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Etiqueta: niñez migrante

Las muertes de niñas y niños Ngäbe-Buglé evidencian que el Estado sigue sin garantizar condiciones dignas para las personas trabajadoras de las cosechas de café

Escrito en . Publicado en Derechos.

Más de 500 personas y alrededor de un centenar de organizaciones de Costa Rica y Panamá, junto con tres expresidentes de la República, respaldan un pronunciamiento público en defensa de los derechos humanos del pueblo Ngäbe-Buglé.

San José, Costa Rica. Más de 500 personas firmantes, representantes de comunidades de distintas regiones del país, alrededor de un centenar de organizaciones indígenas, sindicales, comunitarias, feministas, costeras, ambientales y sociales de Costa Rica y Panamá, personas académicas, artistas, profesionales y tres expresidentes de la República respaldan un pronunciamiento público que exige al Estado costarricense garantizar condiciones de vida, trabajo y protección social dignas para las personas indígenas Ngäbe-Buglé que cada año participan en las cosechas de café.

El documento fue presentado públicamente por el Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica, la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional, el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia y el Observatorio de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

En la actividad participaron Zeidy Brukwä Rodríguez, lideresa del pueblo Ngäbe-Buglé e integrante del Frente Nacional de Pueblos Indígenas; Rosibel Víquez Abarca, directora del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED); Sharon López Céspedes, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA-UNA); y Mauricio Álvarez Mora, del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica y de la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA-UNA.

El pronunciamiento surge a partir de la información conocida recientemente sobre el fallecimiento de 19 personas menores de edad Ngäbe-Buglé entre los años 2020 y 2026 durante las cosechas de café en la región de Los Santos. Estos hechos plantean profundas interrogantes sobre las condiciones de vida, trabajo, salud, alimentación, vivienda y acceso a servicios básicos de una población que año tras año sostiene una parte fundamental de la producción cafetalera del país.

Las organizaciones impulsoras señalan que estas muertes no pueden entenderse como hechos aislados, sino como una expresión de las persistentes desigualdades que enfrentan las familias indígenas migrantes durante las temporadas de cosecha. En ese sentido, el manifiesto hace un llamado a fortalecer las políticas públicas, la coordinación interinstitucional y los mecanismos de protección de los derechos humanos de esta población.

Entre las personas firmantes destacan la escritora Ana Cristina Rossi Lara; el músico Manuel Obregón López; las cantautoras Guadalupe Urbina Juárez, Maf e Tula y Luz María Romero Miño. También respaldan la iniciativa agrupaciones artísticas y musicales como Malpaís, Un Rojo Reggae Band, Sonámbulo Psicotropical, Cantos de Batalla e Infibeat.

Asimismo, suscriben el pronunciamiento los expresidentes de Costa Rica Abel Pacheco de la Espriella y Laura Chinchilla Miranda, así como el expresidente de Panamá Ricardo de la Espriella Toral, junto con personas vinculadas a las universidades públicas, organizaciones sociales de Costa Rica y Panamá y numerosas personas que decidieron adherirse a título individual.

La diversidad y amplitud de este respaldo refleja que la preocupación por las condiciones que enfrentan las personas indígenas Ngäbe-Buglé trasciende sectores sociales, disciplinas e ideologías. Se trata de un llamado amplio de la sociedad para garantizar el respeto de sus derechos humanos y condiciones de vida y trabajo dignas para quienes, año tras año, realizan una labor indispensable para la producción de café en Costa Rica.

Presentación del pronunciamiento: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1517625849560012

A continuación, se reproduce el texto íntegro del pronunciamiento público y las personas e instancias que lo suscribieron:

Las muertes de niñas y niños Ngäbe-Buglé evidencian que el Estado sigue sin garantizar condiciones dignas para las personas trabajadoras de las cosechas de café

Las organizaciones, comunidades, proyectos universitarios y personas abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación ante la información dada a conocer recientemente sobre las condiciones que enfrentan las personas indígenas Ngäbe-Buglé procedentes de Panamá durante las cosechas de café en Costa Rica.


Según informó el medio Delfino.cr, un oficio de la Unidad Regional de Los Santos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre enero de 2020 y febrero de 2026 fallecieron 19 personas menores de edad Ngäbe-Buglé en esa región. El propio documento señala que muchas de estas muertes estuvieron asociadas con enfermedades prevenibles, dificultades de acceso a servicios de salud, falta de seguimiento institucional y condiciones que pudieron evitarse mediante una adecuada acción del Estado.

Esta situación no puede analizarse como un hecho aislado. El 5 de agosto de 2020, en plena pandemia, más de un centenar de organizaciones sociales, comunidades, proyectos universitarios y personas firmamos un pronunciamiento público advirtiendo sobre las condiciones de vulnerabilidad que enfrentaban las personas indígenas Ngäbe-Buglé durante las cosechas de café. En aquel momento alertamos sobre las precarias condiciones de alojamiento, las dificultades para acceder a servicios de salud (incluyendo la negativa de vacunar contra la COVID-19 a las personas que estuvieran en condición migratoria irregular), la falta de inspecciones laborales, la ausencia de mecanismos efectivos de seguimiento institucional, la exposición de mujeres embarazadas, niñas y niños a condiciones de riesgo y la necesidad de garantizar plenamente sus derechos humanos.

Seis años después, la información conocida evidencia que esas preocupaciones continúan vigentes y que, lejos de haberse resuelto, las consecuencias han adquirido una gravedad inaceptable. Según los datos del Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria (SITLAM) que lleva la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), entre 2020 y 2025, fueron registradas un total de 42,995 personas panameñas que llegaron al país como trabajadoras agrícolas temporales. Presumimos que, la totalidad de estas personas son indígenas Ngäbe-Buglé que llegan a la recolección de café. Estas personas se desplazan en su mayoría en grupos familiares. Esto se confirma, con los datos mismos del SITLAM: de la cifra citada arriba, 7,951 eran niñas y niños, esto corresponde a un 18.5 por ciento del total.

Resulta profundamente preocupante que una actividad económica reconocida internacionalmente por la calidad del café costarricense continúe dependiendo en buena parte, del trabajo de miles de personas indígenas migrantes que siguen enfrentando condiciones de vulnerabilidad incompatibles con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

La producción cafetalera no puede sostenerse sobre condiciones que comprometan la vida, la salud, el respeto de los derechos laborales y la dignidad de quienes hacen posible cada cosecha.

El país cuenta con un “Protocolo general para la atención de la migración laboral para la época de cosechas” (última versión mayo 2024), que involucra a los Ministerios de Salud; Trabajo y Seguridad Social; Ganadería y Agricultura; Gobernación y Policía, así como a la Dirección General de Migración y Extranjería. Este protocolo, que deben de seguir las empresas que contratan a personas trabajadoras agrícolas migrantes temporales, establece los procedimientos para el ingreso y regularización de estas personas que trabajan temporalmente en el sector agropecuario nacional, asimismo, brinda las pautas para dar trazabilidad sanitaria a cada persona trabajadora migrante temporal durante su paso por distintos establecimientos agrícolas que lo contraten. El oficio de la Unidad Regional de Los Santos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), citado arriba, deja al descubierto que, a pesar de la existencia de dicho protocolo, persisten realidades que no garantizan condiciones dignas para estas personas, especialmente a los niños y niñas.

Como sociedad debemos preguntarnos cómo es posible que niñas y niños continúen falleciendo por causas prevenibles en un país que cuenta con un sistema público de salud ampliamente reconocido y con instituciones responsables de la protección de los derechos laborales, la salud pública, la niñez y las poblaciones migrantes.

Estos hechos obligan a una revisión profunda de las responsabilidades institucionales, pero también de toda la cadena de producción y comercialización del café.

Por ello, hacemos un llamado urgente al Gobierno de la República, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la Caja Costarricense de Seguro Social, a la Dirección General de Migración y Extranjería, al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a los gobiernos locales involucrados y al Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), y a todas las instituciones competentes para que adopten acciones inmediatas y coordinadas para la próxima recolección de café en que inicia hacia final de año.


