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Etiqueta: Observatorio de Bienes Comunes

Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica presenta los boletines Demo-crítica, una serie de reflexiones colectivas nacidas en el curso-taller “Elecciones 2026: Herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”. Esta producción reúne diálogos, aprendizajes y herramientas construidas por comunidades, colectivos, organizaciones y personas comprometidas con la defensa de la democracia y la justicia socioambiental.

Más que conclusiones definitivas, los boletines son semillas de pensamiento crítico y acción comunitaria que buscan nutrir el debate público y fortalecer la organización social en el marco de las elecciones nacionales del 2026. El contexto es desafiante: discursos políticos maquillados de verde, criminalización de la protesta, proyectos extractivos y la necesidad urgente de construir alternativas desde los territorios.

Democracia en disputa

Uno de los ejes centrales del taller fue repensar la democracia más allá de las urnas. Se evidenció cómo la captura del poder por élites económicas y la mercantilización de la naturaleza muestran una erosión democrática. La democracia, señalan los aportes colectivos, debe vivirse día a día en la defensa del agua, los territorios indígenas, los bosques y en la organización comunitaria.

El “desarrollo” como trampa discursiva

Se identificó cómo términos como sostenibilidad, carbono neutralidad o economía verde funcionan muchas veces como ropajes discursivos que legitiman megaproyectos turísticos, hidroeléctricos y monocultivos que generan despojo y desigualdad.

Criminalización de la protesta

El curso también abordó la creciente criminalización de la protesta social en Costa Rica. Desde la Ley Antihuelgas hasta la falta de ratificación del Acuerdo de Escazú, se debilita la protección de defensoras y defensores ambientales. Recordar las muertes de Sergio Rojas y Jerhy Rivera refuerza la urgencia de visibilizar la protesta como un motor democrático, no como una amenaza.

Herramientas para el análisis electoral

Entre los principales aportes destacan:

  • Matrices de análisis para detectar trampas discursivas y beneficiarios reales de los proyectos.

  • Hoja de ruta socioambiental 2026, no solo como lista de reclamos, sino como horizonte de vigilancia y organización.

  • Estrategias de comunicación diversa, desde lo digital hasta el arte y el humor, para disputar sentidos frente al marketing político.

Más allá de las urnas

Los boletines concluyen que el poder real no se agota en el voto: la democracia y la justicia socioambiental se construyen cada día en los territorios, en la calle y en las comunidades. El proceso electoral es un escenario clave, pero no definitivo.

Boletines publicados

  • Boletín 1 (8 agosto 2025): Democracia y bienes comunes en disputa.

  • Boletín 2 (23 agosto 2025): Discursos verdes y desigualdades socioambientales.

  • Boletín 3 (29 agosto 2025): Criminalización de la protesta y organización social.

  • Boletín 4 (5 septiembre 2025): Hoja de ruta y comunicación política desde los territorios.

👉 Puede acceder al documento completo en el siguiente enlace:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/elecciones-2026-claves-socioambientales-para-una-lectura-critica-del-momento-electoral

Democracia en jaque: el Joker en las urnas

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) da a conocer su Documento de Trabajo N.° 15, titulado El Joker en las urnas: elecciones y desigualdad en sociedades polarizadas (septiembre 2025). Esta producción invita a reflexionar sobre los desafíos actuales de la democracia en contextos marcados por la polarización y la desigualdad.

La producción retoma la figura del Joker en la película El Caballero Oscuro como una metáfora provocadora que permite analizar fenómenos políticos contemporáneos. Más allá de un análisis cinematográfico, el documento establece un puente entre la ficción y la realidad, indagando en las razones por las cuales personajes que representan la rabia social, la ruptura de normas y el espectáculo del caos logran legitimarse en procesos electorales.

Entre los principales aportes, el texto destaca que la desigualdad y la polarización constituyen un caldo de cultivo para el surgimiento de candidaturas antisistema, pues la concentración de riqueza, las dinámicas de exclusión y la pérdida de confianza en las instituciones abren espacio a liderazgos disruptivos.

Asimismo, analiza lo que denomina el fenómeno del Joker político, es decir, figuras cuya fortaleza radica menos en la solidez de sus propuestas programáticas y más en la capacidad de canalizar el enojo social.

Se subraya también que el voto puede convertirse en una válvula de escape para el descontento ciudadano, aunque con el riesgo de alimentar ciclos de frustración que debilitan a las instituciones democráticas.

