Mediante una nota diplomática enviada por Nicaragua dirigida al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 19 de diciembre, Nicaragua ha decidido suspender temporalmente las dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trabajan in situ desde el mes de junio del 2018 en su territorio.
En su larga misiva de 10 páginas (véase texto completo), Nicaragua deplora varias manifestaciones hechas por el Secretario General de la OEA y en varias partes, alude a la «falta de imparcialidad y objetividad» de los órganos a cargo de investigaciones in situ adscritos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos mandatos y marcos de acción fueron acordados en mayo del 2018 con las máximas autoridades nicaragüenses. La carta también hace referencia a expresiones del Secretario General en el marco de una reciente reunión que tuvo lugar en la sede de la OEA sobre la situación de los derechos humanos en Cuba (véase anuncio oficial), el pasado 7 de diciembre.
Nicaragua ha optado por declarar, con efectos inmediatos, la «suspensión temporal de la presencia y de las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI)«.
A su vez, da por expirado el plazo de 6 meses acordado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para constituir un Grupo de expertos encargados de documentar los hechos acaecidos entre el 18 de abril y el 30 de mayo en Nicaragua (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente o GIEI): véase comunicado de prensa del mismo GIEI de octubre del 2018 sobre la labor desplegada en Nicaragua por parte de sus integrantes. Nótese que la presentación oficial de un informe del GIEI estaba prevista para este 20 de diciembre en Managua (véase nota de prensa). El informe fue presentado en la sede de la OEA en Washington este viernes 21 de diciembre (véase texto completo del informe del GIEI de 458 páginas) en el que se lee, entre muchos otros puntos, que:
«La violencia desatada a raíz de la protesta social iniciada el 18 de abril, ha ocasionado un profundo daño a las familias, a las comunidades y a la sociedad nicaragüense. Ha dañado la convivencia, alterado la vida cotidiana y profundizado la polarización social. La violencia ejercida ha generado profundas huellas de dolor e indignación, que se entrelazan con las huellas dejadas por los enfrentamientos anteriores, y han producido el distanciamiento y la desconfianza de amplios sectores de la población con las instituciones del Estado. Las heridas serán muy difíciles de sanar si no se atiende de manera integral, con verdad, justicia y reparación, a las personas que han perdido a seres queridos, a las personas heridas que han quedado con secuelas incapacitantes; a las personas desaparecidas, las detenidas y las desplazadas; a todas las que han padecido la violencia y han sido agraviadas, así como aquellas que sufren de persecución y amenazas por ser sus familiares» (p. 359).
En unas líneas anteriores, se lee que:
«El GIEI considera que numerosos delitos cometidos en el contexto de la represión a las manifestaciones configuran delitos de lesa humanidad. Esto supone ciertas consecuencias, tales como la imprescriptibilidad, la imposibilidad de dictar normas de amnistía o similares que pretendan impedir los juicios o las condenas, la posibilidad de que intervengan tribunales de otros Estados en virtud del principio de competencia universal y hasta la eventual intervención de la Corte Penal Internacional, en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la CPI o de que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia en virtud del art. 12.3 el Estatuto de Roma» (página 358).
Es de señalar que esta carta de Nicaragua se envió a la máxima autoridad de la OEA el mismo día en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundió un comunicado de prensa titulado «CIDH denuncia agravamiento de la represión y el cierre de espacios democráticos en Nicaragua«, en el que, entre otros puntos, se lee que:
«La CIDH ha venido documentado un progresivo e incesante deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y del propio Estado de Derecho como consecuencia de la represión estatal a las protestas. En este contexto, y a ocho meses de iniciada la crisis en el país, la Comisión reitera su enérgica condena a la reacción estatal que ha derivado en la muerte de 325 personas y más de 2000 heridas; en más de 550 personas detenidas y enjuiciadas; en el despido de 300 profesionales de la salud y la expulsión de, al menos, 80 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)«.
(Véase texto completo del comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
En respuesta a la decisión de Nicaragua, el Secretario General de la OEA circuló un comunicado de prensa el mismo 19 de diciembre, titulado «Secretaría General de la OEA rechaza expulsión de GIEI y MESENI de Nicaragua» en el que se lee que: «La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechaza en los términos más categóricos la decisión del Gobierno de Nicaragua de expulsar del país al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)» (véase texto completo del comunicado de prensa). Nótese en la parte final de dicho comunicado que el Secretario General «responsabiliza públicamente al Gobierno de Nicaragua por la seguridad e integridad de los miembros del GIEI, del MESENI y de su personal de apoyo hasta que los mismos puedan abandonar el país«.
Foto extraída de nota de prensa de Naciones Unidas titulada «Nicaragua must end ‘witch-hunt’ against dissenting voices – UN human rights experts», del 9/08/2018
La inmediatez y la dureza de la reacción de Nicaragua al comunicado de prensa de la Comisión Interamericana, y a su vez, las del Secretario General a la misiva enviada por Nicaragua, evidencian la tensión máxima a la que se ha llegado y los riesgos de ruptura que ello conlleva. La contundencia de las conclusiones del GIEI sobre la responsabilidad de las autoridades de Nicaragua para encubrir y dificultar las investigaciones sobre los hechos de violencia acaecidos desde el 18 de abril no deja ninguna duda sobre la imperiosa necesidad de mantener en Nicaragua algún tipo de presencia internacional.
Más mesurado que el Secretario General, el Consejo Permanente de la OEA había adoptado por consenso el 5 de junio una resolución inicial sobre Nicaragua (véase texto); el 12 de setiembre del 2018, el mismo Consejo Permanente adoptó otra resolución sobre Nicaragua, cuyo voto exhibió cuán divididos permanecen los 33 Estados Miembros de la OEA sobre este tema, en particular los Estados de Centroamérica (véase breve nota nuestra al respecto publicada en DIPúblico).
En el marco universal, un informe sobre los mismos hechos de violencia en Nicaragua realizado por un equipo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y presentado en agosto del 2018 (véase informe) llevó a Nicaragua, 24 horas después de presentado, a dar por concluida la misión de Naciones Unidas en Nicaragua (véase nota nuestra al respecto).