En particular solicitamos:

  • Que se investiguen de manera integral las circunstancias que rodearon el fallecimiento de las personas menores de edad Ngäbe-Buglé y se determinen las responsabilidades institucionales correspondientes.

  • Que se fortalezcan los mecanismos de atención primaria en salud, vacunación, seguimiento epidemiológico y atención materno-infantil durante toda la temporada cafetalera.

  • Que se realicen inspecciones periódicas y efectivas sobre las condiciones de alojamiento, transporte, contratación y trabajo en todas las fincas y albergues utilizados durante las cosechas.

  • Que se garantice el cumplimiento efectivo de toda la legislación laboral, sanitaria, migratoria y de seguridad social aplicable a las personas trabajadoras indígenas migrantes.

  • Que se implementen mecanismos permanentes de coordinación entre las instituciones públicas, las organizaciones indígenas Ngäbe-Buglé, las comunidades receptoras, las empresas cafetaleras y las organizaciones de derechos humanos para dar seguimiento a esta situación.

  • Que se publique información periódica y transparente sobre las condiciones de salud, trabajo, alojamiento y protección de derechos de la población trabajadora indígena migrante.

  • Que las empresas cafetaleras y todos los actores de la cadena de comercialización asuman plenamente su responsabilidad en el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas trabajadoras que sostienen esta actividad económica.

  • Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social construya un relevamiento permanente de la cadena de valor del café, visibilizando las empresas principales, contratistas, intermediarios y demás actores que se benefician del trabajo de la población migrante e indígena, así como la geolocalización de sus respectivas fincas y alojamientos de sus trabajadores, con la finalidad de monitorear el cumplimiento de sus obligaciones legales, así como sentar las responsabilidades específicas frente a sucesos como los indicados.

Las personas indígenas Ngäbe-Buglé no constituyen únicamente la fuerza laboral que hace posible una parte significativa de la producción cafetalera nacional. Son pueblos indígenas con derechos reconocidos por la Constitución Política, Reconocido en la Ley N.° 9710 como un pueblo Transfronterizo, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan al Estado costarricense.
La muerte de niñas y niños por causas prevenibles constituye una señal de alarma que exige respuestas inmediatas.

Reiteramos que ninguna actividad económica puede construirse sobre la vulneración sistemática de derechos humanos y hacemos un llamado a toda la sociedad costarricense para que esta situación no vuelva a normalizarse y dejarla pasar por más tiempo.

San José, julio de 2026.

# Nombre y apellidos Institución/organización/comunidad


1 Aaron Aguilar Guzman N/A

2 Abel Mora Umaña INA

3 Abel Pacheco de la Espriella Ex-presidente de la República

4 Abida Anastacio Paredes Cois

5 Adilia Caravaca Zuniga Liga Internacional de Mujeres pro Paz y Libertad -LIMPAL

6 Adolfo Rojas Herrera Comunidad

7 Adriana Acosta Independiente

8 adriana Laclé personal

9 Adriana Laclé Murray personal

10 Adrián Herrán Comunidad

11 Alan Calderón Castro Santa Ana

12 Alba Hidalgo Osorio

13 Alberto Cortés Ramos UCR

14 Alberto Gutiérrez Arguedas UCR

15 Alberto Lleras Coto Casa del Indio Pablo Presbere

16 Albino Vargas Barrantes ANEP

17 Alejandra Boza Villarreal Universidad de Costa Rica

18 Alejandro Alvarado Alcázar Universidad de Costa Rica

19 Alejandro Coronado Pasquier Movimiento Estudiantil Autónomo

20 Alejandro Céspedes Badilla San José

21 Alexandra Blanco Porras Asociación de Desarrollo Integral

22 Alisa Céspedes Chaves Universidad de Costa Rica

23 Alison Nicole Cordero Espinoza Universidad de Costa Rica

24 Allan Granados Siles La esperanza del Guarco

25 Alvaro Mendieta Vargas Independiente

26 Ana C. Hernández Hernández Concepción San Isidro de Heredia

27 Ana Chacón Mora

28 Ana Cristina Castillo León Civil

29 Ana Cristina Rossi Lara Soy novelista independiente

30 Ana Isabel brenes guillen Mujeres formadoras de la democracia

31 Ana Isabel Ruiz Rojas San Rafael de Heredia

32 Ana Leonor Ramírez Montes Feministas en resistencia

33 Ana Lorena Conejo Salas Guápiles

34 Ana Lucrecia Campos Camacho Vázquez de Coronado

35 Ana Lucía Chacón Quesada Comunidad

36 Ana Luisa Cerdas Albertazzi Santa Ana

37 Ana María Arenas Moreno Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica

38 Ana María Trejos Tol Red Feninista contra la violencia hacia las mujeres

39 Ana Sofía Benavides Jiménez Universidad de Costa Rica

40 Anabelle Argüello Hernández Bici activismo CR

41 Andrea Alisa Víquez Benavides La Virgen, Sarapiquí

42 Andrea Cordero Voces Libres

43 Andrea Ruíz Hidalgo Fundación Vamos a Sembrar

44 Andrés Angulo Milano UCR

45 Anelena Saborío Gutiérrez UCR

46 Anthony Sibaja Solís Geografía, Universidad de Costa Rica

47 Antonio Trejos Mazariegos Asamblea Legislativa

48 Anxo Hernández Marín Universidad de Costa Rica

49 A. Arguedas Mora Independiente

50 Ariana Fernández Investigadora

51 Arianna Chaves Salazar Cartago

52 Ariel Robles Barrantes Militante Frente Amplio

53 Artavia Tames Anastasio Personal.

54 Asdrubal Rivera Villanueva Térraba

55 Ashley Rodríguez Peralta Voces Libres

56 Augusto Corrales Ospino Universidad Nacional de Costa Rica

57 Aurelia Trejos París Pensionada

58 Aurora Herrera Mora San José Costa Rica

59 Ave Padilla

60 Beatriz García Marín

61 Benjamín Emanuel Fernández Umaña Estudiante de el técnico en agricultura orgánica

62 Bernardo Corrales Briceño ACODEHU

63 Bianca Brigitte Castro Leiva COEI

64 Brenda Briceño González RÍOS VIVOS

65 Carlos Alvarado Cantero Universidad Nacional

66 Carlos Daniel Hernández Bello Rebrote: Artes Escénicas

67 Carlos Enrique Cambronero Jiménez Cooperativista

68 Carlos Flores Ureña Vecinos de playa negra

69 Carlos Gómez de la Espriella Cineasta y Etnólogo

70 Carlos Vargas Unfried Músico

71 Carmel Montoya Greenheck Rivas

72 Carmen Carro Barrantes Independiente

73 Carolina Soto Chinchilla Título personal

74 Catalina Carrillo Vargas UNA

75 Celia Barrantes Jiménez Universidad de Costa Rica

76 Cinthya Morales Cordoba Comunidad Carmen de Guadalupe

77 Claire Marie de Mezerville López Universidad de Costa Rica

78 Clifford R. Goilo Araujo Jubilado

79 Colectivo Voces Ecológicas COVEC Colectivo Voces Ecológicas COVEC

80 Comité Punta Pelencho Comité Punta Pelencho

81 Cristin Torres Ulate La Sierra, Abangares

82 Cristina Alfaro Tapia UCR

83 Cristina Zeledón Mangel No aplica

84 Cristine Sánchez Salas Calle Blancos, San José

85 Cristopher Pérez Núñez Cot, Oreamuno, Cartago

86 Cynthia María Canosa Calderón Unidas Talamanca, Puerto Viejo

87 Cynthia Mora Izaguirre UNA

88 Damaris Rodríguez Lara Liberia

89 Dan Abner Barrera Rivera Instituto de Estudios Latinoamericanos

90 Daniel González Quesada PRIDENA UCR

91 Daniel Solano Ulate

92 daniela hernández universidad de costa rica

93 Daniela Hidalgo Serrano

94 Daniela María Murillo Castro

95 Daniela Miranda Méndez Universidad de Costa Rica

96 Daniela Salinas

97 Daniela Santin

98 David Brealey Zuñiga Volcan Barva

99 David Gonzáles García Movimiento Estudiantil Autónomo

100 David Mora Arguedas Rivas, Pérez Zeledón

101 David Osorio vargas

102 David zuñiga quiros San jose

103 Dayana Elizondo Chevez Miramar

104 Dayana Rojas Venegas Asociación Civil Pro Natura

105 Deiby Paniagua Arce

106 Delia Morales Ciudad de Panamá

107 Denisse Ballesteros Ortega Sindicato Empleados del Ministerio de Hacienda

108 Diana Masís Porras FA

109 Diana Mora NA

110 Diego Lobo Montoya Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica

111 dilasolis@gmail.com CCSS, HCG.

