SURCOS comparte esta nota del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR
Este 15 de septiembre, mientras celebrábamos nuestras fiestas patrias, las comunidades de Guatuso se unieron para visibilizar la situación del Río Frío. Con una manta que decía ‘Vivamos la independencia haciendo conciencia: Río Frío muere por causa de extracción y dragado de sus humedales’, el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro recordó que la independencia también significa proteger nuestros ríos y humedales.
Muchas personas de Guatuso se acercaron para conocer más sobre lo que está pasando, conversar con el grupo y mostrar su preocupación por la defensa del ecosistema. La minería y el dragado continúan afectando el cauce del río y la vida de los humedales de Caño Negro, un sitio Ramsar de relevancia mundial.
Juntos podemos crear conciencia y cuidar lo que nos da vida.
Con base a una producción del Observatorio de Bienes Comunes UCR, vecinas y vecinos de Guatuso alzaron la voz ante el presidente Rodrigo Chaves para denunciar la destrucción del Río Frío por la minería no metálica. Integrantes del Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro llegaron hasta el lugar con un mensaje claro: en Maquengal el Río Frío está siendo destruido.
Entregaron una denuncia pública con más de 150 firmas y una carta dirigida al mandatario, documentos en los que exigen detener las concesiones privadas de minería no metálica y atender el abandono institucional que agrava la crisis ambiental y social en la zona.
El Río Frío, que nace en el Parque Nacional Volcán Tenorio y alimenta los humedales de Caño Negro —sitio Ramsar de relevancia mundial—, ha sufrido erosión de riberas, desaparición de pozas, sedimentación, arrastre de árboles y pérdida de caudal, todo como resultado de la extracción intensiva de materiales. Las comunidades también denuncian que los daños se extienden desde Maquengal hasta las partes bajas del Río Frío, donde la situación se agrava por la contaminación con insumos y dragados.
Los impactos no se quedan en la naturaleza: la ganadería local se ha visto golpeada por la erosión de tierras, mientras que el turismo prácticamente desapareció. A esto se suma que se destruyó el acceso público al río utilizado por las comunidades para la recreación local, eliminando un espacio vital para la vida comunitaria y las economías locales.
Las comunidades se sienten excluidas de las decisiones sobre proyectos que cambian su territorio de raíz. Señalan que nunca han sido consultadas sobre las concesiones mineras, a pesar de que la Constitución Política (artículos 21, 46 y 50) garantiza el derecho a la vida, a un ambiente sano y a la protección estatal.
El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR destaca: Las recientes actuaciones de la Municipalidad de Talamanca muestran un patrón preocupante: las clausuras y operativos en la zona costera no buscan frenar el daño ambiental, sino regularizar permisos y garantizar pagos. Esto confirma que la recaudación fiscal se ha convertido en el verdadero motor de la gestión municipal.
Casos como los ocurridos en Flor de China y Beach Break evidencian que, aun en terrenos públicos o con órdenes de demolición, basta con tener permisos al día para continuar construcciones que afectan playas, quebradas y humedales. En ninguno de los casos el enfoque estuvo en la conservación, sino en la formalidad del trámite.
El resultado es un modelo territorial que legitima construcciones ilegales y rellenos en ecosistemas frágiles, mientras se incrementa la presión inmobiliaria y turística. En la práctica, la naturaleza queda reducida a un requisito burocrático, relegada frente a los intereses económicos.
Nosara recupera la voz: Sala IV exige proteger bienes comunales frente a apropiaciones privadas
La Sala Constitucional admitió un recurso de amparo contra el alcalde de Nicoya por no actuar en la defensa de 80 hectáreas de bienes comunales en el Proyecto Americano: calles, parques y zonas verdes que habían quedado en manos privadas.
El fallo ordena frenar cualquier obra que afecte esos espacios y avanzar en los trámites para devolverlos a la comunidad.
Este precedente no solo es importante para Nosara, sino para todo el país: reafirma que los bienes públicos son inalienables, imprescriptibles y pertenecen a todas las personas.
Comunidades indígenas de Talamanca profundizan en el debate sobre los mecanismos de compensación de emisiones de carbono y sus impactos en la autonomía territorial. El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha publicado un artículo que recoge el conversatorio realizado a petición de la comunidad de Alto Cohen.
En el conversatorio se analizaron en colectivo el Plan Ambiental Forestal Territorial (PAFT) y el Contrato de Reducción de Emisiones Forestales (CREF), destacando los cuestionamientos sobre consulta previa, soberanía y las condiciones impuestas por estos instrumentos.
La actividad reunió a personas líderes, mayores y vecinas de Alto Cohen, Barrio Escalante y del territorio bribri, con el fin de desmenuzar de manera colectiva los aspectos técnicos, legales y culturales de estos instrumentos, así como sus impactos en la autonomía comunitaria.