En esa línea, se propone una reflexión crítica y pedagógica que incorpora ejercicios prácticos y preguntas abiertas dirigidas a promover debates tanto en la academia como en espacios comunitarios y ciudadanos.

El documento incluye diversos elementos destacados. Entre ellos se encuentran ejercicios pedagógicos como el mapa causal de la desconfianza democrática, el ciclo de expectativas del voto disruptivo y el denominado semáforo democrático para valorar las candidaturas. También ofrece ejemplos internacionales que ilustran este fenómeno, con referencias a Donald Trump, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele y el Movimiento 5 Estrellas, a partir de los cuales se identifican patrones comunes de atracción hacia lo disruptivo.

Junto a estos insumos se formulan preguntas guía que invitan a la reflexión, entre ellas: ¿cómo distinguir entre candidaturas que fortalecen la democracia y aquellas que la socavan? y ¿qué papel juegan la educación cívica y la transparencia como antídotos frente al atractivo del caos?

En su análisis final, el documento plantea que las candidaturas tipo Joker deben entenderse como síntomas de democracias frágiles y que la respuesta no es culpabilizar a las personas votantes, sino reconocer y enfrentar las deudas sociales e institucionales que les dan legitimidad.

La relevancia de este material se potencia en el marco de las elecciones nacionales del 2026 en Costa Rica, momento en que la sociedad costarricense deberá afrontar dilemas propios de las democracias contemporáneas. El mayor valor del documento radica en que no se enfoca en juzgar las decisiones electorales de la ciudadanía, sino en comprender las condiciones estructurales que hacen posible el atractivo de opciones caóticas o autoritarias.

De este modo, se abre una invitación a la academia, a los movimientos sociales y a la ciudadanía en general a dialogar y construir alternativas democráticas que sean más sólidas, justas y sostenibles.

Puede acceder a la nota completa y descargar el documento en la página del Observatorio de Bienes Comunes UCR:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/democracia-en-jaque-el-joker-en-las-urnas/

Costa Rica respalda el plan de Trump para Gaza… ¿y la paz real?

El Gobierno de Costa Rica anunció su apoyo al Plan de 20 puntos de Donald Trump para Gaza y Medio Oriente, presentándolo como un paso hacia la paz. Pero ¿qué hay detrás de esta propuesta?

El Observatorio de Bienes Comunes analiza críticamente cómo el plan:

  • Reproduce lógicas coloniales que silencian la voz del pueblo palestino.

  • Establece una reconstrucción y gobernanza bajo tutela extranjera.

  • Jerarquiza vidas en un conflicto donde los más afectados son las mujeres e infancias de Gaza.

  • Pone en tensión la tradición pacifista histórica de Costa Rica.

Desde una mirada decolonial y educativa, exploramos por qué esta “paz” no garantiza justicia ni autodeterminación.

Lea el análisis completo y forme su propia opinión: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/cuando-la-paz-es-colonial-trump-impone-su-plan-para-gaza-con-el-reconocimiento-de-costa-rica/

En Guatuso la voz de las comunidades sonó fuerte en defensa del Río Frío que agoniza por extracción minera

Observatorio de Bienes Comunes

En Guatuso la voz de las comunidades volvió a sonar fuerte: durante la inauguración del nuevo puente sobre el Río Frío —con presencia del presidente— recordaron la gran ironía de celebrar una obra mientras el río agoniza por años de extracción minera.

“Queremos río, no cantera” fue el clamor en las mantas, defendiendo el agua, la pesca, la recreación y la vida”.

La lucha sigue: el Río Frío no es mercancía, es futuro. Más información aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/inauguran-puente-pero-el-rio-se-muere-comunidades-de-guatuso-se-manifiestan-por-el-rio-frio/

Vivamos la independencia haciendo conciencia: “Río Frío muere por causa del extractivismo y el dragado de sus humedales”

SURCOS comparte esta nota del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR

Este 15 de septiembre, mientras celebrábamos nuestras fiestas patrias, las comunidades de Guatuso se unieron para visibilizar la situación del Río Frío. Con una manta que decía ‘Vivamos la independencia haciendo conciencia: Río Frío muere por causa de extracción y dragado de sus humedales’, el Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro recordó que la independencia también significa proteger nuestros ríos y humedales.

Muchas personas de Guatuso se acercaron para conocer más sobre lo que está pasando, conversar con el grupo y mostrar su preocupación por la defensa del ecosistema. La minería y el dragado continúan afectando el cauce del río y la vida de los humedales de Caño Negro, un sitio Ramsar de relevancia mundial.