112 Dora Rodríguez Rodríguez Ciudadana

113 Edgardo Sibaja Araya Salitral de Santa Ana

114 Eduardo Gómez Obando UCR

115 Eduardo Mora Castrillo UNED

116 Elidier Vargas Castro San Pedro de Montes de Oca

117 Elizabeth Miranda Chacón Frente Amplio Coronado

118 Elizabeth Sánchez Fonseca

119 Ellen Sancho Barrantes Jubilada de la UNA

120 Emilia Araya Heredia

121 Emilio Vargas Mena Vanoas de Alajuela

122 Emily Kraus Chicago estados unidos

123 Emily Ramírez Técnico en agricultura orgánica

124 emma tristán

125 Emmanuel Hernandez Delgado Comunidad

126 Enrique Ceciliano Mora

127 Ensi Gholami Organika

128 eraulio palacio jimenez sixaola

129 Erick Castillo COEI-UCR

130 Erlinda Quesada Angulo Asociación de mujeres unidas para el desarrollo de África

131 Ernestina Aguirre Vidaurre Jubilada

132 Esteban Balmaceda

133 Esteban Chavarría “Jaguar” Un Rojo reggae band

134 Esteban Rodríguez Dobles Universidad de Costa Rica

135 Estefano Franco Orocú N/a

136 Eugenia Boza Oviedo Universidad de Costa Rica

137 Eugenia Salazar

138 Fabian Pacheco Bloque Verde

139 Fabiana Santiago Círculo de Chiquá Tres Ríos

140 Fabio Flores Herrera Animador de acompañamiento pastoral, Talamanca.

141 Fabiola Arce Araya Heredia

142 Fabricio Walker Morera

143 Fernando Calvo Flores Cantos de Batalla

144 Fernando González Vásquez Comunidad de San Ramón-Alajuela

145 Fiorella Céspedes Sánchez Individual

146 Fiorella María Jara Sanabria Universidad de Costa Rica

147 Flor Rojas s Curridabat

148 Flor Ángel Porras Campos

149 Flora Fernández Amón CR Solidaria

150 Francia Borowy Alajuela

151 Francis Cordero Chomes, Puntarenas

152 Francisca Raventos Vorst –

153 Francisco Elizondo Ureña Personal

154 Francisco Murillo Solano rialengo

155 Francisco Palacios Abrego Estudiante indígena

156 Francisco Rodríguez Bejarano Atenas

157 Frecia Camacho Rojas San Jerónimo de Moravia

158 Fulvio Eugenio Zamboni

159 Gabriel González Vega Académico de la UNA, jubilado

160 Gabriel Siles Chaves Movimiento Estudiantil Autónomo

161 Gabriela Romero Rodríguez Universidad Nacional

162 Gabriela Soto Colima de Tibás

163 Gilbert Muñoz Salazar Pensionado Magisterio

164 Gina Borrero Yunta Agroecológica

165 Gina Sibaja Quesada UCR

166 Gina Vargas Chaves MEP

167 Giohana Ibarra Salas ADI Limonal

168 Giovanni Beluche Velásquez Sociólogo

169 Giovanni Vargas solano Comunidad

170 Grace calvo. Gamboa Abogada

171 Grettel Andrade Cambronero Universidad de Costa Rica

172 Grettel Cerdas García Liberia

173 Grettel Montenegro

174 Guadalupe Urbina Juárez Longo Maï

175 Guillermo Campos Gamboa Heredia

176 Guillermo Vargas Proyecto Xulo

177 Guiomar del Rocío Martín Tedman

178 Gustavo Camacho Jiménez Cartago

179 Gustavo Guevara Ruiz Parrita playa bandera

180 Génesis Rojas Cruz Voces Nuestras / Voces Libres contra la Violencia Sexual

181 Halina Sobrado Wydrzycka Civil

182 Harold Villegas-Román TCU-738 Escuela de Ciencias Políticas. Universidad de Costa Rica

183 Helen Madrigal Camacho Programa Kiocos

184 Helga Arroyo Araya Universidad Nacional

185 Hilary García Avilés La Cruz

186 Humberto Espinoza Fonseca Pensionado

187 Ignacio Dobles Oropeza UCR

188 Ileana D’Alolio Sánchez Universidad de Costa Rica

189 Ileana Moya Obando Aso. Mu. Kjala Bata , comunidad cabecar ( Unidad Nacional de Mujer Ditsä+8)

190 Ileanna Vargas Vega Ama de casa

191 Ilsa Norma Murillo González Ciudadana

192 INMACULADA TOMÀS ARÁN UNIDAS TALAMANCA

193 Inti Dahik Estudiante UCR

194 Irma Arguedas Negrini

195 Isabel Avendaño-Flores Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica

196 Isabel Calvo González Universidad Nacional, Costa Rica

197 Isabel Ducca Duran

198 Isabel Gámez Páez Trabajo Social

199 Isabel Pimentel Henderson UCR

200 Isabela Benson Espinoza Universidad de Costa rica

201 Isabella López Campos Salvemos Playa Panamá

202 Isenia Villafuerte López PANI Golfito

203 Isidro Boniche Quiros Santa Ana

204 Isis Fallas Saoazar No

205 Iván Barrantes Alvarado Escuela de Cultura y Deporte, Tecnológico de Costa Rica

206 Jacqueline García Fallas Universidad de Costa Rica

207 Jaime E. García González Jubilado

208 Jane Seglea Earle Guapiles

209 Javier Alvarado Vargas Colectivo COPAL

210 Jeff Hernández Castro UNED

211 Jeffrey Villanueva V Tierra Broran

212 Jennifer García Prado Independiente

213 Jennipher Martinez Ramirez Cartago

214 Jessica MacDonald Quiceno Ninguna

215 Jimena Chacón González Golden Valley School

216 Jimena Zeledón Pérez UNED

217 Johnny Ramirez bastos

218 Jonathan Acuña Soto Secretaría General Frente Amplio

219 Jorge Enrique Corrales Alpízar Rios Vivos dd Costa Rica

220 Jorge Hernández Villalobos Coordinadora patriótica Juan Santamaria

221 Jorge sibas vega Crun shurin terraba

222 Jose Antonio Mora Calderon Kioscos Socioambientales

223 Jose Percy Paredes Coimbra Bolivia

224 Josemar Chavarría Villegas

225 Joseph Jiménez Universidad Nacional

226 Josseline Chaverri Umaña CCSS

227 Jostin LOPEZ FERNANDEZ Pérez Zeledon

228 Josue Arce Mena Frente Amplio Montes de Oca

229 José Francisco Alfaro Carvajal Persona

230 José I. Azofeifa Retana Santo Domingo de Heredia

231 José Lorenzo Torres Figueroa Boruca Buruca de Buenos Aires

232 José Luis Amador Matamoros San Pedro Montes de Oca

233 José Manuel Arroyo Gutiérrez Jubilado Poder Judicial

234 José María Gutiérrez Alianza por una Vida Digna

235 José Roberto Murillo Madrigal Observatorio Ético Caribe y América Central

236 Juan Carlos Canales Páez Casa La Salle Amubri (Religiosos de la Salle)

237 Juan I Muñoz Chinchilla

238 Juan Pablo Picado Araya Heredia

239 Juan Santiago Quirós Rodríguez Vivo en Guanacaste

240 Juana Maruja Sibaja Álvarez Cantos de Batalla

241 Juanita Castillo Jiron Samara

242 Julia Matamoros Alvarado NA

243 Karen Fallas Corrales No pertenezco a ninguna organización

244 Karina Poveda Coto

245 Karla González Maroto Territorio indígena Boruca/ IDELA / mujeres Ditsa +8

246 Karla Ruiz Hidalgo Cartago

247 Karol Murillo Morales Sociedad Civil

248 Kembly Aguilar Chaves Civil

249 Kendall Josué Arce Chinchilla San José, Ex residente de San Cristobal Norte, zona de los Santos.

250 Keylin Víquez Jiménez Universidad Nacional, Heredia

251 Larissa Arroyo NAvarrete IEM-NA

252 Laura Astorga Carrera REPFEM

253 Laura Carolina Garrigues Herrera Sociedad Civil San Antonio de Belén, Heredia

