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Carlos José Cabezas Mora*

Conocer de las noticias de los medios alternativos de lo está sucediendo en México da una mezcla de sentimientos entre profunda tristeza e ira, los maestros de Oaxaca protestan por la reforma educativa que impulsa el Gobierno de Peña Nieto, a diferencia de algunos países democráticos donde la manifestación promueve el dialogo, la usual respuesta del Gobierno Federal es el garrote, gas y las balas.

Según sabemos al día de ayer ya son 22 desaparecidos 9 muertos, 100 heridos y 25 detenidos por la acción policial y hay indicios de que intervendrá nuevamente el ejército, una rápida actuación que no se compara con la que tiene contra el narcotráfico, por alguna “extraña” es fuerte la represión contra los humildes y desarmados maestros y terriblemente débil contra los delincuentes organizados, especialmente si se trata de narcotraficantes.

Con la desaparición de 42 normalistas (educadores también) ser maestro o profesor en México se volvió más peligroso que ser terrorista. Una reforma educativa impuesta según el gobierno para “elevar la calidad de la educación” que más bien lo que pretende en la realidad concreta es ser una reforma laboral y administrativa disfrazadas. Su objetivo es que el Estado arranque al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) la conducción de la educación pública, y que los maestros pierdan un derecho adquirido: la estabilidad en el empleo. La “reforma” educativa pone el acento en los mecanismos de control sobre el magisterio, no en los de su participación en la definición del proyecto educativo ni en su capacitación.

De manera vergonzante, sin hacerlo explícito, sostiene que el sistema escolar debe actuar de la misma forma en que funcionan las operaciones de las empresas privadas. Siguiendo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, advierte que los maestros deben estar controlados y rendir cuentas sobre la base de exámenes estandarizados, cuyos resultados deben servir para premiarlos a ellos y a las escuelas con estímulos económicos, si los resultados son buenos, o castigarlos con el despido, si son malos. Lo que la reforma legaliza es la posibilidad de despedir a maestros y directores que cuentan ya con una plaza de base definitiva (y, por tanto, con un derecho creado), si no obtienen calificaciones adecuadas en las evaluaciones que se les realicen. La permanencia en el empleo está en entredicho.

El “Pacto por México” asegura que la autonomía de gestión facilitará que los recursos públicos lleguen a las escuelas y sean eficazmente utilizados contando con autonomía, y con el pretexto de involucrar a los padres de familia en la gestión y el mantenimiento de las escuelas, se legalicen de facto las cuotas, se permita la entrada de empresas a los centros escolares y se convierta en letra muerta el precepto constitucional que garantiza la gratuidad de la educación pública. Eso tiene un nombre: privatización. (Navarro, 2013)

Por lo que podemos apreciar de las protestas en México el gobierno quizás al único maestro que quiere es al profesor “Jirafales” personaje que formó parte del elenco cómico del Chavo del 8, porque a los demás ni los respeta más bien llega hasta extremos de desaparecerlos, asesinarlos en la sombra o en las marchas, demuestra una vez más la falta de compromisos con un proyecto realista para la educación de su propio pueblo.

*Secretario General, Central General de Trabajadores, Costa Rica.

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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