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Etiqueta: OIT

1º de mayo y congelamiento salvaje de los salarios

Manuel Hernández

Una de las consignas recurrentes de la efeméride de hoy, fue la eliminación de la política de congelamiento de los salarios de las y los funcionarios públicos.

Esta política se instrumentalizó en la Ley de Ajuste Fiscal, N*9635 y la Ley Frankenstein, N*10159, mal llamada Ley Marco de Empleo Público.

El congelamiento de las remuneraciones se constituyó en una política de Estado, una herramienta de política fiscal, impuesta por OCDE, FMI, BM.

Esta política y las leyes que la sostienen, son manifiestamente contrarias a nuestro derruido ordenamiento jurídico.

1.- En primer lugar, violenta instrumentos internacionales de DDHH.

Entre otros instrumentos, esa política de austeridad vulnera el Convenio N* 98 OIT, acerca de la Libertad Sindical y negociación colectiva.

Este convenio está ratificado por CR, que, por tanto, tiene un rango normativo superior a aquellas ignominiosas leyes ordinarias que mantienen estancados los salarios.

2.-Es necesario destacar que los órganos de control de OIT han determinado, de manera reiterada, que las restricciones legislativas de la negociación colectiva de los salarios, en el marco de una política de estabilización económica, cuando se justifican, deben ser excepcionales, absolutamente necesarias, limitarse a lo estrictamente necesario, las cuales no pueden exceder un periodo razonable.

Los pronunciamientos determinan que un periodo de congelamiento de 3 años, puede ser un plazo demasiado largo.

En la Suiza Centroamericana, esas restricciones ya tienen más de cinco años, que no es menor cosa la grosera devaluación que han sufrido las remuneraciones en este excesivo período.

Ya es un sacrificio que se ha vuelto inasumible.

3.- Además, los pronunciamientos determinaron que esas restricciones, cuando se justifican, deben acompañarse de garantías adecuadas que protejan el nivel de vida de los trabajadores.

Por contrario, el nivel de vida de los trabajadores del país, en dicho periodo, ha experimentado una caída libre, sin ningún tipo de garantía de mitigación, un salto al vacío.

4.- No es menos importante señalar que ya existe un pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical/OIT (1985), precisamente contra el Gobierno de CR, que preceptuó que la política de restricción de negociación salarial y ajuste de salarios quebranta el C. 98 OIT.

Es decir, ya existe una “condena” internacional contra el Estado de CR, que data del siglo pasado; la cual, por cierto, nadie recuerda.

5.- No se puede tampoco olvidar que existe un precedente muy importante de la Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia, que resolvió que el congelamiento de las remuneraciones solo puede ser temporal, por un plazo definido, claramente determinado.

Esta posición del Tribunal Constitucional la comparte la Procuraduría General de la República, nada sospecha de ser simpatizante de los sindicatos.

6.- Por último, pero no menos importante, la Opinión Consultiva de CORTE IDH 27-21, que ya cumple 3 años, concluyó que los Estados, en contexto de crisis fiscal, deben privilegiar la negociación colectiva, en lugar de promulgar leyes que limiten los salarios de los funcionarios públicos; leyes de corte draconiano, como las que se impusieron en la tristemente célebre Administración Alvarado Quesada.

Valga resaltar que un recientísimo pronunciamiento de la abogacía del mismo Estado, la PGR, definió que esa opinión consultiva es vinculante y que todas las autoridades administrativas y judiciales están obligadas a aplicarla.

Entonces emerge aquella pregunta que se hacía Lenin a principio de 1901: ¿Qué hacer?

¡Nos sobra mucho mes al final del sueldo!

No hay que esperar que los ángeles suenen la trompeta, anunciando el retorno glorioso del Jesús Cristo, que nadie sabe el día, ni la hora, para que cese, de una vez por todas, esa política extrema de devaluación salarial.

Existen poderosos recursos legales, nacionales e internacionales, para quebrar esa política de contención salarial, que en nada contribuirá a la reactivación económica, y por contrario, agudizará y profundizará aún más la crisis.