Tal y como se puede apreciar, en el caso de Naciones Unidas, la estrategia de las autoridades de Nicaragua consistió en permitir que se presentara en Managua el informe, ordenando inmediatamente después la salida de los integrantes del equipo a cargo de elaborarlo; mientras que en el caso del GIEI, en el ámbito interamericano, se optó por evitar que fuera presentado el informe en Nicaragua, expulsando a sus integrantes 24 horas antes de la presentación oficial en Nicaragua de sus hallazgos.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Viendo los resultados de la votación en la asamblea de la Organización de Estados Americanos, más conocida por sus siglas como la OEA, no puedo evitar el pensar y el hacer comparaciones con aquella tristemente célebre X Conferencia de Caracas de la misma organización, efectuada en mayo de 1954, la que se había trazado como metas, bajo las pautas del entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, John Foster Dulles, la eliminación de los regímenes considerados como díscolos, no sé si se aplicaba entonces el término rogue states, a saber los siguientes: la Guatemala de Jacobo Árbenz Guzmán, nacida de la revolución democrática de 1944, la Argentina de Juan Domingo Perón y la Costa Rica de José Figueres Ferrer. Sucedió que, mientras la Guatemala de Árbenz intentó defenderse heroicamente por medio de su canciller Guillermo Toriello, los gobernantes de Argentina y de Costa Rica optaron por no hacerse presentes en el aquel espectáculo circense montando por los EEUU, en nombre de la “democracia” para acabar con la democracia guatemalteca, por cierto la única que ha conocido ese desdichado pueblo.
Es aquí donde viene a mi memoria lo que me contaba el químico Fernando Chaves Molina (1908-1997), un recordado amigo y dirigente del Partido Vanguardia Popular de entonces, a propósito de aquellos tristes días en la Caracas de 1954, durante la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, en la que se encontraba exiliado, al igual que otros calderonistas y comunistas, como consecuencia de pertenecer al bando derrotado durante la guerra civil o golpe de estado figuerista de 1948. Con el propósito de obligarlos a firmar una carta pública, pidiendo el derrocamiento del gobierno costarricense de José Figueres Ferrer, el régimen de Marcos Pérez Jiménez lo mantenían a él y a su hijo Luis Fernando(quien después llegó a ser un destacado académico en la Universidad de Los Andes, en la ciudad venezolana de Mérida) presos en una cárcel caraqueña, mientras ellos reiteraban su negativa, a pesar de su condición de exiliados políticos y adversarios de Figueres Ferrer, lo que me hace pensar en la coherencia y el agudo sentido político de los hombres de aquella generación, a diferencia de este ascenso de la insignificancia, parafraseando al filósofo y sociólogo griego Cornelius Castoriadis(1922-1997), en el que nos hayamos sumergidos en este cambio de siglo, donde las distinciones entre izquierda y derecha se han tornado irrelevantes, sobre todo por la complacencia, y la carencia de sentido de la realidad, por no decir de conservación, del que da muestras, casi diario, la primera de ellas. La obediencia que muestran hacia la agenda de Washington no puede ser más paradojal ¿será qué acaso ni siquiera se han percatado?, terminan así aceptando y adoptando las pautas que les da el diario español EL PAÍS, convertido ahora en el oráculo de las llamadas izquierdas.
En esta asamblea de la OEA los Estados Unidos lograron por fin, después de una década de esfuerzos, poner a los países latinoamericanos en su redil para demandar el derrocamiento del actual gobierno de Nicaragua, en un total contraste con lo ocurrido en aquella asamblea de la OEA que había tenido lugar en San Pedro Sula, Honduras, en abril o mayo de 2009, cuando casi por unanimidad se aprobó el regreso de Cuba al seno de esa organización, la entonces canciller de Honduras Patricia Rodas saludó ese acontecimiento, y pocos meses después su gobierno sería derrocado, con la complicidad del gobierno de Costa Rica y de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, la señora Hillary Clinton, el imperio no estaba para esa clase de juegos democráticos. Empezaba en la región la nueva era de los golpes blandos, sin sacar los tanques, ni los soldados de infantería a la calle.
Sin entrar a juzgar los recientes acontecimientos de Nicaragua, con su secuela de violencia sangrienta, dentro de lo que parecen los componentes de un guion preestablecido para derrocar a su gobierno, un régimen sobre cuya naturaleza he evitado pronunciarme, aún a riesgo de parecer alguien demodé para una buena parte de la intelligentzia progre de este país. Simplemente se trata del gobierno a odiar y a derrocar (Ay del que no se muestre lo suficientemente enérgico y entusiasta en sus muestras de odio hacia esos gobernantes, el totalitarismo mediático nos los recuerda, a cada instante), sin que se hagan investigaciones independientes sobre los hechos de violencia, especialmente sobre las lamentables muertes ocurridas, ya se decidió que sólo una de las partes era culpable, tenemos que aceptar lo que digan algunos, renunciando a nuestro juicio crítico y a la elemental prudencia política. Algunos actúan como si Guatemala, México, Honduras, Colombia, Perú, Paraguay y otros países que firmaron para denostar al régimen de Nicaragua tuvieran un prontuario limpio, cuando los ríos de sangre corren por allí, un día sí y otro no: nuestra insignificancia es tan grande que no logramos retener en la memoria algo que vaya más allá de cinco segundos en las imágenes de la TV, o de las redes sociales del siglo XXI, tal y como decía Castoriadis, hace poco más de veinte años.
Por ahora, nos queda flotando una pregunta: ¿cuándo en abril empezaron las protestas contra el gobierno de Nicaragua, por el tema de la seguridad social y otros, no era el momento para emprender una negociación seria con el gobierno de Daniel Ortega sobre una gran cantidad de temas?, ¿en vez de impulsar la violencia y los tranques por todo el país, no era el momento de ponerle un jaque mate a los gobernantes del país vecino, en vez de impulsar lo que a todas luces parece un golpe de Estado?, en ese momento el gobierno hubiera tenido que ceder casi en todas las demandas. Todo esto da la impresión de que la cultura democrática en Nicaragua es demasiado pobre e inexistente, un problema que aqueja a ambos bandos, por lo que un cambio de gobierno no resolverá lo esencial que está en juego en esta crisis: la falta de cultura democrática y de negociación en una sociedad, que tiene casi dos siglos de resolver todo mediante la violencia, en un marco donde los integrantes de las elites ponen al pueblo a pelear en las calles y en los campos, mientras ellos terminan acordando todo para su beneficio en sus cómodos sillones de las alturas. Ay Nicaragua, Nicaragüita tan querida, que termine ya este baño de sangre y se le abra camino a la verdad, como un primer paso, para que algún día tengan una democracia que sea algo más que una mera palabreja vacía.
