Las máscaras engañosas de un país verde

Frank Ulloa Royo

Costa Rica se ufana de su imagen internacional: país verde, democrático, garante de derechos humanos. Pero esa máscara, pulida para las vitrinas del mundo, se agrieta como porcelana vieja. Hoy, en el Día Mundial del Ambiente, la contradicción se vuelve aún más hiriente: el país que fue cogestor del Acuerdo de Escazú lo rechaza, profundizando su desprecio por la memoria ambiental que alguna vez lo distinguió.

Cuando la presidenta declara que la Agenda 2030 está superada y que estos temas son “una pérdida de tiempo”, cuando asegura que las mujeres y los niños “ya cuentan con todos sus derechos”, no solo niega la realidad: la reduce a un espejismo, un decorado de cartón que se desmorona con la primera lluvia.

Las cifras son contundentes y, al mismo tiempo, insuficientes. El INEC (2023) estimó que alrededor del 5 % de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años realizan algún tipo de actividad económica, unos 35 000 menores. Pero los sindicatos y maestros rurales advierten que la cifra oculta es mayor: 6–8 % en regiones agrícolas como Sarapiquí, Limón y Coto Brus, donde la migración nicaragüense y centroamericana es parte del tejido social.

Una maestra de Pocosol lo relataba con crudeza: cada tres o cuatro meses, las transnacionales o los subcontratistas despiden a los trabajadores de cosecha y las familias migran con sus hijos a otras regiones para recoger café o cortar caña de azúcar. Los niños abandonan la escuela —ni siquiera se llevan sus notas, como si la educación fuera un cuaderno olvidado en el barro— y se incorporan al trabajo. El ciclo se repite como una rueda oxidada que nunca se detiene. La inestabilidad laboral de los padres es el detonante del abandono escolar y de la incorporación temprana de los hijos al trabajo.

La deserción escolar en secundaria supera el 10 %, y en cantones rurales es aún mayor. Allí, la frontera entre estudio y trabajo se diluye: los niños que deberían estar en las aulas terminan cargando sacos de café más pesados que sus propios cuerpos, o cortando caña bajo un sol que parece castigarlos por haber nacido pobres. La estadística oficial apenas los roza, porque son invisibles: hijos de migrantes, sin registro, sin voz.

La contradicción es brutal: mientras la OIT y UNICEF insisten en que la erradicación del trabajo infantil es condición para el desarrollo humano, el discurso oficial lo minimiza, lo niega, lo oculta. Costa Rica firmó los Convenios 138 y 182 de la OIT, se comprometió con la Meta 8.7 de los ODS, y lanzó la Hoja de Ruta 2026–2030 para erradicar el trabajo infantil. Pero en la práctica, los compromisos internacionales se dejan de lado, y el país parece vivir de una imagen que poco a poco pierde sus máscaras, como un actor que ya ni siquiera se preocupa por fingir.

Al final, los niños migrantes agrícolas son tratados como marginales, como si fueran sombras que no merecen ser contadas. La retórica oficial se desentiende de ellos, mientras las cifras —ocultas, alarmantes— revelan que el trabajo infantil no es un residuo del pasado, sino una herida abierta en el presente.

Costa Rica abandona la hoja de ruta para ser un país libre de trabajo infantil, quizás se debate entre la apariencia y la realidad y mantengan algún maquillaje porque la más cara se le ha caído. Entre el discurso que presume derechos garantizados y la evidencia de miles de niños trabajando en plantaciones. Entre la firma de convenios internacionales y la negación política de la Agenda 2030. El país que se vende como ejemplo democrático carga con una deuda ética: reconocer y erradicar el trabajo infantil, especialmente en las comunidades migrantes que sostienen la agricultura, y recuperar el rumbo ambiental que hoy, en el Día del Ambiente, parece haber sido arrojado al basurero de la cultura de protección de los derechos humanos.