Falencias en la tutela de Derechos Humanos de personas afrodescendientes por parte de la Defensoría de los Habitantes

Marco Levy Virgo hace una solicitud a la Defensoría de los Habitantes la cual es respondida en el oficio N° DH-DIND-0329-2024. En este documento, en resumen, explica que la Defensoría no puede intervenir en asuntos que están pendientes de resolución judicial. Sin embargo, se proporciona información sobre las leyes y normativas vigentes relacionadas con la protección de los derechos de las personas afrodescendientes en Costa Rica, así como el seguimiento realizado por la Defensoría en temas de interés social. Además, se informa sobre un simposio internacional organizado para abordar la aceleración de los derechos de las poblaciones afrodescendientes.

Marco Levy en representación de la comunidad Afrodescendiente emite un comunicado dirigido a la Defensora de los Habitantes, en el cual se expresa la preocupación por “la falta de acción de la Defensoría” en la protección de los derechos humanos de la población afrodescendiente. El documento, emitido en respuesta al oficio N° DH-DIND-0329-2024, señala una aparente contradicción en la postura del organismo en relación con los derechos de esta comunidad.

Según la comunidad afrocostarricense, la Defensoría reconoce en su oficio la importancia de garantizar el funcionamiento del sector público conforme a la moral, la justicia y la Constitución Política, así como el respeto a los derechos humanos y libertades sociales de las personas afrodescendientes. Sin embargo, critican que, pese a este reconocimiento, la Defensoría no habría actuado de manera efectiva para detener las violaciones de derechos humanos que están sufriendo.

Uno de los puntos clave de la crítica es la aparente inacción de la Defensoría frente a la violación del derecho de propiedad ancestral sobre tierras en comunidades como Cahuita, Siquirres, Matina, Puerto Viejo, Cocles y Manzanillo. La comunidad afrocostarricense alega que la Defensoría no ha intervenido para garantizar el respeto y reconocimiento de estos derechos, protegidos por convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Además, el comunicado destaca que la Defensoría ha reconocido en informes previos la violación de derechos de la población afrodescendiente, pero no ha tomado medidas para evitar estas violaciones. Se menciona específicamente la falta de consulta previa en decisiones que afectan a la comunidad afrodescendiente, incumpliendo recomendaciones internacionales.

En respuesta a estas preocupaciones, Marco Levy en representación de la comunidad afrocostarricense menciona una serie de solicitudes para un correcto accionar de la Defensoría de los Habitantes. Se solicita a la Defensoría intervenir de manera directa e inmediata para garantizar el respeto a la propiedad ancestral afrodescendiente según el convenio OIT 169. Gestionar con el Estado el funcionamiento de este para que se proteja este derecho. Proteger y respetar las comunidades de Cahuita, SIquirres, Matina, Parismina, Puerto Viejo, Cocles y Manzanillo. Gestionar la emisión de una ley especial a favor de la población afrodescendiente y garantizar el derecho a consulta previa y participación efectiva. Intervenir a la Defensoría en favor de la población afrocostarricense  y cumplimiento de los convenios internacionales en materia de derechos humanos de la población afrodescendiente. Entre las acciones solicitadas se encuentran la delimitación y reconocimiento de territorios ancestrales, así como la protección de derechos de consulta y participación efectiva en decisiones que afecten a estas comunidades.

El comunicado concluye instando a la Defensoría a asumir un papel más activo en la protección de los derechos de la población afrodescendiente, especialmente en el contexto de las violaciones graves y directas que están sufriendo en relación con sus territorios ancestrales y otros derechos fundamentales.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

¿Qué hacer? 

Manuel Hernández

1.- Ya la Sala Constitucional tiene un precedente que declaró que el congelamiento salarial no puede ser indefinido.

2.- OIT, en un caso contra CR, que, por cierto, me correspondió llevar al Comité de Libertad Sindical, resolvió que las medidas de congelamiento salarial sólo pueden ser excepcionales, absolutamente necesarias, y además, temporales, hasta 2 años, sentenció OIT.

3.- Hasta la mismísima PGR, nada sospechosa de ser simpatizante de los sindicatos insumisos, dictaminó lo mismo: el congelamiento no puede ser permanente.

La política fiscal salvaje de devaluación y congelamiento de los salarios, hasta la segunda venida del Jesús Cristo, violenta derechos fundamentales y resulta incompatible con el Estado Social y Democrático.

