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Etiqueta: Nicolas Boeglin

El «conversatorio» en Turrúcares del 4 de noviembre: recuerdos de poses graves, amenazas vacías y demandas infundadas ante el CIADI

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR

nboeglin@gmail.com

Introducción

El 30 de octubre del 2026, se anunció la integración de un tribunal arbitral en el marco del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista extranjero y Estado, más conocido por sus siglas en inglés – ICSID – y en francés – CIRDI) en el caso de la demanda interpuesta por la empresa EBI contra Costa Rica en julio del 2025: véase nota de IA reporter y enlace oficial del CIADI sobre el caso registrado bajo el numero ARB. 25/33. En este otro enlace oficial del CIADI se dan a conocer algunos aspectos del procedimiento iniciado en julio del 2025 por la empresa EBI contra Costa Rica.

Como por alguna extraña coincidencia (… ¿será?) en los días posteriores al viernes 30 de octubre del 2026, se escuchó hablar mucho de Turrúcares y del relleno sanitario que pretende la empresa EBI instalar en esta comunidad, tal y como lo veremos a continuación. Con un inusitado esfuerzo de convencimiento por parte del Estado costarricense en el marco de un repentino «conversatorio» organizado con la presencia de varios ministros en Turrúcares, pocos días después, el miércoles 4 de noviembre: cuatro ministros, con uno de ellos con además doble cartera, que suspenden en cuestiones de días su cargada agenda para coincidir personalmente en Turrúcares, ¿no resultará del todo algo inédito?

A todas luces se trató, de un interesante ejercicio de las actuales autoridades costarricenses, que pareciera iniciar una secuencia, razón por la cual se sugiere colocar un: «Acto I» luego de la palabra «conversatorio» del título de nuestras reflexiones.

El titular de esta nota de CRHoy del 6 de noviembre refiere a la palabra «chantaje«: de lo observado y escuchado el pasado 4 de noviembre, se trataría en efecto de un intercambio de proyectos sociales para el desarrollo de la comunidad de Turrúcares a cambio de un pequeño favor solicitado a esta misma comunidad. De lo inédito, pasamos a lo insólito.

Insólito también resulta el rechazo a una moción en la Asamblea Legislativa en la que pareciera que para 31 de sus actuales integrantes, no hay problema alguno en el antes aludido «chantaje» observado en Turrúcares (véase nota del 9 de noviembre de Delfino.cr).

De manera a tener una pequeña idea de la actual orientación política que se observa en Costa Rica con todo lo que le pida Estados Unidos así como los círculos corporativos y empresariales que gravitan alrededor de la embajada de Estados Unidos en San José, no está de más añadir el texto de una declaración adoptada el 5 de noviembre en el marco de una cumbre iberoamericana en Madrid, en la que Costa Rica, conjuntamente con Argentina, Colombia y Paraguay optaron por separarse del párrafo 4 (véanse notas al final de la misma declaración) que se lee de la siguiente manera:

«Rechazamos la coerción y la aplicación de medidas contrarias al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas que obstaculicen la capacidad de los Estados para hacer frente a sus necesidades y prioridades en materia de desarrollo«.

Podemos añadir a ello una reciente votación en Naciones Unidas con respecto a las obligaciones en materia ambiental de Israel con respecto al Líbano (véase nota del 11 de noviembre del 2026 publicada en Delfino.cr) y a los recursos naturales en el territorio palestino ocupado (véase nota de Delfino.cr). Más allá de una cara verdaderamente desconocida y desconcertante que Costa Rica está externando ante los demás integrantes de la comunidad internacional con este tipo de posiciones, en las líneas que siguen, enfatizaremos nuestras reflexiones en torno a:

– algunas amenazas de demandas ante el CIADI fomentadas por las autoridades de Costa Rica en años no tan lejanos con respecto a megaproyectos;

– la paulatina desconfianza que ha generado el CIADI en América Latina;

– la demanda de la empresa EBI contra Costa Rica de julio del 2025, dedicando unas líneas al «conversatorio» (Acto I) con la comunidad de Turrúcares en el que el micrófono fue monopolio de las autoridades presentes a la reunión (lo cual explica las comillas usadas cuando nos referimos a la noción de conversatorio en este texto).

Amenazas de arbitraje internacional: algunos recuerdos que cabe mencionar no muy lejanos

La amenaza del arbitraje internacional en Turrúcares y el condicionamiento escuchado (véase nota de Diario Extra) que explicaremos más en detalle, recuerdan ambos unas desafortunadas declaraciones brindadas el 27 de julio del 2010 por parte de un Vice Presidente en Costa Rica, en tono grave: según él, de derogar un decreto de conveniencia nacional, Costa Rica debería desembolsar la coqueta suma de 1.700 millones a una empresa minera canadiense (véase nota de La Nación y nuestra opinión publicada el 2 de agosto del 2010 en La Nación, titulada «Minería, arbitraje y amenazas«). A la fecha de hoy (13 de noviembre del 2026), se mantiene como una verdadera incógnita en Costa Rica la identidad de las personas que integraron una «comisión de alto nivel» gubernamental que llevó al Vice Presidente de Costa Rica a referirse a semejante suma (verdaderamente fantasiosa) de 1.700 millones de US$: véanse nuevamente las declaraciones de Alfio Piva del 27 de julio del 2010 y este artículo de un geólogo extrañado por esta cifra – publicado en medios digitales – de agosto del 2010 – exigiendo explicaciones. Pese a gozar todos los integrantes del gabinete correspondiente al período (2010-2014) de una muy buena salud y posiblemente de una muy buena memoria, la nómina exacta de los integrantes de esta denominada «comisión de alto nivel» constituye posiblemente uno de los secretos mejores guardados en Costa Rica, que persiste con el pasar del tiempo.

La cifra mirobolante de aquel momento nos llevó a explicar cómo amenazas de arbitraje internacional han sido utilizadas a veces por decisores políticos: véase al respecto nuestro artículo publicado en el 2011 en la revista Ambientico (UNA), titulado «Minería y amenazas de arbitraje internacional: balance y perspectivas«.

Como se recordará, planteada finalmente la demanda contra Costa Rica en el 2014 por la misma empresa minera canadiense ante el CIADI, un laudo arbitral del 2021 no le ordenó pago alguno a ésta por parte del Estado costarricense, confirmándose el carácter totalmente fantasioso de la millonaria cifra avanzada de manera bastante imprudente por el entonces Vice Presidente de Costa Rica en julio del 2010 (con base en un «análisis» de sus asesores de «alto nivel» cuya identidad permanece hasta el día de hoy sin conocerse).

No está de más recordar lo que habían señalado en noviembre del 2010 tres valientes jueces del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) en su histórica sentencia (véase texto, párrafo XXX), ante los argumentos desplegados por los abogados de la empresa minera canadiense, invocando la falta de seguridad jurídica para inversionistas canadienses:

«No puede invocarse la seguridad jurídica o la inversión extranjera para pretender mantener vigente conductas administrativas completamente ilegales. Esto último se deriva, también, de las leyes 7870 y 8286, ya citadas. En la primera se prevé que entre Costa Rica y Canadá, las inversiones deben adecuarse a Derecho, cosa que no sucede con lo pretendido por Industrias Infinito. Además, en la Ley 8286 se establece que la normativa ambiental no puede ser atenuada con el fin de promover el comercio, con lo cual se evidencia la preponderancia que la tutela ambiental tiene para Costa Rica y Canadá. En ese sentido, lo que aquí se decide, en el tanto implica la nulidad de actuaciones ilegales y en la medida que se sujetan las conductas objeto del proceso a la normativa relacionada con la protección del ambiente, en nada menoscaba la seguridad jurídica ni afecta negativamente la inversión extranjera, particularmente la que proviene de Canadá«.

Con una buena dosis de humor, el recordado documental «El Oro de los Tontos» realizado en el 2011 desde la misma UCR (véase enlace en YouTube) permitió tener una idea más completa del nivel de ocurrencias gubernamentales y de profunda indignación que este proyecto minero causó en Costa Rica a partir de octubre del 2008, en particular para quiénes, desde afuera, asociaban (y siguen asociando) a Costa Rica con la imagen de un país ecológico y lo consideran como un líder indiscutible en materia ambiental. De alguna manera, Crucitas vino a delatar al mundo la faz oscura de la Costa Rica verde, al tiempo que sus jueces nacionales detectaron tales anomalías desde las más altas esferas del poder, que las calificaron como parte de una verdadera «orquestación de voluntades» (Nota 1). Es la primera vez en la historia judicial costarricense que jueces emplearon esta expresión para explicar la secuencia de ilegalidades observadas en el caso de la tramitación de aquel proyecto minero a partir de octubre del 2008.

En el 2011, fue esta vez con respecto al gas y al petróleo que algunos círculos políticos y corporativos agitaron la amenaza de un arbitraje internacional, al que también nos referimos en este artículo publicado en La Nación, titulado «Petróleo, gas y amenazas«. En el 2024, un artículo del Semanario Universidad reveló con respecto a círculos que persistían en el 2023 en fomentar la exploración y extracción de gas y de petróleo en Costa Rica, las andanzas de un ex jerarca de la cartera ambiental en Costa Rica.

No está de más traer a la memoria este artículo publicado en La Nación en el 2011, en el que se indica, a partir de los cables WikiLeaks, cómo el embajador de Estados Unidos en Costa Rica no logró inmutar en lo más mínimo al Presidente de Costa Rica de la época, Abel Pacheco (2002-2006), pese a la amenaza de una demanda de la empresa petrolera Harken por un monto (astronómico…!) de 57.000 millones de US$ que al final nunca presentó. En el 2014, un tribunal nacional rechazó la demanda de Harken que pasó de los fantasiosos 57.000 millones de US$ a 13 millones de US$ (véase nota del 17 de diciembre del 2014 del Programa Nuestra Voz).

El mismo efecto de lo que podríamos denominar «reducción sustancial significativa« se observó con la amenaza de demanda de la empresa minera canadiense Infinito Gold por un monto inicial anunciado en el 2013 de 1.092 millones de US$ (véase nota de La Nación de octubre del 2013) que se redujo drásticamente a menos de 94 millones (véase párrafo 110 de la demanda interpuesta ante el CIADI en febrero del 2014): estas diferencias más que notorias entre montos evidencia que no derivan de ningún tipo de estudio o de datos, sino del humor antojadizo de algunos y de círculos empresariales y corporativos que repiten cosas con una gran facilidad en Costa Rica.

Dicho sea de paso, este cable confidencial dado a conocer por WikiLeaks de agosto del 2005, detalla a los operadores a favor del TLC con Estados Unidos en Costa Rica identificados por la embajada de Estados Unidos en San José, y que han coincidido con agitar amenazas de arbitraje internacional. Este otro cable confidencial del 2006 detalla el «estado de pánico» de algunos decisores en Costa Rica a cargo del comercio exterior al anunciar Estados Unidos sanciones si Costa Rica no aprobaba un ABI (Acuerdo Bilateral de Inmunidad), que garantice impunidad a personas de nacionalidad norteamericana buscadas por la justicia penal internacional de La Haya.

En el 2013, una demanda contra Costa Rica por parte de un grupo de accionistas de Suiza de una empresa distribuidora de gas que un ministro adelantó ser «infundada» (véase nota de Teletica) terminó ordenando al inversionista … pagarle a Costa Rica más de un millón de US$ (véase texto de la demanda de febrero del 2013 y decisión de un tribunal del CIADI de marzo del 2017 en particular el párrafo operativo final 728). La mención a Suiza refiere a una cláusula favorable al inversionista extranjero en un TBI vigente entre Costa Rica y Suiza, creándose una sociedad anónima cuya única existencia se debió a esta demanda interpuesta ante el CIADI contra Costa Rica: una búsqueda en la red de «Cervin Investissements S.A. y Rhone Investissements S.A» al menos así lo evidencia.

En el 2017, con respecto a la desestimación de una demanda interpuesta el 9 de febrero del 2012 ante el CIADI contra Costa Rica por una subsidiaria de la empresa RITEVE denominada «Supervisión y Control S.A» – véase texto del laudo arbitral del CIADI del 2017 -, nos permitimos recordar en esta nota que:

«Con relación a la demanda interpuesta en febrero del 2012 por RITEVE contra Costa Rica, cabe recordar que en junio del 2012, durante una conferencia de prensa (véase nota de Diario Extra, del 16/06/2012) el viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) de Costa Rica, Rodrigo Rivera, “explicó que para el Estado era más barato permitirle a Riteve quedarse operando 10 años más y de esta manera asegurarse no tener que pagar los $280 millones si perdía el arbitraje”.»

En el 2022 otra decisión de un tribunal del CIADI resultó también favorable para Costa Rica (véase texto completo del decisión).

Estas cuantas referencias a algunos recuerdos no tan lejanos en la línea de tiempo, evidencian el uso que tradicionalmente se ha hecho del arbitraje internacional en Costa Rica para intentar malinformar y/o manipular a la opinión pública, o presionar a decisores políticos. Los resultados obtenidos por la defensa legal de Costa Rica ante las pretensiones de algunas empresas frente a los árbitros del CIADI demuestran la poca solidez jurídica de los argumentos avanzados por los asesores legales de estos inversionistas extranjeros.

EL CIADI y la profunda desconfianza que genera

Resulta oportuno precisar que el sistema establecido por el CIADI permite a un inversionista presentar una demanda contra un Estado, pese a tratarse muchas veces de demandas abusivas y/o infundadas. El sistema está pensado únicamente en un sentido: inversionista extranjero contra Estado. ¿Como así? Como se lee.

Algunas de estas demandas se basan en permisos y autorizaciones otorgados por entes públicos, sea a nivel local, sea a nivel nacional, de manera sospechosa en «modo express«. En el caso de Costa Rica, los activistas en materia ambiental con cierta experiencia saben que las aprobaciones de la SETENA (Secretaría Técnica Ambiental) a partir de la segunda quincena de diciembre usualmente corresponden a proyectos sumamente cuestionables que terminan siendo declarados ilegales en los tribunales de justicia costarricenses (Nota 2): se trata de una fecha a partir de la cual, cada año, Costa Rica pareciera entrar en una suerte de «sopor» festivo navideño.

Al tratarse de demandas acompañadas de cientos de millones de US$ exigidos a título de indemnización y/o compensación a un Estado, estas demandas suelen ser usadas como mecanismo de presión sobre los decisores políticos.

Cuando la mala fe de un inversionista extranjero es notoria, el CIADI puede condenar al inversionista a pagarle al Estado un monto determinado. Es lo que obtuvo Costa Rica en una decisión del 2018 (véase texto en el caso David Aven et alii vs Costa Rica: párrafo final 769). Los especialistas en materia ambiental podrán verificar que en este caso, los árbitros del CIADI consideraron que no había cómo eximir a los inversionistas extranjeros de la obligación de cumplir con todos los requisitos que establece la legislación ambiental vigente en Costa Rica. En el párrafo 116 se refieren a un «documento falsificado» que, salvo error de nuestra parte, no ha dado lugar a sanciones penales en Costa Rica contra sus autores. Por cierto, la precitada «orquestación de voluntades» detectada en el 2010 por la justicia costarricense… tampoco ha dado lugar a sentencias penales.

El hecho que, hasta ahora, Costa Rica haya salido bastante bien librada en el CIADI luego de varios años de procedimiento frente a las millonarias pretensiones de una empresa minera canadiense en el 2021, así como en otros casos como el de un megaproyecto en Playa Esterillos en el 2018 (caso David Aven et alii vs Costa Rica: véase nuestra nota al respecto) y los demás casos indicados, no debe ocultar la peligrosa deriva del CIADI que ha generado paulatinamente cierta desconfianza en otras partes de América Latina y del mundo.

Y es que cualquier descuido en la defensa legal de un Estado y en particular en la batalla procesal que supone una demanda contra un Estado entre una terna arbitral, puede resultar riesgosa. Tratándose además de tres árbitros, y de sumas millonarias en juego, son muchos los Estados que han preferido no seguir arriesgándose de esta manera.

Como se ha analizado en textos anteriores nuestros (véanse esta nota editada por Bretton Wood Project del 2013, así como esta nota de CIARGlobal del 2017 entre otras más), el sistema de arbitraje de inversión del CIADI ha provocado una creciente desconfianza en América Latina y en el resto del mundo, a tal punto que son muchos los Estados que ya sea:

– han denunciado la Convención del Washington de 1965 que lo establece (Bolivia, Ecuador, Venezuela, Honduras), o ya sea;

– han dado por finalizados o bien renegociado las cláusulas sobre solución de diferencias incluidas en tratados bilaterales de protección y promoción de inversiones (denominados TBI en español o BIT en inglés: se trata de tratados bilaterales que habilitan a un inversionista a interponer demandas internacionales ante el CIADI). Este ha sido el caso de Bolivia, de Ecuador (véase artículo), de Indonesia (véase artículo), o de Sudáfrica (cuyo último TBI con España fue suspendido en el 2024 – véase nota). La terminación de un TBI requiere algo de valentía en el plano político, y jurídicamente se materializa mediante una simple notificación, como fue el caso del TBI con Estados Unidos denunciado por Bolivia en el 2011 (véase enlace); o bien:

– han mantenido una distancia prudente con este mecanismo como por ejemplo Brasil: se trata, paradójicamente, del principal Estado receptor de inversión extranjera en América Latina que tan siquiera ha firmado este tratado de 1965 (véase artículo al respecto); así como Cuba, Nicaragua o el mismo México que ratificó la Convención de Washington de 1965 tan solo en el 2018, así como Canadá (tan solo en el 2013). Con respecto a la denuncia de esta convención de 1965 por parte de Honduras, remitimos a nuestra nota de marzo del 2024, titulada:

«CIADI: a propósito de la reciente denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington de 1965«.

Es de notar que Brasil ha firmado varios TBIs sin nunca ratificarlos, lo cual denota el cuido extremo de sus autoridades de manera a no exponer a Brasil a demandas por parte de inversionistas extranjeros en el CIADI. Brasil comparte con la India una posición similar, pese a escritos esporádicos, como este artículo, que invitan a la India a cambiar de parecer.

En el caso de la Unión Europea (UE), sus Estados miembros acordaron un tratado regional en el 2020 para suspender todos los TBI existentes entre ellos, de manera a no permitir más demandas abusivas de inversionistas extranjeros europeos en contra de Estados miembros de la UE (véase enlace al tratado y estado de firmas y ratificaciones). Se trata de una interesante protección legal que han establecido estos Estados, y que debiera de poder interpelar a muchos otros Estados en otras latitudes, en particular en las que persisten algunos decisores políticos que siguen negociando de manera muy entusiasta TBIs que contienen cláusulas muy favorables para el inversionista extranjero.

También es de señalar que en el 2023, fue desde el Congreso de Estados Unidos que 33 integrantes exigieron a sus autoridades extraer a Honduras, víctima de demandas abusivas por parte de empresas norteamericanas, del sistema arbitraje de inversión del CIADI (véase cable de Reuters). Luego de la denuncia del CIADI en marzo del 2024, las nuevas autoridades electas de Honduras decidieron en julio del 2026 reintegrar el CIADI, provocando una ola de repudio (véase documento titulado:» Statement in Defense of Sovereignty and Collective Rights in Honduras – Returning to ICSID is a sign of Nasry Asfura’s Subservience to Transnational Capital«.

Desde la perspectiva ambiental y de los derechos humanos, un informe poco difundido de Naciones Unidas del 2023 en América Latina (véase enlace) y cuya lectura completa se recomienda, elaborado por el «Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible», se titula:

«Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y Estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos«.

En el 2021, tuvimos la ocasión de explicar en una nota publicada en CIARGlobal, a raíz de la decisión de un tribunal arbitral del CIADI relacionada a una demanda interpuesta por una empresa minera canadiense contra Costa Rica que:

«(…) no tiene mayor sentido el permitir a un inversionista extranjero de mala fe recurrir ante el CIADI contra decisiones de la justicia nacional que declaran ilegal su proyecto y mucho menos el tener que esperar siete largos años de costosos procedimientos ante el CIADI para escuchar a tres árbitros confortar las decisiones judiciales antes mencionadas. Ello sin hablar del riesgo, inherente a este tipo de demandas millonarias, de ver a dos (de los tres árbitros) acoger, por alguna razón, algunas de las pretensiones económicas del inversionista«.

Presión de una demanda sobre decisores políticos: el «affaire» Crucitas en Costa Rica a inicio de los años 2000

Como ha ocurrido en el pasado, esta demandas ante el CIADI ejercen una presión muy fuerte sobre decisores políticos y algunos círculos corporativos y políticos, dispuestos a invocar la «flexibilización» de algunas reglas con tal de que la demanda sea retirada por parte del inversionista. El «affaire» Crucitas y los secretos persistentes que la rodean, así lo evidencian, en la medida en que:

– en el 2003 para el mismo proyecto minero de Crucitas, la empresa canadiense demandó a Costa Rica ante el CIADI por rechazarle sus autoridades ambientales el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La demanda era por 276 millones de US$ (véase nota de La Nación de setiembre del 2005).

– repentinamente, en una carta del 4 octubre del 2005 (véase texto), la Secretaría del CIADI indicó a las autoridades de Costa Rica que se retiraba la demanda interpuesta por la empresa Vanessa Ventures. En el anexo con fecha del 3 de octubre del 2005 (véase documento), la firma de abogados Tory´s explica que la empresa y el Estado costarricense estaban en negociación y que la empresa se sentía «reasonnably optimistic» sobre el resultado de esta.

– el 12 de diciembre del 2005, la SETENA (Secretaría Técnica Nacional) aprobaba el EIA que había rechazado en el 2003.

A la fecha de hoy (13 de noviembre del 2026), tampoco se tiene identidad de quiénes, en nombre del Estado costarricense, negociaron semejante «arreglo» con la empresa minera canadiense en el 2005.

CIADI, TBIs y lluvia de demandas en América Latina

Volviendo al CIADI y a los instrumentos que habilitan a un inversionista a demandar a Costa Rica, en la parte final de este enlace oficial de COMEX (Ministerio de Comercio Exterior) aparece en «Acuerdos de Inversión» la lista de los 15 TBIs que tiene vigentes, a los que hay que añadir varios de los tratados de libre comercio (TLC) vigentes de la sección primera, que también contienen una cláusula permitiendo al inversionista extranjero acudir contra Costa Rica ante el CIADI.

Como todo tratado bilateral, dos Estados pueden considerar oportuno renegociar sus cláusulas, como fue, entre muchos ejemplos, recientemente el caso del TBI entre Corea del Sur y México (véase nota de Asia Today).

Según la información oficial del CIADI, al 13 de noviembre del 2026 Costa Rica enfrenta además dos otras demandas, al tiempo que ha concluido procedimientos en el caso de 18 de ellas. Una de las demandas pendientes contra Costa Rica fue presentada en el 2023 con base en el TBI con Alemania (véase enlace) al tiempo que la otra en el 2025 con base en el TBI vigente entre Costa Rica y Venezuela (véase enlace).

Los Estados con mayores demandas en su contra en estos momentos pendientes de resolución ante el CIADI de América Latina son Perú (22 demandas pendientes), seguido por México (20), Colombia (19), Honduras (12), Panamá (11), y Venezuela (9).

Este informe del 2011 ya advertía de los riesgos que representa el CIADI para Estados cuyos dirigentes políticos firman TBIs o TLCs sin preocuparse mayormente por sus efectos a futuro, en particular cuando contienen cláusulas sumamente ventajosas para el inversionista extranjero. Este nuevo informe del 2025 permite comprender mejor el peso cada vez más grande que tienen estas numerosas demandas en las ya maltrechas economías de los Estados de América Latina.

En el caso específico de Argentina, se lee en este muy completo informe del 2025 sobre los estragos que han causado estas demandas ante el CIADI, que:

«Argentina podría terminar unilateralmente más del 85% de sus TBIs cuyo período inicial ya venció o que vence este año (antes de ser renovado). Sin embargo, ningún gobierno desde los años noventa hasta la actualidad ha considerado seriamente esta opción, evidenciando cómo las élites locales han internalizado los imperativos del capital transnacional. El RIGI del presidente Javier Milei intenta cerrar definitivamente esta ventana, consolidando por tres décadas un marco jurídico que blinda los privilegios corporativos«.

En el caso de Colombia, e de notar que durante muchos años estuvo resguardada de demandas ante el CIADI al contar con una legislación nacional que obligaba al inversionista extranjero a someterse únicamente a los mecanismos nacionales de resolución de conflictos, incluyendo el arbitraje (Nota 3). En las conclusiones este informe del 2025 sobre las demandas que le han «llovido» a Colombia a partir del 2016, se lee que:

«La única manera en que Colombia puede evitar nuevos arbitrajes de inversión es denunciando los tratados y acuerdos de comercio e inversión ya firmados y renunciando a renovarlos o firmar otros nuevos, ya que posibilitan la interposición de otras demandas».

La demanda contra Costa Rica como tal del 2025 interpuesta por la empresa EBI

La demanda de la empresa canadiense EBI contra Costa Rica fue planteada formalmente el 14 de julio del 2025 ante el CIADI, con base en el tratado bilateral de inversiones (TBI) siempre vigente (véase texto) entre Costa Rica y Canadá suscrito en 1998: véase nota del Semanario Universidad publicada una semanas antes del registro oficial de la demanda ante la Secretaría del CIADI.

A diferencia de otros casos, el texto de la demanda interpuesta como tal no está por el momento disponible (véase por ejemplo texto de la demanda interpuesta contra Costa Rica de inversionistas para un megaproyecto en Playa Esterillos del 2014 y el texto de demanda de empresa suiza en representación de Gaz Z del 2013). En el enlace oficial del caso en el CIADI tampoco aparece el texto de la demanda como tal (véase enlace). Desde ya agradecemos el concurso de nuestros estimables lectores costarricense si alguno/a de ellos sabe donde podría estar disponible en línea el texto de la demanda como tal presentada en julio del 2025 por la empresa EBI: el contenido del texto de esta demanda permitiría conocer con precisión sobre qué ha basado sus millonarias pretensiones la empresa EBI ante el CIADI, al estar aún pendientes decisiones de la justicia costarricense sobre procesos de lesividad. Y en particular contraponer el texto de esta demanda con dos requisitos indispensables que enumera el Artículo XII del TBI Canadá-Costa Rica. En efecto, el articulo XII del TBI entre Costa Rica y Canadá tiene un inciso, el 3, el cual establece un plazo de tres años, pero adicionalmente establece que:

«Un inversionista podrá someter una diferencia, según se indica en el párrafo (1), a arbitraje conforme a lo dispuesto en el párrafo (4) solamente si:

…

  1. «no han transcurrido más de tres años desde la fecha en que el inversionista inicialmente tuvo o debió haber tenido conocimiento, de la violación alegada y conocimiento de que el inversionista ha incurrido en pérdidas o daño; y
  2. en los casos en que Costa Rica es parte de la diferencia, ningún tribunal costarricense haya emitido un fallo relativo a la medida que se alega contraviene este Acuerdo«.

Es muy probable que ambas disposiciones no fueran mencionadas en la reuniones a las que alude este artículo del Semanario Universidad publicado el 11 de noviembre, en el que resulta notorio el intento de hacer creer que la demanda será ganada por EBI. Recordar que ambas fueron invocadas por Costa Rica en el CIADI ante una empresa minera canadiense hubiese tal vez resultado oportuno (Nota 4).

Cabe recordar que fue este mismo tratado bilateral entre Costa Rica y Canadá el que también había servido de base jurídica en el caso de la demanda interpuesta en febrero del 2014 contra Costa Rica por la empresa minera canadiense Infinito Gold relacionada a su polémico proyecto minero ubicado en Las Crucitas, en Cutris de San Carlos (véase texto de la demanda con fecha del 6 de febrero del 2014, presentada pocos día después de celebrarse los comicios en Costa Rica).

Con respecto a los proyectos de rellenos sanitario de la empresa EBI en Costa Rica, en la precitada nota del Semanario Universidad se hace ver que la empresa cuestiona el hecho que no pueda construir rellenos sanitarios en las localidades de Turrúcares y Montes de Oro debido a la oposición de los vecinos y de los mismos municipios concernidos.

Dos comunidades opuestas a la instalación de rellenos sanitarios

En el caso de la primera comunidad, en esta nota del 4 de noviembre del 2026, se hace ver la férrea oposición de vecinos al parecer muy organizados que se «plantaron» (expresión usada en el título de la nota) y obligó al Estado costarricense a desplazar a cuatro de sus ministros (con uno de ellos con doble cartera): su presencia al parecer no impresionó mayormente a los asistentes y vecinos, profundamente indignados y molestos por el apoyo a este proyecto de relleno sanitario de las máximas autoridades costarricenses (véase nota del Semanario Universidad).

Como pequeño detalle de interés, insistimos nuevamente en la cercanía de la fecha del anuncio de la integración de la terna arbitral del CIADI (30 de octubre) con esta reunión con los vecinos de Turrúcares realizada el 4 de noviembre por las máximas autoridades costarricenses, y nos permitimos plantear la siguiente pregunta: de no haberse anunciado nada por parte del CIADI el 30 de octubre ¿siempre se hubiese convocado un «conversatorio» en Turrúcares pocos días después?

En esta otra nota de CRHoy, se señala la oposición de las mismas autoridades municipales a este polémico proyecto. Ya en el año 2024, se había observado a la máxima instancia costarricense en materia de salud cuestionar la posición de las autoridades municipales en defensa de la comunidad de Turrúcares (véase nota del Semanario Universidad).

La actitud de las máximas autoridades ministeriales fue tal durante la reunión del 4 de noviembre que hirió la susceptibilidad de las autoridades municipales (tal y como se señala en el título de esta nota del programa radial Nuestra Voz del 5 de noviembre) al tiempo que personas que votaron por el oficialismo en las elecciones de febrero del 2026 externaron su profunda decepción (véase nota del Semanario Universidad). Este video informativo realizado por el medio digital Delfino.cr explica de manera muy clara las razones por tanta indignación provocada en Turrúcares el pasado 4 de noviembre.

Con respecto a las alegaciones de los voceros de la empresa EBI, en esta otra nota del medio universitario Semanario Universidad, de julio del 2025, se lee que:

«EBI afirmó que “la demanda se basa, en parte, en el abuso de los procesos locales por parte de las municipalidades y en su falta de diligencia razonable para avanzar en los asuntos, tal y como exige la legislación costarricense y el principio procesal de impulso de oficio”.»

En otra nota del programa radial matutino de Nuestra Voz de junio del 2025, se señala que para los representantes de la empresa:

«“Lo que ha impedido avanzar con el proyecto son dos procesos de lesividad que ha interpuesto la Municipalidad de Alajuela para anular los usos de suelo que ya habían sido otorgados a esas fincas por la misma administración. Además, en los últimos años, esa municipalidad emitió cuatro acuerdos indicando, sin fundamento alguno, que no permitiría la aprobación del permiso constructivo y a pesar de que esos acuerdos fueron impugnados por la empresa, desde el año 2023 se ha negado a resolver los recursos a pesar de existir una orden de un Tribunal”.