Este miércoles 31 de mayo del 2017, la Organización de Estados Americanos (OEA) auspició una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros para examinar la situación imperante en Venezuela. La reunión concluyó con una falta de acuerdo entre los presentes sobre el texto final a adoptar, posponiendo (por consenso) la reunión a una futura fecha sin mayor precisión, ello después de cuatro horas. Se trata de un esfuerzo diplomático para intentar encontrar una salida política a la crisis que se polariza con el paso del tiempo en Venezuela y que ya contabiliza 62 muertes.
El desafío era mayor que en ocasiones anteriores, al tratarse de la máxima instancia de la OEA, y al tener lugar pocas semanas después del anuncio por parte de Venezuela de retirarse definitivamente de la OEA (cuyo procedimiento se formalizó el pasado 27 de abril del 2017).
¿Cómo explicar lo ocurrido? Es lo que se intentará responder en las líneas que siguen, a partir de algunos datos sobre este tipo de reuniones al más alto nivel que generan usualmente una gran expectativa pero cuyo éxito depende de la habilidad política de quiénes las convocan. Premura y torpeza diplomática son usualmente hábilmente aprovechados por quiénes objetan este tipo de convocatoria, tal y como lo veremos a continuación. En este caso no obstante, otros elementos también deben ser considerados, ya que para muchos Estados, cualquier iniciativa debe necesariamente contar con la anuencia de Venezuela.
La Reunión de Consulta en el seno de la OEA
¿Qué es una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores? Los artículos 61 a 65 de la Carta de la OEA (véase texto) preven las reglas vigentes con relación a su funcionamiento. Toda decisión que se apruebe debe adoptarse sea por consenso, sea con un voto que reúna 23 votos necesarios (las dos terceras partes de los 34 Estados Miembros). Se lee en el mismo sitio de la OEA (véase enlace oficial) que:
«La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores se celebra con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos, y para servir de Órgano de Consulta. Cualquier Estado Miembro puede pedir que se convoque la Reunión de Consulta. La solicitud debe dirigirse al Consejo Permanente de la Organización, el cual decide por mayoría absoluta de votos si es procedente la Reunión».
Como se puede leer, «urgencia» e «interés común» son nociones que responden a apreciaciones por parte de cada Estado con relación a una determinada situación. La facultad de solicitar la convocatoria recae en un Estado. En el caso de Venezuela, la convocatoria a esta reunión fue decidida, en aplicación del artículo 62 de la Carta, por un voto: 18 a favor, uno en contra (Nicaragua), 13 abstenciones (incluyendo la de Costa Rica) y 2 ausencias (véase nota de prensa con detalle del voto acaecido el pasado 15 de mayo). Costa Rica se abstuvo debido a que se pospuso la fecha inicial proyectada del 22 de mayo al 31 de mayo, según explicó su representante ante la OEA al externar su «profunda decepción» y las dificultades de su canciller para viajar a Estados Unidos en la fecha del 31 de mayo (véase nota de La Nación).
La encargada de negocios de Costa Rica en Venezuela (Costa Rica no cuenta con Embajador en Caracas desde mayo del 2014) fue llamada a consultas a San José al iniciar el mes de mayo del 2017 (véase nota de prensa), días después de anunciarse en Venezuela la convocatoria a una Asamblea Constituyente por parte de su Presidente. No se tiene información sobre algún otro Estado de América Latina que carezca de un embajador en Caracas (y se agradece desde ya a nuestros estimables lectores proporcionarnos alguna información al respecto).
En este enlace oficial de la OEA se reseñan las diversas Reuniones de Consulta efectuadas desde 1939: nótese la mención «documento reservado» que acompaña los dígitos de algunas de las actas o memorias.
La actual jefa de la diplomacia venezolana y el Secretario General de la OEA, abril del 2017. Foto extraída de artículo de La Nación (Costa Rica) del 27 de abril del 2017.
Venezuela y la OEA en los últimos meses
Cabe recordar que el pasado 26 de abril del 2017, el Consejo Permanente de la OEA adoptó una resolución en ese sentido: véase texto del Documento CP/RES. 1079 (2111/17) reproducido al final de esta nota (Documento 1 en español). El 3 de abril, una memorable tarde vivida en el Consejo Permanente, con la presencia de la canciller de Argentina y del vice canciller de Costa Rica, concluyó con la adopción de una resolución, luego de la salida de la sala de los delegados de Venezuela y de Bolivia, ante una maniobra consistente en otorgar la dirección del debate a Honduras en vez de la Presidencia de turno del Consejo Permanente, a saber Bolivia (véase breve nota nuestra al respecto). Anterior a ello, el 23 de marzo del 2017, una declaración conjunta suscrita por Estados Unidos, Canadá y 12 Estados de América Latina sobre la situación en Venezuela circuló en la que se lee que los firmantes de la misma «reiteramos nuestra disposición a colaborar con el pueblo y el gobierno de Venezuela en todo aquello que pueda contribuir a una solución de los desafíos políticos, económicos y sociales en ese país y nos mantendremos atentos a los esfuerzos para abordar estos desafíos durante las próximas semanas, a fin de considerar los próximos pasos necesarios» (véase texto reproducido por DIPúblico).
Ante lo ocurrido el 26 de abril en el Consejo Permanente de la OEA, el 27 de abril del 2017, Venezuela inició formalmente el trámite de denuncia de la Carta de la OEA suscrita en 1948, convirtiéndose en el primer Estado Miembro de la OEA en acudir a esta figura que prevé el derecho de los tratados y consagrada como tal en la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados (véase nota de prensa). En este enlace se puede leer la nota oficial de Venezuela con fecha del 27 de abril del 2017 detallando las razones que fundamentan su decisión.
