso equipo colombiano de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas” (véase enlace ), el cual responde a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia: se trata de verdaderos mitos y leyendas, escuchados en varios otros Estados del continente americano en contra del Acuerdo de Escazú, y que cuentan con influyentes adeptos en el sector empresarial y relevos no menos influyentes en un sector de la prensa corporativa. No está de más referir también a esta opinión jurídica de la ONG colombiana DeJusticia a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en octubre del 2023 (véase texto).
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica / Contacto: nboeglin(a)gmail.com
En este mapa se puede apreciar (trazado en rojo) la Zona Inalienable de 1888 y su colindancia con el Parque Nacional Braulio Carrillo (en color verde).
El pasado 29 de mayo, las zonas de recarga de los acuíferos del Barva, Colima inferior y Colima Superior, así como la prodigiosa biodiversidad del Parque Nacional del Braulio Carrillo hicieron su entrada en la Asamblea Legislativa, al serle asignado formalmente desde esta fecha, un numeral de expediente legislativo al proyecto que pretende reforzar su protección legal: se tratará de ahora en adelante del Expediente Legislativo Número 25.016.
Para nuestros estimables lectores, se comparte este enlace con el video de la reunión, con la que se inicia un largo trajinar que esperamos pueda ser llevado a feliz término en poco tiempo.
Una iniciativa comunal que llega a la Asamblea Legislativa
Esta iniciativa promovida por una organización local, Conceverde (véase sitio) y por vecinos de Concepción de San Rafael de Heredia, había logrado en el 2015 que el Poder Ejecutivo expandiera mediante Decreto Ejecutivo la extensión del Parque Nacional Braulio Carrillo (véanse el texto del Decreto 39.259 así como el comunicado de Conceverde al publicarse este decreto en diciembre del 2015).
Conociendo los vaivenes incesantes de la vida política y la de los decretos ejecutivos, es hora que Costa Rica eleve a rango de ley esta ampliación del Parque Nacional Braulio Carrillo, en particular ante la fuerte presión que ejercen empresas urbanizadoras y proyectos de gran escala sobre las autoridades de los cantones ubicados en las montañas de Heredia. Al parecer estas últimas sucumben fácilmente a estas presiones, pese a advertencias sobre los efectos del cambio climático en cuanto al régimen de precipitaciones, y pese a épocas en veranos muy prolongados, en las que sus mismos administrados ya no cuentan con disponibilidad de agua diaria en cantidad suficiente por varios días y a veces semanas; véanse a modo de ejemplo comunicado de mayo del 2023 de la Municipalidad de Santo Domingo y nota de prensa televisiva de marzo del 2025 sobre cortes de agua en Santo Domingo. De igual modo, se puede citar este comunicado de junio del 2024 por parte de la ESPH sobre racionamiento del agua debido a una prolongada sequía, que no hace sino en realidad, revalidar un ejercicio muy similar de mayo del 2023 (véase nota de prensa).
Si el agua ya hace falta en varios cantones heredianos, y ello desde varios años, el sentido común llevaría a pensar que se suspendan nuevos proyectos inmobiliarios de gran escala por parte de los municipios afectados por esta escasez, hasta tanto se resuelva la disponibilidad de agua para los actuales habitantes de estos cantones. Nada más alejado de la realidad.
Foto de acto realizado el 29 de mayo en presencia de varios integrantes de la Asamblea Legislativa y sus asesores y de vecinos de San Rafael de Heredia así como de integrantes de Conceverde.
Urbanizar a como dé lugar: la verdadera saga de la planificación urbana en la GAM
En efecto, la materialización de estas presiones por parte de empresarios, inversionistas y gremios de la construcción, se expresa con cada nuevo permiso municipal sobre uso de suelo para proyectos urbanísticos de cierta envergadura.
La irresponsabilidad de los cantones heredianos aguas arriba se ve reflejada en los cantones aguas abajo con cada aguacero sostenido, el cual destruye casas de habitación e infraestructura pública como puentes y calles, provoca que familias costarricenses pierdan todas sus pertenencias debido al agua enlodada que penetra en sus casas, consecuencia lógica del proceso de impermeabilización de los suelos en las partes altas y medias de las montañas de Heredia.
Se trata de una advertencia que, más allá de la situación específica en los cantones heredianos de la Gran Area Metropolitana (GAM), hicimos con colegas en el 2021 en LaRevista.cr, reeditando en realidad un texto publicado en La Nación en el 2010 relacionado al PRUGAM (Nota 1) en el que señalábamos que:
«… de un temerario “plumazo” se descartó el PRUGAM, y los años de estudios y de inversión realizados. A raíz de declaraciones del encargado del PRUGAM, el arquitecto Eduardo Brenes, en el programa Nuestra Voz en radio Monumental, cuestionando este Decreto, este fue despedido por la ministra Clara Zommer, y se procedió al desmantelamiento del equipo técnico que trabajó en el PRUGAM«.
Aún están en línea los productos del PRUGAM (véase enlace), sin que hayan sido incorporadas en las regulaciones de planificación urbana, ni la zonificación propuesta, ni la metodología de los IFAs (IFA de las siglaes de Indice de Fragilidad Ambiental) en cantones particularmente vulnerables de la GAM.
El PRUGRAM fue sustituido de manera un tanto precipitada por el POTGAM en el 2012, y según explicó en su momento una alta jerarca en materia de vivienda,
«Garantizar, yo no puedo garantizar nada. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo en capacitar a las municipalidades respectivas, a los 31 cantones de la GAM diciéndole el alcance del POTGAM y lo que se tiene que respetar y porqué«.
(véase artículo del Semanario Universidad de febrero del 2012 que contiene una entrevista a este funcionaria).
El PRUGAM fue reemplazado finalmente en el 2014 por otro instrumento denominado «Plan GAM 2013-2030», que la Sala Constitucional consideró omiso en cuanto a los insumos técnicos en materia ambiental del PRUGAM (véase texto de sentencia 23743 de diciembre del 2020). Nótese, con relación a las zonas de recarga acuífera, que los recurrentes alegaban (véase párrafo 1) que:
«El artículo 69, del reglamento impugnado, permite la afectación de áreas de recarga acuífera estratégica de la Gran Área Metropolitana por desarrollo urbano, pues favorece el desarrollo inmobiliario por encima de la protección del ambiente y los recursos naturales tan estratégicos como los recursos hídricos. También se alega que el reglamento está induciendo que nueva población de la Gran Área Metropolitana se instale en zonas de alta y muy alta amenaza a deslizamientos, ya que se induce urbanizar zonas de este tipo al ignorar los mapas de amenazas generados por los estudios del PRUGAM del 2009. Asimismo, se ignoran los lineamientos ambientales regionales, referente a corredores biológicos y de conectividad de la base ambiental del PRUGAM del 2009, aprobados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, pues claramente, se excluyeron tres corredores biológicos. Finalmente, reclaman que sin ningún fundamento técnico científico, se modificaron mapas de amenazas naturales generados por el PRUGAM y aprobados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, lo que contraviene el principio de objetivación o de tutela científica«.
Más allá de la facilidad con la que las máximas autoridades de Costa Rica decidieron en el 2010 hacer a un lado los estudios técnicos en materia ambiental y en materia de ordenamiento territorial del PRUGAM, un programa de planificación urbana para la GAM realizado gracias a una generosa dotación de la Unión Europea (UE) a Costa Rica por más de 18 millones de US dólares, la falta de incorporación de los estudios técnicos del PRUGAM en la planificación urbana de la GAM explica en gran parte el colapso vial, el caos social así como ambiental que se vive en algunos cantones de la GAM: resulta notorio para todos los costarricenses que la GAM crece año tras año de manera desordenada, sin mayor planificación ni visión a largo plazo, gracias a decisores políticos sujetos a presiones del sector privado y constructivo, como bien se advertía en el 2018 desde el programa del Estado de la Nación (Nota 2).
Una valiosa iniciativa comunal ante las ocurrencias reiteradas de decisores políticos
Quisiéramos saludar el hecho que una fracción de la Asamblea Legislativa como el Frente Amplio haya considerado oportuno apoyar con la firma de todos sus integrantes, la iniciativa que se materializó en el Expediente Legislativo 25.016, esperando que las demás fracciones la apoyen de igual manera.
Nótese que otro expediente sobre la Zona Inalienable de 1888 (véase expediente legislativo 23.895) está en la corriente legislativa y busca, por el contrario, restringir la extensión de la Zona Inalienable de 1888 en aras de legalizar títulos de propiedad privada ilegalmente otorgados por parte del Estado, y de paso favorecer desarrollos urbanísticos: una evidencia más de la presión extrema que ejercen propietarios, empresas y gremios de la construcción para levantar las restricciones existentes en la Zona Inalienable (zona en azul que aparece en la página 7 de dicho proyecto de ley). El Expediente Legislativo 23.895 fue antecedido por otro proyecto de ley en el 2018, persiguiendo el mismo objetivo, y evidenciando el mismo tipo de presión por parte de empresas urbanizadoras (véase nota de prensa de CRHoy del 2018 y texto integral del Expediente Legislativo 20.511).
Cabe recordar que desde hace ya más de 10 años, se advertía en un artículo (Nota 3) sobre la capacidad de recarga de los acuíferos del Barva, Colima Superior y Colima Inferior, que:
«En la actualidad, el Valle Central esta sometido a una gran demanda de recursos hídricos subterráneos. Según datos del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA 2007) las perforaciones de pozos superan la cantidad de 5198, lo que representa un 42% del total de pozos registrados en el país hasta el 2007. Está explotación de los recursos hídricos, esta acompañada por un cambio en el uso de la tierra; lo que anteriormente eran áreas potenciales para recarga, se han transformado en zonas dedicadas a cultivos permanentes, sistemas urbanos y usos comerciales e industriales. Todas estas actividades pueden poner en peligro la cantidad y calidad del recurso hídrico subterráneo«.
No está de más indicar además que para las autoridades a cargo del transporte, el Parque Braulio Carrillo constituye un freno a algunos de sus proyectos viales un tanto ocurrentes, tal y como se denota en declaraciones públicas de un jerarca en el 2023, en las que se deja ver un desconocimiento bastante notorio de la dinámica de la naturaleza tropical y de la historia de la ahora denominada Ruta 32 (véase nota del Semanario Universidad): no está de más recordarle al distinguido jerarca, que el proyecto inicial de la Ruta 32 contemplaba la construcción de varios túneles, y no de uno solamente.
Conceverde: ejemplo de persistencia en pro del ambiente
Con respecto a la iniciativa que se plasmó en lo que de ahora en adelante se designará por «Expediente Legislativo Núm. 25016«, quisiéramos celebrar la existencia de una organización como Conceverde, que ha logrado a través de diversas acciones, muchas de ellas llevadas ante justicia constitucional, frenar el nivel de ocurrencias y de irresponsabilidad hacia la principal reserva de agua dulce que abastece en agua de calidad a la GAM, observados tanto por parte de las autoridades nacionales como locales.
Su incansable acción también logró ordenar la suspensión de talas de áboles dentro de la Zona Inalienable de 1888 (véase por ejemplo comunicado del 2010). En labores de incidencia, los comunicados de Concerverde siempre han contado con el apoyo de entidades heredianas y de ecologistas costarricenses, debido a la confianza que han generado en el pasado sus acciones y la solidez de sus planteamientos. Así por ejemplo, entre muchos, Conceverde y varias agrupaciones ecológicas y académicos se unieron
– en el 2009 para denunciar una directriz interna impidiendo a los técnicos de una entidad técnica a cargo de las aguas subterráneas como SENARA, de remitir sus criterios (véase manifiesto colectivo titulado «En Defensa de las Aguas Subterráneas«);
– en el 2018 para hacer de conocimiento de la opinión pública la extrema presión ejercida por parte de cámaras de la contrucción sobre SENARA (véase carta colectiva al Presidente de Costa Rica publicada en Elmundo.cr).
En su comunicado del 30 de mayo del 2025 sobre el proyecto de ley 25.016 (véase texto), se lee que para Conceverde:
“Esperamos que, al igual que los legisladores de 1888, quienes supieron anticipar la importancia de resguardar las montañas del norte de Heredia para asegurar el abastecimiento de agua en el Valle Central, los diputados actuales demuestren la misma visión y aprueben el proyecto 25016, presentado por el diputado Acuña”.
Es gracias a esta misma organización comunal y a otras entidades sociales heredianas que en el 2008, la Sala Constitucional ordenó a las autoridades nacionales y cantonales (véase voto 2008-12109) mostrarse mucho más serias y consecuentes con el valioso legado que constituye para Costa Rica la denominada Zona Inalienable, decretada como tal en 1888 por, en aquel entonces, personas visionarias altamente comprometidas con el futuro de los costarricenses. Lo mapas e infografías de esta presentación ante las autoridades municipales de Heredia de noviembre del 2009 (en particular de pp.4-8) permiten dimensionar y entender mejor el alcance de la protección de las aguas que persigue la Zona Inalienable de 1888.
Ya en el 2010, nos permitimos hacer ver la falta de voluntad del Estado costarricense para acatar lo dispuesto en esta y algunas otras sentencias relacionadas al recurso hídrico (Nota 4). Esta sentencia del 2008 del juez constitucional sobre la Zona Inalienable fue desde entonces (2008), objeto de diversas acciones por desobediencia, presentadas por la misma Conceverde, ante la incapacidad del Estado costarricense y la de sus entidades, así como varias municipalidades, de cumplir a cabalidad con lo ahí señalado (véase artículo del 2023 del Semanario Universidad). La falta de voluntad del Estado costarricense para cumplir con lo dictaminado por la Sala Constitucional en el 2008 es tal que en su sentencia de julio del 2023 (véase texto del voto 2023-017109), el juez constitucional indicó que:
«Esa omisión y dejadez administrativa no puede ser pasada por alto por esta Sala y si bien recientemente en gestiones de desobediencia se había dispuesto que el fallo 12109 del 2008 se entendía debidamente atendido por la instrucción de los procedimientos para la recuperación de los terrenos de cita, lo cierto del caso es que el debate que se presenta en este amparo trasciende una mera gestión de incumplimiento, y por el contrario, denota que las acciones adoptadas por el Estado son de suyo insuficientes para la defensa del fin legal y de los derechos que concurren en el régimen especial de protección definido por el decreto ley No. 65, a partir de lo cual, es necesario que esta Sala imponga acciones direccionadas a procurar que dentro de un tiempo razonable, se pueda contar con acciones concretas y efectivas para esa protección que se reprocha«.
No sería la primera vez que sentencias de la justicia costarricense en favor del agua o del ambiente ordenadas en el 2008 persistan sin ser debidamente implementadas. Cabe recodar que en aquel año del 2008, fueron varias las organizaciones y profesionales costarricenses en levantar la voz ante la destrucción de la biodiversidad y de las fuentes de agua en Costa Rica por parte de autoridades que en aquel se presentaban ante el mundo con una engañosa “Paz con la Naturaleza”. No se considera necesario aquí enlistar los escándalos en materia ambiental a repetición a los que la administración (2006-1010) sometió a Costa Rica, ni referir a la «orquestación de voluntades» detectada en uno de ellos, llevado ante la justicia contenciosa-administrativa (Nota 5). El texto denominado “Manifiesto Público en Defensa de la Naturaleza” publicado en junio del 2008 (véase texto) denunciaba este doble discurso de Costa Rica en materia ambiental: su lectura se recomienda en este inicio del mes del ambiente en este 2025, al no haberse resuelto ni atendido ninguno de los planteamientos que contenía, y al haber Costa Rica observado cómo se han ido agravado problemas ambientales no resueltos en muchas de sus regiones desde entonces, y cómo se han deteriorado sus cuerpos de agua y su biodiversidad en muchos de sus cantones.
Con respecto a la Zona Inalienable de 1888, una gestión adicional de julio del 2024 tendiente a obligar a las autoridades de la cartera ambiental a… obedecer a lo dictaminado por la Sala Constitucional en el 2008 y reiterado en el 2023 (véase texto) ilustra la total falta de voluntad del Estado costarricense.
La poca diligencia demostrada por las autoridades ambientales luego de recibir una denuncia de Conceverde en abril del 2024 fue tal, que se leyó en el mes de mayo del 2024 (véase nota de SurcosDigital conteniendo escrito) que:
«Por todo lo anterior, y considerando además que el lugar donde se llevaron a cabo los hechos denunciados, es una zona de alta vulnerabilidad hidrogeológica, y de alta recarga acuífera de los principales acuíferos del Valle Central, creemos que la atención de la denuncia de parte del SINAC le ha faltado rigor que la situación amerita, hasta se podría considerar hasta “machotera”, violentando por tanto el deber que tienen en el MINAE/SINAC de protección de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en particular del recurso hídrico«.
A modo de conclusión
El pasado mes de marzo, se realizó para el Día Internacional del Agua, un muy merecido homenaje a la organización Conceverde, en Ojo de Agua (véase nota de prensa) por su incansable lucha en favor de las fuentes de agua que abastecen a la GAM.
Una lucha inquebrantable, sostenida y generosa, que debiera inspirar a muchos otros en Costa Rica, de manera que en cada cantón costarricense, los vecinos puedan contar con una organización comunal como Conceverde, ejemplo de ciudadanía organizada y combativa en pro del agua y de la biodiversidad, y comprometida con un mejor mañana para los costarricenses que no han nacido aún.
– – Notas – –
Nota 1: Véase ALFARO C. J.F, BOEGLIN N., SAGOT RODRÍGUEZ A., «Lluvia y daños: advertencias desoídas«, 27 de julio del 2021, La Revista.cr. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase ASTORGA GÄTTGENS A., «Ordenamiento ambiental del territorio: situación y perspectivas en Costa Rica», Informe para el Estado de la Nación, 2018. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase RAMÍREZ CHAVARRIA R., «Recarga Potencial de los Acuíferos Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica«, Repertorio Científico, UNED, Vo. 17, 2014, pp. 51-59, p. 51. Texto disponible en la red. Una publicación anterior del 2013 titulada «Recurso hídrico en la zona norte de Heredia: experiencia de la UNA«, publicada por la UNA (véasetexto integral) de igual manera incluye artículos de expertos y académicos que advierten de la vulnerabilidad de las zonas de recarga acuífera situadas en las montañas al Norte de Heredia.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Nivel de cumplimiento de decisiones judiciales en materia ambiental relativas a la protección del recurso hídrico«, Informe final, presentado para el proyecto Estado de la Nación, 2010. Texto integral disponible aquí.
Nota 5: Véase texto integral de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) del noviembre del 2010 sobre el proyecto minero Crucitas, en la que se lee (Párrafo XL) que:
«En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestacin de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero.»
Tuvimos la oportunidad de referir a la «orquestación de voluntades» en el marco de un foro realizado por la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, el pasado 28 de mayo, titulado: «El súbito entusiasmo por la minería química a cielo abierto en Crucitas: análisis y perspectivas» (véase volante y video).
Foto de Gaza del 21 de mayo del 2025, extraída de artículo publicado en Israel por Magazine+972, cuya lectura completa se recomienda, titulado «Days of terror in Gaza´s ?Block 76′ «
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
«Chaque jour qui passe, les habitants perdent leurs proches, leurs maisons et l’espoir de survivre. C’est une guerre d’extermination menée par étapes, sous le couvert du silence international et en l’absence totale de toute reddition de comptes. À chaque appel à l’aide, ce qui reste de foi des Gazaouis en un possible salut du monde s’effrite davantage face à cet enfer sans fin«.
Testimonio de habitante de Gaza, 18 de mayo del 2025. Extracto de «Témoignage d’Abu Amir, le 18 mai 2025: escalade des massacres: opération charriots de Gédéon». Texto completo disponible aquí.
«À Gaza, il n’y a pas un jour sans massacre, ni une nuit sans tragédie. Et si le monde ne se mobilise pas maintenant, ce qui reste de ce peuple sera enseveli sous les cendres, bien avant que ne soit annoncée la trêve ou divulgué le contenu de l’accord. Gaza ne réclame aujourd’hui que son droit à la vie. Y a-t-il quelqu’un pour l’écouter ? Quelqu’un pour empêcher le prochain massacre… avant qu’il ne devienne une simple brève dans un journal télévisé éphémère ?
Testimonio de habitante de Gaza, 7 de mayo del 2025. Extracto de «Témoignage d’Abu Amir, le 7 mai 2025: Gaza brüle avant l´accord». Texto completo disponible aquí.
«Ce qui se passe aujourd’hui à Gaza dépasse toute description : c’est un enfer absolu, un cataclysme qui écrase pierres et êtres humains, mettant en péril jusqu’à l’essence même de l’humanité. Ce n’est plus seulement une agression militaire ou un blocus impitoyable, c’est une épreuve monstrueuse pour la dignité humaine, un rappel criant que le silence mondial est une complicité dans le crime».
Testimonio de habitante de Gaza, 28 de abril del 2025. Extracto de «Témoignage d’Abu Amir, le 28 avril 2025: Ce qui se passe aujourd´hui a Gaza est indescriptible». Texto completo disponible aquí.
«Tout ce qui se passe ne semble pas relever du hasard, mais d’un plan systématique clairement visible, dans une tentative manifeste de pousser les habitants à l’exil, à accepter ce qu’on appelle les projets de « migration volontaire », c’est-à-dire un déplacement forcé déguisé. Les politiques de famine, de destruction et de bombardements constants ne sont que les outils d’un plan plus vaste visant à vider Gaza de ses habitants ou à briser leur volonté. Ce qui se joue à Gaza n’est pas seulement un siège ou une agression, mais un processus d’extinction méthodique de la vie et de la présence palestinienne».
Testimonio de habitante de Gaza, 12 de abril del 2025. Extracto de»Témoignage d’Abu Amir, le 12 avril 2025: Gaza sous le feu: bombardements et faim impitoyable». Texto completo disponible aquí.
A modo introductivo
Desde el mes de abril del 2024, en Naciones Unidas se lanzaron advertencias muy serias sobre la actitud destructora y vengativa de las principales autoridades militares y políticas de Israel en Gaza: véase comunicado oficial de Naciones Unidas.
Unas pocas semanas antes, el «escolasticidio» de Israel en Gaza había sido denunciado desde la misma sede de Naciones Unidas en Europa, en un comunicado oficial señalando que:
«These attacks are not isolated incidents. They present a systematic pattern of violence aimed at dismantling the very foundation of Palestinian society«
Una advertencia hecha esta vez ante el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, menos de 10 días después del 7 de octubre del 2023 por parte del representante de Palestina, merece una particular mención (en esta cita, la versión en inglés acompaña la versión en castellano):
«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros / What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them» (Intervención del representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim S/PV/9439, at page 9).
Pese a esta muy tempranera advertencia, y a muchas otras posteriores hechas por parte de un sinnúmero de entidades, de Estados, y de expertos de Naciones Unidas, todas desoídas, resulta de interés observar cómo poco a poco los mecanismos internacionales para que Israel rinda cuenta a la justicia internacional de sus numerosas exacciones contra la población civil en Gaza se han ido activando.
Cabe indicar que estas incontables exacciones que derivan de instrucciones ejecutadas por jóvenes soldados israelíes, dejan una huella en lo más profundo de sus mentes, como lo detalla este artículo del TimesofIsrael del 19 de mayo del 2025, con más de una treintena de suicidios entre las filas de Israel registrados desde el 7 de octubre del 2023. Este otro reportaje de la cadena CNN de octubre del 2024 merece también ser mencionado y su lectura, muy recomendada (véase enlace). Se titula: «‘He got out of Gaza, but Gaza did not get out of him’: Israeli soldiers returning from war struggle with trauma and suicide«.
Advertencias desoídas sobre las verdaderas intenciones de Israel en Gaza son igualmente enlistadas en esta muy completa entrevista (véase video) hecha en español al ex Alto Representante de la política exterior de la Unión Europea (UE) del pasado 22 de mayo: se trata de una entrevista que se recomienda escuchar, al conocerse de presiones muy variadas ejercidas sobre este alto funcionario de la UE, que dejó su cargo hace cuatro meses.
Pese a estas presiones, poco a poco, gracias a gestiones diplomáticas realizadas por parte de Eslovenia, España, Irlanda y Noruega, algunos Estados europeos están observando que no pueden más seguir de brazos cruzados ante la destrucción total a la que Israel somete el territorio de Gaza. Temas como
– la suspensión de acuerdos comerciales con Israel;
– el embargo total sobre exportaciones de armas destinadas a Israel;
– las sanciones de la UE contra organizaciones e individuos en Israel que fomentan la colonización ilegal del territorio palestino ocupado; y
– la activación de la justicia penal internacional para que, algún día, respondan ante ella los dirigentes y los mandos militares israelíes
están a la orden del día en varias capitales de Europa en esta segunda quincena de mayo del 2025.
Este reciente reportaje de la BBC (altamente recomendado debido a la calidad de las tomas y de los videos) sobre el bombardeo del hospital europeo de Gaza por parte de Israel el pasado 14 de mayo desmiente todas las afirmaciones de Israel según las cuales, los militares israelíes proceden a bombardeos cumpliendo con las obligaciones que les impone el derecho internacional humanitario. De paso, pone en evidencia el carácter totalmente falaz de lo que se lee en la intervención de la representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del pasado 13 de mayo. Su lectura (véasetexto) confirma que lo que afirma Israel, lo repite Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad: ambos Estados coinciden en absolutamente todos los aspectos relacionados a Gaza.
Desde finales de abril, e inicios de mayo del 2025: información sobre Gaza pocamente difundida
Este 21 de mayo, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó nuevamente una apelación presentada por Israel para restarle validez a dos órdenes de arresto contra dos de sus dirigentes (véase decisión del Fiscal).
Si nos devolvemos unas cuantas semanas más, pese a una actualidad internacional variada y diversa en los últimos días del mes de abril del 2025 y en las primeras semanas de mayo, (principalmente enfocada en cubrir el nivel de ocurrencias y de improvisación del nuevo ocupante de la Casa Blanca desde el 20 de enero del 2025), se pudo también registrar, a finales del mes de abril, cómo la justicia internacional ha ido poco a poco estrechando su cerco sobre Israel. Se trata de un aspecto que, a diferencia de otros temas de la agenda mundial, ha sido muy escasamente reportado en los grandes medios de prensa internacionales así como nacionales, lo cual puede plantear algunas interrogantes muy válidas.
En el caso de Costa Rica por ejemplo, las referencias inexistentes a estas importantes decisiones en la prensa nacional, así como la muy poca cobertura que se da al drama indecible que se vive en Gaza por parte de la población civil palestina, deberían llamar a reflexionar sobre algunas cosas a las que parecen prestarse los medios de comunicación. La ausencia de toda referencia a los 76 años de conmemoración de la Nakba por parte de muchas organizaciones en diversas partes del mundo el pasado 15 de mayo constituye otra omisión notoria en los medios informativos de Costa Rica: para quiénes, en Costa Rica, se interesan por conocer el significado de la palabra «Nakba» (que significa «catástrofe» en árabe), se recomienda visitar esta exposición realizada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para los 75 años en el 2024 (véase enlace) y este enlace en castellano de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (más conocida por sus siglas en inglés UNRWA). Para quienes aman la cultura y historia y quisieran remontar bastante más el paso del tiempo en Gaza, una exposición en París del Institut du Monde Arabe, titulada «Trésors sauvés de Gaza: 5000 ans d´histoire» (véase enlace) ofrece una pequeña muestra de los vestigios arqueológicos encontrados en el suelo gazatí.
Para volver un momento a Costa Rica, el título de este reportaje de la televisión costarricense de marzo del 2024 plantea otro tipo de interrogantes sobre el flujo de jóvenes israelíes, que desde las paradisiacas playas costarricenses, vuelan a Israel y de ahí pasan a combatir en Gaza en cuestión de muy pocos días. Después de cometer exacciones de todo tipo ¿volverán estos jóvenes como si nada a turistear y a disfrutar de las maravillosas playas que ofrece Costa Rica? Recientemente, la justicia peruana fue activada en busca de un soldado israelí que se encuentra en el territorio peruano (véase nota de la Fundación Hind Rajab con fecha del 23 de mayo). En enero del 2025, un soldado israelí acusado de haber cometido crímenes en Gaza logró escapar in extremis de la justicia brasileña, gracias a «gestiones» de Israel que a la fecha no se han detallado mayormente (véase nota de prensa).
El informe de la situación imperante en Gaza elaborado por Naciones Unidas al 21 de mayo del 2025 (véase informe) detalla la tragedia de proporciones nunca antes observadas y la secuencia ininterrumpida de crímenes de guerra cometidos por soldados israelíes en estas tres primeras semanas del mes de mayo. La lectura del informe anterior, al 14 de mayo del 2025 (véaseenlace) permite observar la destrucción continua por parte de Israel en Gaza. A 48 horas de publicado, Chile, al igual que varios otros Estados, emitió una nueva enérgica condena al registrarse un centenar de muertos en solamente un día (véase comunicado oficialdel 16 de mayo). No se registró ninguna reacción oficial por parte del aparato diplomático de Costa Rica.
En tres días, fueron 250 personas las que perdieron la vida, como se documenta en este artículo publicado en Israel el 16 de mayo. El 12 de mayo, Naciones Unidas alertó en este informe de un riesgo inminente de hambruna generalizada en Gaza, evaluando el impacto de la malnutrición en los más jóvenes habitantes de Gaza. Desde el 2 de marzo del 2025, miles de camiones con ayuda humanitaria, agua y alimentos, esperan ante la negativa de Israel de que puedan ingresar a Gaza. Este 14 de mayo, este artículo publicado en Israel y titulado » ´Render it unusable: Israel´ mission of total urban destruction» desmenusa, a partir del relato de soldados y oficiales israelíes, el tipo de instrucciones recibidas en aras de proceder a la destrucción metódica de todo tipo de infraestructura en Gaza. Este 15 de mayo, la ONG Human Rights Watch publicó un informe contundente titulado: «Gaza: latest israelí plan inches closer to extermination«. Finalmente este 19 de mayo, Canadá, Francia y Reino Unido condenaron de manera colectiva los recientes anuncios de Israel relativos a la expansión de sus operaciones militares en Gaza (véase comunicado conjunto), sin referirse – omisión más que notoria – a las exacciones cometidas por Israel con anterioridad a estos anuncios. En el comunicado colgado por las autoridades de Francia (véase texto) se indica que:
«Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que le gouvernement Netanyahou poursuit ces actions scandaleuses. Si Israël ne met pas fin à la nouvelle offensive militaire et ne lève pas ses restrictions sur l’aide humanitaire, nous prendrons d’autres mesures concrètes en réponse«.
Como corrolario a todo lo anterior el «asedio contra niños» en Palestina por parte de Israel ha sido denunciado este 20 de mayo por parte de Naciones Unidas (véase comunicado oficial). Brasil exigió este 21 de mayo a Israel cesar su ofensiva en Gaza y levantar el bloqueo a la ayuda humanitaria en términos particularmente duros :
«Submetida há mais de dois meses a bloqueio completo, a Faixa enfrenta, ademais, risco iminente de fome generalizada. O Brasil expressa grave preocupação com a anunciada intenção israelense de permitir ingresso mínimo de alimentos e remédios em Gaza, recordando que o uso da fome como método constitui crime de guerra» (véase texto integral del comunicado oficial colgado por las autoridades diplomáticas brasileñas).
La relatora de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa externó este 23 de mayo duras críticas hacia Israel (véasecomunicado oficial). En un comunicado de prensa del mismo 23 de mayo, el Secretario General de Naciones Unidas indicó que:
«Meanwhile, the Israeli military offensive is intensifying with atrocious levels of death and destruction. Today, 80 per cent of Gaza has been either designated an Israeli-militarized zone or an area where people have been ordered to leave. In other words, four-fifths of the territory of Gaza is a no-go zone for the people of Gaza. And so, beyond questions about the particular number of trucks at any particular moment, it is important to stay fixed on the big picture. And the big picture is that without rapid, reliable, safe and sustained aid access, more people will die – and the long-term consequences on the entire population will be profound«.
De todo este flujo constante de información producida en lo que va del único mes de mayo del 2025 sobre la catástrofe humanitaria absoluta que se vive en Gaza ¿ningún rastro en los principales medios de prensa nacionales e internacionales que leen nuestros estimables lectores? ¿Cómo explicar esta omisión al ser la mayoría de estos textos colgados en comunicados de prensa desde la entidad que los elabora, que luego los circula en sus listas de contactos y en sus redes sociales?
Para los palestinos (así como para las personas que siguen de cerca lo que ocurre en el territorio palestino ocupado) es costumbre, y desde hace ya mucho tiempo, que un cerco informativo limita la circulación de la información en el mundo cuando se trata de críticas al insensato accionar de Israel en Palestina.
Este 21 de mayo este otro comunicado oficial de Naciones Unidas, igualmente pasado por alto por los principales medios de prensa nacionales e internacionales, sobre la situación de las mujeres y niñas en Gaza, señala de manera contundente, que:
«They noted that over 28,000 women and girls have been killed, thousands have been injured and nearly 1 million displaced. Close to 13,000 women are now single heads of households. The entire population is still confronted with a critical risk of famine. Nearly 71,000 children and 17,000 pregnant and breastfeeding women will need urgent treatment for acute malnutrition in the immediate future«.
Este 22 de mayo del 2025, se hizo pública una denuncia de empleados de una empresa que domina el mundo de la informática y de las tecnologías de la información a nivel mundial con relación a la suerte incierta de correos electrónicos conteniendo las palabras «Gaza«, «Palestine» o «genocide» (véase artículo de prensa).
El fracaso militar de Israel en 19 meses de una insensata operación militar
El pasado 7 de mayo, se cumplieron 19 meses desde el 7 de octubre del 2023: con una estrategia militar israelí (bombardeos intensos sobre Gaza iniciados en la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 so pretexto de «erradicar al Hamás y recuperar a los rehenes israelíes«) que constituye un verdadero fracaso desde el punto de vista estratégico:
– los únicos rehenes israelíes liberados desde el 7 de octubre del 2023 lo fueron a raíz de un intercambio negociado de previo y pactado con el Hamás, al tiempo que;
– pese a bajas sustanciales, el Hamás pareciera estar en capacidad de generar combatientes nuevos así como nuevos liderazgos en su seno, y logra mantener toda la logística que supone mantener a rehenes israelíes escondidos en alguna parte de Gaza y alimentarlos. Se trata de un aspecto que reconoció el mismo Secretario de Estado saliente norteamericano, durante su última semana en funciones a mediados de enero del 2025 (Nota 1).