Si procesos de lesividad en contra de funcionarios municipales fueron iniciados por las autoridades municipales y están aún en proceso, resulta de cierto interés leer que para la empresa EBI, estos procesos «impiden avanzar«. Remitimos a nuestros estimables lectores a la definición del proceso de lesividad vigente en Costa Rica de manera a entender mejor la expresión de «impiden avanzar«, así como los plazos previstos en el ordenamiento jurídico costarricense, que recordó la Procuraduría General de la República (PGR) ante una consulta en el 2017 (véase enlace). En esta nota del 2024 de Diario Extra se precisa por parte de una autoridad municipal que:

«Esos usos de suelo se dieron en 2011 de manera muy rápida, no hago juicios de valor, solo cumplo con mi deber como alcalde de Alajuela y de los turrucareños, por eso iniciamos la lesividad, porque los usos de suelo se hicieron mal dados«.

Es de notar que se trata de un proyecto que lleva ya varios años discutiéndose: en el 2014, en una decisión de la Sala Constitucional (véase voto 16359-2014) relativa al proyecto de relleno sanitario en Turrúcares, fueron tres los magistrados (de siete) los que habían considerado que la Sala Constitucional no debía modificar el alcance del principio de la participación ciudadana en materia ambiental como derecho fundamental. Siempre en el 2014, fue esta vez un magistrado el que reiteró, siempre con respecto a este mismo proyecto en Turrúcares su posición anterior (véase voto 19621-2014).

Con respecto a la otra comunidad (Montes de Oro) también sujeta a un proyecto de relleno sanitario de la misma empresa, en el 2023 tuvimos la ocasión de analizar el alcance de la discusión interna en la Sala Constitucional con respecto al principio de participación ciudadana en materia ambiental, a raíz del voto 11236-2023: véase al respecto nuestra nota de julio del 2023, titulada:

«Participación ciudadana en materia ambiental: breves apuntes relativos a una reciente sentencia».

Es de notar que, «as usual» cuando se trata de proyectos polémicos que atentan contra la legislación ambiental vigente, la SETENA optó por otorgar la viabilidad ambiental al relleno sanitario en Montes de Oro el 14 de diciembre del 2022.

Siempre con respecto a Montes de Oro, se sugiere revisar el Acta Municipal N.128-2026 del 13 de octubre del 2026 de la Municipalidad de Montes de Oro (véase enlace), y en particular lo adelantado por el alcalde con base en un oficio recibido por parte del jerarca del comercio exterior costarricense sobre la demanda de EBI contra Costa Rica (pp.11-12). Se lee en particular que, según la nota recibida por COMEX,

«5- Comex indica que, en el caso de que se pierda el arbitraje, ambas municipalidades deben cancelar el monto total de la sentencia que se dicte a los efectos.

6- Comex indica que, a partir de este momento, cualquier tema que se hable en sesiones municipales sobre el caso, puede ser tomado por las empresas como evidencia para sustentar su denuncia».

No se tiene información sobre el punto de saber si el titular de COMEX que suscribió este oficio tenía claridad con respecto al principio de autonomía municipal, ni con base en qué elementos COMEX anunció desde ya que Costa Rica podría ser condenada por el CIADI a pagar un monto a la empresa.

Esta nota del 13 de noviembre de Teletica y esta otra nota del Semanario Universidad editada el 12 de noviembre del 2026 sobre el problema que podría causar un relleno sanitario cercano al principal aeropuerto de Costa Rica, señalan ambas que las autoridades parecieran haberse precipitado el pasado 4 de noviembre, sosteniendo una defensa del proyecto de EBI en Turrúcares sin valorar muchos otros aspectos, incluyendo los intereses nacionales.

El CIADI ante imperiosa necesidad de proteger el ambiente: demandas abusivas por doquier

Nuevamente aquí, o como ocurrió con el fallido proyecto minero de Infinito Gold en Crucitas, o como ocurrió en Colombia cuando el Estado decidió proteger los páramos (Nota 5) o bien cuando en Panamá la justicia constitucional suspendió una concesión minera (Nota 6), u otras situaciones en las que la protección del derecho a la salud o al ambiente, o la protección de derechos de pequeñas comunidades rurales o indígenas frenan un megaproyecto, se vuelve a verificar lo siguiente: decisiones legítimas de de entidades estatales (o bien de tribunales de justicia) o procedimientos en trámite ante instancias jurisdiccionales nacionales que alteran el plan operativo de un megaproyecto de un inversionista extranjero, al parecer algo urgido, dan pié para una demanda internacional multimillonaria ante el CIADI (usualmente declarada infundada años después)

En el caso de Infinito Gold, la demanda interpuesta en febrero del 2014 culminó con una decisión de junio del 2021, en la que si bien se condenó a Costa Rica por violar disposiciones del TBI con Canadá, no se le ordenó pago alguno por concepto de indemnización: véase al respecto nuestra nota de junio del 2021 titulada:

» Infinito Gold contra Costa Rica: nuevo fracaso de minera canadiense al tiempo que persisten secretos en Costa Rica«.

La empresa solicitó posteriormente una anulación parcial de este laudo ante un órgano de apelación del CIADI y en el 2024, la empresa y Costa Rica acordaron solicitar el archivo del caso al CIADI. Un pequeño detalle que se omitió oficialmente en Costa Rica al anunciar la «victoria» ante el CIADI. En julio del 2024, COMEX precisó que no se había pactado nada con la empresa (véase nota del Semanario Universidad).

Con respecto a la comunidad de Turrúcares, en esta nota del Semanario Universidad de marzo del 2024 se lee por parte de un reconocido abogado costarricense en materia ambiental, una aseveración que debiera interesar a todo especialista en celeridad notoria de funcionarios municipales para otorgar permisos y certificados:

«Consultado al respecto, Sagot destacó que “a EBI no se le puede otorgar ningún permiso de construcción de ese relleno sanitario en Turrúcares porque el Plan Regulador lo prohíbe por los usos del suelo que existen actualmente”.

En segundo lugar, señaló que los usos del suelo “fueron otorgados de una manera totalmente irregular, al grado de que se otorgaron en cuatro horas”.»

En el 2018, en la precitada decisión del CIADI con respecto a una demanda interpuesta contra Costa Rica por un grupo de inversionistas norteamericanos cuyo megaproyecto en Playa Esterillos fue frenado por el Estado costarricense, se pudo leer una situación muy similar de celeridad municipal notoria, al consignarse que (véase texto completo de la decisión):

«127. Fue por eso que la Sra. Vargas presentó una denuncia el 15 de junio de 2010 ante el Tribunal Ambiental Administrativo (“TAA”), una división del Ministerio de Ambiente, mediante la cual solicitaba una investigación del Proyecto Las Olas en vista de (i) las inquietudes acerca de si se estaban rellenando humedales; (ii) la construcción de calles pavimentadas y (iii) el hecho de que se había talado y quemado “vegetación. 128. Al día siguiente, el 16 de junio de 2010, la Sra. Vargas informó al SINAC acerca de sus hallazgos e informes anteriores emitidos con respecto al Proyecto Las Olas. 129. Curiosamente, el mismo día que la Sra. Vargas anunció públicamente sus inquietudes, la Municipalidad emitió siete permisos de construcción para el Sector de Servidumbres del Proyecto Las Olas. Pocos días después, el 22 de junio de 2010, DEPPAT—la Regente Ambiental contratada por el Sr. Aven—presentó un plan de movimientos de tierra y un programa de obras previstas con respecto al Sector de Servidumbres«.

A modo de conclusión

Más allá de la extrema celeridad de algunos funcionarios municipales costarricenses que siempre debería de interpelar a todo observador ¿a qué se debe esperar Costa Rica a partir de la constitución de la terna arbitral anunciada por el CIADI el pasado 30 de octubre? A un largo procedimiento ante el CIADI, como ello ha ocurrido en muchas ocasiones anteriores en las que un inversionista extranjero encuentra manera de intentar obtener afuera lo que el ordenamiento jurídico costarricense y sus tribunales no le han permitido obtener: la experiencia de Costa Rica y de muchos otros Estados ante el CIADI enseña que los intentos de este tipo resultan en la mayoría de los casos vanos.

En el marco del procedimiento ante el CIADI interpuesto por EBI, es muy posible que las máximas autoridades costarricenses hagan creer que todo está perdido y que a cambio del retiro de la demanda, algo ventajoso se puede obtener para Costa Rica: de nuevo ahí, experiencias pasadas con la minería en Costa Rica demuestran que este tipo de «arreglos» no resuelve gran cosa.

Lo que sí cabe señalar es la forma bastante notoria de «informar» de las actuales autoridades sobre el trámite ante el CIADI interpuesto por la empresa EBI, dando a entender desde ya que está perdida la demanda. Notemos que en el 2025 asistimos a una manera igualmente bastante peculiar de «informar» sobre la decisión con respecto la demanda de la empresa minera canadiense. Considerando que si ambas partes (Costa Rica y la empresa minera canadiense) pidieron de común acuerdo archivar un procedimiento pendiente a un órgano de apelación del CIADI y una de las dos (Costa Rica) omitió señalarlo en su comunicado oficial, es que es muy probable que algo se pactó y que resulta altamente insólito que oficialmente Costa Rica lo niegue (Nota 7).

Si nuestros estimables lectores llegaron al final de este texto, deben saber que a penas iniciamos con el Acto I. El Acto II debería intervenir dentro de unos meses, a penas el CIADI haga público una nueva etapa en el procedimiento interpuesto por la empresa EBI contra Costa Rica, y tengamos programado un nuevo «conversatorio«.

– – – Notas – – –

Nota 1: Según los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), en el párrafo XL de su sentencia del 2010, se lee que:

«En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero«

Nota 2: Son varios los proyectos polémicos en Costa Rica en los que la segunda quincena de diciembre es escogida: tal es el caso, entre muchos más, de la viabilidad ambiental 3638-2005-SETENA del 12 de diciembre del 2005 otorgada en el caso del proyecto minero Crucitas; de la resolución 2731-2007 del 17 de diciembre del 2007 otorgando la viabilidad en playa Matapalo (Guanacaste) a un megaproyecto hotelero de 700 habitaciones; de la resolución 2523-2014 del 17 de diciembre del 2014 autorizando el proyecto de terminal de contenedores en Moin de APM Terminals; de la resolución 2331-2016 del 15 de diciembre del 2016, autorizando la siembra de 600 hectáreas de piña en la zona contigua al Humedal Térraba Sierpe; o de la resolución 2146-2020 del 16 de diciembre del 2020 relativa a una planta gasificadora de desechos en Belén de Carrillo (véase texto completo colgado por el medio digital LaVozdeGuanacaste).

Nota 3: Cabe mencionar que en el caso de Colombia, una nota preparada por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá de mayo del 2011 destinada a las empresas norteamericanas interesadas en invertir en Colombia, reconocía la dificultad que presentaba para el inversionista extranjero la legislación colombiana (al restringir la posibilidad de acudir a un arbitraje internacional), pero informaba que la suscripción de tratados de libre comercio (FTA en inglés) y tratados bilaterales de inversión (BIT) por parte de Colombia podría cambiar paulatinamente la situación. En la nota antes referida se lee textualmente que: «Since Colombia has become party to FTAs and multilateral and bilateral investment treaties, the number of international investment arbitration cases between investors and State entities will increase. These arbitration processes may help to change Colombian case law because FTAs, BITs and multilateral investment treaties empower arbitration tribunals to decide cases related to breach of treaty standards of investment protection». Sobre la dificultades encontradas para las empresas norteamericanas en Colombia, véase STRONG S.I., «International arbitration and the Republic of Colombia: commercial, comparative and constitutional concerns from A U.S. perspective», Vol. 22, Duke Journal of Comparative and International Law (2011), pp. 47-107: texto integral disponible aquí. Desde el año 2016, Colombia acumula a la fecha (13/11/2026) un total de 29 demandas en su contra en el CIADI, de las cuales 19 están aún pendientes de resolución. No se ha escuchado de proyectos de ley para intentar volver a la situación anterior, en la que Colombia se veía bastante bien resguardada de demandas de inversionistas extranjeros ante el CIADI.

Nota 4: Se lee en la decisión sobre jurisdicción del 4 de diciembre del 2017 en el caso de la demanda de Infinito Gold contra Costa Rica (véase texto) que:

«343. La Demandada plantea dos objeciones fundadas en esta disposición: una basada en el Artículo XII(3)(c), y otra basada en el Artículo XII(3)(d). El Tribunal ha resuelto que se ha dado cumplimiento al requisito dispuesto en el Artículo XII(3)(d), por lo tanto, la determinación de si dicho requisito es de carácter jurisdiccional o de admisibilidad no tiene consecuencia alguna. Respecto de la excepción de la Demandada de que las reclamaciones están prescritas conforme al Artículo XII(3)(c), el Tribunal ha pospuesto la consideración de esta cuestión a la etapa de fondo. En consecuencia, el Tribunal analizará la cuestión de si el requisito es jurisdiccional o de admisibilidad durante la etapa de fondo en caso de que ello resultara relevante, a saber, si el Tribunal considerase que no se cumplió con el requisito y se acogiese la objeción planteada por Costa Rica».

Nota 5: En su decisión en el caso de la minera Eco Oro (véase laudo arbitral de septiembre del 2021), las regulaciones ambientales de Colombia para resguardar los páramos colombianos no se consideran como reglas que no impidan una debida compensación al inversionista. Sobre esta muy peligrosa interpretación que hicieron dos árbitros (de los tres que integraron el tribunal), véase comunicado conjunto de varias organizaciones ecologistas colombianas publicada en el sitio especializado de CiarGlobal). Así como BENTON HEATH J., «Eco Oro y el ocaso del excepcionalismo de políticas», edición del 20/12/2021, IISD, disponible aquí y, este artículo escrito antes de conocerse la decisión del CIADI, GUZMÁN JIMENEZ L.F., «El arbitraje de inversión en asuntos ambientales. Una mirada al asunto Eco Oro Minerals Corp. v. Colombia-Páramo de Santurbán», 29/07/2020, Departamento de Derecho al Medio Ambiente, Universidad Externado de Colombia, disponible aquí. En su opinión separada adjunta al laudo, y cuya lectura se recomienda, el árbitro designado por Colombia, Philippe Sands, sostiene que: «33. In the age of climate change and significant loss of biological diversity, it is clear that society finds itself in a state of transition. The law – including international law – must take account of that state of transition, which gives rise to numerous uncertainties. Adjudicators – judges and arbitrators – recognise the need to proceed with caution at a time of transition and uncertainty. Indeed, the precautionary principle has been developed to assist in the taking of decisions in times of uncertainty, and the Tribunal has correctly determined that the application of the precautionary principle – treated as being applicable as a rule of law in accordance with Article 832 of the FTA – to this case has contributed to the conclusion that there has been no actionable violation of Article 811 of the FTA. Yet in respect of Article 805, it seems that precaution has no place for the Majority».

Nota 6: Véase BOEGLIN N., «A propósito de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de una ley-contrato minero«, 29 de noviembre del 2023. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 7: Véase al respecto BOEGLIN N., «Crucitas: Infinito Gold c. Costa Rica ante el CIADI a 11 meses de un comunicado oficial omiso, en medio de un súbito entusiasmo por el oro», 23 de junio del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

A propósito de una demanda internacional contra Costa Rica ante el CIADI que explica que … se organizara un «conversatorio» en Turrúcares: acto I

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR
nboeglin@gmail.com

Introducción

El pasado 30 de octubre, se anunció la integración de un tribunal arbitral en el marco del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista extranjero y Estado, más conocido por sus siglas en inglés – ICSID – y en francés – CIRDI) en el caso de la demanda interpuesta por la empresa EBI contra Costa Rica en julio del 2025: véase nota de IA reporter y enlace oficial del CIADI sobre el caso ARB. 25/33. En este otro enlace oficial del CIADI se dan a conocer algunos aspectos del procedimiento iniciado en julio del 2025 por la empresa EBI contra Costa Rica.

Como por alguna extraña coincidencia, en la semana posterior al viernes 30 de octubre del 2026, se escuchó hablar mucho de Turrúcares y del relleno sanitario que la empresa EBI pretende instalar en esta comunidad, tal y como lo veremos a continuación. Con un inusitado esfuerzo de convencimiento por parte del Estado costarricense en el marco de un repentino «conversatorio» organizado con presencia de varios ministros en Turrúcares, pocos días después, el miércoles 4 de noviembre: cuatro ministros (uno de ellos con doble cartera) que suspenden en cuestiones de días su cargada agenda para coincidir en Turrúcares, ¿no resultará del todo algo insólito? A todas luces se trató, de un interesante ejercicio de las actuales autoridades costarricenses que pareciera iniciar una secuencia, razón por la cual el título de este artículo incluye un: «Acto I«.

El titular de esta nota de CRHoy del 6 de noviembre refiere a la palabra «chantaje«: un intercambio de proyectos para la comunidad de Turrúcares a cambio de un pequeño favor solicitado a esta misma comunidad.

De manera a tener una pequeña idea de la actual orientación política que se observa en Costa Rica con todo lo que le pida Estados Unidos y los círculos corporativos que gravitan alrededor de la embajada de Estados Unidos en San José, no está de más añadir el texto de una declaración adoptada el 5 de noviembre en el marco de una cumbre iberoamericana en Madrid, en la que Costa Rica, conjuntamente con Argentina, Colombia y Paraguay optaron por separarse del párrafo 4 (véanse notas al final de la misma declaración) que se lee de la siguiente manera:

«Rechazamos la coerción y la aplicación de medidas contrarias al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas que obstaculicen la capacidad de los Estados para hacer frente a sus necesidades y prioridades en materia de desarrollo«.

Más allá de una cara verdaderamente desconocida que Costa Rica externa ante el mundo y ante los demás integrantes de la comunidad internacional con este tipo de posturas, en las líneas que siguen, enfatizaremos nuestras reflexiones en torno a algunas amenazas de demandas ante el CIADI fomentadas por las autoridades de Costa Rica en años pasados con respecto a megaproyectos, en torno a la desconfianza que ha generado el CIADI en América Latina así como a la demanda de la empresa EBI contra Costa Rica de julio del 2025, dedicando unas líneas al «conversatorio» con la comunidad de Turrúcares en el que el micrófono fue monopolio de las autoridades presentes a la reunión (lo cual explica las comillas usadas en la frase anterior).

Amenazas de arbitraje internacional: algunos recuerdos que cabe mencionar no muy lejanos

La amenaza de un arbitraje internacional en Turrúcares y el condicionamiento escuchados (véase nota de Diario Extra) que explicaremos más en detalle, recuerda unas desafortunadas declaraciones brindadas el 27 de julio del 2010 por parte de un vicepresidente en Costa Rica, según el cual, de derogar un decreto de conveniencia nacional, Costa Rica debería desembolsar la coqueta suma de 1.700 millones a una empresa minera canadiense (véase nota de La Nación y nuestra opinión publicada el 2 de agosto del 2010 en La Nación, titulada «Minería, arbitraje y amenazas«). A la fecha de hoy (10 de noviembre del 2026), se mantiene como una verdadera incógnita en Costa Rica la identidad de las personas que integraron una «comisión de alto nivel» gubernamental que llevó al vicepresidente de Costa Rica a referirse a semejante suma (verdaderamente fantasiosa) de 1.700 millones de US$ (véanse nuevamente las declaraciones de Alfio Piva del 27 de julio del 2010 y artículo de un geólogo extrañado por esta cifra – publicado en medios digitales – de agosto del 2010 exigiendo explicaciones): pese a gozar todos los integrantes del gabinete correspondiente al período (2010-2014) de una muy buena salud y posiblemente de una buena memoria, la nómina exacta de los integrantes de esta «comisión» constituye posiblemente uno de los secretos mejores guardados en Costa Rica.

La cifra mirobolante de aquel momento nos llevó a explicar cómo amenazas de arbitraje internacional han sido utilizadas a veces por decisores políticos: véase al respecto nuestro artículo publicado en el 2011 en la revista Ambientico (UNA), titulado «Minería y amenazas de arbitraje internacional: balance y perspectivas«.

Como se recordará, planteada finalmente la demanda contra Costa Rica en el 2014 por la misma empresa minera canadiense ante el CIADI, un laudo arbitral del 2021 no le ordenó pago alguno a ésta por parte del Estado costarricense.

Siempre en el 2011, fue esta vez con respecto al gas y al petróleo que algunos círculos políticos y corporativos agitaron la amenaza de un arbitraje internacional, al que también nos referimos en este artículo publicado en La Nación, titulado «Petróleo, gas y amenazas«. En el 2024, un artículo del Semanario Universidad reveló con respecto a círculos que persistían en el 2023 en fomentar la exploración y extracción de gas y de petróleo en Costa Rica, las andanzas de un exjerarca de la cartera ambiental en Costa Rica.

En este artículo publicado en La Nación en el 2011, se indica a partir de los cables WikiLeaks cómo el embajador de Estados Unidos en Costa Rica no logró inmutar en lo más mínimo al presidente de Costa Rica de la época, Abel Pacheco (2002-2006), pese a la amenaza de una demanda de la empresa petrolera Harken por un monto (algo astronómico…!) de 57.000 millones de US$ que al final nunca presentó. Dicho sea de paso, este cable confidencial dado a conocer por WikiLeaks de agosto del 2005, detalla a los operadores a favor del TLC con Estados Unidos en Costa Rica identificados por la embajada de Estados Unidos en San José, y que han coincidido con agitar amenazas de arbitraje internacional. Este otro cable confidencial del 2006 detalla el «estado de pánico» de algunos decisores en Costa Rica a cargo del comercio exterior al anunciar Estados Unidos sanciones si Costa Rica no aprobaba un ABI (Acuerdo Bilateral de Inmunidad), que garantice impunidad a personas de nacionalidad norteamericana buscadas por la justicia penal internacional de La Haya.

En el 2013, una demanda contra Costa Rica por parte de un grupo de accionistas de Suiza de una empresa distribuidora de gas que un ministro adelantó ser «infundada» (véase nota de Teletica) terminó ordenando al inversionista pagarle a Costa Rica más de un millón de US$ (véase texto de la demanda de febrero del 2013 y decisión de un tribunal del CIADI de marzo del 2017 en particular el párrafo operativo final 728). La mención a Suiza refiere a una cláusula favorable al inversionista extranjero en un TBI vigente entre Costa Rica y Suiza, creándose una sociedad anónima cuya única existencia se debió a esta demanda interpuesta ante el CIADI contra Costa Rica: una búsqueda en la red de «Cervin Investissements S.A. y Rhone Investissements S.A» al menos así lo evidencia.

En el 2017, con respecto a la desestimación de una demanda interpuesta contra Costa Rica por una subsidiaria de RITEVE ante el CIADI, nos permitimos recordar en esta nota que:

«Con relación a la demanda interpuesta en febrero del 2012 por RITEVE contra Costa Rica, cabe recordar que en junio del 2012, durante una conferencia de prensa (véase nota de Diario Extra, del 16/06/2012) el viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) de Costa Rica, Rodrigo Rivera, “explicó que para el Estado era más barato permitirle a Riteve quedarse operando 10 años más y de esta manera asegurarse no tener que pagar los $280 millones si perdía el arbitraje”.»

En el 2022 otra decisión de un tribunal del CIADI resultó favorable para Costa Rica (véase texto completo de la decisión).

Este breve recuento de algunos recuerdos no tan lejanos en la línea de tiempo, evidencia el uso que tradicionalmente se ha hecho del arbitraje internacional en Costa Rica para intentar malinformar y/o manipular a la opinión pública.

El CIADI y la profunda desconfianza que genera

El CIADI permite a un inversionista presentar una demanda contra un Estado, pese a tratarse muchas veces de demandas abusivas y/o infundadas. Algunas de ellas se originan en permisos y autorizaciones otorgadas por entes públicos, sea a nivel local, sea a nivel nacional, de manera sospechosa en «modo express«. Al tratarse de demandas acompañadas de cientos de millones de US$ exigidos a título de indemnización y/o compensación a un Estado, estas demandas suelen ser usadas como mecanismo de presión sobre los decisores políticos.

Cuando la mala fe de un inversionista extranjero es notoria, el CIADI puede condenar al inversionista a pagarle al Estado un monto determinado. Es lo que obtuvo Costa Rica en una decisión del 2018 (véase texto en el caso David Aven et alii vs Costa Rica: párrafo final 769). Los especialistas en materia ambiental podrán verificar que en este caso, los árbitros del CIADI consideraron que no había cómo eximir a los inversionistas extranjeros de la obligación de cumplir con todos los requisitos que establece la legislación ambiental vigente en Costa Rica. En el párrafo 116 se refiere a un «documento falsificado» que, salvo error de nuestra parte, no ha dado lugar a sanciones en Costa Rica contra sus autores.

El hecho que, hasta ahora, Costa Rica haya salido bastante bien librada en el CIADI luego de varios años de procedimiento frente a las millonarias pretensiones de una empresa minera canadiense en el 2021, así como en otros casos como el de un megaproyecto en Playa Esterillos en el 2018 (caso David Aven et alii vs Costa Rica: véase nuestra nota al respecto) y los demás casos indicados, no debe ocultar la peligrosa deriva del CIADI que ha generado paulatinamente cierta desconfianza en otras partes de América Latina y del mundo.

Y es que cualquier descuido en la defensa legal de un Estado y en particular en la batalla procesal que supone una demanda contra un Estado ante una terna arbitral, puede resultar riesgosa. Tratándose además de tres árbitros, y de sumas millonarias en juego, son muchos los Estados que han preferido no seguir arriesgándose de esta manera.

Como se ha analizado en textos anteriores nuestros (véanse esta nota editada por Bretton Woods Project del 2013, así como esta nota de CIARGlobal del 2017 entre otras más), el sistema de arbitraje de inversión del CIADI ha provocado una creciente desconfianza en América Latina y en el resto del mundo, a tal punto que son muchos los Estados que ya sea:

– han denunciado la Convención de Washington de 1965 que lo establece (Bolivia, Ecuador, Venezuela, Honduras), o ya sea;

– han dado por finalizados o bien renegociado las cláusulas sobre solución de diferencias incluidas en tratados bilaterales de protección y promoción de inversiones (denominados TBI en español o BIT en inglés: se trata de tratados bilaterales que habilitan a un inversionista a interponer demandas internacionales ante el CIADI). Este ha sido el caso de Bolivia, de Ecuador (véase artículo), de Indonesia (véase artículo), o de Sudáfrica (cuyo último TBI con España fue suspendido en el 2024 – véase nota). La terminación de un TBI requiere algo de valentía en el plano político, y jurídicamente se materializa mediante una simple notificación, como fue el caso del TBI con Estados Unidos denunciado por Bolivia en el 2011 (véase enlace); o bien:

– han mantenido una distancia prudente con este mecanismo como por ejemplo Brasil: se trata, paradójicamente, del principal Estado receptor de inversión extranjera en América Latina que ni siquiera ha firmado este tratado de 1965 (véase artículo al respecto); así como Cuba, Nicaragua o el mismo México que ratificó la Convención de Washington de 1965 tan solo en el 2018, así como Canadá (tan solo en el 2013). Con respecto a la denuncia de esta convención de 1965 por parte de Honduras, remitimos a nuestra nota de marzo del 2024, titulada:

«CIADI: a propósito de la reciente denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington de 1965«.

Es de notar que Brasil ha firmado varios TBIs sin nunca ratificarlos, lo cual denota el cuido extremo de sus autoridades de manera a no exponer a Brasil a demandas por parte de inversionistas extranjeros.

En el caso de la Unión Europea (UE), sus Estados miembros acordaron un tratado regional en el 2020 para suspender todos los TBI existentes entre ellos, de manera a no permitir más demandas abusivas de inversionistas extranjeros europeos en contra de Estados miembros de la UE (véase enlace al tratado y estado de firmas y ratificaciones). Se trata de una interesante protección legal que han establecido estos Estados, y que debiera de poder interpelar a muchos otros Estados en otras latitudes, en particular en las que persisten algunos decisores políticos que siguen negociando de manera muy entusiasta TBIs que contienen cláusulas muy favorables para el inversionista extranjero.

También es de señalar que en el 2023, fue desde el Congreso de Estados Unidos que 33 integrantes exigieron a sus autoridades extraer a Honduras, víctima de demandas abusivas por parte de empresas norteamericanas, del sistema de arbitraje de inversión del CIADI (véase cable de Reuters). Luego de la denuncia del CIADI en marzo del 2024, las nuevas autoridades electas de Honduras decidieron en julio del 2026 reintegrar el CIADI, provocando una ola de repudio (véase documento titulado:» Statement in Defense of Sovereignty and Collective Rights in Honduras – Returning to ICSID is a sign of Nasry Asfura’s Subservience to Transnational Capital«.

Desde la perspectiva ambiental y de los derechos humanos, un informe poco difundido de Naciones Unidas del 2023 en América Latina (véase enlace) y cuya lectura completa se recomienda, elaborado por el «Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible», se titula:

«Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y Estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos«.

En el 2021, tuvimos la ocasión de explicar en una nota publicada en CIARGlobal, a raíz de la decisión de un tribunal arbitral del CIADI relacionada a una demanda interpuesta por una empresa minera canadiense contra Costa Rica que:

«(…) no tiene mayor sentido el permitir a un inversionista extranjero de mala fe recurrir ante el CIADI contra decisiones de la justicia nacional que declaran ilegal su proyecto y mucho menos el tener que esperar siete largos años de costosos procedimientos ante el CIADI para escuchar a tres árbitros confortar las decisiones judiciales antes mencionadas. Ello sin hablar del riesgo, inherente a este tipo de demandas millonarias, de ver a dos (de los tres árbitros) acoger, por alguna razón, algunas de las pretensiones económicas del inversionista«.

Presión de una demanda sobre decisores políticos: el «affaire» Crucitas en Costa Rica a inicio de los años 2000

Como ha ocurrido en el pasado, estas demandas ante el CIADI ejercen una presión muy fuerte sobre decisores políticos y algunos círculos corporativos y políticos, dispuestos a invocar la «flexibilización» de algunas reglas con tal de que la demanda sea retirada por parte del inversionista. El «affaire» Crucitas y los secretos persistentes que la rodean, así lo evidencian, en la medida en que:

– en el 2003 para el mismo proyecto minero de Crucitas, la empresa canadiense demandó a Costa Rica ante el CIADI por rechazarle sus autoridades ambientales el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La demanda era por 276 millones de US$ (véase nota de La Nación de setiembre del 2005).

– repentinamente, en una carta del 4 octubre del 2005 (véase texto), la Secretaría del CIADI indicó a las autoridades de Costa Rica que se retiraba la demanda interpuesta por la empresa Vanessa Ventures. En el anexo con fecha del 3 de octubre del 2005 (véase documento), la firma de abogados Torys explica que la empresa y el Estado costarricense estaban en negociación y que la empresa se sentía » reasonably optimistic» sobre el resultado de esta.