254 Laura Chinchilla

255 Laura Cordero Corrales .

256 Laura Echeverría Sáenz UNA

257 Laura Espinoza Bejarano Dantas Ancestrales Ngäbe Conte Burica

258 Laura González Villanea Moravia, San José

259 Laura Guisselle Reyes Mora Ditsä +8

260 Laura León Lomas de Ayarco Sur, Curridabat.

261 Laura Ortiz Las Brumas/Finca ECOSOMA

262 Laura Paniagua Arguedas Universidad de Costa Rica / Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad

263 Laura Sanchez Berrocal UCR

264 Laura Ángel Córdoba Son Semillas

265 Leda Mendez san jose

266 Leila Marcela Sánchez Cortés Partido Frente Amplio

267 Leila Rodríguez Soto Universidad de PR

268 LENIN MONDOL LÓPEZ UNED

269 Leonardo Méndez Garits Cartago

270 Leslie Ragde Sánchez Talavera UCR

271 Lianeth Mata Lobo Comunidad

272 Ligia Barrantes Cartin Cristo Rey de San Pedro de Pérez Zeledon

273 Ligia Varela Gomez

274 Lilliana Abarca Guerrero ITCR

275 Lilliana Barahona Riera Universidad de Costa Rica

276 Lina Pochet Rodríguez San Pablo de Heredia

277 Lizanias Hernández Sáenz Personal

278 Loida Pretiz Beaumont

279 Lorna Chacón Martínez La Unión, Cartago

280 Luana Maria Gonzalez Ibarra Glasswing

281 Lucia trejos espeleta

282 Lucía loaiza 1 Metro Más Limpio

283 Lucía Mahlich Barreto Samara Empoderada

284 Luis Alberto Salas Sarkis Izquierda Costarricense

285 Luis Edgar Palacio Indígena y Activista Ngabe-Bugle

286 Luis Fernando Barrantes Cortés Nicoya

287 Luis González Belén Heredia

288 Luis Gómez Ordóñez Escuela de Psicología, Universidad Nacional Costa Rica

289 Luis Monge Arrieta Perez Zeledon

290 Luis Rojas Jubiladi

291 Luisa López Avendaño

292 Luisa Paz Jiménez UNED

293 Luz Agudelo

294 LUZ MARIA GODINEZ MENDEZ TRABAJADORA INDEPENDIENTE

295 Luz María Romero Miño Luz Romero cantante

296 M. Natalia Chaves Vargas Taller Nacional de Danza

297 Ma. Cecilia Romero Aguero Pensionada

298 Mabel Figueroa Ramos

299 Madeline Kiser Stern Longo Mai

300 Magaly Gonzalez Jarquín Mujeres por Costa Rica

301 Mahmood Sasa Universidad de Costa Rica

302 Maiten Moore Arenas Universidad de Costa Rica

303 Manuel Francisco López Corrales Aserrí. Economista pensionado

304 Manuel Monestel

305 Manuel Obregón Lopez Malpais

306 Marcela Ramírez Aguilar Nuevo Partido Socialista

307 Marcelo Valverde Morales Universidad Nacional UNA

308 Marco Vinicio Fournier Facio

309 Marcos Benicio Jiménez Montezuma Cultura Kare

310 Mardilina shaslin aguirre One creck

311 Maria Angélica Kees

312 Maria C Vanoli Bastanchuri

313 Maria Fernanda Mora Calvo Universidad de Costa Rica

314 Maria Hernandez H. CONCEPCION, SAN ISIDRO

315 Maria Mora Ramires

316 Maria saenz Maf e tula

317 Mariana Chaves Fernández Independiente

318 Mariana Ramírez González Operation Rich Coast

319 Mariangel Rodríguez Perera Golden valley school

320 Maricarmen Ibarra Soto UNIBE

321 Mariel Sánchez Berrocal UCR

322 Mariel Vega Rojas Cocles, Cahuita, Limón

323 Mariela Arrieta Alfaro

324 Mariela Sagel Panama

325 Marilyn Stephanie Valverde Salas Mar y Comercio

326 Mario Flores Tenorio Zapote

327 Mario José suazo palma Confraternidad guanacateca

328 Mario Madrigal Cordero UCR

329 Mario René Ruiz Aragón Copal

330 Mario Rodríguez Bonilla Sindicato de Trabajadores del AyA (SITRAA)

331 Mario Vega Rojas Banda Sonambulo Psicotropical

332 Marta Arroyo Bonilla Frente de Lucha, pro construcción Hospital Max Peralta

333 Marta López

334 Marta Sánchez Salazar Profesora jubilada

335 Marvin Amador Guzmán Universidad de Costa Rica

336 Mary baltodano gonzalez

337 María Abrahams Montes de Oca

338 María Camila Velásquez Castillo NA

339 María Daniela Cubero Barrantes UCR / Movimiento estudiantil autónomo

340 María del Carmen León Zúñiga Fátima Desamparados

341 María del Milagro Acuña Cartín Cantos de Batalla

342 María del Rocío Carro Salas Mercedes de Montes de Oca

343 María del Rosario Espinoza Mora CCSS

344 María Eugenia Quirós Gamboa Frente Amplio Goicoechea

345 María Fernanda Vargas Campos Barva de Heredia

346 María Gabriela Mata Araya Comunidad

347 María José Vidaurre Nebular Studio

348 María Laura Madrigal Montero Instituto Nacional de Aprendizaje especializado en Agricultura Orgánica

349 María Patricia Araya San Francisco de Heredia

350 María Rebeca Fonseca Cordero Causa Sur

351 María Soledad Hernández Carmona Universidad Estatal a Distancia

352 María Teresa Donoso

353 María Trejos Montero Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC mantenernos

354 Matilde Amalia Cerdas Alvarado Jubilada

355 Mauricio Castro Méndez Universidad de Costa Rica

356 Mauricio Gerardo Zeledón Leal Montes de Oca

357 Mauricio Zeledón Leal Personal

358 Mayela.rodriguez.escalante@una.cr UNA

359 Maylin Karlson MaiPhysioCare

360 Melinda Gelena Rugama Umaña Yaji Yazra Majimi

361 Melissa Castillo Chavarría Voces Libres

362 Mercedes Alvarez Rudin

363 Meylin Vargas Varela Montes de Oca

364 Miguel Sobrado Chaves Santa María de dota

365 Milagro Solís Aguilar La Unión, Cartago

366 Milena Martínez Ulate Psicologa Independiente

367 Milton Ariel Brenes-Rodríguez UCR

368 Mitzi Spesny Alvarez San Jose

369 Monica Quirós Villalobos Universidad de Costa Rica

370 Mónica Aguilar Bonilla Universidad de Costa Rica

371 Mónica Bolaños Mojica San Ramón, Alajuela

372 Mónica Obando Gutiérrez Guanacaste

373 Mónica Ospino Araya Comunidad

374 Nancy Vasquez

375 Natalia Cabrera No aplica

376 Natalia Caro Bernal Fundación Nuestramerica

377 Natalia Delgado Robles ORC

378 Natalia Garita C MAOCO

379 Natalia Graciela Rojas Lao

380 Natalia Lopez Stibrawpa, Yorkin

381 Natalia Madrigal Costa Rica

382 Natalia Solano Corrales Pérez Zeledón

383 Nathalie Hernández González

384 Nazaret Guillen Arrieta Parlamento Joven de Mujeres por el Clima.

385 Nazly López Méndez Independiente

386 Nidia Valladares Romero Unidad de mujeres indígenas ditsa+8

387 Noah Phillips Alvarez

388 Omar Miranda Bonilla Jubilado UNA

389 Onésimo Rodríguez Aguilar UCR

390 Oscar Beita Quesada Longo Mai de Volcán de Buenos Aires

391 Oscar Jiménez Fernández Artista y docente universitario

392 Oscar Leiva Personal

393 Pablo Delgado Herrera Universidad de Costa Rica

394 Pablo Duarte

395 Pablo sivas sivas Recuperador Crün Shurin

396 Pamela Campos Chavarria Proyecto Tierra Encantada Universidad Nacional