Las condiciones físicas de un rehén israelí-norteamericano liberado el pasado 12 de mayo luego de negociaciones directas entre Estados Unidos y el Hamás (véase nota de prensa) después de 584 días de cautiverio, confirman la precitada logística, … y el precitado fracaso.
Nótese que muy tempranamente expertos advirtieron del carácter totalmente irrealista del objetivo militar israelí de «erradicar al Hamás» en Gaza: véase por ejemplo esta publicación hecha desde Barcelona en el mes de noviembre del 2023.
Si bien parte de la sociedad israelí sabe muy bien que esta ofensiva militar de Israel en Gaza responde a una estrategia de supervivencia política de su actual Primer Ministro (el cual se mantendrá en el poder en Israel mientras dirija un gabinete en guerra), resulta notorio que analistas y comentadores fuera de Israel continúen repitiendo que las justificaciones oficiales dadas por Israel son todas muy válidas.
Ante este fracaso rotundo de su estrategia, y ante la impunidad que pareciera estar dispuesta a garantizarse a sus máximas autoridades por parte de Estados que siguen supliendo de armas y municiones al ejército israelí, Israel ha anunciado el pasado 5 de mayo un recrudecimiento de su ofensiva militar en Gaza, provocando una condena generalizada por parte de la comunidad internacional: este nuevo plan prevé la ocupación de dos terceras partes de Gaza por parte de Israel y la concentración de toda la población civil de Gaza en un pequeño perímetro.
El pasado 6 de mayo del 2025, la comunidad internacional en su conjunto condenó el plan de expansión militar en Gaza por parte de Israel adoptado 24 horas antes por sus máximas autoridades.
En América Latina, podemos citar la posición contundente de Chile, en términos que deberían inspirar a muchos otros Estados (véase comunicado oficial), así como los usados por una ONG de renombre mundial como Amnistía Internacional en su comunicado del 7 de mayo (véase texto integral). De igual manera se puede citar el comunicado del 7 de mayo emitido por Bolivia. En Europa, España condenó fuertemente este plan de expansión militar, conjuntamente con Islandia, Irlanda, Luxemburgo y Noruega (véase texto del comunicado conjunto colgado en el sitio oficial de la diplomacia española). El 16 de mayo, Sudáfrica condenó por enésima vez la masacre de más de 140 civiles en un solo día en Gaza por parte de Israel (véase comunicado de prensa) concluyendo su comunicado señalando que:
«The credibility of the international order depends on the consistent application of international law and accountability for all violations, regardless of the perpetrator».
El pasado 19 de mayo, fueron 23 Estados los que condenaron de manera vehemente a Israel por mantener el bloqueo a la ayuda humanitaria destinada a la población civil de Gaza, en situación de hambruna crítica (véase comunicado colgado por la diplomacia de Canadá).
La reacción del aparato diplomático costarricense
Este acápite será bastante modesto en su extensión con relación a los demás: en efecto, pese a los precitados pronunciamientos e informes sobre el drama indecible que se vive en Gaza y a los numerosos comunicados oficiales por parte de reconocidas ONG, de Estados, de expertos y del mismo Secretario General de Naciones Unidas, las autoridades diplomáticas costarricenses se han mantenido totalmente mudas durante todo el mes de mayo (al menos al momento de redactar estas líneas – 25 de mayo).
El pasado 20 de mayo, en un acto oficial, Israel hizo entrega al Hospital de Niños de Costa Rica de equipos multiuso para insumos médicos (véasenota de la Caja Costarricense del Seguro Social). Con relación a los niños en Gaza, este informe de la UNICEF del 23 de mayo refiere a la muerte de 15.613 niños palestinos desde que Israel inició sus ataques sobre Gaza en la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Gaza, información y Hasbara
Más allá de la poca información que pareciera tener el Hospital de Niños de Costa Rica sobre la situación a la que somete Israel los niños palestinos en Gaza, lo cierto es que esta cifra dada a conocer por la UNICEF da cuenta de la insensatez del accionar militar israelí en Gaza.
Desde el punto de vista del manejo de la información, no sería la primera vez (ni la última…) que información que circula sobre lo que ocurre en Gaza y sobre Israel, es simplemente omitida, o bien es presentada de una manera bastante cuestionable por parte de algunas salas de redacción.
A ese respecto, los palestinos, así como los muchos simpatizantes de la causa palestina en Costa Rica y en todo el mundo, bien lo saben y ello desde mucho antes del 7 de octubre del 2023.
Ahora bien, el tratamiento de la información sobre Israel y Gaza ha sufrido no obstante desde esta fecha un notable giro, con lo que podríamos denominar un verdadero cerco informativo al que se han prestado muchas direcciones de redacciones de medios de prensa y una desinformación campante en aras de manipular a la opinión pública: al respecto, remitimos a nuestros estimables lectores a un reciente libro publicado por uno de los más renombrados expertos en asuntos internacionales en Francia, titulado de manera bastante oportuna:
«Permis de tuer. Gaza: génocide, négationnisme et Hasbara» (véase enlace).
Para quienes posiblemente descubran en Costa Rica el uso de este término hebreo por primera vez en una publicación, la palabra Hasbara designa un conjunto de redes que, desde la diplomacia israelí, busca orientar a la opinión pública y descalificar la crítica contra Israel, todo ello en procura de obtener una percepción siempre positiva en el exterior de las acciones que lleva Israel (Nota 2).
De manera muy precisa, una publicación que se encuentra disponible en línea y titulada «Israel´s Hasbara Toolkit» (75 páginas, editada en el Reino Unido), detalla el abanico de expresiones y juegos semánticos a aplicar en muy diversos ámbitos: los especialistas en derecho internacional reconocerán con mucha facilidad el juego semántico extremadamente persistente que se ha aplicado a su disciplina en innumerables artículos y columnas publicadas en Costa Rica, así como en muchas otras partes del mundo, desde el 7 de octubre del 2023 (pp. 56-58). En esta conferencia del fundador de Medecins sans Frontieres realizada el 16 de mayo del 2025 en Francia (muy recomendada), se explicitan los mecanismos usados en la prensa gala e internacional para maquillar las exacciones de todo tipo a las que se presta el ejército israelí.
Nótese que hace ya más de 10 años que fueron claramente identificados estos mismos juegos semánticos, con la finalidad de maquillar las exacciones del ejército israelí observadas en Gaza durante su ofensiva militar terrestre: véase listado de expresiones y vocablos en este artículo publicado en el 2014 por Open Democracy. Tras aquella ofensiva de Israel en Gaza de julio/agosto del 2014 (70 muertos del lado israelí, entre ellos 67 soldados ultimados durante la ofensiva terrestre), se registró la muerte de 2 251 personas del lado palestino, entre ellos 551 niños (véase enlace para acceder al informe elaborado por Naciones Unidas y su resumen). Los observadores recordarán cómo en el 2014 todo el aparato diplomático de Israel y sus círculos de influencia descalificaron las cifras de muertes y heridos en Gaza proporcionadas por el Hamás, cifras que… fueron corroboradas y confirmadas por una comisión de investigación de Naciones Unidas, autora de los precitados informes, unos meses después. La misma confirmación posterior por parte de una comisión de investigación de las cifras inicialmente dadas a conocer por el Hamás relativas a las víctimas mortales palestinas se observó con ocasión de la mortífera campaña de bombardeos de Israel sobre Gaza en el 2009 (Nota 3).
Con relación a los recursos asignados a la Hasbara, en esta nota del medio israelí TimesofIsrael del 29 de diciembre del 2024, se lee que:
«Under the new budget, the Foreign Ministry will receive $150 million, on top of what it gets for its existing activities, for what’s officially known as public diplomacy, or hasbara in Hebrew. That sum is more than 20 times what such efforts have typically been allotted in past years«.
Ahora bien, el generoso presupuesto asignado a la Hasbara para este 2025 y la estrategia de comunicación bastante efectiva de Israel que podemos observar son una cosa. Pero otra bastante distinta lo es el cerco de la justicia internacional, como titulado de manera muy oportuna en el título de esta conferencia realizada el pasado 6 de mayo en el seno de la Universidad de Costa Rica / UCR): «Gaza – Israel: del cerco informativo al cerco de la justicia internacional» (véanse volante de la actividad y el video disponible en YouTube desde hace pocos días).
Este verdadero cerco en materia de información puede, a modo de ejemplo reciente, explicar que este importante comunicado de prensa de varios relatores y expertos en materia de derechos humanos de Naciones Unidas del 7 de mayo del 2025 (véase texto) no haya sido mayormente referenciado en los principales medios de prensa costarricenses (ni en las grandes agencias de noticia internacionales), y ello pese a su título particularmente llamativo: «End unfolding genocide or watch it end life in Gaza: UN experts say States face defining choice«. Una suerte similar se puede registrar de otro comunicado de prensa del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en persona (véase texto). Al igual que este otro comunicado elaborado esta vez por los integrantes del Comité para la Eliminación de todas formas de Discriminación (Comité CERD), uno de los 11 órganos de tratado con los que cuenta el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, con fecha del 8 de mayo del 2025 sobre Gaza.
Foto extraída de artículo de prensa titulado » ´She is dying in front of my eyes´. The Gazan children starving under Israeli siege», Magazine +972, edición del 8 de mayo del 2025, cuya lectura completa se recomienda
Un fin de mes de abril particularmente cargado para Israel
En un artículo anterior titulado “El cerco de la justicia que se cierra sobre Israel” (publicado en LaRevista.cr, en su edición del 3 de mayo) analizábamos el alance de dos decisiones de la Sala de Apelaciones de la CPI de La Haya del 24 de abril del 2025:
– en la primera de ellas, los cinco jueces de esta Sala rechazaron suspender las órdenes de arresto contra dirigentes israelíes (su actual Primer Ministro y su ahora ex ministro de defensa), al tiempo que;
– en otra decisión, mantuvieron ambas órdenes de arresto y aceptaron parte de la apelación presentada por Israel contra esta misma decisión de la Sala Preliminar.
Se trata de las respuestas de la Sala de Apelaciones a un voluminoso arsenal de argumentos supuestamente jurídicos que presentó Israel a los jueces de la CPI en aras de intentar librarse de una u otra manera de ambas órdenes de arresto. Por más voluminoso y creativo, el precitado arsenal no surtió mayores efectos: en efecto, ambas órdenes de arresto se mantienen jurídicamente vigentes, como muy bien se concluye en este artículo (uno de los pocos publicados sobre este tema), editado en el sitio jurídico especializado de Opinio Juris (Nota 4).
El pasado 5 de mayo, el Fiscal de la CPI tomó nota de las indicaciones dadas por la Sala de Apelaciones en una decisión (véase texto) tampoco mayormente referida en medios de prensa. De igual manera lo fue (ausencia de referencia en la prensa) esta decisión (véase texto) de la Sala de lo Preliminar de la CPI del 14 de mayo que rechaza los alegatos de Israel que consideró de recibo la Sala de Apelaciones. De igual manera, el antes mencionado rechazo por parte del Fiscal de la CPI a las nuevas apelaciones de Israel con fecha del 21 de mayo (véase texto).
Otra jurisdicción internacional también situada en La Haya, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) realizó entre el 28 de abril y el 2 de mayo pasado las audiencias públicas en La Haya, en el marco esta vez del procedimiento consultivo sobre las obligaciones que tiene Israel en Gaza que derivan de su calidad de Estado Miembro de Naciones Unidas.
Un procedimiento similar anterior concluyó con, el 19 de julio del 2024, una histórica decisión de la CIJ sobre el carácter totalmente ilegal de la colonización y de la ocupación del territorio palestino ocupado (véase texto en francés y en inglés): cabe recordar desde ya que Costa Rica votó en contra de esta solicitud al juez internacional cuando se votó en el seno de la Asamblea General en diciembre del 2022, si dar ningún tipo de explicaciones; y que, al votarse una resolución de la misma Asamblea acogiendo el contenido de la opinión consultiva en septiembre del 2024, Costa Rica se abstuvo (sin nuevamente dar ninguna explicación en Nueva York ante los demás delegados).
La justificación de este extraño voto de Costa Rica en cambio apareció posteriormente en un comunicado oficial colgado por el aparato diplomático costarricense, invocando razones de índole… comercial. ¿Cómo así? Pues, como se lee: véase al respecto una nota nuestra publicada, en su acápite «Algunas breves acotaciones con respecto a la ‘justificación’ aportada oficialmente por la diplomacia costarricense» (Nota 5). De manera a no causar mayor sonrojo a nuestros estimables lectores al ya provocado, evitaremos reproducir estas acotaciones en la presente oportunidad.
Volviendo al procedimiento consultivo de la CIJ actualmente en trámite sobre las obligaciones de Israel como Estado miembro de Naciones Unidas y su insensato accionar en Gaza, se trata de un procedimiento que se originó en una propuesta de Noruega en octubre del 2024. Es de recalcar que nunca en la historia se había observado a un Estado destruir intencionalmente desde la tarde / noche del 7 de octubre del 2023 a toda una población civil y a sus fuentes de supervivencia (agua, cultivos, inmuebles, red eléctrica, red educativa, red hospitalaria, patrimonio cultural), así como bombardear material, infraestructura, vehículos de Naciones Unidas desplegados en diversas partes de un territorio, y atacar deliberadamente escuelas y oficinas en las que trabajan funcionarios de Naciones Unidas. El saldo de funcionarios de Naciones Unidas mortalmente heridos en esos ataques reiterados realizados por Israel en Gaza es de 284 víctimas mortales (véasenota de prensa del 20 de marzo del 2025).
Se puede entonces destacar que en esos últimos días del mes de abril y primeros de mayo del 2025, La Haya fue el escenario de un ejercicio en el que Naciones Unidas, unos 40 Estados y otras tres organizaciones internacionales tuvieron la oportunidad de hacer ver a los jueces de la CIJ la importancia que revisten las reglas jurídicas que obligan a todo Estado Miembro de Naciones Unidas y de detallar ante la máxima instancia jurisdiccional la lista de obligaciones jurídicas que Israel ha violado: por parte de América Latina, participaron por orden de aparición ante los jueces de la CIJ (véase programa): Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, México y Panamá. Resulta de interés indicar que por parte de la región arábica, participaron además de Palestina, también seis Estados, a saber (por orden de aparición ante la CIJ): Egipto, Argelia, Arabia Saudita, Jordania, Catar y Túnez.
Este procedimiento consultivo permitió además que los Estados y las organizaciones internacionales le recordaran a los jueces de la CIJ el irrespeto recurrente y manifiesto que Israel tenido con respecto a las diversas ordenanzas tomadas por la misma CIJ, en el marco de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza el 29 de diciembre del 2023 (véase texto de dicha demanda, acompañada de una solicitud urgente de medidas provisionales). Estas ordenanzas del juez internacional de La Haya intentaban frenar a Israel en su insensata destrucción de Gaza y fueron tomadas entre enero y mayo del 2024: se trata de cuatro ordenanzas en total, incluyendo la que fue dictaminada en mayo del 2024 y que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 6).
La ausencia de Israel en La Haya, ¿simple detalle de forma?
La larga lista de Estados y organizaciones internacionales (40 Estados y tres organizaciones internacionales además de Naciones Unidas) invitados a dirigirse a los 15 integrantes de la CIJ que figuran en las primeras 8 páginas de los verbatim del primer día de audiencias (véase enlace de audiencias por la mañana y por la tarde) no incluye a Israel.
Si bien para algunos comentaristas, se trata de un pequeño detalle de forma, este omisión de Israel viene a confirmar los límites del cerco informativo que se puede observar con relación al tratamiento de la información sobre lo que ocurre en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023: la narrativa de Israel (y la de sus aliados) que tiende a justificar legalmente el actuar de Israel en Gaza y en el resto del territorio palestino ocupado con base en consideraciones y «argumentos» legales desplegada desde su aparato diplomático no resiste un debate ante jueces internacionales. Ya se había tenido la oportunidad de señalar una omisión muy similar en el marco del procedimiento consultivo anterior de la CIJ que concluyó el 19 de julio del 2024, con un total de cinco modestas páginas enviadas por Israel para su defensa ante los jueces de la CIJ sobre el carácter supuestamente legal de la colonización y de la ocupación del territorio palestino (Nota 7).
De manera a ilustrar a nuestros estimables lectores el abismo existente entre, por una parte, el discurso oficial de Israel (y de sus círculos de influencia y numerosos relevos) y por otra parte, la realidad del derecho internacional público, cabe mencionar lo señalado por la CIJ desde el mes de julio del 2004: en esa oportunidad, la CIJ le indicó claramente a Israel (y a sus aliados) que el argumento de la legítima defensa no aplica cuando se trata de responder a ataques provenientes de un territorio que Israel ocupa.
El texto oficial de la opinión consultiva de la CIJ sobre el muro construido en el territorio palestino (disponible en francés y en inglés) refiere a un argumento legal que, en francés, «est sans pertinence» / y en inglés «has no relevance» (parte final del párrafo 139). Dejamos a cada uno de nuestros estimables lectores proceder a su debida traducción al idioma de Cervantes.
Es de precisar que esta decisión de la CIJ del mes de julio del 2004 se tomó con 14 votos contra uno, al sentirse el juez norteamericano obligado a separarse del criterio de sus 14 homólogos: véase párrafo 163 dispositivo final de la opinión consultiva.
Tratándose de un argumento descartado por la justicia internacional desde hace más de 20 años, volvemos a dejar como pequeña tarea a cada uno/una de nuestros estimables lectores de Costa Rica revisar por sí mismo cuántos analistas, columnistas y «expertos» costarricenses han invocado el derecho a la legítima defensa para justificar la respuesta de Israel al ataque perpetrado por el Hamás el 7 de octubre del 2023. El mismo tipo de ejercicio se puede recomendar, claro está, fuera de Costa Rica, incluyendo las columnas de los principales medios de prensa europeos, norteamericanos y canadienses. Con ocasión de un artículo publicado en mayo del 2024 por un colega en el prestigioso sitio jurídico especializado europeo de EJIL-Talk, nos permitimos hacerle la siguiente pregunta en la sección de comentarios (sin lograr contestación alguna de su parte):
«In these conditions, why what has been considered as a legal argument that «has no relevance» by ICJ in 2004 could now (2024) be considered as «having relevance»?«
Estados Unidos e Israel: una alianza a toda prueba con en la mira ahora… una relatora de Naciones Unidas
Resulta oportuno indicar que, paralelamente a la dura campaña desplegada por el aparato diplomático norteamericano contra órganos de Naciones Unidas cuando critican a Israel, se dio a conocer este muy detalladoinforme de Human Rights Watch sobre la política draconiana de represión contra profesores y académicos críticos de Israel en los campus universitarios norteamericanos, observada desde el 20 de enero del 2025.
En días recientes las autoridades migratorias de Estados Unidos han anunciado incluso que sus funcionarios revisaran contenidos «antisemitas» en redes sociales ante de otorgar visas de ingreso al territorio norteamericano (véase nota oficial del USCIS del 11 de abril del 2025). El comunicado oficial del 15 de abril del 2025 de la Misión Permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas cuestionando a la Relatora Especial sobre los derechos del pueblo palestino de Naciones Unidas, Francesca Albanese (véase texto) pone en evidencia la exacta coincidencia de criterio existente entre Estados Unidos e Israel (un comunicado oficial que, dicho sea de paso, no impresionó mayormente a Francesca Albanese, como lo evidencia esta reciente entrevista de la cadena Al Jazeera del 4 de mayo).
Resulta de interés precisar que la petición reciente de remover a Francesca Albanese por parte de Estados Unidos se generó desde el mismo Comité de Asuntos Exteriores de su Congreso (véase enlace). El simple hecho que Estados Unidos e Israel, así como sus aliados y numerosos círculos de influencia, desplegaran todo la batería de presiones diplomáticas y mediáticas contra esta jurista italiana realza su labor y la calidad de sus informes sobre la situación en Gaza, en particular dos de ellos presentados en el 2024 en Naciones Unidas, y que nos permitimos referenciar. Su difusión y su lectura son altamente recomendadas, para entender la lógica destructora de los mandos militares israelíes en Gaza:
– marzo del 2024: «Anatomy of a genocide«, informe A/HRC/55/73 disponible en la red, cuyo texto completo está disponible aquí.
– octubre del 2024: «Genocide as a colonial erasure«, informe A/79/384, cuyo texto completo está disponible aquí.
En esta otra entrevista en un medio digital en Francia del 10 de abril (véase enlace), la misma Francesca Albanese explicó el alcance de su labor y la profunda molestia que ha causado en algunos círculos en Estados Unidos y en Israel (y en sus relevos en Europa).
No está de más recordar que el actual mandatario norteamericano confía ciegamente en las informaciones con las que le provee Israel: durante su primer mandato, optó el 8 de mayo del 2018 por retirar a Estados Unidos del denominado «pacto nuclear» sellado en julio del 2015 entre Irán y la comunidad internacional, luego de casi 20 años de intensas negociaciones. La decisión unilateral de Estados Unidos se basó en «informes de inteligencia» de Israel sobre el programa iraní, dadas a conocer a finales del mes de abril del 2018 (véase artículo de prensa del New York Times). Las conclusiones a las que llegó Estados Unidos fueron formalmente desmentidas por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) de Naciones Unidas, al sostener que Irán sí estaba cumpliendo a cabalidad con todo lo pactado en el 2015 con la comunidad internacional, tal y como tuvimos la oportunidad de plantearlo en un texto titulado precisamente: «¿Informantes malinformados? OIEA desmiente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear» (Nota 8).
El pasado 5 de mayo se inició la discusión en el Congreso norteamericano de una polémica ley que busca ahora penalizar fuertemente a quiénes en Estados Unidos fomenten el boicot en contra de Israel (véase nota de prensa).
Vociferaciones y gesticulaciones habituales de Israel
Cabe desde ya precisar que, así como las máximas autoridades de Israel tildaron de «antisemitas» a los jueces de la CPI en noviembre del 2024 (véase nota de prensa), y pidieron al Secretario General de Naciones Unidas que renunciara a su puesto en octubre del 2023 al indicar el contexto en el que se enmarcó el ataque del 7 de octubre (véase nota de prensa), en el mes de enero del 2024 consideraron una primera ordenanza dictaminada por la CIJ totalmente sesgada en razón, según ellas, del «antisemitismo» de algunos de sus integrantes (véase nota de The Guardian).
Se trata de una reacción iracunda de las máximas autoridades de Israel cada vez que su diplomacia fracasa, y que ya no impresiona mayormente, salvo en el caso de algunos pequeños círculos políticos que gravitan alrededor de la Casa Blanca en Estados Unidos y de otros círculos activos en algunas capitales: nos permitimos aquí remitir nuevamente a la precitada publicación en línea titulada «Israel´s Hasbara Toolkit» (75 páginas, editada en el Reino Unido) que detalla el tipo de expresiones y de juegos semánticos a usar para descalificar y desacreditar la crítica contra Israel (para los especialistas en derecho internacional, se recomienda en particular la lectura de las pp. 56-58).
Más allá, en las esferas gubernamentales israelíes y en sus círculos afines, de la facilidad con la que se usa el término de «antisemita» o «antisemitismo«, es muy probable que Israel sea objeto de decisiones particularmente adversas por parte de la justicia internacional, sea la CPI, sea la CIJ: en efecto, la actitud desafiante de Israel hacia la justicia internacional de La Haya y las reiteradas vociferaciones y gesticulaciones de sus máximos dirigentes en contra de ambas jurisdicciones, no pueden sino contribuir a que los jueces de ambas jurisdicciones, opten por tomar decisiones particularmente ejemplarizantes en el futuro. En particular, dado el irrespeto absoluto a las reglas que imperan en el ordenamiento jurídico internacional por parte de las máximas autoridades israelíes desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 contra la población civil palestina.
Volviendo a la justicia penal internacional y a los efectos de las órdenes de arresto emitidas por la CPI, para las ceremonias oficiales en Roma con ocasión de los funerales de Su Santidad el Papa Francisco de este 26 de abril, el Primer Ministro de Israel optó por no viajar a la ciudad en la que se creó la CPI (jurisdicción penal internacional creada mediante el Estatuto de Roma, adoptado en julio de 1998).
A modo de conclusión
Sin lugar a dudas, conforme avanza el tiempo, el cerco de la justicia internacional se ha ido cerrando paulatinamente sobre Israel como raramente observado contra un Estado y contra sus dirigentes: de alguna manera, y pese a todos sus esfuerzos en materia de comunicación, Israel se está convirtiendo en un verdadero Estado paria en el seno de la comunidad internacional. Se trata de una situación muy similar a la que conoció Sudáfrica mientras mantuvo un régimen de apartheid.
Más extraño aún puede entonces resultar que, a inicios del mes de abril del 2025, y como si nada estuviera discutiéndose ni tramitándose contra Israel en las dos máximas jurisdicciones internacionales situadas en La Haya, Costa Rica informara de la culminación muy próxima de las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) con Israel (véase nota de prensa de ElObservadorcr); esta información hace eco a este otro comunicado oficial de Costa Rica del mes de octubre del 2024, cuyo título refiere al hecho que Costa Rica e Israel están «enrumbados«. Como si, para los actuales jerarcas de Costa Rica, así como para una buena parte del sector productivo costarricense… nada de particularmente grave pasara en Gaza.
Mientras que Estados de América Latina y de diversas partes del mundo y órganos de Naciones Unidas han denunciado la total insensatez del accionar de Israel en Gaza en este mes de mayo del 2025, resulta más que notorio el profundo silencio de las máximas autoridades diplomáticas costarricenses.
– – Notas – –
Nota 1: El 15 de enero del 2025, en esta declaración del aún jefe de la diplomacia norteamericana, se puso en evidencia el fracaso de la estrategia de Israel en Gaza desde la perspectiva estrictamente militar: véase nota del Timesof Israel titulada «Blinken: we assess that Hamas has recruited almost as many new fighters as it lost«. Nuestros estimables lectores podrán por sí mismos percatarse de la pobre difusión en grandes medios de prensa internacionales de esta declaración del Secretario de Estado saliente, dada a conocer en sus últimos días como jefe de la diplomacia norteamericana: el haberla expuesta públicamente mucho más tempranamente hubiese posiblemente movido a Estados Unidos a revisar su posición, dado que desde el inicio de la operación militar de Israel en Gaza fueron varias las voces alertando sobre el hecho que el Hamás se vería reforzado con cada ataque indiscriminado y desproporcional de Israel en contra de la población civil palestina.
Nota 2: Sobre la Hasbara, véase este artículo de prensa reciente publicado en Francia en el periódico Libération al respecto así como este artículo en español publicado por una universidad en Colombia, y este análisis similar escrito en inglés. Para artículos de corte más académico, remitimos a este muy detallado editado en el año 2016: AOURAGH M., «Hasbara 2.0 Israel´s Public Diplomacy in the Digital Era«, University of Westminster, 2016, 28 páginas. Texto integral disponible aquí; así como, más reciente (2020) JEDRZEJEWESKA. K., «Hasbara: public diplomacy with israeli´s characteristics«, Torun International Studies, Vol. 13, 2020, Num.1, pp. 105-118. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: En el año 2009, la ofensiva militar llevada a cabo en Gaza entre el 28 de diciembre de 2008 y el 17 de enero de 2009 por parte Israel (véase enlace), se saldó con la muerte de 13 israelíes y la de aproximadamente 1 400 palestinos (véase la sección «casualties» en los párrafos 352-364 del este informede Naciones Unidas). Uno de los pocos foros en Costa Rica para analizar esta mortífera acción de la aviación israelí en Gaza acaecida a finales del 2008 e inicios del 2009 se realizó en la UCR: véase enlace.
Nota 4: Véase las conclusiones a las que se llega en: HELLER K.J., «The Appeals Chamber decides Israel´s appeals – and refuse to suspend the arrest warrants«, Opinio Juris, edición del 25 de abril del 2025. Texto completo disponible aquí.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Gaza/Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Bolivia ante la CIJ«, edición del 9 de octubre del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordena a Israel suspender de inmediato su ofensiva en Rafah y abrir Gaza a investigación por parte de agencias de Naciones Unidas«, 24 de mayo del 2024. Texto disponibleaquí.
Nota 7: En aquella oportunidad, nos permitimos señalar que en julio del 2024, al darse a conocer la opinión consultiva de la CIJ sobre la colonización y la ocupación ilegal del territorio palestino ocupado que:
«Al respecto, las 292 páginas del escrito de Palestina (véase texto en francés y en inglés) contrastan con las módicas 5 páginas remitidas en su momento por Israel (véase texto en francés y en inglés).
Con respecto a Israel, cabe indicar que, pese a poder hacerlo, Israel optó por no participar luego en las audiencias orales, un detalle que la jueza oriunda de Estados Unidos en la CIJ consideró necesario señalar en su declaración separada (véase texto), al precisar que:
«4. It also is unfortunate that Israel did not meaningfully participate in these advisory proceedings. Israel submitted a five-page written statement to the Court, together with annexes. It chose not to participate in the oral proceedings, despite the fact that up to the opening of those proceedings, the Court had reserved three hours for Israel to present its views — the same amount of time allocated to the observer State of Palestine, and six times the amount allocated to any other participant. This is an advisory proceeding, and no State was under an obligation to participate, including Israel. Israel’s participation in the oral proceedings, however, would have benefited the Court. Conversely, the failure of a State to participate cannot prevent the Court from fulfilling its responsibilities in replying to an advisory request» «. Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 19 de julio del 2024. Texto disponibleaquí.
Nota 8: Véase BOEGLIN N., «¿Informantes malinformados? OIEA desmiente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear«, Sitio jurídico de Derechoaldia.com, edición del 13 de mayo de 2018, Texto integral disponible aquí.
– – –
Material adicional (audio): enlace al audio de la emisión radial «Consulta Legal«, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), emisión del 22 de mayo del 2025, titulada «Gaza / Israel: del cerco informativo al cerco de la justicia internacional«.
Foto extraída de artículo de prensa titulado » ´She is dying in front of my eyes´. The Gazan children starving under Israeli siege», Magazine +972, edición del 8 de mayo del 2025, cuya lectura completa se recomienda
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
«À Gaza, il n’y a pas un jour sans massacre, ni une nuit sans tragédie. Et si le monde ne se mobilise pas maintenant, ce qui reste de ce peuple sera enseveli sous les cendres, bien avant que ne soit annoncée la trêve ou divulgué le contenu de l’accord. Gaza ne réclame aujourd’hui que son droit à la vie. Y a-t-il quelqu’un pour l’écouter ? Quelqu’un pour empêcher le prochain massacre… avant qu’il ne devienne une simple brève dans un journal télévisé éphémère ?
Testimonio de habitante de Gaza, 7 de mayo del 2025. Extracto de «Témoignage d’Abu Amir, le 7 mai 2025: Gaza brüle avant l´accord». Texto completo disponible aquí.
«Ce qui se passe aujourd’hui à Gaza dépasse toute description : c’est un enfer absolu, un cataclysme qui écrase pierres et êtres humains, mettant en péril jusqu’à l’essence même de l’humanité. Ce n’est plus seulement une agression militaire ou un blocus impitoyable, c’est une épreuve monstrueuse pour la dignité humaine, un rappel criant que le silence mondial est une complicité dans le crime».
Testimonio de habitante de Gaza, 28 de abril del 2025. Extracto de «Témoignage d’Abu Amir, le 28 avril 2025: Ce qui se passe aujourd´hui a Gaza est indescriptible». Texto completo disponible aquí.
«Tout ce qui se passe ne semble pas relever du hasard, mais d’un plan systématique clairement visible, dans une tentative manifeste de pousser les habitants à l’exil, à accepter ce qu’on appelle les projets de « migration volontaire », c’est-à-dire un déplacement forcé déguisé. Les politiques de famine, de destruction et de bombardements constants ne sont que les outils d’un plan plus vaste visant à vider Gaza de ses habitants ou à briser leur volonté. Ce qui se joue à Gaza n’est pas seulement un siège ou une agression, mais un processus d’extinction méthodique de la vie et de la présence palestinienne».
Testimonio de habitante de Gaza, 12 de abril del 2025. Extracto de»Témoignage d’Abu Amir, le 12 avril 2025: Gaza sous le feu: bombardements et faim impitoyable». Texto completo disponible aquí.
«According to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, between the 18 and 25 March, as of 12:00pm, 792 Palestinians were killed and 1,663 were injured. Many bodies remain under the rubble of destroyed structures, according to MoH. Since the 19 January, and as of 25 March, a total of 897 bodies were retrieved from areas that were previously inaccessible, the MoH reported. Since 7 October 2023 and as of 25 March 2025, the MoH in Gaza reported that at least 50,144 Palestinians have been killed and 113,704 Palestinians injured».
Extracto de informe sobre la situación en Gaza al 25 de marzo del 2025, elaborado por Naciones Unidas
A pesar de una actualidad internacional extremadamente variada y diversa en estos últimos días del mes de abril del 2025 y en esta primera semana de mayo, (principalmente enfocada en cubrir el nivel de ocurrencias y de improvisación del nuevo ocupante de la Casa Blanca desde el 20 de enero del 2025), se pudo observar en días recientes cómo la justicia internacional ha ido poco a poco estrechando su cerco sobre Israel.
Se trata de un aspecto que, a diferencia de otros temas de la agenda mundial, ha sido muy escasamente reportado en los grandes medios de prensa internacionales así como nacionales, lo cual puede plantear algunas interrogantes muy válidas.
En el caso de Costa Rica, las referencias inexistentes a estas importantes decisiones en la prensa nacional, así como la muy poca cobertura que se da al drama indecible que se vive en Gaza por parte de la población civil palestina, deberían llamar a reflexionar sobre algunas cosas a las que parecen prestarse los medios de comunicación.
Este 7 de mayo se cumplieron 19 meses desde el 7 de octubre del 2023: con una estrategia militar israelí (bombardeos intensos sobre Gaza iniciados en la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 so pretexto de «aniquilar al Hamás y recuperar a los rehenes israelíes«) que constituye un total fracaso desde el punto de vista estratégico: los únicos rehenes israelíes liberados lo fueron a raíz de un intercambio negociado de previo con el Hamás; al tiempo que, pese a bajas sustanciales, este grupo armado palestino genera combatientes nuevos y nuevos liderazgos en su seno, y logra mantener toda la logística que supone tener rehenes israelíes escondidos en alguna parte de Gaza bajo su control. Las condiciones físicas de un rehén israelí-norteramericano liberado este 12 de mayo luego denegociaciones directas entre Estados Unidos y el Hamás (véase nota de prensa) después de 584 días de cautiverio confirman el precitado fracaso y la precitada logística. Si bien parte de la sociedad israelí sabe que esta ofensiva militar en Gaza responde a una estrategia de supervivencia política del actual Primer Ministro de Israel, que se mantendrá en el poder en Israel mientras dirija un gabinete de guerra, resulta notorio que analistas y comentadores fuera de Israel continúen repitiendo que las justificaciones dadas por Israel son válidas.