El PAFT es un requisito para que los territorios indígenas accedan a fondos internacionales destinados a la conservación de bosques bajo la iniciativa REDD+. Una vez aprobado, abre la posibilidad de suscribir un CREF, que formaliza la venta de servicios ambientales como la captura de carbono a cambio de financiamiento.
En Costa Rica, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), adscrito al MINAE, administra estos contratos y canaliza los recursos. Sin embargo, las cláusulas del CREF establecen restricciones estrictas sobre los usos del bosque y obligan a las comunidades a vigilar y sancionar actividades contrarias a lo pactado.
Durante el conversatorio se cuestionó la validez de los procesos de consulta que dieron origen a estos instrumentos. Voces comunitarias señalaron que la participación fue limitada, sin acceso pleno a información clara ni condiciones de traducción y contextualización cultural.
Esto ha generado conflictos internos y tensiones con las asociaciones de desarrollo que firmaron los contratos, en detrimento del derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el Convenio 169 de la OIT.
Las personas participantes coincidieron en que el financiamiento condicionado puede restringir usos tradicionales como la cacería, la agricultura y el aprovechamiento de madera, debilitando las formas históricas de gestión territorial de los pueblos bribríes y cabécares.
Para las comunidades, la conservación no puede desligarse de la soberanía sobre el territorio, ni reducir los bosques a meros “servicios ambientales” mercantilizados.
Otro punto de debate fue el rol de las asociaciones de desarrollo indígena, señaladas por tomar decisiones sin un mandato comunitario claro y por no garantizar transparencia en el manejo de los recursos. Se planteó la urgencia de democratizar la información y asegurar procesos amplios de socialización antes de suscribir cualquier acuerdo que afecte a los territorios.
Finalmente, se alertó sobre la incorporación de los PAFT y CREF en lo que se denomina falsas soluciones climáticas: mecanismos que permiten a empresas y países contaminantes comprar compensaciones, en lugar de reducir sus emisiones, mientras trasladan los costos y riesgos a las comunidades indígenas.
En Escazú circulan mensajes que buscan desinformar sobre el Plan Regulador y el papel de la ciudadanía en su construcción. El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica, busca aclarar estas versiones y defender la importancia de una participación ciudadana informada y activa.
Algunos de estos mensajes intentan reducir la participación vecinal a un trámite sin relevancia y desestiman el papel de la Comisión de Plan Regulador. Sin embargo, el manual del INVU señala de forma expresa que esta comisión es un espacio esencial para articular las voces de comunidades, autoridades locales y profesionales técnicos en la toma de decisiones.
También se han difundido afirmaciones que califican la oposición vecinal como “manipulada políticamente”, lo cual busca restar legitimidad a la voz ciudadana. Esto desconoce que la participación es un derecho fundamental y que la democracia local se construye escuchando y tomando en cuenta a la población en los procesos de planificación urbana.
En este sentido, se reafirma que fortalecer la democracia en Escazú requiere promover procesos abiertos, transparentes y respetuosos, donde la comunidad pueda expresar preocupaciones, señalar riesgos y reconocer beneficios, siempre en un marco de voluntariedad y con garantía de confidencialidad.
El Observatorio de Bienes Comunes UCR realizó una producción para analiza el retroceso ambiental, en el que Costa Rica se encuentra sin voz en Ramsar, y cómo la vigilancia comunitaria se volvió la última frontera para su protección.
Mientras más de 180 países se reúnen en la COP15 para proteger los humedales del planeta, Costa Rica brilla por su ausencia. Entre 2022 y 2025, el gobierno de Rodrigo Chaves no actualizó ni un solo informe sobre los 12 sitios Ramsar del país.
Caribe Noreste, Térraba-Sierpe o Gandoca-Manzanillo están en riesgo, pero no hay reportes oficiales, pese a denuncias y evidencias. Esta omisión es parte de una política ambiental marcada por el silencio, la desregulación y el abandono institucional.
Este 2025 se conmemora el centenario del nacimiento de Frantz Fanon, psiquiatra, escritor y militante anticolonial nacido en Martinica. El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha publicado un artículo que recorre su legado, señalando cómo su pensamiento interpela las luchas actuales y exige coherencia entre palabra y acción.
A cien años de su llegada al mundo, su pensamiento no sólo conserva una vigencia inusitada, sino que sigue siendo una guía ética y política para los pueblos que resisten al racismo, el colonialismo y las múltiples formas de opresión que atraviesan el presente.
Fanon no solo fue un teórico radical del colonialismo y la subjetividad, fue un militante que vivió lo que escribió. En su obra “Piel negra, máscaras blancas” (1952), denunció cómo el racismo se incrusta en la subjetividad de las personas colonizadas, y cómo esa violencia simbólica las obliga a portar máscaras impuestas por la cultura blanca dominante.