Entonces, aquí es donde asalta esa pregunta que se hacía Lenin en el periódico Iskra (1900), “¿Qué hacer?”

La pregunta que yo me hago es esta:

¿Quién prenderá la chispa, que encenderá el fuego?

Buen día insumisos.

Comunicado de la Central General de Trabajadores CGT-Costa Rica

El comunicado público emitido por el secretario general de la CGT, Mario Rodríguez Bonilla, solicita en representación de los y las trabajadoras pasar a la corriente legislativa y aprobar el Convenio 190 de la OIT.

Además, el pasado 1° de marzo del 2024, la Central General de Trabajadores, en el auditorio de la OIT organizaciones afiliadas y amigas, han comenzado el mes en atención a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, con un solo lema para todo el mes:

¡Resistimos, trabajamos y luchamos!! Sí por nuestros derechos. 

Para más información, denuncias y comunicados oficiales de la CGT puede visitar su página oficial en Facebook: https://www.facebook.com/cgt.trabajadores/about?lst=100012112446038%3A100042476291514%3A1573757816

Informe de la OIT urge a Costa Rica a revisar Ley Marco de Empleo Público que impide la plena negociación colectiva en el sector público

Fanny Sequeira, secretaria general de la CTRN.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió al gobierno de Costa Rica acciones prontas para resolver una serie de incumplimientos relacionados con el derecho de negociación colectiva de las trabajadoras y trabajadores públicos, así como con la libertad sindical en general, los cuales han sido reiterados al país en otras oportunidades, sin ser atendidos.

La excitativa forma parte del Informe Anual de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR), recientemente publicado, en el cual la OIT “lamenta observar que no se han producido avances” en la promoción de reformas legales y constitucionales que aseguren la independencia y la libertad sindical.

El informe tomó en cuenta los documentos elaborados por la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), en cumplimiento a las memorias del año 2023 de los Convenios 87, 98, 135, 141 y 122 de la OIT, en coordinación con las centrales sindicales costarricenses.

Entre otros aspectos, afirma la Comisión que desde hace muchos años viene pidiendo al Gobierno tomar medidas para garantizar el derecho de negociación colectiva en el sector público, y expresa su preocupación por “el impacto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas núm. 9635 y la Ley Marco de Empleo Público (núm. 10159) en la negociación colectiva de carácter económico en el sector público”.

Por ello la Comisión pide al Gobierno que “en consulta con los interlocutores sociales, tome las medidas necesarias para revisar la Ley Marco de Empleo Público (núm. 10159) y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (núm. 9635), de manera que los empleados del sector público que no trabajan en la administración del Estado puedan ejercer su derecho de negociar colectivamente temas económicos y salariales.

El informe de la Comisión se refiere también a otros problemas relativos a la libertad, autonomía e independencia sindicales, incluida la discriminación antisindical, sobre los que la OIT ha venido llamando la atención gubernamental desde hace años, sin que se hayan solventado. Pide al Gobierno que “tome las medidas necesarias para modificar el artículo 367, b) del Código del Trabajo con el fin de ampliar el número de representantes sindicales protegidos, especialmente en el caso de organizaciones que agrupan a un elevado número de miembros”, lo que incluye las licencias o permisos sindicales.

Otra modificación pendiente es reducir el plazo excesivamente largo que la ley concede a las autoridades para pronunciarse sobre la inscripción de los sindicatos, lo cual aprovechan algunos patronos para perseguir a sus miembros y dirigentes y desconocer la organización sindical, y promover arreglos directos contra la negociación colectiva.

Lamenta además la Comisión que no se han producido cambios para respetar la autonomía de las organizaciones en determinar el periodo de vigencia de sus juntas directivas. Tampoco se ha avanzado en una reforma legal que permita a personas extranjeras residentes en el país ejercer la dirección o cargos de autoridad en los sindicatos.

En materia de empleo, la Comisión lamenta que el Gobierno no hubiese establecido y aplicado una política nacional integral destinada a promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido, en plena consulta con los interlocutores sociales, de conformidad con el Convenio sobre la Política de Empleo, de 1964 (Convenido 122).

La Comisión recuerda que “la política de empleo debe tener debidamente en cuenta la interrelación entre los objetivos de empleo y los demás objetivos económicos y sociales y, en particular, debe tratar de estimular el crecimiento económico y el desarrollo, elevando al mismo tiempo el nivel de vida y abordando el problema del desempleo y el subempleo”.