Gaza, información y Hasbara
Desde el punto de vista del manejo de la información, no sería la primera vez (ni la última…) que la información que circula sobre lo que ocurre en Gaza y sobre Israel, es simplemente omitida, o bien es presentada de una manera bastante cuestionable. A ese respecto, los palestinos, así como los muchos simpatizantes de la causa palestina en Costa Rica y en todo el mundo, bien lo saben y ello desde mucho antes del 7 de octubre del 2023.
Ahora bien, el tratamiento de la información sobre Israel y Gaza ha sufrido no obstante desde esta fecha un notable giro, con lo que podríamos denominar un verdadero cerco informativo al que se han prestado muchas salas de redacción y una desinformación campante en aras de manipular a la opinión pública: al respecto, remitimos a nuestros estimables lectores a un reciente libro publicado por uno de los más renombrados expertos en asuntos internacionales en Francia, titulado de manera bastante oportuna:
«Permis de tuer. Gaza: génocide, négationnisme et Hasbara» (véase enlace).
Para quienes posiblemente descubren en Costa Rica el uso de este término hebreo por primera vez en una publicación, la palabra Hasbara designa un conjunto de redes que, desde la diplomacia israelí, busca orientar a la opinión pública y descalificar la crítica contra Israel, todo ello en procura de obtener una percepción siempre positiva en el exterior de las acciones que lleva Israel (Nota 1).
De manera muy precisa, una publicación que se encuentra disponible en línea titulada «Israel´s Hasbara Toolkit» (75 páginas, editada en el Reino Unido) detalla el abanico de expresiones y juegos semánticos a aplicar en muy diversos ámbitos: los especialistas en derecho internacional reconocerán con cierta facilidad el juego semántico extremadamente persistente que se ha aplicado a su disciplina en innumerables artículos y columnas publicadas en Costa Rica (así como en muchas otras partes del mundo) desde el 7 de octubre del 2023 (pp. 56-58).
Nótese que hace ya más de 10 años que fueron claramente identificados estos mismos juegos semánticos, con la finalidad de maquillar las exacciones del ejército israelí observadas en Gaza durante su ofensiva militar terrestre: véase listado de expresiones y vocablos en este artículo publicado en el 2014 por Open Democracy. Tras esta ofensiva de Israel en Gaza (70 muertos del lado israelí, entre ellos 67 soldados ultimados durante la ofensiva terrestre), se registró la muerte de 2 251 personas del lado palestino, entre ellos 551 niños (véase enlace para acceder al informe elaborado por Naciones Unidas y su resumen). Los observadores recordarán cómo en el 2014 el aparato diplomático de Israel y sus círculos de influencia descalificaron las cifras de muertes y heridos en Gaza proporcionadas por el Hamás, cifras que… fueron corroboradas y confirmadas por una comisión de investigación de Naciones Unidas, autora de los precitados informes, unos meses después. La misma confirmación posterior por parte de una comisión de investigación de las cifras inicialmente dadas a conocer por el Hamás relativas al as víctimas mortales palestinas se observó en el 2009 (Nota 2).
Con relación a los recursos asignados a la Hasbara, en esta nota del medio israelí TimesofIsrael del 29 de diciembre del 2024, se lee que:
«Under the new budget, the Foreign Ministry will receive $150 million, on top of what it gets for its existing activities, for what’s officially known as public diplomacy, or hasbara in Hebrew. That sum is more than 20 times what such efforts have typically been allotted in past years«.
Ahora bien, el generoso presupuesto asignado a la Hasbara para este 2025 y la estrategia de comunicación bastante efectiva de Israel que podemos observar son una cosa. Pero otra bastante distinta lo es el cerco de la justicia internacional, como titulado de manera muy oportuna en el título de esta conferencia realizada el pasado 6 de mayo en el seno de la Universidad de Costa Rica / UCR): «Gaza – Israel: del cerco informativo al cerco de la justicia internacional» (véanse volante de la actividad y el video disponible en YouTube desde hace pocos días).
Este verdadero cerco en materia de información puede, a modo de ejemplo reciente, explicar que este importante comunicado de prensa de varios relatores y expertos en materia de derechos humanos de Naciones Unidas del 7 de mayo del 2025 (véase texto) no haya sido mayormente referenciado en los principales medios de prensa costarricenses (ni en las grandes agencias de noticia internacionales), y ello pese a su título particularmente llamativo: «End unfolding genocide or watch it end life in Gaza: UN experts say States face defining choice«. Una suerte similar se puede registrar de otro comunicado de prensa del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en persona (véase texto). Al igual que este otro comunicado elaborado esta vez por los integrantes del Comité para la Eliminación de todas formas de Discriminación (Comité CERD), uno de los 11 órganos de tratado con los que cuenta el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, con fecha del 8 de mayo del 2025 sobre Gaza.
Un fin de mes de abril particularmente cargado para Israel
En un artículo de la semana anterior titulado “El cerco de la justicia que se cierra sobre Israel” (publicado en LaRevista.cr, en su edición del 3 de mayo) analizábamos el alance de dos decisiones de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya del 24 de abril del 2025:
– en la primera de ellas, los cinco jueces de esta Sala rechazaron suspender las órdenes de arresto contra dirigentes israelíes (su actual Primer Ministro y su ahora ex ministro de defensa), al tiempo que;
– en otra decisión, mantuvieron ambas órdenes de arresto y aceptaron parte de la apelación presentada por Israel contra esta misma decisión de la Sala Preliminar.
Se trata de las respuestas de la Sala de Apelaciones a un voluminoso arsenal de argumentos supuestamente jurídicos que presentó Israel a los jueces de la CPI en aras de intentar librarse de una u otra manera de ambas órdenes de arresto. Por más voluminoso y creativo, el precitado arsenal no surtió mayores efectos: en efecto, ambas órdenes de arresto se mantienen jurídicamente vigentes, como muy bien se concluye en este artículo (uno de los pocos publicados sobre este tema), editado en el sitio jurídico especializado de Opinio Juris (Nota 3).
El pasado 5 de mayo, el Fiscal de la CPI tomó nota de las indicaciones dadas por la Sala de Apelaciones en una decisión (véase texto) tampoco mayormente referida en medios de prensa.
Otra jurisdicción internacional también situada en La Haya, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) realizó entre el 28 de abril y el 2 de mayo pasado las audiencias públicas en La Haya, en el marco esta vez del procedimiento consultivo sobre las obligaciones que tiene Israel en Gaza que derivan de su calidad de Estado Miembro de Naciones Unidas.
Un procedimiento similar anterior concluyó con, el 19 de julio del 2024, una histórica decisión de la CIJ sobre el carácter totalmente ilegal de la colonización y de la ocupación del territorio palestino ocupado (véase texto en francés y en inglés): cabe recordar desde ya que Costa Rica votó en contra de esta solicitud al juez internacional cuando se votó en el seno de la Asamblea General en diciembre del 2022, si dar ningún tipo de explicaciones; y que, al votarse una resolución de la misma Asamblea acogiendo el contenido de la opinión consultiva en septiembre del 2024, Costa Rica se abstuvo (sin nuevamente dar ninguna explicación en Nueva York ante los demás delegados).
La justificación de este extraño voto de Costa Rica en cambio apareció posteriormente en un comunicado oficial colgado por el aparato diplomático costarricense, invocando razones de índole… comercial. ¿Cómo así? Pues, como se lee: véase al respecto una nota nuestra publicada, en su acápite «Algunas breves acotaciones con respecto a la ‘justificación’ aportada oficialmente por la diplomacia costarricense» (Nota 4). De manera a no causar mayor sonrojo a nuestros estimables lectores al ya provocado, evitaremos reproducir estas acotaciones en la presente oportunidad.
Volviendo al procedimiento consultivo de la CIJ actualmente en trámite sobre las obligaciones de Israel como Estado miembro de Naciones Unidas y su insensato accionar en Gaza, se trata de un procedimiento que se originó en una propuesta de Noruega en octubre del 2024. Es de recalcar que nunca en la historia se había observado a un Estado destruir intencionalmente desde la tarde / noche del 7 de octubre del 2023 a toda una población civil y a sus fuentes de supervivencia (agua, cultivos, inmuebles, red eléctrica, red educativa, red hospitalaria, patrimonio cultural), así como bombardear material, infraestructura, vehículos de Naciones Unidas desplegados en diversas partes de un territorio, y atacar deliberadamente escuelas y oficinas en las que trabajan funcionarios de Naciones Unidas. El saldo de funcionarios de Naciones Unidas mortalmente heridos en esos ataques reiterados realizados por Israel en Gaza es de 284 víctimas mortales (véasenota de prensa del 20 de marzo del 2025).
Se puede entonces destacar que en esos últimos días del mes de abril y primeros de mayo del 2025, La Haya fue el escenario de un ejercicio en el que Naciones Unidas, unos 40 Estados y otras tres organizaciones internacionales tuvieron la oportunidad de hacer ver a los jueces de la CIJ la importancia que revisten las reglas jurídicas que obligan a todo Estado Miembro de Naciones Unidas y de detallar ante la máxima instancia jurisdiccional la lista de obligaciones jurídicas que Israel ha violado: por parte de América Latina, participaron por orden de aparición ante los jueces de la CIJ (véase programa): Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, México y Panamá. Resulta de interés indicar que por parte de la región arábica, participaron además de Palestina, también seis Estados, a saber (por orden de aparición ante la CIJ): Egipto, Argelia, Arabia Saudita, Jordania, Catar y Túnez.
Este procedimiento consultivo permitió además que los Estados y las organizaciones internacionales le recordaran a los jueces de la CIJ el irrespeto recurrente y manifiesto que Israel tenido con respecto a las diversas ordenanzas tomadas por la misma CIJ, en el marco de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza el 29 de diciembre del 2023 (véase texto de dicha demanda, acompañada de una solicitud urgente de medidas provisionales). Estas ordenanzas del juez internacional de La Haya intentaban frenar a Israel en su insensata destrucción de Gaza y fueron tomadas entre enero y mayo del 2024: se trata de cuatro ordenanzas en total, incluyendo la que fue dictaminada en mayo del 2024 y que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 5).
La ausencia de Israel en La Haya, ¿simple detalle de forma?
La larga lista de Estados y organizaciones internacionales (40 Estados y tres organizaciones internacionales además de Naciones Unidas) invitados a dirigirse a los 15 integrantes de la CIJ que figuran en las primeras 8 páginas de los verbatim del primer día de audiencias (véase enlace de audiencias por la mañana y por la tarde) no incluye a Israel.
Si bien para algunos comentaristas, se trata de un pequeño detalle de forma, este omisión de Israel viene a confirmar los límites del cerco informativo que se puede observar con relación al tratamiento de la información sobre lo que ocurre en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023: la narrativa de Israel (y la de sus aliados) que tiende a justificar legalmente el actuar de Israel en Gaza y en el resto del territorio palestino ocupado con base en consideraciones y «argumentos» legales desplegada desde su aparato diplomático no resiste un debate ante jueces internacionales. Ya se había tenido la oportunidad de señalar una omisión muy similar en el marco del procedimiento consultivo anterior de la CIJ que concluyó el 19 de julio del 2024, con un total de cinco modestas páginas enviadas por Israel para su defensa ante los jueces de la CIJ sobre el carácter supuestamente legal de la colonización y de la ocupación del territorio palestino (Nota 6).
De manera a ilustrar a nuestros estimables lectores el abismo existente entre, por una parte, el discurso oficial de Israel (y de sus círculos de influencia y numerosos relevos) y por otra parte, la realidad del derecho internacional público, cabe mencionar lo señalado por la CIJ desde el mes de julio del 2004: en esa oportunidad, la CIJ le indicó claramente a Israel (y a sus aliados) que el argumento de la legítima defensa no aplica cuando se trata de responder a ataques provenientes de un territorio que Israel ocupa.
El texto oficial de la opinión consultiva de la CIJ sobre el muro construido en el territorio palestino (disponible en francés y en inglés) refiere a un argumento legal que, en francés, «est sans pertinence» / y en inglés «has no relevance» (parte final del párrafo 139). Dejamos a cada uno de nuestros estimables lectores proceder a su debida traducción al idioma de Cervantes.
Es de precisar que esta decisión de la CIJ del mes de julio del 2004 se tomó con 14 votos contra uno, al sentirse el juez norteamericano obligado a separarse del criterio de sus 14 homólogos: véase párrafo 163 dispositivo final de la opinión consultiva.
Tratándose de un argumento descartado por la justicia internacional desde hace más de 20 años, dejamos como pequeña tarea a cada uno/una de nuestros estimables lectores de Costa Rica revisar por sí mismo cuántos analistas, columnistas y «expertos» costarricenses han invocado el derecho a la legítima defensa para justificar la respuesta de Israel al ataque perpetrado por el Hamás el 7 de octubre del 2023. El mismo tipo de ejercicio se puede recomendar, claro está, fuera de Costa Rica, incluyendo las columnas de los principales medios de prensa europeos, norteamericanos y canadienses. Con ocasión de un artículo publicado en mayo del 2024 por un colega en el prestigioso sitio jurídico especializado europeo de EJIL-Talk, nos permitimos hacerle la siguiente pregunta en la sección de comentarios (sin lograr contestación alguna de su parte):
«In these conditions, why what has been considered as a legal argument that «has no relevance» by ICJ in 2004 could now (2024) be considered as «having relevance»?«
Estados Unidos e Israel: una alianza a toda prueba con en la mira ahora… una relatora de Naciones Unidas
Resulta oportuno indicar que, paralelamente a la dura campaña desplegada por el aparato diplomático norteamericano contra órganos de Naciones Unidas cuando critican a Israel, se dio a conocer este muy detalladoinforme de Human Rights Watch sobre la política draconiana de represión contra profesores y académicos críticos de Israel en los campus universitarios norteamericanos, observada desde el 20 de enero del 2025.
En días recientes las autoridades migratorias de Estados Unidos han anunciado incluso que sus funcionarios revisaran contenidos «antisemitas» en redes sociales ante de otorgar visas de ingreso al territorio norteamericano (véase nota oficial del USCIS del 11 de abril del 2025). El comunicado oficial del 15 de abril del 2025 de la Misión Permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas cuestionando a la Relatora Especial sobre los derechos del pueblo palestino de Naciones Unidas, Francesca Albanese (véase texto) pone en evidencia la exacta coincidencia de criterio existente entre Estados Unidos e Israel (un comunicado oficial que, dicho sea de paso, no impresionó mayormente a Francesca Albanese, como lo evidencia esta reciente entrevista de la cadena Al Jazeera del 4 de mayo).
Resulta de interés precisar que la petición reciente de remover a Francesca Albanese por parte de Estados Unidos se generó desde el mismo Comité de Asuntos Exteriores de su Congreso (véase enlace). El simple hecho que Estados Unidos e Israel, así como sus aliados y numerosos círculos de influencia, desplegaran todo la batería de presiones diplomáticas y mediáticas contra esta jurista italiana realza su labor y la calidad de sus informes sobre la situación en Gaza, en particular dos de ellos presentados en el 2024 en Naciones Unidas, y que nos permitimos referenciar. Su difusión y su lectura son altamente recomendadas, para entender la lógica destructora de los mandos militares israelíes en Gaza:
– marzo del 2024: «Anatomy of a genocide«, informe A/HRC/55/73 disponible en la red, cuyo texto completo está disponible aquí.
– octubre del 2024: «Genocide as a colonial erasure«, informe A/79/384, cuyo texto completo está disponible aquí.
En esta otra entrevista en un medio digital en Francia del 10 de abril (véase enlace), la misma Francesca Albanese explicó el alcance de su labor y la profunda molestia que ha causado en algunos círculos en Estados Unidos y en Israel (y en sus relevos en Europa).
No está de más recordar que el actual mandatario norteamericano confía ciegamente en las informaciones con las que le provee Israel: durante su primer mandato, optó el 8 de mayo del 2018 por retirar a Estados Unidos del denominado «pacto nuclear» sellado en julio del 2015 entre Irán y la comunidad internacional, luego de casi 20 años de intensas negociaciones. La decisión unilateral de Estados Unidos se basó en «informes de inteligencia» de Israel sobre el programa iraní, dadas a conocer a finales del mes de abril del 2018 (véase artículo de prensa del New York Times). Las conclusiones a las que llegó Estados Unidos fueron formalmente desmentidas por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) de Naciones Unidas, al sostener que Irán sí estaba cumpliendo a cabalidad con todo lo pactado en el 2015 con la comunidad internacional, tal y como tuvimos la oportunidad de plantearlo en un texto titulado precisamente: «¿Informantes malinformados? OIEA desmiente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear» (Nota 7).
El pasado 5 de mayo se inició la discusión en el Congreso norteamericano de una polémica ley que busca ahora penalizar fuertemente a quiénes en Estados Unidos fomenten el boicot en contra de Israel (véase nota de prensa).
Vociferaciones y gesticulaciones habituales de Israel
Cabe desde ya precisar que, así como las máximas autoridades de Israel tildaron de «antisemitas» a los jueces de la CPI en noviembre del 2024 (véase nota de prensa), y pidieron al Secretario General de Naciones Unidas que renunciara a su puesto en octubre del 2023 al indicar el contexto en el que se enmarcó el ataque del 7 de octubre (véase nota de prensa), en el mes de enero del 2024 consideraron una primera ordenanza dictaminada por la CIJ totalmente sesgada en razón, según ellas, del «antisemitismo» de algunos de sus integrantes (véase nota de The Guardian).
Se trata de una reacción iracunda de las máximas autoridades de Israel cada vez que su diplomacia fracasa, y que ya no impresiona mayormente, salvo en el caso de algunos pequeños círculos políticos que gravitan alrededor de la Casa Blanca en Estados Unidos y de otros círculos activos en algunas capitales: nos permitimos aquí remitir nuevamente a la precitada publicación en línea titulada «Israel´s Hasbara Toolkit» (75 páginas, editada en el Reino Unido) que detalla el tipo de expresiones y de juegos semánticos a usar para descalificar y desacreditar la crítica contra Israel (para los especialistas en derecho internacional, se recomienda en particular la lectura de las pp. 56-58).
Más allá, en las esferas gubernamentales israelíes y en sus círculos afines, de la facilidad con la que se usa el término de «antisemita» o «antisemitismo«, es muy probable que Israel sea objeto de decisiones particularmente adversas por parte de la justicia internacional, sea la CPI, sea la CIJ: en efecto, la actitud desafiante de Israel hacia la justicia internacional de La Haya y las reiteradas vociferaciones y gesticulaciones de sus máximos dirigentes en contra de ambas jurisdicciones, no pueden sino contribuir a que los jueces de ambas jurisdicciones, opten por tomar decisiones particularmente ejemplarizantes en el futuro. En particular, dado el irrespeto absoluto a las reglas que imperan en el ordenamiento jurídico internacional por parte de las máximas autoridades israelíes desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 contra la población civil palestina.
Volviendo a la justicia penal internacional y a los efectos de las órdenes de arresto emitidas por la CPI, para las ceremonias oficiales en Roma con ocasión de los funerales de Su Santidad el Papa Francisco de este 26 de abril, el Primer Ministro de Israel optó por no viajar a la ciudad en la que se creó la CPI (jurisdicción penal internacional creada mediante el Estatuto de Roma, adoptado en julio de 1998).
A modo de conclusión
Sin lugar a dudas, conforme avanza el tiempo, el cerco de la justicia internacional se ha ido cerrando paulatinamente sobre Israel como raramente observado contra un Estado y contra sus dirigentes: de alguna manera, y pese a todos sus esfuerzos en materia de comunicación, Israel se está convirtiendo en un verdadero Estado paria en el seno de la comunidad internacional. Se trata de una situación muy similar a la que conoció Sudáfrica mientras mantuvo un régimen de apartheid.
El pasado 6 de mayo del 2025, la comunidad internacional en su conjunto condenó el plan de expansión militar en Gaza por parte de Israel adoptado el mismo día por sus máximas autoridades. En América Latina, podemos citar la posición contundente de Chile, en términos que deberían inspirar a muchos otros Estados (véase comunicado oficial), así como los usados por una ONG de renombre mundial como Amnistía Internacional en su comunicado del 7 de mayo (véase texto integral). En Europa, España condenó fuertemente este plan de expansión militar, conjuntamente con Islandia, Irlanda, Luxemburgo y Noruega (véase texto del comunicado conjunto colgado en el sitio oficial de la diplomacia española).
Más extraño aún puede entonces resultar que, a inicios del mes de abril del 2025, y como si nada estuviera discutiéndose ni tramitándose contra Israel en las dos máximas jurisdicciones internacionales situadas en La Haya, Costa Rica informara de la próxima culminación de las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) con Israel (véase nota de prensa de ElObservadorcr); esta información hace eco a este otro comunicado oficial de Costa Rica del mes de octubre del 2024, cuyo título refiere al hecho que Costa Rica e Israel están «enrumbados«.
Como si, para los actuales jerarcas de Costa Rica, así como para una buena parte del sector productivo costarricense… nada de particularmente grave pasara en Gaza.
– – Notas – –
Nota 1: Sobre la Hasbara, véase este artículo de prensa reciente publicado en Francia en el periódico Libération al respecto así como este artículo en español publicado por una universidad en Colombia, y este análisis similar escrito en inglés. Para artículos de corte más académico, remitimos a este muy detallado editado en el año 2016: AOURAGH M., «Hasbara 2.0 Israel´s Public Diplomacy in the Digital Era«, University of Westminster, 2016, 28 páginas. Texto integral disponible aquí; así como, más reciente (2020) JEDRZEJEWESKA. K., «Hasbara: public diplomacy with israeli´s characteristics«, Torun International Studies, Vol. 13, 2020, Num.1, pp. 105-118. Texto integral disponible aquí.
Nota 2: En el año 2009, la ofensiva militar llevada a cabo en Gaza entre el 28 de diciembre de 2008 y el 17 de enero de 2009 por parte Israel (véase enlace), se saldó con la muerte de 13 israelíes y la de aproximadamente 1 400 palestinos (véase la sección «casualties» en los párrafos 352-364 del este informede Naciones Unidas).
Nota 3: Véase las conclusiones a las que se llega en: HELLER K.J., «The Appeals Chamber decides Israel´s appeals – and refuse to suspend the arrest warrants«, Opinio Juris, edición del 25 de abril del 2025. Texto completo disponible aquí.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Gaza/Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Bolivia ante la CIJ«, edición del 9 de octubre del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordena a Israel suspender de inmediato su ofensiva en Rafah y abrir Gaza a investigación por parte de agencias de Naciones Unidas«, 24 de mayo del 2024. Texto disponibleaquí.
Nota 6: En aquella oportunidad, nos permitimos señalar que en julio del 2024, al darse a conocer la opinión consultiva de la CIJ sobre la colonización y la ocupación ilegal del territorio palestino ocupado que:
«Al respecto, las 292 páginas del escrito de Palestina (véase texto en francés y en inglés) contrastan con las módicas 5 páginas remitidas en su momento por Israel (véase texto en francés y en inglés).
Con respecto a Israel, cabe indicar que, pese a poder hacerlo, Israel optó por no participar luego en las audiencias orales, un detalle que la jueza oriunda de Estados Unidos en la CIJ consideró necesario señalar en su declaración separada (véase texto), al precisar que:
«4. It also is unfortunate that Israel did not meaningfully participate in these advisory proceedings. Israel submitted a five-page written statement to the Court, together with annexes. It chose not to participate in the oral proceedings, despite the fact that up to the opening of those proceedings, the Court had reserved three hours for Israel to present its views — the same amount of time allocated to the observer State of Palestine, and six times the amount allocated to any other participant. This is an advisory proceeding, and no State was under an obligation to participate, including Israel. Israel’s participation in the oral proceedings, however, would have benefited the Court. Conversely, the failure of a State to participate cannot prevent the Court from fulfilling its responsibilities in replying to an advisory request» «. Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 19 de julio del 2024. Texto disponibleaquí.
Nota 7: Véase BOEGLIN N., «¿Informantes malinformados? OIEA desmiente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear«, Sitio jurídico de Derechoaldia.com, edición del 13 de mayo de 2018, Texto integral disponible aquí.
Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel, titulado «Bombing plants, severing pipelines: Israel pushes Gaza water crisis to the brink» (Magazine+972, edición del 23 de abril del 2025, cuya lectura completa se recomienda).
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
«Tout ce qui se passe ne semble pas relever du hasard, mais d’un plan systématique clairement visible, dans une tentative manifeste de pousser les habitants à l’exil, à accepter ce qu’on appelle les projets de « migration volontaire », c’est-à-dire un déplacement forcé déguisé. Les politiques de famine, de destruction et de bombardements constants ne sont que les outils d’un plan plus vaste visant à vider Gaza de ses habitants ou à briser leur volonté. Ce qui se joue à Gaza n’est pas seulement un siège ou une agression, mais un processus d’extinction méthodique de la vie et de la présence palestinienne».
Testimonio de habitante de Gaza, 12 de abril del 2025. Extracto de»Témoignage d’Abu Amir, le 12 avril 2025: Gaza sous le feu: bombardements et faim impitoyable». Texto completo disponible aquí.
«According to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, between the 18 and 25 March, as of 12:00pm, 792 Palestinians were killed and 1,663 were injured. Many bodies remain under the rubble of destroyed structures, according to MoH. Since the 19 January, and as of 25 March, a total of 897 bodies were retrieved from areas that were previously inaccessible, the MoH reported. Since 7 October 2023 and as of 25 March 2025, the MoH in Gaza reported that at least 50,144 Palestinians have been killed and 113,704 Palestinians injured».
Extracto de informe sobre la situación en Gaza al 25 de marzo del 2025, elaborado por Naciones Unidas
Este 28 de abril del 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) inició las audiencias públicas, que se extenderán hasta el próximo 2 de mayo en La Haya, en el marco del procedimiento consultivo sobre las obligaciones que tiene Israel en Gaza que derivan de su calidad de Estado Miembro de Naciones Unidas: véase comunicado de prensa oficial del mismo 23 de abril de la CIJ conteniendo el programa definitivo de estas audiencias, en francés y en inglés.
La ciudad de La Haya será escenario de un ejercicio en el que Naciones Unidas, unos 40 Estados y otras tres organizaciones internacionales tendrán la oportunidad de hacer ver a los jueces de la CIJ la importancia que revisten las reglas jurídicas que obligan a todo Estado Miembro de Naciones Unidas y de detallar ante la máxima instancia jurisdiccional la lista de obligaciones jurídicas que Israel ha violado: por parte de América Latina, participarán por orden de aparición ante los jueces de la CIJ (véase programa): Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, México y Panamá.
La opinión jurídica remitida a la CIJ por el Secretario General de Naciones Unidas (véase texto en francés y en inglés) en febrero del 2025 es de particular interés, al haber sufrido la organización como tal, cuantiosas pérdidas y graves perjuicios en razón de las acciones militares intencionalmente desplegadas por Israel contra sus funcionarios y contra sus numerosas instalaciones en Gaza.
El procedimiento consultivo permite además que los Estados y las organizaciones internacionales le recuerden a los jueces de la CIJ el irrespeto recurrente que Israel ha manifestado a las diversas ordenanzas tomadas por la misma CIJ en aras de frenar a Israel en su insensata destrucción de Gaza entre enero y mayo del 2024 (cuatro ordenanzas en total con la adoptada en mayo del 2024 que tuvimos la ocasión de analizar – Nota 1).
Tuvimos la oportunidad de analizar los alcances de este procedimiento consultivo, el tercero relacionado a la situación en el territorio palestino ocupado de la CIJ, originado por una propuesta inicial de Noruega en octubre del 2024, y que fue objeto de una votación que reunió una mayoría abrumadora en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del 2024, no sin hacer ver algunas de las inconsistencias pasadas de Costa Rica en solicitudes similares hechas a la CIJ (Nota 2).
El primer día de audiencias en breve
El verbatim de esta primera jornada está disponible desde ya en estos dos enlaces oficiales de la CIJ: se puede, para este primer día de audiencias, leer las intervenciones de Naciones Unidas y de Palestina de la mañana del 28 de abril en este enlace y el verbatim de las exposiciones finales escuchadas en la tarde por parte de Palestina, Egipto y Malasia en este otro enlace.
La lectura detallada de las intervenciones escuchadas en este primer día de audiencias es recomendada, al proceder los representantes de Naciones Unidas y la delegación de Palestina, a enlistar de manera sumamente detallada y estructurada las violaciones por parte de Israel de una larga lista de obligaciones internacionales, que debe respetar todo Estado Miembro de Naciones Unidas.
Las violaciones a obligaciones internacionales acarrean para un Estado que las comete consecuencias jurídicas: la obligación de reparar el daño y la de indemnizar a las víctimas.
En su intervención con los delegados de Palestina, el jurista galo Alain Pellet desarrolló estas consecuencias al indicar (páginas 19-21, audiencias de la tarde disponibles en este enlace) que la obligación de Israel de reparar los daños y perjuicios ocasionados se extiende a Palestina y a Naciones Unidas como tal, y a todos los Estados que han participado en la ayuda humanitaria en dirección de Gaza (y ello a partir de las reglas en materia de codificación del derecho de la responsabilidad de un Estado adoptadas por la Comisión de Derecho Internacional / CDI) de Naciones Unidas:
«26. En l’espèce, les manquements d’Israël à ses obligations humanitaires se sont traduits par de terribles souffrances humaines largement irréparables par la restitution, à commencer par la mort de milliers de civils palestiniens, y compris des milliers d’enfants. La restitution, qui est la règle dès lors qu’elle n’est pas matériellement impossible, n’est pas exclue pour autant s’agissant d’autres dommages, par exemple en ce qui concerne la réparation ou la reconstruction des infrastructures publiques, des accès aux points d’eau et du réseau d’électricité, la reconstruction des habitations, des hôpitaux et des écoles ainsi que la restitution de matériels de soins ou d’enseignement par équivalence à ceux qui ont été détruits par les activités militaires israéliennes. Quant aux souffrances elles-mêmes, seule une indemnisation appropriée combinée avec les excuses des autorités israéliennes est de nature à en assurer réparation.
27. L’État de Palestine a, lui aussi, droit à réparation pour les nombreux dommages que la politique et les actions d’Israël, grossièrement contraires au droit international, lui ont fait subir et que mes collègues ont détaillés dans leurs interventions de ce matin. Il en va ainsi, en particulier, des préjudices collectifs subis par la population palestinienne du fait, notamment, des déplacements incessants imposés par Israël à la population de Gaza et des expulsions auxquelles il a procédé en Cisjordanie y compris Jérusalem-Est. Il en va de même de l’isolement des villages palestiniens rendus inaccessibles à l’aide humanitaire des États tiers ou des organisations internationales. C’est le cas également de l’atteinte en résultant portée au droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. Ces dommages peuvent difficilement être réparés intégralement par la restitution ou par une indemnisation ; ici des satisfactions appropriées sont dues, et nous pensons qu’il serait fort utile que la Cour en donne des exemples.
28. Il vous appartient aussi, Mesdames et Messieurs les juges, de préciser qu’Israël doit réparation aux Nations Unies ⎯ y compris à l’UNRWA ⎯ et aux très nombreuses autres organisations internationales et aux États impliqués dans l’aide humanitaire à Gaza et dans le reste du Territoire palestinien occupé pour les destructions causées à leurs propriétés ; et il incombe aussi à Israël d’indemniser leur personnel ou leurs ayants droit victimes de ses exactions.
29. Monsieur le président, comme je l’ai dit en commençant, les violations des obligations incombant à Israël visées par la question qui vous est posée relèvent de ce que les articles 40 et 41 du projet de la CDI décrivent comme des violations graves par un État d’obligations découlant de normes impératives du droit international général ⎯ celles que la Commission avait considérées dans la première version de son projet comme des « crimes internationaux de l’État ». Je ne veux pas raviver cette querelle terminologique, mais il faut bien dire que l’expression avait le mérite de mettre l’accent sur la gravité des violations en cause. Dans sa rédaction actuelle, qui n’est d’ailleurs guère différente de celle retenue dans la première version du projet d’articles, l’article 41 tire de ces violations des conséquences dirigées surtout vers les obligations corrélatives de l’ensemble des États de la communauté internationale ⎯ et, en particulier, celle de coopérer pour mettre fin, par des moyens licites, à toute violation grave d’obligations découlant de normes impératives et celle de ne pas reconnaître comme licite une situation créée par une telle violation, ni de prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. Dans ses observations écrites, l’État de Palestine a analysé en certains détails ces obligations incombant aux tiers, qu’il s’agisse d’États ou d’organisations internationales. Je me permets de vous y renvoyer.
30. Il s’en déduit qu’Israël doit répondre de ses manquements à l’égard de la communauté internationale dans son ensemble et, plus particulièrement, des États et des organisations internationales dont il a empêché ou entravé, et continue d’entraver, l’action humanitaire dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé et tout spécialement à Gaza, contribuant ainsi à aggraver les souffrances du peuple palestinien privé de son droit fondamental à disposer de lui-même«.
La ausencia de Israel en La Haya
La larga lista de Estados y organizaciones internacionales (40 Estados y tres organizaciones internacionales además de Naciones Unidas) invitados a dirigirse a los 15 integrantes de la CIJ que figuran en las primeras 8 páginas de los verbatim (véase enlace de audiencias por la mañana y por la tarde) no incluye a Israel, que al parecer, ha considerado innecesario venir a presentar alegato alguno ante la justicia de La Haya.
Si bien para algunos comentaristas, puede tratarse de un pequeño detalle de forma, este omisión de Israel viene a confirmar el hecho siguiente: la narrativa de Israel (y la de sus aliados) tendiente a justificar legalmente el actuar de Israel en Gaza y en el resto del territorio palestino ocupado con base en consideraciones y «argumentos» legales desplegada desde su aparato diplomático (así como a través de una gran cantidad de analistas, columnistas y «expertos» en diversas entidades y latitudes…) no resiste un debate ante jueces internacionales. Sobre este preciso punto, habíamos tenido la oportunidad de señalar una omisión muy similar en el marco del procedimiento consultivo anterior de la CIJ que concluyó el 19 de julio del 2024, con un total de cinco modestas páginas enviadas por Israel para su defensa ante los jueces de la CIJ (Nota 3).