La Reunión de Consulta como instancia suprema
Los diversos documentos oficiales de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada este 31 de mayo están desde ya disponibles en este enlace. Es una pena que no estén en línea los diversos discursos pronunciados por los cancilleres presentes: salvo algunas excepciones, todos leyeron un texto que ameritaría poder ser revisado concluida la reunión. De particular interés resulta el punto de saber, entre otros, quiénes aludieron expresamente a la Carta Democrática de la OEA adoptada en el 2001, exigiendo aplicarla en el caso de Venezuela (y quiénes evitaron mencionarla esta vez). Recordemos que en junio del 2016, un proyecto de resolución sobre Venezuela refiriendo a la Carta Democrática concluyó con una resolución del Consejo Permanente de la OEA omitiendo toda mención a este instrumento interamerciano (véase nuestra breve nota al respecto con ambos textos reproducidos).
Una Reunión de Consulta puede analizarse desde diversas perspectivas. Para muchos, es la cita política de mayor importancia y relieve dentro de la OEA y la medición de fuerzas que en ella se da es seguida con mucha atención. Agotada esta vía, no queda ninguna de mayor alcance a la que se pueda acudir.
En una declaración dada por el portavoz del Secretario de Estado de Estados Unidos 24 horas antes de la cita, se lee que Estados Unidos «anticipaba» desde ya una participación «robusta«.
«As to the participation level, I think many countries are still accrediting representatives, so I think it’s too early to worry about the number you mentioned. And we’re anticipating quite robust participation. We’ve already got many or most of the leading foreign ministers in the region coming» (véase texto completo).
Políticamente, se trata en efecto de convocar a los cancilleres de todo el hemisferio americano, una meta raramente alcanzada en la historia reciente. Enviar a un canciller desde su capital no es igual a enviar a su subalterno (vice canciller) o a un embajador. En ese sentido, la presencia física de los ministros reflejó el apoyo a la iniciativa. Los cancilleres acreditados que se hicieron presentes fueron en total 19, a saber los de Argentina, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Santa Lucía (véase listado de jefes de delegación). Como previsto, Estados Unidos no envió a su Secretario de Estado: raramente recorre los pocos bloques que separan su oficina de la sede de la OEA en Washington.
Se ignoraba si Venezuela optaría por enviar a su canciller o si escogería no enviar delegación alguna en señal de protesta. A pocas horas de iniciar la cita, Venezuela anunció que sí acudiría (véase nota de El Mundo). Finalmente, la silla de la delegación venezolana permaneció vacía durante toda la reunión.
Luego de los discursos de rigor, en los que se pudo medir la percepción de cada Estado de la situación imperante en Venezuela (con un interés marcado por lo expresado por el representante de Brasil, recientemente objeto de un comunicado conjunto de dos órganos de derechos humanos rechazado vehementemente por el Palacio del Itamaraty- véase nota), la cita debió consensuar alguna decisión. En materia resolutiva, circularon dos borradores de resolución, tal como lo informó la prensa en estos días (véase nota El Universal): se trataba de un proyecto de resolución presentado conjuntamente por Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá (véase texto al final de esta nota Documento 3 en inglés) y por otro lado, de un borrador de resolución presentado por Antigua y Barbuda. Un tercer borrador propuesto por el CARICOM el mismo día de la reunión fue presentado, al tiempo que Antigua y Barbuda anunció cuando tomó la palabra el retiro de su texto, inclinándose por la propuesta del CARICOM (Documento 2 en inglés). Al comparar a ambos documentos reproducidos al final (Documentos 2 y 3), el lector podrá apreciar que uno de ellos aún contiene citas no definitivas e indicaciones de Estados a consultar para ciertos párrafos, evidenciando la premura con la que se presentó.
Como bien se sabe, los 13 Estados anglófonos del Caribe suelen a veces tomar sus distancias con relación a iniciativas provenientes de los Estados de América Latina.
De última hora, también circuló la idea de establecer un «grupo de contacto» para mediar entre las autoridades venezolanas y la oposición (véase cable de EFE recogido en El Periódico). Al final, y luego de una larga suspensión en aras de encontrar un consenso, se debió reconocer falta de acuerdo y concluyó la cita.
Se ignora si el Departamento de Estado «anticipó» también la perfecta coordinación de los Estados del CARICOM en lo que pareciera ser una hábil estrategia diplomática previamente definida: una propuesta inicial de un solo de sus integrantes, permitiendo desviar la atención para luego presentar en bloque un solo texto el mismo día de la reunión. Diplomáticamente, la maniobra merece mención, y sorprende que haya sorprendido a algunos. Es probable que los recortes presupuestarios anunciados por parte del nuevo Presidente de Estados Unidos al Departamento de Estado estén empezando a surtir sus efectos.
Presencia de cancilleres en citas similares
En agosto del 2012, a raíz del tono y de la actitud de las autoridades del Reino Unido con relación al asilo diplomático concedido a Julian Assange en Londres, Ecuador había solicitado una urgente Reunión de Consulta (véase documentos oficiales aprobados): esta cita, objetada por Estados Unidos y Canadá, se realizó con la presencia de 12 cancilleres, un Vice canciller (Guatemala) y los demás 20 delegados. Los Estados que enviaron a su canciller a la cita fueron Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (véase nota en este mismo sitio al respecto): un mensaje claro de solidaridad con Ecuador enviado al Reino Unido sobre la imperiosa necesidad de respetar una institución como el asilo diplomático, la cual encuentra sus orígenes en… América Latina.
Nótese que la última Reunión de Consulta convocada por Costa Rica (véase nota de La Nación) se realizó en diciembre del 2010, con relación a la ocupación ilegal de Isla Portillos por parte de Nicaragua detectada en octubre del 2010: en aquella ocasión (véase documentos oficiales aprobados), de 34 posibles ministros asistiendo a la cita, solamente la presenciaron dos cancilleres (incluyendo en esta cifra al canciller René Castro Salazar de Costa Rica).
Mapa de Google Earth usado por Eden Pastora en octubre del 2010 para ubicarse en el extremo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y exacavar un caño artificial en Isla Portillos (izquierda). A la derecha, mapa corregido por Google Earth en noviembre del 2010. Figura extraída de esta breve nota nuestra.