Juntos podemos crear conciencia y cuidar lo que nos da vida.

¡El Río Frío nos necesita!

Más información aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/en-el-dia-de-la-independencia-la-comunidad-de-maquengal-alza-la-voz-por-el-rio-frio/

 

El Río Frío pide auxilio

Con base a una producción del Observatorio de Bienes Comunes UCR, vecinas y vecinos de Guatuso alzaron la voz ante el presidente Rodrigo Chaves para denunciar la destrucción del Río Frío por la minería no metálica. Integrantes del Grupo de Defensa de la Cuenca del Río Frío – Caño Negro llegaron hasta el lugar con un mensaje claro: en Maquengal el Río Frío está siendo destruido.

Entregaron una denuncia pública con más de 150 firmas y una carta dirigida al mandatario, documentos en los que exigen detener las concesiones privadas de minería no metálica y atender el abandono institucional que agrava la crisis ambiental y social en la zona.

El Río Frío, que nace en el Parque Nacional Volcán Tenorio y alimenta los humedales de Caño Negro —sitio Ramsar de relevancia mundial—, ha sufrido erosión de riberas, desaparición de pozas, sedimentación, arrastre de árboles y pérdida de caudal, todo como resultado de la extracción intensiva de materiales. Las comunidades también denuncian que los daños se extienden desde Maquengal hasta las partes bajas del Río Frío, donde la situación se agrava por la contaminación con insumos y dragados.

Los impactos no se quedan en la naturaleza: la ganadería local se ha visto golpeada por la erosión de tierras, mientras que el turismo prácticamente desapareció. A esto se suma que se destruyó el acceso público al río utilizado por las comunidades para la recreación local, eliminando un espacio vital para la vida comunitaria y las economías locales.

Las comunidades se sienten excluidas de las decisiones sobre proyectos que cambian su territorio de raíz. Señalan que nunca han sido consultadas sobre las concesiones mineras, a pesar de que la Constitución Política (artículos 21, 46 y 50) garantiza el derecho a la vida, a un ambiente sano y a la protección estatal.

Se les invita a visitar la página para leer la nota completa en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/el-rugido-que-no-se-oye-comunidades-de-maquengal-denuncian-ante-el-presidente-la-agonia-del-rio-frio/

Talamanca: Municipalidad cobra permisos mientras la naturaleza se derrumba

El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR destaca: Las recientes actuaciones de la Municipalidad de Talamanca muestran un patrón preocupante: las clausuras y operativos en la zona costera no buscan frenar el daño ambiental, sino regularizar permisos y garantizar pagos. Esto confirma que la recaudación fiscal se ha convertido en el verdadero motor de la gestión municipal.

Casos como los ocurridos en Flor de China y Beach Break evidencian que, aun en terrenos públicos o con órdenes de demolición, basta con tener permisos al día para continuar construcciones que afectan playas, quebradas y humedales. En ninguno de los casos el enfoque estuvo en la conservación, sino en la formalidad del trámite.

El resultado es un modelo territorial que legitima construcciones ilegales y rellenos en ecosistemas frágiles, mientras se incrementa la presión inmobiliaria y turística. En la práctica, la naturaleza queda reducida a un requisito burocrático, relegada frente a los intereses económicos.

Puede leer la nota completa en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/municipalidad-cobra-permisos-mientras-la-naturaleza-se-derrumba/

Nosara defiende lo público

Observatorio de Bienes Comunes

Nosara recupera la voz: Sala IV exige proteger bienes comunales frente a apropiaciones privadas

La Sala Constitucional admitió un recurso de amparo contra el alcalde de Nicoya por no actuar en la defensa de 80 hectáreas de bienes comunales en el Proyecto Americano: calles, parques y zonas verdes que habían quedado en manos privadas.

El fallo ordena frenar cualquier obra que afecte esos espacios y avanzar en los trámites para devolverlos a la comunidad.

Este precedente no solo es importante para Nosara, sino para todo el país: reafirma que los bienes públicos son inalienables, imprescriptibles y pertenecen a todas las personas.