Los cinco Estados Miembros Permanentes de Consejo de Seguridad presentes
Es de recalcar que los cinco Estados Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad enviaron sus respectivas opiniones jurídicas a la CIJ y las presentarán durante estas audiencias públicas.
Desde el punto de vista jurídico, será de sumo interés revisar el contenido de la argumentación de Estados Unidos dada la verdadera proeza que le significa a un Estado el intentar justificar a Israel desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 a la luz de las obligaciones jurídicas que derivan de su pertenencia como Estado a Naciones Unidas, y de las reglas que imperan en derecho internacional público. De igual manera, se esperan construcciones jurídicas probablemente algo osadas e inventivas en las opiniones legales remitidas por Hungría y por Panamá. Como bien se sabe, Panamá es el único Estado de América Latina que no reconoce a Palestina como Estado, un tema que «analizan» sus máximas autoridades desde… casi 10 años (véase nota de prensa del 4 de julio del 2015).
Con relación al Reino Unido es de notar que al 12 de marzo del 2025, no había enviado ningún escrito (véase comunicado en francés y en inglésen los que no aparece registro alguno en el listado dado a conocer por la CIJ); por lo que el que ahora aparezca para presentar su opinión jurídica a los jueces en las audiencias públicas que iniciaron el 28 de abril en La Haya constituye un hecho que plantea interrogantes muy válidas. ¿error u omisión inicial de la Secretearía de la CIJ o… privilegio (algo desconocido) de un Estado que ostenta la membresía permanente en el Consejo de Seguridad cuando vence un plazo para entregar un documento a la CIJ?
Estados Unidos e Israel: una alianza a toda prueba
Con relación a Estados Unidos, es muy probable que reproduzca en su intervención ante los jueces de la CIJ algunos de los «argumentos» de Israel escuchados desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023. Al respecto, resulta oportuno indicar que, paralelamente a la dura campaña desplegada por el aparato diplomático norteamericano contra órganos de Naciones Unidas cuando critican a Israel, se dio a conocer este muy detalladoinforme de Human Rights Watch sobre la política draconiana de represión contra profesores y académicos críticos de Israel en los campus universitarios norteamericanos, observada desde el 20 de enero del 2025.
En días recientes las autoridades migratorias de Estados Unidos anunciaron incluso que sus funcionarios revisaran contenidos «antisemitas» en redes sociales ante de otorgar visas de ingreso al territorio norteamericano (véase nota oficial del USCIS del 11 de abril del 2025). El comunicado oficial del 15 de abril del 2025 de la Misión Permanente de Estados Unidos ante Naciones Unidas cuestionando a la Relatora Especial sobre los derechos del pueblo palestino de Naciones Unidas, Francesca Albanese (véase texto) pone en evidencia la exacta coincidencia de criterio existente entre Estados Unidos e Israel.
Cabe desde ya precisar que, así como las máximas autoridades de Israel tildaron de «antisemitas» a los jueces de la CPI en noviembre del 2024 (véase nota de prensa), y pidieron al Secretario General de Naciones Unidas que renuncie a su puesto en octubre del 2023 al indicar el contexto en el que se enmarcó el ataque del 7 de octubre (véase nota de prensa), en el mes de enero del 2024 consideraron una primera ordenanza dictaminada por otra jurisdicción internacional (la Corte Internacional de Justicia / CIJ) totalmente sesgada en razón del «antisemitismo» de algunos de sus integrantes (véase nota de The Guardian): se trata de una reacción iracunda de Israel cada vez que su diplomacia fracasa, y que ya no impresiona mayormente, salvo en el caso de algunos pequeños círculos políticos que gravitan alrededor de la Casa Blanca en Estados Unidos y de otros más pequeños círculos activos en algunas capitales.
Un cerco de la justicia internacional sobre Israel que se va paulatinamente cerrando
Más allá de la facilidad con la que se usa el término de «antisemita» o «antisemitismo» en las esferas gubernamentales israelíes y en sus círculos afines, la justicia internacional despliega poco a poco sus efectos sobre Israel.
El pasado 24 de abril, otra jurisdicción internacional situada en La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI), mantuvo inalteradas las dos órdenes de arresto contra dos dirigentes en Israel, objeto de una apelación por parte de Israel (Nota 4). Como bien se sabe, los jueces de la CPI no juzgan a Estados, sino que enjuician a individuos desde el punto de vista penal, en este caso por haber instigado y ordenado la comisión de numerosos crímenes de guerra en Gaza. Es de notar que la orden de arresto inicial contra dos dirigentes de Israel por parte de la Fiscalía de la CPI en mayo del 2024 fue acompañada de una orden de arresto contra tres dirigentes del Hamás, los cuales han sido asesinados por Israel desde entonces (véasecomunicado oficial de mayo del 2024 de la CPI).
Este 28 de abril, en un comunicado de prensa pasado casi desapercibido en la prensa internacional, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció la estrategia deliberada de Israel tendiente a provocar una situación catastrófica en Gaza desde el punto de vista humanitario, acompañada por el bombardeo intencional de zonas en las que se concentran grandes cantidades de desplazados y de refugiados: remitimos a nuestros estimables lectores al texto completo de este comunicado oficial, cuya lectura integral se recomienda, en particular dado el silencio sobre su contenido observado en los principales medios informativos internacionales.
A partir de este 28 de abril, la CIJ, que juzga a Estados (y no a individuos) entró en la recta final del análisis del actuar de Israel en Gaza a luz de las reglas que imperan en el ordenamiento jurídico internacional. Resulta de importancia el poder analizar los diversos argumentos jurídicos planteados ante los jueces de la CIJ, y compararlos luego con aseveraciones diversas leídas por parte de Israel y de sus círculos de influencia sobre la pretendida «legalidad» de sus mortíferas acciones militares en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Está igualmente disponible en este enlace el verbatim del 29 de abril (por la mañana) en el que se pueden leer las intervenciones de Sudáfrica, de Argelia, de Arabia Saudita, de Bélgica y de Colombia; así como el del mismo día 29 por la tarde (véase enlace) con las intervenciones de los delegados de Bolivia, Brasil, Chile y España.
Al respecto, hay que saludar a estos y demás Estados, los cuales – en su inmensa mayoría -, buscan en la majestuosa sala de audiencias del Peace Palace, la manera de convencer a los jueces de la CIJ de la imperiosa necesidad de ordenarle a Israel respetar estas reglas internacionales, y ello pese a los esfuerzos en sentido contrario desplegados por el incondicional aliado que posee y ha poseído históricamente Israel: Estados Unidos.
Al respecto, el último informe de Amnistía Internacional (AI) a abril del 2025 (véase enlace) detalla a partir de la página 211 el tipo de exacciones repetidas observadas por parte de Israel en el territorio palestino ocupado y la total falta de voluntad por parte de Estados Unidos y de otros Estados de frenar el insensato ímpetu destructor israelí.
A modo de conclusión
La actitud desafiante de Israel hacia la justicia internacional de La Haya, sea la CIJ, sea la CPI, y las reiteradas vociferaciones de sus máximos dirigentes en contra de ambas jurisdicciones, no pueden sino contribuir a que los jueces de ambas jurisdicciones, tomen decisiones particularmente ejemplarizantes. En particular, dado el irrespeto absoluto a las reglas que imperan en el ordenamiento jurídico internacional por parte de las máximas autoridades israelíes desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Sin lugar a dudas, en este mes de abril del 2025, se cierra el cerco de la justicia internacional sobre Israel como raramente observado contra un Estado y contra sus dirigentes.
Más extraño aún puede entonces resultar que a inicios de este mismo mes, Costa Rica informara de la próxima culminación de las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) con Israel (véase nota de prensa de ElObservadorcr); como si, para los actuales jerarcas de Costa Rica y buena parte del sector productivo costarricense… nada pasara.
Notas
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordena a Israel suspender de inmediato su ofensiva en Rafah y abrir Gaza a investigación por parte de agencias de Naciones Unidas«, 24 de mayo del 2024. Texto disponibleaquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: apuntes desde Costa Rica sobre fijación de fecha para audiencias públicas, de cara a nueva solicitud de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) » 12 de marzo del 2024. Texto disponibleaquí.
Nota 3: En aquella oportunidad, nos permitimos señalar que en julio del 2024, al darse a conocer la opinión consultiva de la CIJ sobre la colonización y la ocupación ilegal del territorio palestino ocupado que:
«Al respecto, las 292 páginas del escrito de Palestina (véase texto en francés y en inglés) contrastan con las módicas 5 páginas remitidas en su momento por Israel (véase texto en francés y en inglés).
Con respecto a Israel, cabe indicar que, pese a poder hacerlo, Israel optó por no participar luego en las audiencias orales, un detalle que la jueza oriunda de Estados Unidos en la CIJ consideró necesario señalar en su declaración separada (véase texto), al precisar que:
«4. It also is unfortunate that Israel did not meaningfully participate in these advisory proceedings. Israel submitted a five-page written statement to the Court, together with annexes. It chose not to participate in the oral proceedings, despite the fact that up to the opening of those proceedings, the Court had reserved three hours for Israel to present its views — the same amount of time allocated to the observer State of Palestine, and six times the amount allocated to any other participant. This is an advisory proceeding, and no State was under an obligation to participate, including Israel. Israel’s participation in the oral proceedings, however, would have benefited the Court. Conversely, the failure of a State to participate cannot prevent the Court from fulfilling its responsibilities in replying to an advisory request» «.
Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 19 de julio del 2024. Texto disponibleaquí.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Sala de Apelaciones de Corte Penal Internacional (CPI) mantiene órdenes de arresto contra dirigentes en Israel«, 24 de abril del 2025. Texto disponible aquí.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
«Tout ce qui se passe ne semble pas relever du hasard, mais d’un plan systématique clairement visible, dans une tentative manifeste de pousser les habitants à l’exil, à accepter ce qu’on appelle les projets de « migration volontaire », c’est-à-dire un déplacement forcé déguisé. Les politiques de famine, de destruction et de bombardements constants ne sont que les outils d’un plan plus vaste visant à vider Gaza de ses habitants ou à briser leur volonté. Ce qui se joue à Gaza n’est pas seulement un siège ou une agression, mais un processus d’extinction méthodique de la vie et de la présence palestinienne».
Testimonio de habitante de Gaza, 12 de abril del 2025. Extracto de»Témoignage d’Abu Amir, le 12 avril 2025: Gaza sous le feu: bombardements et faim impitoyable». Texto completo disponible aquí.
«According to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, between the 18 and 25 March, as of 12:00pm, 792 Palestinians were killed and 1,663 were injured. Many bodies remain under the rubble of destroyed structures, according to MoH. Since the 19 January, and as of 25 March, a total of 897 bodies were retrieved from areas that were previously inaccessible, the MoH reported. Since 7 October 2023 and as of 25 March 2025, the MoH in Gaza reported that at least 50,144 Palestinians have been killed and 113,704 Palestinians injured».
Extracto de informe sobre la situación en Gaza al 25 de marzo del 2025, elaborado por Naciones Unidas
El 10 de abril del 2025, la Corte Internacional de Justicia anunció (CIJ) cómo se organizarán las audiencias públicas entre el 28 de abril y el 2 de mayo en La Haya, en el marco del procedimiento consultivo sobre las obligaciones que tiene Israel como Estado Miembro de Naciones Unidas en Gaza: véase comunicado de prensa oficial de la CIJ en francés y en inglés.
La pregunta a la que debe responder la CIJ, luego de escuchar las diversas intervenciones que tendrán lugar en La Haya a finales de abril e inicios de mayo del 2025, es la siguiente:
«¿Cuáles son las obligaciones de Israel, como Potencia ocupante y como miembro de las Naciones Unidas, en lo que respecta a la presencia y las actividades de las Naciones Unidas, incluidos sus organismos y órganos, otras organizaciones internacionales y terceros Estados en el Territorio Palestino Ocupado y en relación con él, incluida la garantía y facilitación de la provisión sin trabas de los suministros que se necesitan con urgencia y son esenciales para la supervivencia de la población civil palestina, así como de servicios básicos y asistencia humanitaria y para el desarrollo, en beneficio de la población civil palestina y en apoyo del derecho del pueblo palestino a la libre determinación?«
La larga lista de Estados y organizaciones internacionales (40 Estados y tres organizaciones internacionales además de Naciones Unidas) invitados a dirigirse a los integrantes de la CIJ no incluye a Israel, que al parecer, ha considerado innecesario presentar sus alegatos ante la justicia de La Haya.
Nuevamente aquí se pone en evidencia que la narrativa de Israel (y la de sus aliados) tendiente a justificar legalmente el actuar de Israel en Gaza y en el resto del territorio palestino ocupado con base en consideraciones y «argumentos» legales desplegada desde su aparato diplomático en medios de prensa (así como a través de analistas, columnistas y «expertos» en diversas entidades y latitudes…) no resiste un debate ante los jueces internacionales. Habíamos tenido la oportunidad de señalar una omisión muy similar en el marco del procedimiento consultivo anterior que concluyó el 19 de julio del 2024 (Nota 1).
La pregunta hecha a la CIJ se encuentra precedida por una formulación muy amplia que se puede revisar en el punto dispositivo 10 de la resolución A/RES/79/232 adoptada el 19 de diciembre del 2024. Resulta de interés recordar que esta resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas fue adoptada con 137 votos a favor, 12 en contra (Argentina, Estados Unidos, Fidji, Hungría, Israel, Micronesia, Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea, Paraguay, República Checa y Tonga) y 22 abstenciones (entre las cuales se registran las de Panamá y de Uruguay). El detalle del tablero de votación se reproduce a continuación.
Es de notar que los cinco Estados Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad enviaron sus respectivas opiniones jurídicas a la CIJ. Será de sumo interés revisar el contenido de la argumentación de Estados Unidos dada la verdadera proeza que le significa a un Estado el intentar justificar a Israel desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 a la luz de las obligaciones jurídicas que derivan de su pertenencia a Naciones Unidas y de las reglas que imperan en derecho internacional público. De igual manera, se esperan construcciones jurídicas algo osadas e inventivas en las opiniones legales remitidas por Hungría y probablemente por Panamá.
Con relación al Reino Unido es de notar que al 12 de marzo del 2025, no había enviado ningún escrito (véase comunicado en francés y en inglésen los que no aparece registro alguno en el listado dado a conocer por la CIJ); por lo que el que ahora aparezca para presentar su opinión jurídica a los jueces en las audiencias públicas a celebrarse a partir del 28 de abril en La Haya constituye un hecho que plantea interrogantes muy válidas.
Tuvimos la oportunidad de analizar los alcances de este procedimiento consultivo, inicialmente propuesto por Noruega en octubre del 2024, y que fue objeto de un voto abrumador en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del 2024, no sin hacer ver algunas de las inconsistencias pasadas de Costa Rica en solicitudes similares hechas a la CIJ (Nota 2).
Por otra parte, el pasado 2 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (órgano intergubernamental, compuesto por 47 Estados Miembros – véase composición) adoptó una resolución en la que condena la violación de la tregua en Gaza por parte de Israel desde el 18 de marzo del 2025, y exige prevenir un genocidio en Gaza por parte de las máximas autoridades de Israel (véase nota de prensa de SwissInfo). De manera más general, el conjunto de decisiones y de resoluciones adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos en esta sesión primaveral del 2025 en Ginebra están resumidas en este enlace oficial de Naciones Unidas.
Cabe recordar que un texto muy similar había sido votado en abril del 2024, exigiendo en aquel momento un embargo sobre las armas a destinación de Israel (véase enlace a texto de la resolución A/HRC/55/28 y detalle de la votación registrada en la parte final de cada una de las versiones oficiales en la que Costa Rica figura entre las abstenciones, sin que ninguna explicación oficial trascendiera desde entonces).
Israel en Naciones Unidas: intensas labores diplomáticas con su incondicional aliado
Es de precisar que el 5 de febrero del 2025, Israel anunció que no participaría más en debates en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase nota del TimesofIsrael), una posición tomada probablemente luego del «Executive Order» del 3 de febrero (véasetexto completo) en el que el nuevo ocupante de la Casa Blanca optó por retirar a Estados Unidos de dicho órgano, así como de la UNESCO y de la UNRWA, en el marco de una política iniciada desde el 20 de enero del 2025 en contra de Naciones Unidas y más generalmente, del multilateralismo y de las reglas que derivan del ordenamiento jurídico internacional.
Raramente se ha observado a un Presidente de Estados Unidos aislar de manera tan llamativa a Estados Unidos del resto del mundo en tan poco tiempo, y resulta evidente lo contraproducente que estas y muchas otras decisiones tomadas desde el 20 de enero del 2025 están teniendo para Estados Unidos. Como si la hostilidad debiera ser declarada contra todos los demás integrantes de la comunidad internacional: la notable excepción a esta insólita estrategia del nuevo ocupante de la Casa Blanca es Israel.
Como se informó este 4 de abril, pese a no querer participar en el Consejo de Derechos Humanos, la diplomacia norteamericana estuvo ejerciendo presiones extremadamente fuertes contra el Consejo de Derechos Humanos, en aras de proteger y resguardar a Israel (véase cable de Reuters). Entre los objetivos de Estados Unidos y de Israel, estaba la no continuación en su mandato de la Relatora Especial sobre Palestina, Francesca Albanese (véase nota de prensa): los alcances de la labor de esta Relatora de Naciones Unidas y sus informes pueden ser consultados en este enlace oficial. Una petición reciente de removerla por parte de Estados Unidos se generó desde el mismo Comité de Asuntos Exteriores de su Congreso (véase enlace). El simple hecho que Estados Unidos e Israel, así como sus aliados y numerosos círculos de influencia, desplegaran todo el arsenal diplomático y mediático contra esta jurista italiana realza su labor y la calidad de sus informes sobre la situación en Gaza, en particular dos de ellos presentados en el 2024 en Naciones Unidas, y que nos permitimos referenciar (ya que su lectura es altamente recomendada para entender la lógica destructora de los mandos militares isralíes):
– marzo del 2024: «Anatomy of a genocide«, informe A/HRC/55/73 disponible en la red, cuyo texto completo está disponible aquí.
– octubre del 2024: «Genocide as a colonial erasure«, informe A/79/384, cuyo texto completo está disponible aquí.
En esta reciente entrevista en un medio digital en Francia del 10 de abril (véase enlace), la relatora especial explica el alcance de su labor y la molestia que causa en algunos círculos en Estados Unidos y en Israel y sus relevos en Europa.
No está de más señalar que, al igual que otros relatores de Naciones Unidas en el pasado, esta jurista italiana y su equipo han demostrado saber resistir a este tipo de campañas en su contra, pese a la intensidad de las presiones diplomáticas de Estados Unidos y de Israel (y de periodistas israelíes acreditados en Nueva York, tal y como lo evidencia este episodio con uno de ellos). Resulta oportuno indicar que, paralelamente a la dura campaña desplegada contra Francesca Albanese, se dió a conocer este muy detalladoinforme de Human Rights Watch sobre la política draconiana de represión contra profesores y académicos críticos de Israel en los campus universitarios norteamericanos, observada desde el 20 de enero del 2025. En días recientes las autoridades migratorias de Estados Unidos anunciaron que sus funcionarios revisaran contenidos «antisemitas» en redes sociales ante de otorgar visas de ingreso al territorio norteamericano (véase nota oficial del USCIS). Nótese en esta nota del JerusalemPost del 5 de abril del 2025 sobre el mantenimiento en su puesto como relatora, la virulencia de los ataques tendientes a desacreditar la labor de Francesca Albanese. En esta nota de prensa publicada en Italia el 6 de abril, se hace ver que la continuación o no de esta relatora especial en su puesto nunca estuvo en discusión ni tan siquiera como tema de agenda en el seno del Consejo de Derechos Humanos, como falazmente se indicó en una multitud de artículos publicados en medios de prensa en esta primera semana de abril en Europa y en Estados Unidos.
Este voluminoso informe de Human Rights Watch de diciembre del 2024 titulado «Extermination and acts of genocide» respaldaba y documentaba parte de los hallazgos de los dos precitados informes de la Relatora especial Francesca Albanese. El pasado 3 de abril, ante los integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en persona informó de la catástrofe humanitaria que vive Gaza, con un bloqueo total por parte de Israel a la ayuda humanitaria que lleva más de un mes (véase video de su intervención, colgado desde un medio informativo africano, dada la poca cobertura a su intervención en medios norteamericanos y europeos).
No está de más indicar que, así como las máximas autoridades de Israel tildaron de «antisemitas» a los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) en noviembre del 2024 (véase nota de prensa), y pidieron al Secretario General de Naciones Unidas que renuncie a su puesto en octubre del 2023 (véase nota de prensa), en enero del 2024 consideraron la decisión de la CIJ sesgada en razón del «antisemitismo» de algunos de sus integrantes (véase nota de The Guardian): se trata de una reacción iracunda de Israel cada vez que su diplomacia fracasa que ya no impresiona mayormente, salvo en el caso de algunos pequeños círculos políticos que gravitan alrededor de la Casa Blanca en Estados Unidos.
El texto de la resolución adoptada el 2 de abril del 2025
Haciendo a un lado los fallidos intentos desplegados por Estados Unidos e Israel en Naciones Unidas, nos abocaremos a describir el contenido de la resolución adoptada.
El proyecto de resolución A/HRC/58/L.30/Rev.1 aprobado este 2 de abril del 2025 se compone de 48 puntos resolutivos (véaseenlace) y la lectura completa de cada uno de ellos se recomienda (véasetexto en español) de manera a poder valorar mejor los votos registrados.
Así por ejemplo, se lee literalmente en los puntos 5 a 7 que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas:
«5. Condena la práctica de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra en la Franja de Gaza, la denegación ilícita de acceso humanitario, la obstaculización intencional del suministro de socorro y la privación de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como alimentos, agua, electricidad, combustible y telecomunicaciones, por parte de Israel, la Potencia ocupante;
6. Expresa gran preocupación por las declaraciones de responsables israelíes que equivalen a incitación al genocidio, y exige a Israel que asuma su responsabilidad jurídica de prevenir el genocidio y acate plenamente las medidas provisionales que dictó la Corte Internacional de Justicia el 26 de enero de 2024;
7. Deplora la actual política de Israel de imponer medidas punitivas al pueblo, los dirigentes y la sociedad civil palestinos, y exhorta a Israel a que ponga fin a la práctica de “retener” los ingresos tributarios palestinos«.
En puntos resolutivos siguientes, se indica por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que este órgano:
«13. Deplora las graves violaciones por parte de Israel de múltiples normas imperativas y exhorta a todos los Estados a que garanticen que sus exportaciones de armas no contribuyen a esta situación ilícita ni se benefician de ella;
14. Exhorta a todos los Estados a que pongan fin a la venta, transferencia y desviación de armas, municiones y otros equipos militares a Israel, la Potencia ocupante, a fin de evitar nuevas violaciones del derecho internacional humanitario y violaciones y abusos de los derechos humanos, y a que, de conformidad con las normas y los estándares internacionales, se abstengan de exportar, vender o transferir bienes y tecnologías de vigilancia y armas menos letales, incluidos los artículos “de doble uso”, cuando determinen que existen motivos razonables para sospechar que esos bienes, tecnologías o armas podrían utilizarse para violar o conculcar los derechos humanos, y recuerda la providencia de la Corte Internacional de Justicia de 26 de enero de 2024«.
Como sugerido anteriormente, cada uno de estos numerosos puntos resolutivos merece lectura y relectura, al haber sido negociados sus términos y sus expresiones de manera a garantizar una mayoría de Estados votando a favor del texto.
La votación registrada el 2 de abril del 2025
Esta resolución fue adoptada el 2 de abril del 2025 en Ginebra, con 27 votos a favor, 4 votos en contra (Alemania, Etiopía, República Checa y República del Norte de Macedonia) y 16 abstenciones, tal y como se puede apreciar en el el cuadro de la votación registrada reproducido a continuación. En el 2024, la votación de un texto similar había registrado 29 votos a favor, seis en contra y 13 abstenciones
En este 2025, la casi totalidad de los Estados de América Latina votó a favor (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, y México); al tiempo que, por razones que se desconocen, República Dominicana optó por abstenerse. El cambio de posición de Costa Rica merece mención, al haberse abstenido en abril del 2024 para el voto de una resolución muy similar, sin brindar ningún tipo de explicación su delegado en Ginebra (véase nota de Delfino.cr de abril del 2024).
En el caso de los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad que integran el Consejo de Derechos Humanos, en este 2025 China votó a favor, al tiempo que Francia se abstuvo, sin dar a conocer las razones por hacerlo al no proceder sus delegación a una explicación del voto. En relación al voto del 2024 sobre un texto muy similar, la misma posición se observó por parte de China y de Francia, al tiempo que votó en contra la delegación de Estados Unidos.
Resulta oportuno indicar con respecto a Francia y a su abstención observada en el 2024 y nuevamente en el 2025, que el flujo de exportaciones francesas hacia Israel en materia militar, dió lugar a esta pregunta (véase enlace) de una senadora gala: se trata de una pregunta que cumplió un año sin obtener contestaciión por parte de las autoridades a cargo de la defensa en Francia, el pasado 7 de marzo del 2025. Tratándose de un ministerio cuyo titular ha logrado mantenerse en el puesto a pesar de los distintos gabinetes galos observados entre marzo del 2024 y lo que va del 2025, la ausencia de respuesta de su parte resulta aún más llamativa.
El contexto en el que se adoptó esta resolución
La contundencia de la condena a Israel que se desprende de esta resolución adoptada este 2 de abril del 2025 es llamativa, y resulta más que notoria la casi nula cobertura de grandes medios de prensa y de agencias internacionales de noticias sobre el voto registrado de esta resolución.
Esta votación se da en plena ofensiva de Israel en Gaza, con saldos mortíferos nunca registrados antes (más de 1400 personas fallecidas en 20 días) desde que, el pasado 18 de marzo, Israel rompió unilateralmente la tregua pactada y materializada desde el 19 de enero del 2025 con el Hamás. Este reportage publicado en Israel por Magazine+972 este 3 de abril, titulado «In Gaza´s devastated hospitals, treatable patiens face ‘slow, quiet death’ » explica el riesgo de fallecer al que se exponen muchos heridos graves dado el colapso total de la red hospitalaria de Gaza, en gran parte destruída deliberadamente por Israel. Ello sin hablar de la destrucción intencional de ambulancias y de equipos de rescate en Gaza, y ello desde el mes de octubre del 2023. El penúltimo informe de Naciones Unidas al 4 de abril del 2025 detallaba las más recientes exacciones a las que se había prestado el ejército de Israel contra la población civil palestina. El último informe (al 8 de abril) detalla la tragedia indecible que se está viviendo en Gaza por parte de la población civil palestina.
El pasado 3 de abril, numerosos expertos en derechos humanos de Naciones Unidas alertaron en un comunicado conjunto sobre la imperiosa necesidad de tomar acciones para terminar con la impunidad total de Israel en Gaza. Este 8 de abril, el Secretario General de Naciones Unidas se refirió a Gaza como un verdadero «campo de la muerte» en el que no ha entrado ayuda humanitaria desde más de un mes (véase nota de prensa) debido al bloqueo de Israel: se trata de una situación pocamente divulgada en medios de prensa en Estados Unidos y en Europa, y que ha llevado a un grupo de ONG a solicitarle nuevamente a Sudáfrica presentar una acción urgente (una cuarta solicitud de medidas provisionales) a la CIJ ( véase nota de prensa del 11 de abril).
El voto de esta resolución por parte del Consejo de Derechos Humanos también precedió de pocas horas el anuncio por parte de Hungría de denunciar formalmente el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI), una decisión que coincide con la visita a Hungría del Primer Ministro de Israel (véase nota de la BBC): se trata del primer Estado miembro de la Unión Europea (UE) en proceder a la denuncia del Estatuto de Roma, un instrumento que Hungría había ratificado desde el año 2001 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). De igual forma, se trata del primer viaje al que se aventura el Primer Ministro de Israel a Europa, luego de la confirmación de una orden de arresto en su contra por parte de los jueces de la Sala de lo Preliminar de la CPI, en noviembre del 2024 (véase breve nota nuestra al respecto). Es de notar que el único jefe de Estado en saludar la decisión de Hungría ha sido… el mismo Primer Ministro de Israel (véase cable de la agencia Reuters). Por su parte, la Presidencia de los Estados Partes al Estatuto de Roma no tardó en condenar a Hungría, haciéndole ver además que una denuncia no surte efectos inmediatos como pareciera interpretarse, de manera algo aventurada, en Budapest (véase comunicado oficial): el artículo 127 del Estatuto de Roma claramente establece un plazo de un año a partir de la notificación de la denuncia, durante el cual el Estado que denuncia este tratado mantiene inalteradas todas sus obligaciones jurídicas, sin excepción de ningún tipo (véase texto del Estatuto de Roma).
En el caso de Francia, cuyas autoridades diplomáticas en noviembre del 2024 habían procedido a tecnicismos legales algo originales para asegurar que no detendrían al Primer Ministro israelí en caso de encontrarse en Francia, tuvimos la ocasión de explicar en un texto destinado a lectores francófonos sobre el alcance de estas órdenes de arresto (Nota 3) que:
«Cette ligne jurisprudentielle appliquée aux visites de chefs d´Etat étrangers en France mérite une explication un peu moins juridique que nous allons tenter de donner : on peut serrer la main de tout chef d´Etat étranger sur le perron de l’Elysée, y ajouter les accolades de rigueur, sourires affables et poses devant les journalistes, et ce chef d’Etat bénéficie sur le territoire de la France de l’immunité accordée à tout chef d’Etat. Et ce même si il est suspecté de commettre un génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou d’autres violations graves des droits de l´homme. A la question que toute personne peut légitimement se faire «Mais,… ils sont nombreux ces chefs d’Etat étrangers?», on peut répondre qu’il y en a effectivement un bon nombre. Par contre, et dans ce cas le nombre est bien moindre, lorsque ces accusations ont été soigneusement examinées et méticuleusement documentées par le Procureur de la CPI, puis revues méthodiquement par trois juges de la CPI, et que ce chef d’Etat étranger fait finalement l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une Chambre préliminaire de la CPI, le droit international s’impose automatiquement aux autorités françaises en vertu du Statut de Rome : on procède alors à la capture de ce même chef d’Etat s’il se trouve en France par les autorités nationales compétentes, et on le remet sans tarder aux juges de la CPI àLa Haye. Fini le temps des accolades devant les caméras«.
Resulta de interés señalar que para trasladarse de Hungría a Estados Unidos, la aeronave del Primer Ministro israelí debió pedir a autorización de sobrevuelo a Austria, Alemania y Francia (y tal vez a otros Estados más): en el caso de Francia un colectivo de juristas franceses (JURDI, véase enlace) interpeló a las autoridades galas (véasecarta del 7 de abril) sobre las obligaciones existentes para Francia, en virtud del Estatuto de Roma, de detener al Primer Ministro israelí en el espacio aéreo francés. No se ha escuchado de llamada de atención similar hecha a las autoridades de Austria y de Alemania. Con respecto a Francia, nuestros estimables lectores podrán por sí mismos revisar la casi nula cobertura de prensa hecha a la misiva dirigida a las autoridades francesas por parte de JURDI.
A modo conclusivo
Pese a las imágenes desgarradoras que provienen día tras día desde Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, los mecanismos existentes a nivel de Naciones Unidas activados intentan frenar el ímpetu destructor de Israel. Lo hacen con una limitación mayor, debido al veto sistemático de Estados Unidos en el seno del Consejo de Seguridad para resguardar la libertad de acción de Israel en Gaza (observado en varias ocasiones desde octubre del 2023). No obstante, el Consejo de Seguridad es un mecanismo de muchos otros, y son varios los Estados que, tanto en la Asamblea General, como en el Consejo de Derechos Humanos, así como ante la CIJ y la CPI, buscan manera suplir esta grave limitación. En estos otros espacios, la intensidad de las gestiones diplomáticas de la dupla Israel-Estados Unidos se despliega sin lograr sino cosechar derrotas reiteradas.
Hay que tener claro que esta dupla deriva de la alianza incondicional existente entre Israel y Estados Unidos, y ello, independientemente del partido político al que pertenezca el ocupante de la Casa Blanca. No obstante lo anterior, como nueva consolidación de los lazos privilegiados existentes entre Israel y Estados Unidos desde la llegada del nuevo ocupante de la Casa Blanca, en días recientes las autoridades migratorias de Estados Unidos han anunciado que sus funcionarios revisaran contenidos «antisemitas» en redes sociales antes de otorgar a personas su visa de ingreso al territorio norteamericano (véase nota oficial del 9 de abril del 2025 del USCIS).
Al igual que otras resoluciones similares, esta resolución aprobada el 2 de abril del 2025 será seguramente usada ante la Asamblea General de Naciones Unidas y ante el Consejo de Seguridad, así como ante los jueces de la CIJ, en particular en el caso de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel, así como ante los jueces de la CPI en caso de enjuiciarse un día los dos dirigentes israelíes objeto de órdenes de arresto desde noviembre del 2024.
Nótese que la extrema presión que ejerce Estados Unidos sobre Sudáfrica desde la llegada a la Casa Blanca de su nuevo ocupante el pasado 20 de enero, probablemente busque obtener un retiro de la demanda sudafricana contra Israel ante la CIJ. El pasado 1ero de abril, por razones que se desconocen, Nicaragua optó por retirar formalmente su solicitud de intervención en el marco de la demanda de Sudáfrica contra Israel (véase comunicado de la CIJ en francés y en inglés): en este comunicado oficial de prensa, se informa que el retiro de esta solicitud de intervención obedece al alto costo que le significa a Nicaragua mantenerla, lo cual puede sorprender y mucho menos convencer.