Fanny Sequeira, secretaria general de la Confederación expresó que: “La CTRN, consecuentemente, le pide al Gobierno atender sin más dilaciones las observaciones de la OIT y dar prioridad a las medidas necesarias para cumplir adecuadamente los convenios ratificados. Porque es un imperativo democrático cumplir con las leyes nacionales e internacionales del trabajo, y no permitir el deterioro del Estado Social de Derecho, ni la impunidad recurrente”.

Además, indicó: “Seguiremos exigiendo el cumplimiento de los Convenios de la OIT e insistiendo en la necesidad de ratificar los Convenios 151 y 154, como en varias ocasiones ha alentado la Comisión”.

Ver informe en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_911184.pdf

ANEP sugiere preguntas que la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa podría hacer a la presidenta ejecutiva de la CCSS

Por José Daniel Gamboa Araya

La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) ha generado un documento que recoge diversas perspectivas sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), incluyendo el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y declaraciones de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel. Sin embargo, el foco principal se centra en las sugerencias de preguntas cruciales que ANEP propone para la segunda comparecencia de Esquivel ante la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto Público.

Entre las preguntas planteadas se destaca la necesidad de explicar por qué la CCSS no proporcionó a la OIT el conjunto completo de datos solicitados, y si hubo alguna solicitud para que la OIT no presentara el informe. ANEP también cuestiona si hubo presiones para tomar medidas disciplinarias contra los funcionarios que prepararon la nota técnica, y si Esquivel desconoce el trabajo técnico para resolver los problemas de la CCSS.

Además, ANEP interpela sobre la autoridad técnica y política con la que Esquivel desacredita el informe de la OIT y si estas acciones fueron aprobadas por la Junta Directiva. La asociación plantea la discrepancia entre la versión de la CCSS y las recomendaciones de la OIT sobre las deficiencias actuariales, y busca conocer las medidas que la CCSS está tomando para enmendar estas deficiencias. ANEP concluye con preguntas que resaltan la disparidad de atención médica entre géneros y cuestiona la motivación detrás de descalificar el informe de la OIT en medio de acusaciones de maquillaje de datos por parte de la Contraloría. Estas preguntas buscan arrojar luz sobre la situación y fomentar la rendición de cuentas en el sector de la seguridad social en Costa Rica.

SURCOS comparte el documento completo enviado a nuestra redacción.

Marta Esquivel se vio obligada a confirmar la veracidad de la Nota Técnica de OIT

  • Estudios actuariales están plagados de errores y maquillajes

La Nota Técnica que emitió la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las irregularidades de los estudios actuariales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue contundente, y luego de recurrir a muchos mecanismos e intentos de desacreditarla, la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel se vio obligada a confirmar su veracidad ante el país en la comisión legislativa de Control, Ingreso y Gasto Público.

Es incuestionable la validez de la Nota Técnica, realizada por la Unidad de Finanzas Públicas, Actuaría y Estadísticas del Departamento de Protección Social de la OIT con sede en Ginebra, Suiza, la cual emitió una rigurosa “Opinión técnica de la OIT sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la Caja, agosto 2023”.

“Es vergonzoso que Marta Esquivel ahora hasta le agradece a Dios por este estudio, cuando hizo hasta lo imposible por demostrar que la Nota Técnica no servía y presionó a la OIT para que retiraran el análisis”, detalló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Debemos recordar que la OIT evidenció que los estudios actuariales de la Dirección Actuarial y Económica presentan:

  • Un aumento explosivo, inexplicable e inconsistente del gasto proyectado al 2036, el cual es 5,2 veces el gasto del 2022, estimaciones muy alejadas, que no reflejarían los superávits de operación recurrentes y la acumulación de reservas observados en los últimos años.
  • Cambios drásticos en las proyecciones actuariales en períodos de tiempo extremadamente cortos: dos proyecciones actuariales consecutivas con 7 días de diferencia, con sobreestimaciones de los gastos y una duplicación del costo de los proyectos de inversión, componentes del gasto proyectado en dirección contraria y atípica del Seguro de Salud.
  • Duplicidad de gastos proyectados de costos de los servicios, gastos de inversión y de operación de los proyectos y programas de inversión.
  • Persistentes sobreestimaciones de las proyecciones actuariales en comparación con los gastos totales finalmente ejecutados.
  • Con estos “estudios” presentados por la directora Actuarial, Carolina González, y la directora de Planificación, Susan Peraza, dos unidades subordinadas directamente a la presidenta ejecutiva Marta Esquivel, dejaron de construir obras fundamentales, como el Hospital de Cartago, por fuertes intereses privatizadores.