397 Pamela Monge Pierre Comunidad

398 Pamela Víquez Araya UNA/UNED

399 Patricia Campos Camacho Independent

400 Patricia Mora Castellanos Partido Frente Amplio

401 Paula Contreras González Montaña Verde, Rivas, PZ

402 Paula María Escudero Aguirre Agricultora

403 Paula Villalta González San Francisco de Heredia

404 Paula Zeledón Molina Katú

405 Paulino Gerardo Matamoros Barrantes Ninguna

406 Paulino Najera Rivera Rincón Ecológico Cultural Terraba

407 Paz Aguilar Bermúdez Movimiento Estudiantil Autónomo

408 Priscila Soto Soto

409 Priscilla Berrios Palma

410 Priscilla Solano Montero

411 Rafael Angel Cabraca Selles Asociación Centro de Investigación y Educación Biocultural para Territorios Indigenas

412 Rafael Angel Sánchez Rojas Aurora de Heredia

413 Rafael Anggel Sánchez Rojas Aurora de Heredia

414 Rafael Eduardo López Alfaro San José de la Montaña, Barva de Heredia

415 Rafael Vargas Retana

416 Rafael Vargas Unfried Tibás, San José

417 Randall Arauz Marine Watch International

418 Randall Sáenz Sanabria Perez Zeledón

419 Rebecca Muñoz Nieto Universidad Nacional de Costa Rica

420 Red Interuniversitaria sobre Movilidad Humana

421 Renier Canales Medina Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).

422 Ricardo Araya Rojas

423 Ricardo de La Espriella Toral Expresidente de Panamá

424 Rocío Muñoz Mora Sabanilla de Monte’s Oca

425 Rodrigo Jimenez Fundación justicia y Genero

426 Ronny Jiménez Zapata Río Segundo

427 Rosa Esmeralda Herrera Rodriguez Asopam

428 Rosa María Mata Mora Frente de Lucha por el hospital de Cartago

429 Rosi Naranjo Segura Osa, Puntarenas.

430 Roxana Avila Harper Teatro Abya Yala

431 Roxana Hidalgo Xitinachs Universidad de Costa Rica

432 Roxana María Gómez Zuñiga Ministerio Educación Publica

433 Roy Leandro Solano Pacayas

434 Roy Umaña Carrillo UNED

435 Rubén Chavarría Meoño Pérez Zeledón

436 Róger Chaves Grijalba

437 Sailyn Jazmin Alfaro Pacheco Universidad de Costa Rica

438 Salomé Hernández Rojas

439 Samantha Peña Carvajal Parlamento Joven Mujeres por el Clima

440 Sandra araya Camacho

441 Sandra Elena Monge Ramirez Cartago

442 Sara Abarca Calderón

443 Sara Morales Molina UCR

444 Saray Elena Loáiciga Brenes UNA

445 Sary Montero Red Feminista contra la Violencia hacia las mujeres

446 Sebastián García Ríos Univeristaria

447 Sebastián Trigueros Jiménez

448 Selene Jimenez Valverde Grupo Artistico Prisma

449 Selva Baker Felton San José

450 Sergio Pacheco Cartagena Umanos SA

451 Sergio Salazar Araya

452 Sharon López Céspedes IDELA, Universidad Nacional

453 Sigrid Coto Lee Cariari, Heredia

454 Silenia Ganesha Ugalde Flores Santa Ana

455 Silvia Elena Matamoros Pacheco

456 Silvia Morgan Sancho Cartago

457 Silvia Porras Jiménez

458 Silvia Regina de Lima Silva DEI – Departamento Ecuménico de Investigaciones.

459 Silvia Saborío Abrahams UNED

460 Simone Krueger No aplica

461 Sofia Vargas Cantillano Golden Valley COEEPI

462 Sofía Campos Nájera Mujer indígena broran

463 Soili Buska Harju .

464 Sol Carballo Gestión Cultural Metamorfosis SC

465 Somos Fuego Somos Fuego

466 Sonia Cruz zuñiga Privada

467 Sonia Ulate Fallas Frente de Lucha Nuevo Hospital de Cartago

468 Stela Benitez Leite Facultad de ciencias medicas

469 Stéphanie Lebon UCR

470 Sury Avilés La Cruz

471 Sylvis Gonzalez Vargas ECOALIANZA

472 Tairin Amador Monge 3 Rios

473 Tamara Jiménez Argüello

474 Tamara Karin Mauksch Winkler Sinpae

475 Tania Solano Camacho Comunidad

476 Tania Álvarez Chavarria Fundación Keme

477 Tatiana Jiménez Jiménez Oreamuno de Cartago

478 Teresita Ramellini Centella Montes de Oca

479 Thelma Carrera Castro Ciudadana defensora de DHL indigenas

480 Thor Céspedes Naranjo

481 TRINO BARRANTES ARAYA PARTIDO VANGUARDIA POPULARES

482 Tyuuui yuttu Fufy

483 Ulsía Urrea Mariño Ciudadana Mexicana

484 Urías Bejarano Bejarano

485 Valeria Vindas Núñez Son Semillas

486 Vanessa Cintrón Arias

487 Vernor Arguedas Troyi UCR

488 Veronica Sheehan Guacimal

489 Verónica González Prado San Cristobal Norte de Desamaparados

490 Verónica picado araya Bomberos

491 Verónica Taylor Chavarría ucr

492 Vilma Pacheco Barquero

493 Virginia Murillo Herrera Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica

494 Virginia Ramos Quesada Independiente

495 Virginia Vargas Acosta Personal

496 Viviana Rovira Maruri Independiente

497 Víctor Manuel Ortiz Campos San Ramón

498 Walter Mora Oviedo Asociación Prodefensa de los Recursos Naturales del Caribe

499 Wilma Eras De la O Confraternidad

500 Wilson Arroyo Oconitrillo Artista

501 Wilson Méndez Mora Fundación Vamos a Sembrar

502 Ximena Ramirez Quiros

503 Xinia Maria Molina w La Virgen Sarapiquí

504 Xinia Zúñiga Muñoz CICDE UNED

505 Yamileth Rivera Salazar UCR

506 Yamileth Torres Delgado Movimiento Atardeceres

507 Yanis Quesada Chanto GOICOECHEA

508 Yara Matos Sanchez

509 Yenifer Sandoval Jiménez YESAJI arte y cultura

510 Yoselyn Oviedo Uvita

511 Zavala Castro Lucy Ciudadana costarricense

512 Álvaro Carvajal villaplana UcrPrincipio del formulario

Las máscaras engañosas de un país verde

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Frank Ulloa Royo

Costa Rica se ufana de su imagen internacional: país verde, democrático, garante de derechos humanos. Pero esa máscara, pulida para las vitrinas del mundo, se agrieta como porcelana vieja. Hoy, en el Día Mundial del Ambiente, la contradicción se vuelve aún más hiriente: el país que fue cogestor del Acuerdo de Escazú lo rechaza, profundizando su desprecio por la memoria ambiental que alguna vez lo distinguió.

Cuando la presidenta declara que la Agenda 2030 está superada y que estos temas son “una pérdida de tiempo”, cuando asegura que las mujeres y los niños “ya cuentan con todos sus derechos”, no solo niega la realidad: la reduce a un espejismo, un decorado de cartón que se desmorona con la primera lluvia.

Las cifras son contundentes y, al mismo tiempo, insuficientes. El INEC (2023) estimó que alrededor del 5 % de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años realizan algún tipo de actividad económica, unos 35 000 menores. Pero los sindicatos y maestros rurales advierten que la cifra oculta es mayor: 6–8 % en regiones agrícolas como Sarapiquí, Limón y Coto Brus, donde la migración nicaragüense y centroamericana es parte del tejido social.