Con relación a Costa Rica, y a la contienda electoral del 2026 que se avecina, en esta reciente nota publicada en ElMundo.cr (edición del 20 de marzo del 2025), un diputado que se vislumbra como posible precandidato a las elecciones a realizarse en el 2026 en Costa Rica, pareció considerar muy oportuno anunciar que trasladaría la embajada de Costa Rica de Tel Aviv a Jerusalén de ser electo. Era probable que este tipo de propuesta se observara desde candidatos provenientes de otros partidos políticos en Costa Rica en los meses venideros, pero no de ese partido político: al respecto, es de notar que en febrero del 2024, unos 20 congresistas de Costa Rica viajaron a Israel (véase nota). Nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores costarricenses a una valoración hecha por el excanciller de Costa Rica en en el período (2006-2010) sobre el traslado de la embajada costarricense a Jerusalén observado en 1982 (Nota 4). Es probable que semejante propuesta sin tener claro porqué, después de Donald Trump en mayo del 2018, en el plano mundial únicamente Guatemala, Honduras y Paraguay se han sentido obligados a trasladar como Estados Unidos sus respectivas embajadas de Tel Aviv a Jerusalén en América Latina (así como Kosovo en Europa en marzo del 2021). En el caso de Paraguay, la decisión de mayo del 2018 del entonces Presidente Horacio Cartes, empresario en el centro de escándalos repetitivos desde que dejó la presidencia paraguaya (véase nota de la BBC del 2023) se revirtió muy pocos meses después con la llegada del nuevo Presidente paraguayo Marito Abdo Benitez – Nota 5). Y en el caso de Honduras, la decisión de junio del 2021 de trasladar su legación diplomática a Jerusalén se tomó bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión en Estados Unidos en el 2024 (véase nota de la BBC del 26 de junio del 2024).
Con esta resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Israel (y su aliado norteamericano) registran uno de los numerosos fracasos diplomáticos en Naciones Unidas, con una resolución que probablemente sea utilizada por Estados y por diversas entidades de Naciones Unidas que buscan la manera de forzar a Israel a respetar las reglas del ordenamiento jurídico internacional: y ello pese a los intensos esfuerzos desplegados por su incondicional aliado norteamericano.
A partir del 28 de abril, La Haya será escenario de un ejercicio en el que Estados y organizaciones internacionales tendrán la oportunidad de hacer ver a los jueces de la CIJ la importancia que revisten las reglas jurídicas que obligan a todo Estado Miembro de Naciones Unidas: por parte de América Latina participarán (por orden de aparición ante la CIJ) Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, México y Panamá.
Notas
Nota 1: En aquella oportuniad, nos permitimos señalar que en julio del 2024, al darse a conocer la opinión consultiva de la CIJ sobre la colonización y la ocupación ilegal del territorio palestino ocupado que:
«Al respecto, las 292 páginas del escrito de Palestina (véase texto en francés y en inglés) contrastan con las módicas 5 páginas remitidas en su momento por Israel (véase texto en francés y en inglés).
Con respecto a Israel, cabe indicar que, pese a poder hacerlo, Israel optó por no participar luego en las audiencias orales, un detalle que la jueza oriunda de Estados Unidos en la CIJ consideró necesario señalar en su declaración separada (véase texto), al precisar que:
«4. It also is unfortunate that Israel did not meaningfully participate in these advisory proceedings. Israel submitted a five-page written statement to the Court, together with annexes. It chose not to participate in the oral proceedings, despite the fact that up to the opening of those proceedings, the Court had reserved three hours for Israel to present its views — the same amount of time allocated to the observer State of Palestine, and six times the amount allocated to any other participant. This is an advisory proceeding, and no State was under an obligation to participate, including Israel. Israel’s participation in the oral proceedings, however, would have benefited the Court. Conversely, the failure of a State to participate cannot prevent the Court from fulfilling its responsibilities in replying to an advisory request» «. Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 19 de julio del 2024. Texto disponibleaquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: apuntes desde Costa Rica sobre fijación de fecha para audiencias públicas, de cara a nueva solicitud de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) » 12 de marzo del 2024. Texto disponibleaquí.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israël : la portée des mandats d’arrêt délivrés récemment par la Cour Pénale Internationale (CPI) et la surprenante réaction officielle de la France«, 30 de noviembre del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 4: Sobre esta decisión de 1982 de Costa Rica, el ex canciller (2006-2010) Bruno Stagno Ugarte escribió que:
«El 8 de mayo 1982, en su primer acto de gobierno, el Presidente Luis Alberto Monge Álvarez ordenó el traslado de la Embajada de Costa Rica en Israel a Jerusalén. Esta decisión, fielmente ejecutada por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Volio Jiménez, sería una de esas vergüenzas mayúsculas que le han restado autoridad y credibilidad a nuestro apego histórico a las normas del derecho internacional. Pocas decisiones han evidenciado de manera tan manifiesta un divorcio tan absoluto entre nuestros principios y propósitos y nuestras acciones. Pero lo más lamentable de esta decisión es que ni siquiera estuvo motivada por una necesidad de Estado, sino por el sentimentalismo desmedido de unos pocos. Decisiones como esta, arriesgan más de lo que prometen. Son decisiones que tienen altos costos y escasos, sino nulos, beneficios. Su naturaleza intrínsecamente deficitaria se conocíade antemano»
(véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados: la administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Editorial EUNA, 2013, p. 29. Texto completo de esta publicación disponibleaquí).
Nota 5: Sobre la decisión de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén por parte del entonces Presidente Cartes en Paraguay en el mes de mayo del 2018 (bajo fuerte presión de Estados Unidos para que Paraguay acompañara a Estados Unidos con embajadas en Jerusalén) y luego la decisión del nuevo Presidente paraguayo Mario Abdo Benitez de regresarla sin más preludios a Tel Aviv unos meses después, véase BOEGLIN N., » La valiente decisión de Paraguay de restablecer su Embajada en Tel Aviv: una breve puesta en perspectiva«, editada el 11 de septiembre del 2018. Texto disponible aquí. Hace unos pocos meses, el 12 de diciembre del 2024, Paraguay volvió a colocar a su embajada en Jerusalen (véasecomunicado oficial).
*Foto del bombardeo en Gaza ocurrido el 13 de noviembre del 2024 en el area de Al-Mawasi: se puede apreciar el impacto causado en el suelo debido al uso de potentes artefactos explosivos que Israel utiliza de manera reiterada al bombardear campamentos de desplazados y refugiados en Gaza. Foto extraída de artículo de prensa titulado » ‘I don´t care who´s president there. I just want may kids to survive in Gaza’ «, Magazine+972 (Israel), edición del 14 de noviembre del 2024
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
«According to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, between the 18 and 25 March, as of 12:00pm, 792 Palestinians were killed and 1,663 were injured. Many bodies remain under the rubble of destroyed structures, according to MoH. Since the 19 January, and as of 25 March, a total of 897 bodies were retrieved from areas that were previously inaccessible, the MoH reported. Since 7 October 2023 and as of 25 March 2025, the MoH in Gaza reported that at least 50,144 Palestinians have been killed and 113,704 Palestinians injured».
Extracto de informe sobre la situación en Gaza al 25 de marzo del 2025, elaborado por Naciones Unidas
El pasado 2 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (órgano intergubernamental, compuesto por 47 Estados Miembros – véase composición) adoptó una resolución en la que condena la violación de la tregua en Gaza por parte de Israel desde el 18 de marzo del 2025, y exige prevenir un genocidio en Gaza por parte de las máximas autoridades de Israel (véase nota de prensa de SwissInfo). De manera más general, el conjunto de decisiones y de resoluciones adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos en esta sesión primaveral del 2025 en Ginebra están resumidas en este enlace oficial de Naciones Unidas.
Cabe recordar que un texto muy similar había sido votado en abril del 2024, exigiendo en aquel momento un embargo sobre las armas a destinación de Israel (véase enlace a texto de la resolución A/HRC/55/28 y detalle de la votación registrada en la parte final de cada una de las versiones oficiales en la que Costa Rica figura entre las abstenciones).
Es de precisar además que el 5 de febrero del 2025, Israel anunció que no participaría más en debates en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase nota del TimesofIsrael), una posición tomada probablemente luego del «Executive Order» del 3 de febrero (véasetexto completo) en el que el nuevo ocupante de la Casa Blanca optó por retirar a Estados Unidos de dicho órgano, así como de la UNESCO y de la UNRWA, en el marco de una política iniciada desde el 20 de enero del 2025 en contra de Naciones Unidas y más generalmente, del multilateralismo y de las reglas que derivan del ordenamiento jurídico internacional.
Como se informó este 4 de abril, pese a no querer participar en el Consejo de Derechos Humanos, la diplomacia norteamericana estuvo ejerciendo presiones extremadamente fuertes contra el Consejo de Derechos Humanos, en aras de proteger y resguardar a Israel (véase cable de Reuters). Entre los objetivos de Estados Unidos y de Israel, estaba la no continuación en su mandato de la Relatora Especial sobre Palestina, Francesca Albanese (véase nota de prensa): los alcances de la labor de esta Relatora de Naciones Unidas y sus informes pueden ser consultados en este enlace oficial. Una petición reciente de removerla por parte de Estados Unidos se genera desde el mismo Comité de Asuntos Exteriores de su Congreso (véase enlace). El simple hecho que Estados Unidos e Israel, así como sus aliados y numerosos círculos de influencia, desplegaran todo el arsenal diplomático y mediático contra esta jurista italiana realza su labor y la calidad de sus informes sobre la situación en Gaza, en particular dos de ellos presentados en el 2024 en Naciones Unidas, y que nos permitimos referenciar (ya que su lectura es altamente recomendada):
– marzo del 2024: «Anatomy of a genocide«, informe A/HRC/55/73 disponible en la red, cuyo texto completo está disponible aquí.
– octubre del 2024: «Genocide as a colonial erasure«, informe A/79/384, cuyo texto completo está disponible aquí.
No está de más señalar que, al igual que otros relatores de Naciones Unidas en el pasado, esta jurista italiana y su equipo han demostrado saber resistir a este tipo de campañas en su contra, pese a la intensidad de las presiones diplomáticas de Estados Unidos y de Israel (y de periodistas israelíes acreditados en Nueva York, tal y como lo evidencia este episodio con uno de ellos). Resulta oportuno indicar que, paralelamente a la dura campaña desplegada contra Francesca Albanese, se dio a conocer este muy detalladoinforme de Human Rights Watch sobre la política draconiana de represión contra profesores y académicos críticos de Israel en los campus universitarios norteamericanos, observada desde el 20 de enero del 2025. Nótese en esta nota del JerusalemPost del 5 de abril del 2025 sobre el mantenimiento en su puesto como relatora, la virulencia de los ataques tendientes a desacreditar la labor de Francesca Albanese. En esta nota de prensa publicada en Italia el 6 de abril, se hace ver que la continuación o no de esta relatora especial en su puesto nunca estuvo en discusión ni tan siquiera como tema de agenda en el seno del Consejo de Derechos Humanos, como falazmente indicado en una multitud de artículos publicados en medios de prensa en esta primera semana de abril.
Este voluminoso informe de Human Rights Watch de diciembre del 2024 titulado «Extermination and acts of genocide» respalda y documenta parte de los hallazgos de los dos precitados informes de la Relatora especial Francesca Albanese.
El texto de la resolución en breve
El proyecto de resolución A/HRC/58/L.30/Rev.1 aprobado este 2 de abril del 2025 se compone de 48 puntos resolutivos (véaseenlace) y la lectura completa de cada uno de ellos se recomienda (véasetexto en español) de manera a poder valorar mejor los votos registrados.
Así por ejemplo, se lee literalmente en los puntos 5 a 7 que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas:
«5. Condena la práctica de hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra en la Franja de Gaza, la denegación ilícita de acceso humanitario, la obstaculización intencional del suministro de socorro y la privación de bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como alimentos, agua, electricidad, combustible y telecomunicaciones, por parte de Israel, la Potencia ocupante;
6. Expresa gran preocupación por las declaraciones de responsables israelíes que equivalen a incitación al genocidio, y exige a Israel que asuma su responsabilidad jurídica de prevenir el genocidio y acate plenamente las medidas provisionales que dictó la Corte Internacional de Justicia el 26 de enero de 2024;
7. Deplora la actual política de Israel de imponer medidas punitivas al pueblo, los dirigentes y la sociedad civil palestinos, y exhorta a Israel a que ponga fin a la práctica de “retener” los ingresos tributarios palestinos«.
Como indicado anteriormente, cada uno de estos numerosos puntos resolutivos merece lectura y relectura, al haber sido negociados sus términos y sus expresiones de manera a garantizar una mayoría de Estados votando a favor del texto.
La votación registrada
Esta resolución fue adoptada este 2 de abril del 2025 en Ginebra, con 27 votos a favor, 4 votos en contra (Alemania, Etiopía, República Checa y República del Norte de Macedonia) y 16 abstenciones, tal y como se puede apreciar en el el cuadro de la votación registrada reproducido a continuación. En el 2024, la votación de un texto similar había registrado 29 votos a favor, seis en contra y 13 abstenciones
En este 2025, la casi totalidad de los Estados de América Latina votó a favor (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, y México); al tiempo que, por razones que se desconocen, República Dominicana optó por abstenerse. El cambio de posición de Costa Rica merece mención, al haberse abstenido en abril del 2024 para el voto de una resolución muy similar, sin brindar ningún tipo de explicación su delegado en Ginebra (véase nota de Delfino.cr de abril del 2024).
En el caso de los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad que integran el Consejo de Derechos Humanos, en este 2025 China votó a favor, al tiempo que Francia se abstuvo, sin dar a conocer las razones por hacerlo al no proceder sus delegación a una explicación del voto. En relación al voto del 2024 sobre un texto muy similar, la misma posición se observó por parte de China y de Francia, al tiempo que votó en contra la delegación de Estados Unidos.
El contexto en el que se adoptó este texto
La contundencia de la condena a Israel que se desprende de esta resolución adoptada este 2 de abril del 2025 es llamativa, y resulta más que notoria la casi nula cobertura de grandes medios de prensa y de agencias internacionales de noticias al voto registrado de esta resolución.
Esta votación se da en plena ofensiva de Israel en Gaza, con saldos mortíferos nunca registrados antes (más de 1400 personas fallecidas en 20 días) desde que, el pasado 18 de marzo, Israel rompió unilateralmente la tregua pactada y materializada desde el 19 de enero del 2025 con el Hamás. Este reportage publicado en Israel por Magazine+972 este 3 de abril, titulado «In Gaza´s devastated hospitals, treatable patiens face ‘slow, quiet death’ » explica el riesgo de fallecer al que se exponen muchos heridos graves dado el colapso total de la red hospitalaria de Gaza, en gran parte destruída deliberadamente por Israel. Ello sin hablar de la destrucción intencional de ambulancias y de equipos de rescate en Gaza, y ello desde el mes de octubre del 2023. El último informe de Naciones Unidas al 4 de abril del 2025 detalla las más recientes exacciones a las que se ha prestado el ejército de Israel contra la población civil palestina.
El pasado 3 de abril, numerosos expertos en derechos humanos de Naciones Unidas alertaron en un comunicado conjunto sobre la imperiosa necesidad de tomar acciones para terminar con la impunidad total de Israel en Gaza.
El voto de esta resolución por parte del Consejo de Derechos Humanos también precedió de pocas horas el anuncio de Hungría de denunciar formalmente el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI), una decisión que coincide con la visita a Hungría del Primer Ministro de Israel (véase nota de la BBC): se trata del primer Estado miembro de la Unión Europea (UE) en proceder a la denuncia del Estatuto de Roma, un instrumento que Hungría había ratificado desde el año 2001 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). De igual forma, se trata del primer viaje al que se aventura el Primer Ministro de Israel a Europa, luego de la confirmación de una orden de arresto en su contra por parte de los jueces de la Sala de lo Preliminar de la CPI, en noviembre del 2024 (véase breve nota nuestra al respecto). Es de notar que el único jefe de Estado en saludar la decisión de Hungría ha sido… el mismo Primer Ministro de Israel (véase cable de la agencia Reuters). Por su parte, la Presidencia de los Estados Partes al Estatuto de Roma no tardó en condenar a Hungría, haciéndole ver además que una denuncia no surte efectos inmediatos como pareciera interpretarse, de manera algo aventurada, en Budapest (véase comunicado oficial): el artículo 127 del Estatuto de Roma claramente establece un plazo de un año a partir de la notificación de la denuncia, durante el cual el Estado que denuncia este tratado mantiene inalteradas todas sus obligaciones jurídicas, sin excepción de ningún tipo (véase texto del Estatuto de Roma).
En el caso de Francia, cuyas autoridades diplomáticas en noviembre del 2024 habían procedido a tecnicismos legales algo originales para asegurar que no detendrían al Primer Ministro israelí en caso de encontrarse en Francia, tuvimos la ocasión de explicar en un texto destinado a lectores francófonos sobre el alcance de estas órdenes de arresto (Nota 1) que:
«Cette ligne jurisprudentielle appliquée aux visites de chefs d´Etat étrangers en France mérite une explication un peu moins juridique que nous allons tenter de donner : on peut serrer la main de tout chef d´Etat étranger sur le perron de l’Elysée, y ajouter les accolades de rigueur, sourires affables et poses devant les journalistes, et ce chef d’Etat bénéficie sur le territoire de la France de l’immunité accordée à tout chef d’Etat. Et ce même si il est suspecté de commettre un génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou d’autres violations graves des droits de l´homme. A la question que toute personne peut légitimement se faire «Mais,… ils sont nombreux ces chefs d’Etat étrangers?», on peut répondre qu’il y en a effectivement un bon nombre. Par contre, et dans ce cas le nombre est bien moindre, lorsque ces accusations ont été soigneusement examinées et méticuleusement documentées par le Procureur de la CPI, puis revues méthodiquement par trois juges de la CPI, et que ce chef d’Etat étranger fait finalement l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une Chambre préliminaire de la CPI, le droit international s’impose automatiquement aux autorités françaises en vertu du Statut de Rome : on procède alors à la capture de ce même chef d’Etat s’il se trouve en France par les autorités nationales compétentes, et on le remet sans tarder aux juges de la CPI àLa Haye. Fini le temps des accolades devant les caméras«.
Resulta oportuno indicar con respecto a Francia y a su abstención observada en el 2024 y nuevamente en el 2025, que el flujo de exportaciones francesas hacia Israel en materia militar, dio lugar a esta pregunta (véase enlace) de una senadora: se trata de una pregunta que cumplió un año sin contestación por parte de las autoridades a cargo de la defensa en Francia, el pasado 7 de marzo del 2025. Tratándose de un ministerio cuyo titular a logrado mantenerse en el puesto a pesar de los distintos gabinetes galos observados entre el 2024 y lo que va del 2025, la ausencia de respuesta de su parte resulta aún más llamativa.
A modo de conclusión: alusión a una propuesta reciente de un precandidato del PLN en Costa Rica
Al igual que otras resoluciones similares, esta resolución será seguramente usada ante la Asamblea General de Naciones Unidas y ante el Consejo de Seguridad, así como ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en particular en el caso de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel, así como ante los jueces de la CPI en caso de enjuiciarse un día los dos dirigentes israelíes objeto de órdenes de arresto desde noviembre del 2024. Nótese que la extrema presión que ejerce Estados Unidos sobre Sudáfrica desde la llegada a la Casa Blanca de su nuevo ocupante el pasado 20 de enero, probablemente busque obtener un retiro de la demanda sudafricana contra Israel ante la CIJ. El pasado 1ero de abril, por razones que se desconocen, Nicaragua optó por retirar formalmente su solicitud de intervención en la demanda de Sudáfrica contra Israel (véase comunicado de la CIJ en francés y en inglés): en este comunicado oficial de prensa, se informa que el retiro de esta solicitud de intervención obedece al alto costo que le significa a Nicaragua mantenerla, lo cual puede sorprender y mucho menos convencer.
Con relación a Costa Rica, y a la contienda electoral del 2026 que se avecina, en esta reciente nota publicada en ElMundo.cr (edición del 20 de marzo del 2025), un diputado que se vislumbra como posible precandidato a las elecciones a realizarse en el 2026 en Costa Rica, pareció considerar muy oportuno anunciar que trasladará la embajada de Costa Rica de Tel Aviv a Jerusalén de ser electo. Era probable que este tipo de propuesta se observara desde candidatos provenientes de otros partidos políticos en Costa Rica en los meses venideros, pero no de ese partido político: al respecto, es de notar que en febrero del 2024, unos 20 congresistas de Costa Rica viajaron a Israel (véase nota).
Sin ser especialista en política y mucho menos en intención de votos de los votantes del Partido Liberación Nacional (PLN) pertenecientes a las distintas corrientes de liberacionistas de cara a la convención interna prevista el próximo 6 de abril, nos atrevemos a pensar que este anuncio le restó numerosos apoyos a dicho candidato dentro de las filas verdiblancas. Nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores costarricenses a una valoración hecha por el excanciller de Costa Rica en en el período (2006-2010) sobre el traslado de la embajada costarricense a Jerusalén observado en 1982 (Nota 2). Dicho sea de paso, será un placer de nuestra parte explicarle discretamente a los asesores políticos y a la dirigencia que apoya a este precandidato porqué es que, después de Donald Trump en mayo del 2018, en el plano mundial únicamente Guatemala, Honduras y Paraguay se sintieron obligados a trasladar como Estados Unidos sus respectivas embajadas de Tel Aviv a Jerusalén en América Latina (así como Kosovo en Europa en marzo del 2021). Recientemente se informó que Islas Fiji ha sido solicitada y que ponderan sus autoridades un traslado de su embajada a Jerusalén (véase nota de prensa de febrero del 2025). Desde mayo del 2024, Honduras por su parte estudia la posibilidad de regresar su embajada a Tel Aviv (véase nota de prensa de mayo del 2024): al haberse informado desde agosto del 2022 de una reflexión similar por parte de las autoridades hondureñas (véasenota de Reuters), las intensas presiones diplomáticas de Israel y de Estados Unidos para que no lo haga pueden explicar la ausencia de decisión al momento de redactar estas líneas (7 de abril del 2025). En el caso de Paraguay, la decisión de mayo del 2018 del entonces Presidente Horacio Cartes, empresario en el centro de escándalos repetitivos desde que dejó la presidencia paraguaya (véase nota de la BBC del 2023) se revirtió muy pocos meses después con la llegada del nuevo Presidente paraguayo Marito Abdo Benitez – Nota 3). En el caso de Honduras, la decisión de junio del 2021 de trasladar su legación diplomática a Jerusalén se tomó bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión en Estados Unidos en el 2024 (véase nota de la BBC del 26 de junio del 2024).
Más allá de las extrañezas que se dan a veces en Costa Rica en algunas cúpulas políticas y de las pifias de algunos asesores políticos, lo cierto es que con esta resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Israel (y su aliado norteamericano) registran un nuevo revés diplomático en Naciones Unidas, con una resolución que probablemente sea utilizada por Estados y por diversas entidades de Naciones Unidas que buscan la manera de forzar a Israel a respetar las reglas del ordenamiento jurídico internacional: y ello pese a los intensos esfuerzos desplegados por su incondicional aliado norteamericano.
Notas
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israël : la portée des mandats d’arrêt délivrés récemment par la Cour Pénale Internationale (CPI) et la surprenante réaction officielle de la France«, 30 de noviembre del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 2: Sobre esta decisión de 1982 de Costa Rica, el ex canciller (2006-2010) Bruno Stagno Ugarte escribió que:
«El 8 de mayo 1982, en su primer acto de gobierno, el Presidente Luis Alberto Monge Álvarez ordenó el traslado de la Embajada de Costa Rica en Israel a Jerusalén. Esta decisión, fielmente ejecutada por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Volio Jiménez, sería una de esas vergüenzas mayúsculas que le han restado autoridad y credibilidad a nuestro apego histórico a las normas del derecho internacional. Pocas decisiones han evidenciado de manera tan manifiesta un divorcio tan absoluto entre nuestros principios y propósitos y nuestras acciones. Pero lo más lamentable de esta decisión es que ni siquiera estuvo motivada por una necesidad de Estado, sino por el sentimentalismo desmedido de unos pocos. Decisiones como esta, arriesgan más de lo que prometen. Son decisiones que tienen altos costos y escasos, sino nulos, beneficios. Su naturaleza intrínsecamente deficitaria se conocíade antemano«
(véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados: la administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Editorial EUNA, 2013, p. 29. Texto completo de esta publicación disponibleaquí).
Nota 3: Sobre la decisión de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén por parte del entonces Presidente Cartes en Paraguay en el mes de mayo del 2018 (bajo fuerte presión de Estados Unidos para que Paraguay acompañara a Estados Unidos con embajadas en Jerusalén) y luego la decisión del nuevo Presidente paraguayo Mario Abdo Benitez de regresarla sin más preludios a Tel Aviv unos meses después, véase BOEGLIN N., » La valiente decisión de Paraguay de restablecer su Embajada en Tel Aviv: una breve puesta en perspectiva«, editada el 11 de septiembre del 2018. Texto disponible aquí. Hace unos pocos meses, el 12 de diciembre del 2024, Paraguay volvió a colocar a su embajada en Jerusalen (véasecomunicado oficial).
**Foto del bombardeo en Gaza ocurrido el 13 de noviembre del 2024 en el área de Al-Mawasi: se puede apreciar el impacto causado en el suelo debido al uso de potentes artefactos explosivos que Israel utiliza de manera reiterada al bombardear campamentos de desplazados y refugiados en Gaza. Foto extraída de artículo de prensa titulado » ‘I don´t care who´s president there. I just want may kids to survive in Gaza’ «, Magazine+972 (Israel), edición del 14 de noviembre del 2024
Foto del bombardeo en Gaza ocurrido el 13 de noviembre del 2024 en el area de Al-Mawasi: se puede apreciar el impacto causado en el suelo debido al uso de potentes artefactos explosivos que Irael utiliza de manera reiterada al bombardear campamentos de desplazados y refugiados en Gaza. Foto extraída de artículo de prensa titulado » ‘I don´t care who´s president there. I just want may kids to survive in Gaza’ «, Magazine+972 (Israel), edición del 14 de noviembre del 2024
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
Este 12 de marzo del 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) informó del cierre de la fecha de recepción de opiniones jurídicas en el marco del procedimiento consultivo iniciado el 19 de diciembre del 2024 con respecto a las obligaciones de Israel como Estado Miembro de Naciones Unidas en el territorio palestino ocupado: véase al respecto el comunicado de prensa de la CIJ del 12 de marzo en francés y en inglés.
El comunicado de la CIJ precisa que fueron un total de 45 opiniones jurídicas escritas las que recibió, de las cuales tres fueron enviadas en su momento por organizaciones internacionales (Liga de Estados Árabes, Naciones Unidas y Organización para la Cooperación Islámica) y las 41 restantes por Estados. De manera tardía, la Unión Africana (UA) fue autorizada por la CIJ a remitir su opinión fuera del plazo inicialmente establecido. Con relación a organizaciones internacionales, por tercera vez, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha considerado innecesario hacer ver su criterio a los jueces de la CIJ cuando se trata de Israel y de sus obligaciones internacionales.
Como información adicional que vendrá seguramente a ser usada contra Israel ante diversas instancias jurisdiccionales y otras entidades dentro de Naciones Unidas, el 13 de marzo del 2025, un muy completo informe de una comisión investigadora de Naciones Unidas creada en el 2021 por el Consejo de Derechos Humanos (véase enlace a mandato, tareas y composión y en la pare final de este comunicado votos obtenidos al crearse) vino a confirmar y documentar lo que para muchos expertos se intuía: la estrategia deliberada de Israel contra las mujeres y las niñas en Gaza, con la clara intención de dañar la capacidad reproductiva del pueblo palestino en Gaza. Remitimos a nuestros estimables lectores al comunicado oficial de prensa de Naciones Unidas, pasado por alto por las principales agencias noticiosas (como suele ocurrir con este tipo de comunicados cuando de Israel se trata. La lectura integral del informe (véase texto) se recomienda, en particular sus contundentes conclusiones, a partir del punto 213. En los párrafos 218-219 se precisa por parte de los integrantes de esta comisión de investigación de Naciones Unidas que:
«The Commission finds that the Israeli authorities have destroyed in part the reproductive capacity of the Palestinians in Gaza as a group, including by imposing measures intended to prevent births, one of the categories of genocidal acts in the Rome Statute and the Genocide Convention. 219. The harm for pregnant, lactating and new mothers is of an unprecedented scale in Gaza. Furthermore, the lack of access to sexual and reproductive health care has caused immediate physical and mental harm and suffering to women and girls that will have irreversible long-term effects on the mental health and the physical reproductive and fertility prospects of the Palestinians in Gaza as a group. The underlying acts amount to crimes against humanity and deliberately inflicting conditions of life calculated to bring about the physical destruction of Palestinians as a group, one of the categories of genocidal acts in the Rome Statute and the Genocide Convention».
Un tercer procedimiento consultivo en trámite sobre lo que ocurre en Gaza
Se trata del tercer procedimiento consultivo de la CIJ sobre Palestina, luego de:
a) la opinión consultiva emitida en el mes de julio del 2004 sobre la construcción de un muro por parte de Israel en territorio palestino (véase texto) y;
b) la opinión consultiva dada a conocer en julio del 2024 sobre el carácter ilegal de la colonización israelí (véase texto en francés y en inglés).
Es de notar que, en el marco de este tercer procedimiento consultivo, la primera opinión remitida al juez de La Haya fue la de Chile. En el caso de América Latina, además de Chile, optaron por remitir sus opiniones jurídicas Bolivia, Brasil, Colombia y México.
En el caso del Consejo de Seguridad, de sus cinco Estados Miembros permanentes, cuatro enviaron sus respectivos escritos, al tiempo que el Reino Unido se mantuvo sin hacerlo, por razones que sería de sumo interés conocer: en particular dado que en las dos ocasiones anteriores sí había externado su criterio al juez internacional de La Haya.
Es de señalar que en esta ocasión, Israel solamente pudo contar con escritos de Estados Unidos y de Hungría, y que ni Alemania, ni Australia, ni Austria, ni Canadá, como tampoco Camerún, Guatemala, Nauru, Palau, o República Checa, consideraron esta vez oportuno venir a apoyar las tesis jurídicas de Israel. En el caso de los Estados que integran a la Unión Europea (UE), además de Francia remitieron opiniones Bélgica, Eslovenia, España, Irlanda, Hungría, Luxemburgo, Países Bajos y Polonia.
Noruega, verdadero iniciador de esta acción ante la justicia internacional, tal y como lo detallaremos en las líneas que siguen, de igual manera remitió su escrito, al igual que otro Estado europeo que no es es parte de la UE: Islandia.
En el caso del continente africano, únicamente remitieron escritos África del Sur, Argelia, Egipto, Islas Comoras, Namibia, Senegal y Túnez. En el caso de Asia, además de China, remitieron opiniones legales a la CIJ los siguientes Estados: Catar, Filipinas, Indonesia, Irán, Islas Maldivas, Jordania, Kuwait, Malasia y Pakistán.
Claro está, Israel y Palestina enviaron cada uno sus escritos a los jueces de la CIJ y será de gran interés leer detenidamente ambos documentos. En el caso del procedimiento consultivo finalizado en julio del 2024, Israel optó por remitir a modo de defensa cinco modestas páginas que no convencieron mayormente (véase documento en inglés y en francés). En el caso del carácter ilegal de un muro en Palestina, Israel había enviado un documento mucho más extenso (véase documento), el cual tampoco surtió mayores efectos (salvo en el caso específico – y único – del juez norteamericano de aquel entonces en la CIJ, que consideró oportuno votar en contra de varios puntos de la decisión tomada por sus 14 homólogos).
Las 45 opiniones jurídicas aún no están disponibles en el sitio de la CIJ, lo estando únicamente la numerosa documentación aportada por la Secretaría General de Naciones Unidas así como algunas ordenanzas tomadas por la CIJ en la tramitación de esta opinión consultiva desde diciembre del 2024 (véase enlace oficial de la CIJ).
El nuevo ocupante de la Casa Blanca y sus anuncios
La llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante desde el 20 de enero se ha caracterizado por ocurrentes anuncios sobre el futuro de Gaza, objeto de un repudio generalizado por parte de la comunidad internacional.
Cabe además recordar que el pasado 7 de febrero, otra jurisdicción internacional situada en La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó de manera contundente las sanciones en su contra adoptadas por Estados Unidos en la misma fecha por investigar a altas autoridades de Israel y sus acciones militares en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre (véase comunicado oficial y un comunicado extenso de su Presidenta). Se trata de una medida en contra del personal de la CPI que exhibe la total pérdida de credibilidad de Estados Unidos en materia de justicia penal internacional, tal y como lo denunció Amnistia Internacional en su comunicado, al igual que Human Rights Watch (HRW) en otro comunicado.
En efecto, desde 1945, se ha buscado siempre establecer en el seno de la comunidad internacional mecanismos que permitan que responsables de exacciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario respondan por sus actos desde el punto de vista penal individual: no fue sino en julio de 1998 que fue adoptado el Estatuto de Roma que crea la CPI, luego de experiencias previas de los tribunales de Nuremberg y de Tokio en los 40/50, y de los tribunales establecidos para juzgar a jefes militares y de milicias rebeldes de la Ex Yugoslavia y de Ruanda a mediados de los 90. En este mes de febrero del 2025, Estados Unidos ha considerado que, en el caso de Israel, este postulado fundacional de Naciones Unidas y del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, debe revertirse.
Con relación a las últimas ocurrencias de las actuales autoridades de Estados Unidos, en abierto desafío al resto de la comunidad internacional y a las reglas que la rigen, este 14 de marzo se informó de contactos oficiales de Estados Unidos e Israel con las máximas autoridades de Sudán, Somalia y de Somaliland (una entidad que busca separarse de Somalia desde su autoproclamada independencia en 1991) para negociar la llegada e instalación de familias palestinas oriundas de Gaza (véase nota del JerusalemPost y nota de la agencia AP). En el caso de Sudán sus máximas autoridades informaron haber rechazado tales propuestas (véase nota de The Guardian).
Es de señalar que el ritmo sostenido de anuncios ocurrentes de la Casa Blanca sobre diversos temas de la agenda internacional ha desplazado la presión mediática sobre Israel y lo que ocurre en Gaza, así como en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Sobre esta última, este reporte publicado en Israel da cuenta del elevado ritmo de demolición de casas palestinas por parte de Israel (véase reportaje de Magazine+972, del 6 de marzo del 2025, cuya lectura completa se recomienda). El ultimo informe de Naciones Unidas sobre Cisjordania (véase informe al 13 de marzo del 2025) detalla el nivel de violencia al que Israel somete a la población palestina. En el último informe sobre Gaza esta vez (véase informe al 11 de marzo), se lee que:
«Between the afternoons of 4 and 11 March, the Ministry of Health (MoH) in Gaza reported the killing of 98 Palestinians and the injury of 92 others; this includes 74 newly retrieved bodies. Since the ceasefire came into effect on 19 January, and as of 11 March, a total of 845 bodies were retrieved from areas that were previously inaccessible, the MoH reported. Since 7 October 2023 and as of 11 March 2025, the MoH in Gaza reported the killing of at least 48,503 Palestinians and the injury of 111,927 others».