“Estamos hablando de que se alteraron los informes actuariales, lo que podría configurar un delito, mientras Esquivel y el gobierno lo descalificaron desde un principio, a sabiendas de que la nota técnica de la OIT era correcta y técnicamente validada por expertos de índole internacional, altamente calificados en materia de seguridad social”, añadió Chavarría.

UNDECA, exige el cese inmediato de la persecución a funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social y de los expertos de la OIT que elaboraron la nota técnica y demanda a la Auditoría Interna que realice una investigación a las personas responsables de estos actos.

Persecución política a directores afecta gobernanza de la CCSS

Martha Rodríguez González y José Luis Loría Chaves.

El 7 de diciembre de 2022 el Consejo de Gobierno abrió un único procedimiento disciplinario, con fundamento en denuncia verbal y falsa de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, Marta Esquivel, un “Caballo de Troya” para suspender 5 directivos de la CCSS, que rechazaban la injerencia política y el desmantelamiento de la CCSS.

Somos víctimas de un juicio político, por pagar lo adeudado a los trabajadores de la Caja, considerando solo los criterios de MIDEPLAN, los informes técnicos, jurídicos, económicos, y no atender una Valuación actuarial con serias deficiencias e inconsistencias, por ejemplo, un irrazonable e inexplicable aumento de 5 veces el gasto proyectado.

Las alteraciones son señaladas por la Nota Técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estudio Monitoreo de Evolución Presupuestaria de la CCSS de la Contraloría General de la República (CGR) 2016-2023 DFOE-BIS-MTR-00003-2023 del 31 de agosto de 2023 y el Informe de Resultados de la asistencia Técnica del Banco Mundial conocido en la sesión del 23 de setiembre de 2023 (Sesión Nº9368).

Se dejaron de construir hospitales como el de Cartago, Golfito y Limón, áreas de salud y EBAIS, pese a lo dicho por la OIT, acerca del impacto marginal en el gasto total, de esas obras tan necesarias para fortalecer la atención y resolver las filas y las listas de espera.

Lo que buscan es la “destitución”, para no pagar la deuda del gobierno por ₡3.2 billones, no devolverle 1.7 billones para la construcción de obras, insumos y equipos, y desviar la atención de la improvisación y la incapacidad de la Presidenta Ejecutiva para dirigir a la Caja.

Solicitamos que se detenga la persecución política, sin precedentes, se archiven los 5 procedimientos, con la finalidad de impulsar los proyectos detenidos y cumplir con el mandato de las organizaciones que representamos.

San José, 16 de octubre de 2023

Martha Rodríguez González y José Luis Loría Chaves.

Las finanzas de la Caja y las truculencias de Chaves y Esquivel

Luis Paulino Vargas Solís

El informe de la OIT sobre las finanzas de la Caja (“Opinión técnica de la OIT sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social”), confirma conclusiones a las que yo había arribado por mi cuenta, incluyendo cuestiones que publiqué en esta página de Facebook.

1) Rodrigo Chaves y Marta Esquivel han sustentado públicamente una posición basada en un informe actuarial sumamente defectuoso e incoherente, cuyas conclusiones, totalmente fantasiosas e injustificadas, son síntoma de una de dos cosas, o quizá de ambas combinadas: a) negligencia e impericia por parte de quienes lo elaboraron; b) manipulación deliberada de los datos.

2) La directora actuarial, responsable de semejante esperpento, debería ser separada de su cargo y sancionada. En vez de eso -y como parte de la corrupta red de cuido de Chaves y Esquivel- ha sido graciosamente premiada.

3) No es cierto que los estados financieros de la Caja no sean confiables. Esa es otra información falaz que Chaves y Esquivel han reiterado. Toda la evidencia disponible, proveniente de auditorías independientes, ratifican que esos estados financieros “…presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera del Seguro de Salud” (página 16).