En el caso de la Reunión de Consulta solicitada por Ecuador a raíz de la incursión de un comando militar colombiano en su territorio, celebrada en marzo del 2008 (véase documentos oficiales aprobados), asistieron a la cita 16 cancilleres y 3 vicecancilleres (Costa Rica, Estados Unidos y Perú) (véase información disponible aquí): en este enlace se encuentran disponibles los diversos informes realizados de previo a dicha cita, relacionados a la profunda crisis diplomática causada por la denominada «Operación Fénix» ordenada por las autoridades militares colombianas. Nótese que la información contenida en una de las computadoras incautada perteciente a Raúl Reyes fue trasladada por Colombia a las autoridades de Costa Rica con datos muy precisos sobre las relaciones de las FARC en Costa Rica. Ello llevaría, luego de algunas declaraciones anticipadas, a destituir al Ministro de Seguridad de Costa Rica pocos días antes de su esperada comparecencia ante una Comisión del Poder Legislativo (véase nota de prensa).
Últimos altercados de Venezuela con Estados de América Latina
Con respecto a las relaciones de Venezuela con los demás Estados de la región latinoamericana, al iniciar el mes de marzo del 2017, las diplomacias peruana y venezolana intercambiaron fuertes comunicados de prensa a raíz de declaraciones consideradas ofensivas por parte de Perú hechas por la jefa de la diplomacia venezolana (véase nota de este mismo sitio).
Hace pocos días, Venezuela reaccionó airadamente a un inédito comunicado de Honduras en el que se lee «es crucial mayor derramamiento de sangre» en Venezuela (sic.): véase nota de prensa sobre la protesta de Venezuela con texto – a todas luces inusual – de Honduras y esta nota con fotografía del texto de Honduras reproducida. El diplomático hondureño responsable de la redacción del texto fue removido días después (véase nota de prensa): nótese, a diferencia de lo que ocurre con comunicados de prensa redactados de manera bastante precipitada, la gran rapidez con la que las autoridades de Honduras procedieron a destituir al agente diplomático responsable de este extraño comunicado circulado por su legación diplomática en Belice.
El último cruce de comunicados oficiales entre Venezuela y Costa Rica remonta a los primeros días del año 2016 (véase texto de ambos comunicados precedidos de nuestro breve análisis publicado en el sitio jurídico de Ius360).
A modo de conclusión
No cabe duda que la crisis política en Venezuela es objeto de una particular atención por parte de la comunidad internacional y de los medios internacionales desde varios años. En los últimos meses, los acontecimientos violentos y las muertes ocurridas durante las manifestaciones han recrudecido dicha atención: los diversos llamamientos a la cordura y a una actitud más conciliadora por parte de algunos sectores en Venezuela no han aún logrado encontrar eco alguno. Durante esta nueva cita en la OEA, los diplomáticos exhibieron en algunos casos un vocabulario muchos más acorde a los usos y a los protocolos vigentes, en aras de acordar algún mecanismo más efectivo de diálogo político en Venezuela y algún acompañamiento a este. Otros, por el contrario, aprovecharon el espacio para lanzar duras críticas a las autoridades de Venezuela, lo cual no fue objeto de ninguna reacción ante el vacio persistente de la silla de la delegación venezolana.
El desafío consistió para muchos en cambiar de tono en aras de intentar recobrar la confianza que Venezuela pareciera haber perdido por completo en esta entidad hemisférica. Como todo desafío, algunos lo lograron, otros no.
Es posible que lo escuchado por parte de varios delegados a la cita sea usado en Venezuela para confirmar el distanciamiento con la OEA, contribuyendo a reactivar los esfuerzos de otros foros regionales tales como la UNASUR, la misma CELAC, o inclusive, alguna iniciativa proveniente de los Estados del CARICOM.
DOCUMENTO 1
CP/RES. 1079 (2111/17)
CONVOCATORIA A UNA REUNIÓN DE CONSULTA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES PARA CONSIDERAR LA SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
(Aprobada por el Consejo Permanente en la sesión extraordinaria celebrada el 26 de abril de 2017)
EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,
CONSIDERANDO la creciente preocupación de los Estados Miembros de la OEA ante la situación en la República Bolivariana de Venezuela;
TENIENDO EN CUENTA lo establecido en el Artículo 61 de la Carta de la Organización de Estados Americanos sobre la posibilidad de convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar problemas de carácter urgente y de interés común;
RESUELVE:
Convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar el tema “Situación en la República Bolivariana de Venezuela”.
DOCUMENTO 2
PROPUESTA DE RESOLUCION PRESENTADA POR EL CARICOM, RC19/Doc.2917
DRAFT DECLARATION ON THE SITUATION IN THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
THE TWENTY-NINTH MEETING OF CONSULTATION OF MINISTERS OF FOREIGN AFFAIRS,
Reiterating its commitment to the principles of non-interference and of non-intervention as set forth in the Charter of the OAS, as well as to representative democracy which is essential to the stability, peace, and development of the Region.
REAFFIRMING that the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms is a basic condition for the existence of a democratic society.
RECOGNIZING that the OAS is an organization of nations that share principles and values constructed collectively to which Venezuela has contributed since the Organization’s inception, including the principles of state sovereignty and independence, as enshrined in Article 3 of the Charter of the OAS
EXPRESSING:
Its friendship and solidarity with the Venezuelan people and its conviction that it is up to the Venezuelans to find their own solutions to the current situation with facilitation and support from the international community.
Its deep concern regarding the political, economic, and social situation in Venezuela, in particular the increase in violence and polarization between the government and the opposition.
The urgent need to put in place a renewed process of dialogue and negotiation, with the full participation of all political actors, based on the principle of good faith.
CALLS FOR:
The immediate cessation of violence and hostilities committed by any of the parties, especially those that could cause injury or loss of life.
The establishment of concrete plans for the restoration of peace and stability as soon as possible.
Absolute respect for human rights, the rule of law and the constitutional processes of Venezuela.
All parties to commit to engage in a renewed dialogue and negotiation leading to a comprehensive, political agreement with established timetables, concrete actions and guarantees to ensure its implementation for the wellbeing of the nation.
The Government of Venezuela to reconsider its decision to withdraw from the OAS.
DECLARES:
The willingness of member states to offer their help in meeting the serious challenges facing Venezuela, as may be requested by the Government of Venezuela.
Its willingness to establish a group or other mechanism of facilitation to support a renewed dialogue and negotiation between the government and opposition in Venezuela, and to accompany and promote the timely implementation of the parties´ commitments.