Una maestra de Pocosol lo relataba con crudeza: cada tres o cuatro meses, las transnacionales o los subcontratistas despiden a los trabajadores de cosecha y las familias migran con sus hijos a otras regiones para recoger café o cortar caña de azúcar. Los niños abandonan la escuela —ni siquiera se llevan sus notas, como si la educación fuera un cuaderno olvidado en el barro— y se incorporan al trabajo. El ciclo se repite como una rueda oxidada que nunca se detiene. La inestabilidad laboral de los padres es el detonante del abandono escolar y de la incorporación temprana de los hijos al trabajo.

La deserción escolar en secundaria supera el 10 %, y en cantones rurales es aún mayor. Allí, la frontera entre estudio y trabajo se diluye: los niños que deberían estar en las aulas terminan cargando sacos de café más pesados que sus propios cuerpos, o cortando caña bajo un sol que parece castigarlos por haber nacido pobres. La estadística oficial apenas los roza, porque son invisibles: hijos de migrantes, sin registro, sin voz.

La contradicción es brutal: mientras la OIT y UNICEF insisten en que la erradicación del trabajo infantil es condición para el desarrollo humano, el discurso oficial lo minimiza, lo niega, lo oculta. Costa Rica firmó los Convenios 138 y 182 de la OIT, se comprometió con la Meta 8.7 de los ODS, y lanzó la Hoja de Ruta 2026–2030 para erradicar el trabajo infantil. Pero en la práctica, los compromisos internacionales se dejan de lado, y el país parece vivir de una imagen que poco a poco pierde sus máscaras, como un actor que ya ni siquiera se preocupa por fingir.

Al final, los niños migrantes agrícolas son tratados como marginales, como si fueran sombras que no merecen ser contadas. La retórica oficial se desentiende de ellos, mientras las cifras —ocultas, alarmantes— revelan que el trabajo infantil no es un residuo del pasado, sino una herida abierta en el presente.

Costa Rica abandona la hoja de ruta para ser un país libre de trabajo infantil, quizás se debate entre la apariencia y la realidad y mantengan algún maquillaje porque la más cara se le ha caído. Entre el discurso que presume derechos garantizados y la evidencia de miles de niños trabajando en plantaciones. Entre la firma de convenios internacionales y la negación política de la Agenda 2030. El país que se vende como ejemplo democrático carga con una deuda ética: reconocer y erradicar el trabajo infantil, especialmente en las comunidades migrantes que sostienen la agricultura, y recuperar el rumbo ambiental que hoy, en el Día del Ambiente, parece haber sido arrojado al basurero de la cultura de protección de los derechos humanos.

Organizaciones de derechos humanos piden poner fin a las deportaciones en cadena desde Estados Unidos a Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Experiencias anteriores demuestran que Costa Rica no está preparado para garantizar los derechos humanos de las personas en movilidad humana deportadas, aseguran las organizaciones.

  • Así mismo, hacen un llamado al gobierno para que brinde información oportuna, suficiente y transparente sobre el acuerdo que permitiría deportaciones masivas de hasta 25 personas en movilidad humana desde Estados Unidos, por semana, de manera que las organizaciones sociales y personas expertas o con experiencias de vida relacionadas puedan aportar a la creación de las políticas públicas que afectan a estas personas.

Costa Rica, 26 de marzo de 2025.- Las organizaciones firmantes, que trabajan en la defensa de los derechos humanos, manifiestan su preocupación por el reciente anuncio hecho por el gobierno de Costa Rica según el cual ha firmado un memorando de entendimiento con Estados Unidos para la deportación semanal de hasta 25 personas extranjeras desde dicho país.

De implementarse el acuerdo, Costa Rica sería uno de los países del mundo que más personas de terceros países recibiría deportadas desde Estados Unidos, según se deduce tras revisar las cifras registradas, país por país, por el Observatorio de Deportaciones a Terceros Países (Third Country Deportation Watch).

Ello es particularmente grave porque ha quedado demostrado que no hay condiciones para la garantía de los derechos de estas personas. En febrero de 2025, cerca de 200 personas en movilidad humana, incluidos 80 niños y niñas de Rusia, Armenia, Yemen, Afganistán, Uzbekistán y otras nacionalidades, fueron deportadas en dos vuelos provenientes de Estados Unidos y fueron privadas de su libertad en el Centro de Atención para Migrantes (CATEM) en Costa Rica. El estado costarricense las detuvo arbitrariamente, les retiró indebidamente sus documentos de identidad, no les brindó atención médica oportuna, interpretación a sus idiomas, ni educación o instalaciones adecuadas para los niños y las niñas.

Hasta la fecha las organizaciones conocen sobre el paradero y la suerte de aproximadamente el 5% de las personas que estuvieron detenidas en el CATEM, y existen indicios de que un buen número de ellas fueron devueltas a sus países de origen, en donde su vida e integridad corren peligro, como el caso de una mujer de Rusia entrevistada por la organización Refugees International. Adicionalmente, información reciente reportada por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica indica que de las 200 personas deportadas desde Estados Unidos, 110 salieron mediante el programa de retorno voluntario (aunque la voluntariedad de estos retornos es cuestionable dada la coacción a la que estaban sometidas las personas), 34 personas lo hicieron tras presentar solicitudes de refugio y 57 más realizaron salidas voluntarias.

Según pudieron constatar organizaciones de la sociedad civil en 2025, estas personas no tuvieron acceso oportuno a la información sobre asilo u otros derechos en sus idiomas y se puso en riesgo a personas con necesidades de protección internacional (Informe de hallazgos: visita de organizaciones de sociedad civil al CATEM-EMISUR, 2025).

En el marco de un recurso de habeas corpus interpuesto por defensores de derechos humanos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró en junio de 2025 la vulneración del derecho a la libertad personal de estas personas, ordenó a las autoridades su liberación y determinar qué tipo de asistencia en salud, educación, vivienda requerían por parte del Estado. En su decisión, la Sala Constitucional también condenó al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados.

Nueve meses después de la decisión de la Sala Constitucional, el Estado aún no ha realizado el análisis de las necesidades sociales. Quienes aún permanecen en Costa Rica han enfrentado múltiples barreras para acceder a derechos fundamentales y han dependido de la solidaridad de la ciudadanía para permanecer en el país. Mientras las autoridades costarricenses siguen sin dar respuestas efectivas en materia de salud, vivienda, alimentación ni educación, estas personas conviven con los impactos de la detención y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

A la luz de este historial, las organizaciones manifiestan una gran preocupación de que, de aplicarse, este nuevo acuerdo repita las violaciones a derechos humanos que ya ocurrieron. Por eso, piden poner fin a las deportaciones en cadena desde Estados Unidos hacia Costa Rica.

Adicionalmente y según un comunicado de la presidenta electa, Laura Fernández, el acuerdo también facilita el retorno de las personas a sus países de origen, lo que podría implicar una violación al principio de no devolución (non-refoulement) en caso de que no se realicen valoraciones adecuadas del riesgo que corren las personas al ser regresadas a sus países.

Las organizaciones son enfáticas en afirmar que, de ejecutarse este nuevo acuerdo anunciado, Costa Rica incumpliría con sus obligaciones nacionales e internacionales, como el principio de no-devolución, se convertiría en cómplice de la implementación de políticas crueles que atentan contra la dignidad de las personas y desconocería el derecho a solicitar protección internacional, así como el derecho al debido proceso.

Las medidas que trasladan las responsabilidades de la gobernanza migratoria entre Estados incrementan los riesgos de violaciones de derechos humanos para las personas en movilidad humana, y posicionan a Costa Rica como un Estado cómplice -y también responsable directo- de las violaciones que está cometiendo Estados Unidos al realizar deportaciones en cadena sin el debido proceso, como lo han identificado las organizaciones Human Rights First y Refugees International en su informe “This is an order from Trump” (Esta es una orden de Trump).