El procedimiento consultivo puesto en contexto
Como se recordará, el 19 de diciembre del 2024, con una amplia mayoría de 137 votos a favor (y tan solo 12 en contra), la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución en la que solicita una opinión consultiva a la CIJ con relación, esta vez, a las obligaciones de Israel como Estado Miembro de Naciones Unidas y su actuar en el territorio palestino ocupado.
La solicitud fue tramitada por el Secretario General de Naciones Unidas a la CIJ el 20 de diciembre y, en un comunicado oficial con fecha del 23 de diciembre, la CIJ anunció el inicio formal del procedimiento consultivo (véase comunicado de prensa en francés y en inglés).
Un Estado Miembro de Naciones Unidas que desde el 7 de octubre del 2023 ¿bombardea deliberadamente instalaciones y funcionarios de Naciones Unidas y destruye infraestructura cuya construcción se logró gracias a la laboriosa coordinación de varias agencias de Naciones Unidas? Y que además, ¿dificulta significativamente la llegada de víveres urgentes gestionada por parte de Naciones Unidas para asistir a una población asediada desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 y desprovista de agua y alimentos para subsistir y de medicamentos? Y que finalmente ¿adopta una legislación para declarar ilegales todas las operaciones de la única agencia de Naciones Unidas especializada en la atención a los refugiados palestinos (UNRWA) desde 1947, con base en acusaciones sin mayor respaldo probatorio?
El solicitar a la misma justicia internacional de La Haya dar su parecer al respecto fue el objetivo de esta solicitud de opinión consultiva adoptada el 19 de diciembre del 2024 por la Asamblea General de Naciones Unidas: ello a partir de un planteamiento pocamente analizado, salvo un artículo digital encontrado (Nota 1), y dada la incapacidad del Consejo de Seguridad para ordenar las sanciones correspondientes, debido al veto automático del representante de Estados Unidos.
Nótese que menos de un mes antes del 19 de diciembre (el 21 de noviembre), el cerco de la justicia internacional se hizo sentir fuertemente para Israel, proviniendo esta vez de otra jurisdicción también ubicada en La Haya: en efecto, la Sala de lo Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó en todos sus extremos la solicitud de arresto del actual Primer Ministro de Israel y de su ex Ministro de Defensa, por crímenes de guerra, así como la concerniente a un dirigente del ala militar del Hamás, por crímen contra la humanidad (Nota 2).
Cabe también recalcar que la presiones recibidas por Suiza por parte de Israel y de su incondicional aliado norteamericano fueron tales, que Suiza optó por suspender una conferencia prevista el pasado 7 de marzo para examinar el actuar de Israel en Palestina a la luz de las obligaciones que derivan del derecho internacional humanitario (véase nota de prensa. y comunicado de prensa de Amnistía Internacional). En el 2014, a raiz de la dramática operación militar en Gaza, presiones similares se habían dado sobre Suiza, que tuvimos ocasión de analizar (Nota 3): en aquella ocasión, Suiza no sucumbió a dichas presiones diplomáticas y la conferencia de Estados Partes a los convenios de Ginebra se realizó (véase comunicado oficial de Suiza de diciembre del 2014).
Una iniciativa de Noruega
Resulta de interés observar que, de 193 Estados Miembros de Naciones Unidas, haya sido Noruega la que ideó esta iniciativa de solicitar una opinión consultiva a la CIJ de manera aislada en un primer momento, gestionándola con un éxito notable por parte de su aparato diplomático.
Cabe precisar que esta gestión fue oficialmente anunciada el 29 de octubre del 2024 en Oslo (véase comunicado oficial), y que su tramitación expédita en Naciones Unidas pareciera evidenciar un gran apoyo a esta acción.
. a. La fecha escogida
La fecha del 29 de octubre del 2024 coïncidió con la adopción formal de una ley en Israel para declarar ilegales las actividades de la UNRWA, lo cual desató una ola de repudio. Remitimos a nuestros estimables lectores, entre muchas posiciones oficiales de rechazo a la ley adoptada en Israel,
– al comunicado oficial del mismo Secretario General de Naciones Unidas, así como, entre muchos;
– al de cuatro Estados nórdicos en un comunicado conjunto así como por siete otros Estados entre los cuales Canadá, Francia, Japón y Reino Unido (véase comunicado conjunto).
«Adicionalmente, la legislación aprobada por la Knesset establece un precedente sumamente preocupante para el trabajo de las Naciones Unidas y todas las organizaciones del sistema multilateral y podría implicar un incumplimiento por parte de Israel de al menos una de las medidas provisionales impuestas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ)».
. b. Acusar de terrorismo sin aportar puebas
Es de recordar que las reiteradas acusaciones de Israel en contra funcionarios de la UNRWA (y contra la UNRWA en general) por sus presuntos vínculos con el Hamás, han dado lugar a un esfuerzo de la misma UNRWA para demostrar la falta de pruebas verificables que una y otra vez se observa por parte de Israel: este enlace de la UNRWA se titula precisamente «Claims vs. Facts», y su lectura se recomienda, en particular para quienes, en Costa Rica (así como en numerosas otras latitudes), se sienten casi siempre obligados a repetir lo que se lee en los comunicados oficiales de la Embajada de Israel en Costa Rica.
Acusaciones de terrorismo por parte de Israel sin aportar pruebas no debe impresionar mayormente, ya que es una práctica muy generalizada por parte de sus fuerzas de seguridad. En este reciente reportaje en Israel sobre cómo se acusa injustamente a mujeres palestinas de terrorismo por parte de órganos policiales (véase artículo titulado «For Israeli police, humiliating Palestinian woomen is a tool of collective repression», cuya lectura completa se recomienda), se lee que:
«Attorney Ashraf Hejazi, who represents Hijazi, spoke to +972 about the case. “When we arrived at the police station, they were unable to substantiate any terrorism-related charges, instead accusing her of endangering public safety,” he explained. “The court initially granted police a two-day extension to establish evidence for their accusations, but after two days in detention, she was released as police failed to produce any evidence supporting their claims.”
. c. Noruega: un gestor y un líder indiscutible
Las declaraciones dadas por el representante de Noruega en Naciones Unidas luego del voto del 19 de diciembre (véase video disponible en este enlace oficial de Naciones Unidas) revisten especial interés. Unas horas antes, al presentar la iniciativa para someterla a la votación, el delegado de Noruega externó (véase texto completo de su intervención) que:
«Norway, a founding member of the United Nations, believes that we cannot remain passive witnesses to what may come to be seen as a frontal attack on the Organization of the United Nations and on the multilateral system itself, with immense humanitarian consequences.
Let us act, therefore, with dispatch and determination to uphold the principles of the Charter of the United Nations and to prevent further suffering in the region».
La pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ante la situación catastrófica que se vive en Gaza y las imágenes del drama indecible al que Israel ha sometido deliberadamente a la población civil palestina desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 en abierta violación a las obligaciones que se imponen a todo Estado Miembro de Naciones Unidas … ¿dónde es que estaban todos los demás miembros fundadores de Naciones Unidas?
Un ejercicio precedido por otro anterior dado a conocer en julio del 2024 con una Costa Rica bastante sorprendente.
Hay que recordar que el 19 de julio del 2024, la CIJ ya había dictaminado una opinión consultiva sobre la colonización y la ocupación ilegales del territorio palestino por parte de Israel, que tuvimos la ocasión de analizar en cuanto a sus alcances, así como en cuanto a las diversas reacciones oficiales de algunos Estados al conocer su contenido, mutismo de Estados Unidos y de Canadá incluidos (Nota 4).
Para nuestros estimables lectores en Costa Rica, cabe traer a la memoria que cuando la Asamblea General de Naciones Unidas acogió esta opinión consultiva en la votación de una resolución (véase texto) realizada el 18 de septiembre del 2024 y optó por declarar ilegal dicha colonización (véase comunicado oficial de Naciones Unidas), Costa Rica optó por abstenerse sin dar explicaciones de su voto a las demás delegaciones presentes en Nueva York (como sí lo hizo por ejemplo Guatemala en Centroamérica o bien Canadá, o en Europa, la delegación de Alemania así como la del Reino Unido y de Países Bajos). Dicho en otras palabras: «¿Usted se abstiene? Explíquese». El voto en contra explicado por el delegado de República Checa evidencia cómo un Estado plantea como suyos argumentos que en realidad reaparecen en las explicaciones de voto de otros Estados, siendo Estados Unidos el primero en usarlos.
La justificación del voto de Costa Rica en cambio apareció posteriormente en un comunicado oficial colgado por el aparato diplomático costarricense, invocando razones de índole … comercial ¿Como … así? Como se lee: véase al respecto una nota nuestra publicada en su acápite «Algunas breves acotaciones con respecto a la ‘justificación’ aportada oficialmente por la diplomacia costarricense» (Nota 5). De manera a no causar mayor sonrojo al ya provocado, evitaremos reproducir estas acotaciones.
Siempre para nuestros lectores costarricenses, debe también recordarse que la opinión consultiva que fue dada a conocer el 19 de julio del 2024 por la CIJ resultó de una votación acaecida en los últimos días del año 2022 en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que se registró a Costa Rica votando en contra, conjuntamente con Guatemala en América Latina (Nota 6). En aquella oportunidad, la delegación costarricense tampoco consideró oportuno explicar su voto ante las demás delegaciones presentes en Nueva York. Con lo cual el sonrojo de septiembre del 2024 puede ser relacionado al rubor de diciembre del 2022.
La técnica del mutismo de la delegación costarricense no pareciera ser monopolio de sus diplomáticos en Nueva York: también se observó en abril del 2024 por parte de la delegación de Costa Rica en Ginebra, al abstenerse en una votación del Consejo de Derechos Humanos solicitando urgentemente un embargo sobre las armas a destinación de Israel (véase nota del 5 de abril del 2024 del medio digital Delfino.cr). Sonrojo, rubor, pasando por un profundo malestar entre los dos es lo que deja esta secuencia.
Como bien es sabido, sea en Ginebra o en Nueva York, todo delegado a la hora de votar a favor de un texto, o bien en contra (o bien abstenerse), tiene siempre la posibilidad de explicar a las demás delegaciones lo que motivó la posición del Estado que representa (lo que se denomina en la jerga diplomática «explicación de voto»).
No está de más indicar que al poco tiempo de cumplirse un año desde el 7 de octubre del 2023, Costa Rica anunció la reanudación de sus negociaciones con Israel de cara a la adopción de un tratado de libre comercio (véase nota de Amelia Rueda del 18 de octubre del 2024). Unos meses antes, en marzo del 2024, un reportaje de la televisión costarricense (véase nota) hizo ver que reservistas israelíes pasan de la paradisiaca playa de Santa Teresa en Cóbano a combatir en Gaza en cuestión de pocas horas, lo cual puede plantear algunas interrogantes muy válidas. Y de paso arrojar algunas pistas sobre lo que pudo motivar la sorprendente mención hecha de Costa Rica y de Irán en una sola frase por parte del Primer Ministro de Israel en uno de sus viajes a Estados Unidos en el 2017 (véase nota de La Nación): «hablamos de Costa Rica o de Irán» (sic.). A la fecha, no se conoce de algún tipo de explicación sobre tan extraña asociación, hecha en la mente del Primer ministro de Israel.
Recientemente, Costa Rica, por alguna razón consideró oportuno negociar un acuerdo bilateral en materia ambiental con las actuales autoridades de Israel y … anunciarlo en plena cumbre mundial: durante la reciente COP29 celebrada en Bakú, Azerbaiyán, Costa Rica sorprendió a muchos al anunciar la firma de un Memorandum de Entendimiento (MoU) con Israel en materia ambiental (véase comunicado oficial de sus autoridades ambientales del 13 de noviembre y comunicado oficial de sus homólogas en Israel). En reacción, Costa Rica obtuvo el poco decoroso galardón de «Fósil del Día» otorgado por organizaciones ecologistas internacionales indignadas (véase artículo publicado en el semanario Ojoalclima, cuya parte final exhibe a las autoridades costarricenses en su súbita negativa a dar explicaciones).
El voto en breve acaecido el 19 de diciembre del 2024
Más allá de las extrañezas que a veces se descubren leyendo la prensa sin que se sepa muy bien de donde pueden provenir tantas coincidencias, lo cierto es que Israel y su incondicional aliado norteamericano no escatimaron en sus esfuerzos en aras de obtener un número significativo de votos en contra el19 de diciembre del 2024 en Nueva York: sus efectos fueron bastante relativos, y la iniciativa de Noruega prosperó exitosamente, y ello sin mayor dificultad.
El registro del voto indica que este 19 de diciembre del 2024, el texto propuesto contó con una amplia mayoría de 137 votos a favor, 12 en contra, y 22 abstenciones. Con lo cual, las diversas presiones ejercidas por Israel y por Estados Unidos se limitaron a recoger 10 votos en contra únicamente, entre los cuales los de Argentina, Hungría, Paraguay, República Checa y algunos integrantes adicionales de la denominada «coalición» con la que siempre puede contar Israel en este tipo de contiendas diplomáticas. El término «coalición» resulta impropio y está deliberadamente colocado entre comillas, dadas las características muy propias de este pequeño grupo de Estados (en su mayoría Estados isleños del Pacífico) al que recurren con frecuencia Israel y Estados Unidos para disimular su aislamiento en Naciones Unidas (Nota 7).
El detalle del voto también puede revisarse en este video de YouTube, en el que se observa un tiempo de dudas en algunas delegaciones antes de decidir su voto en los últimos segundos. Entre los 22 Estados que optaron por la abstención figuran únicamente por América Latina, Panamá y Uruguay, acompañados en el hemisferio americano por Canadá.
Costa Rica votó esta vez a favor, conjuntamente con 136 otros Estados, entre los cuales cabe destacar el voto afirmativo de China, Francia, Reino Unido y Rusia. Alemania votó también a favor (véase la explicación de su voto por parte de su representante en Nueva York). Entre las abstenciones algo sorpresivas observadas en Europa, figura la de Grecia.
La pregunta formulada a la CIJ
En la propuesta de Noruega que circulaba desde varias semanas en Naciones Unidas (véase texto del proyecto A/79/L.28/Rev.1), se lee el punto 10 de la siguiente manera, con una inusitada expresión de «con carácter prioritario y con la máxima urgencia» que esperamos logre inspirar a los jueces de la CIJ en aras de tramitar de manera más expédita esta solicitud urgente:
«10. Decide, de conformidad con el Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, solicitar a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el Artículo 65 del Estatuto de la Corte, con carácter prioritario y con la máxima urgencia, que emita una opinión consultiva sobre la cuestión que se indica a continuación, teniendo en cuenta las normas y principios del derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, las prerrogativas e inmunidades aplicables en virtud del derecho internacional a las organizaciones internacionales y a los Estados, las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, la opinión consultiva de la Corte de 9 de julio de 2004 y la opinión consultiva de la Corte de 19 de julio de 2024, en que la Corte reafirmó el deber de la Potencia ocupante de administrar el territorio ocupado en beneficio de la población local y afirmó que Israel no tiene derecho a la soberanía sobre ninguna parte del Territorio Palestino Ocupado ni puede ejercer poderes soberanos en él debido a su ocupación:
¿Cuáles son las obligaciones de Israel, como Potencia ocupante y como miembro de las Naciones Unidas, en lo que respecta a la presencia y las actividades de las Naciones Unidas, incluidos sus organismos y órganos, otras organizaciones internacionales y terceros Estados en el Territorio Palestino Ocupado y en relación con él, incluida la garantía y facilitación de la provisión sin trabas de los suministros que se necesitan con urgencia y son esenciales para la supervivencia de la población civil palestina, así como de servicios básicos y asistencia humanitaria y para el desarrollo, en beneficio de la población civil palestina y en apoyo del derecho del pueblo palestino a la libre determinación?»
Tal y como se puede observar, la pregunta ha sido formulada en términos sumamente ámplios de manera que pudiera permitir reunir la mayor cantidad de votos a su favor.
A la vez, esta formulación permitirá sin lugar a dudas a los jueces de la CIJ disponer de una gran libertad a la hora de redactar su respuesta a la Asamblea General.
El aislamiento de Israel en el seno de la comunidad internacional
Este nuevo fracaso de las diplomacias de Israel y de Estados Unidos se dió en un contexto particularmente desfavorable para la imagen de Israel, para la diplomacia israelí y para los diversos círculos afines que gravitan en defensa de Israel.
Este informe de Human Rights Watch dado a conocer el mismo19 de diciembre del 2024, detalla el uso del faltante de agua como arma de guerra en Gaza por parte de Israel, confirmando para los investigadores de esta reconocida ONG su intención genocida en Gaza.
Al respecto, el pasado 4 de diciembre, el genocidio en curso en Gaza iniciado desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 fue confirmado en un contundente informe de otra reconocida ONG Amnistía Internacional, antecedido en octubre por el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas titulado “El genocidio como supresión colonial «, precedido de su informe de julio titulado “Anatomía de un genocidio”: la muy escasa difusión en medios de prensa internacionales de estos informes plantea interrogantes muy válidas.
Adicionalmente a ello, las diversas acciones militares injustificadas tanto en el Líbano por parte de Israel desde mediados de septiembre, como en Siria desde inicios de diciembre del 2024, parecieran responder a un intento bastante sutil para desviar la atención mediática internacional de lo que ocurre en Gaza y en Cisjordania. El hecho que el ataque sorpresivo con explosiones de un gran cantidad de beepers en el Líbano fuera perpetrado por Israel el 17 de septiembre, días antes de iniciar el segmento de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas (24 de septiembre) es un indicador al respecto.
Con relación a los 188 periodistas que han sido asesinados deliberadamente por Israel desde el 7 de octubre del 2023 en Gaza (a un ritmo de más de 11 profesionales de la comunicación asesinados por mes), se esperaría que el Colegio de Periodistas de Costa Rica externe algún tipo de expresión de pesar o de condena al actuar de Israel: tuvimos el 8 de diciembre del 2024 la ocasión de externar este pedido públicamente, desde un medio radial costarricense, durante la emisión del Programa Interferencia de Radio UCR titulada «Gaza / Israel y el cerco de la justicia internacional que se cierra» (véase enlace).
En cuanto al cierre solicitado desde Israel contra el medio de prensa más antiguo existente en Israel (Haaretz) a finales del mes de noviembre del 2024, el silencio de muchos (en particular fuera de Israel…) dijo mucho sobre su real compromiso con la defensa de la libertad de prensa (véase nota de CNN del 24 de noviembre). Invitamos nuestros estimables lectores a buscar en la red ya sea condenas ya sean manifestaciones gremiales de repudio al intento de acallar la voz crítica de Haaretz en sus respectivos países.
Los dos nuevos aliados indefectibles de Israel en América Latina
Más allá de la omisión de algunos círculos usualmente muy atentos a las amenazas e intimidaciones veladas o asesinatos que pueden sufrir profesionales de la comunicación en su labor informativa, esta votación acaecida el 19 de diciembre en Nueva York confirmó el pronunciado aislamiento de Israel en el seno de la comunidad internacional: en América Latina, dos Estados en este 2024 logran no obstante maquillar levemente esta situación, a saber Argentina y Paraguay.
Con relación a América Latina, Argentina así como Paraguay están en estos meses del 2024 y del 2025 sustituyendo a las pequeñas islas del Pacífico tradicionalmente muy atentas a las solicitudes de Israel (Islas Fidji, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea y Tonga), conformando desde varios años en Naciones Unidas la única «coalición» para acompañar a Israel y a Estados Unidos en este tipo de ejercicios dentro de Naciones Unidas.
Con respecto a Argentina, no está de más recordar un hecho bastante inusual observado en Naciones Unidas, cuando las actuales autoridades argentinas optaron el pasado 30 de octubre por destituir a su máxima autoridad diplomática, luego de que ésta instruyera a su delegación en Naciones Unidas a votar en favor de un proyecto de resolución (véase texto) solicitando levantar el embargo contra Cuba (véase nota de ElPais/España): en esta ocasión, únicamente Estados Unidos e Israel votaron en contra, al tiempo que 182 votaron a favor (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). Esta misma soledad extrema de Estados Unidos e Israel se observó en noviembre del 2023, con en aquella oportunidad 187 votos a favor (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).
Es de notar que en el caso de otro Estado que se mostró sumamente cercano a Israel en años recientes (Brasil), sus servicios de inteligencia descubrieron la existencia de una nube electrónica que está albergada en un servidor en Israel con datos privados de más de 30.000 brasileños (véase esta nota de prensa de ElDiario /Argentina, del mes de enero del 2024): se trata muy probablemente de uno de los efectos de la denominada «asociación estratégica» con Israel anunciada en el 2018 por el entonces mandatario brasileño al iniciar su mandato (véase nota de France24).
Nótese que el 21 de diciembre del 2024, se informó que un juez de California rechazó una apelación, abriendo ahora sí la posibilidad de llevar ante la justicia a la empresa israelí NSO, especializada en la colocación de software espías en aplicaciones de uso general como la muy popular aplicación de WhatsApp (véase nota de la agencia de noticias Reuters del 21 de diciembre del 2024 y nota de The Guardian).
A modo de conclusión
Este nuevo fracaso de las diplomacias de Israel y de Estados Unidos en Naciones Unidas del 19 de diciembre vino a confirmar el profundo aislamiento de ambos en el seno de la comunidad internacional, observado 48 horas antes en una votación abrumadora en la que frente a 172 votos a favor, Israel y Estados Unidos solamente lograron reunir a cinco módicos votos, uno de ellos siendo el de Argentina (Nota 8).
Más allá de las decisiones insólitas del nuevo ocupante de la Casa Blanca que se observan de manera reiterada desde el 20 de enero del 2025 con relación a Gaza y a Israel, y que tieneden a aislar un poco más a Estados Unidos e Israel en el seno de la comunidad internacional, esta solicitud de opinión consultiva a la CIJ planteada por Noruega constituye una nueva tentativa en aras de aplicar a Israel las normas que rigen a los Estados en el ordenamiento jurídico internacional, que Israel viola de manera reiterada en el territorio palestino ocupado, manteniendo la calidad de Estado Miembro de Naciones Unidas.
El sostenido uso del veto por parte de la delegación norteamericana para proteger a Israel en el seno del Consejo de Seguridad desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 ha impedido que este órgano pueda tomar sanciones contra Israel.
Con relación a la justicia internacional y en particular a otra jurisdicción que también tiene su sede en La Haya, es de señalar que el 18 de diciembre del 2024, la Sala de Apelaciones de la CPI acordó un pequeño plazo para la presentación de escritos por parte del Fiscal de la CPI ante una tardía solicitud hecha por Israel (véase decisión de la CPI). Esta gestión de Israel intentaba, de manera un tanto desesperada, restarle válidez a las órdenes de arresto contra dos de su máximas figuras, confirmadas el 21 de noviembre por la Sala de lo Preliminar de la CPI luego de 6 largos meses de examen cuyos alcances tuvimos la ocasión de analizar en su momento (Nota 9).
Es tal el enseñamiento de Israel en contra de la población civil de Gaza, y es tal la voluntad deliberada de contaminar y destruir los suelos, las fuentes de agua, y las formas diversas de subsistencia como lo son huertas y campos de cultivo, reservorios naturales de agua, cobertura vegetal y demás elementos naturales que sostienen la vida, que desde el 18 de diciembre del 2024, sin que se mencione expresamente lo que ocurre en Gaza, circula un proyecto general de la CPI sobre crímenes ambientales (abierto a la recepción de comentarios y observaciones: véanse documento y comunicado oficial de la CPI).
– – Notas – –
Nota 1: Véase BJORGE E., «The General Assembly Must Protect UNRWA by Requesting a Binding Advisory Opinion», EJIL Talk, edición del 29 de octubre del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: las órdenes de arresto de la CPI contra el Primer Ministro y (ex) Ministro de Defensa de Israel y contra un dirigente del Hamás. Alcance y perspectivas», 21 de noviembre del 2024. Texto disponible aquí. Además de la extrañeza del contenido del comunicado oficial de Costa Rica, Francia externó un comunicado oficial sumamente cuestionable: véase al respecto MAISON R., «France, l´amitié avec Israël comme excuse de la violation du droit international», Oriente XXI, édición del 19 de diciembre del 2024. Texto disponible aquí.
En una nota que editamos a destinación del público de habla francesa sobre las órdenes de arresto confirmadas por la CPI el pasado 21 de noviembre, y titulada «Gaza / Israël : la portée des mandats d’arrêt délivrés récemment par la Cour Pénale Internationale (CPI) et la surprenante réaction officielle de la France» nos permitimos explicar que:
«Cette ligne jurisprudentielle appliquée aux visites de chefs d´Etat étrangers en France mérite une explication un peu moins juridique que nous allons tenter de donner : on peut serrer la main de tout chef d´Etat étranger sur le perron de l’Elysée, y ajouter les accolades de rigueur, sourires affables et poses devant les journalistes, et ce chef d’Etat bénéficie sur le territoire de la France de l’immunité accordée à tout chef d’Etat. Et ce même si il est suspecté de commettre un génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou d’autres violations graves des droits de l´homme. A la question que toute personne peut légitimement se faire «Mais,… ils sont nombreux ces chefs d’Etat étrangers?», on peut répondre qu’il y en a effectivement un bon nombre. Par contre, et dans ce cas le nombre est bien moindre, lorsque ces accusations ont été soigneusement examinées et méticuleusement documentées par le Procureur de la CPI, puis revues méthodiquement par trois juges de la CPI, et que ce chef d’Etat étranger fait finalement l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une Chambre préliminaire de la CPI, le droit international s’impose automatiquement aux autorités françaises en vertu du Statut de Rome : on procède alors à la capture de ce même chef d’Etat s’il se trouve en France par les autorités nationales compétentes, et on le remet sans tarder aux juges de la CPI à La Haye. Fini le temps des accolades devant les caméras».
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «La Suisse objet de pression de la part d´Israël: brève mise en perspective», Huffington Post, 21 de diciembre del 2014. Texto disponinle aquí.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», 19 de julio del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Gaza/Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Bolivia ante la CIJ», edición del 9 de octubre del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 6: Cabe recordar que la precitada opinión consultiva de la CIJ del 19 de julio del 2024 resulta de un proceso iniciado a finales del 2022, durante el cual Costa Rica votó en contra con Guatemala, sin darse mayores explicaciones sobre tan insólita posición de la delegación de Costa Rica en Naciones Unidas: véase al respecto BOEGLIN N., «América Latina ante la solicitud de opinión consultiva a la justicia internacional sobre la situación en Palestina», Portal de la UCR, edición del 13 de febrero del 2023, y en particular el acápite «El voto de los Estados de América Latina en este 2022: Guatemala y Costa Rica únicos en votar en contra». Texto disponible aquí.
Nota 7: Como ya viene siendo costumbre en este tipo de contiendas en Naciones Unidas, un observador reconocerá, entre los votos en contra, el pequeño «núcleo duro» de Estados que se oponen sistemáticamente a cualquier texto a favor de Palestina, y que incluía usualmente antes del 7 de octubre del 2023, a Australia, Canadá, Islas Marshall, Israel, Micronesia, Nauru, Palau y claso está, al incondicional aliado Estados Unidos. En general, este pequeño núcleo consigue atraer algunos votos ocasionales y circunstanciales (sea de Europa, de África y de América Central). Como ejemplo, entre otros muchos, cuando en noviembre de 2012 la Asamblea General reconoció a Palestina como «Estado observador no miembro«, adoptando la resolución A/Res/67/19 (138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones), a esta extraña asociación de Estados se unieron Panamá y la República Checa (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). De idéntica forma (9 votos en contra), en una votación en el seno de la Asamblea General sobre la obligación de no trasladar embajadas a Jerusalén que tuvo lugar en diciembre de 2017, reuniendo 128 votos a favor y 35 abstenciones (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas), cabe precisar que se trató de un texto muy similar objeto de una votación previa en el seno del Consejo de Seguridad, en la que Estados Unidos votó en contra de manera solitaria (veto) frente a 14 votos a favor (véase nota nuestra al respecto). Esta curiosa «coalición«, según el término utilizado por el Washington Post en 2012 (véase artículo), también se expresó en el 2021, durante la votación de la resolución A/RES/76/225 (véase texto), con sus 7 votos en contra, frente a 156 votos a favor y 15 abstenciones (véase detalle de la votación). Lejos de ser una alianza circunstancial, los lazos que unen a sus miembros parecieran ser los de un frente real, duradero y bastante sólido. En el año 2022, estos vínculos reaparecieron durante la votación de la resolución titulada «Arreglo pacífico de la cuestión de Palestina» A/77/L.26, adoptada el 30 de noviembre de 2022 por 153 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones (véase detalle de la votación durante la cual Hungría y Liberia se unieron a la mencionada «coalición«, habiéndose abstenido finalmente Australia). Este pequeño grupo puede, a veces, verse aún más reducido: una de las expresiones más modestas en número de votos de la llamada «coalición» (4 votos: Estados Unidos, Israel, Islas Marshall y Micronesia) es sin duda esta resolución votada en octubre de 2003 sobre la construcción del muro construido por Israel en territorio palestino, adoptada con 144 votos a favor y tan solo 4 en contra (véase el comunicado oficial de Naciones Unidas).
Nota 8: Véase BOEGLIN N., «Asamblea General de Naciones Unidas adopta por abrumadora mayoría resolución sobre libre determinación del pueblo palestino», texto disponible aquí.
Nota 9: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: las órdenes de arresto de la CPI contra el Primer Ministro y (ex) Ministro de Defensa de Israel y contra un dirigente del Hamás. Alcance y perspectivas», 21 de noviembre del 2024. Texto disponible aquí.
Manifestaciones contra el proyecto minero de Crucitas en Costa Rica. Imagen extraída del artículo titulado «Canadian groups tell gold company to ‘stop harassing’ Costa Ricans» (Bilaterals.org., edición del 17 de abril del 2013).
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
A modo introductivo
Durante el mes de octubre del 2024, las máximas autoridades de Costa Rica, algo entusiastas, anunciaron su intención de presentar un proyecto de ley para reabrir la minería química a cielo abierto en Cutris de San Carlos (véase nota del Semanario Universidad) y nota de prensa de El Observadorcr): el texto fue presentado y ya cuenta con numeral de Expediente Legislativo 24.717, disponible en la red.
Este expediente fue convocado formalmente por el Poder Ejecutivo el 26 de noviembre del 2024 (véase carta en la que se desconvocaron cuatro proyectos en trámite) y se presenta como una respuesta oficial a los daños ocasionados por la minería ilegal realizada por coligalleros desde varios años en la zona de Las Crucitas.
Nótese que, después de unas 30 páginas sobre las supuestas ganancias para Costa Rica que generaría el oro de Crucitas y las no menos supuestas «seguridades» de todo tipo que garantizaría una explotación minera por parte de una empresa privada, cuando se llega al detalle del texto de ley propuesto como tal (página 32) del Expediente 24.717, llama la atención la redacción del artículo 2 de este proyecto de ley. Este artículo se lee de la siguiente manera (y advertimos desde ya que es algo … extremadamente inventiva y original):
«… el Estado deberá procurar que las empresas permisionarias y concesionarias se comprometen a respetar la legislación con relación a derechos humanos, condiciones laborales justas, protección del medio ambiente y lucha contra la corrupción» (sic.).
¿Un Estado que «debe procurar» que empresas concesionarias se comprometan a respetar la legislación nacional costarricense? ¿Cómo así? Como se lee.
En lo personal, como para muchos otros colegas juristas, los detalles en los proyectos de ley revisten siempre un pronunciado interés: salvo error de nuestra parte, esta redacción debe corresponder al primer expediente legislativo en la historia de la Asamblea Legislativa en el que se precisa de tan singular manera lo que se espera del Estado costarricense y de las empresas privadas concesionarias. Desde ya, si alguno de nuestros estimables lectores tuviese en mente – o bien a mano – un expediente legislativo previo con tan original formulación, no dudar un solo instante en hacernos llegar una copia: ello para verificar si no estamos en realidad presenciando una verdadera «première» en toda la historia legislativa costarricense con el Expediente Legislativo 24.717.
Nótese que la tasa estatal sobre beneficios (o «royalties«) de las empresas mineras se fija en un 5% en el artículo 55 de este proyecto de ley, haciendo caso omiso del rango que va entre el 8% y el 26% a la que refiere el mismo proyecto de ley (página14) cuando refiere a la situación de las empresas dedicadas a la minería en Chile, cuya ley tributaria para actividades mineras adoptada en enero del 2024 (véase comunicado oficial de Chile) es la más reciente en el hemisferio americano.
Un súbito entusiasmo por la minería química a cielo abierto
Más allá del elevado nivel de creatividad de algunos asesores gubernamentales a la hora de elaborar un proyecto de ley, se trata de una nueva iniciativa que intenta levantar la prohibición general de minería química a cielo abierto, la cual fue adoptada por la Asamblea Legislativa en noviembre del 2010, a raíz del la polémica generada por el proyecto minero ubicado en Las Crucitas a partir de octubre del 2008: como se recordará este polémico proyecto fue declarado por el Poder Ejecutivo de aquel entonces «de interés público y conveniencia nacional» mediante un decreto, de manera sorpresiva e inconsulta.
El Expediente Legislativo 24.717 de octubre del 2024 no es el primero de este tipo. Un mes anterior (a mediados de septiembre del 2024), otra iniciativa legislativa muy similar (véase texto completo) vino a evidenciar el súbito interés y entusiasmo en la minería química a cielo abierto en Costa Rica por parte de algunos integrantes del Poder Legislativo. Anterior a este, podemos también citar el expediente 22.007 tramitado en el año 2020 (véase texto completo).
No está de más señalar, por parte del sector ecologista costarricense, una propuesta legislativa mucho más integral y abarcativa (y también más apegada a la técnica legislativa convencional) para contrarrestar estas súbitas iniciativas en favor de la minería en Cutris de San Carlos, algo inventivas: nos referimos al Expediente Legislativo 24.675 presentado formalmente el 28 de noviembre del 2024 en la corriente legislativa, y titulado «Ley para la Recuperación Sostenible de Crucitas y Creación del Polo de Desarrollo de la Región Huétar Norte» (disponible en la red). Su lectura permite observar que temas como las características del trópico húmedo en el extremo Norte de Costa Rica o como los costos socio ambientales de la minería química a cielo abierto, fueron … convenientemente omitidos por los entusiastas promotores de la minería en sus respectivos proyectos de ley.