– el 12 de diciembre del 2005, la SETENA (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) aprobaba el EIA que había rechazado en el 2003.

A la fecha de hoy (10 de noviembre del 2026), tampoco se tiene identidad de quiénes, en nombre del Estado costarricense, negociaron semejante «arreglo» con la empresa minera canadiense en el 2005.

CIADI, TBIs y lluvia de demandas en América Latina

Volviendo al CIADI y a los instrumentos que habilitan a un inversionista a demandar a Costa Rica, en la parte final de este enlace oficial de COMEX (Ministerio de Comercio Exterior) aparece en «Acuerdos de Inversión» la lista de los 15 TBIs que tiene vigentes, a los que hay que añadir varios de los tratados de libre comercio (TLC) vigentes de la sección primera, que también contienen una cláusula permitiendo al inversionista extranjero acudir contra Costa Rica ante el CIADI.

Como todo tratado bilateral, dos Estados pueden considerar oportuno renegociar sus cláusulas, como fue, entre muchos ejemplos, recientemente el caso del TBI entre Corea del Sur y México (véase nota de Asia Today).

Según la información oficial del CIADI, al 7 de noviembre del 2026 Costa Rica enfrenta además otras dos demandas, al tiempo que ha concluido procedimientos en el caso de 18 de ellas. Una de las demandas pendientes contra Costa Rica fue presentada en el 2023 con base en el TBI con Alemania (véase enlace) al tiempo que la otra en el 2025 con base en el TBI vigente entre Costa Rica y Venezuela (véase enlace).

Los Estados con mayores demandas en su contra en estos momentos pendientes de resolución ante el CIADI de América Latina son Perú (22 demandas pendientes), seguido por México (20), Honduras (12), Panamá (11), y Venezuela (9).

Este informe del 2011 ya advertía de los riesgos que representa el CIADI para Estados cuyos dirigentes políticos firman TBIs o TLCs sin preocuparse mayormente por sus efectos a futuro, en particular cuando contienen cláusulas sumamente ventajosas para el inversionista extranjero. Este nuevo informe del 2025 permite comprender mejor el peso cada vez más grande que tienen estas numerosas demandas en las ya maltrechas economías de los Estados de América Latina.

En el caso específico de Argentina, se lee en este muy completo informe del 2025 sobre los estragos que han causado estas demandas ante el CIADI, que:

«Argentina podría terminar unilateralmente más del 85% de sus TBIs cuyo período inicial ya venció o que vence este año (antes de ser renovado). Sin embargo, ningún gobierno desde los años noventa hasta la actualidad ha considerado seriamente esta opción, evidenciando cómo las élites locales han internalizado los imperativos del capital transnacional. El RIGI del presidente Javier Milei intenta cerrar definitivamente esta ventana, consolidando por tres décadas un marco jurídico que blinda los privilegios corporativos«.

La demanda contra Costa Rica como tal del 2025 interpuesta por la empresa EBI

La demanda de la empresa canadiense EBI contra Costa Rica fue planteada formalmente el 14 de julio del 2025 ante el CIADI, con base en el tratado bilateral de inversiones (TBI) siempre vigente (véase texto) entre Costa Rica y Canadá suscrito en 1998: véase nota del Semanario Universidad publicada unas semanas antes del registro oficial de la demanda ante la Secretaría del CIADI.

A diferencia de otros casos, el texto de la demanda interpuesta como tal no está por el momento disponible (véase por ejemplo texto de la demanda interpuesta contra Costa Rica de inversionistas para un megaproyecto en Playa Esterillos del 2014 y texto de demanda de empresa suiza en representación de Gas Z del 2013). Desde ya agradecemos el concurso de nuestros estimables lectores si alguno/a de ellos sabe dónde podría estar disponible en línea el texto de la demanda como tal: el contenido del texto de esta demanda permitiría conocer con precisión sobre qué ha basado sus millonarias pretensiones la empresa EBI ante el CIADI, al estar aún pendientes decisiones de la justicia costarricense. Y en particular contraponer el texto de esta demanda a dos requisitos indispensables que enumera el Artículo XII del TBI Canadá-Costa Rica, al precisar que:

El artículo XII del TBI entre Costa Rica y Canadá tiene un inciso, el 3, que establece un plazo de tres años, pero adicionalmente establece que:

«Un inversionista podrá someter una diferencia, según se indica en el párrafo (1), a arbitraje conforme a lo dispuesto en el párrafo (4) solamente si:

…

  1. «no han transcurrido más de tres años desde la fecha en que el inversionista inicialmente tuvo o debió haber tenido conocimiento, de la violación alegada y conocimiento de que el inversionista ha incurrido en pérdidas o daño; y
  2. en los casos en que Costa Rica es parte de la diferencia, ningún tribunal costarricense haya emitido un fallo relativo a la medida que se alega contraviene este Acuerdo«.

Cabe recordar que fue este mismo tratado bilateral entre Costa Rica y Canadá el que también había servido de base jurídica en el caso de la demanda interpuesta en febrero del 2014 contra Costa Rica por la empresa minera canadiense Infinito Gold relacionada a su polémico proyecto minero ubicado en Las Crucitas, en Cutris de San Carlos (véase texto de la demanda con fecha del 6 de febrero del 2014, presentada pocos días después de celebrarse los comicios en Costa Rica).

Con respecto a los proyectos de rellenos sanitarios de la empresa EBI en Costa Rica, en la precitada nota del Semanario Universidad se hace ver que la empresa cuestiona el hecho que no pueda construir rellenos sanitarios en las localidades de Turrúcares y Montes de Oro debido a la oposición de los vecinos y de los mismos municipios concernidos.

Foto de manifestaciones en las principales arterias de San José contra el proyecto minero de Crucitas en Costa Rica. Imagen extraída del artículo titulado «Canadian groups tell gold company to ‘stop harassing’ Costa Ricans» (Bilaterals.org., edición del 17 de abril del 2013).

Dos comunidades opuestas a la instalación de rellenos sanitarios

En el caso de la primera comunidad, en esta nota del 4 de noviembre del 2026, se hace ver la férrea oposición de vecinos al parecer muy organizados que se «plantaron» (expresión usada en el título de la nota) y obligó al Estado costarricense a desplazar a cuatro de sus ministros (con uno de ellos con doble cartera): su presencia al parecer no impresionó mayormente a los asistentes y vecinos, profundamente indignados y molestos por el apoyo a este proyecto de relleno sanitario de las máximas autoridades costarricenses (véase nota del Semanario Universidad).

Como pequeño detalle de interés, insistimos nuevamente en la cercanía de la fecha del anuncio de la integración de la terna arbitral del CIADI (30 de octubre) con esta reunión con los vecinos de Turrúcares realizada el 4 de noviembre por las máximas autoridades costarricenses, y nos permitimos plantear la siguiente pregunta: de no haberse anunciado nada por parte del CIADI el 30 de octubre ¿siempre se hubiese convocado un «conversatorio» en Turrúcares días después?

En esta otra nota de CRHoy, se señala la oposición de las mismas autoridades municipales a este polémico proyecto. Ya en el año 2024, se había observado a la máxima instancia costarricense en materia de salud cuestionar la posición de las autoridades municipales en defensa de la comunidad de Turrúcares (véase nota del Semanario Universidad).

La actitud de las máximas autoridades ministeriales fue tal durante la reunión del 4 de noviembre que hirió la susceptibilidad de las autoridades municipales (tal y como se señala en el título de esta nota del programa radial Nuestra Voz del 5 de noviembre) al tiempo que personas que votaron por el oficialismo en las elecciones de febrero del 2026 externaron su profunda decepción (véase nota del Semanario Universidad). Este video informativo realizado por el medio digital Delfino.cr explica de manera muy clara las razones por tanta indignación provocada en Turrúcares el pasado 4 de noviembre.

Con respecto a las alegaciones de los voceros de la empresa EBI, en esta otra nota del medio universitario Semanario Universidad, de julio del 2025, se lee que:

«EBI afirmó que “la demanda se basa, en parte, en el abuso de los procesos locales por parte de las municipalidades y en su falta de diligencia razonable para avanzar en los asuntos, tal y como exige la legislación costarricense y el principio procesal de impulso de oficio”.»

En otra nota del programa radial matutino de Nuestra Voz de junio del 2025, se señala que para los representantes de la empresa:

«“Lo que ha impedido avanzar con el proyecto son dos procesos de lesividad que ha interpuesto la Municipalidad de Alajuela para anular los usos de suelo que ya habían sido otorgados a esas fincas por la misma administración. Además, en los últimos años, esa municipalidad emitió cuatro acuerdos indicando, sin fundamento alguno, que no permitiría la aprobación del permiso constructivo y a pesar de que esos acuerdos fueron impugnados por la empresa, desde el año 2023 se ha negado a resolver los recursos a pesar de existir una orden de un Tribunal”.

Si procesos de lesividad en contra de funcionarios municipales fueron iniciados por las autoridades municipales y están aún en proceso, resulta de cierto interés leer que para la empresa EBI, estos procesos «impiden avanzar«. Remitimos a nuestros estimables lectores a la definición del proceso de lesividad vigente en Costa Rica de manera a entender mejor la expresión de «impiden avanzar«, así como los plazos previstos en el ordenamiento jurídico costarricense, que recordó la Procuraduría General de la República (PGR) ante una consulta en el 2017 (véase enlace). En esta nota del 2024 de Diario Extra se precisa por parte de una autoridad municipal que:

«Esos usos de suelo se dieron en 2011 de manera muy rápida, no hago juicios de valor, solo cumplo con mi deber como alcalde de Alajuela y de los turrucareños, por eso iniciamos la lesividad, porque los usos de suelo se hicieron mal dados«.

Es de notar que se trata de un proyecto que lleva ya varios años discutiéndose: en el 2014, en una decisión de la Sala Constitucional (véase voto 16359-2014) relativa al proyecto de relleno sanitario en Turrúcares, fueron tres los magistrados (de siete) los que habían considerado que la Sala Constitucional no debía modificar el alcance del principio de la participación ciudadana en materia ambiental como derecho fundamental. Siempre en el 2014, fue esta vez un magistrado el que reiteró, siempre con respecto a este mismo proyecto en Turrúcares su posición anterior (véase voto 19621-2014).

Con respecto a la otra comunidad (Montes de Oro) también sujeta a un proyecto de relleno sanitario de la misma empresa, en el 2023 tuvimos la ocasión de analizar el alcance de la discusión interna en la Sala Constitucional con respecto al principio de participación ciudadana en materia ambiental, a raíz del voto 11236-2023: véase al respecto nuestra nota de julio del 2023, titulada:

«Participación ciudadana en materia ambiental: breves apuntes relativos a una reciente sentencia».

Siempre con respecto a Montes de Oro, se sugiere revisar el Acta Municipal N.128-2026 del 13 de octubre del 2026 de la Municipalidad de Montes de Oro (véase enlace), y en particular lo adelantado por el alcalde con base en un oficio recibido por parte del jerarca del comercio exterior costarricense sobre la demanda de EBI contra Costa Rica (pp.11-12). Se lee en particular que, según la nota recibida por COMEX,

«5- Comex indica que, en el caso de que se pierda el arbitraje, ambas municipalidades deben cancelar el monto total de la sentencia que se dicte a los efectos.

6- Comex indica que, a partir de este momento, cualquier tema que se hable en sesiones municipales sobre el caso, puede ser tomado por las empresas como evidencia para sustentar su denuncia».

No se tiene información sobre el punto de saber si COMEX tiene claridad con respecto al principio de autonomía municipal, ni con base en qué elementos COMEX anuncia desde ya que Costa Rica podría ser condenada por el CIADI a pagar un monto a la empresa.

A modo de conclusión

Nuevamente aquí, o como ocurrió con el fallido proyecto minero de Infinito Gold en Crucitas, o como ocurrió en Colombia cuando el Estado decidió proteger los páramos, o cuando en Panamá la justicia constitucional suspendió una concesión minera, u otras situaciones en las que la protección del derecho a la salud o al ambiente, o la protección de derechos de pequeñas comunidades rurales o indígenas frenan un megaproyecto, se vuelve a verificar lo siguiente: decisiones de entidades estatales (o bien de tribunales de justicia) o procedimientos en trámite ante instancias jurisdiccionales nacionales que alteran el plan operativo de un megaproyecto de un inversionista extranjero, al parecer algo urgido, dan pie para una demanda internacional multimillonaria ante el CIADI.

En el caso de Infinito Gold, la demanda interpuesta en febrero del 2014 culminó con una decisión de junio del 2021, en la que si bien se condenó a Costa Rica por violar disposiciones del TBI con Canadá, no se le ordenó pago alguno por concepto de indemnización: véase al respecto nuestra nota de junio del 2021 titulada:

» Infinito Gold contra Costa Rica: nuevo fracaso de minera canadiense al tiempo que persisten secretos en Costa Rica«.

La empresa solicitó posteriormente una anulación parcial de este laudo ante un órgano de apelación del CIADI y en el 2024, la empresa y Costa Rica acordaron solicitar el archivo del caso al CIADI. Un pequeño detalle que se omitió oficialmente en Costa Rica al anunciar la «victoria» ante el CIADI. En julio del 2024, COMEX precisó que no se había pactado nada con la empresa (véase nota del Semanario Universidad). Considerando que si ambas partes piden de común acuerdo archivar un procedimiento pendiente a un órgano de apelación del CIADI y una de las dos omite señalarlo, es que algo se pactó. En junio del 2025, elaboramos otra nota que se tituló de la siguiente manera:

«Crucitas: Infinito Gold c. Costa Rica ante el CIADI a 11 meses de un comunicado oficial omiso, en medio de un súbito entusiasmo por el oro».

Con respecto a la comunidad de Turrúcares, en esta nota del Semanario Universidad de marzo del 2024 se lee por parte de un reconocido abogado costarricense en materia ambiental, una aseveración que debiera interesar a todo especialista en celeridad notoria de funcionarios municipales para otorgar permisos:

«Consultado al respecto, Sagot destacó que “a EBI no se le puede otorgar ningún permiso de construcción de ese relleno sanitario en Turrúcares porque el Plan Regulador lo prohíbe por los usos del suelo que existen actualmente”.

En segundo lugar, señaló que los usos del suelo “fueron otorgados de una manera totalmente irregular, al grado de que se otorgaron en cuatro horas”.»

En el 2018, en una decisión del CIADI con respecto a una demanda interpuesta contra Costa Rica por un grupo de inversionistas norteamericanos cuyo megaproyecto en Playa Esterillos fue frenado por el Estado costarricense, se pudo leer una situación muy similar de notable celeridad municipal, al consignarse que (véase texto completo de la decisión):

«127. Fue por eso que la Sra. Vargas presentó una denuncia el 15 de junio de 2010 ante el Tribunal Ambiental Administrativo (“TAA”), una división del Ministerio de Ambiente, mediante la cual solicitaba una investigación del Proyecto Las Olas en vista de (i) las inquietudes acerca de si se estaban rellenando humedales; (ii) la construcción de calles pavimentadas y (iii) el hecho de que se había talado y quemado “vegetación. 128. Al día siguiente, el 16 de junio de 2010, la Sra. Vargas informó al SINAC acerca de sus hallazgos e informes anteriores emitidos con respecto al Proyecto Las Olas. 129. Curiosamente, el mismo día que la Sra. Vargas anunció públicamente sus inquietudes, la Municipalidad emitió siete permisos de construcción para el Sector de Servidumbres del Proyecto Las Olas. Pocos días después, el 22 de junio de 2010, DEPPAT—la Regente Ambiental contratada por el Sr. Aven—presentó un plan de movimientos de tierra y un programa de obras previstas con respecto al Sector de Servidumbres«.

Más allá de la extrema celeridad de algunos funcionarios municipales que siempre debería de interpelar, ¿qué se debe esperar Costa Rica a partir de la constitución de la terna arbitral anunciada por el CIADI el pasado 30 de octubre? A un largo procedimiento ante el CIADI, como ello ha ocurrido en muchas ocasiones anteriores en las que un inversionista extranjero encuentra manera de intentar obtener afuera lo que el ordenamiento jurídico costarricense y sus tribunales no le han permitido obtener.

Si nuestros estimables lectores llegaron al final de este texto, deben saber que apenas iniciamos con el Acto I. El Acto II debería intervenir dentro de unos meses, apenas el CIADI haga público una nueva etapa en el procedimiento interpuesto por la empresa EBI contra Costa Rica y un nuevo «conversatorio» sea nuevamente organizado.

Gaza / Israel: desde una desconcertante Costa Rica, reflexiones sobre el reciente informe de la comisión de investigación de Naciones Unidas relativo a los crímenes de Israel

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público
Facultad de Derecho UCR
nboeglin@gmail.com

Se acaban de conmemorar hace unas semanas tres años desde el inicio de las operaciones de destrucción total de la Franja de Gaza por parte de Israel, en «venganza» al ataque perpetrado por el Hamás el 7 de octubre del 2023: se trata de operaciones militares que se advirtió en su momento que iban rápidamente a degenerar en el «asedio total» anunciado por las mismas autoridades militares israelíes, y ello desde el mismo mes de octubre del 2023, con crímenes y exacciones por venir (Nota 1).

En el 2021, ya habíamos tenido la oportunidad de analizar el profundo temor que generó súbitamente en aquel momento en Israel una solicitud formal de información enviada por la justicia penal internacional de La Haya a sus máximas autoridades (Nota 2).

Desde la perspectiva jurídica internacional, una reciente obra titulada «Gaza et le droit international» publicada en Bélgica y escrita por una reconocida jurista francesa (véase enlace que contiene el índice de su libro) detalla algunos aspectos pocamente abordados en la prensa internacional, pero también en publicaciones de corte más académico así como en algunos círculos políticos. Salvo error de nuestra parte, es la única publicación analizada desde la estricta perspectiva jurídica internacional editada sobre Gaza en francés en estos tres años por una reconocida casa de edición jurídica europea como la es la «Maison Bruylant» en Bruselas. Por cierto, la autora de este libro fue la invitada en el marco del webinar «Les Mardis de JURDI» en París, este 3 de noviembre del 2026 (véase enlace con posibilidad de inscribirse ahí indicadas y el video que debería próximamente ser editado en el sitio de JURDI).

Tanto desinterés por parte de círculos académicos, de juristas, de universitarios e investigadores galos o de habla francesa, debería tener una explicación: el capítulo I de este libro, cuya lectura completa se recomienda, se titula precisamente:

«Les faits, la preuve et les stratégies de dissimulation«.

Invitamos a nuestros estimables lectores especializados en doctrina jurídica internacional a verificar si la misma situación que la descrita en el caso de publicaciones jurídicas en francés, también se observa con las grandes casas editoriales de la ciencia jurídica en otros idiomas.

Los límites de la manipulación de la información

Con respecto a la operación militar de Israel a partir de la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023, otras alertas igualmente tempraneras advirtieron que los dos objetivos oficiales de Israel de supuestamente «erradicar al Hamás» y de «recuperar a los rehenes israelíes» no guardaban mayor relación con lo observado desde el punto de vista militar en Gaza desde esta misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023: ¿en cuál conflicto militar se habrá observado que bombardear masivamente edificios en una región densamente poblada como Gaza sí permite rescatar a rehenes escondidos en túneles con sus custodios y eliminar al grupo armado que los secuestró (cuyos cuarteles generales también se encuentran a varios metros de profundidad)? Más de tres años después de iniciada esta insensata ofensiva militar israelí en Gaza, se confirma que estos «objetivos oficiales» no lo eran: el Hamás sigue existiendo (renovando a sus liderazgos y a sus combatientes y extendiendo su influencia en otras partes de Palestina como Cisjordania) y los únicos rehenes recuperados por Israel en estos años lo fueron a raíz de un acuerdo negociado con el Hamás a cambio de la liberación de detenidos palestinos en las cárceles israelíes.

Adicionalmente, informes de medios de prensa desde diciembre del 2023 (véase nota del New York Times), señalaron que las máximas autoridades israelíes sí estaban al tanto de los preparativos del Hamás para la primera semana de octubre del 2023, y que fueron advertidas incluso con llamadas pocos días antes de sus principales aliados árabes: véanse al respecto esta nota más reciente de Haaretz con respecto a las alertas comunicadas vía telefónica por la máxima autoridad de Emiratos Árabes Unidos a su homólogo israelí y esta otra nota sobre las advertencias provenientes de los servicios de inteligencia de Egipto. En el caso de estas últimas, desde el mismo 12 de octubre del 2023, lo que consideró una «noticia falsa» el primer ministro israelí, se difundió desde la misma BBC (véase nota de la BBC).

Estas revelaciones (y muchas otras…) hacen trizas otra idea totalmente falaz, vehiculada por muchos medios de prensa, editorialistas, columnistas, analistas y denominados «expertos» sobre el carácter supuestamente «sorpresivo» para las máximas autoridades de Israel del ataque del 7 de octubre del 2023 perpetrado por varios comandos del Hamás. A la vez, exponen una operación de comunicación a nivel global llevada a cabo por Israel a partir de estos y muchos otros relevos en diversas salas de redacción, que debería de interesar e interpelar a muchos en diversas partes del mundo.

Este extracto de una intervención del delegado de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas merece ser recordado, al haberse externado durante una sesión urgente del máximo órgano de Naciones Unidas, el 16 de octubre del 2023, y al explicar las verdaderas intenciones detrás de la intensidad de la respuesta militar de Israel al ataque del 7 de octubre del 2023:

«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros”.

(intervención realizada por el representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023: véase acta S/PV/9439, en página 9).

Esta verdadera masacre a gran escala de carácter punitivo contra civiles, con una aniquilación total de la mayor parte de la infraestructura pública existente en Gaza, y con un ensañamiento raramente observado por parte de un ejército contra una población civil (al que Israel le bloquea la ayuda humanitaria que necesita urgentemente así como alimentos y agua en cantidades suficientes) no se ha logrado frenar en estos últimos tres años: pese a intensos esfuerzos de Israel, de Estados Unidos y de sus círculos de influencia en todo el mundo contra esta calificación, lo que está ocurriendo en Gaza califica jurídicamente como un verdadero genocidio, siempre en curso. Este documento reciente publicado por la misma JURDI en Francia detalla la cronología de las diversas constataciones de un genocidio en Gaza, desde octubre del 2024 hasta octubre del 2026.

Los principales jefes políticos y militares israelíes responsables de este genocidio enfrentan también acusaciones por crímenes de guerra: las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí y su ex ministro de Defensa por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya se mantienen vigentes desde noviembre del 2024, pese a la intensa campaña de intimidación que Estados Unidos está propiciando contra la justicia penal internacional de La Haya.

Por su parte, una fundación como la fundación Hind Rajab ha logrado rastrear, ubicar y presentar demandas ante los tribunales nacionales e internacionales contra otros criminales de guerra israelíes de rango intermedio o menor que vacacionan en diversas latitudes del mundo (véase sitio): se trata de un sitio que debería de interesar a los operadores de justicia de Estados en los que se observa cierta cantidad de turistas israelíes en sus playas y en sus montañas. En el caso de Nueva Zelanda, desde enero del 2025 sus autoridades migratorias han establecido un cuestionario para todo turista israelí deseoso de ingresar al territorio neozelandés, de manera a conocer más en detalle qué hizo en Gaza mientras estaba enrolado en el ejército israelí (véase nota del TimesofIsrael).

Esta reciente entrevista de Democracy Now (30 de octubre del 2026) da una idea de la destrucción planificada y sistemática de todas las habitaciones y casas en la superficie existentes en Gaza, como continuación de un genocidio: imposibilitar el retorno de los desplazados gazatíes a sus antiguos barrios constituye la estrategia israelí que se denuncia en esta entrevista con un reconocido especialista en arquitectura forense (entrevista que en lo personal consideramos muy recomendada ver, escuchar y volver a ver). Las fotos satelitales no dejan duda alguna sobre las claras intenciones de Israel en la parte de Gaza que ocupa militarmente desde el supuesto «Plan de Paz» suscrito en octubre del 2025, cuyo contenido fue finiquitado entre Estados Unidos e Israel: habíamos tenido la oportunidad de señalar que este supuesto «Plan de Paz» no era sino una operación de comunicación de ambos mandatarios de cara a la fecha del 7 de octubre del 2025 (Nota 3)

Por su parte, este foro en Londres realizado el 31 de octubre del 2026 con expertos de Naciones Unidas (véase video) explica el ataque deliberado a niños al que se prestan los soldados israelíes en el territorio palestino ocupado: se trata de una estrategia de los militares israelíes ya denunciada y ampliamente documentada en este informe del 2023 elaborado por Francesca Albanese (véase informe): un informe con sello de Naciones Unidas que prácticamente no se divulgó mayormente luego de su presentación oficial.

Foto de escolares en una escuela en Gaza al reinicio del ciclo lectivo, extraída de la portada del informe de Naciones Unidas sobre la situación humanitaria en el territorio palestino al 2 de octubre disponible en este enlace.

En el mes de septiembre del 2026, un informe sobre la destrucción en Gaza por parte de Israel estimaba a más de 71.000 millones de US$ el monto necesario para su reconstrucción (véase nota de la UNCTAD). A notar que al conmemorarse un año desde el 7 de octubre el 2023, se informó que Estados Unidos había destinado a Israel armas y equipos militares por un valor de 17.900 millones de US$ (véase nota de la agencia AP de noticias de octubre del 2024).

Un nuevo informe de Naciones Unidas: algunos extractos

El pasado 26 de octubre del 2026, un nuevo informe de una comisión de investigación de Naciones Unidas creada desde el 2021, confirmó nuevamente que la calificación de genocidio aplica a lo que se está observando en Gaza, y que el ensañamiento desde hace más de tres años contra civiles palestinos corresponde a crímenes de lesa humanidad y a crímenes de guerra, que se cometen sistemáticamente por parte de Israel en Cisjordania así como en los demás territorios palestinos ocupados: véanse al respecto esta nota oficial de Naciones Unidas con enlace remitiendo al informe A/81/430.

En el punto 23 se lee que:

«23. In some cases, Israeli forces fired live ammunition at vehicles carrying Palestinian families, including children, claiming that they accelerated towards the forces and constituted a threat, when there was no evidence to support such a claim. In one example, on 5 June 2026, a seven-month-old baby was killed and the parents were injured, when an Israeli soldier opened fire on a car in Hebron. Video footage shows that the father slowed down and stopped the car when approaching the soldiers, raising his hands. Evidence shows that an Israeli soldier fired two rounds using an Israeli‑manufactured X95 Tavor rifle with 5.56×45mm ammunition into the car, without warning, shooting the baby in the head. No medical assistance was provided to the family. According to the Israeli Army, a member of the Yehuda Brigade fired at the vehicle due to the car accelerating towards the soldiers. At a 10 metre range, the soldier would have had a clear, unobstructed view of the persons in the vehicle. In a similar case documented by the Commission, Israeli forces fired at a car carrying a family of six in Tammun, Tubas Governorate, on 15 March 2026. The mother, father and two of their youngest sons were shot in the head and killed inside the car, while two older sons were injured and subsequently assaulted by the soldiers».

En los puntos 28 y 29 se precisa que:

«28. The change reflects the import of the Gaza strategy of total destruction into West Bank operations. As a result, Palestinian residents in camps, have been killed or displaced, and large areas have been made uninhabitable. Military operations since January 2025 have led to the largest displacement of Palestinians in the West Bank since 1967;30 with 34,176 Palestinians remaining displaced as of August 2026.

  1. Palestinians who have tried to return to their homes in refugee camps have been killed or wounded by Israeli forces, which declared these locations closed military areas. In one incident, on 8 September 2025, a 14-year-old Palestinian boy was shot in the chest and died near the entrance of the Jenin refugee camp. The camp had been closed since the beginning of Operation Iron Wall in January 2025, but rumours had spread about the military withdrawing and some 50-60 Palestinian residents sought to return to the camp to check on their homes. Israeli forces arrived by vehicle and without warning fired at the Palestinian residents, including the 14-year-old boy. According to reports, another 14-year-old boy was killed, and at least two others were injured in this incident. «

En los puntos 43 y 44, leemos que:

  1. The Commission finds that Israeli military operations in the West Bank since 7 October 2023 constitute a course of conduct that forms part of a widespread and systematic attack against the civilian population. The attack requires a high level of coordination and organised planning, indicating the existence of a policy to attack the civilian population. The Commission finds that the Israeli authorities utilised settler violence to target the Palestinian civilian population, and intended settlers’ conduct to form part of the ‘attack’ against the civilian population. In relation to Ayşenur Eygi, the Commission underscores that she was perceived by the Israeli soldiers as part of the targeted population; her killing was therefore part of the attack directed against the civilian population.
  2. The Commission finds that sexual and gender-based violence by the Israeli soldiers and settlers is instrumentalised not only as punishment against the individuals, but as part of a pattern of collective punishment to fracture, expel, humiliate and subjugate the Palestinian population in its entirety. The Commission finds that the targeting of children by the Israeli soldiers and settlers in the West Bank is deliberate. Similar to cases of sexual violence, the Commission finds that Israeli authorities knew and intended the conduct against children to form part of the attack against the broader civilian population.»

En los puntos 47-48, las conclusiones a las que llegan los tres integrantes de esta comisión son contundentes:

«47. The Commission considered (i) the large number of victims killed; (ii) the methods used by the Israeli forces to target the civilian population (through the firing of live ammunition and airstrikes); (iii) the locations of the killings (densely populated areas); and (iv) the remarks and statements of the Israeli authorities, and finds that the cases it investigated and documented show a pattern where civilians in the West Bank were intentionally and directly targeted and killed by the Israeli soldiers on a mass scale since 7 October 2023. The Commission finds that, together with the mass killings by the Israeli forces, settler violence constitutes a component of the attack against this civilian population. Conduct of Israeli authorities indicate that they knew and intended settler violence to be part of the attack. The Commission concludes that the Israeli authorities and security forces have committed the crime against humanity of extermination against the civilian population in the West Bank since 7 October 2023.

  1. The Commission’s findings on extermination apply equally to the crime against humanity of other inhumane acts. The Commission concludes that the Israeli authorities and forces have committed the crime against humanity of other inhumane acts, in particular causing serious injury to body and to mental or physical health against the civilian population in the West Bank since 7 October 2023″.

Por su parte, el punto 59 se lee de la siguiente manera:

«59. Israeli state violence has accelerated since October 2023 and has, since the establishment of Israel, never claimed or impacted as many lives in the Occupied Palestinian Territory. Over 75,000 Palestinians across the Occupied Palestinian Territory have been killed since 7 October 2023, including at least 21,500 children, and 11,000 women. While Israeli authorities and security forces continue to commit genocide in Gaza, the situation in the West Bank has deteriorated drastically. Israeli military operations, complemented by sustained settler violence, form part of a widespread and systematic attack against the civilian population in the West Bank since 7 October 2023. Accordingly, the Commission concludes that the Israeli authorities and forces have committed the crimes against humanity of extermination, torture, rape and other forms of sexual violence in the West Bank, as well as persecution based on intersecting discriminatory grounds, with nationality, race and ethnicity at its core».