Its willingness to remain seized of the situation with due regard to the principles earlier enunciated
DOCUMENTO 3
DRAFT DECLARATION ON THE SITUATION IN THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
(Presented by the Permanent Missions of Peru, Canada, United States, Mexico, and Panama)
THE TWENTY-NINTH MEETING OF CONSULTATION OF MINISTERS OF FOREIGN AFFAIRS,
REITERATING its commitment to representative democracy, which is essential for the stability, peace, and development of the region, as well as to the principles of non-intervention and solidarity, as set forth in the Charter of the Organization of American States (OAS).
REAFFIRMING that the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms is a basic condition for the existence of a democratic society.
RECOGNIZING that the OAS is an organization of nations that share principles and values constructed collectively to which Venezuela has contributed since the Organization’s inception, we invite Venezuela to reconsider its decision to withdraw from it.
EXPRESSING:
Its deep concern regarding the deterioration of the political, economic, and social situation in Venezuela, in particular the increase in violence and polarization between the government and the opposition, as well as the need to address the humanitarian situation in the country.
(Its concern regarding the interruption of the democratic order, and) (PAR), The urgent need to put in place a new process of dialogue and negotiation, with the full participation of all political actors, based on the principle of good faith, in order to establish concrete plans for the peaceful restoration of the democratic order as soon as possible.
Its friendship and solidarity with the Venezuelan people and its conviction that it is up to the Venezuelans to find their own solutions to the current situation with facilitation and support from the international community, (as requested by the parties by mutual agreement).
(AYB) CALLS FOR:
The immediate cessation of violence and hostilities committed by any of the parties, especially those that could cause injury or loss of life.
Absolute respect for human rights and the rule of law.
A halt to the convocation of a National Constituent Assembly as presently conceived.*
The cessation of arbitrary detention, respect for the due process of law, and the suspension of trials of civilians by military tribunals.*
The fulfilment of the commitments undertaken by the parties, made by the Working Groups during the previous process of national dialogue, with regard to the liberation of political prisoners, respect for the constitutional powers, and the establishment of an electoral calendar with the presence of international independent electoral observers.*
All parties to commit to a new process of dialogue and negotiation leading to a comprehensive, political agreement with established timetables, concrete actions and guarantees to ensure its implementation for the well being of the nation.
The government of Venezuela to seek international humanitarian assistance
DECLARES:
The willingness of member states to offer their help in meeting the serious challenges facing Venezuela, including steps to provide humanitarian assistance, as may be requested, with support of organizations specialized in this area, and their readiness to establish a humanitarian support group for that purpose.
Its willingness to establish a group or other mechanism of facilitation to support a new process of dialogue and negotiation between the government and opposition in Venezuela, and to accompany and promote the timely implementation of the parties´ commitments.
Its intention to remain seized of the situation.
*In consultation by the delegation of TT
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Foto extraída de artículo de prensa sobre la inauguración de la Asamblea General de la OEA en República Dominicana en junio del 2016.
Durante la sesión de inauguración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos realizada el pasado Lunes 13 de junio del 2016, en Santo Domingo, el Presidente Danilo Medina de República Dominicana sorprendió a algunos en su discurso de bienvenida (ver texto del discurso en boletín de la Presidencia de República Dominicana). Leemos en efecto que el Presidente señaló, entro otras cosas, que: «En nombre del pueblo dominicano y en el mío propio, les propongo a todos ustedes que durante este período ordinario de sesiones, se apruebe una resolución de desagravio a la República Dominicana por el rol desempeñado por la OEA durante la Revolución de Abril de 1965” /…/ “Tengo el convencimiento de que este es el mejor momento y el más apropiado lugar para llevar a cabo este acto de justicia, verdad y reconciliación”.
La OEA y las intervenciones en Estados Miembros
Como se recordará, la OEA ha jugado un papel bastante cuestionable en el pasado ante intervenciones en uno de sus Estados Miembros. En este análisis de la profesora Sonia Alda Mejías (IUGM), se lee que «la organización no se manifestó ante la intervención norteamericana en Guatemala, en 1954, ni respecto a la invasión de Playa Girón en 1961 y sin embargo respaldó el bloqueo económico y las sanciones diplomáticas a Cuba (de acuerdo al art. 6 del TIAR) y aprobó en 1965 la constitución de las Fuerzas Interamericanas de Paz en República Dominicana de acuerdo a las directrices norteamericanas». Sobre estas últimas, y el envío de 42.000 efectivos militares norteamericanos a República Dominicana, referimos al lector a este estudio en inglés (en particular páginas 41 y subsiguientes) realizado por dos oficiales norteamericanos, Major Jack K. Ringler (USMC) y Henry I. Shaw (Jr): en las conclusiones, ambos autores indican, entre varias lecciones futuras operaciones militares norteamericanas (página 54) que:
«The second lesson is the fact that this was not primarily a military combat action in the traditional sense, but a political-military operation, with certain restrictions being placed upon the military commanders, putting them at a tactical disadvantage. U.S forces had the clearly identifiable mission during the initial days of the crisis of protecting and evacuating U S and foreign nationals. This was to change later as political considerations created by U.S. and OAS policies clouded their mission. Military commanders, both on the scene and those in high positions in Washington, had to be prepared to exercise judgment in both military and political fields. It became apparent that military commanders, in addition to being competent in their own military fields, have to be prepared to take on the trappings of a diplomat».
En el mes de abril del 2015, con ocasión de la puesta a disposición al público por parte del National Security Archive (NSA) de conversaciones telefónicas del Presidente de Estados Unidos de aquella época, se leyó que: “President Lyndon Johnson regretted sending U.S. troops into the Dominican Republic in 1965, telling aides less than a month later, «I don’t want to be an intervenor,» according to new transcripts of White House tapes published today (along with the tapes themselves) for the first time by the National Security Archive at George Washington University” (ver nota de NSA del 28/04/2015 con diversas grabaciones de gran interés para historiadores y para las actuales autoridades de República Dominicana).