Estas políticas de expulsiones en cadena se han traducido en tratos inhumanos, humillantes y degradantes durante los procesos de detención y deportación, separaciones familiares, falta de confianza en el acceso a la justicia y a los servicios sociales básicos a los que toda persona tiene derecho.

Todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a que su integridad, su vida y su dignidad sea garantizada. Este deber se ve reforzado respecto de aquellas personas que se encuentran en situación especial de vulnerabilidad, como las personas en movilidad, especialmente niños y niñas y personas con necesidades de protección internacional.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado al Estado de Costa Rica a cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, garantizando la protección de las personas en situación de movilidad humana. Asimismo, le exigen al Estado que brinde información oportuna, suficiente y transparente sobre el acuerdo al que ha llegado con Estados Unidos, de manera que las organizaciones sociales y personas expertas o con experiencias de vida concretas puedan aportar a la creación de las políticas públicas que afectan a estas personas.

A la sociedad en general, las organizaciones piden expresar su solidaridad con las personas en movilidad humana que han sido o están en riesgo de ser detenidas y deportadas desde Estados Unidos, y hacer un llamado de atención al gobierno para que implemente soluciones reales que fomenten la libertad, la seguridad y el bienestar para todas las personas y familias.

Firmas de organizaciones

Alianza Américas

American Friends Service Committee (AFSC)

Arrecife

Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas- AMUMRA, Argentina

Bloque Latinoamericano sobre Migración

Buen Vivir Costa Rica

Canadian Centre Universal for Human Rights Society

CAREF

Center for Engagement and Advocacy in the Americas (CEDA)

Center for Gender & Refugee Studies (CGRS)

Centro de Amigos para la Paz (Costa Rica)

Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

CISAS

Consejo Global de Litigio Estratégico

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia

Corporación Alianza Migrante

Feministas Picos Rojos, Costa Rica

Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual

Fundación Justicia y Género

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho

Grupo de trabajo Agenda CEDAW

Hope Border Institute

Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Mujer Lenca de Honduras- IDESMULH

Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI)

Latin America/Caribbean Committee (LACC) of Loretto Community

Núcleo de investigación y acción en psicología y violencia

Observatorio de Medios de Comunicación y Género -GEMA-

OTRANS-RN

Plataforma Social Moraviana

Red CLAMOR

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe

Red Jesuita con Migrantes (RJM)

Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGBT México

Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales- RESAMA

Refugees International

Remunic

Servicio Jesuita para Migrantes- Costa Rica

Unitarian Universalist Service Committee

Universidad Bíblica Latinoamericana

Mayor información para prensa

Carolina Dueñas Orozco

American Friends Service Committee (AFSC)

+57 315 ​​8281256

cduenas@afsc.org

Natasha Pérez

Global Council on Strategic Litigation

+506 8681-4470

natasha@global-council.org

Laura Karan

Global Council on Strategic Litigation

laura@global-council.org

Adam Álvarez Calderón

Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica

a.alvarez@serviciojesuitacr.org

Rachel Schmidtke

Refugees International

+1 919 491 5328

rschmidtke@refugeesinternational.org

Etant Dupain

edupain@refugeesinternational.org

Costa Rica y Estados Unidos: algunos apuntes con relación al nuevo «acuerdo migratorio» sobre deportaciones anunciado

Escrito en . Publicado en Análisis.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El pasado 24 de marzo, se anunció la firma de una nuevo convenio migratorio entre Estados Unidos y Costa Rica para acoger en Costa Rica a unas 25 personas semanalmente, deportadas por los servicios migratorios de Estados Unidos (véase nota del Semanario Universidad y esta nota de CNN). 

En esta nota del New York Times sobre el mismo tema, se puede apreciar una fotografía que debería de interesar a los especialistas en materia de lenguaje corporal de un Jefe de Estado. 

Este 27 de marzo, un editorial de La Nación refirió a la total opacidad con respecto a lo suscrito con la alta representante de Estados Unidos de paso en la capital costarricense en estos últimos días del mes de marzo del 2026 (véase editorial). A pocas horas de editado el texto en La Nación, se hizo público el texto integral, reproducido al final de esta nota del Semanario Universidad (texto en inglés).

Costa Rica: alineación con Estados Unidos y El Salvador

Como bien se sabe, las actuales autoridades costarricenses se han mostrado muy cercanas a Estados Unidos en los últimos años, en particular desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante, el 20 de enero del 2025. En febrero del 2025, aceptaron recibir un primer vuelo con unas 200 personas deportadas desde Estados Unidos (véase nota del Semanario Universidad). 

Además de este acuerdo migratorio sobre deportaciones semanales anunciado este 24 de marzo, hay que recordar que el 7 de marzo, Costa Rica anunció desde Miami integrar una «coalición militar» liderada por Estados Unidos, iniciativa que examina el juez constitucional desde unas pocas semanas (véase nota del medio digital Delfino.cr). 

En otro ámbito, el pasado 20 de marzo, Estados Unidos entregó a Costa Rica personas fallecidas y otras heridas a raíz de una intercepción cuyos detalles se desconocen de una lancha sospechosa de transportar droga en el Océano Pacífico (véase nota de CRHoy del 20 de marzo): se ignora si las modalidades plasmadas en el acuerdo de patrullaje conjunto de 1999 en el Océanos Pacífico entre Estados Unidos y Costa Rica (véase texto) han sufrido modificaciones recientes que permitan ahora intercepciones de este tipo, causando la muerte de los tripulantes de estas lanchas. 

Siempre en marzo del 2026, fue el 18 de este mes que Costa Rica anunció oficialmente cerrar su embajada en Cuba: se trata de un gesto que si bien se presenta como una decisión soberana de Costa Rica, no deja de sorprender al no haber ningún otro Estado en América Latina en haber tomado semejante decisión (Nota 1). Es de recordar que en una votación en Naciones Unidas realizada en octubre del 2025 sobre el levantamiento del embargo a Cuba, Costa Rica optó por abstenerse, cuando llevaba años votando a favor (Nota 2). No está de más añadir que poco tiempo después de anunciar su decisión Costa Rica, el Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas hizo un llamado a los integrantes de la comunidad internacional para ayudar urgentemente a Cuba desde el punto de vista médico y hospitalario ante las profunda crisis humanitaria existente (véase comunicado del 28 de marzo del 2026).

En la región centroamericana la cercanía de Costa Rica ha sido mucho mayor con las actuales autoridades de El Salvador, cuya política represiva de «mano dura» ha dado lugar a un reciente informe que recomienda acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad (véase nota de la FIDH del 9 de marzo del 2026 y texto completo de este voluminoso informe – 298 páginas – reproducido en su integralidad en el sitio de información costarricense SurcosDigital).  

En enero del 2026 los mandatarios de Costa Rica y de El Salvador colocaron la primera piedra de una «megacárcel » en Costa Rica (véase nota de la DW). No está de más señalar que los órganos de la policía de El Salvador combinan desde varios años reconocimiento facial, inteligencia artificial y geo localización, modernas herramientas contratadas a una empresa israelí de seguridad (véase artículo de El Faro del 2023).

El precedente del 2025

Con relación a la deportación desde Estados Unidos a Costa Rica de personas, debe precisarse desde ya que no se trata de enviar de vuelta a nacionales de Costa Rica capturados por Estados Unidos, como sí es el caso de:

– Venezuela (donde ya ascienden a más de 20.000 las personas oriundas de Venezuela deportadas por Estados Unidos – véase nota de febrero del 2026 de Prensa Latina), o bien de; 

– Colombia (véase nota de prensa de un vuelo repatriando a colombianos de febrero del 2026). 

De lo que se trata en este caso , es de remitir a Costa Rica a personas que son deportadas por vía aérea desde Estados Unidos y que son de otras nacionalidades que la costarricense. 