La lectura completa del informe como tal se recomienda, de manera a entender la estrategia de aniquilación que Israel está cometiendo, en particular desde el 7 de octubre del 2023, en contra de la población palestina. Esta entrevista a uno de los integrantes de esta comisión divulgada este 3 de noviembre del 2026 explica el contexto legal en el que Israel se encuentra ante el resto de la comunidad internacional. Al respecto, en la página 17 del informe, se pueden leer las recomendaciones hechas a Israel y a Estado terceros para que éstos no contribuyan con su conducta a este genocidio en curso en Gaza y a estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra reiterados por parte de Israel.

Recomendamos en particular su lectura a quienes desde la Asamblea Legislativa de Costa Rica, continúan sosteniendo que aprobar un tratado de libre comercio (TLC) con Israel en las actuales circunstancias es muy provechoso para Costa Rica, y en particular una lectura pormenorizada del presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio que no desea oír la palabra «genocida» en dicha comisión (véase nota de Delfino.cr del 25 de junio del 2026): se trata de una postura que también se le escuchó al entonces canciller de Costa Rica en este artículo publicado por el Semanario Universidad en julio del 2026, cuyo título refleja el alineamiento total con Israel del entonces jefe del aparato diplomático costarricense.

Los informes anteriores de esta misma comisión están disponibles en este enlace oficial de Naciones Unidas.

Esta comisión de investigación en el 2025 ya había calificado de genocidio lo observado en Gaza (véase comunicado oficial de Naciones Unidas de septiembre del 2025): su lectura es siempre muy recomendada a quienes, por alguna razón que sería de sumo interés conocer, siguen negando en diversos artículos y columnas en Costa Rica, la realidad de lo que está ocurriendo en Gaza.

El alineamiento de las actuales autoridades de Costa Rica con Israel

Las actuales autoridades de Costa Rica (y las anteriores correspondientes al período 2022-2026) se han alineado como nunca con Israel y con Estados Unidos, con una presidenta que considera ahora oportuno transferir la embajada de Costa Rica en Israel de Tel-Aviv a Jerusalén y aprobar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel: véanse al respecto este artículo publicado en El País (España) en mayo del 2026 así como nuestra nota publicada en septiembre del 2026 y titulada:

«Se puede fomentar el libre comercio … ¿ignorando obligaciones jurídicas internacionales? A propósito del trámite de aprobación del TLC entre Costa Rica e Israel«, disponible en este enlace.

Costa Rica se «destaca» también por el hecho que su presidente hiciera mofa en una conferencia de prensa del drama indecible que vive la población en Gaza (véase nota del Semanario Universidad del 4 de julio del 2025): se trata del único jefe de Estado en el mundo registrado en burlarse de esta manera de la situación prevaleciente en Gaza en público (Nota 4).

De igual manera, de los distintos actos de traspaso observados en los últimos años en América Latina, el único en el que vino desde Tel Aviv en persona el presidente de Israel fue con ocasión de la toma de posesión realizada en mayo del 2026 en la capital costarricense por las nuevas autoridades electas. En las tomas de posesión posteriores observadas en Perú (julio del 2026) y luego en Colombia (agosto del 2026), no asistió el presidente de Israel. Se sugiere realizar una búsqueda de actos de traspaso en presencia del presidente de Israel en otros continentes de manera a poder estimar aún mejor el grado de cercanía de Israel con las autoridades costarricenses actuales y las anteriores correspondientes al período (2022-2026).

Otro punto de igual manera «destacado«, y muy poco señalado, resulta del hecho que nunca antes un ministro de Relaciones Exteriores en el ejercicio de sus funciones había recibido un premio como el premio «Jerusalén» (Nota 5): véase al respecto el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica del 24 de agosto del 2026).

Como se señaló con anterioridad, el titular de este artículo publicado en julio del 2026 en el Semanario Universidad permite entender mejor las motivaciones en algunos círculos para otorgarle este premio al que fue canciller de Costa Rica hasta su insólita destitución el pasado 24 de septiembre, en plena Asamblea General de Naciones Unidas, días antes de pronunciar su alocución, y semanas antes de entrar en la recta final de cara a la designación de un(a) sustituto (a) para asumir el puesto de Secretario (a) General de Naciones Unidas (contienda en la cual compite una candidatura oficial de Costa Rica): es posiblemente el peor momento que pueda escoger un Estado para destituir a su canciller. No se tiene registro en Naciones Unidas de la destitución de un canciller en plena Asamblea General de Naciones Unidas y agradecemos el concurso de nuestros estimables lectores si tienen en mente un caso que se nos haya escapado.

La información sobre lo que ocurre en Gaza

Este nuevo informe coincidió con la presentación por parte de Francesca Albanese, de su último informe sobre la responsabilidad de los medios de prensa en el genocidio en curso en Gaza: su informe A/81/249 está disponible en los diversos idiomas oficiales de Naciones Unidas, y tuvimos la ocasión de analizar su contenido y su alcance, así como las reacciones ya habituales de Israel cuando fracasa estrepitosamente su diplomacia en Naciones Unidas (Nota 6).

Ya en el 2025, tuvimos la oportunidad de detallar el cerco informativo que Israel intentaba mantener en los primeros 23 meses desde el 7 de octubre del 2023, con el asesinato deliberado y reiterado de periodistas, comunicadores y camarógrafos en Gaza, ante una indiferencia casi generalizada del gremio de profesionales en periodismo en Costa Rica y en muchas otras partes de América Latina (Nota 7).

«Gaza, cerco informativo, cerco de la justicia internacional«

son los ejes de varias conferencias, foros y publicaciones nuestras (disponibles en la red) en las que hemos participado en los últimos tres años, haciendo ver que los diversos argumentos de Israel difundidos por sus embajadas y los pequeños círculos que gravitan a su alrededor, no resisten un debate contradictorio frente a integrantes de jurisdicciones internacionales.

En el punto 72 del informe de Francesca Albanese, una mención interesará a los muchos espectadores costarricenses que fueron masivamente a ver la película titulada La voz de Hind Rajab, una niña de Gaza de tan solo seis años cuyo nombre ha sido escogido por una fundación que rastrea y ubica con gran éxito a criminales de guerra israelíes que turistean por el mundo (véase sitio). En efecto, el punto 72 se lee de la siguiente manera:

«72. Cuando ciertos hechos ya no pudieron seguir negándose ni “camuflándose”, la cobertura informativa con frecuencia omitió o minimizó la responsabilidad de Israel. Un análisis de contenido ha concluido que la BBC actuó de ese modo en el 83 % de los titulares pertinentes y The New York Times en el 65 %. Un ejemplo particularmente ilustrativo es el caso de Hind Rajab, asesinada por fuerzas israelíes, cuya muerte sigue siendo presentada por la BBC bajo el titular: “Hind Rajab, de 6 años, hallada muerta en Gaza días después de realizar llamadas pidiendo ayuda” «.

Es de notar que, por segundo año consecutivo, Francesca Albanese debió presentar su informe desde el exterior (por video conferencia) al estar sujeta a sanciones en su contra por parte de Estados Unidos (véase video de su presentación, cuya visualización completa se recomienda).

Foto extraída de esta nota de la BBC titulada «El tribunal de la historia nos juzgará. Y su conclusión será implacable con los que niegan que hay genocidio en Gaza»: Francesca Albanese, relatora de la ONU», edición del 19 de diciembre del 2024

Este 29 de octubre del 2026 se realizó un importante foro en Naciones Unidas (véase video completo) con Francesca Albanese en videoconferencia y con otros expertos de Naciones Unidas, titulado:

“Human Dignity Under Strain: The Humanitarian and Human Rights Consequences in the Occupied Palestinian Territory»

organizado por el CEIRPP de Naciones Unidas (siglas en inglés del Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People).

A finales del mes de noviembre próximo, la Universidad de Costa Rica (UCR) debería otorgar formalmente en un acto oficial solemne a esta jurista italiana su máxima distinción, el Doctorado Honoris Causa: no está de más recordar que Francesca Albanese es objeto de una intensa campaña de descrédito sin precedentes orquestada por Israel, Estados Unidos.

Pese a esta intensa campaña de desprestigio contra Francesca Albanese, ampliada por los círculos afines a Israel en todo el mundo, España en mayo del 2026 le otorgó la máxima distinción oficial del Orden al Mérito Civil (véase comunicado oficial del Palacio de la Moncloa). Se trata de un reconocimiento de España a su persistente labor de documentación y de denuncia, y que bien podría inspirar a muchos otros Estados y entidades en el mundo, dada la contundencia de sus informes y sobre todo, la justeza de sus análisis, y ello desde su primer informe después del 7 de octubre del 2023, titulado: «Anatomía de un genocidio» (véase enlace). Siempre en España, desde la parte más periférica de su geografía, es la Universidad de La Laguna en Tenerife la que anunció el otorgamiento del Doctorado Honoris Causa a Francesca Albanese (véase nota de dicha universidad).

En abril del 2026, fueron tres universidades flamencas en Bélgica las que también otorgaron conjuntamente un Doctorado Honoris Causa a esta valiente jurista italiana (véase nota oficial).

Cabe también traer a la memoria que cuando en febrero del 2026 la UCR optó por otorgarle su máxima distinción a Francesca Albanese (véase artículo del Semanario Universidad de marzo del 2026), en el mes de abril del 2026, se informó de un intento por parte de un egresado de la UCR de restarle validez a esta decisión del Consejo Universitario de la UCR, el cual como era de prever fracasó (véase nota del Semanario Universidad). No se tiene idea exacta del número de egresados de la UCR como para valorar la pertinencia de las «gestiones» realizadas de manera unipersonal en contra de la decisión de la máxima instancia decisoria dentro de la UCR.

Más allá de la gran seguridad que anima a algunos egresados a la hora de cuestionar de manera solitaria una decisión de la UCR que otorga su máxima distinción académica a una persona, resulta oportuno añadir que además de Naciones Unidas, Israel ahora debe enfrentar cuestionamientos desde la misma sociedad israelí. El documental Naza realizado por dos valientes periodistas de investigación israelíes fue estrenado con gran éxito en las principales capitales del mundo (véase enlace) en el mes de octubre del 2026: incluida la de Costa Rica, con un estreno antecedido por una verdadera saga para que no se proyectara (Nota 8). Esta película recoge el testimonio de un total de 24 militares de cierto rango (pilotos, integrantes de la unidad 8200, operadores de drones, integrantes de batallones de infantería y en la parte final del documental, miembros del departamento político del ejército israelí denominado «departamento Bibi«, un departamento particularmente preocupado por la justicia penal internacional de La Haya): se trata de entrevistas realizadas por la noche, en las azoteas de edificios en Tel-Aviv. En varias de las entrevistas realizadas, se denota como un operador de drones israelí, al obedecer a instrucciones de sus superiores, acaba con la vida de familias palestinas enteras, hablando de sus operaciones en Gaza con una frialdad escalofriante, como si estuviera refiriéndose a un banal video juego.

A diferencia de los informes que provienen de Naciones Unidas, a los que Israel ya no presta mayor atención (más allá de sus habituales vociferaciones y gesticulaciones iracundas tildando de «antisemitas» a los autores de estos informes), resulta de interés observar la desesperación de las autoridades de Israel con respecto al contenido del documental Naza: han prohibido su proyección en Israel, han propuesto una ley que retire la nacionalidad a cualquier periodista que critique el ejército israelí y han anunciado que sancionarán a los militares que dieron sus testimonios (véanse esta nota de The Guardian y esta nota de France24). El pequeño detalle que omiten estos gestos desesperados ya habituales del aparato estatal israelí es que las identidades de estos militares israelíes fueron omitidas y sus voces modificadas para realizar este documental sin exponerlos a represalias.

La maquinaria informativa israelí desplegada desde hace ahora más de tres años para maquillar sus crímenes en Gaza va quedando al descubierto, tanto luego de proyectarse el documental Naza como de leerse el informe de Francesca Albanese y muchos otros informes de Naciones Unidas. En el caso del informe de Francesca Albanese, quedan también puestos en evidencia los analistas, columnistas, editorialistas y supuestos «expertos» que no han tenido reparo alguno en repetir la narrativa israelí en estos largos tres años, sosteniendo lo insostenible, en particular desde el punto de vista jurídico.

A modo de conclusión

A la valiosa información contenida en los informes que periódicamente emiten órganos de Naciones Unidas y que vendrá a documentar las acciones legales contra Israel que se están llevando a cabo en su contra (como Estado) ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y ante la CPI (contra dos de sus dirigentes y posiblemente muchos más), hay que añadir el hecho siguiente: las reacciones registradas en Israel contra los dos directores de Naza confirman como nunca el gran poder del periodismo de investigación y el valor de algunos comunicadores para enfrentarse al poder político.

Fue este mismo equipo de periodistas israelíes que, al acceder a documentos confidenciales del aparato militar israelí,

– en abril del 2024, dio a conocer al mundo el uso del programa informático “Lavender” en Gaza (véase artículo publicado en Magazine+972 en abril del 2024 titulado “Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza”);

– en mayo del 2024, reveló la existencia de un programa de muchos años de escuchas y de monitoreo de Israel con respecto al personal y al contenido de las computadoras de la CPI en La Haya: véase el artículo titulado «Surveillance and interference: Israel’s covert war on the ICC exposed».

Tal y como se puede observar en este final de mes de octubre e inicio de noviembre del 2026, Israel enfrenta un repudio generalizado a nivel internacional por su insensato actuar en Gaza y en el resto del territorio palestino ocupado: el único aliado incondicional que le queda (Estados Unidos) bien podría cambiar de posición dada la cercanía de las elecciones en Estados Unidos y el rechazo de gran parte de la sociedad norteamericana a este apoyo incondicional. Un reciente libro publicado en Estados Unidos y titulado «Israel’s lobby: America in the grip of a foreign power» (véase ficha técnica) explica cómo la política exterior de Estados Unidos es decidida por círculos de influencia cercanos a Israel, con decisiones que incluso a veces van en contra de los intereses norteamericanos (véase video de entrevista a sus autores). Nótese que estas elecciones de «midterm» en Estados Unidos de noviembre del 2026 han significado un monto de 12.000 millones de US$ en gastos de campaña: un monto nunca visto con anterioridad (véase nota de la BBC).

El genocidio en curso en Gaza no es ajeno a la campaña electoral en Estados Unidos que culminó con las elecciones de «midterm» del 3 de noviembre del 2026: tanto dentro del campo demócrata como republicano, la crítica a la forma en que Estados Unidos ha apoyado a Israel de manera total se extiende cada vez a mayores sectores políticos. Fue tal la desesperación por desmarcarse de Israel que el actual ocupante de la Casa Blanca, el mismo día de los comicios, anunció su intención de frenar la ayuda futura de Estados Unidos a Israel (véase nota de la BBC): un intento de último momento para frenar la debacle de los republicanos que resultó vano y que no tuvo mayor efecto en el resultado de estas elecciones del 3 de noviembre del 2026.

Cada vez son más las voces en Estados Unidos (y fuera de Estados Unidos) para denunciar que la insólita campaña del actual ocupante de la Casa Blanca en Estados Unidos en contra de la justicia penal internacional de La Haya persigue un solo y único objetivo: garantizar a toda costa a los dirigentes israelíes una total impunidad.

Cada vez son más los israelíes (en Israel y fuera de Israel) convencidos que todos los esfuerzos del actual primer ministro y de sus aliados extremistas en la Knesset para que no se cree una comisión de investigación independiente sobre las circunstancias en las que se dio el ataque del 7 de octubre del 2023 responden todos a un objetivo similar: asegurarle al equipo que dirige los destinos de Israel desde varios años el no tener que rendir cuentas con respecto a su verdadera irresponsabilidad en el ataque perpetrado por el Hamás el 7 de octubre del 2023.

– – Notas – –

Nota 1: En el mes de octubre, tuvimos la ocasión de referirnos al «asedio total» a Gaza anunciado por Israel, que se confirmaría semanas después de su anuncio, ampliado a bombardeos masivos en zonas urbanas densamente pobladas de Gaza: véase BOEGLIN N., «Voz experta: Ataque de Hamás desde Gaza y el «asedio total» de Gaza anunciado como respuesta israelí«, sitio oficial de la UCR, edición del 30 de octubre del 2023. Texto integral disponible aquí. Una versión anterior se publicó en ElMundo.cr, y ello desde el mismo 10 de octubre del 2023 (véase texto).

Nota 2: Nos permitimos entonces señalar en esta nota publicada en el sitio jurídico de DIPúblico (Argentina) en abril del 2021 que: «El pasado 18 de marzo, el presidente de Israel, de gira por Europa, visitó a su homólogo de Francia para convencerle de la validez de los argumentos israelíes contra los emitidos recientemente por la justicia penal internacional de La Haya (véase, por ejemplo, esta nota de prensa de la agencia china Xinhua). Antes de París, el presidente israelí había estado en Berlín y en Viena para reunirse con sus pares con el mismo propósito. Además, esta misma tercera semana de marzo es cuando el propio jefe de la diplomacia israelí optó por ir a Moscú para reunirse con su homólogo ruso (véase esta nota de prensa del JerusalemPost). Cabe señalar que hace unas semanas, una inusitada campaña llevó a los embajadores israelíes en ejercicio a expresarse en varios periódicos (es el caso, en América Latina, del Excelsior en México, del Diario de Centroamérica en Guatemala, por citar sólo algunos ejemplos) o a recurrir a relevos locales (caso de La Estrella en Panamá)». El 18 de marzo de 2021 fue también el día en que los medios de comunicación israelíes mencionaron, por primera vez, la existencia de una carta enviada por la Corte Penal Internacional (CPI) a las autoridades israelíes en relación con los crímenes cometidos en territorio palestino, dándoles un mes para responder (véase la nota de prensa del Times of Israel titulada «Israel said to receive formal letter from ICC informing of war crimes probe«). Esta campaña israelí al más alto nivel político refleja la profunda preocupación que genera una reciente decisión de la justicia penal internacional, y que pareciera haber tomado desprevenido al aparato estatal israelí».

Nota 3: Véase BOEGLIN N. «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el denominado «Plan de Paz» de Estados Unidos e Israel a la luz del derecho internacional público, analizado desde Costa Rica«, 1 de octubre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 4: Estas declaraciones del mandatario costarricense provocaron una reacción indignada de un intelectual de ascendencia judía radicado en Europa, que reportó el 3 de julio del 2025 esta nota de La Nación titulada “Respuesta de Rodrigo Chaves sobre niños en Gaza y TLC con Israel desata fuerte reacción de filósofo judío”. Dicho sea de paso, es este mismo intelectual el que ha sido invitado a impartir una conferencia magistral sobre Gaza que organizó la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la UCR, el pasado 24 de septiembre; véase volante así como el video completo de la charla realizada, que se recomienda visualizar.

Nota 5: Usualmente los premios Jerusalén en América Latina vienen a premiar a profesionales de la comunicación, sean columnistas, analistas o periodistas: en el caso de Uruguay, el denominado «Premio Jerusalén» fue otorgado en el 2026 a un periodista (véase emisión de la televisión uruguaya). En el caso de Colombia, en el 2025, este mismo premio también fue otorgado a un periodista y columnista (véase enlace). Siempre con respecto a Costa Rica, este mismo premio fue otorgado a un exdiplomático en el año 2022 (véase nota de prensa), al parecer también comunicador.

Nota 6: Véase BOEGLIN N., «¿Cómo volver aceptable lo inaceptable? Francesca Albanese y su informe sobre Gaza, la manipulación y la desinformación de los medios de prensa«, 11 de octubre del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 7: Véase BOEGLIN N., «Informar al mundo desde Gaza y prensa: el cerco persistente que Israel intenta mantener desde hace 23 meses, analizado desde una Costa Rica inaudible», 5 de septiembre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 8: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Gaza / Israel: reflexiones sobre el documental Naza y la verdadera saga observada con respecto a su proyección en Costa Rica«, 23 de octubre del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

El documental Naza y la verdadera saga observada con respecto a su proyección en Costa Rica: algunos apuntes

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR
nboeglin@gmail.com
Una versión en francés de este mismo texto está disponible en este enlace.

Introducción

Se acaban de cumplir hace pocos días tres años desde el inicio de las operaciones de destrucción total de la Franja de Gaza por parte de Israel, en «venganza» al ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre del 2023: se trata de operaciones militares que se advirtió en su momento que iban rápidamente a degenerar en el «asedio total» anunciado por las mismas autoridades militares israelíes, y ello desde el mismo mes de octubre del 2023 (Nota 1).

Este extracto de una intervención del delegado de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas merece ser recordado, al haberse dado a conocer en una sesión urgente del máximo órgano de Naciones Unidas, el 16 de octubre del 2023:

«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros” (intervención realizada por el representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023: véase acta S/PV/9439, en página 9).

Esta verdadera masacre a gran escala de carácter punitivo contra civiles no se ha logrado frenar en estos últimos tres años: califica jurídicamente como un genocidio, siempre en curso, así como una serie de crímenes de guerra que persisten, según expertos y diversos órganos de Naciones Unidas. Las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí y su ex ministro de Defensa por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya se mantienen vigentes desde noviembre del 2024, pese a la intensa campaña de intimidación que Estados Unidos está propiciando contra la justicia penal internacional de La Haya.

Foto de escolares en una escuela en Gaza al reinicio del ciclo lectivo, extraída de la portada del informe de Naciones Unidas sobre la situación humanitaria en el territorio palestino al 2 de octubre disponible en este enlace.

Naza un documental que revela secretos militares israelíes

El reciente documental Naza producido por un grupo de valientes periodistas de investigación en Israel (véase nota suscrita por ambos, publicada el 10 de septiembre en el medio digital israelí Magazine+972) viene a revelar al mundo aspectos desconocidos de la maquinaria militar de destrucción israelí en Gaza a partir del uso de programas informáticos e inteligencia artificial.

Esta película es también un documental sobre el proceso de deshumanización institucionalizada que impera en el seno del aparato militar y en buena parte de la misma sociedad israelí.

Más precisamente ¿qué son los denominados «NAZA»? Se trata en realidad no de una palabra, sino de un acrónimo hebreo, que constituye el título de este valioso documental dirigido por los periodistas de investigación israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor. La sigla «NAZA» hace referencia, en el seno del ejército israelí, a un acrónimo usado entre oficiales militares para referirse al número de bajas civiles estimadas o confirmadas en caso de un ataque aéreo: “NAZA 10” refiere a diez civiles que serán ultimados para alcanzar un solo objetivo militar (un presunto integrante del Hamás), “NAZA 500” multiplica por 50 la cifra anterior, siempre para aniquilar a un solo objetivo militar identificado. ¿Como así? Como se lee.

Este documental recoge el testimonio de un total de 24 militares de cierto rango (pilotos, integrantes de la unidad 8200, integrantes de batallones de infantería y en la parte final del documental, miembros del departamento político del ejército israelí denominado «departamento Bibi«, un departamento particularmente preocupado por la justicia penal internacional de La Haya): se trata de entrevistas realizadas por la noche, en las azoteas de edificios en Tel-Aviv.

Este documental se ha estrenado recientemente en las principales capitales europeas (véase enlace) en este mes de octubre del 2026.

La desesperación de las actuales autoridades de Israel es tal con respecto al contenido de este documental, que han prohibido su proyección en Israel, han propuesto una ley que retire la nacionalidad a cualquier periodista que critique el ejército israelí y han anunciado que sancionarán a los militares que dieron sus testimonios (véanse esta nota de The Guardian y esta nota de France24): el pequeño detalle que omiten estas gesticulaciones ya habituales del aparato estatal israelí, es que las identidades de estos militares israelíes fueron omitidas y sus voces modificadas para realizar este documental sin exponerlos a represalias.

A su vez, las reacciones iracundas registradas en Israel contra estos dos directores confirman el poder del periodismo de investigación y el valor de algunos comunicadores para enfrentarse al poder político: fue este mismo equipo de periodistas israelíes con acceso a documentos confidenciales del aparato militar israelí que dieron a conocer al mundo el uso del programa informático “Lavender” en Gaza (véase artículo publicado en Magazine+972 en abril del 2024 titulado “Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza”).

A nivel internacional, el gremio cinematográfico ha organizado su apoyo: una iniciativa ya firmada por más de 900 directores de cine en todo el mundo denominada «We are Naza too«, amenaza con volver aún más desesperadas de lo que ya están a las actuales autoridades de Israel (véase nota de prensa de ElDiarioVasco).

Gaza, Israel y comunicación: el papel de la Hasbara

Para entender mejor cómo es que se logra aniquilar a 2, 3 millones de habitantes en Gaza en la indiferencia de muchos en diversas partes del mundo desde el 7 de octubre de 2023, hay que remitirse a uno de los pocos libros publicados en el 2025 en Francia sobre el tema, por un reconocido especialista, y que se titula:

«Permis de tuer. Gaza: génocide, négationnisme et Hasbara» (véase enlace).

El capítulo 7 (páginas 113-137) sobre la denominada «Hasbara» (Nota 2) está disponible (texto integral) en este enlace y su lectura es muy recomendada: este capítulo detalla los mecanismos y los relevos en salas de redacción, emisiones de radio y televisión galas con los que pueden contar Israel y sus influyentes círculos de influencia en Francia. Con, en la parte final, un llamativo gráfico sobre los reiterados viajes de diputados y de senadores franceses a Israel. Un estudio muy similar en otras latitudes, pormenorizado para cada país, resultaría de gran interés, en particular en el caso de América Latina: un cerco informativo tan compacto y generalizado, y que persiste en no cuestionar mayormente las atrocidades de Israel en Gaza, durante ahora más de tres años, debe tener una explicación.

Es de notar que recientemente, Israel decidió multiplicar por cinco el presupuesto asignado anualmente a la «Hasbara» (véase nota del 30 de abril del 2026 del TimesofIsrael), lo cual denota la intensidad del esfuerzo de Israel por intentar convencer con una narrativa a su favor a muchos en todo el mundo. Siempre en relación con los recursos asignados para «explicar» al mundo lo que ocurre en Gaza desde la «Hasbara», esta otra nota del medio israelí, TimesofIsrael, del 29 de diciembre de 2024, detallaba ya que:

«Under the new budget, the Foreign Ministry will receive $150 million, on top of what it gets for its existing activities, for what’s officially known as public diplomacy, or hasbara in Hebrew. That sum is more than 20 times what such efforts have typically been allotted in past years«.

Una extraña sensación desde hace tres largos años

Y es que desde hace más de tres años, la responsabilidad de los medios de prensa plantea algunas interrogantes muy válidas en cuanto al tratamiento de la cobertura periodística sobre lo que ocurre en Gaza, y ha interpelado a algunos pocos especialistas (Nota 3), que han detectado algunas extrañas coincidencias compartidas por muchas salas de redacción en el mundo, en las que:

– se reproduce, total o parcialmente, la versión oficial que brindan las autoridades militares o políticas israelíes;

– se siembra la duda sobre cualquier información procedente directamente de personas que viven en Gaza;

– se interrumpe o cuestiona a expertos invitados a participar en radio o televisión cuando utilizan ciertos términos jurídicos que desagradan a Israel, con en muchas entrevistas, “expertos” invitados que dejan de serlo y el locutor que se transforma súbitamente en “experto” en materia legal;

– se minimiza, mediante un lenguaje eufemístico, el sufrimiento de la población civil palestina.

Además, mientras que se omite señalar que la ayuda humanitaria urgente que necesita esta población civil extenuada que vive en refugios improvisados, lleva tres años bloqueada por Israel, se insiste con imágenes que dan la vuelta al mundo cuando solamente unos pocos convoyes humanitarios son autorizados por Israel a entrar a Gaza.

Finalmente, la denominada «doctrina Hannibal» de Israel y las muertes que causó su aplicación el mismo 7 de octubre del 2023 con respecto al saldo de víctimas israelíes registradas esa misma fecha, no se ha investigado ni casi se ha mencionado en estos tres largos años: véanse al respecto esta nota del 2024 del TimesofIsrael y esta reciente emisión del Zeteo al respecto, difundida el 22 de octubre del 2026.

La indecencia de algunos

En cuanto a las cifras exactas sobre el número de víctimas palestinas en Gaza, ya en noviembre de 2023, una de las más reconocidas especialistas en Francia sobre Oriente Medio denunciaba el carácter «indecente» de ponerlas sistemáticamente en tela de duda, durante un programa de televisión (véase vídeo).

¿»Indecente«? Es la palabra usada, el texto no contiene ningún error: «indecente«.

En nuestro caso, tuvimos la posibilidad de explicarle al cónsul de Israel en Costa Rica que este argumento no tenía mayor asidero (al coincidir las cifras del Hamás con las de comisiones de investigaciones posteriormente creadas de Naciones Unidas con respecto a las ofensivas militares en Gaza del 2009 y del 2014) de una manera tal que, al parecer, lo incomodó ya que no quiso continuar la discusión, en un programa radial en el que participamos en el mes de noviembre del 2023 al día 52 de la ofensiva israelí iniciada desde el mismo 7 de octubre del 2023: véase video, después de que el locutor le indicara al distinguido diplomático israelí un:

“Amir, Amir, no me obligue a decirle mentiroso”.

(mn. 2:03:40 en adelante).

En su alocución ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 15 de octubre del 2026, el representante de Palestina detalló el tratamiento diferenciado cuando se trata de cifras relativas a víctimas palestinas en estos tres largos años (véase intervención completa en este video cuya visualización completa se recomienda).

Desde la perspectiva jurídica internacional, una reciente obra titulada «Gaza et le droit international» publicada en Bélgica por una reconocida jurista gala (véase enlace que contiene el índice de su libro) detalla lo que no se ha querido escuchar en algunos programas de radio y de televisión en Europa en estos tres largos años. Si no estamos equivocados, es la única publicación analizada desde la estricta perspectiva jurídica internacional editada sobre Gaza en francés en estos tres años. Tanto desinterés por parte de muchos otros juristas, universitarios e investigadores galos o de habla francesa debe tener una explicación: el capítulo I de este libro, cuya lectura se recomienda, se titula precisamente «Les faits, la preuve et les stratégies de dissimulation«.

Naza: revelaciones escalofriantes sobre la maquinaria de aniquilación total de Gaza

Disimular y maquillar al resto del mundo lo que Israel está realizando en Gaza es objeto de redoblados esfuerzos por parte de todo el aparato estatal israelí, tanto militar como diplomático y político, desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023.

Este inusitado intento por parte de Israel de detener el «monopolio de la verdad» es analizado por Francesca Albanese en su último informe que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 4), y puede explicar aún más la reacción iracunda que ha provocado el documental «Naza» en Israel.

Este informe concluye con la siguiente frase:

«El periodismo deja de cumplir su función pública cuando se limita a reproducir las afirmaciones del poder en lugar de someterlas a un escrutinio riguroso».

Esta última frase de este informe de Francesca Albanese viene a explicarnos mejor lo que ha motivado a estos dos valiosos periodistas israelíes de investigación a realizar el documental Naza.