4) Desde el punto de vista financiero, el seguro de salud no solo es solvente, sino que, a lo largo de los años, acumula notables superávits. Estos se deben básicamente a una razón: la posposición de inversiones en equipo e infraestructura hospitalaria y de atención a las personas usuarias. En los últimos años, también incide el frenazo a las remuneraciones derivado de la legislación impulsada por Carlos Alvarado (lo cual es seguramente uno de los factores que incide en la fuga de especialistas).

5) O sea: alguien en el pasado tomó la decisión política de ahorrar mediante la contención de la inversión, lo cual repercute en el deterioro actual de los servicios.

6) Siendo lo anterior terrible, es absolutamente criminal agarrarse de datos falsos y manipulados para frenar proyectos de inversión urgentes, tal cual Chaves y Esquivel lo han hecho.

7) En resumen: se nos ha venido mintiendo, reiterada y sistemáticamente ¿Qué hay detrás de toda esa oscura truculencia?

 

Compartido con SURCOS por el autor y publicado en su espacio de Facebook.

Informe OIT desmiente que la CCSS está quebrada

SINAE AFINES insiste en que Dirección Actuarial y Presidenta Ejecutiva manipulan información

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) remitió, este viernes, la opinión técnica sobre las valuaciones actuariales del seguro de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, (CCSS); el informe evidencia inconsistencias metodológicas que comprometen la validez de que existen problemas financieros que compromete la estabilidad de la institución anunciado por la Presidenta Ejecutiva, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez.

Por lo anterior, el Secretario General del Sindicato Nacional de Enfermeria y Afines (SINAE AFINES), Lenin Hernández Navas, informó que el informe demuestra una vez más que la Caja, no está quebrada, y que la inestabilidad financiera anunciada por la Presidenta Ejecutiva busca justificar las acciones en contra de los propios usuarios y de la Seguridad Social, como por ejemplo, varar las inversiones contempladas en el portafolio y no cumplir con las obligaciones del Estado con la institución.

El representante de los trabajadores (as) denunció que el gobierno adeuda, en un año y tres meses, al Seguro de Salud ¢300 mil millones, lo que atenta contra la Seguridad Social, mientras tanto,  crece la lista de espera que ascendía, a abril del 2023, a alrededor de 1 millón de personas esperando por una cirugía, una examen diagnóstico terapéutico y una consulta con un especialista.

Por otra, se informó que SINAE AFINES adjuntará el informe técnico de la OIT como prueba a la denuncia que presentaron por falsedad ideológica e incumplimiento de deberes contra la Directora Actuarial, Carolina González Gaitán y la Presidente Ejecutiva, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, desde el pasado 25 de abril, ante la Fiscalía de Probidad.

¿QUÉ ES LA OIT?

La OIT es una institución tripartita que integra la representación y visión de tres sectores: gobiernos, organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores posee una trayectoria de varias décadas liderando el trabajo actuarial en seguridad social a nivel mundial, incluyendo el desarrollo y aplicación de metodologías y modelos actuariales reconocidos y adoptados en prácticamente todo el mundo.

El documento entregado formalmente, este viernes, se preparó en atención a un pedido de asistencia técnica de parte de un grupo de organizaciones sindicales de Costa Rica, quienes presentaron una solicitud formal ante la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, con el propósito de que emitiera una opinión técnica sobre el último Estudio Actuarial del Seguro de Salud elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, en cuanto a su metodología, resultados y conclusiones.

La OIT solicitó al Gobierno datos y documentos para  fundamentar mejor la elaboración de la opinión técnica. La CCSS puso a disposición de la OIT un gran número de los documentos.

Además, entre el 4 y 6 de julio, una misión técnica de la OIT visitó San José para consultar con la CCSS, las organizaciones de  trabajadores y de empleadores para así recolectar documentos y datos adicionales.

El trabajo del equipo técnico de la OIT se elaboró con base en los resultados de la Valuación Actuarial del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, con corte a diciembre de 2021, presentado en 2022 y la información puesta a disposición se trasladó al Departamento de Protección Social de la OIT, Ginebra, Suiza.

SINAE AFINES
PRENSA
19-2023 (11-08)