Lea más sobre el caso y sus implicaciones aquí: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/nosara-recupera-la-voz-sala-iv-exige-proteger-bienes-comunales-frente-a-apropiaciones-privadas/

Conversatorio en Talamanca: Mecanismos de compensación de emisiones de carbono bajo la lupa comunitaria

Comunidades indígenas de Talamanca profundizan en el debate sobre los mecanismos de compensación de emisiones de carbono y sus impactos en la autonomía territorial. El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha publicado un artículo que recoge el conversatorio realizado a petición de la comunidad de Alto Cohen.

En el conversatorio se analizaron en colectivo el Plan Ambiental Forestal Territorial (PAFT) y el Contrato de Reducción de Emisiones Forestales (CREF), destacando los cuestionamientos sobre consulta previa, soberanía y las condiciones impuestas por estos instrumentos.

La actividad reunió a personas líderes, mayores y vecinas de Alto Cohen, Barrio Escalante y del territorio bribri, con el fin de desmenuzar de manera colectiva los aspectos técnicos, legales y culturales de estos instrumentos, así como sus impactos en la autonomía comunitaria.

El PAFT es un requisito para que los territorios indígenas accedan a fondos internacionales destinados a la conservación de bosques bajo la iniciativa REDD+. Una vez aprobado, abre la posibilidad de suscribir un CREF, que formaliza la venta de servicios ambientales como la captura de carbono a cambio de financiamiento.

En Costa Rica, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), adscrito al MINAE, administra estos contratos y canaliza los recursos. Sin embargo, las cláusulas del CREF establecen restricciones estrictas sobre los usos del bosque y obligan a las comunidades a vigilar y sancionar actividades contrarias a lo pactado.

Durante el conversatorio se cuestionó la validez de los procesos de consulta que dieron origen a estos instrumentos. Voces comunitarias señalaron que la participación fue limitada, sin acceso pleno a información clara ni condiciones de traducción y contextualización cultural.

Esto ha generado conflictos internos y tensiones con las asociaciones de desarrollo que firmaron los contratos, en detrimento del derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el Convenio 169 de la OIT.

Las personas participantes coincidieron en que el financiamiento condicionado puede restringir usos tradicionales como la cacería, la agricultura y el aprovechamiento de madera, debilitando las formas históricas de gestión territorial de los pueblos bribríes y cabécares.

Para las comunidades, la conservación no puede desligarse de la soberanía sobre el territorio, ni reducir los bosques a meros “servicios ambientales” mercantilizados.

Otro punto de debate fue el rol de las asociaciones de desarrollo indígena, señaladas por tomar decisiones sin un mandato comunitario claro y por no garantizar transparencia en el manejo de los recursos. Se planteó la urgencia de democratizar la información y asegurar procesos amplios de socialización antes de suscribir cualquier acuerdo que afecte a los territorios.

Finalmente, se alertó sobre la incorporación de los PAFT y CREF en lo que se denomina falsas soluciones climáticas: mecanismos que permiten a empresas y países contaminantes comprar compensaciones, en lugar de reducir sus emisiones, mientras trasladan los costos y riesgos a las comunidades indígenas.

Para acceder a la información completa diríjase al siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/conversatorio-en-talamanca-mecanismos-de-compensacion-de-emisiones-de-carbono-bajo-la-lupa-comunitaria/

Escazú: El Plan Regulador y los mensajes en redes sociales y otros espacios

En Escazú circulan mensajes que buscan desinformar sobre el Plan Regulador y el papel de la ciudadanía en su construcción. El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica, busca aclarar estas versiones y defender la importancia de una participación ciudadana informada y activa.

Algunos de estos mensajes intentan reducir la participación vecinal a un trámite sin relevancia y desestiman el papel de la Comisión de Plan Regulador. Sin embargo, el manual del INVU señala de forma expresa que esta comisión es un espacio esencial para articular las voces de comunidades, autoridades locales y profesionales técnicos en la toma de decisiones.

También se han difundido afirmaciones que califican la oposición vecinal como “manipulada políticamente”, lo cual busca restar legitimidad a la voz ciudadana. Esto desconoce que la participación es un derecho fundamental y que la democracia local se construye escuchando y tomando en cuenta a la población en los procesos de planificación urbana.

En este sentido, se reafirma que fortalecer la democracia en Escazú requiere promover procesos abiertos, transparentes y respetuosos, donde la comunidad pueda expresar preocupaciones, señalar riesgos y reconocer beneficios, siempre en un marco de voluntariedad y con garantía de confidencialidad.

Le invitamos a leer el análisis completo en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/cuando-un-post-intenta-silenciar-a-la-ciudadania-el-debate-por-el-plan-regulador-de-escazu/