Foto extraída de esta nota de la BBC titulada «El tribunal de la historia nos juzgará. Y su conclusión será implacable con los que niegan que hay genocidio en Gaza»: Francesca Albanese, relatora de la ONU», edición del 19 de diciembre del 2024

Como siempre ocurre en estos casos, y ello en cualquier parte del mundo, cuando el periodismo de investigación se enfrenta al cerco y el discurso oficial que pretende mantener el poder político, las amenazas e intimidaciones de todo tipo salen a relucir. La técnica de la oficina del actual primer ministro israelí que consiste en vociferar en aras de intimidar a periodistas de investigación israelíes críticos con respecto al insensato accionar militar israelí en Gaza es sostenida y reiterada: ya se observó en mayo del 2026 (con respecto a abusos sexuales de integrantes del ejército contra detenidos palestinos – véase nota de la BBC), en septiembre del 2026 (con respecto a una investigación periodística del Haaretz sobre advertencias desde Emiratos Árabes Unidos pocos días antes del 7 de octubre del 2023 a las máximas autoridades de Israel – véanse esta nota de Swissinfo y esta otra nota de la BBC), y… se volvió nuevamente a verificar en el caso de los directores del documental Naza. Presentado durante la Bienal de Venecia del 2026, provocó una larga ovación de los presentes (véase nota de RSF al respecto).

Este documental en realidad no solamente atemoriza a círculos políticos y militares en Israel: como bien lo apunta desde el mismo titular este artículo publicado en el medio digital Magazine+972 en Israel, son muchos más sectores en Israel los que se sienten preocupados por el contenido de Naza.

– Naza en América Latina: unos sí, … otros no lo verán.

Es de notar que se anunció que este documental no se estrenará en Argentina (véase nota de prensa), y posiblemente tampoco en Paraguay: se trata de Estados cuyas autoridades se han convertido en «fichas útiles» de Israel en América Latina en los últimos años. Como se recordará, Paraguay procedió a trasladar su embajada de Tel-Aviv a Jerusalén el 12 de diciembre del 2024, en abierta y grosera violación al consenso internacional existente desde 1947 sobre el estatuto internacional particular de la Ciudad Santa (véase comunicado oficial de la diplomacia guaraní). Este 22 de octubre, finalmente en Argentina al parecer, algo se logró desentrabar y siempre se proyectará Naza el próximo fin de semana (véase nota de Clarín del 22 de octubre del 2026).

Naza ya se ha proyectado en muchas otras partes de América Latina, como en Brasil (véase volante), en México (véase nota de prensa), en Uruguay (véase nota de prensa) así como en Costa Rica: ello pese a la inusitada «saga» observada hace pocos días.

Naza en Costa Rica: historia de una saga

El estreno de este documental estaba previsto para el pasado 10 de octubre en la capital costarricense: fue sorpresivamente cancelado, sin explicación alguna por una sala de cine costarricense (véase al respecto esta nota del Semanario Universidad).

Otras salas de cine confirmaron posteriormente su total anuencia y disposición a proyectarlo en días posteriores, con lo cual las «gestiones» para impedir su proyección en Costa Rica fracasaron de manera bastante notoria para sus autores (véase nota de Delefoco).

Sobre estas últimas «gestiones«, agradeceríamos desde ya a nuestros estimables lectores ayudarnos a conocer un poco más en detalle el origen de las mismas, que según todo pareciera indicar, impresionaron a algunos directivos (y ello pese al reconocimiento internacional generalizado obtenido por este valioso documental): pueden si lo desean enviar los documentos que se consideren pertinentes o de utilidad a: cursodicr@gmail.com

Claro está, el cancelar a último momento esta proyección despertó el interés de muchos más en Costa Rica y se debe desde este punto de vista «agradecer» la publicidad adicional generada que detalla esta nota publicada en el medio digital Delfino.cr. Probablemente el mismo efecto multiplicador sea consecuencia de otra maniobra bastante burda que explica de manera muy detallada esta nota del programa radial Doble Check de la UCR y titulada «Impact Channel fabricó noticia sobre presión para exhibir ‘Naza’ en Cine Magaly«.

Las proyecciones observadas con una multitud esperando en las afueras del Cine Magaly el viernes 16 (primera función), el sábado 17 y al domingo 18 de octubre, fueron tales que muchos espectadores debieron posponer su cita con Naza al miércoles 21, con una afluencia igualmente muy numerosa de asistentes.

El alineamiento de las actuales autoridades de Costa Rica con Israel

Más allá de los temores de algunos círculos en Costa Rica con respecto a los efectos que pueda generar la proyección de este documental en salas de cine costarricenses, resulta oportuno precisar que las actuales autoridades de Costa Rica (y las anteriores correspondientes al período 2022-2026) se han alineado como nunca con Israel y con Estados Unidos, con una presidenta que considera ahora oportuno transferir la embajada de Costa Rica en Israel de Tel-Aviv a Jerusalén y aprobar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel: véanse al respecto este artículo publicado en El País (España) en mayo del 2026 así como nuestra nota publicada en septiembre del 2026 y titulada:

«Se puede fomentar el libre comercio … ¿ignorando obligaciones jurídicas internacionales? A propósito del trámite de aprobación del TLC entre Costa Rica e Israel«, disponible en este enlace.

Costa Rica se «destaca» también en todo el mundo por el hecho de que su Presidente hiciera mofa en una conferencia de prensa del drama indecible que vive la población en Gaza (véase nota del Semanario Universidad del 4 de julio del 2025): se trata del único jefe de Estado en el mundo registrado en burlarse de esta manera de la situación prevaleciente en Gaza en público (Nota 5).

Otro punto de igual manera «destacado» resulta del hecho que nunca antes un ministro de Relaciones Exteriores en ejercicio había recibido un premio como el premio «Jerusalén» (Nota 6) en el ejercicio de sus funciones (véase comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica del 24 de agosto del 2026). El titular de este artículo publicado en julio del 2026 en el Semanario Universidad permite entender mejor las motivaciones en algunos círculos para otorgarle este premio al que fue canciller de Costa Rica hasta su sorpresiva destitución el pasado 24 de septiembre, en plena Asamblea General de Naciones Unidas, días antes de pronunciar su alocución.

Un pequeño detalle sobre quiénes podrán y quiénes no podrán ver Naza en pantalla en una sala de cine en América Latina

El 17 de septiembre, al votarse una resolución sobre la participación de Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas, la delegación de Costa Rica optó por el siempre muy cuestionable «No Show» (véase nota del Semanario Universidad): esta resolución sobre la participación de los delegados palestinos a la sesión anual de la Asamblea General, se adoptó con 152 votos a favor y únicamente tres en contra: Estados Unidos, Israel y Paraguay.

Se abstuvieron los siguientes cuatro Estados: Colombia, Honduras, Panamá y Perú. Esta nota oficial de Naciones Unidas refiere al significado de esta votación en la que América Latina pareciera prestarse para satisfacer los caprichos de Israel y de Estados Unidos, violando este último las obligaciones jurídicas que derivan del acuerdo sede con Naciones Unidas suscrito en 1947.

Una América Latina tan solícita para no respaldar la plena participación de Palestina en Naciones Unidas en el mes de septiembre del 2026 tiene una explicación: las numerosas referencias a Israel y a las empresas israelíes de alta tecnología en esta entrevista publicada recientemente en Página12 y titulada «Cerimedo es una pieza de una red mucho más grande «sobre el escándalo del momento que sacude a la región, son parte de ella.

Será de interés verificar si el documental «Naza» se proyectará (o no se proyectará…) en salas de cine en los siguientes Estados que se abstuvieron en la precitada votación del 17 de septiembre: Colombia, Honduras, Panamá y Perú.

Siempre con relación a Costa Rica y a sus hacendosas autoridades cuando de Israel se trata, en el mes de septiembre el juez constitucional condenó al Estado por el arresto injustificado de dos estudiantes que llevaban consigo una bandera de Palestina durante el acto de traspaso oficial de poderes (véase nota del Semanario Universidad del 9 de septiembre del 2026): en la precitada nota, se indica que las aseveraciones de las fuerzas policiales ante el juez constitucional fueron desmentidas por los videos aportados como prueba.

A modo de conclusión

Hay que saludar la extrema valentía de los periodistas de investigación israelíes que realizaron el documental “Naza” para que el mundo descubra la faz oscura que Israel no desea que se conozca de su maquinaria destructora en Gaza. Debido al clima de odio y de violencia generado por las mismas autoridades israelíes en su contra, los dos directores de Naza han optado por permanecer fuera de Israel por un tiempo.

Infografía extraída de la Red de Solidaridad con Palestina en Costa Rica (véase enlace).

Muy lejos de los adjetivos “incendiario (a)” o “polémico(a)” leídos en algunos titulares de la prensa costarricense con respecto a Naza, este documental se desarrolla en la mayor quietud, con entrevistas pausadas en las que el silencio forma parte de las respuestas (algunas de ellas titubeantes), y con de vez en cuando bosquejos dibujados por los mismos entrevistados que detallan la maquinaria de destrucción israelí en una hoja de papel: se trata de entrevistas llevadas a cabo durante las cálidas noches de Tel-Aviv en las azoteas de algunos edificios escogidos, permitiendo burlar cualquier vigilancia o rastreo, con como ruido de fondo, el ruido que emana del tráfico nocturno en Tel-Aviv. Desde este último punto de vista, el documental es un ejemplo de profesionalismo de todo el equipo a cargo de la filmación, doblaje de las voces, disimulación de la identidad de los entrevistados, edición y producción, que debería de interesar a muchos periodistas de investigación en el resto del mundo.

Desde el punto de vista cinematográfico esta vez, la crítica ha sido muy favorable y Naza ha cosechado de manera unánime un éxito rotundo en las capitales en las que se ha proyectado (véase nota de The Guardian del 16 de octubre del 2026).

En cuanto a los temores de algunos círculos en Costa Rica con respecto a la proyección de este documental, la pregunta que muchos nos podemos hacer es la siguiente:

“¿Qué será lo que tanto les preocupa al proyectarse en Costa Rica una película ovacionada en Venecia hace unas semanas y que será probablemente ganadora de muchos más reconocimientos internacionales?”

Para disipar sus temores, y esperando que muchos más costarricenses (y no costarricenses) asistirán este próximo fin de semana a las nuevas proyecciones de Naza en Costa Rica (véase cartelera en nuestra sala de cine predilecta que se extiende, en el caso del documental Naza, al fin de semana del 24-25 de octubre del 2026 y el anuncio inicial del Cine Magaly saludado por su público), citaremos a modo de conclusión lo escrito recientemente en Francia por un filósofo israelí, Oded Balaban (universitario en la ciudad de Haifa) en su artículo publicado por AURDIP en Francia, titulado «Qui a fait Naza?«, y disponible en francés aquí:

«Volvamos a Picasso. Este Gobierno quiere acabar con el mensajero: despojarlo de su ciudadanía, procesarlo por traición, tacharlo de antisemita. Pero Abraham y Szor no «crearon» Naza en el sentido que importa: simplemente pulsaron el botón que indicaba «grabar». El autor de la película es aquel que ha vaciado el lugar de cualquier otra verdad posible: aquel que se negó a investigar el 7 de octubre, que cerró Gaza a los periodistas, que apartó a Sde Teiman y procesó al fiscal, que hizo de los «daños colaterales» y de la emigración «voluntaria» una política de Estado. A la pregunta «¿quién hizo Naza?», la respuesta es la misma que la de Picasso ante Guernica: nosotros no lo hicimos; lo hizo el Gobierno. Naza es el autorretrato de Israel —y ha sido pintado, trazo a trazo, por la misma mano que ahora intenta quemar el lienzo» (Nota 7).

– – Notas – –

Nota 1: En el mes de octubre, tuvimos la ocasión de referirnos al «asedio total» a Gaza anunciado por Israel, que se confirmaría semanas después de su anuncio, ampliado a bombardeos masivos en zonas urbanas densamente pobladas de Gaza: véase BOEGLIN N., «Voz experta: Ataque de Hamás desde Gaza y el «asedio total» de Gaza anunciado como respuesta israelí«, sitio oficial de la UCR, edición del 30 de octubre del 2023. Texto integral disponible aquí. Una versión anterior se publicó en ElMundo.cr, y ello desde el 10 de octubre del 2023 (véase texto).

Nota 2: La palabra hebrea Hasbara designa un conjunto de redes que, desde la diplomacia israelí, buscan orientar a la opinión pública, en procura de obtener una percepción siempre positiva en el exterior de Israel. De manera muy precisa, una publicación disponible en línea y titulada «Israel´s Hasbara Toolkit» (75 páginas, editada en el Reino Unido – véase enlace) detalla el abanico de juegos semánticos a aplicar: los especialistas en derecho internacional reconocerán con gran facilidad el juego semántico que se ha aplicado a su disciplina en innumerables artículos y columnas publicadas en estos tres años sobre Gaza, tanto en Costa Rica como en muchas otras partes del mundo (pp. 56-58).Para algunos de nuestros estimables lectores que descubren este término hebreo, véase este artículo de prensa publicado en Francia en el periódico Libération al respecto así como este artículo en español publicado por una universidad en Colombia, y este análisis similar escrito en inglés. Para artículos de corte más académico sobre la Hasbara, remitimos a este análisis muy detallado, que fue editado en el año 2016: AOURAGH M., «Hasbara 2.0 Israel´s Public Diplomacy in the Digital Era«, University of Westminster, 2016, 28 páginas. Texto integral disponible aquí; así como este artículo más reciente (2020): Jędrzejewska. K., «Hasbara: public diplomacy with israeli´s characteristics«, Torun International Studies, Vol. 13, 2020, Num. 1, pp. 105-118. Texto integral disponible aquí.

Nota 3: Este reciente reportaje de la cadena de noticias AlJAzeera (véase enlace) pone en evidencia las instrucciones internas en varias salas de redacción de grandes medios internacionales en Europa y en Estados Unidos para asegurar, desde hace ahora tres años, una cobertura periodística en la que se maquillen estas exacciones a repetición del ejército israelí y se minimice el daño sufrido por la población civil palestina: resulta notoria la reacción airada del locutor al uso del término «genocidio» por parte del entrevistado que se puede apreciar en este reportaje de la cadena de noticias catarí, y que debería interpelar a muchos en Europa, Canadá y en Estados Unidos, así como también en América Latina y en otras latitudes. Este otro reportaje de la misma cadena difundido este 11 de octubre detalla lo maleable que algunos han resultado ser en la prensa norteamericana para favorecer la imagen de Israel.

Nota 4: Este nuevo informe de Francesca Albanese se titula:»La verdad bajo los escombros: los medios de comunicación en tiempos de genocidio / Truth under the rubble: media in the time of genocide / La vérité sous les décombres : les médias au temps du génocide «. El texto integral de este informe A/81/249 está disponible en este enlace (en francés) y en este otro (en inglés) y su lectura completa se recomienda. Un título en los tres idiomas reproducidos permite proceder a un interesante ejercicio: una rápida consulta con cualquier motor de búsqueda en la red sea en español, inglés o francés, evidencia la casi nula difusión de este último informe de Francesca Albanese en los grandes medios de información en lo que va de esta tercera semana del mes de octubre, pese a haber sido traducido en todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas (véase enlace). Una explicación debería algún día salir a la luz del día en aras de explicar tan extraña y generalizada omisión por parte de las principales cadenas internacionales de información. Sospechamos que algunas plataformas digitales no son ajenas a esta omisión. La versión integral del texto en castellano del informe está disponible en este enlace. Se sugiere descargarlo para contar con una copia propia y no depender de nada para leerlo. En el punto 72, una mención interesará a los muchos espectadores que fueron masivamente a ver la película titulada La voz de Hind Rajab, una niña de Gaza de tan solo seis años cuyo nombre ha sido escogido por una fundación que rastrea, ubica y presenta demandas ante los tribunales nacionales e internacionales contra criminales de guerra israelíes que turistean por el mundo (véase sitio). En efecto, el punto 72 se lee de la siguiente manera: «72. Cuando ciertos hechos ya no pudieron seguir negándose ni “camuflándose”, la cobertura informativa con frecuencia omitió o minimizó la responsabilidad de Israel. Un análisis de contenido ha concluido que la BBC actuó de ese modo en el 83 % de los titulares pertinentes y The New York Times en el 65 %. Un ejemplo particularmente ilustrativo es el caso de Hind Rajab, asesinada por fuerzas israelíes, cuya muerte sigue siendo presentada por la BBC bajo el titular: “Hind Rajab, de 6 años, hallada muerta en Gaza días después de realizar llamadas pidiendo ayuda” «. Sobre los alcances de este informe, remitimos a nuestra nota BOEGLIN N., “¿Cómo volver aceptable lo inaceptable? El último informe de Francesca Albanese sobre los medios de prensa y el genocidio en curso en Gaza”, 11 de octubre del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 5: Estas declaraciones del mandatario costarricense provocaron una reacción indignada de un intelectual de ascendencia judía radicado en Europa, que reportó el 3 de julio del 2025 esta nota de La Nación titulada “Respuesta de Rodrigo Chaves sobre niños en Gaza y TLC con Israel desata fuerte reacción de filósofo judío”. Dicho sea de paso, es este mismo intelectual el que ha sido invitado a impartir una conferencia magistral sobre Gaza que organizó la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la UCR, el pasado 24 de septiembre; véase volante así como el video completo de la charla realizada, que se recomienda visualizar.

Nota 6: Usualmente los premios Jerusalén en América Latina vienen a premiar a profesionales de la comunicación, sean columnistas, analistas o periodistas: en el caso de Uruguay, el denominado «Premio Jerusalén» fue otorgado en el 2026 a un periodista (véase emisión de la televisión uruguaya). En el caso de Colombia, en el 2025, este mismo premio también fue otorgado a un periodista y columnista (véase enlace). Siempre con respecto a Costa Rica, este mismo premio fue otorgado a un exdiplomático en el año 2022 (véase nota de prensa), al parecer también comunicador.

Nota 7: Traducción libre del francés al castellano realizada por el autor, Nicolas Boeglin, del siguiente extracto original publicado en Francia:

«Revenons à Picasso. Ce gouvernement veut tuer le messager : le dépouiller de sa citoyenneté, le poursuivre pour trahison, l’appeler antisémite. Mais Abraham et Szor n’ont pas « fait » Naza dans le sens qui compte : ils ont simplement appuyé sur le bouton d’enregistrement. L’auteur du film est celui qui a vidé les lieux de toute autre vérité possible : celui qui a refusé d’enquêter sur le 7 octobre, qui a fermé Gaza aux journalistes, qui a mis au placard Sde Teiman et poursuivi le procureur, qui a fait une politique d’État des « dommages collatéraux » et de l’émigration « volontaire ». À la question « qui a fait Naza? », la réponse est celle de Picasso devant Guernica : nous ne l’avons pas fait ; le gouvernement l’a fait. Naza est l’auto-portrait d’Israël —et il a été peint, trait par trait, par la main même qui essaie maintenant de brûler la toile«.

Francesca Albanese: nuevo informe sobre la responsabilidad de los medios de prensa en el genocidio en curso en Gaza

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR
nboeglin@gmail.com

A tres años de cumplirse el inicio de las operaciones de destrucción total de la Franja de Gaza por parte de Israel, en «venganza» al ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre del 2023, y que califica como genocidio según expertos y diversos órganos de Naciones Unidas, la responsabilidad de los medios de prensa plantea algunas interrogantes muy válidas en cuanto al tratamiento de la información cuando se trata de informar sobre lo que ocurre en Gaza.

La forma tan peculiar de «informar» al mundo por parte de diversas agencias internacionales de noticias y medios de prensa, sea a nivel nacional, sea a nivel internacional, y tendiente a minimizar las exacciones a las que se libra Israel en Gaza desde hace más de tres años, es analizada en el último informe de la Relatora Especial sobre el Territorio Palestino Ocupado, la jurista italiana Francesca Albanese.

El informe se centra en tres aspectos muy concretos que se interrelacionan: la eliminación física de periodistas palestinos y su intimidación, el control de la información en Israel y otro que debería (¡por fin…!) suscitar cierto debate en Europa, Estados Unidos y Canadá, pero también en América Latina, en particular en Costa Rica: la reproducción automática por parte de los medios de comunicación occidentales y las plataformas digitales del discurso israelí, que consiste en legitimar los crímenes.

Foto extraída de esta nota de la BBC titulada «El tribunal de la historia nos juzgará. Y su conclusión será implacable con los que niegan que hay genocidio en Gaza»: Francesca Albanese, relatora de la ONU», edición del 19 de diciembre del 2024

El informe: breves extractos

Su informe se titula «Truth under the rubble: media in the time of genocide«. El texto integral de este informe A/81/249 está disponible en este enlace (en francés) y en este otro (en inglés) y su lectura completa se recomienda.

Una rápida consulta con cualquier motor de búsqueda en la red evidencia la casi nula difusión de este último informe de Francesca Albanese, pese a haber sido traducido en todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas (véase enlace).

Su versión integral en castellano está disponible en este enlace.

En el punto 15 de su informe, leemos que:

«15. Israel ha justificado los ataques contra periodistas presentándolos como combatientes. Según el derecho internacional humanitario, los periodistas solo pierden la protección de que gozan como civiles si participan directamente en las hostilidades, y la carga de demostrarlo recae en quien ataca, ya que se presume su condición de civiles. La afiliación, la relación laboral o las opiniones expresadas no alcanzan ese umbral. Israel ha invertido este criterio al calificar a los periodistas de “terroristas” o “agentes de Hamás” —a menudo de manera póstuma y sobre la base de pruebas no reveladas o desacreditadas— para dar apariencia de legitimidad a homicidios ilícitos«.

Más adelante, el punto 39 se lee como sigue:

«39. En virtud del derecho internacional humanitario se presume que la infraestructura de telecomunicaciones tiene carácter civil y la alegación general de Israel de que la conectividad beneficia a Hamás no puede desvirtuar esa presunción ni satisfacer los requisitos para atacar un bien de carácter civil. En consecuencia, estos ataques contra infraestructuras y trabajadores de las telecomunicaciones constituyen ataques ilícitos contra civiles y bienes de carácter civil. Al provocar reiteradamente apagones de las comunicaciones, Israel ha aislado, como era de esperar, a la población civil, impidiendo el acceso a información vital, alertas sobre ataques y servicios de emergencia, vulnera al mismo tiempo el derecho del público a buscar, recibir y difundir información«.

En el punto 66, se señala por parte de la relatora Francesca Albanese que:

«66. El acceso determina la influencia. El análisis de contenido demuestra que los medios occidentales dependen en gran medida de fuentes israelíes, y que los funcionarios y grupos de presión israelíes gozan de un acceso privilegiado a los responsables de la adopción de decisiones en los medios, incluida la BBC. Las directrices editoriales internas muestran cómo esa influencia se traduce en la práctica. La guía de estilo de la BBC, por ejemplo, excluye a Gaza del territorio ocupado y especifica que la descripción “preferida” por el Gobierno de Israel para la Ribera Occidental y Gaza es la de territorios “en disputa”, sin indicar que ello es contrario al derecho internacional. La BBC también afirma de manera engañosa que los “puestos de avanzada no equivalen a asentamientos” y que son “muy diferentes” porque los puestos de avanzada no están autorizados por el Gobierno de Israel y “lo desafían”. Sin embargo, distintos Gobiernos israelíes han protegido y legalizado retroactivamente puestos de avanzada ilegales, ampliando así la colonización ilegal. De manera similar, directrices internas filtradas de The New York Times aconsejan cautela respecto del uso de términos como “genocidio”, “limpieza étnica” y “territorio ocupado”, e instruyen a los periodistas a utilizar el término “Palestina” únicamente “en casos muy excepcionales” «.

En el punto 72, leemos que:

«72. Cuando ciertos hechos ya no pudieron seguir negándose ni “camuflándose”, la cobertura informativa con frecuencia omitió o minimizó la responsabilidad de Israel. Un análisis de contenido ha concluido que la BBC actuó de ese modo en el 83 % de los titulares pertinentes y The New York Times en el 65 %. Un ejemplo particularmente ilustrativo es el caso de Hind Rajab, asesinada por fuerzas israelíes, cuya muerte sigue siendo presentada por la BBC bajo el titular: “Hind Rajab, de 6 años, hallada muerta en Gaza días después de realizar llamadas pidiendo ayuda” «.

Nos permitimos reproducir sus últimas tres recomendaciones, las cuales deberían interpelar a muchos en el mundo de la comunicación y del periodismo:

«97. Las organizaciones de medios de comunicación y las plataformas en línea deben dejar de encubrir la propaganda bajo la apariencia de periodismo. Con ese fin, deben:

a) Verificar las afirmaciones de las partes beligerantes antes de publicarlas y emitir rectificaciones con la misma visibilidad;

b) Poner fin a las represalias contra periodistas por expresiones relacionadas con Palestina y reparar los daños causados;

c) Cesar la eliminación arbitraria de informaciones relativas a posibles crímenes internacionales y proporcionar explicaciones transparentes y mecanismos de recurso;

d) Llevar a cabo una diligencia debida reforzada en materia de derechos humanos y derecho internacional, especialmente en situaciones que presenten un riesgo grave de que se cometan crímenes atroces, incluido el genocidio;

e) Conservar los contenidos que documenten posibles crímenes internacionales y ponerlos a disposición de los mecanismos de rendición de cuentas, con sujeción a las salvaguardias adecuadas.

98. El Fiscal de la Corte Penal Internacional debe investigar la incitación directa y pública a cometer genocidio por parte de funcionarios gubernamentales y figuras mediáticas en el marco de la investigación en curso sobre Palestina.

99. Las organizaciones de periodistas, la sociedad civil y el público deben defender a quienes documentan atrocidades, exigir rendición de cuentas y mantener la atención sobre los periodistas detenidos y desaparecidos; asimismo, nunca deberían olvidar que el periodismo deja de cumplir su función pública cuando se limita a reproducir las afirmaciones del poder en lugar de someterlas a un escrutinio riguroso».

Algunas reflexiones sobre la inclaudicable labor de Francesca Albanese

La lectura integral de este último informe se recomienda para entender mucho mejor el proceso de deshumanización de las víctimas palestinas al que se han prestado innumerables salas de redacción en todo el mundo, y la instrumentalización política del dolor de las víctimas israelíes del ataque sufrido el 7 de octubre del 2023 por parte de las actuales autoridades israelíes. Adicionalmente, la poca solidaridad de importantes gremios de comunicadores con los periodistas asesinados deliberadamente por Israel en Gaza, pero también en el Líbano, evidencia el nivel al que se ha podido llegar por parte de algunos directivos de estas entidades (incluyendo los gremios de la prensa en Costa Rica). Dicho sea de paso, en el caso de Costa Rica, no se ha escuchado nada en tres largos años por parte del Colegio de Médicos sobre la situación imperante en Gaza, la destrucción sistemática de la red hospitalaria, el asesinato deliberado de médicos palestinos o su encarcelamiento injustificado por parte de Israel, o el hecho que Gaza concentre la mayor cantidad de niños amputados.

Recientemente tuvimos la ocasión de referirnos a la tercera conmemoración de esta fatídica fecha, haciendo ver que uno tras uno, los mitos de la narrativa oficial israelí poco a poco se van desvaneciendo, en particular gracias a la valiente y sostenida labor de periodistas de investigación israelíes: véase al respecto nuestra nota titulada «A tres años del 7 de octubre del 2023: genocidio, crímenes y límites de la manipulación de la información».

Pese a una intensa campaña de desprestigio contra la jurista Francesca Albanese por parte de Israel y de Estados Unidos, ampliada por los círculos afines y varias cadenas internacionales de noticias, España en mayo del 2026 le otorgó la máxima distinción del Orden al Mérito Civil (véase comunicado oficial del Palacio de la Moncloa). Se trata de un reconocimiento de España a su persistente labor de documentación y de denuncia, y que bien podría inspirar a muchos otros Estados y entidades en el mundo dada la contundencia de sus informes y sobre todo la justeza de sus análisis: desde su primer informe titulado «Anatomía de un genocidio» (véase enlace).

En el caso de Costa Rica, la UCR le otorgó su máxima distinción, el Doctorado Honoris Causa, que debería venir a recibir en los próximos meses (véase artículo del Semanario Universidad de marzo del 2026). En abril del 2025 se informó de un intento por parte de un egresado de la UCR de restarle validez a esta decisión del Consejo Universitario de la UCR, el cual como era de prever fracasó (véase nota del Semanario Universidad). No se tiene idea exacta del número de egresados de la UCR como para valorar la pertinencia de las «gestiones» realizadas por un solo egresado en contra de la decisión de la máxima instancia dentro de la UCR.

A modo de conclusión

Más allá de la importancia relativa otorgada a una gestión fracasada, este informe de Francesca Albanese debería interpelar en Costa Rica al gremio de la comunicación y del periodismo, así como en muchas otras partes del mundo.

Es muy posible que este nuevo informe le depare a su autora nuevas campañas de Israel y de Estados Unidos (y de sus círculos de influencia) tendientes a intimidarla y a desacreditarla, y esta vez con la complicidad de algunas salas de redacción de medios citados en su informe. En febrero del 2026, una «fake new» sirvió de pretexto para que Francia anunciara que la acusaría oficialmente de antisemitismo en Naciones Unidas: un burdo montaje al que se prestaron las actuales autoridades galas, analizado en esta nota de este medio de prensa digital. Sin dejarse en lo más mínimo intimidar su «Réponse a mes détracteurs» publicada en Le Monde Diplomatique (véase enlace) un mes después, hizo ver lo maleable que puede resultar la diplomacia gala a veces cuando se trata de acusar de algo a los críticos al accionar insensato de Israel en Gaza. A raíz de tan indecoroso papelón de las máximas autoridades en Francia, una asociación de juristas depositó una demanda ante la justicia francesa contra las autoridades galas por propagación de hechos falsos (véase comunicado cuya lectura se recomienda).

Recientemente, la técnica que consiste en intimidar a voces críticas sobre lo que ocurre en Gaza y a periodistas de investigación israelíes se volvió a verificar en el caso de los directores del documental «Naza» presentado durante la Bienal de Venezia del 2026, y que provocó una larga ovación de los presentes (véase nota de RSF al respecto): este documental no solamente atemoriza a círculos políticos y militares en Israel, como bien lo apunta desde el mismo titular este artículo publicado en Magazine+972 en Israel. Cabe precisar que el estreno de este documental previsto para el pasado 10 de octubre en la capital costarricense fue sorpresivamente cancelado, sin explicación alguna por una sala de cine costarricense (véase nota del Semanario Universidad). Otras salas de cine confirmaron posteriormente su total anuencia y disposición a proyectarlo en días venideros, con lo cual las «gestiones» para impedir su proyección en Costa Rica también fracasaron para sus autores (véase nota de Delefoco): sobre estas últimas «gestiones«, agradecemos desde ya a nuestros estimables lectores ayudarnos a conocer más en detalle el origen de las mismas, que al parecer impresionaron a algunos directivos y ello pese al reconocimiento internacional generalizado obtenido por este valioso documental (enviando los documentos que se considere pertinentes a : cursodicr@gmail.com). Claro está, el cancelar a último momento esta proyección despertó el interés de muchos más en Costa Rica y se debe desde este punto de vista «agradecer» la publicidad adicional generada.