No está demás señalar que se cuenta con un precedente judicial bastante reciente en Costa Rica del 2025: en esta ocasión, el juez constitucional condenó al Poder Ejecutivo costarricense por privar a más de 200 personas deportadas desde los Estados Unidos (entre las cuales 79 menores de edad) de su derecho a la libre circulación, manteniendolas privadas de su libertad en condiciones inadecuadas, al haber aceptado su deportación a suelo costarricense. Ya en marzo del 2025, la misma Defensoría de los Habitantes, órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, había denunciado esta situación totalmente anómala luego de ir a visitar a estas personas (véase nota del Semanario Universidad). Esta anomalía evidencia lo solícito y extremadamente hacendoso que es el actual Poder Ejecutivo costarricense para responder a las diversas solicitudes provenientes de Estados Unidos

En su voto 19485-2025 del 24 de junio del 2025 (véase texto completo), los jueces de la Sala Constitucional señalaron que:

«En virtud de lo expuesto, se desprende con claridad que desde el momento de su llegada a Costa Rica el día 20 de febrero de 2025, las personas amparadas fueron privadas de su libertad de forma ilegítima -incluyendo, en un inicio, a 79 personas menores de edad-, sin haber cometido delito o inclusive tener una presunción de una falta migratoria dentro del territorio nacional, ni una condición irregular en el país que facultara a las autoridades de migración a restringir la libertad de una persona extranjera que ingresa ilegalmente al país, durante el tiempo racionalmente indispensable  para hacer efectiva su expulsión y deportación. No puede perderse de vista que estas personas ni siquiera ingresaron al país irregularmente, sino que, de forma expresa y soberana, el propio Gobierno costarricense consintió su ingreso por razones humanitarias«. 

En esta misma sentencia también se indica que:

«No se individualizó su condición de ingreso, sino que se adoptaron decisiones de carácter general, sus documentos de viaje fueron retenidos y la explicación de la necesidad de la privación de libertad por encontrarse en condición de tránsito, así como supuestamente para garantizar su propia seguridad, no se ajustan a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad propios de un Estado democrático de Derecho. Tampoco se explica en los informes, ni se deriva de forma alguna de las regulaciones migratorias, que lo actuado se sustentara en lo dispuesto en alguna ley. Tratándose de una situación sui generis y novedosa, se carecía de una regulación legal que respaldara la privación de libertad. Debió, por ende, en aplicación del principio pro libertatis permitir que este grupo de personas gozaran de su libertad sin restricciones de ninguna clase.

Es especialmente preocupante haber constatado que una parte importante de las personas a quienes se restringió su libertad eran niños y niñas, con lo que se agudiza la situación de vulnerabilidad propia del grupo, ya de por sí tributarios de una protección especial, en su condición de migrantes. A todas luces, por parte de las autoridades costarricenses recurridas, la privación de libertad es arbitraria y excesiva, con lo cual corresponde estimar este extremo del recurso». 

Es de recordar que ninguna de las personas deportadas a Costa Rica en el 2025 eran oriundas de América Latina: en efecto, entre estas 200 personas deportadas desde Estados Unidos, se encontraban, según se senala en esta misma sentencia, personas oriundas de China, Armenia, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Afghanistán, Vietnam, Georgia, Jordania, Kazajistán, Irán, Ghana, Kirguistán, Congo, Nepal, Yemen, Angola, India, Pakistán y Tajikistán.

A modo de conclusión

Como se puede apreciar, el marco legal aclarado al Poder Ejecutivo en el 2025 por el juez constitucional obliga a Costa Rica a cambiar las modalidades al materializarse en el futuro un segundo vuelo con personas deportadas desde  Estados Unidos.

Se mantiene no obstante la pregunta de saber si Costa Rica no perpetúa y le da continuidad a una situación atentatoria a los derechos de estas personas, que son capturadas en Estados Unidos de manera arbitraria y sin muchas veces conocer de los cargos que se les imputan, y sin haber sido objeto de un procedimiento en el que puedan presentar algún tipo de descargos.

Se mantiene también la interrogante sobre el punto de saber qué es lo que recibirá Costa Rica a cambio de satisfacer esta nueva solicitud de Estados Unidos. En el 2025, se pudo observar que Costa Rica fue objeto de aranceles determinados de manera unilateral por Estados Unidos en materia comercial similares a los de los demás Estados de Centroamérica y República Dominicana, con excepción de Nicaragua (véase nota de la BBC de abril del 2025)

Cabe señalar que, salvo error de nuestra parte, no se tiene información sobre el paradero exacto de cada una de las 200 personas que llegaron a Costa Rica en el 2025, ni se sabe si el Poder Ejecutivo entregó a quince días de emitida dicha sentencia del juez constitucional, un informe detallado individualizando los datos correspondientes de cada una de estas personas, tal y como solicitado. Esta información sería de sumo interés en aras de observar si una vez puestas en libertad en Costa Rica, estas personas se quedaron en Costa Rica, emigraron a otro destino de su escogencia o bien… volvieron a emprender la ruta para entrar nuevamente a Estados Unidos.

– – Notas – –

Nota 1: El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica del 18 de marzo del 2026 se lee como sigue:

«Cierre de la Embajada de Costa Rica en Cuba y retiro de personal diplomático de Cuba en Costa Rica

San José, 18 de marzo de 2026. El Gobierno de Costa Rica ha tomado la decisión de proceder al cierre de la Embajada de Costa Rica en la República de Cuba, para lo cual ya han iniciado los trámites diplomáticos y administrativos necesarios. 

De igual manera, se le ha solicitado al Gobierno de Cuba retirar a su personal diplomático acreditado en Costa Rica. Sin embargo, podrá permanecer en Costa Rica el personal consular y administrativo necesario para la prestación de servicios a los ciudadanos cubanos residentes en Costa Rica.

Por su parte Costa Rica, en la medida de lo posible, prestará servicios consulares para ciudadanos costarricenses residentes en Cuba desde el Consulado de Costa Rica en la Ciudad de Panamá.

La medida se toma ante un agravamiento significativo de las restricciones a las libertades fundamentales, incluyendo limitaciones a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica, según lo reportan diversas organizaciones internacionales y testimonios de la sociedad civil que han señalado la persistencia de hostigamiento y otras formas de presión contra quienes sostienen posiciones críticas frente al Gobierno cubano.

A esta situación se suma el progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población. La escasez de bienes esenciales, las dificultades en el acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos, así como el debilitamiento de las oportunidades económicas, que han generado un contexto humanitario cada vez más complejo que afecta directamente al bienestar del pueblo cubano.

El país continuará observando atentamente la evolución de la situación en Cuba.

Comunicación Institucional

076-2026 Cierre de la Embajada de CR en Cuba 

Miércoles 18 de marzo de 2026″

Nota 2: Observar a Estados del continente latinoamericano cuestionar la condena al embargo a Cuba y objetando que se exija su levantamiento, ante al consenso existente a nivel internacional, resulta bastante llamativo: se trata posiblemente de la medida unilateral de Estados Unidos contra un Estado mas longeva (adoptada en febrero de 1962), y que ha demostrado ser un fracaso total al no debilitar mayormente al régimen cubano desde entonces y consolidarlo como tal, y al afectar gravemente la vida diaria de las familias cubanas, causando el exilio de muchas de ellas. Un reciente reportage de la cadena Al Jazeera detalla de una manera muy completa el drama que significa para muchas familias cubanas el tener a algunos de sus integrantes padeciendo de enfermedades graves, ante la falta de material médico moderno que Estados Unidos impide sea exportado hacia el sistema hospitalario y de salud de Cuba (véase enlace). No está de más recordar que en el 2016, la resolución anual que se adopta en la Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo el levantamiento del embargo a Cuba fue adoptada con 191 votos a favor y una abstención (la de Estados Unidos), tal y como lo analizamos en esta nota nuestra de octubre del 2016. En noviembre del 2023, el mismo texto fue adoptado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado (Ucrania) optando por abstenerse (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). En octubre del 2024, el mismo texto fue adoptado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado optando por abstenerse (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). En cambio, en el último ejercicio de esta naturaleza (octubre del 2025), el voto registrado fue de 165 a favor, 7 en contra (entre los cuales Argentina y Paraguay) y 12 abstenciones (entre las que figuran las de Costa Rica y de Ecuador). Estos números del 2025 reflejan el nivel de presiones que logra ejercer Estados Unidos sobre algunos Estados, en particular desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante (20 de enero del 2025).