Oro en el trópico húmedo: la posición de vanguardia de Costa Rica del 2010
Sobre estas características geográficas y metereológicas muy propias de la Zona Norte de Costa Rica, las justificaciones a la prohibición general obtenida en el 2010 a la minería química a cielo abierto en Costa Rica se encuentran en el Expediente Legislativo 15.948 del mes de septiembre del 2010 (véase texto en páginas 3-10), el cual fue aprobado por unanimidad en noviembre del 2010 (véase texto de la ley 8904 del 2 de noviembre del 2010): al leer estas justificaciones (y volver a leerlas), resulta un tanto sorprendente que más de 14 años, después, el entusiasmo de algunos sea tal … que se ignoren por completo en algunos círculos políticos costarricenses súbitamente convencidos para extraer oro en Costa Rica a gran escala.
Y resulta aún más sorprendente que se pase por alto que esta prohibición fue saludada en el ámbito internacional, al consolidar y confortar a Costa Rica como defensor de la prodigiosa biodiversidad ubicada en el trópico húmedo del planeta.
En el año 2017, en Centroamérica, El Salvador también optó por una regulación muy similar a la de Costa Rica del 2010 (véase texto).
En el 2023, fue México el Estado que modificó sustancialmente su código de minería luego de haber ratificado en el 2015 la Convención de Minamata (véase estado oficial de firmas y ratificaciones): se trata de un instrumento multilateral que impone serias restricciones al uso del mercurio para los Estados Partes (véanse informe y documento del 2023 elaborados por las autoridades ambientales mexicanas que debieran ambos de interesar a los legisladores de Costa Rica, al haber ratificado dicha convención Costa Rica en enero del 2017). En el istmo centroamericano, además de Costa Rica en el 2017, otros Estados también han ratificado este instrumento que busca limitar el uso del mercurio: Nicaragua (octubre del 2014), Panamá (septiembre del 2015), Honduras (mayo del 2017), El Salvador (junio del 2017), Belice (junio del 2023), al tiempo que Guatemala permanece sin haberlo ratificado (al igual que Venezuela en el resto de América Latina, y Haití que tan siquiera lo ha firmado). Salvo error de nuestra parte, no se conoce de una iniciativa regional a nivel centroamericano para combatir el comercio ilegal del mercurio. Un reportaje en Abangares realizado en Costa Rica por periodistas de investigación detalla el problema de salud pública alarmante que aqueja a esta comunidad costarricense, y que el Estado costarricense ignora (véase programa radial de Radio UCR – programa Interferencia- del 16 de septiembre del 2024, titulado»El mercurio que ni el Estado ve«).
Haciendo a un lado la indignante miopía de las autoridades sanitarias de Costa Rica en Abangares, un foro con especialistas costarricenses realizado el 16 de octubre del 2024 puso en evidencia el grave riesgo que implica el levantar, aún parcialmente, esta prohibición general que rige en todo el territorio de Costa Rica desde el 2010, así como la falta de regulaciones efectivas en Costa Rica con relación al uso, comercio, distribución y almacenamiento del mercurio: véase al respecto el video de este foro hospedado en la red del medio digital SurcosDigital, que fue organizado por entidades sociales y universitarias.
Desde la perspectiva internacional, el acuífero regional compartido entre Costa Rica y Nicaragua constituye otra seria limitante para extraer oro a escala industrial en la Zona Norte de Costa Rica: al respecto, nos permitimos referir a nuestros estimables lectores a este número especial sobre los acuíferos transfronterizos del 2012 del Boletín Geológico y Minero (España) y en especial a nuestra contribución titulada precisamente «Acuíferos transfronterizos: respuestas desde el derecho internacional y vacíos en Centroamérica«. Desde que en el 2008 los estudios de la empresa minera demostraron la existencia de un acuífero regional compartido entre Costa Rica y Nicaragua, no se conoce de iniciativa alguna conjunta entre ambos Estados para caracterizarlo y realizar los estudios pertinentes.
Un extraño comunicado oficial de Costa Rica dado a conocer el 15 de julio del 2024
Es dentro de este particular contexto que resulta oportuno recordar que, hace ya más de siete meses, el 15 de julio del 2024, en horas de la noche, Costa Rica emitió un comunicado oficial. En este comunicado oficial, se anunció, desde su mismo título, que «Costa Rica gana laudo interpuesto por Infinito Gold» (sic.): véase al respecto el texto de este comunicado de dos páginas, difundido en las diversas redes sociales.
Se recomienda la lectura integral de este comunicado, ya que, como se verá a continuación, contiene yerros de diversa índole y pasa por alto, de manera bastante evidente, un punto en particular, que se considera de enorme relevancia. Esta omisión cobra particular interés de cara a las precitadas iniciativas anunciadas en la Asamblea Legislativa (iniciativas que, al parecer, se fundamentan en yerros muy similares y en la misma omisión).
Un día después de difundido por las máximas autoridades de Costa Rica, éstas se abocaron a designar a los responsables de la situación actual en Crucitas a partir de simplificaciones y recurriendo a los mismos errores antes mencionados (véase nota de Elmundocr del 16 de julio del 2024).
Breve contexto sobre ambiente, autoridades costarricenses y algunas leyendas
Tuvimos la oportunidad, el 14 de agosto del 2024, de detallar algunas de las interrogantes que plantea el contenido del comunicado oficial del 15 de julio, así como la narrativa desplegada por las autoridades costarricenses desde que se difundió, con ocasión de un foro realizado por la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Costa Rica (TEC) en Cartago (véase volante), titulado «El ‘dudoso’ triunfo del Gobierno en Crucitas«.
Esta actividad fue precedida el mismo día por otro foro por la mañana, contando con la presencia de la prestigiosa y reconocida autora Ana Cristina Rossi (véase videodel foro), sobre la historia y la situación actual que se vive en el Caribe Sur en la región de Gandoca.
En ambos espacios, se hizo ver que ante denuncias y advertencias hechas hace más de 30 años (caso de Gandoca-Manzanillo) y hace más de 15 años (caso de la minería química en Costa Rica) pareciera que, ahora, Costa Rica cuenta con autoridades dispuestas a ignorarlas, a partir de un discurso oficial que distorsiona la realidad, interpreta de manera antojadiza la normativa aplicable, y estigmatiza a los ecologistas, buscando azuzar los ánimos. Todo ello acompañado de una intensa estrategia de comunicación desplegada en redes sociales.
Tuvimos, con relación a Gandoca Manzanillo, la ocasión de analizar desde el punto de vista legal la ocurrente idea de reducir sus límites, siendo uno de los 12 sitios internacionales en Costa Rica inscritos en la lista Ramsar (Nota 1)
Con relación a la minería, resulta oportuno indicar que un reportaje de un grupo de periodistas de investigación (véase artículo de La Voz de Guanacaste del 10 de septiembre del 2024) confirma lo siguiente: la afirmación que muchos en Costa Rica repiten y replican según la cual » los coligalleros se roban el oro para llevárselo a Nicaragua» es una leyenda más, de las numerosas que fomentan las actuales autoridades costarricenses y algunas de sus repetidoras locales (seguidores, pero también gremios profesionales y empresariales y sus «expertos«).
Una emisión radial del 16 de septiembre se dedicó a explicar los alcances de esta valiosa investigación periodística (véase emisión de Interferencias, de Radio UCR), así como el día siguiente en un programa radial matutino (véase video de la emisión Hablando Claro).
Con respecto a los supuestos recursos que generaría para el Estado costarricense la extracción de oro, existe otra leyenda muy persistente, confirmada en la precitada investigación periodística, la cual fue descubierta esta vez por dos talentosos periodistas del Semanario Universidad, desde el año 2020, revisando algunos rubros del Ministerio de Hacienda: véase el artículo titulado «Costa Rica exporta millones de dólares en oro que pagan cero impuestos«.
Haciendo a un lado las leyendas que circulan en Costa Rica alrededor del oro y los círculos que las difunden, la indefensión en la que se encuentran muchas organizaciones ecologistas e integrantes de pequeñas comunidades que alzan la voz ante los atropellos a la legislación ambiental resulta evidente. Con relación a las intimidaciones de todo tipo que sufren estas personas, la reciente comparecencia relacionada a la polémica del momento (Gandoca Manzanillo) de la máxima autoridad en temas de ambiente ante una Comisión de la Asamblea Legislativa el pasado 6 de agosto (véase video) denotó un desconocimiento bastante preocupante con relación a las amenazas recibidas en el Caribe Sur por activistas y miembros de organizaciones sociales: véase el «a mí no me consta» que se oye de su parte al minuto 1:52:01 y que repite en tres ocasiones. Cabe precisar que unos días antes de la comparecencia del titular de la cartera de ambiente en Costa Rica, la prensa se había hecho eco de amenazas (véase artículo del 2 de agosto del Semanario Universidad y nota anterior del 29 de julio del 2024). Un mes antes (finales de junio) otro ecologista del Caribe Sur había igualmente hecho públicas las amenazas recibidas en su contra (véase nota de Elpais.cr del 26 de junio del 2024). En agosto del 2022, un diputado costarricense que calificó de «terroristas» a ecologistas del Caribe Sur provocó un intercambio de notas de gran interés (véase nota de SurcosDigital del 31 de agosto del 2022).
Algunas observaciones iniciales sobre el título del comunicado oficial
Más allá de la selección, al parecer bastante limitada, a medios de prensa a la que pareciera tener acceso el actual despacho del Ministro de Ambiente y sus asesores, de entrada, cabe señalar que se desconoce si las personas que elaboraron el comunicado oficial de Costa Rica del 15 de julio del 2024 estaban conscientes del hecho que un Estado, oficialmente, no «gana laudo» en derecho internacional público, tal y como se tituló dicho comunicado oficial.
Una rápida búsqueda en la red, a siete meses de haberse difundido, permite confirmar que el único Estado en anunciar en un comunicado oficial que «gana laudo(s)» a nivel internacional es … Costa Rica (y ello desde la noche del 15 de julio del 2024).
Nótese que además de la prensa nacional, el titular de una nota de prensa de la DW (Alemania) refiere a la misma expresión, la cual es inédita en los anales del arbitraje de inversión de «ganar laudos» (véase nota), tal y como lo veremos en las líneas que siguen.
Algunos apuntes sobre el contenido del comunicado oficial
Los 14 párrafos del texto del comunicado oficial del 15 de julio del 2024 fueron circulados en la red social X (antiguo Twitter) de Casa Presidencial a una hora inhabitual: las 9:18 pm.
El error contenido en el título es acompañado de otros varios errores e imprecisiones en el texto. Tantos yerros en un comunicado evidencian la gran premura con la cual fue redactado este comunicado de prensa.
Pregunta: ¿a qué pudo haber respondido tanta premura?
Tratándose de una ya (algo avanzada) hora de la noche, puede que algo de cansancio acumulado explique, al menos en parte, una redacción tan errada como aproximativa.
Así por ejemplo, las acciones policiales en la zona de Las Crucitas que se anunciaron en este comunicado de prensa ponen en evidencia una comprensión bastante peculiar de lo que significa una demanda pendiente de resolución ante instancias arbitrales internacionales: en efecto, ninguna demanda limita el accionar de un Estado para frenar la comisión de ilegalidades con sus fuerzas policiales en alguna parte de su territorio.
De igual manera, es totalmente ajeno a la realidad el sostener (como se lee en este comunicado oficial del 15 de julio del 2024) que coligalleros provenientes de Nicaragua llegaron al sitio desde el mismo año 2010.
Por otra parte, el uso de la expresión «presuntas ilegalidades» denota un desconocimiento profundo de las decisiones de la justicia costarricense: ¿»presuntas» resultan ahora la ilegalidades debidamente constatadas y confirmadas de este proyecto minero en dos ocasiones por la justicia costarricense ? ¿»presuntas» cuando se detectaron, documentaron y confirmaron como tal en el 2010 (Tribunal Contencioso Administrativo) y luego nuevamente en el 2011 (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) con una decisión tomada por unanimidad de sus integrantes? Como gran parte de la defensa legal de Costa Rica contra Infinito Gold ante los tres árbitros reposó sobre la constatación de ilegalidades por parte de la justicia costarricense, el uso del adjetivo «presuntas» resulta bastante sorprendente en este comunicado y sería de interés conocer el origen exacto de tan insólito adjetivo utilizado en este comunicado oficial. No está de más señalar que la decisión de la justicia del 2011 fue objeto de intentos (algo desesperados …) por parte de algunos geólogos apoyados por una desconocida entidad trabajando en temas de derechos humanos que no fructificaron mayormente: véanse esta sentencia y esta otra de la Sala Primera de la Corte Suprema rechazando sus intentos de revocatoria del noviembre del 2011.
Finalmente, pese a haber pasado ya siete meses desde su difusión, se espera (aún…) conocer el texto integral de la decisión de la terna arbitral para poder verificar si realmente concluyó esta decisión con lo que se señala con relación a que «era improcedente adjudicar daños a favor de la empresa Infinito Gold Ltda» (sic.).
Al haber sido este comunicado elaborado en la Presidencia, y no en el ente a cargo de la defensa legal de Costa Rica ante instancias arbitrales (la cartera ministerial de comercio exterior), estas graves imprecisiones plantean algunas interrogantes.
El hecho que se indique en este comunicado que «El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, viajará a primera hora de este martes a Crucitas para coordinar personalmente el operativo» denota la prioridad absoluta acordada por las autoridades al operativo policial en su estrategia de comunicación: un operativo policial que, como indicado previamente, pudo haberse realizado desde mucho antes, sin necesidad de esperar ninguna notificación desde una instancia arbitral internacional.
Un único comunicado oficial
Por el momento (al 19 de febrero del 2025), no se ha hecho ningún anuncio oficial por parte del Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (CIADI) al respecto, ni se ha dado a conocer el texto de la decisión notificada a Costa Rica el 15 de julio que motivó el comunicado oficial de Casa Presidencial.
Por parte de la empresa minera canadiense Infinito Gold, se había colgado en un sitio especializado jurídico un comunicado de prensa, con fecha del 20 de junio del 2024, de esta empresa minera canadiense, que textualmente señala (véase enlace) que:
«Infinito Gold Ltd. (NEX: IG.H) announces it has agreed with Costa Rica to discontinue its application for partial annulment of the World Bank Group’s International Centre for the Settlement of Investment Disputes (“ICSID”) Tribunal’s failure to award damages to Infinito Gold in the ICSID June 3, 2021 Arbitration Award. Infinito Gold’s application for partial annulment of the Arbitration Award was previously announced in Infinito Gold’s news release dated October 8, 2021«.
En un sitio especializado sobre arbitraje de inversiones de CIARGlobal (véase nota del 24 de junio del 2024), la empresa minera canadiense Infinito Gold parecía efectivamente estar desistiendo del caso en el trámite pendiente ante el CIADI contra Costa Rica.
El uso del condicional se debe al hecho que, al menos oficialmente, nada había aún trascendido oficialmente desde el 24 de junio por parte del CIADI.
La «lobreguez» por parte de las autoridades a la que refiere este titular de un artículo publicado el 28 de junio por el Semanario Universidad confirmaba la necesidad de uso del condicional, no sin plantear dudas muy válidas la expresión «acompañamiento de Costa Rica» que menciona la Vice Ministra de comercio exterior en esta nota periodística de este medio de prensa universitario. “Acompañar” a una empresa minera canadiense para que desista de una demanda por 394,8 millones de US$ algo debe significar en la mente de la Vice Ministra, sin que se sepa muy bien qué exactamente. Lo que se sabe es que Costa Rica «acompaña» a Infinito Gold, como único dato que ha trascendido por parte del aparato estatal costarricense. ¿»Acompañar«? Como se lee: acompañar.
Una extraña e inexplicada omisión persistente luego de siete meses
Ahora bien, el anuncio oficial por parte de las autoridades costarricenses del 15 de julio del 2024 omite por completo señalar que la empresa minera ha desistido de la demanda, lo cual en sí resulta más que sorprendente.
Si la empresa ha desistido, sería de interés conocer a cambio de qué exactamente, en particular si se tiene en mente que el 15 de junio en el comunicado de la empresa minera canadiense precitado se señala que el desistimiento fue acordado con las autoridades de Costa Rica:
«Infinito Gold Ltd. (NEX: IG.H) announces it has agreed with Costa Rica to discontinue its application for partial annulment«.
Llama la atención el hecho que numerosos medios de prensa en Costa Rica hayan reproducido los términos del comunicado oficial (tanto su título como parte de su contenido) durante el día 16 de julio, sin tomarse el tiempo de contraponerlos con la información disponible sobre este preciso caso. Aquí también resulta hacerse la misma pregunta hecha anteriormente: ¿a qué pudo haber respondido tanta premura?
Como bien se sabe, el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) es el ente a cargo de llevar a cabo la defensa de Costa Rica ante el CIADI, mediante la contratación de firmas privadas de abogados especializadas norteamericanas o europeas: en este preciso caso, se trata de la firma Arnold & Porter Kaye Scholer. En el sitio oficial de esta firma privada, se lee un comunicado oficial del 17 de julio del 2024, sobre una «victoria» de la firma, en representación de Costa Rica (véase texto), en el que se indican aspectos que matizan lo leído en el precitado comunicado oficial de Costa Rica, al señalar que en realidad, fue la empresa la que decidió desistir de la demanda:
«However, a few days after Costa Rica submitted its final written submission, Infinito decided to withdraw its annulment claims with prejudice. Accordingly, the annulment Committee confirmed the discontinuance of the proceeding on July 15, 2024, thus definitively concluding the dispute and cementing the significant victory that Arnold & Porter had obtained on behalf of Costa Rica in the underlying ICSID arbitration.»
Tratándose de la firma escogida por COMEX para defender los intereses de Costa Rica ante el CIADI, los datos proporcionados revisten cierto interés, pero deben ser considerados con cierta cautela hasta no estar accesible al público la decisión final de los tres árbitros del CIADI sobre «discontinuar» el procedimiento. Llevamos siete meses y ninguna autoridad costarricense ha considerado oportuno poner a disposición del público esta decisión.
Volviendo al texto del comunicado oficial de Costa Rica, es de notar desde ya que la decisión de «discontinuar» un procedimiento en el CIADI no da lugar a ningún «laudo» por parte de los árbitros, como se sugiere en dicho comunicado oficial del 15 de julio del 2024: se trata de un episodio que culmina con una sencilla ordenanza procesal (en inglés «order«) en la que se confirma que ambas partes acordaron ambas «discontinuar» el litigio: véase por ejemplo la ordenanza procesal de tan solamente dos páginas en el caso No. ARB/21/43 del 24 de marzo del 2022 contra España y esta otra ordenanza de 10 páginas en el caso ARB/20/17 contra Zambia dada conocer en septiembre del 2023).
Para el lector poco familiarizado con el arbitraje de inversión, hay que recordar que ya en ocasiones anteriores, se evidenció la manera bastante peculiar de «informar» por parte de las autoridades nacionales con respecto a la tramitación de esta demanda interpuesta por la empresa minera canadiense Infinito Gold contra Costa Rica en el 2014, así como a la de otras demandas de este tipo (Nota 2).
Breve puesta en contexto
Más allá de las razones para omitir en un comunicado oficial del 15 de julio del 2024 que la empresa minera y Costa Rica acordaron solicitar «discontinuar» la demanda, tal y como lo informó la misma empresa minera canadiense, lo cierto es que este litigio ante el CIADI remonta a varios años.
Como se recordará, en un primer momento, la empresa minera remitió en abril del 2013 una comunicación (véase textocolgado en el sitio especializado de Italaw), advirtiendo a las autoridades de Costa Rica de una posible demanda. Nótese que se lee en una parte de la misiva una referencia al proyecto minero de Las Cristinas (ubicado en Venezuela), lo cual evidencia la premura con la que fue redactada:
«Contrary to these legitimate expectations, lndustrias Infinito has not been treated fairly, transparently or consistently, and finds itself in a situation of complete legal insecurity that prevents it from further developing the Las Cristinas Project«.
En febrero del 2014, la empresa minera presentó formalmente ante el CIADI una demanda por Costa Rica por 94 millones de US$ (véase texto de la demanda, y monto indicado en el párrafo 110 de la misma). La cifra pretendida por Infinito Gold se modificó con el pasar de los años, sin que se conozcan muy bien las razones, y terminó finalmente en los 394,8 millones de US$ a los que alude el comunicado oficial del 15 de julio del 2024 de Costa Rica.
El 4 de junio del 2021, el CIADI dio a conocer un laudo arbitral parcialmente favorable a Costa Rica (véase texto) en respuesta a la demanda presentada por la empresa minera canadiense Infinito Gold en febrero del 2014. En el párrafo 799 se leía que el tribunal:
«c.DECLARA que, al sancionar la Prohibición Legislativa de la Minería de 2011 e implementarla por medio de la Resolución del MINAET de 2012, la Demandada ha incumplido su obligación en virtud del Artículo II(2)(a) del TBI de otorgar a las inversiones de la Demandante un trato justo y equitativo;
d.DETERMINA que no puede otorgar compensación por daños por este incumplimiento«;
En este artículo publicado por el Semanario Universidad de julio del 2021 (véase texto) en el que se menciona la participación de ilustres juristas costarricenses que aparecen como testigos de la empresa minera, se lee una inusual arremetida semántica, raramente leída en un medio de prensa en Costa Rica:
«Jurídicamente y lógicamente es una tontería; sencillamente es una estupidez«.
Un magistrado y una magistrada de la Sala IV durante la conferencia de prensa improvisada con ocasión de la vista realizada en setiembre del 2009 en el sitio del proyecto minero Crucitas, con la camiseta de Industrias Infinito como sobre de mesa para las cámaras, extraída de esta nota titulada «Crónica de la dignidad y el valor de Crucitas», del blog «Fuera de Crucitas» (y cuya lectura se recomienda).
Este laudo de un tribunal arbitral del 4 de junio del 2021 fue luego objeto de una solicitud de anulación parcial por parte de la empresa minera canadiense en octubre del 2021, que tuvimos la ocasión de analizar en una nota anterior al constituirse la terna arbitral en los primeros días del año 2022: véase nuestra nota titulada «Infinito Gold vs. Costa Rica: conformación de un Comité del CIADI para examinar la solicitud de nulidad del laudo arbitral presentada por la empresa minera» del 18 de enero del 2022.
Es de notar que el texto integral de la solicitud de anulación parcial de 25 páginas, con fecha del 1ero de octubre del 2021, puede ser revisado en este enlace: posiblemente haya sido divulgado y colgado en la red por unas de las personas que lo firman, al tratarse de documentos que el CIADI usualmente mantiene en reserva absoluta. En el párrafo 49, se lee que para los abogados de Infinito Gold,
«49. The Tribunal’s decision not to award damages should be annulled, because the Tribunal:
(a)seriously departed from a fundamental rule of procedure, contrary to Article 52(1)(d) of the ICSID Convention; and
(b)failed to state the reasons on which its Award was based, contrary to Article 52(1)(e) of the ICSID Convention«.
Las autoridades costarricenses ante la llegada de coligalleros al sitio de Las Crucitas
Mientras Infinito Gold presentó esta solicitud parcial de anulación del laudo arbitral del 4 de junio del 2021, la situación en el sitio de Las Crucitas se fue deteriorando debido a la llegada masiva de coligalleros informales: a inicios del 2022, se informó de una fuerte condena por parte de la Sala Constitucional a las autoridades costarricenses en razón de la falta de medidas para frenar significativamente la actividad ilegal de coligalleros, cuya presencia se detectó a finales del año 2017 en Las Crucitas, así como en razón de la creciente contaminación con mercurio de los cuerpos de agua en la zona (véase nota de prensa del Semanario Universidad del 11 de enero del 2022): le lectura de la sentencia 20047-2021 evidencia el errático accionar del Estado costarricense, ya observado en ocasiones anteriores en materia minera (Nota 3).
Con relación a las acciones del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica para controlar el ingreso desde Nicaragua y la actividad de estos coligalleros, se indica en esta sentencia que sus primeras operaciones datan de enero del 2019. Lo cual viene a confirmar la falsedad de la afirmación contenida en el comunicado oficial del 15 de julio indicando que coligalleros provenientes de Nicaragua llegaron a partir del 2010.
Desde el 2020, varios informes técnicos fueron publicados haciendo ver la magnitud de la contaminación con mercurio (véase por ejemplo este muy completo informe del MINAE de enero del 2020 y este artículo del Semanario Universidad del 9 de septiembre del 2020).
Las primeras denuncias por parte de entidades ecologistas fueron dadas a conocer en diciembre del 2018 (véase nota de prensa de CRHoy del 21 de diciembre del 2018).
No resulta de más señalar que el Plan de Emergencia de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) por contaminación con mercurio en la zona es del mes de mayo del 2023 (véase documento oficial).
De algunos detalles
Como señalado al inicio de estas reflexiones, aún no se tiene por parte del CIADI acceso a la última decisión tomada por los tres árbitros del tribunal arbitral. Por alguna razón – que sería de interés conocer – ni Casa Presidencial ni tampoco COMEX han considerado oportuno colgar, en más de siete meses desde el anuncio oficial del 15 de julio, en alguna parte de la red, el texto integral de la decisión que fue notificada a Costa Rica en esa misma fecha.
Únicamente se precisa en los detalles procesales del caso disponible en el sitio oficial del CIADI (véase enlace) que los dos últimos episodios procesales datan del 14 de junio del 2024 y del 15 de julio respectivamente:
June 14, 2024
The parties file a request for the discontinuance of the proceeding pursuant to ICSID Arbitration Rules 53 and 43(1).
July 15, 2024
The ad hoc Committee issues an order taking note of the discontinuance of the proceeding pursuant to ICSID Arbitration Rules 53 and 43(1).
Si, tal como se indica desde el sitio oficial del CIADI, ambas partes (Infinito Gold y Costa Rica) – y no solamente una (Infinito Gold) – han solicitado el 14 de junio del 2024 que el caso sea objeto de algún tipo de suspensión o si la empresa ha decidido definitivamente desistir, ello debió ser confirmado en la decisión oficial del CIADI, cuyo texto, por el momento no se ha hecho público.
Al no contar la empresa Infinito Gold con oficinas en Costa Rica desde hace ya muchos años, no se tenía como solicitar alguna confirmación al respecto.
Hace unos años, su ex CEO Erich Rauguth contestaba sus correos desde una cuenta corriente en gmail.com, y no se conoce de un sitio oficial de Infinito Gold en internet: detalles ciertamente menores, pero que dan una pequeña idea de los módicos recursos de la empresa denominada Infinito Gold. Remitimos a nuestros estimables lectores al artículo «Op-ed: ‘Zombie’ Canadian mining company, Infinito Gold, stalks Costa Rica«, publicado en el Tico Times por el activista canadiense Rick Arnold en mayo del 2015, que explica el carácter «Zombie» de Infinito Gold.
En Costa Rica, las autoridades no habían hecho anuncio alguno antes del 15 de julio del 2024. Se leyó no obstante en esta nota del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) publicada el 25 de junio del 2024 que:
«Consultado sobre la decisión de retirar el arbitraje, el ministro de comercio exterior, Manuel Tovar, ni la confirmó, ni la desmintió. “Informaremos a la opinión pública conforme se concreten eventos firmes en el proceso que espero sea pronto”, le dijo a Trece Noticias. Otra fuente cercana a la canadiense Infinito Gold, dijo que “la empresa no hará ningún comunicado«.
En abril del 2024 se leyó de un «Plan Integral» en la zona de Las Crucitas con declaraciones del Presidente de Costa Rica que planteaban algunas dudas (véase nota de CRHoy). El pasado 26 de junio en La República (Costa Rica), se leyó por parte de un lider ecologista de la Zona Norte costarricense que llevó la empresa minera a los tribunales de justicia en el 2010 (véase nota) que:
«¿Por qué el gobierno ha insistido tanto en que no se puede plantear nada en Crucitas hasta que se resuelva el arbitraje? ¿Tiene claro el gobierno que nada de lo que se resuelva en el laudo afectará el futuro de esa zona? Y lo más importante, ¿qué negoció el Gobierno? ¿A qué se está comprometiendo? ¿Hay uso de fondos públicos de por medio? ¿Consideraron las prohibiciones legales existentes y nuestra normativa ambiental? Por el talante de este gobierno podría uno esperar cualquier cosa”, dijo Araya«.
El CIADI y sus imprecisiones
Es de notar que los artículo 53 y 43(1) que se citan en el sitio oficial del CIADI … no son disposiciones que apliquen a la situación indicada en el caso del asunto Infinito Gold. vs Costa Rica, lo cual plantea algunas interrogantes muy válidas (véase texto). ¿No conoce el CIADI sus propias regulaciones?
En efecto, las dos únicas disposiciones aplicables son las contenidas en el Capitulo VIII (Suspensión, avenencia y descontinuación) conformado por los únicos artículos 54, 55, 56 y 57.
En efecto, si son ambas partes las que han solicitado que el asunto sea discontinuado, sería el artículo 55 el que encuentra aplicación y no las precitadas disposiciones 53 y 43(1):
«Regla 55 Avenencia y Descontinuación por Acuerdo de las Partes:
(1) Si las partes notificaran al Tribunal que han acordado descontinuar el procedimiento, el Tribunal emitirá una resolución que deje constancia de la descontinuación.
(2) Si las partes acordaran avenirse respecto de la diferencia antes de que se dicte el laudo, el Tribunal: (a) deberá emitir una resolución que deje constancia de la descontinuación del procedimiento, si las partes así lo solicitaran; o (b) podrá incorporar la avenencia en la forma de un laudo, si las partes presentan el texto completo y firmado de su avenimiento y solicitan al Tribunal que incorpore dicho avenimiento en un laudo.
(3) El Secretario General emitirá la resolución a la que se refieren los párrafos (1) y (2)(a) si aún no se ha constituido el Tribunal o si existe una vacante en el Tribunal».
Tanto con relación al Artículo 53 como al Art. 43, párrafo 1, el lector podrá por sí mismo verificar que ninguno aplica en lo más mínimo con respecto a lo anunciado por el CIADI el 14 de junio y el 15 de julio del 2024. Por alguna razón (que sería de sumo interés conocer), el CIADI en su página oficial ha remitido a disposiciones que no son aplicables al presente caso (acuerdo de ambas partes). El error numérico a la hora de colgar la información por parte del personal del CIADI parece obedecer a la misma razón planteada ya con anterioridad en la siguiente interrogante: ¿a qué pudo haber respondido tanta premura?
Claro está, el interés se mantiene también para conocer con exactitud los términos de la decisión del CIADI y del «acuerdo» entre ambas partes, en particular lo que se obtuvo por parte de la empresa a cambio de desistir. Tanto Costa Rica como la empresa minera canadiense debieron desde el 2014 sufragar los elevados gastos para su defensa legal ante el CIADI y renunciar a ellos (ambas partes tenían la opción de recuperar estos montos en una eventual condena en costas ante el CIADI) en el marco de un simple desistimiento, plantea algunas preguntas muy válidas. No está de más señalar lo dictaminado por un tribunal arbitral del CIADI en el año 2010 en favor de Costa Rica (demandada) en el que se señala que (véase texto del laudo del 27 de octubre del 2010):
«70. El Tribunal considera que se habría podido ahorrar gran parte de los costos de la Demandada, los costos del Centro que administró el arbitraje y el tiempo de los miembros del Tribunal si las Demandantes hubieran analizado las consecuencias de sus actos en forma adecuada y en el momento oportuno. Por consiguiente, el Tribunal resuelve que las Demandantes deben pagar las costas incurridas por la Demandada«.
Tratándose de un caso como el de Infinito Gold contra Costa Rica, que lleva más de 10 años ante las instancias del CIADI, el gasto que ha tenido que sufragar Costa Rica para asegurar su defensa legal debe ubicarse en el rango usualmente establecido por los mismos Estados al litigar ante el CIADI (aproximádamente unos dos millones de US$ por año): por cierto, se trata de un monto muy por encima de lo oficialmente indicado por las autoridades de COMEX en Costa Rica (Nota 4).
De manera a tener una idea de las extrañas cifras circuladas por personerso de COMEX, recientemente, en otra demanda ante el CIADI contra Costa Rica también pendiente de resolución, Costa Rica exigió a la empresa demandante el depósito de 4 millones de US$ como garantía en caso de ser condenada en costas (véase punto 8 de la resolución procesal del 2 de mayo del 2024, en el caso CIADI No. ARB(AF)/22/5, colgada por el sitio especializado en arbitraje de inversión Italaw). Es de notar que este caso lleva tramitándose menos de 4 años según la ficha técnica del CIADI.
No está de más señalar lo que se indicó en febrero del 2014 (véase nota del Tico Times del 11 de febrero del 2011) por parte del entonces titular de la cartera ambiental de Costa Rica en una conferencia de prensa, según el cual:
«The minister said that the government had allocated $2 million annually in legal fees to meet Infinito Gold at the Washington, D.C.-based ICSID«.
Algunas incógnitas, una en particular
Más allá del juego de números ante la opinión pública para que no se sepa a ciencia cierta cuánto gasta Costa Rica en su defensa legal ante el CIADI en cada una de las demandas de las que es objeto, la falta de transparencia del CIADI constituye una de las principales razones por las que muchos Estados mantienen sus distancias con el sistema de arbitraje de inversión, y se vuelve a confirmar en este preciso caso: a la fecha, el CIADI no ha puesto a disposición del público los términos de la solicitud de anulación parcial del laudo del 4 de junio del 2021 presentada por la empresa minera canadiense en octubre del 2021, así como las piezas escritas conteniendo los alegatos de la empresa minera canadiense y de Costa Rica presentadas a los tres árbitros.
El futuro nos dirá si los términos del «acuerdo» entre la empresa minera canadiense y Costa Rica serán dados a conocer con precisión a la opinión pública, … o bien, si parte del «acuerdo» consiste en que no sea público: han pasado ya siete meses desde la notificación del 15 de julio del CIADI y se puede pensar que así será. Al respecto, el pasado 31 de julio, en consultas hechas a funcionarios de COMEX por el Semanario Universidad (véase artículo), se lee (sin conocerse la identidad del funcionario entrevistado) que:
«No es correcto sugerir que Costa Rica haya llegado a un acuerdo de conciliación, ni que se haya firmado ningún documento con la contraparte para terminar el proceso«
Sería tal vez mucho más «correcto«, en aras de la transparencia, que los jerarcas de COMEX ordenen la publicación en alguna parte de la red del supuesto «laudo» al que refiere Casa Presidencial en su comunicado del 15 de julio del 2024: el permitir el acceso público a esta decisión permitiría que la opinión pública costarricense pueda conocer el contenido exacto de dicho «laudo«.