No sería la primera vez que se busca silenciar a Francesca Albanese e intimidarla: en efecto, en el mes de julio del 2025, tuvimos la oportunidad de analizar en una nota publicada en el portal de la misma UCR, las insólitas sanciones adoptadas por Estados Unidos en contra de esta valiente jurista italiana, titulada » Gaza-Israel: desde una Costa Rica omisa, apuntes sobre las sanciones de Estados Unidos contra Francesca Albanese» (véase enlace). Un texto que ya concluíamos en aquel momento señalando que:

«Las ya habituales vociferaciones y gesticulaciones de todo tipo a las que Israel y la actual administración norteamericana han procedido para descalificar la labor de Francesca Albanese, ya no impresionan mayormente, salvo algunos pequeños círculos que gravitan alrededor de las embajadas de Israel».

Inclaudicable e incansable, es también lo que fue recientemente reconocido a una jurista con el otorgamiento del Nobel de la Paz el pasado 9 de octubre a la jueza sudafricana Navanethem Pillay (más conocida como Navi Pillay): este prestigioso premio viene a premiar su imperturbable labor en favor del derecho y de la justicia para las víctimas, siendo en los últimos años llamada a presidir la Comisión de Investigación Independiente sobre la situación en Palestina, cuyos informes están disponibles desde el 2021 en este enlace oficial de Naciones Unidas. Una de sus primeras intervenciones públicas después del 7 de octubre del 2023 (en abril del 2024) resuena como una clara advertencia desoída por muchos: véase al respecto el texto integral de su intervención.

En el informe de septiembre del 2025, las conclusiones de esta comisión fueron contundentes: es un genocidio lo que se observa en Gaza (véase enlace oficial e informe presentado en aquella ocasión y video de su conferencia de prensa).

7 de octubre del 2023 – 7 de octubre 2026: crímenes y genocidio y una pregunta: ¿informarse o seguir dándole cabida a únicamente cierta «información»?

«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros / What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them»
(Intervención realizada por el representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement made by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim S/PV/9439, at page 9)

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR
nboeglin@gmail.com

Al cumplirse tres años desde el ataque perpetrado por el Hamás contra Israel, el 7 de octubre del 2023, han sido innumerables los artículos de prensa rememorando aquella trágica mañana para 1251 israelíes que perdieron la vida ese mismo día, y el cautiverio que iniciaría ese mismo día para 250 rehenes israelíes y para sus familiares: este último tomó fin para los últimos 20 rehenes, el 13 de octubre del 2025.

Incontables también han sido los artículos reproduciendo testimonios de las familias israelíes afectadas, y los planes y proyectos de vida truncados que significó esta trágica fecha para muchas de ellas.

La persistente omisión sobre la tragedia indecible que viven las familias palestinas de Gaza

No obstante, pocos han sido los artículos en indicar que fue esta misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023 en que Israel iniciaría una ofensiva militar contra civiles palestinos, con bombardeos indiscriminados y desproporcionados en zonas densamente pobladas de Gaza, que se han mantenido hasta este 7 de octubre del 2026: se trata de una operación de «venganza» contra una población civil desarmada, nunca antes observada por parte de un ejército: al tratarse de uno de los mejores ejércitos del mundo, que cuenta con el mejor presupuesto, y acompañado de los mejores servicios secretos (dotados de lo último en materia tecnológica, rastreo, geolocalización e intercepción de escuchas), el recurrir a bombardeos indiscriminados revela su clara intención destructora.

Para esta fecha del 7 de octubre del 2026, fueron escasos los testimonios que pudimos escuchar recogidos en los medios de prensa internacionales de familias palestinas en Gaza o fuera de ella, afectadas por esta tragedia que no ha terminado, y que sigue sumando más dolor cada semana desde aquella fatídica fecha.

Esta omisión bastante notable y notoria al revisar lo que se publicó el 7 de octubre del 2026 en los principales medios de prensa responde en gran parte al paulatino proceso de deshumanización de la población palestina de Gaza, al que se han prestado innumerables salas de redacción, articulistas y columnistas en muchas partes del mundo desde hace tres años. Este mismo proceso de deshumanización en los principales medios de prensa se constata luego de bombardeos de Israel en zonas urbanas densamente pobladas registradas en lo que va del año 2026 en el Líbano así como en Irán. Las exacciones de Israel en Siria recientemente denunciadas por Naciones Unidas (véase comunicado del 9 de octubre) auguran un tratamiento periodístico similar para las víctimas sirias.

En el caso de la situación observada en Cisjordania, en diciembre del 2023, fue el mismo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas el que denunció el discurso deshumanizante por parte de las autoridades y de sectores políticos en la misma Israel (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).

Foto de escolares en una escuela en Gaza al reinicio del ciclo lectivo, extraída de la portada del informe de Naciones Unidas sobre la situación humanitaria en el territorio palestino al 2 de octubre disponible en este enlace

Varios autores han denunciado en Israel la instrumentalización política del dolor de las familias israelíes (véase entrevista de Democracy Now al respecto con una reconocida intelectual de ascendencia judía), acompañada de una campaña de comunicación a nivel global que no han hecho sino acentuar aún más este proceso de deshumanización de todas las víctimas no israelíes.

En el caso de Gaza, este reciente reportaje de la cadena de noticias Al Jazeera (véase enlace) pone en evidencia las instrucciones internas en varias salas de redacción de grandes medios internacionales en Europa y en Estados Unidos para asegurar, desde hace ahora tres años, una cobertura periodística en la que se maquillen estas exacciones a repetición del ejército israelí y se minimice el daño sufrido por la población civil palestina: resulta notoria la reacción airada del locutor al uso del término «genocidio» por parte del entrevistado que se puede apreciar en este reportaje de la cadena de noticias catarí, y que debería interpelar a muchos en Europa, Canadá y en Estados Unidos, así como también en América Latina y en otras latitudes.

Como otro ejemplo de la forma tan omisa de «informar» al mundo, este comunicado oficial de varias entidades de la sociedad civil palestina pasó totalmente desapercibido, así como este comunicado de una ONG en derechos humanos palestina. En ambos casos se recomienda su lectura detallada, al tratarse de textos que exigen a tres años de conmemorarse el 7 de octubre del 2023 una única cosa al resto de la comunidad internacional: justicia para las víctimas palestinas.

Estos y otros hallazgos sobre la forma de «informar» al mundo por parte de diversas agencias internacionales de noticia y medios de prensa forman parte del último informe de la Relatora Especial sobre el Territorio Palestino Ocupado, la jurista italiana Francesca Albanese, disponible en este enlace (en francés) y cuya lectura completa se recomienda.

La justicia y el derecho internacional como horizonte

Contrario al cerco informativo campante en muchas partes del mundo, incluida Costa Rica, el cerco de la justicia internacional se ha ido cerrando sobre Israel como Estado, y sobre sus actuales dirigentes, con:

– dos órdenes de arresto desde noviembre del 2024 siempre vigentes contra el actual primer ministro de Israel y su ex ministro de Defensa emitidas por la justicia penal internacional de La Haya, y con;

– una acción interpuesta por Sudáfrica contra Israel por genocidio que se tramita en La Haya desde diciembre del 2023, apoyada por Estados tan diversos como Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, Irlanda, Islas Maldivas, México, Namibia, Países Bajos y Turquía.

Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel y titulado «Gaza´s lost generation. The students left behind three years of war» (Magazine+972, edición del 8 de octubre del 2026). Texto integral disponible en este enlace

En el caso de militares responsables de todo tipo de crímenes, pero también diversos profesionales israelíes que se han prestado para participar en exacciones en Gaza y en cárceles israelíes, la Fundación Hind Rajab (véase sitio) registra las diversas acciones legales emprendidas ante la justicia nacional en muy diversos Estados en el mundo.

El otorgamiento del Nobel de la Paz este 9 de octubre a la jurista sudafricana Navanethem Pillay (más conocida como Navi Pillay) viene a premiar su labor inclaudicable en favor del derecho y de la justicia para las víctimas, siendo en los últimos años llamada a presidir la Comisión de Investigación Independiente sobre la situación en Palestina, cuyos informes están disponibles desde el 2021 en este enlace oficial de Naciones Unidas. Una de sus primeras intervenciones públicas después del 7 de octubre del 2023 (en abril del 2024) resuena como una clara advertencia desoída por muchos en el mundo: véase al respecto el texto integral de su intervención.

En el informe de septiembre del 2025, las conclusiones de esta comisión fueron contundentes: es un genocidio lo que se observa en Gaza (véase enlace oficial e informe presentado en aquella ocasión y video de su conferencia de prensa).

Este análisis realizado por Democracy Now con destacados juristas este 9 de octubre detalla el alcance y el significado del Nobel de la Paz en su edición del 2026.

La versión en castellano del último informe de esta Comisión de Investigación de Naciones Unidas (junio del 2026) está disponible en este enlace: en el caso de nuestros estimables lectores en Costa Rica, se recomienda transmitir (discretamente) a los actuales jerarcas de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) así como de otras entusiastas entidades costarricenses que fomentan el libre comercio con Israel, lo que plantea el punto 93 (así como a la nueva titular de la diplomacia costarricense, que estrenará sus funciones oficialmente la próxima semana en la Casa Amarilla). La contundencia de la intervención del ex canciller de Costa Rica en el período (2006-2010) pronunciada el pasado 8 de octubre del 2026 en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa (véase video) también puede serles de gran utilidad: dicho sea de paso, se trata de la primera participación en un evento público sobre Gaza de un excanciller costarricense. La totalidad de las exposiciones de este concurrido foro sobre la infancia palestina en Gaza al que participó el excanciller costarricense en la Asamblea Legislativa, está disponible en este enlace.

Siempre en relación con Costa Rica, este oficio de Casa Presidencial en Costa Rica  de finales enero del 2026  en respuesta a un ciudadano costarricense, debería plantear algunas interrogantes muy válidas sobre el conocimiento (bastante relativo en nuestra opinión) que se tiene sobre el alcance exacto de las obligaciones internacionales de Costa Rica (véase documento).

Es de notar que el otorgamiento del Nobel de la Paz se da en plena escalada de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) que integró Navi Pillay en el período (2003-2012): ya no se trata de sanciones contra su personal, en particular contra su fiscal y sus jueces como personas, sino ahora contra la CPI como institución (véase comunicado oficial de Estados Unidos del 9 de octubre respondido el mismo día por comunicado oficial de la CPI así como este video con las declaraciones de la presidenta de la CPI denunciando esta nueva insólita iniciativa del actual ocupante de la Casa Blanca). Nótese la cercanía de la fecha escogida con respecto al 7 de octubre, una cercanía similar al supuesto «Plan de Paz» en Gaza del 2025, con un ultimátum para firmarlo al Hamás por parte de Estados Unidos fijado al 3 de octubre del 2025.

Más allá de las diversas iniciativas de Estados Unidos para intentar desviar la atención sobre Gaza, en particular de cara al pasado 7 de octubre, este otro reportaje de la misma prensa israelí publicado en el The Times of Israel revela cosas de una persona muy cercana al Primer Ministro el 7 de octubre del 2023 y que ha decidido finalmente salir de su silencio (véase enlace).

El último informe de Naciones Unidas sobre la situación en Gaza al 6 de octubre del 2026 está disponible en este enlace, y se recomienda su lectura completa: en las cifras consignadas de personas fallecidas de 74.032 personas, se contabilizan 21.283 niños y 10.983 mujeres así como 5.100 adultos mayores. No está de más recordar que las autoridades sanitarias de Gaza únicamente registran cuerpos identificados, por lo que la cifra de víctimas mortales es mucho mayor al yacer bajo escombros de inmuebles bombardeados una cantidad desconocida de cuerpos sin vida. Se puede útilmente completar la lectura del informe anterior con la del informe de lo que ha ocurrido en los demás territorios palestinos ocupados (al 2 de octubre) en los que la arremetida de colonos contra familias palestinas en Cisjordania sigue su curso, así como la demolición acelerada de casas en Jerusalén Oriental (véase informe).

Con respecto a la salud mental en Israel, este reportaje de la televisión francesa refiere a una cifra que oscila entre 50.000-70.000 reservistas y militares en Israel, que sufren del Síndrome Post Traumático (véase enlace) al regresar de Gaza, con muchos de ellos que terminan por suicidarse, dado el tipo de instrucciones de sus superiores que debieron acatar durante los días que portaron el uniforme en Gaza.

Los verdaderos «mitos» de la narrativa oficial israelí que se van desvaneciendo con el paso del tiempo

Como parte de la narrativa oficial israelí, a tres años del 7 de octubre del 2023 se confirma lo que tempranamente muchos observadores y analistas militares advirtieron: ninguna operación militar israelí masiva en Gaza, por más violenta sea, puede pretender «erradicar» al Hamás, cuyos combatientes se renuevan, así como sus liderazgos. El nivel de violencia ejercido por Israel en Gaza es tal que el Hamás ha logrado reclutar a jóvenes también en Cisjordania en los últimos años, territorio palestino en el que su influencia política era mucho menor antes del 7 de octubre del 2023.

El otro gran «mito» consistió en hacer creer desde la misma tarde/noche del 7 de octubre a la opinión pública israelí y mundial que estas operaciones militares permitirían «liberar a los rehenes«: todos los rehenes liberados por el Hamás lo fueron luego de pactarse un acuerdo negociado entre Israel y el Hamás. Tres de ellos que lograron burlar la vigilancia de sus custodios fueron ultimados en diciembre del 2023 (véase nota de CNN) por… el mismo ejército israelí, pese a portar una bandera blanca e inscripciones en hebreo en sus camisetas. Este triste episodio reveló el tipo de instrucciones recibidas por los militares israelíes enviados a Gaza: «dispara a matar primero«.

Pero uno de los mayores mitos mantenidos por el aparato oficial de comunicación israelí en estos tres años, entre otros más, es el haber presentado el ataque del 7 de octubre del 2023 como un ataque que tomó completamente por sorpresa a las máximas autoridades israelíes: revelaciones hechas por Haaretz el 8 de septiembre (véase enlace) en Israel obligaron al Primer Ministro a volar urgentemente a Emiratos Árabes Unidos para pedirle a su máxima autoridad que niegue lo revelado por Haaretz (véase enlace a nota de prensa del mismo medio israelí), días después de anunciar que llevaría a los periodistas israelíes responsables de esta filtración ante la justicia israelí (véase nota de la BBC). La técnica, que consiste en intimidar a periodistas de investigación israelíes también se aplicó a los directores del documental «Naza» presentado durante la Bienal de Venezia del 2026, y que provocó una larga ovación de los presentes (véase nota de RSF al respecto): este documental no solamente atemoriza a círculos políticos y militares en Israel, como bien lo apunta desde el mismo titular este artículo publicado en Magazine+972 en Israel. Por cierto, siempre para nuestros estimables lectores de Costa Rica, el estreno de este documental previsto para este 10 de octubre en la capital costarricense fue sorpresivamente cancelado, sin explicación alguna por una sala de cine costarricense (véase nota del Semanario Universidad).

Con respecto a lo indicado en este artículo del Wall Street Journal sobre otra advertencia recibida por la oficina del Primer Ministro israelí días antes del 7 de octubre, esta vez por parte de los servicios de inteligencia de Egipto (véase artículo), al parecer enjuiciar desde Israel a periodistas de investigación ante tribunales norteamericanos resulta más complejo que ante la justicia israelí.

Estas y muchas otras revelaciones hacen ver que la oficina del primer ministro ignoró un sinnúmero de advertencias semanas y días antes del 7 de octubre del 2023: dicho en otras palabras, la máxima autoridad en Israel estaba al tanto de los planes de ataque del Hamás y sabía que se daría en los primeros días del mes de octubre del 2023. Este muy completo reportaje difundido en Francia (véase enlace a versión ampliada) en días recientes revela que el apoyo económico al Hamás por parte de Catar desde el 2018 formaba parte de una estrategia asumida por parte del actual Primer Ministro israelí.

Estas revelaciones explican en gran parte los pretextos a los que, tanto el actual primer ministro como su coalición extremista en la Knesset, han recurrido para evitar a toda costa la creación de una comisión de investigación independiente en Israel que examine las circunstancias exactas en las que tuvo lugar el ataque del Hamás y las responsabilidades en el seno de los altos mandos israelíes por lo sucedido el 7 de octubre del 2023.

La irresponsabilidad de los estrategas de la oficina del primer ministro es aún mayor si se considera que:

– el festival Nova de música en la que perdieron la vida la mayoría de las muy jóvenes víctimas israelíes el 7 de octubre del 2023, se realizó en Israel a escasos kilómetros de la frontera con Gaza, y que;

– los batallones de soldados israelíes usualmente vigilando la frontera con Gaza fueron semanas antes, trasladados a Cisjordania.

Al respecto, quisiéramos creer que el profundo dolor que ha embargado a muchas familias en Israel desde el 7 de octubre del 2023 no los alejará de la rendición de cuentas al que deben someterse sus actuales autoridades y de la exigencia de justicia ante semejante irresponsabilidad.

A modo de conclusión

Cada víctima palestina que sigue cayendo cada semana en Gaza, pero también en Cisjordania, o que queda gravemente herida, es un proyecto de vida que se trunca, aunado a un profundo dolor que embarga a todos sus familiares. Una niñez que sufre amputaciones en Gaza (con la tasa más alta registrada en el mundo), obligada a vivir bajo carpas de fortuna desde hace tres años, padeciendo de malnutrición severa y con poco acceso a servicios de salud, reúne a muchos otros proyectos en la vida de un ser humano que se ven dramáticamente alterados. Pese a la obviedad de las afirmaciones anteriores, no se logró mayormente reflejar el indecible drama al que Israel somete la población palestina y que se ha repetido una y otra vez desde hace tres años, en las páginas y en los sitios de los principales medios de prensa internacionales y nacionales en su edición del pasado 7 de octubre.

Más allá de esta consternante realidad en materia de cobertura periodística, de la que esperemos tomen conciencia nuestros estimables lectores, los activistas y defensores de Palestina y muchas otras entidades abocadas a la defensa de la justicia y del derecho internacional saben que la desesperada arremetida contra la justicia penal internacional de La Haya por parte de Estados Unidos persigue un solo y único objetivo: garantizar la impunidad de los dirigentes de Israel y la ausencia de justicia para las víctimas palestinas.

Secretaría general de Naciones Unidas: análisis de los resultados del quinto sondeo informal del Consejo de Seguridad

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR

nboeglin@gmail.com

El puesto de secretario general de Naciones Unidas ostenta la máxima jerarquía dentro del organigrama de Naciones Unidas, organización internacional integrada en la actualidad por 193 Estados miembros.

Al respecto, los artículos 97-101 de la Carta de Naciones Unidas adoptada en 1945 (véase texto) detallan su modo de elección y las diversas funciones que conlleva este puesto dentro de la estructura de Naciones Unidas.

El proceso de designación en breve

Pese al elevado número de Estados miembros de Naciones Unidas (193), el proceso de designación de un secretario general de Naciones Unidas recae en el Consejo de Seguridad (compuesto por 15 Estados): es este único órgano que define quién ocupará la silla de secretario general.

Resulta también necesario indicar, en particular a nuestros estimables lectores poco familiarizados con Naciones Unidas, que es tan solamente una vez conformada una sola candidatura, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la tramita a la Asamblea General mediante una simple resolución de dos párrafos, para su aprobación definitiva por aclamación por parte de los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas: fue lo que ocurrió en el mes de octubre del 2016 con el candidato propuesto por Portugal (véase resolución), así como en octubre del 2006 con el candidato propuesto por Corea del Sur (véase resolución). Nuestros estimables lectores de América Latina y en particular oriundos de Perú recordarán que fue esta misma resolución (véase enlace) adoptada en octubre del 1986 por el Consejo de Seguridad la que recomendaba la designación del (del hasta ahora) único secretario general oriundo de América Latina en toda la historia.

Cabe recordar que, además de los cinco Estados Miembros Permanentes con derecho a veto (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), en la actualidad los demás Estados que integran el Consejo de Seguridad son: Bahrein, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistán, Panamá, Somalia, y República Democrática del Congo.

Como suele ocurrir en toda competencia entre distintos competidores, iniciar en una posición favorable una contienda no necesariamente equivale a garantizar llegar a la meta en primera posición.

Los sondeos informales del pasado mes de septiembre del 2026

El pasado 18 de septiembre, se realizó el tercer sondeo informal en el seno del Consejo de Seguridad, sin que se lograra desmarcar claramente una de las ocho candidaturas: véase al respecto esta nota de PassBlue que incluye una infografía sobre las progresiones y retrocesos de unos y otros y una nota nuestra explicando más en detalle lo observado, titulada: «Secretaría General de Naciones Unidas: resultados del tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad «.

En este recuadro extraído de esta nota de Security Council Report, se puede observar lo reñido de la competencia, con muy poca diferencia entre el primer y segundo lugar (dos mujeres), así como entre la tercera, cuarta y quinta posición (que comparten tres candidatos masculinos con cinco votos favorables cada uno).

Unos días después del tercer sondeo realizado, únicamente la candidata de nacionalidad chilena (que registró 11 votos desfavorables) fue la que optó por retirarse definitivamente de la contienda, tal y como lo notificaron Brasil y México de manera conjunta el 21 de septiembre (véase carta).

El que no se logre desmarcar claramente una candidatura puede significar que un desacuerdo persiste entre los cinco Estados Miembros permanentes del Consejo de Seguridad: si se consideran únicamente las cuatro primeras posiciones, posiblemente el candidato masculino presentado de manera tardía por Uganda y el de Argentina reúnen algunos apoyos, mientras otros consideran que ya es hora que sea una mujer (candidaturas de Costa Rica y de Guyana) la que dirija los destinos de la organización internacional.

El pasado 29 de septiembre del 2026, se realizó el cuarto sondeo informal en el seno del Consejo de Seguridad, con los siguientes resultados dados a conocer con respecto a las cuatro primeras posiciones que nos permitimos desglosar:

1- Candidata de Costa Rica: 10 opiniones favorables, 3 desfavorables y 2 «sin opinión«

2: Candidata de Guyana: 8 opiniones favorables, 6 desfavorables y 1 «sin opinión«

3: Candidato de Argentina: 8 opiniones favorables y 7 desfavorables.

4: Candidato de Uganda: 5 votos favorables, 8 desfavorables y 2 «sin opinión«.

En esta infografía extraída de esta nota de PassBlue se pueden comparar los resultados entre el tercer sondeo (realizado el 18 de septiembre) y el cuarto sondeo (29 de septiembre) para cada una de las candidaturas.

Claramente el candidato de Argentina fue el que inició un ascenso notorio, pasando de cinco a ocho votos favorables, mientras que la candidata de Costa Rica mejoró levemente (un voto favorable adicional, dos opiniones desfavorables menos, pero una «sin opinión» adicional con respecto al tercer sondeo). Al tiempo que la candidata de Guyana mantuvo exactamente las mismas marcas que las obtenidas con ocasión del tercer sondeo realizado el 18 de septiembre.

Las diversas interpretaciones sobre estas marcas registradas de unos y otros, derivan del hecho que no se sabe si detrás de las opiniones «desfavorables» y los Estados «sin opinión«, hay uno o varios Estados Miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

No se puede descartar que la actual administración norteamericana, frontalmente opuesta al multilateralismo, esté aprovechando de la situación para torpedear el proceso de designación de la persona llamada a sustituir al actual secretario general de Naciones Unidas a partir del 1 de enero del 2027.

Los resultados del sondeo realizado el 7 de octubre del 2026

Un quinto sondeo tuvo lugar de manera sorpresiva este 7 de octubre del 2026, arrojando los siguientes resultados, según esta nota publicada en las redes sociales de PassBlue:

  1. Candidata de Costa Rica: 9 votos favorables y 6 votos desfavorables
  2. Candidato de Argentina: 6 votos favorables, 7 votos desfavorables y dos «sin opinión»
  3. Candidata de Guyana: 5 votos favorables, 9 votos desfavorables y un voto «sin opinión»
  4. Candidato de Senegal: 5 votos favorables, 10 votos desfavorables
  5. Candidata de Ecuador: 3 votos favorables, 9 desfavorables y 3 «sin opinión»
  6. Candidato de Uganda: 3 opiniones favorables y 12 opiniones desfavorables
  7. Candidata oriunda de Ecuador propuesta por Tonga de manera tardía: 14 votos desfavorables, y un voto «sin opinión».

Claramente se puede observar el impacto de la crisis de la diplomacia en Costa Rica en los números obtenidos por la candidata de Costa Rica, que reduce de un voto favorable y aumenta tres votos desfavorables, pasando a un total de seis: se trata del número más importante de votos desfavorables registrado desde que iniciaron estos sondeos informales en el seno del Consejo de Seguridad. No se ha logrado tener en Costa Rica acceso a razones expresadas por algunos que expliquen este aumento de opiniones desfavorables a estas alturas de la contienda.

Por su lado el candidato argentino pierde dos votos favorables con respecto al sondeo anterior, que se trasladan a los votos «sin opinión», al tiempo que mantiene el mismo número de votos desfavorables (siete).

Para la candidata de Guyana, pierde de manera bastante notoria tres votos favorables, y mantiene el mismo número de votos desfavorables (nueve) que en el sondeo anterior del 29 de septiembre. Esta pérdida la coloca por vez primera en tercera posición.

El candidato de Senegal por su parte mantiene el mismo número de votos favorables que en la secuencia anterior (cinco), pero aumenta el número de votos desfavorables de uno adicional, pasando de nueve a diez.

El golpe reciente a la imagen internacional de Costa Rica

En el caso de la candidata de Costa Rica, resulta de interés evaluar si la crisis política que desató la sorpresiva destitución del canciller de Costa Rica por parte de la presidenta de Costa Rica, el pasado 24 de septiembre, complicó sus gestiones y le está restando fuerza a su postulación.

La reunión por la que fue «despedido» el canciller es objeto de este comunicado oficial de prensa del aparato diplomático costarricense del 22 de septiembre.

El golpe a la imagen internacional de Costa Rica, y en particular dentro de Naciones Unidas, que titula esta nota reciente de CRHoy, y las contradicciones de la Presidenta de Costa Rica con la línea de tiempo que detalla este artículo del Semanario Universidad, puede haber afectado la candidatura oficial de Costa Rica: en efecto, el peor momento que puede escoger un Estado para proceder a destituir a un canciller es hacerlo en plena Asamblea General de Naciones Unidas, días antes de pronunciar su intervención ante el plenario de la Asamblea General, y en la recta final de una candidatura oficial al puesto más importante dentro del organigrama de Naciones Unidas.

En este muy completo artículo publicado por Radio UCR sobre los acuerdos alcanzados durante la famosa reunión por la que fue destituido el canciller de Costa Rica, se lee que:

«El 28 de septiembre trascendieron declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, quien asistió al encuentro y afirmó que la participación de Trump no estaba prevista inicialmente, sino que ocurrió por un cambio de agenda. «

No está de más indicar que el alineamiento total de las actuales autoridades de Costa Rica con Israel también puede estar surtiendo efectos negativos para la imagen de Costa Rica en el plano internacional: al respecto, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «Fomentar el libre comercio … ¿haciendo a un lado obligaciones internacionales? A propósito de varias opiniones enviadas a la Asamblea Legislativa relativizando la supuesta conveniencia del TLC entre Costa Rica e Israel«. El pasado 25 de septiembre, Naciones Unidas procedió a actualizar la lista de empresas privadas involucradas en la colonización y en la ocupación ilegales del territorio palestino (véase enlace). Este muy completo reportaje difundido en Francia (véase enlace a versión ampliada) en días recientes revela que el apoyo económico al Hamás por parte de Catar formaba parte de una estrategia asumida del actual primer ministro israelí (que ha hecho hasta lo imposible para que no se cree en Israel una comisión de investigación independiente sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque del 7 de octubre del 2023).

La intención genocida de Israel en Gaza ha quedado claramente establecida por diversos órganos de derechos humanos de Naciones Unidas, así como por parte de diversas organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo organizaciones israelíes como B´Tselem (véase informe). Los numerosos testimonios de soldados israelíes reunidos por la organización Breaking The Silence en la misma Israel denuncian el tipo de instrucciones recibidas (véase reciente entrevista en France24 -en inglés- con su director ejecutivo). El sitio de la Fundación Hind Rajab detalla cómo esta organización ha logrado rastrear a criminales de guerra en todo el mundo.

Las maniobras para restarle importancia a la situación en Gaza por parte del aparato estatal israelí (y de pequeños círculos que gravitan alrededor de las embajadas de Israel en el mundo), quedó bastante bien resumida en esta entrevista publicada recientemente en Francia, realizada por uno de los grandes especialistas galos en materia de relaciones internacionales.

Resulta oportuno indicar que el pasado 10 de septiembre del 2026, valientes comunicadores israelíes dieron a conocer un documental en la Bienal de cine de Venecia, titulado «Naza«, sobre la maquinaria destructiva militar israelí en Gaza dirigida desde programas informáticos que combinan rastreo y ubicación de llamadas, reconocimiento facial e inteligencia artificial: véanse al respecto esta nota del medio israelí Magazine+972, así como este reportaje de Al Jazeera.

Foto extraída de artículo titulado «Why NAZA terrifies Israel´s liberal elite», publicado por Magazine+972 (Israel), el 2 de octubre del 2026, cuya lectura se recomienda

Cabe indicar a nuestros estimables lectores que este próximo 10 de octubre, el documental Naza se estrenará en una sala de cine en Costa Rica (véase anuncio), al tiempo que el 8 de octubre, se realizará un foro en la Asamblea Legislativa sobre la infancia en Gaza con dos reconocidos expositores (véase volante), entre varias otras actividades en Costa Rica sobre Palestina durante esta semana del 7 de octubre.

Como dato muy poco difundido, la tasa de suicidios dentro del ejército israelí es una de las más altas en el mundo militar, con casi 20 casos registrados en lo que va únicamente del 2026 (véase artículo de Haaretz y este reportaje más reciente del mismo medio israelí); a ello, hay que añadir una población de entre 50.000-70.000 reservistas y militares israelíes que sufren de síndrome postraumático luego de servir en el ejército israelí (véase artículo del Times of Israel del 2025). Desde el punto de vista de las autoridades militares israelíes, la cifra oficial es mucho menor y se evalúa en unas 30.000 personas (véase nota de prensa de la agencia de noticias turca Anadolu).

A modo de conclusión

Es posible que luego de este quinto sondeo realizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, algunas de las siete candidaturas que no se vieron mayormente favorecidas se retiren de la contienda para la silla de la Secretaría General de Naciones Unidas.