En “Los condenados de la tierra” (1961), obra escrita poco antes de morir, afirmó que la violencia del colonizado no es gratuita ni irracional, sino una respuesta inevitable a la violencia estructural del colonialismo.
En la publicación el Observatorio destaca también su profundo compromiso político, ya que, renunció a su trabajo en el hospital psiquiátrico de Blida al no poder ser cómplice del régimen colonial francés, y se integró plenamente al movimiento de liberación argelino, asumió misiones diplomáticas y formó parte de una lucha que no era la “de su pueblo natal”, sino la de todos los pueblos colonizados del mundo. Fanon no defendía una causa local, sino una lucha humana y global contra la deshumanización.
Su pensamiento sigue interpelando las prácticas y discursos actuales: desde los movimientos indígenas hasta las juventudes precarizadas, desde las luchas contra el racismo ambiental hasta las búsquedas de salud comunitaria. La descolonización, advierte Fanon, no es solo una consigna académica o simbólica: es una ruptura concreta con las estructuras que jerarquizan vidas.
“El pensamiento de Fanon no se hereda; se activa en la práctica”, señala la nota.
Esta nota es una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR y del Colectivo Antonio Saldaña, quienes alzan la voz desde los territorios para denunciar cómo los sitios sagrados de los pueblos originarios se han convertido en escenarios de disputa, apropiación y mercantilización. Más que recuerdos estáticos del pasado, estas memorias son bienes comunes vivos que sostienen identidades, vínculos espirituales y formas comunitarias de habitar el mundo.
Según lo planteado en el artículo Sitios de memoria en disputa: cuando el recuerdo se convierte en “botín”, existe una creciente preocupación por la forma en que símbolos, territorios y saberes ancestrales son absorbidos por lógicas de consumo o por proyectos turísticos y estatales que ignoran —e incluso excluyen— a quienes los han custodiado históricamente. Las denuncias no solo se centran en la apropiación material de estos lugares, sino también en la manera en que sus sentidos originales son desplazados o trivializados.
Este testimonio colectivo constituye un llamado a reconocer las memorias indígenas como parte de un tejido vivo, que no puede ser reducido a adorno ni convertido en mercancía. La defensa de estos espacios no es solo una causa simbólica, sino una forma concreta de resistir al despojo, de afirmar la dignidad de los pueblos y de reclamar el derecho a nombrar, recordar y habitar el territorio desde sus propias cosmovisiones.
Desde el Observatorio de Bienes Comunes y el Colectivo Antonio Saldaña se invita a reflexionar y sumarse a la defensa de las memorias como parte de los bienes comunes culturales y espirituales de los pueblos.
Una producción del Observatorio de Bienes Comunes UCR expone una denuncia que exige la nulidad de la Ley 9223 por favorecer intereses inmobiliarios y amenazar el equilibrio ecológico del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.
El pasado 11 de julio de 2025, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría General y la Defensoría de los Habitantes para que se anule por completo la Ley 9223, conocida como “Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”. La organización argumenta que esta norma fue aprobada con vicios legales, sin sustento técnico, y que su verdadero efecto ha sido abrir paso a la urbanización de un sitio Ramsar de importancia internacional.
De acuerdo con Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación, la ley permitió la desafectación de más de 400 hectáreas de bosque y humedal, así como la emisión de más de 200 permisos de uso sin controles ambientales adecuados. Esta situación ha generado impactos graves sobre el ecosistema y ha sido objeto de múltiples advertencias por parte de entidades técnicas y jurídicas.
Entre los documentos que respaldan la solicitud destacan un informe del Tribunal Ambiental Administrativo de 2011, que documenta tala, drenaje y fraccionamiento en 9.1 hectáreas de bosque húmedo tropical; un análisis jurídico del SINAC de 2019, que advierte la falta de expediente técnico para sustentar la ley; y el oficio TAA 0-361-2023, que confirma impactos persistentes en la finca Puket, uno de los casos más emblemáticos de irregularidades.
Aunque la Ley 9223 fue promovida como una forma de reconocer los derechos históricos de pobladores afrodescendientes en la zona, la denuncia sostiene que en la práctica ha facilitado una expansión inmobiliaria que amenaza la biodiversidad y viola principios internacionales de conservación.
La producción del Observatorio de Bienes Comunes subraya también la ausencia de acciones concretas por parte de las instituciones responsables y hace un llamado a fortalecer la vigilancia comunitaria como herramienta para la defensa del patrimonio natural.
Le invitamos a visitar la página del Observatorio y compartir esta información para seguir visibilizando las amenazas sobre los bienes comunes de Costa Rica.