Una inédita solicitud
Es probablemente la primera vez en la historia que un Jefe de Estado exigió públicamente a la OEA en un discurso de bienvenida reconocer sus errores por avalar intervenciones pasadas en abierta violación al principio de no intervención en asuntos internos proclamado por… la misma Carta de la OEA de 1948. Tratándose, en este caso, del Estado que hospedó a la reunión anual de tres días de los demás Estados Miembros de la OEA, la solicitud difícilmente pudo ser eludida por estos últimos. Cabe recordar que en agosto del 2015, el actual Secretario General de la OEA, se había manifestado en ese sentido (ver nota de prensa). En esta otra nota de prensa se lee que para el máximo representante de la OEA:
«Es imprescindible que la OEA cumpla con los postulados fundamentales y asumir posiciones históricas y postular para que hechos del pasado no ocurran nunca más y asumir la verdad, no para reparar el pasado sino como legado de las generaciones venideras. Es por eso que como secretario general deploro los actos de la organización que validaron en 1965 la invasión en la República Dominicana y la intervención en este país».
La solicitud del Presidente Danilo Medina esta vez se dirigía a los 34 delegados de los Estados Miembros de la OEA, entre los cuales se contabilizaban 27 Ministros (ver listado detallado de los jefes de delegaciones presentes en Santo Domingo esta semana).
La propuesta oficial de República Dominicana a la Asamblea General de la OEA
El 14 de junio, una propuesta de resolución fue circulada por la delegación de la Republica Dominicana a los demás delegados presentes en la cita anual de la OEA. Se trataba de un texto muy breve y bastante preciso en cuanto a su objeto, que se leía como sigue:
«RECONOCIENDO que en el proceso histórico de la segunda mitad del siglo XX la República Dominicana fue objeto de acciones llevadas a cabo durante la Revolución de Abril de 1965, y específicamente aquellas que en ese marco ejecutó la Organización de Estados Americanos (OEA), que produjeron perturbación y luto y una indignación todavía presente en la población;
ADMITIENDO la responsabilidad histórica de haber dado su respaldo a procedimientos y acciones bélicas en pugna con los principios de No Intervención y de Respeto a la Soberanía establecidos estutariamente en la Carta de la OEA;
RESUELVE
Expresar al pueblo dominicano su pesar por haber respaldado, en 1965, la invasión de su territorio y el atropello de su soberanía, solicitar su comprensión, pedir disculpas por el error histórico cometido y a la vez condolerse por las víctimas ocasionadas, asumiendo el compromiso de trabajar en procura de que acciones semejantes no se repitan en el futuro».
La versión en inglés de la misma propuesta dominicana de resolución se leía de la siguiente manera:
RECOGNIZING that in the historical process of the second half of the 20th century, the Dominican Republic was the object of actions carried out during the Revolution of April 1965, and specifically of those carried out by the Organization of American States (OAS) in that context, which produced disruptions and mourning and an indignation that is still felt among the population;
ADMITTING its historical responsibility in backing belligerent procedures and actions in contravention of the statutory principles of nonintervention and respect for sovereignty enshrined in the Charter of the OAS,
RESOLVES:
To express to the people of the Dominican Republic its regret at having backed, in 1965, the invasion of its territory and the violation of its sovereignty; to request their understanding; to apologize for the historical error committed; and, at the same time, to express its condolences toward the victims and to assume the commitment of working to ensure that similar actions are not repeated in the future».
Por parte de la Presidencia de República Dominicana, se indicó en un comunicado de prensa sobre esta propuesta que: «La declaración propuesta por la delegación dominicana y de la que se aspira cuente con el firme apoyo de las delegaciones de los 34 países miembros del organismo multilateral, es cónsona con el pedido que hiciera el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, durante el acto inaugural de la reunión plenaria de la OEA en el Teatro Nacional, en presencia del secretario general del organismo, Luis Almagro».
La respuesta oficial de la Asamblea General de la OEA a República Dominicana
Pese a las aspiraciones presidenciales, el texto adoptado sufrió sustantivas modificaciones con relación al inicialmente propuesto por sus autores. El 15 de junio, es decir 24 horas después de circular su texto la diplomacia dominicana, la Asamblea General de la OEA aprobó una resolución (ver texto completo al final de esta misma nota en ambos idiomas) en la que hace referencias a los «acontecimientos» de 1965, sin mayor precisión. En su parte resolutiva se indica que la Asamblea General:
«DECLARA:
Lamentar la pérdida de vidas humanas y expresar al pueblo dominicano las condolencias de la Organización.
Desagraviar al pueblo dominicano por las acciones de abril de 1965 que interrumpieron el proceso de restablecimiento del orden constitucional en la República Dominicana.
Reafirmar los principios del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la OEA.»
Nótese la inversión realizada entre considerandos / parte resolutiva con respecto a la propuesta inicial de República Dominicana. De igual manera, es de señalar la ausencia de toda referencia a la «invasión» o a la «intervención», así como al aval dado a esta por la misma OEA en 1965. Como previsible, el texto adoptado por la OEA dista mucho de las palabras pronunciadas por parte del Presidente dominicano en su alocución inaugural (cuyos extractos a continuación reproducimos) y de la propuesta inicial de sus diplomáticos.
Conclusión
A diferencia de lo que dejaron entender algunos titulares recientemente leídos ( como por ejemplo, entre muchos otros, “La OEA emite declaración de desagravio por la invasión de abril de 1965” – ver nota de Diariolibre– o bien “OEA aprueba desagravio por invasión de EE.UU. en R. Dominicana” – ver nota de TelesurTV- ), el texto de la resolución adoptada por la Asamblea General de la OEA es bastante omiso. Una búsqueda rápida colocando « desagravio, OEA, República Dominicana, invasión » ilustra la cantidad de titulares de prensa que asociaron estas cinco palabras sin revisar en detalle el texto aprobado. Se lee en el matutino Le Monde de Francia (ver nota del 17/06/2016 ) por ejemplo, entre muchos otros rotativos poco o mal informados, que:
“Enfin, à la demande du pays hôte, l’assemblée générale a approuvé à l’unanimité une déclaration d’excuses au peuple dominicain pour l’appui apporté par l’OEA à l’intervention militaire des Etats-Unis en faveur des putschistes lors de la guerre civile de 1965 ».
El contenido de esta frase no encuentra mayor asidero si uno se toma el tiempo de leer la resolución (bastante corta) aprobada por la Asamblea General de la OEA.