Cabe precisar que las candidaturas de nacionalidad argentina y costarricense comparten en América Latina un común denominador: han sido postuladas oficialmente por Estados cuyo máximo dirigente se «destaca» por una crítica frontal al multilateralismo y a las reglas que imperan en el ordenamiento jurídico internacional, que rechaza la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que crítica de manera desvergonzada las normas internacionales de protección de los derechos humanos, que ha anunciado que trasladará su respectiva embajada en Israel de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén, y que le ha dado la espalda a la justicia penal internacional de La Haya, objeto de inusuales ataques por parte de Estados Unidos y de Israel desde enero del 2025. En este mes de septiembre del 2026, un nuevo informe sobre la destrucción en Gaza por parte de Israel estima a más de 71.000 millones de US$ el monto necesario para su reconstrucción (véase nota de la UNCTAD).

En el caso de Costa Rica, con esta Asamblea General del 2026, son cinco citas anuales mundiales consecutivas en el prestigioso recinto de Naciones Unidas en Nueva York desde el 2022 en las que no participa su máxima autoridad.

Fomentar el libre comercio… ¿ignorando obligaciones internacionales?

A propósito de algunas opiniones enviadas a la Asamblea Legislativa relativizando la supuesta conveniencia del TLC entre Costa Rica e Israel

«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros / What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them».
(Intervención realizada por el representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement made by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim S/PV/9439, at page 9)

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR
nboeglin@gmail.com

Desde hace varias semanas, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa examina el Expediente Legislativo 25.542 (aprobación del Tratado de Libre Comercio /TLC con Israel, suscrito el 8 de diciembre del 2025).

En este enlace está disponible el texto como tal del Expediente Legislativo 25.542, con una carta al inicio, del 13 de abril del 2026, de la entonces ministra de la Presidencia al Congreso y el acuse de recibo de la misma con fecha del 24 de abril. Como es sabido, la entonces ministra de la Presidencia fue electa presidenta en las elecciones celebradas en febrero del 2026, y el ex presidente en el período (2022-2026) es desde mayo del 2026, ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda: una situación que resulta algo confusa y que, al parecer, es inédita en los anales políticos de América Latina, según expertos consultados en día recientes (véase artículo publicado en el Semanario Universidad).

Más allá del intercambio de roles en las más altas esferas del poder en Costa Rica observado, fue tal la premura en iniciar el trámite de aprobación de manera prioritaria de este TLC, que antes de la toma oficial de posesión de las «nuevas» autoridades electas, celebrada el pasado 8 de mayo en la capital costarricense, ya el Poder Ejecutivo lo había convocado a sesiones extraordinarias del Poder Legislativo (véase nota de Elmundo.cr del 6 de mayo). Una pregunta válida que se puede plantear todo observador y analista es la siguiente: ¿a qué es que podrá responder tanta urgencia en aprobar este TLC?

PROCOMER: algo… ¿desinformada?

Como ya es costumbre en este tipo de trámite legislativo, han sido varias las consultas solicitadas por esta Comisión a diversas entidades gubernamentales, académicas, cámaras empresariales, así como a algunas personas.

Es así como el pasado 3 de septiembre comparecieron funcionarios de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER, una entidad pública costarricense) al parecer muy poco informados sobre álgidos aspectos jurídicos debatidos en Naciones Unidas y en el seno de la Unión Europea (UE) desde hace varios años con relación al comercio con Israel: véase esta nota del medio digital Delfino.cr y titulada de manera que nos parece muy oportuna “PROCOMER desconoce si Costa Rica puede detectar bienes israelíes producidos en Palestina ocupada”.

Al respecto, referimos a esta ley reciente adoptada en Irlanda (véase enlace a texto) sobre lo que pareciera desconocer por completo PROCOMER, así como a esta nota sobre una regulación muy similar adoptada por Bélgica. En el caso de España, remitimos a este Real Decreto Ley de septiembre del 2025 (véase texto integral), cuyo artículo 3 se lee de la siguiente manera:

“1. Queda prohibida la importación en España de los productos originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, de acuerdo con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024. A los efectos de este artículo se entiende por importación el despacho a libre práctica tal y como se establece en el artículo 201 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión. En todas las declaraciones aduaneras de mercancías originarias de Israel se deberá incluir el código postal y la localidad correspondiente al lugar de origen de las mismas.”

Noruega por su parte ha anunciado una pena de hasta 3 años de cárcel para quienes importen a su territorio productos en proveniencia del territorio palestino ocupado (véase nota de prensa del 16 de septiembre del 2026).

Volviendo a Costa Rica y a la Asamblea Legislativa, una semana después del 3 de septiembre del 2026, en esta otra nota del mismo medio digital (véase enlace), se indicó que no llegaron a la comparecencia prevista el 10 de septiembre ante la Comisión de Relaciones Exteriores ni el jerarca de la diplomacia costarricense, como tampoco la jerarca de la cartera de comercio exterior, en razón de compromisos repentinos. Salvo error de nuestra parte, es la primera vez que dos ministros en ejercicio, solicitados para comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Poder Legislativo, a última hora, deben excusarse debido a imprevistos de último momento.

Revisando lo que ocurrió el 10 de septiembre en el mundo y en Costa Rica, no se registró crisis política aguda ni deflagración mundial alguna que ameriten de urgencia, su presencia en una reunión en Casa Presidencial.

Al parecer ambos jerarcas tampoco encontraron manera de delegar su respectiva comparecencia a un funcionario subalterno, como si de pronto, ganar tiempo posponiendo al mes de octubre su comparecencia pareciera ser la extraña estrategia acordada (por razones que sería de interés conocer).

No se sabrá sino hasta su comparecencia si la información que se maneja en ambas carteras sobre los problemas legales para cualquier Estado al comerciar con Israel (y en particular importar productos desde Israel), es (o no) similar a la de PROCOMER.

Nótese que este 24 de septiembre, el jefe de la diplomacia costarricense dejó de serlo por decisión de la mandataria costarricense (véanse nota del medio digital Delfino.cr titulada «Perdido en Nueva York, Trump y el misterio de la invitación«, así como una nota sobre la línea de tiempo reportada en La Nación que no parece corresponder a las declaraciones oficiales de la mandataria).

De algunos criterios mejor informados que los de PROCOMER

Más allá de compromisos “súbitos” de las máximas autoridades costarricenses (que sería de sumo interés conocer en detalle) y de la seriedad relativa con la que se están llevando las relaciones internacionales de Costa Rica en este mes de septiembre del 2026 por parte de sus máximas autoridades, existen posiciones más informadas que las de PROCOMER con relación a la conveniencia de aprobar en estos momentos un TLC con Israel.

En particular referimos a un extenso documento enviado a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa por Wajiha Sasa Marín, Cónsul Honoraria de Palestina en Costa Rica, a otro igualmente extenso documento, suscrito por el reconocido economista Luis Paulino Vargas Solís y a otra opinión, remitida por el autor de estas líneas.

Desde perspectivas y razonamientos muy distintos, y citando en el caso de los dos primeros, numerosas fuentes de información, los tres criterios enviados concluyen poniendo en tela de duda la supuesta conveniencia para Costa Rica de aprobar este tratado en las actuales circunstancias con Israel, tal y como lo sostienen varias entidades gubernamentales (así como varias cámaras empresariales) y los precitados jerarcas de PROCOMER, en su comparecencia del día 3 de septiembre del 2026.

Los textos completos de cada uno de los tres documentos pueden ser consultados en los siguientes enlaces:

Escrito remitido por Wajiha Sasa Marín a la Comisión de Relaciones Internacionales, con fecha del 4 de agosto del 2026

Escrito remitido por Luis Paulino Vargas Solís a la Comisión de Relaciones Internacionales, con fecha del 9 de agosto del 2026

Escrito remitido por Nicolas Boeglin a la Comisión de Relaciones Internacionales, con fecha del 28 de julio del 2026;

Es muy posible que hayan sido enviados escritos críticos adicionales a estos tres a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa, de los que no tenemos conocimiento.

El texto enviado por la representante de Palestina en Costa Rica explica de manera muy detallada las razones por las que no se puede separar el tema comercial de asuntos legales relacionados a la colonización y a la ocupación ilegal del territorio palestino por parte de Israel, y del drama indecible al que Israel somete la población civil en Gaza desde octubre del 2023. Desde esta perspectiva, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha establecido en varias de sus decisiones que los Estados terceros no pueden consolidar con sus acciones esta colonización ilegal y esta ocupación igualmente ilegal de Israel.

Con respecto a la perspectiva estrictamente comercial, que tantos entusiastas posee en el seno de algunos influyentes círculos corporativos costarricenses, se recomienda la sección 3 del escrito del economista Luis Paulino Vargas Solís sobre lo que denomina “La irrelevante relación económica y comercial entre Costa Rica e Israel” (páginas 19-21), en particular gráficos muy ilustrativos elaborados a partir de los mismos datos de PROCOMER y de COMEX (Ministerio de Comercio Exterior).

En lo atinente a nuestra perspectiva jurídica internacional, ésta no hace más que resumir y actualizar lo que hemos sostenido en diversas publicaciones así como en diversos foros en los que nuestras intervenciones se han centrado sobre “Gaza, el cerco informativo y el cerco de la justicia internacional”: desde octubre del 2023, el cerco informativo ha tendido a hacernos creer cosas que … se distancian cada vez más de las decisiones de la misma justicia internacional en contra de Israel y de sus dirigentes. Dicho en otras palabras, las aseveraciones según las cuales Israel sí actúa de conformidad con sus obligaciones jurídicas internacionales desde el 7 de octubre del 2023 en Gaza no resisten a un debate legal, ni logran convencer en lo más mínimo a los integrantes de jurisdicciones internacionales: remitimos, entre muchos otros textos sobre «Gaza, cerco informativo, cerco de la justicia internacional» a nuestros estimables lectores al título de esta conferencia impartida el 22 de octubre del 2025 (véase video), a solicitud del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Facultad de Derecho de la UCR, en el marco de su 50 aniversario.

El escrito nuestro remitido a la Asamblea Legislativa también hace hincapié en la existencia de cláusulas sobre derechos humanos en los acuerdos comerciales, tendientes a permitir su suspensión cuando se estime oportuno hacerlo por parte de los Estados Partes a estos instrumentos. Vincular el comercio y la situación de los derechos humanos es una tendencia observable en la práctica convencional, a la que no escapa ni el TLC entre Estados Unidos y América Central y República Dominicana, ni tampoco el Acuerdo de Asociación suscrito entre la UE y América Central.

Obligaciones internacionales en materia de derecho internacional humanitario y derechos humanos y libre comercio

A la fecha de hoy (25 de septiembre del 2026), el primer ministro israelí y su ex ministro de Defensa siguen siendo objeto de una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) siempre vigente (y ello desde noviembre del 2024), para que sean juzgados a título individual por crímenes de guerra cometidos en Gaza: los intentos tan reiterados (como desesperados) de Israel ante los mismos órganos de apelación de la CPI para restarle toda validez jurídica a estas órdenes de captura han fracasado una y otra vez.

El 24 de septiembre del 2026, el primer mnistro Israelí sufrió una nueva humillación al ver cómo salían apuradamente los delegados de casi toda la asamblea durante su intervención en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas (véase video), con excepción de la delegación de Israel, de Estados Unidos y de unos pocos Estados más (véase nota de prensa). Se trata de un ejercicio ya observado en el 2025 en este mismo recinto: y es que nunca en la historia de Naciones Unidas un dirigente objeto de una orden de captura emitida por la justicia penal internacional por crímenes de guerra, había tenido la osadía de presentarse a esta tribuna. Luego de la humillación sufrida (maquillada por improperios lanzados contra los delegados salientes), el primer ministro salió de la sala y se reunió con el mandatario de Argentina (véase nota de prensa). Varios Estados de Oriente Medio reaccionaron para denunciar el discurso insultante del primer ministro de Israel: Irán, Turquía y Catar (véase intervenciones de sus delegados disponibles en este enlace).

A su vez, Israel (esta vez como Estado) enfrenta ante la CIJ un procedimiento contencioso iniciado por Sudáfrica desde el 30 de diciembre del 2023, con base en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948: una acción respaldada por Estados tan diversos como Belice, Bélgica, Brasil, Bolivia, Chile, Comoras, Cuba, Colombia, España, Honduras, Irlanda, Islandia, Libia, Maldivas, México, Namibia, Países Bajos o Turquía.

Nótese que el pasado 22 de septiembre, las nuevas autoridades de Colombia optaron por restarle su apoyo a la demanda de Sudáfrica, notificando el retiro de su solicitud de intervención (véanse el comunicado oficial de Colombia así como el comunicado oficial de la CIJ en francés e inglés): una decisión que no debe sorprender en la medida en que las nuevas autoridades de Colombia muestran un alineamiento total con Israel desde su misma toma oficial de posesión (Nota 1).

Esta reciente entrevista a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en el territorio palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, da cuenta de la agravación de la situación y del insensato ensañamiento de Israel en contra de la población palestina, pese a estas decisiones de la justicia internacional de La Haya. Como se recordará, a inicios del 2026, la UCR otorgó el Doctorado Honoris Causa a esta valiente jurista italiana, objeto de una sostenida campaña de descalificación y difamación por parte de Israel y de su incondicional aliado norteamericano (Nota 2): sobre este otorgamiento de la máxima distinción académica a Francesca Albanese, véase al respecto esta nota del Semanario Universidad.

¿Qué relación podrán guardar estas decisiones de la justicia internacional contra Israel y sus dirigentes, con un TLC con Israel? No está de más recordar a algunos círculos políticos y económicos de Costa Rica sumamente entusiastas en comerciar a como dé lugar con Israel (así como a algunos colegas académicos igualmente entusiastas…) lo que hizo el Reino Unido en mayo del 2025 con las negociaciones que tenía con Israel de cara a suscribir un TLC: esta nota de The Guardian del 20 de mayo del 2025 se titula «UK suspends trade talks with Israel and attacks ‘repellent’ extremism«. Cabe precisar que, en su intervención, el jefe de la diplomacia británica externó ante el mismo Parlamento británico (véase texto completo) que:

«As the Prime Minister and fellow leaders said yesterday, we cannot stand by in the face of this new deterioration. It is incompatible with the principles that underpin our bilateral relationship. Rejected by Members across this House and frankly it’s an affront to the values of the British people«.

En el caso específico de Costa Rica, omitiremos toda referencia expresa a artículos y estudios sobre el alcance de la obligación jurídica internacional de «respetar y hacer respetar» el derecho internacional humanitario, contenida en el Artículo I común a los Convenios de Ginebra de 1949, así como en su Protocolo adicional de 1977: ello de manera a no causar mayor sonrojo al ya causado. La obligación de prevenir incluso violaciones al derecho internacional humanitario fue defendida por muchas entidades abocadas al derecho internacional humanitario, incluyendo la propia Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario en el 2026 (véase documento).

En esta guía que tiene más de 21 años, al haber sido aprobada en el 2005, la misma Unión Europea (UE) propone diversas medidas que pueden tomar los Estados al percatarse que se viola el derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto.

Siempre con la misma idea de evitar mayor rubor al causado, dejaremos a nuestros estimables lectores y estudiantes o colegas, buscar por sí mismos el origen exacto de la siguiente regla 144 que se lee de la siguiente manera:

«Rule 144. States may not encourage violations of international humanitarian law by parties to an armed conflict. They must exert their influence, to the degree possible, to stop violations of international humanitarian law.»

Israel y la comunidad internacional: de mal en peor al tiempo que en Costa Rica, se registran situaciones únicas

En lo que va de este 2026, Israel ha ido acumulando una serie de pronunciamientos en su contra de diversos órganos de Naciones Unidas y de condenas por parte de diversos Estados en el mundo, por sus reiteradas exacciones en el territorio palestino ocupado.

Resulta de cierto interés “destacar” la omisión total de Costa Rica, cuya diplomacia pareciera enmudecida cuando se trata de condenar el accionar de Israel en Gaza, así como en Cisjordania y en Jerusalén Oriental.

Dicho sea de paso, el pasado 24 de agosto, la cancillería de Costa Rica celebró el «Premio Jerusalén» otorgado al titular costarricense de la cartera de relaciones internacionales (véanse el comunicado oficial y algunas reacciones disponibles en las redes sociales). No se tiene conocimiento de un premio de este tipo otorgado a un canciller meses después de debutar sus funciones, como es el caso del canciller de Costa Rica, que inició sus funciones en mayo del 2026: en el 2025, el actual presidente de Argentina recibió otro premio en Israel, conocido, según se lee como el «Premio Nobel del mundo judío» (sic.) (véase nota oficial de prensa).

Usualmente los premios Jerusalén en América Latina vienen a premiar a profesionales de la comunicación, sea columnistas o periodistas: en el caso de Uruguay, el denominado «Premio Jerusalén» fue otorgado en el 2026 a un periodista (véase emisión de la televisión uruguaya). En el caso de Colombia, en el 2025, este mismo premio también fue otorgado a un periodista y columnista (véase enlace). Siempre con respecto a Costa Rica, este mismo premio fue otorgado a un ex diplomático en el 2022 (véase nota de prensa).

Más allá de las celebraciones del aparato diplomático costarricense por un premio que ningún canciller en el ejercicio de sus funciones ha recibido antes del de Costa Rica, otro episodio sin precedente se vivió en el 2025 (siempre con relación a Israel): en efecto, en julio del 2025, se observó en Costa Rica al único mandatario en el mundo que, en el ejercicio de sus funciones, se mofó públicamente en una conferencia de prensa, del drama indecible que vive la población civil palestina en Gaza (véase nota del Semanario Universidad del 4 de julio del 2025, titulada “Chaves se mofa de críticas a Israel y anuncia intención de firmar TLC bilateral”). Estas declaraciones del mandatario costarricense provocaron una reacción indignada de un intelectual de ascendencia judía radicado en Europa, que reportó el 3 de julio del 2025 esta nota de La Nación titulada “Respuesta de Rodrigo Chaves sobre niños en Gaza y TLC con Israel desata fuerte reacción de filósofo judío”. Dicho sea de paso, es este mismo intelectual el que ha sido invitado a impartir una conferencia magistral sobre Gaza que organiza la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la UCR, este 24 de septiembre (véase volante) y video completo de la charla realizada).

Nótese que, en este mes de septiembre del 2026, por segundo año consecutivo, Estados Unidos negó la entrada a las máximas autoridades de Palestina para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas que inició este 22 de septiembre (véase nota de The Guardian). El 17 de septiembre, se adoptó en Naciones Unidas esta resolución sobre la participación de los delegados palestinos a la sesión anual de la Asamblea General, con 152 votos a favor y únicamente tres en contra: Estados Unidos, Israel y Paraguay. Se abstuvieron los siguientes cuatro Estados: Colombia, Honduras, Panamá y Perú. Esta nota oficial de Naciones Unidas refiere al significado de esta votación en la que América Latina pareciera prestarse para satisfacer los caprichos de Israel y de Estados Unidos, violando este último las obligaciones jurídicas que derivan del acuerdo sede con Naciones Unidas suscrito en 1947. En el caso específico de Costa Rica, se registró una situación bastante insólita en esta votación con respecto a su delegación: optó por el «No Show» en la Asamblea General (ausencia de su representante justo en el momento de registrarse el voto), así como las siguientes delegaciones: Argentina, Bolivia y Haití (véase detalle de la votación). En el caso específico de Venezuela, cabe precisar que está impedida de votar, al no haber aún resuelto el pago de sus contribuciones atrasadas a Naciones Unidas (véase resolución de septiembre del 2026). Una de las pocas notas periodísticas sobre una delegación tan omisa como la costarricense en Naciones Unidas, fue publicada en el Semanario Universidad (véase nota).

Una América Latina tan solícita para no respaldar la plena participación de Palestina en Naciones Unidas en este 2026 tiene una explicación: las numerosas referencias a Israel y a las empresas israelíes de alta tecnología en esta entrevista publicada recientemente en Página12 sobre el escándalo del momento en la región latinoamericana (Cerimedo) son parte de ella.

Comunicación, Israel y el drama indecible que se vive en Gaza

Las modernas técnicas usadas por empresas israelíes en procesos electorales en América Latina nos recuerdan que, en materia de comunicación, Israel ha sabido dotarse de recursos muy efectivos.

Cabe recordar que de cara a la Asamblea General de Naciones Unidas del 2024, Israel logró desviar en buena parte la atención sobre la tragedia que se vive en Gaza, al proceder a la explosión simultánea de «beepers» en el Líbano (una operación ampliamente referida en medios de prensa acaecida entre el 17 y 18 de septiembre).

En el 2025, fue desde Estados Unidos que Israel anunció, con una campaña masiva de comunicación a nivel global, un supuesto «Plan de Paz» para Gaza finiquitado entre Estados Unidos e Israel (sin nunca consultar de previo a las autoridades palestinas) presentado oficialmente el 26 de septiembre del 2025, y cuyos alcances en su momento analizamos (Nota 3).

Estas reiteradas operaciones de comunicación de Israel y de Estados Unidos para desviar la atención del drama indecible que se vive en Gaza no son para nada nuevas. Se insertan dentro de una red informativa más extensa, que explica que el tratamiento de la información que circula sobre Israel y Gaza desde el 7 de octubre de 2023, haya sufrido un notable giro: al respecto, remitimos a un libro publicado en el 2025 en Francia por un reconocido especialista, titulado: «Permis de tuer. Gaza: génocide, négationnisme et Hasbara«(véase enlace). El capítulo 7 (páginas 113-137) sobre la denominada «Hasbara» está disponible en este enlace y su lectura es muy recomendada, al detallar los mecanismos y los relevos en salas de redacción, emisiones de radio y televisión galas con los que puede contar Israel en Francia. Recientemente, Israel decidió multiplicar por cinco el presupuesto asignado anualmente a la «Hasbara» (véase nota del 30 de abril del 2026 del TimesofIsrael), lo cual denota el esfuerzo de Israel por intentar convencer con una narrativa a su favor a muchos en el mundo.

Pese a este cerco informativo existente en Francia y en muchas otras partes del mundo tendiente a minimizar las exacciones de Israel en Gaza, y a descalificar la crítica a Israel, respaldado por el muy eficiente aparato de comunicación israelí conocido como «Hasbara» (Nota 4), quisiéramos referir a una nueva victoria estudiantil en un campus universitario europeo que nos es muy familiar, por haber ahí iniciado nuestros estudios universitarios: en efecto, en este mes de septiembre del 2026, finalmente el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de Estrasburgo (Francia) suspendió un muy cuestionable (y cuestionado) «partenariat» que tenía vigente con la Universidad Reichman en Israel (véase nota de prensa).

En este artículo sobre la «Hasbara«, publicado este 23 de septiembre en el Jerusalem Post, el articulista concluye que:

«Otherwise, hasbara is little more than propaganda: a futile attempt to fill a vacuum created by the absence of policies that can be convincingly explained and defended«.

Gaza: datos recientes de un drama que llegará a tres años el próximo 7 de octubre

El pasado 2 de septiembre, la organización Amnistía Internacional hizo un llamado para que otros Estados además de Sudáfrica remitan a la CIJ observaciones y datos sobre el incumplimiento de Israel con respecto a lo que le ha ordenado la justicia internacional e informen de las acciones que han tomado para impedir el genocidio en curso (véase comunicado oficial). Con respecto a Costa Rica, sería de sumo interés conocer qué gestiones han realizado sus autoridades para prevenir el genocidio en curso en Gaza, una obligación jurídica que pesa sobre Costa Rica como sobre los otros 152 Estados Partes a esta convención.

El último informe de la situación en el territorio palestino ocupado realizado por Naciones Unidas (al 12 de septiembre del 2026) está disponible en este enlace, y se recomienda su lectura completa. En relación con Gaza, se lee que:

“The consequences of insecurity, repeated displacement and the destruction of homes are placing growing pressure particularly on women, many of whom are now the sole providers for their families. A new UN Women report assesses that households headed by women have doubled since October 2023, representing an estimated 86,000 households, nearly one in four families in Gaza. This includes widows and women whose husbands are missing, detained, severely injured, or forcibly disappeared, or whose fate just remains unknown. Households headed by women face greater hardship than male-headed households, including higher rates of inadequate shelter, housing damage, and displacement”.

En el penúltimo informe situacional (al 4 de septiembre del 2026), el texto iniciaba señalando que:

«Children continue to be killed by airstrikes and other attacks affecting populated areas in the Gaza Strip.

Most of Gaza’s 2.1 million are approaching the rainy season in overcrowded displacement sites, at risk of flooding and disease, while efforts to help them prepare are constrained by funding shortfalls and access restrictions«.

Asfixiar a más de dos millones de habitantes al no permitir entrar en Gaza ayuda humanitaria urgente que requieren estas personas, siendo sometidas desde la tarde/noche del mismo 7 de octubre del 2023, a bombardeos indiscriminados y desproporcionales, con una red hospitalaria prácticamente destruida, y con muchas de ellas viviendo con sus familias a la intemperie en un desolador campo de ruinas, con poca agua y alimentación, constituye una faceta dramática del insensato accionar de Israel en Gaza.

“Naza”: un documental muy pocamente publicitado en la prensa de Costa Rica

El 10 de septiembre del 2026, valientes comunicadores israelíes dieron a conocer un documental en la Bienal de cine de Venecia, titulado «Naza«, sobre la maquinaria destructiva militar israelí en Gaza dirigida desde programas informáticos que combinan rastreo y ubicación de llamadas, reconocimiento facial e inteligencia artificial: véanse al respecto esta nota del medio israelí Magazine+972, así como este reportaje de Al Jazeera.

Dada la muy escasa publicidad registrada en medios costarricenses con respecto a este documental producido desde Israel por comunicadores israelíes, remitimos también a esta otra nota de CNN y esta otra de France24: la conferencia de prensa completa de los directores de este documental en Venecia está disponible en este enlace y es sumamente recomendada escucharla de manera integral.

El documental “Naza”, como previsible, provocó las reacciones iracundas y los habituales exabruptos de las máximas autoridades israelíes (tanto en la esfera gubernamental como militar) que ya no impresionan mayormente a nadie, salvo a algunas salas de redacción en Estados Unidos y en algunos otros Estados, así como a algunos círculos que gravitan usualmente alrededor de las embajadas de Israel, con sus relevos en la prensa nacional: véase sobre estas reacciones furibundas israelíes esta nota de RadioFrance del 15 de septiembre del 2026.

Otra reacción iracunda en contra de la prensa israelí de investigación, al revelar algunos de los secretos mejores guardados del actual primer ministro israelí (y de su homólogo que gobierna en Emiratos Árabes Unidos), se puede leer en esta nota de la BBC (también del 10 de septiembre), en la que se precisa que:

«Según informó Haaretz, durante esa llamada, el jeque Bin Zayed advirtió explícitamente a Netanyahu que Sinwar le dijo a un exfuncionario palestino que Hamás estaba preparando una operación importante que describió como un «terremoto».Bin Zayed expresó su preocupación de que el suceso en cuestión no solo provocara un derramamiento de sangre, sino que también desestabilizara toda la región».

¿Ignoraban acaso las autoridades israelíes de un ataque inminente del Hamás para los primeros días de octubre del 2023? Es una de las grandes preguntas que desde diciembre del 2023 el mismo título de este reportaje del New York Times contestó, y que viene a reconfirmar el reciente hallazgo de los periodistas de Haaretz. Un documental realizado en Francia titulado “Les guetteuses du 7 octobre” (véase enlace) presentado en el 2025 puso en evidencia que, dentro del mismo ejército israelí, se informó de entrenamientos y movimientos inusuales de integrantes del Hamás pocas semanas antes del 7 de octubre del 2023: el título de esta nota de la prensa en Bélgica sobre este documental galo así lo evidencia.

Sobre la recientes revelaciones de Haaretz, este análisis difundido en Estados Unidos por el medio digital Zeteo, permite entender mejor la extraña estrategia seguida por la oficina del primer ministro de Israel.

Este conjunto de indicios (advertencias recibidas desde Egipto y desde Emiratos Árabes Unidos, alertas enviadas desde los servicios secretos israelíes y centinelas del mismo ejército israelí) permite mucho mejor comprender por qué el actual primer ministro israelí ha hecho hasta lo imposible con sus aliados extremistas en la Knesset para que no se cree una comisión de investigación independiente en Israel, que pueda investigar a profundidad las circunstancias exactas en las que tuvo lugar el ataque perpetrado por el Hamás el 7 de octubre del 2023.

A modo de conclusión

El 15 de septiembre del 2026, en un comunicado oficial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona, pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional y en la prensa costarricense (véase texto completo), se puede leer que:

«The remains of what appears to be entire families are now being unearthed at locations that were pulverized by Israeli attacks. It is heartbreaking that the loved ones of those missing for so long are only now having their worst fears confirmed,” said the High Commissioner.

“I worry the remains recovered so far may only be the tip of the iceberg. Much of Gaza has been flattened by Israeli bombing or demolition and clearing by heavy machinery and explosives. Today, many areas in Gaza where the Israeli military is deployed continue to be levelled by bulldozers with no respect for the dead under the rubble.”

Más allá de las extrañas omisiones que se registran en algunas agencias de prensa internacional y en los medios de prensa nacionales en Costa Rica cuando se trata de informar sobre los graves cuestionamientos hechos a Israel, es de notar que recientemente, una solicitud para que compareciera ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la Cónsul Honoraria de Palestina, Wajiha Sasa Marín, así como otras personas y entidades, incluido el autor de estas líneas, fue rechazada (véase nota del Semanario Universidad del 20 de agosto titulada “Comisión de Relaciones Internacionales rechaza escuchar a Embajadora de Israel y a Cónsul de Palestina sobre TLC”).

Con respecto a la Cónsul Honoraria de Palestina en Costa Rica, cabe añadir que el pasado 17 de septiembre, fue publicado un comunicado conjunto suscrito por un numeroso grupo de intelectuales y de artistas costarricenses titulado “El arte no censura: dialoga” en contra de una decisión de una reconocida entidad educativa, que le prohibió ingresar a su recinto para participar en un foro sobre Gaza (véase texto publicado en el Semanario Universidad). Las «razones administrativas» invocadas por este centro educativo icónico para varias generaciones de artistas costarricenses, dieron pie para este artículo de opinión publicado en el medio digital Delfino.cr, titulado “El Castella y la caracterización moral”, cuya lectura completa se recomienda.

Cercenar una y otra vez los espacios de participación a los representantes de Palestina y a los activistas en favor de los derechos del pueblo palestino no constituye mayor novedad, con la justificada indignación causada, en particular en el caso del precitado centro educativo costarricense.

Ahora bien, al tener la Asamblea Legislativa la responsabilidad de decidir si este TLC con Israel le conviene a Costa Rica o no le conviene tanto, resultará de sumo interés observar cuáles han sido las entidades llamadas a comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa: por el momento, únicamente han sido invitados a comparecer PROCOMER (3 de septiembre), los jerarcas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y de COMEX (10 de septiembre, cuya comparecencia fue reprogramada para octubre) y el MICITT (prevista el próximo 24 de septiembre).