Por otra parte, en esta nota de prensa de Teletica del 26 de julio, se lee (sin que se logre identificar al autor de esta aseveración) que:
«Infinito Gold, la empresa canadiense que presentó la demanda contra el país, podría concursar sin inconvenientes en caso de optar por la explotación de oro en Crucitas.»
Probablemente el autor (también indeterminado) de semejante afirmación ignora un «inconveniente«: existe un proceso de ejecución de sentencia pendiente ante el Poder Judicial contra Infinito Gold, por el daño ambiental causado por la tala ilegal (acaecida entre la mañana del viernes 17, sábado 18, y parte del domingo 19 de octubre del 2008, momento en que un magistrado de la Sala Constitucional ordenó una suspensión inmediata de la tala). Una de las valoraciones del daño ambiental efectuadas cuantificó inicialmente (con base en tomas satelitales) el daño en más de 4,5 millones de US$ (véase nota de La Nación de abril del 2012); una segunda evaluación que incluyó esta vez una visita in situ estimó el daño causado a más 10 millones de US$ (véase nota de La Nación del 8 de agosto del 2012). La diferencia entre ambos montos se debe al hecho que para la primera evaluación, los peritos no pudieron ingresar al sitio (véase artículo del Semanario Universidad del 23 de mayo del 2012). El proceso de ejecución de la sentencia del 2010 confirmada por la Corte Suprema en del 2011 aún no ha concluído, sin que se hayan hecho públicos elementos o datos que expliquen semejante demora por parte del Poder Judicial.
A la fecha en la que se redactan estas líneas (19 de febrero del 2025), se desconoce cómo una empresa minera extranjera pudo tener conocimiento previo del día y la hora exacta en los que se iba a publicar un decreto de conveniencia nacional autorizando una tala: la magnitud del daño causado y la cantidad de motosierras y empleados movilizados para esta tala sugieren que se tuvo conocimiento previo, con varios días de antelación, de la hora exacta en la que la Gaceta Oficial publicó dicho decreto en octubre del 2008.
El CIADI y la desconfianza que genera su falta de transparencia
En los últimos decenios, el CIADI ha despertado muchas reservas en diversos círculos en América Latina pero también en otras latitudes, ante la falta de transparencia en sus procedimientos, el perfil de sus árbitros (muchas veces poco familiarizados con álgidos temas legales como la protección del ambiente, el derecho al agua y los derechos de las poblaciones indígenas, el derecho administrativo y constitucional), así como los montos millonarios y a veces desproporcionales a los que se ha condenado a Estados en algunos casos, por demandas claramente abusivas de un inversionista extranjero (Nota 5).
No está de más indicar que cuando se creó el CIADI en 1965, la idea era permitir a un inversionista recuperar el monto de su inversión inicial objeto, por ejemplo, de un decreto de nacionalización, y no añadir a este monto otros adicionales correspondientes a las futuras ganancias proyectadas por el inversionista extranjero no percibidas (Nota 6).
Tuvimos la ocasión de analizar la denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington que crea el CIADI en marzo del 2022, que viene a añadirse a las denuncias anteriores por parte de Bolivia, Ecuador y Venezuela: véase nuestra breve nota titulada «CIADI: a propósito de la reciente denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington de 1965«. En América Latina Brasil, principal receptor de inversión extranjera, no ha tan siquiera firmado la Convención de Washington de 1965; tampoco ha ratificado uno solo de los tratados bilaterales de inversión (más conociddos como TBI) que ha suscrito.
Notificada al CIADI el 24 de febrero del 2024 (véase comunicado oficial del CIADI), la denuncia de Honduras surtió plenos efectos a partir del 25 de agosto del 2024.
Al momento de redactar estas líneas (19 de febrero del 2025), en América Latina se registran con mayor cantidad de demandas pendientes de resolver ante el CIADI Perú (22 demandas pendientes de resolver) seguido por México con 20. Luego siguen Honduras (15 demandas pendientes) así como Colombia (13), Venezuela (11), y Panamá (8). Finalmente cierran la lista Argentina (6), Guatemala (3), Chile (3), Costa Rica (2 que se añaden a la demanda de Infinito Gold que ahora pasa a la categoría de demanda «resuelta«), El Salvador (2) Uruguay (2) al tiempo que Ecuador,, República Dominicana, Nicaragua solamente registran una demanda pendiente de resolución. Por su parte, en el caso de Bolivia y de Paraguay, ninguna demanda aparece pendiente de resolver. Es de notar que las dos demandas contra El Salvador fueron registradas en el mes de enero del 2025.
Al nunca haber ratificado la Convención de Washington de 1965, ninguna acción se registra ante el CIADI con relación a dos Estados de América Latina que reciben flujos de inversión extranjera sin mayor necesidad de someterse al arbitraje de inversión previsto por el CIADI: Brasil así como también Cuba.
Por otra parte, cabe señalar que Colombia había logrado protegerse de demandas ante el CIADI gracias a una legislación interna muy restrictiva para las empresas extranjeras. Por alguna razón, esta legislación fue derogada, con una primera demanda interpuesta en su contra en marzo del 2016 por la empresa suiza Glencore (véase laudo arbitral del 2019), seguida por 21 demandas más desde entonces, muchas de ellas interpuestas por empresas mineras (Nota 7). Nótese que para entonces, Colombia evaluó el costo de su defensa ante el CIADI durante 3 años que duró el procedimiento a US$ 3.424.871.26 (párrafo 1639 del laudo).
Es de notar que el 15 de julio del 2024, Colombia logró salir airosa ante una demanda interpuesta por Eco Oro, empresa minera canadiense que demandó a Colombia por 1,100 millones de dólares en razón de las restricciones para la minería en los páramos de Santurbán (véase comunicado de la firma a cargo de su defensa del 17 de julio). Se recomienda la lectura del comunicado oficial de Colombia en el que no aparece la expresión «ganar laudo«. De igual manera, al revisar un comunicado oficial de junio del 2024 de Colombia en el caso de otra demanda presentada por otra empresa minera (también canadiense …), tampoco aparece tan insólita expresión.
Estas noticias para Colombia y su significado para consolidar la legítima defensa de sus páramos ante los efectos devastadores de la minería no significa que el asedio de empresas mineras y de otra naturaleza contra Estados de América Latina ante el CIADI haya cesado: en el único mes de julio del 2024, se registró una demanda contra Honduras el 2 de julio (véase enlace), una contra Colombia el 12 de julio (véase enlace), una contra Panamá el 12 de julio (véase enlace) seguida por otra el 19 también en materia minera (véase enlace), una contra Perú registrada el 30 de julio (véase enlace). Notemos que el mes de agosto inició con una demanda contra Chile registrada el 2 de agosto (véase enlace) y cuatro demandas contra Honduras registradas una el 8 de agosto, la otra en la misma fecha, la siguiente el 16 de agosto, fecha en la que se registra otra demanda más: la fecha del 25 de agosto del 2024 para que surta plenos efectos la denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington de 1965 que crea el CIADI, puede en parte explicar este número tan elevado de demandas en su contra en el mes de agosto del 2024.
Fue tal la intensidad de las demandas contra Estados de América Latina que, en el único mes de julio del 2024, de las 10 demandas registradas ante el CIADI, 8 concerñían a Estados de América Latina. Al 31 de agosto del 2024, de 9 demandas inscritas en el CIADI en el mes de agosto del 2024, seis concerñían a Estados de América Latina.
Una originalidad: el regreso intempestivo de Ecuador al CIADI en el 2021
Con relación a Ecuador, es preciso recordar que este Estado denunció la Convención de Washington en julio del 2009 después de Bolivia (mayo del 2007).
No obstante, las autoridades ecuatorianas electas en febrero del 2021, decidieron volver precipitadamente a firmar y a depositar el instrumento de ratificación de la Convención de 1965.
La precipitación es más que notoria: la toma de posesión de las nuevas autoridades se efectuó el 26 de mayo del 2021 y fue seguida de la firma de la Convención de 1965, el 21 de junio, y el depósito del instrumento de ratificación fue realizado el 4 de agosto del 2021 (véase estado oficial de la firma y ratificación). Esta celeridad bastante inusual fue facilitada por el Poder Judicial ecuatoriano: en efecto, la Corte Constitucional decidió, en un dictamen del 30 de junio del 2021 (véase texto), que la aprobación legislativa no era necesaria en el caso de este convenio.
Se trata de la ratificación más expedita de esta Convención por parte de nuevas autoridades electas de un Estado jamás registrada en la historia del CIADI. Como es previsible, a finales de diciembre del 2021, se leyó en Chile que una corporación minera chilena inició los trámites ante el CIADI para demandar a Ecuador, utilizando para ello como base de competencia el tratado bilateral de inversiones (TBI) vigente entre Chile y Ecuador (véase nota de prensa de La Tercera del 24/12/2021).
Esta demanda se registró oficialmente en el CIADI el 26 de enero del 2022 (véase enlace oficial del CIADI). Se trata posiblemente de la demanda más inmediata después de la ratificación por parte de un Estado de la Convención de 1965 jamás registrada y que explica, en gran parte, la extraña premura antes señalada de las actuales autoridades de Ecuador.
A la fecha, de los 30 TBIs suscritos por Ecuador en el pasado (véase listado oficial), ninguno de ellos está vigente, manteniéndose así una recomendación hecha por una auditoría ciudadana en el año 2017 sobre los TBI y sus efectos negativos para la economía ecuatoriana (véase informe, páginas 102-105).
El arbitraje de inversiones, el ambiente y los derechos humanos: un reciente informe pasado prácticamente desapercibido
En un comunicado de prensa desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas dado a conocer en el mes de octubre del 2023 (véase texto), se leyó que:
«Foreign investors use the dispute settlement process to seek exorbitant compensation from States that strengthen environmental protection, with the fossil fuel and mining industries already winning over $100 billion in awards,” the expert said. “Such cases create regulatory chill.”
Al tratarse de un comunicado de prensa difundido desde la sede en Europa de Naciones Unidas que fue muy pocamente referenciado en medios de prensa internacionales, nos permitimos reproducir otra cita del mismo, no sin recomendar su lectura completa:
«As ISDS arbitration tribunals routinely prioritise foreign investment and corporate interests above environmental and human rights considerations, ISDS claims have devastating consequences for a wide range of human rights, exacerbating the disproportionate harms suffered by vulnerable and marginalised populations,” the expert said».
El informe integral del Relator de Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible está disponible en este enlace. En idioma español, su informe A/78/168 del 13 de julio del 2023 titulado «Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y Estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos» se puede consultar en este enlace.
Sospechamos que algunos de nuestros estimables lectores toman posiblemente conocimiento del contenido de este informe y de su existencia al leer estas líneas, dada la escasa publicidad y difusión dada a este importante informe en algunos medios de prensa internacionales y nacionales.
Las sombras del proyecto minero Crucitas envueltas ante el CIADI
De no haber sido por la precitada nota de CIARGlobal del pasado 24 de junio, ninguna nueva información anterior al 15 de julio del 2024 sobre el desarrollo de esta larga controversia ante el CIADI de Costa Rica relacionada al proyecto minero ubicado en «Las Crucitas«, podía darse a conocer.
Recordemos que se trata de un proyecto minero ubicado en la Zona Norte de Costa Rica, y que pretendía ser el mayor de Centroamérica. Este proyecto a cargo de la empresa minera canadiense Infinito Gold, fue declarado de manera inconsulta mediante decreto «de conveniencia nacional» en octubre del 2008 por el Poder Ejecutivo, y su total ilegalidad fue dictaminada en noviembre del 2010 por tres valientes jueces del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA): la lectura de su sentencia (véase texto completo) amerita una relectura dado los intentos de desregulación en materia ambiental que se discuten en los últimos meses en Costa Rica.
Según los jueces del TCA, en el párrafo XL de su sentencia de 14 de diciembre de 2010, se lee que:
“En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero” (el subrayado es nuestro).
En noviembre del 2011 esta decisión fue confirmada en todos sus extremos por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (véase texto), por unanimidad.
Es de señalar que la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental alegada por la recurrente en su apelación y rechazada por la Sala Primera (párrafos XIX y XX de la sentencia de la Sala Primera) denota el desconocimiento de este principio – algo básico – y su realidad jurídica en Costa Rica; un desconocimiento que, al parecer, se extendía todavía a algunos integrantes de la Sala Constitucional, cuando estos analizaron en el mes de marzo del 2020 el alcance de las disposiciones del Acuerdo de Escazú, en particular a una magistrada que ya no la integra (Nota 8): hoy la precitada magistrada constitucional preside la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 26 de septiembre del 2024, Colombia depositó ante Naciones Unidas su instrumento de ratificación del Acuerdo de Escazú, convirtiéndose así en el Estado Parte número 17 (Nota 9).
Pocos días antes de ser emitida la decisión de la Sala Primera en noviembre del 2011, la prensa costarricense informó de la «filtración» del borrador de sentencia a los abogados de la empresa (véase nota del Semanario Universidad): un hecho inédito en la historia de la justicia costarricense, cuyos autores a la fecha (19 de febrero del 2025) no han sido sancionados por ninguna entidad (Colegio de Abogados, justicia penal, justicia administrativa, …).
En febrero del 2014, a pocos días de conocerse los resultados electorales en Costa Rica, la empresa minera canadiense no encontró nada mejor que demandar a Costa Rica ante el CIADI. A la fecha, no se sabe qué fue lo que llevó a la empresa minera a esperar el resultado electoral de febrero del 2014 para presentar formalmente una demanda contra Costa Rica.
Notemos que en el 2021, se hizo nuevamente gestiones para conocer la lista nominal de un grupo de «expertos» que asesoraron al Vice Presidente de Costa Rica el 27 de julio del 2010, sin mayor éxito. Se lee en este artículo del Semanario Universidad que:
» En 2010, Piva dijo que un “grupo de expertos” afirmó que, en caso de indemnizar a Infinito Gold, por no desarrollar el proyecto de minería en las Crucitas, el Estado debería pagar $1.700 millones. En 2014 el ministro de Ambiente René Castro dijo que un grupo de expertos estaba asesorando al Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y al Minae en el tema. Sin embargo, nunca se conocieron los nombres de este “grupo de expertos.»
¿Un grupo de «expertos» que asesoraron a un Vice Presidente costarricense en julio del 2010 sin que se pueda conocer, más de 14 años después (19 de febrero del 2025), la lista de sus integrantes? ¿Cómo así? Como se lee.
Con relación al extraño anuncio hecho por el Vice Presidente de Costa Rica en el mes de julio del 2010, remitimos a un artículo que tuvimos la oportunidad de publicar en La Nación (Nota 10), y que iniciaba de la siguiente manera:
«En días recientes observamos un gabinete, rodeado de exóticas flores ornamentales, y aparentemente asesorados por 15 “expertos” (cuyos nombres no hemos logrado aún conocer en detalle), anunciar que no hay marcha atrás posible en razón de una demanda por indemnización de 11 dígitos en dólares en referencia a un proyecto minero. El monto es resplandeciente, casi como el oro».
Una sombra más oscura aún con relación a Crucitas y a un “desistimiento”
Finalmente, no resulta de más señalar otro secreto muy bien guardado por las altas esferas del poder en Costa Rica relacionado a este polémico proyecto minero. Para ello, hay que remontar el tiempo más de 20 años atrás.
En el 2003 para el mismo proyecto minero de Las Crucitas, la empresa canadiense anterior a cargo de este proyecto minero (en aquel momento Vanessa Ventures) amenazó con demandar a Costa Rica ante el CIADI por rechazarle sus autoridades ambientales el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En aquel entonces, la concesión minera otorgada un 17 de diciembre en el 2001 por el Estado a la empresa minera había sido anulada por una decisión del juez constitucional (véase sentencia 13414-2004 de noviembre del 2004).
La demanda con la que la empresa minera canadiense amenazaba a Costa Rica era en aquel entonces por 276 millones de US$ (véase nota de La Nación de setiembre del 2005).
En una carta del 4 octubre del 2005 (véase texto), la Secretaría del CIADI indicó a las máximas autoridades de Costa Rica que se retiraba la demanda interpuesta por la empresa canadiense Vanessa Ventures.
Como detalle de gran interés, en el anexo con fecha del 3 de octubre del 2005 (véase documento), la firma de abogados Tory´s explicó que la empresa y el Estado costarricense estaban en negociación y que la empresa se sentía «reasonnably optimistic» sobre el resultado de esta: el optimismo se confirmó el 12 de diciembre del 2005, cuando la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) aprobó el EIA (que había rechazado en el año 2003).
A la fecha de redactar estas líneas (19 de febrero del 2025), no se tiene identidad de quiénes, en nombre del Estado costarricense, negociaron semejante «arreglo» con la empresa minera canadiense que bien puede resumirse de la siguiente manera: «si tú desistes, nosotros te aprobamos el EIA«.
Nótese en este pequeño apartado la escogencia de fechas correspondientes a la segunda quincena de diciembre por parte de las autoridades ambientales costarricenses para aprobar concesiones mineras o un EIA: se trata de una «práctica» bastante notoria cuando se trata de la tramitación de proyectos objeto de polémicas legales en Costa Rica, y que tuvimos la ocasión de detallar más hace un año, en el mes de julio del 2023 (Nota 11).
Las mineras canadienses y el CIADI
Desde ya varios años, se ha observado un uso reiterado del CIADI por parte de las empresas mineras canadienses para intentar obtener ante esta instancia internacional lo que la justicia nacional les ha negado.
Con relación a empresas mineras canadienses, y a su cercanía con algunos sectores políticos que explican sus aventuras legales a repetición en Centroamérica, en noviembre del 2023 tuvimos la oportunidad de analizar la declaratoria de inconstitucionalidad de un contrato minero en Panamá por parte de la justicia constitucional (véase texto de la sentencia): un contrato adoptado de manera extrañamente célere por el Poder Legislativo en octubre del 2023 y que lanzó como raras veces en su historia a los panameños a movilizarse en las calles durante varias semanas. Al respecto, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «A propósito de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de una ley-contrato minero«.
Nótese que el pasado 12 de julio del 2024, Panamá fue notificada de una nueva demanda en su contra ante el CIADI debido a la suspensión de este proyecto minero (véase enlace), seguida por otra unos pocos días después, el 19 de julio (véase enlace): de las 9 demandas pendientes de resolución registradas contra Panamá ante el CIADI, dos de ellas provienen de empresas mineras que las presentaron durante la segunda quincena del mes de julio del 2024.
En lo que atañe a las empresas mineras canadienses y a Canadá como tal, desde el 2014, un informe sobre el impacto negativo de las empresas mineras canadienses en América Latina espera pacientemente que las autoridades canadienses tomen acciones tendientes a regular desde Canadá sus actividades, en particular desde la perspectiva de los derechos humanos y de la protección del ambiente (Nota 12). Una reflexión muy similar se impone ante la elevada cantidad de casos que se ventilan ante el CIADI por parte de empresas mineras contra Estados de América Latina, y sobre el que insiste el precitado informe de Naciones Unidas escasamente difundido.
En un interesante artículo publicado por el Semanario Universidad el 16 de julio del 2024 (véase texto), cuya lectura se recomienda, se lee por parte de un reconocido abogado costarricense en asuntos ambientales, que:
“en buena hora lo que resuelve el CIADI, pero insisto, ¿por qué hasta ahora se decide Chaves a ser enérgico? A mi me suena todo esto, como parte de un acuerdo (conciliación ante el CIADI) para regresar a minería metálica, en “fincas seguras” para la extracción del oro”.
Del mismo jurista, remitimos también a un muy completo artículo, publicado el 18 de julio (cuya lectura recomendamos), titulado «Volver a la minería metálica en Costa Rica luego del paso por el CIADI«, en el que el autor anticipa de manera muy lúcida los apetitos insaciables de algunos sectores en Costa Rica por la minería metálica a cielo abierto, ahora que el capítulo «CIADI» pareciera haber concluido. En este artículo también se hace ver que los coligalleros no van a desaparecer porque se reactive un proyecto minero a escala industrial en Cutris de San Carlos, tal y como algunos círculos políticos lo vaticinan: un reciente informe presentado en octubre en Cali (Colombia) para la COP16 sobre biodiversidad detalla los efectos de la minería ilegal persistente en varios Estados amazónicos con una consolidada tradición minera en América Latina como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (véase informe).
A modo de conclusión
Resulta de cierto interés observar que los diversos argumentos tendientes a declarar a Costa Rica libre de minería química a cielo abierto en el 2010 se mantienen 14 años después: las características del trópico húmedo y la minería química a gran escala constituyen en sí dos ámbitos antagónicos que explican la secuencia de desastres ambientales ocurridos tanto en Costa Rica como en varias otras latitudes del continente americano.
El hecho que los fenómenos metereológicos violentos van a aumentar en Centroamérica como consecuencia del cambio climático debería llevar a algunos sectores a mucha mayor precaución, pese a las «seguridades» de algunos que se basan en las externadas por profesionales en geología costarricenses (y sus relevos en la Asamblea Legislativa).
Pese a la algarabía y al súbito entusiasmo de las máximas autoridades de Costa Rica en materia de minería química a cielo abierto, desde el 15 de julio del 2024 persisten muchas dudas que no se han logrado dilucidar en estos siete meses.
Una primera duda es conocer el contenido del «acuerdo» al que llegaron la empresa minera y el Estado, para pedir de manera conjunta el pasado 14 de junio a los tres árbitros del CIADI que el caso sea discontinuado.
Una segunda duda se mantiene otra sobre el punto de saber cuáles pueden haber sido las razones para omitir, en el comunicado oficial del 15 de julio, toda referencia al hecho que la empresa minera canadiense desistió de la demanda.
Una tercera duda que persiste y se hace cada vez más persistente con el pasar del tiempo, es la de saber cuáles razones pueden explicar que no se haya hecho público por parte de Costa Rica del contenido integral de la decisión del 15 de julio del 2024 dada a conocer por los árbitos del CIADI.
Sobre el segundo punto, la práctica enseña que estas empresas mineras canadienses, clientes frecuentes en el CIADI, son particularmente insistentes en sus esfuerzos y no escatiman en recursos ni en ntiempo, siendo Infinito Gold el primer desistimiento de una de ellas observado ante el CIADI. ¿No debería ello llamar poderosamente la atención?
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, una demanda por 394,8 millones de dólares contra Costa Rica puede ser retirada, claro está, por una empresa minera canadiense que la presentó ante el CIADI.
Desde otros puntos de vista, el omitir este detalle en un comunicado oficial de Costa Rica y omitir además el hecho que este retiro de la demanda se ha «acordado» con Costa Rica (traducción de «agreed with Costa Rica» que se lee en el comunicado del 20 de junio del 2024 de la misma empresa Infinito Gold) pueden plantear algunas interrogantes que seguimos considerando muy válidas, a siete meses después del anuncio oficial hecho por Costa Rica.
Tal omisión y las dudas que genera, aunadas a la creatividad de algunos a la hora de redactar un proyecto de ley (y a la que referimos en las primeras líneas de estas reflexiones), completadas por el súbito entusiasmo por la minería química a cielo abierto en el trópico húmedo de algunos sectores políticos costarricense, apuntan a una sombra, lista para convertirse en un amenazante nubarrón en este 2025.
– – Notas – –
Nota 1: Véase nuestra nota, BOEGLIN N., «Gandoca / Manzanillo:las obligaciones jurídicas que implica la Convención Ramsar para Costa Rica«, editada el 11 de septiembre del 2024, disponible aquí.
Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., «Análisis de la situación del arbitraje Infinito Gold vs. Costa Rica por la mina Crucitas«, CIARGlobal, edición del 11 de diciembre del 2017. Texto disponible aquí. En otra demanda que se ventiló ante el CIADI, en octubre del 2016 se pudo leer en un medio de prensa costarricense que: «Costa Rica gana litigio por expropiación de parque Las Baulas en juicio al amparo del TLC» (véase nota de prensa). Esta afirmación es totalmente errónea, en la medida en que lo que procedió a hacer el tribunal del CIADI en su decisión (véase texto en español), fue simplemente descartar de un lote de propiedades algunas de ellas, manteniéndose la demanda interpuesta contra Costa Rica para todas las demás. Remitimos al lector a nuestro breve análisis al respecto.
Nota 3: En el caso del proyecto minero en Miramar de Puntarenas, en el 2005, tanto la empresa como el Colegio de Geólogos y varios de sus profesionales apoyaron este proyecto minero. La lectura de una decisión de la Sala Constitucional de mayo del 2005 (véase texto completo), en la que se da luz verde al proyecto con base en las «seguridades» de la empresa y de estos profesionales (así como las del MINAE, de la SETENA, del AyA, de SENARA y demás entidades estatales) resulta de gran interés. En efecto, el 22 de octubre del 2007, con una lluvia de la estación lluviosa un poco más copiosa que de costumbre, este proyecto minero colapsó por completo generando daños ambientales muy severos (a la fecha no cuantificados ni objeto de algún informe detallado por parte de las autoridades). Una advertencia que sí habían hecho los ecologistas en el 2005 ante el mismo juez constitucional, y que minimizaron entidades nacionales y «expertos» geólogos costarricenses ante los jueces de la Sala Constitucional. Salvo error de nuestra parte, no se conoce de ninguna sanción por parte del Colegio de Geólogos de Costa Rica a alguno de sus agremiados por esta anunciada catástrofe ambiental acaecida en Miramar de Puntarenas. Al respecto, véaseartículo de opinión publicado en el 2020 titulado «13 años de impunidad minera» y este informe publicado por AIDA unos años antes.
Nota 4: Sostener que para un juicio ante el CIADI —de más de 10 años—, Costa Rica solamente gastó 3 millones de US$ en su defensa resulta más sorprendente. Según un especialista costarricense en materia de arbitraje, independientemente del resultado final, los costos que usualmente deben asumir los Estados en su defensa legal durante un procedimiento ante el CIADI —que normalmente dura 4 años— son de unos 8 millones de US$ (véase nota de CRHoy del 2014). En el caso de una demanda contra Perú cuyo trámite duró casi 10 años, el Estado peruano alegó haber gastado 8.600.238 US$ (véase párrafo 50 de laudo arbitral del junio del 2024). En el caso de otra demanda contra Perú – cuyo trámite duró menos de 4 años – , el Estado peruano alegó haber gastado 6.742.880 US$ (véase párrafo 279 de laudo arbitral del febrero del 2020). Más cerca de Costa Rica, en el caso de la demanda contra Panamá interpuesta por un consorcio costarricense-holandés (caso Álvarez y Marín Corporación S.A y otros), Panamá —en poco más de 3 años que duró el procedimiento— indicó haber incurrido en un gasto de 7.210.790 US$ (véase laudo arbitral emitido en octubre del 2018, párrafo 408). En otro caso en el CIADI contra Guatemala, el Estado indicó haber gastado —en 3 años de procedimientos— la suma de 5.250.047 US$ (véase párrafo 774 de laudo arbitral del 2013). Hace más de 10 años, Panamá adujo haber gastado —durante los 4 años que duró la contienda— la suma de 10.364.183 US$ (véase párrafo 706 de laudo arbitral del noviembre 2010). El rango mínimo de aproximadamente 2 millones de US$ por año es lo que usualmente se preve y que los precitados casos vislumbran. Claramente, se trata de un rango que puede variar significativamente en virtud de los diversos incidentes procesales cuyo efecto es dilatar el proceso, así como de los peritajes adicionales que suelen solicitarse: en el caso que enfrentó otro Estado centroamericano (El Salvador) contra otra empresa minera canadiense (Pacific Rim), El Salvador indicó a los árbitros haber tenido que sufragar —durante un juicio que duró 7 años— la coqueta suma de casi 12 millones de US$ para asegurar su defensa (véase párrafo 1.14 del laudo arbitral de octubre del 2016 disponible en este enlace). En un laudo arbitral del CIADI condenando a Venezuela al pago de 1.386 millones de US$ a una empresa minera canadiense, Venezuela indicó haber incurrido en el pago de más de 14 millones de US$ (véase texto del laudo de abril del 2016, párrafo 950). En un caso en el que el CIADI condenó a Pakistán a pagar una suma por más de 4.000 millones de US$, Pakistán alegó haber gastado más de 25 millones de US$ en gastos de defensa (véase párrafo 1831 del laudo arbitral emitido en julio del 2019).
Nota 5: Sobre las diversas estrategias de los Estados de la región latinoamericana para limitar el alcance de ciertos tratados con cláusulas sumamente favorables para el inversionista extranjero, véase el análisis detallado de la profesora Katia Fach Gomez: FACH GOMEZ K., “Proponiendo un decálogo conciliador para Latinoamérica y CIADI”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (Medellín, Colombia), Vol. 40 (Dic. 2010), No. 113, pp. 439-454, artículo disponible aquí. Véase de igual manera la publicación FACH K & TITI C. «The Latin American Challenge to the Current System of Investor-State Dispute Settlement«, Journal of World Investment & Trade 17, 2016, pages 511-699. Así como FACH GOMEZ K. & TITI C., Alternative Dispute Resolution Mechanisms, Oxford University Press, Oxford, 2018, 800 páginas. Sobre la revisión operada por Indonesia de más de 50 TBIs suscritos, véase en particular este estudio muy detallado de HAMZAH, LAMPUNG University, «Bilateral Investment Treaties (BITS) in Indonesia: a paradigm, shift, issued and challenges«, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 21, Issue 1, 2018. Texto completo disponible aquí.
Nota 6: Sobre los efectos negativos para las economías de los Estados de América Latina de estos millonarios montos dictaminados por los árbitros del CIADI y que se fueron consolidando con la red de TBI adoptados de manera entusiasta – y en nuestra modesta opinión algo ingenua – en los años 90-2000, remitimos al muy completo artículo de ZABALO P., “América Latina ante las demandas inversor-Estado”, Revista de Economía Mundial, Núm. 31 (Mayo-Agosto, 2012), pp. 261-296. Texto disponible aquí.
Nota 7: Colombia constituye un caso bastante insólito: se trata de un Estado que hoy es uno de los Estados del continente que ha acumulado la mayor cantidad de demandas en su contra en el CIADI en muy poco tiempo (22 en total, de las cuales 10 están pendientes de resolución). A diferencia de los demás Estados de América Latina, Colombia había logrado hasta el año 2016 resguardarse de demandas, manteniendo para ello una legislación muy restrictiva con relación a la posibilidad, para un inversionista extranjero, de recurrir al arbitraje internacional. Cabe mencionar que una nota preparada por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá de mayo del 2011 destinada a las empresas norteamericanas interesadas en invertir en Colombia, reconocía la dificultad que presentaba para el inversionista extranjero la legislación colombiana (al restringir la posibilidad de acudir a un arbitraje internacional), pero informaba que la suscripción de tratados de libre comercio (FTA en inglés) y tratados bilaterales de inversión (BIT) por parte de Colombia podría cambiar paulatinamente la situación. En la nota antes referida se lee textualmente que: “Since Colombia has become party to FTAs and multilateral and bilateral investment treaties, the number of international investment arbitration cases between investors and State entities will increase. These arbitration processes may help to change Colombian case law because FTAs, BITs and multilateral investment treaties empower arbitration tribunals to decide cases related to breach of treaty standards of investment protection”. En artículos especializados publicados en Estados Unidos, autores endosaron las críticas hechas por algunos círculos económicos ante la imposibilidad de demandar internacionalmente a Colombia. Véase por ejemplo STRONG S.I., «International arbitration and the Republic of Colombia: commercial, comparative and constitutional concerns from A U.S. perspective«, Vol. 22, Duke Journal of Comparative and International Law (2011), pp. 47-107: texto integral disponible aquí.A la fecha, de los más de 20 TBIs firmados (véase listado oficial), Colombia tiene vigentes tan solo 8 de ellos. En estatesis del 2019 de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, titulada «La experiencia colombiana en el sistema CIADI: hacia un replanteamiento de la política estatal frente al derecho internacional de las inversiones«, las conclusiones a las que llega el autor (pp. 96-98) evidencian el enorme riesgo de demandas al que Colombia se enfrenta.
Nota 8: Véase al respecto nuestra breve nota BOEGLIN N., “La entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú: una celebración en América Latina y un profundo sinsabor en Costa Rica”, publicada en DerechoalDia, edición del 4 de mayo del 2021. Texto disponible aquí . Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., «Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú«, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 9: Véase BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: a propósito de su sexto aniversario y de su ratificación por parte de Colombia «, 25 de septiembre del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 10: Véase BOEGLIN N., «Minería, arbitraje y amenazas«, La Nación, 2 de agosto del 2010. Texto disponible en este enlace.
Nota 11: Véase BOEGLIN N., «Participación ciudadana en materia ambiental: breves apuntes relativos a una reciente sentencia«, Nota publicada en julio del 2024 en diversos sitios jurídicos, y disponible aquí.
Nota 12: Véase al respecto el informe titulado » El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá – Informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos«, Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, 2014. Texto completo disponible aquí.
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Material adicional del autor publicado en años anteriores sobre la demanda interpuesta contra Costa Rica por Infinito Gold ante el CIADI:
2022, BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica, una nueva maniobra de la empresa minera canadiense en el CIADI«, Sección Voz Experta, Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 8 de febrero del 2022. Texto disponible aquí.
2021, BOEGLIN N., «Infinito Gold contra Costa Rica. El reciente laudo arbitral del CIADI sobre el proyecto minero ubicado en Las Crucitas«, Sección Voz Experta, Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 16 de junio del 2021. Texto disponible aquí.
2019, BOEGLIN N., «Arbitraje Infinito Gold vs Costa Rica ante el CIADI: breves noticias«, CIARGlobal, edición del 31 de octubre del 2019. Texto disponible aquí.
2015, BOEGLIN N., «La solicitud de Costa Rica de poner término al procedimiento de arbitraje interpuesto por Infinito Gold ante el CIADI: breves reflexiones«, Derechoaldía, edición del 7 de agosto del 2015. Texto disponible aquí.
Otros materiales sobre el polémico proyecto minero Las Crucitas en Costa Rica
2011, Documental «El Oro de los Tontos«, producido por la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual incluye entrevistas a varios académicos, y disponible aquí.
2011, Revista Ambientico (Universidad Nacional), Número 210, que incluye artículos de varios académicos. Texto disponible aquí.