Sobre este preciso punto, llama poderosamente la atención el hecho que analistas, editorialistas y medios de prensa, así como corresponsales de prensa, no se hayan interesado mayormente por comparar la resolución al texto inicial presentado por la diplomacia dominicana. A diferencia de los titulares de prensa que circularon a penas adoptada, la resolución no reconoce responsabilidad alguna de la OEA por avalar la “intervención” o “invasión” de 1965, términos convenientemente eliminados y sustituidos por “acontecimientos” pero retomados en todos los titulares de prensa.
Esta resolución de la OEA puede evidenciar la dificultad para República Dominicana de contar con apoyos certeros a su solicitud, que hubieran podido ser de gran ayuda para lograr un texto mucho más cercano a su iniciativa original. Es también posible que la presentación tardía de su propuesta de resolución haya influido en ello. Este ejercicio diplomático también pone en evidencia el extremo cuido con el que algunas delegaciones en la OEA pusieron a trabajar a sus diplomáticos en aras de lograr revisar una y otra vez el contenido original del texto de República Dominicana. Ello con el objetivo de omitir algunos términos, responder de forma muy diplomática a la solicitud dominicana sin reconocer responsabilidad alguna de la OEA, y garantizar una adopción por consenso entre las 34 delegaciones presentes durante la Asamblea General.
Desde el punto de vista diplomático, la habilidad de la maniobra merece ser señalada; desde el punto de vista mediático, el detalle pasó desapercibido o casi, confirmando la habilidad antes referida.
¿Cuáles fueron las delegaciones más incomodadas por el texto inicial propuesto por República Dominicana, pero no menos influyentes a la hora de revisarlo con los demás 34 delegados? ¿Cuáles fueron las que segundaron sin mayor objeción la eliminación de ciertos términos, y las que la aceptaron con algún tipo de reserva? ¿Cuál habrá sido la posición de República Dominicana durante ese intenso ir y venir de versiones del texto? No se dejó registro alguno de estas negociaciones, nada se dejó entrever, y sería muy oportuno que la diplomacia dominicana los recuperara.
En efecto, es posible que asistamos a un ejercicio muy similar: esta vez con 33 delegaciones oficiales que se harán presentes en el marco de la próxima cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe) a realizarse en el 2017 en República Dominicana.
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Documento 1
Extractos del discurso (ver texto completo) del Presidente de República Dominicana:
«Para que esta organización pueda jugar este papel tan vital en nuestro futuro, es necesario también que volvamos la vista con actitud reflexiva y autocrítica hacia el pasado de la propia OEA. Por eso, en nombre del pueblo dominicano y en el mío propio, les propongo a todos ustedes que durante este período ordinario de sesiones, se apruebe una resolución de desagravio a la República Dominicana por el rol desempeñado por la OEA durante la Revolución de Abril de 1965.
Como ustedes recordarán, mi país sufrió una invasión que en aquel momento fue legitimada por uno de los mecanismos de la OEA. Esta invasión abortó el proceso democrático que se había iniciado con la elección como Presidente de nuestro admirado lider, el profesor Juan Bosch, impidiendo así el retorno al orden constitucional, legítimamente establecido en el 1963.
Volver a caminar por esta senda constitucional nos costaría a los dominicanos mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos sufrimientos. Esta nefasta violación de la soberanía legítima de los dominicanos, producida en 1965 causó muerte, dolor e indignación en nuestro pueblo. Es una herida aún abierta para muchos y que solo podrá sanar mediante el reconocimiento de lo sucedido por parte de la OEA y la petición de perdón que merece nuestra ciudadanía.
Nuestra Patria y nuestra democracia merecen este acto de dignidad, respeto y es mi obligación, como Jefe de Estado, solicitar a esta asamblea saldar la deuda histórica con el pueblo dominicano
Conocemos bien el contexto histórico en el que se dio la invasión. Eran los años de enfrentamiento entre bloques. Eran los años en los que las relaciones entre EEUU y Cuba eran prácticamente de guerra. Eran los años en los que el conflicto interno de Colombia apenas comenzaba.
Esa es una triste página de la historia que hoy, todos juntos, estamos cerca de pasar porque con diálogo, con paciencia y con la verdad por delante estamos cerrando viejas heridas de nuestro continente.
Eso es, precisamente, lo que queremos los dominicanos. Curar, cerrar ciertas heridas, dar paz al doloroso recuerdo de nuestros mayores, abrir nuevos caminos de esperanza a las nuevas generaciones. Tengo el convencimiento de que este es el mejor momento, el más apropiado lugar para llevar a cabo este acto de justicia, verdad y reconciliación.
Estamos seguros que la Organización de Estados Americanos esta en las mejores condiciones para asumir esa responsabilidad».
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Documento 2
TEXTO DE DECLARACIÓN SOBRE REPÚBLICA DOMINICANA
(Acordado por la Comisión General el 15 de junio de 2016 y se eleva para la consideración de la Plenaria)
RECONOCIENDO que los acontecimientos de abril de 1965, que produjeron perturbación y luto, además de indignación, son todavía una fuente de desasosiego para el pueblo dominicano; y
REAFIRMANDO los principios de no intervención y del respeto a la soberanía consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
DECLARA:
Lamentar la pérdida de vidas humanas y expresar al pueblo dominicano las condolencias de la Organización.
Desagraviar al pueblo dominicano por las acciones de abril de 1965 que interrumpieron el proceso de restablecimiento del orden constitucional en la República Dominicana.
Reafirmar los principios del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la OEA.
Versión en inglés
TEXT OF DECLARATION ON THE DOMINICAN REPUBLIC
(Agreed by the General Committee on 15, 2016 and submitted to the Plenary)
THE GENERAL ASSEMBLY,
RECOGNIZING that the events of April 1965, which caused disruption and grief, as well as indignation, remain a source of consternation for the Dominican people;
REAFFIRMING the principles of non-intervention and respect for sovereignty enshrined in the Charter of the OAS,
DECLARES THAT IT:
Laments the loss of human lives and to express the Organization’s condolences to the Dominican people.
Expresses regret to the Dominican people for the actions of April 1965, which disrupted the process of restoration of the constitutional order in the Dominican Republic.
Reaffirms the principles of international law, the Charter of the United Nations, and the OAS Charter.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
*Foto extraída de artículo de prensa sobre la inauguración de la Asamblea General de la OEA en República Dominicana en junio del 2016.