– – Notas – –

Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «Algunas interrogantes con respecto al reciente reconocimiento por parte de Colombia de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán (territorio sirio ocupado)», 25 de agosto del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 2: Véase al respecto este comunicado de febrero del 2026 de Amnistía Internacional denunciando el burdo montaje a partir del cual Austria, Francia y República Checa pidieron sanciones contra Francesca Albanese. El 12 de febrero del 2026, un colectivo de juristas franceses presentó una demanda contra las autoridades francesas (véase comunicado del 12 de febrero) y emplazó al Secretario General de Naciones Unidas ante una condena por parte de Francia a la persona de Francesca Albanese (condena hecha con base en un montaje bastante burdo y grosero que al parecer no detectó el jefe de la diplomacia de Francia, lo cual plantea algunas interrogantes sobre su capacidad de lectura y la de su equipo de asesores): véase al respecto la carta del presidente de la ONG francesa JURDI con fecha del 20 de febrero del 2026 con dos anexos que evidencian la maniobra de la que fue víctima Francesca Albanese. Se recomienda leer el texto de la misma Francesca Albanese publicado en Le Monde Diplomatique (número de marzo 2026), titulado «Réponse a mes détracteurs» y (cuyo texto integral esta disponible desde el 1 ero de abril del 2026).

Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el denominado «Plan de Paz» de Estados Unidos e Israel a la luz del derecho internacional público, analizado desde Costa Rica»),1ero de octubre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 4: La palabra hebrea Hasbara designa un conjunto de redes que, desde la diplomacia israelí, buscan orientar a la opinión pública, en procura de obtener una percepción siempre positiva en el exterior de Israel. De manera muy precisa, una publicación disponible en línea titulada «Israel´s Hasbara Toolkit» (75 páginas, editada en el Reino Unido) detalla el abanico de juegos semánticos a aplicar: los especialistas en derecho internacional reconocerán con gran facilidad el juego semántico que se ha aplicado a su disciplina en innumerables artículos y columnas publicadas en Costa Rica, así como en muchas otras partes del mundo, desde el 7 de octubre 2023 (pp. 56-58). En relación con los recursos asignados a la Hasbara, esta nota del medio israelí, TimesofIsrael, del 29 de diciembre de 2024, detalla que: «Under the new budget, the Foreign Ministry will receive $150 million, on top of what it gets for its existing activities, for what’s officially known as public diplomacy, or hasbara in Hebrew. That sum is more than 20 times what such efforts have typically been allotted in past years«.

¿Apoyar militarmente a Israel como si nada pasara en Gaza? Audiencias en La Haya en el marco de la demanda Nicaragua c. Alemania por complicidad

«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros / What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them«

(Intervención realizada por el representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement made by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim S/PV/9439, at page 9)

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR
nboeglin@gmail.com

El 7 de septiembre del 2026 iniciaron en La Haya las audiencias relativas a la demanda interpuesta en marzo del 2024 por Nicaragua en contra de Alemania por complicidad por genocidio en Gaza: el texto de la demanda inicial de Nicaragua contra Alemania interpuesta formalmente en el mes de marzo del 2024, está disponible en este enlace oficial en su versión en inglés y en francés.

Al ser Alemania el segundo suplidor en armas a Israel (después de Estados Unidos) y al haber (a diferencia de Estados Unidos) asumido una serie de obligaciones internacionales derivadas de tratados multilaterales a los que es Estado Parte, esta demanda plantea una serie de desafíos para Alemania. Desde esta perspectiva, era previsible que Alemania interpusiera varias excepciones preliminares, en aras de intentar esquivar el examen sobre el fondo por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ): una estrategia legal que no es exenta de riesgos, tal y como lo veremos más adelante. Ante una situación apremiante como la que se observa en Gaza, posponer el examen sobre el fondo de un asunto resulta casi siempre sancionado por la justicia internacional.

En las líneas que siguen nos abocaremos a analizar estas audiencias en el contexto del procedimiento contencioso interpuesto por Nicaragua contra Alemania. Al escribir estas líneas desde una muy omisa Costa Rica con respecto al drama indecible al que Israel somete a la población civil en Gaza, dedicaremos también unas líneas al entusiasmo por el libre comercio con Israel de las actuales autoridades costarricenses y a lo observado recientemente en la comisión de la Asamblea Legislativa a cargo de la aprobación de un tratado de libre comercio (TLC) con Israel.

Observaciones previas sobre el contexto procesal

Las audiencias orales que iniciaron el 7 de septiembre se concentraron únicamente en las numerosas excepciones preliminares presentadas por Alemania, tendientes a obtener que la misma CIJ se declare incompetente: se escucharon los alegatos que Alemania y Nicaragua presentaron oralmente al respecto, antes de que la CIJ entre a deliberar.

Con respecto a las audiencias orales, no está de más recordar que su conclusión oficial es la que inicia el denominado «délibéré» de la CIJ: al respecto, tuvimos recientemente la ocasión de analizar las audiencias orales entre Guyana y Venezuela realizadas en mayo del 2026, habiendo Guyana presentado su demanda contra Venezuela en el mes de marzo del 2018 (Nota 1).

El examen sobre el fondo de la demanda se reanudará entre Nicaragua y Alemania, dependiendo de esta decisión preliminar de la CIJ sobre su competencia.

Foto de civiles después de un bombardeo en Gaza, octubre del 2023, extraída de este artículo de prensa publicado en Israel (Magazine +972) titulado «´Lavender»: the AI machine directing Israel bombing spree in Gaza» (edición del 3 de abril del 2024)

Cabe señalar que este 16 de septiembre, se anunció desde Estados Unidos una aprobación para enviar a Israel una importante cantidad de bombas de gran potencia, cuyo uso reiterado por parte de Israel desde octubre del 2023 es en gran parte responsable de la devastación total observada en ciertas partes de Gaza (así como en el Líbano): véase nota de The Guardian.

Una extrema urgencia que Alemania busca frenar: breve recuento de lo observado en el 2024

Ante la extrema urgencia de la situación en Gaza, ante la inoperancia reiterada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para sancionar a Israel observada desde el mismo mes de octubre del 2023 (debido a vetos reiterados de Estados Unidos) y ante la negativa de Israel de cumplir con una primera ordenanza de la CIJ del 26 de enero del 2024 (dictaminada en el marco de la demanda contenciosa interpuesta por Sudáfrica contra Israel – véase texto de esta ordenanza, y en particular el párrafo operativo 86), Nicaragua optó por acompañar su demanda contra Alemania del mes marzo del 2024 con una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente, tendiente a que Alemania suspendiera sus exportaciones de armas hacia Israel.

Es de notar que, desde el mes de marzo del 2024, una pregunta hecha por el Senado en Francia esperó una respuesta que … nunca llegó por parte de las autoridades galas sobre exportaciones de material militar hacia Israel (véase pregunta formulada y la mención «La question est caduque» al final del enlace).

El 5 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas votó una resolución (véase texto) pidiendo un embargo sobre armas a destinación de Israel (véase nota oficial de Naciones Unidas y nota del medio digital Delfino.cr haciendo ver que Costa Rica se abstuvo sin dar ningún tipo de explicaciones): la votación registro 28 votos a favor, 13 abstenciones, y 6 votos en contra: Alemania, Argentina, Bulgaria, Estados Unidos, Malawi, y Paraguay.

La solicitud urgente de Nicaragua dio lugar a una ordenanza de la CIJ del 30 de abril del 2024 (véase texto), cuyos alcances tuvimos la ocasión de analizar en su momento, y en particular la expresión «at present ../ .. a l´heure actuelle» del párrafo 20 que distinguidos colegas alemanes omitieron convenientemente, al momento de comentarla (Nota 2). En esta primera etapa, Alemania asumió una serie de compromisos ante la CIJ con respecto a la conducta de sus autoridades, de manera a convencer a los jueces del carácter innecesario de ordenar medidas provisionales en su contra. En su declaración individual (véase texto completo), el juez oriundo de Sudáfrica no dudó en señalar que:

» The takeaway from all of this is that Germany, being aware of its obligations under international law, will exercise due diligence consistent with that obligation, as well as under its domestic legislative framework, to ensure that no transfer of military equipment contributes to breaches of either the Geneva Conventions or the Genocide Convention .. /.. Ce qu’il faut retenir de tout cela, c’est que l’Allemagne, consciente des obligations qui sont les siennes en droit international, fera preuve de la diligence requise conformément à l’obligation correspondante et à son cadre législatif interne, de sorte qu’aucun transfert de matériel militaire ne contribue à des violations des conventions de Genève ou de la convention sur le génocide».

Las conclusiones del jurista sudafricano merecen ser leídas, al considerar que esta ordenanza y la expresión «at present / a l´heure actuelle» usada por la CIJ mandan un mensaje que rebasa de muy lejos el reducido marco de la demanda de Nicaragua contra Alemania (Nota 3).

No obstante, los diversos compromisos adquiridos por Alemania ante la CIJ en abril del 2024, sus estrategas legales optaron por cuestionar, meses después, la competencia de la CIJ, presentando varias excepciones preliminares.

El 23 de febrero del 2026, Nicaragua envió un extenso documento a la CIJ refutando todos y cada uno de los argumentos esgrimidos sobre la supuesta incompetencia de la CIJ avanzados por Alemania: véase documento en inglés y en francés, cuya lectura integral se recomienda.

Volante de una conferencia de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 de Naciones Unidas, Francesca Albanese, realizada el 7 de mayo del 2024, sobre su informe titulado «Anatomía de un genocidio» (disponible en este enlace)

Las audiencias de septiembre del 2026 en La Haya en breve

Durante el primer día de audiencias en este mes de septiembre del 2026, Alemania sostuvo ante los integrantes de la CIJ que no existe jurídicamente ninguna disputa entre Nicaragua y Alemania que amerite un examen sobre el fondo, reiterando que la CIJ no tiene ninguna competencia en este asunto (véase verbatim). El segundo día de audiencias, Nicaragua refutó unos tras uno los argumentos de Alemania sobre la pretendida incompetencia de la CIJ (véase verbatim así como el video oficial de la CIJ de las audiencias del día 8 de septiembre).

El tercer día de audiencias (9 de septiembre), en la segunda ronda de alegatos, Alemania presentó sus argumentos finales (véase verbatim) con sus conclusiones y petitoria (leerlas a páginas 34-37) solicitando a la CIJ desestimar el caso por carecer de competencia. El cuarto día fue Nicaragua la que presentó sus argumentos finales (véase verbatim) con una petitoria final muy concreta y precisa (página 37).

La lectura pormenorizada de los cuatro verbatim puede resultar un tanto laboriosa: no obstante la densidad de algunos alegatos, y el esmero de unos y otros, deja entrever que ambos contrincantes intentaron hacer ver a los jueces de la CIJ la supuesta mala fe de la parte contraria. El equipo de Nicaragua se abocó a rechazar uno tras otro todos los argumentos planteados por Alemania y no dejar ninguna duda con respecto a la competencia de la CIJ.

Es de notar que mientras Nicaragua, conforme a la tradición observada en el arte del litigio La Haya, logró establecer un equilibrio lingüístico (inglés y francés) durante la presentación de sus alegatos, Alemania optó por una presentación en un solo idioma (inglés). Las primeras hojas de los verbatim señalan que Nicaragua se presentó a la barra con un sólido equipo de asesores internacionales que cuentan con una vasta experiencia en el arte del litigio internacional en La Haya, al tiempo que Alemania se presentó con un equipo compuesto casi exclusivamente por funcionarios y asesores alemanes, y con asesores internacionales con menor experiencia en La Haya. Nótese que el agente de Nicaragua, Carlos José Argüello Gómez, y el asesor galo Alain Pellet de Nicaragua, iniciaron ambos sus comparecencias ante la CIJ en 1984, con ocasión de la batalla legal contra Estados Unidos: esta contienda culminó con una histórica sentencia de la CIJ condenando a Estados Unidos del 27 de junio de 1986 (véase texto), la cual fue precedida de una sentencia de la CIJ declarándose perfectamente competente de noviembre de 1984 (véase texto). Luego de ridiculizar ante el mundo a Estados Unidos en 1986, fue este mismo equipo que litigó exitosamente contra Honduras (sentencia de la CIJ de diciembre 2007) y Colombia (noviembre del 2012) con respecto a las zonas marítimas de Nicaragua en el Mar Caribe, y que logró que Costa Rica fuese impedida por la CIJ de navegar con su policías en el Río San Juan, sea en actividades de vigilancia o de simple abastecimiento de puestos fronterizos desde el río (julio del 2009): un derecho que poseía jurídicamente Costa Rica desde 1858 (tratado Cañas-Jerez). Sobre la experiencia, la trayectoria y el innegable talento oratorio del equipo de asesores internacionales de Nicaragua (muchas veces subestimados por algunos círculos políticos y diplomáticos), remitimos a nuestros estimables lectores a unas reflexiones del 2022 escritas con ocasión de la renuncia pública hecha por uno de sus integrantes, el jurista norteamericano Paul Reichler (Nota 4).

Según este reportaje de Der Spiegel (véase enlace) publicado hace una semana, las exportaciones de armas de Alemania hacia Israel siguieron aumentando desde el 2024, lo cual plantea algunas interrogantes muy válidas que Nicaragua no desaprovechará en sus comparecencias futuras ante los jueces de la CIJ. En este reportaje de AlJazeera, la máxima representante de la delegación alemana en La Haya optó por no contestar algunas preguntas externadas por la periodista.

Es de notar que el panorama jurídico para Alemania se ve significativamente dificultado por el hecho que tanto en el mes de julio del 2024 (Nota 5) como en el mes de octubre del 2025 (Nota 6), la CIJ emitió dos opiniones consultivas relacionadas a la situación en el territorio ocupado de Palestina, a las obligaciones que tiene Israel como Estado miembro de Naciones Unidas, pero también a las obligaciones «erga omnes» que impone el derecho internacional a los Estados terceros con respecto a las reiteradas ilegalidades cometidas por Israel en el territorio palestino. En esta entrevista publicada en Alemania, el profesor William Schabas, integrante del equipo de Nicaragua en La Haya, hace ver el doble rasero de algunos en materia de prevención del genocidio, indicar que:

«Providing arms an political diplomatic support are quintessential examples of aid and assistance. The core of the requirement is that the accomplice State must have knowledge of what the perpetrator State is doing. No State can claim that it is unaware of the serious risk that genocide is being perpetrated in Gaza. Furthermore, the assistance must be significant, not trivial. In their intervention in the genocide case filed by Myanmar at the ICJ, several Western states including Germany stressed the importance of the reports of UN commissions of inquiry in the determination of genocidal intent. They said that such reports have ‘particular probative value’ and ‘special importance’. Well, in September 2025 the UN commission of inquiry produced a detailed, comprehensive and damning report that concluded Israel was perpetrating genocide».

A modo de ejemplo de las obligaciones jurídicas que pesan sobre un Estado tercero con relación a las exacciones de Israel en Gaza, entre muchos otros, podemos referir a esta petición en línea en el Reino Unido (véase enlace) que mantiene una fuerte presión sobre los decisores políticos con respecto a la ayuda y al comercio con Israel proporcionados desde el Reino Unido. Dicho sea de paso (al escribir estas líneas desde Costa Rica), resulta de interés destacar que Reino Unido suspendió en mayo del 2025 todas las negociaciones con Israel en materia comercial (Nota 7). De igual manera este llamado hecho desde la sociedad civil en Australia luego de dictaminarse la opinión consultiva de la CIJ en julio del 2024. Esta muy reciente publicación del Parlamento de Luxemburgo hace ver la gran cantidad de obligaciones jurídicas que estas decisiones de la CIJ le imponen a todos los Estados miembros de Naciones Unidas, Luxemburgo incluido (véase conclusiones y recomendaciones a páginas 89-91). En Bélgica, una reciente decisión de un tribunal nacional (véase texto integral) que debería de inspirar a colectivos de juristas en otras latitudes, condenó al Estado belga por no prevenir el genocidio en curso en Gaza. En uno de los pocos artículos al respecto, publicado en EJIL-Talk (Nota 8), se lee que:

«By finding that the Belgian State had failed, at the relevant time, to take all measures reasonably within its power to prevent the alleged violations, the Court demonstrates how obligations of prevention – long discussed in international caselaw and doctrine – can be concretely interpreted and judicially enforced at the domestic level«.

En septiembre del 2025, la inacción del Consejo Europeo y de la Comisión Europea fueron objetos de una demanda presentada en Francia por el colectivo de juristas JURDI (véase comunicado oficial).

Costa Rica: un cuestionable entusiasmo por el libre comercio con Israel

A diferencia del repudio generalizado contra Israel que se ha escuchado en Europa, y en Canadá, así como en muchas otras latitudes (véase reciente entrevista al jefe de la diplomacia de Noruega), en Costa Rica el mutismo de su aparato diplomático es total cuando se trata de condenar a Israel.

El pasado 24 de agosto, la cancillería de Costa Rica celebró el «Premio Jerusalém» otorgado al actual titular costarricense de la cartera de relaciones internacionales (véanse el comunicado oficial y algunas reacciones disponible en las redes sociales).

Más allá de las celebraciones por un premio que ningún canciller en el ejercicio de sus funciones ha recibido antes (de tener acceso algún /a lector/a a la lista de los «Premios Jerusalén» otorgados con anterioridad, se le agradecería remitírnosla por si alguno de estos premios sí fue otorgado a un canciller en el ejercicio de sus funciones) (Nota 9), hay que destacar el siguiente hecho: con ocasión de la discusión sobre el TLC con Israel, los funcionarios de PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior) demostraron ante una comisión de la Asamblea Legislativa no conocer de las discusiones que tanto en Naciones Unidas como en el seno de la Unión Europea (UE) se tiene desde muchos años sobre el comercio con Israel. Resulta de interés leer al respecto esta nota del medio Delfino.cr del 3 de septiembre del 2026 con un título que resume bien lo observado. Al parecer, la intensificación de la política del «fait accompli» de Israel en Cisjordania denunciada (véase por ejemplo este artículo publicado en Bélgica recientemente) no es del conocimiento de PROCOMER. ¿Como así? Como se lee.

En esta otra nota del mismo medio digital con fecha del 10 de septiembre del 2026 (véase enlace), se indica que no llegaron a la comparecencia prevista el 10 de septiembre ante dicha comisión ni el jerarca de la diplomacia costarricense, como tampoco la jerarca de la cartera de comercio exterior costarricense, en razón de compromisos repentinos. Al parecer ambos jerarcas tampoco encontraron manera de delegar su intervención a un funcionario subalterno, como si ganar tiempo posponiendo al mes de octubre su comparecencia fuera la estrategia acordada (por razones que sería de interés conocer): remitimos al video de la sesión del 10 de septiembre del 2026 de la Comisión de Relaciones Internacionales, en la que se da lectura a las notas remitidas por las autoridades ausentes.

Sobre el TLC entre Costa Rica e Israel, remitimos adicionalmente a una nota nuestra publicada en el Semanario Universidad (edición del 9 de septiembre del 2026) con respecto a tres criterios que fueron remitidos a la Asamblea Legislativa sobre la inconveniencia para Costa Rica de aprobar este TLC, así como a una emisión del programa universitario radial «Consulta Legal» del 10 de septiembre dedicada a este TLC con Israel (véase video), y a esta emisión del programa universitario «Interferencia» del día siguiente en Radio UCR.

Nótese que, en una sentencia de la Sala Constitucional de julio del 2025 (véase texto completo del voto 23967-2025), la cual se destaca por su extrema brevedad, el juez constitucional señaló que: «Ahora bien, con vista en lo expuesto anteriormente, la Sala estima que el reclamo del accionante resulta improcedente, pues el determinar con quién el Estado de Costa Rica debe suscribir o no convenios, o si la vigencia de estos debe suspenderse o no, no constituye un tema de constitucionalidad que pueda ser conocido en esta jurisdicción«. Una sentencia mucho más extensa de la misma Sala da una idea del tipo de respuestas recibidas por parte del recurrente sobre las acciones tomadas por la diplomacia costarricense con respecto a Gaza y a Israel (véase texto del voto 42187-2025 del 19 de diciembre del 2025).

Al entusiasmo de algunos por el libre comercio con Israel y a las respuestas del juez constitucional a ciudadanos costarricenses indignados, cabe añadir que este 17 de septiembre, fue publicado un comunicado conjunto suscrito por un numeroso grupo de intelectuales y de artistas en contra de una decisión de una entidad educativa, que prohibió a la Consul Honoraria de Palestina ingresar a su reciento para participar en un foro sobre Gaza (véase texto publicado en el Semanario Universidad). Las «razones administrativas» invocadas por el centro educativo dieron pie para este artículo de opinión publicado en Delfino.cr, cuya lectura completa se recomienda.

Armar a Israel ¿sin percatarse del drama indecible que vive Gaza desde hace casi tres años? Datos recientes en proveniencia de Israel y de Gaza.

El apoyar a Israel militarmente puede generar consecuencias muy graves para un Estado, tratándose de las acusaciones de las que es objeto su insensato accionar militar en Gaza, tanto ante la CIJ como ante la Corte Penal Internacional (CPI): se trata de acusaciones ampliamente respaldadas y actualizadas por diversos informes de órganos de Naciones Unidas.

Es así como, desde septiembre del 2024, se pudo escuchar por parte del jefe de la diplomacia del Reino Unido, otro Estado exportador de armas hacia Israel, que (véase declaración oficial):

«It is with regret that I inform the House today, the assessment I have received leaves me unable to conclude anything other than that for certain UK arms exports to Israel there does exist a clear risk that they might be used to commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law«.

El último informe situacional (al 2 de septiembre del 2026) realizado por Naciones Unidas sobre lo que ocurre en Gaza está disponible en este enlace y desde ya se sugiere su lectura, completándola con este informe más general sobre lo que ocurre en todo el territorio palestino además de Gaza (al 4 de septiembre del 2026), y que inicia señalando que:

«Children continue to be killed by airstrikes and other attacks affecting populated areas in the Gaza Strip.

Most of Gaza’s 2.1 million are approaching the rainy season in overcrowded displacement sites, at risk of flooding and disease, while efforts to help them prepare are constrained by funding shortfalls and access restrictions«.

Asfixiar a 2,1 millones de habitantes al no permitir entrar en Gaza ayuda humanitaria urgente que requieren estas personas, siendo sometidas desde la tarde/noche del mismo 7 de octubre del 2023, a bombardeos indiscriminados y desproporcionales, con una red hospitalaria prácticamente destruida, y con muchas de ellas viviendo a la intemperie en un desolador campo de ruinas, con poca agua y alimentación, constituye una faceta dramática del insensato accionar de Israel en Gaza, que Nicaragua espera poder explicar a la CIJ y relacionar a la generosa ayuda militar recibida por parte de Alemania.

El pasado 10 de septiembre, valientes comunicadores israelíes dieron a conocer un documental en la Bienal de cine de Venecia, titulado «Naza«, sobre la maquinaria destructiva militar israelí en Gaza dirigida desde programas informáticos que combinan rastreo y ubicación de llamadas, reconocimiento facial e inteligencia artificial (véase nota del medio israelí Magazine+972, así como este reportaje de Al Jazeera, esta nota de CNN y esta otra de France24). La conferencia de prensa completa de los directores de este documental en Venecia está disponible en este enlace y es sumamente recomendada escucharla. Este 14 de septiembre, Democracy Now dedicó un espacio al alcance y a los directores de este documental (véase enlace): este documental, como previsible, ha provocado las reacciones iracundas y los habituales exabruptos de las máximas autoridades israelíes (tanto en la esfera gubernamental como militar) que ya no impresionan mayormente a nadie (salvo algunas salas de redacción en Estados Unidos y algunos círculos que gravitan usualmente alrededor de las embajadas de Israel, con sus relevos en la prensa nacional): véase sobre estas reacciones furibundas israelíes esta nota de RadioFrance del 15 de septiembre.

Otra reacción iracunda contra la prensa israelí de investigación que revela algunos de los secretos mejores guardados del Primer Ministro israelí se puede leer en esta nota de la BBC (también del 10 de septiembre), en la que se precisa que:

«Según informó Haaretz, durante esa llamada, el jeque Bin Zayed advirtió explícitamente a Netanyahu que Sinwar le dijo a un exfuncionario palestino que Hamás estaba preparando una operación importante que describió como un «terremoto».Bin Zayed expresó su preocupación de que el suceso en cuestión no solo provocara un derramamiento de sangre, sino que también desestabilizara toda la región».

Este 15 de septiembre del 2026, en un comunicado oficial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona, pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional (véase texto completo), se puede leer que:

«I worry the remains recovered so far may only be the tip of the iceberg. Much of Gaza has been flattened by Israeli bombing or demolition and clearing by heavy machinery and explosives. Today, many areas in Gaza where the Israeli military is deployed continue to be levelled by bulldozers with no respect for the dead under the rubble«.

A modo de conclusión

Finalizadas las audiencias en La Haya en esta segunda semana de septiembre del 2026, la CIJ inició su «délibéré» para decidir (en un plazo que puede variar entre 3 meses y 9 meses) si son o no de recibo los argumentos presentados por Alemania.

Con relación a la estrategia jurídica de Alemania, no está de más recordar que no es exenta de riesgos: en efecto, cual sea el caso contencioso entre dos Estados, el invocar por parte del Estado demandado excepciones preliminares sobre la supuesta incompetencia de la CIJ puede ser interpretado por algunos de los integrantes de la CIJ como una renuencia de un Estado (que no quiere que la justicia internacional examine el fondo del asunto).

Desde este punto de visto, se puede considerar desde ya cuestionable la estrategia de Alemania: dado el dramático contexto que se vive Gaza, Alemania hubiera perfectamente podido evitar recurrir a este incidente procesal y aceptar la competencia de la CIJ sin mayor dilación. Al recurrir a este incidente procesal, se podría también interpretar que Alemania, por alguna razón muy propia (y que sería se sumo interés conocer), está buscando ganar tiempo.

Dentro de unos meses, será la CIJ la que indicará en qué medida Nicaragua puede continuar con este procedimiento contencioso interpuesto contra Alemania con respecto al fondo de su demanda.

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Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Audiencias orales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco de la controversia Guyana vs. Venezuela: algunas reflexiones«, 11 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre la ordenanza de la CIJ del 30 de abril relativa a la solicitud de medidas provisionales de Nicaragua contra Alemania«, 30 de abril del 2024. Texto integral disponible en este enlace. Véase también un análisis de dos colegas alemanes, STENDEL R., WENTKER A., “Taking the Road Less Travelled: The ICJ’s Pragmatic Approach to Provisional Measures in Nicaragua v Germany”, EJIL-Talk, edición del 3 de marzo del 2024. Texto integral disponible en este enlace, incluyendo dos comentarios nuestros a los autores de este análisis. De igual manera desde Alemania, véase también (más completo que el anterior análisis), TALMON S., «Why the provisional measures order in Nicaragua v. Germany severely limits Germany´s ability to transfer arms to Israel«, Verfassungsblog, edición del 2 de mayo del 2024. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 3: Leemos que para el integrante nativo de Sudáfrica en el seno de la CIJ, esta ordenanza de la CIJ envía una señal muy clara a otros Estados que suplen de armas y municiones a Israel. En el último párrafo de su declaración individual, señala que: «13. While the Court has not issued any provisional measures at this stage, the current Order makes plain that it expects Germany, and other States supplying weapons to Israel, to exercise due diligence and ensure that weapons transferred to Israel are not used in the commission of acts of genocide or breaches of international humanitarian law. For me this is not a hollow statement but a statement with real legal significance. In particular, in the consideration of the responsibility of Germany, or any other State, for breaches of either the Genocide Convention or international humanitarian law, including responsibility for not taking appropriate measures in the face of a risk of such breaches, the effect of this Order would be to remove any plausible deniability of knowledge of the risk. ../ .. 13. Si elle n’a pas indiqué de mesures conservatoires à ce stade, la Cour fait néanmoins clairement savoir, dans l’ordonnance rendue ce jour, qu’elle attend de l’Allemagne, ainsi que des autres États qui fournissent des armes à Israël, qu’ils fassent preuve de la diligence requise et veillent à ce que les armes transférées à Israël ne soient pas utilisées pour commettre des actes de génocide ni pour enfreindre le droit international humanitaire. À mes yeux, c’est non pas une formule creuse, mais une déclaration ayant une véritable portée juridique. En particulier, si la Cour devait examiner la responsabilité de l’Allemagne, ou de tout autre État, à raison de manquements à la convention sur le génocide ou au droit international humanitaire, y compris la responsabilité qu’engagerait le fait de ne pas avoir pris de mesures adéquates alors que de tels manquements risquent d’être commis, l’ordonnance rendue ce jour aurait pour effet de priver les intéressés de toute possibilité de nier, de manière plausible, avoir eu connaissance de ce risque».

Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Nicaragua, a propósito de la renuncia de uno de los principales artífices de logros obtenidos ante la justicia internacional, LaRevista.cr, edición del 9 de abril del 2022. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», 19 de julio del 2024. Texto integral disponible en este enlace. Véase también un análisis de dos colegas galos, MAIA C., POISSONNIER G., “Avis de la CIJ de 2024 relatif à l’occupation du territoire palestinien: une analyse au prisme du droit international des droits humains”, La Revue des Droits de l’Homme, Actualités Droits-Libertés.Texto integral disponible en este enlace.

Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el alcance de la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 22 de octubre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 7: Véase esta nota de The Guardian del 20 de mayo del 2025 titulada «UK suspends trade talks with Israel and attacks ‘repellent’ extremism«. Cabe precisar que en su intervención, el jefe de la diplomacia británica externó ante el Parlamento británico (véase texto completo) que: «As the Prime Minister and fellow leaders said yesterday, we cannot stand by in the face of this new deterioration. It is incompatible with the principles that underpin our bilateral relationship. Rejected by Members across this House and frankly it’s an affront to the values of the British people«.

Nota 8: Véase MINGET C., «Domestic Courts and the States’ Obligation to Prevent Genocide and Serious Violations of IHL: The Brussels Court of Appeal’s Interlocutory Judgment of 16 March 2026«, EJIL–Talk, edición del 26 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 9: En el caso de Uruguay, el denominado «Premio Jerusalém» fue otorgado en el 2026 a un periodista (véase emisión de la televisión uruguaya). En el caso de Colombia, en el 2025, este mismo premio también fue otorgado a un periodista y columnista (véase enlace). En el caso de Costa Rica, en el 2023, este premio fue otorgado a una ex jueza costarricense de la Corte Penal Internacional (CPI) que fungió luego como jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el período 2016-2021: véase nota de La Nación de agosto del 2023. Siempre con respecto a Costa Rica, este premio fue otorgado a un ex diplomático en el 2022 (véase nota de prensa). No se tiene conocimiento de un premio de este tipo otorgado a un canciller meses después de debutar sus funciones, como es el caso del actual canciller de Costa Rica, que inició sus funciones en mayo del 2026. En el 2025, el actual Presidente de Argentina recibió otro premio en Israel, conocido, según se lee como el «Premio Nobel del mundo judío» (véase nota oficial de prensa).