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Etiqueta: OIT

UCR en relación a nota de OIT sobre IVM: «Politizar aspectos técnicos es un grave riesgo de distorsión»

Comunicado de Prensa

 

La Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR), encargada de realizar el estudio actuarial del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), afirma que el modelo empleado en el análisis no infla la población afiliada, así como tampoco la acumulación de derechos; la modelización demográfica es adecuada y no genera una sobreestimación de la población afiliada y jubilada y la modelización de los salarios de referencia y las fórmulas de cálculo de las pensiones se apegan a lo establecido en el reglamento del IVM.

Asimismo, los expertos de la Escuela de Matemática, en respuesta enviada a la CCSS en relación con las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aseguran que las conclusiones de la Nota Técnica de este organismo internacional carecen de sustento técnico.

Los académicos advierten que al ser el IVM de vital importancia para el futuro de la población costarricense, el bienestar de las familias y las personas, la politización de los aspectos técnicos significa un gran riesgo de distorsión de los datos que no beneficiará a nuestro país ni a sus habitantes.

En cuanto a los puntos planteados por la OIT, aclaran lo siguiente:

El uso de la base completa de 2,8 millones de afiliados del IVM, en lugar de utilizar solamente 1,5 millones de cotizantes, fue ampliamente analizado entre los actuarios de la UCR y de la CCSS.

Se hicieron dos estudios actuariales separados: uno con los afiliados, que es el que se incluyó explícitamente en el estudio actuarial, y otro con los cotizantes que se entregó con el oficio adjunto N° UCR-CCSS-023-2016 del 8/12/2016. Los costos sobre los salarios, los años en que se agotarán los ingresos totales y la reserva, resultaron bastante similares en ambas situaciones.

Un total de 62.537 afiliados de IVM no cotizaron en el año 2015 y al 31 de diciembre del 2015 estaban vivos y no pensionados, con 15 o más años cotizados. Estas personas bien pueden no volver a cotizar; sin embargo, en caso de invalidez, vejez o muerte, se consolida el derecho a los beneficios, sin aparecer como Población Económicamente Activa (PEA). Incluso, alguna parte de ellos podría estar fuera de Costa Rica, por lo que tampoco aparecería en la población nacional. Pueden seguir cotizando y tendrán mayores beneficios. Los que tienen menos de 15 años cotizados y no cotizaron en 2015 pueden aportar nuevas cuotas y pensionarse si llegan a cumplir los requisitos. Por lo tanto, no se pueden dejar de incluir en el modelo, pues si se excluyen se tendría una subestimación de la cantidad de pensiones.

En el estudio actuarial realizado por la UCR se indicó que las migraciones, las nuevas modalidades de pensión aprobadas en 2005 y 2007, la informalidad laboral, la posibilidad de acceder a más de una pensión y la no prescripción de las cuotas, ocasionarán un aumento en la cantidad de pensiones, principalmente en el caso de vejez, lo cual causará que los 6,4 cotizantes por pensionado que se tenían en 2015 se reduzcan a 1,4 en el largo plazo. En países como Finlandia el número de cotizantes por pensionado es 1,6 y bajará hasta niveles de 1,3 y 1,4 en el largo plazo.

El estudio actuarial realizado por la UCR aclara en la página 27 que la cantidad de afiliados de IVM no debe compararse con la Población Económicamente Activa, precisamente para evitar las confusiones que tiene la OIT.

La anterior reseña permite afirmar que lo observado por la OIT sobre el modelo demográfico que utilizó la UCR, no aporta nada novedoso a lo que ya se había analizado en el año 2016; sin embargo, es importante atender puntualmente las principales observaciones sobre asuntos demográficos y financieros contenidas en dicha nota técnica, como se indica a continuación.

El diagrama que aparece en la Figura 2 de la nota técnica de la OIT no corresponde al modelo utilizado por la UCR. La afirmación de que “el modelo UCR se basa en una estructura distinta, donde solo existen dos poblaciones, no afiliados y afiliados”, es incorrecta. En el estudio actuarial de la UCR no hay una proyección de la población no afiliada, sino de las poblaciones de afiliados y de cotizantes. Al grupo de afiliados se agregan anualmente las nuevas generaciones de cotizantes que se obtienen de la proyección de PEA suministrada por la CCSS.

La afirmación de que “si la formulación del modelo UCR fuera adecuada, la densidad de cotización se aplicaría solamente para la población afiliada cotizante activa” y que “el modelo UCR trata de emplear la densidad como sustituto de tasas de re-entrada y salida”, son incorrectas y sin sustento. La densidad de cotización empleada se calcula sobre el total de afiliados (a diferencia de otras metodologías que solo usan cotizantes) por lo que deben aplicarse a tal población.

En las comparaciones de cobertura con los nacimientos que hubo en algunos años, la OIT no toma en cuenta las variables que se mencionaron al principio de este resumen (migraciones, nuevas modalidades de pensión, no prescripción de cuotas, informalidad y posibilidad de acceder a más de una pensión). Esto muestra que la cantidad de afiliados no está limitada por la PEA.

Se indica que “el modelo no utiliza una curva de salarios”, lo cual es una afirmación incorrecta, ya que más bien se utilizan escalas salariales por sexo, edad y años cotizados.

Así mismo, se afirma que “en muchos años, el salario de referencia para el cálculo de las pensiones crece más que el salario promedio cotizable, lo cual es una consecuencia indirecta de la manera que el modelo UCR modeliza cohortes y la utilización de dos grupos demográficos en lugar de tres”, lo cual también es incorrecto. La razón por la que eso sucede es que el salario promedio de referencia depende de la inflación de los últimos 20 años, mientras que el salario promedio cotizable depende de la inflación de a lo sumo un año de tiempo.

Se indica erróneamente que “La pensión promedio crece más rápido que la inflación, y en muchos casos más que el salario promedio cotizable. Esto es una consecuencia directa de la sobreestimación del número de nuevas pensiones (consecuencia a su vez de una modelización demográfica inadecuada), así como del hecho de que las pensiones se calculan usando un salario que crece más rápido que el salario promedio“. El motivo por el cual la pensión promedio crece más que la inflación es que, como es obvio, las pensiones nuevas son mayores que las que están en curso de pago y las pensiones terminadas son inferiores a las de curso de pago. Según datos de la CCSS, por año hay unas 20 mil pensiones nuevas, mientras que las terminadas rondan 7 mil.

“La fórmula de cálculo de la pensión empleada por el modelo, utiliza solo el último salario cotizado como referencia, y no el promedio actualizado de los últimos veinte años según establece la ley”. Esta afirmación es falsa y temeraria. En las hojas de cálculo entregadas por la UCR, la CCSS corroboró que se utilizó la fórmula contenida en la página 245 del estudio actuarial, la cual usa como salario promedio de referencia el promedio de los salarios cotizados en los últimos 20 años, indexados con la inflación de los precios. Es sorprendente que el análisis técnico hecho por la OIT omitiera este detalle.

En la Nota Técnica de la OIT se indica que “estos problemas explican las grandes diferencias que existen entre los resultados de las proyecciones del trabajo de la UCR, con respecto a los resultados generados por el modelo actuarial de la CCSS, así como con respecto a otras proyecciones, incluidas las de la OIT”.

Dado que la nota técnica de la OIT no aporta estos datos, se hizo un análisis de algunos estudios actuariales realizados por la CCSS y el que la CCSS contrató con la OIT con corte al año 2008, denominado “Reporte sobre la Validación de la Valuación Actuarial del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM) efectuada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)”, que fue investigado por la Auditoría Interna de la CCSS en el año 20131. Comparando las proyecciones realizadas con los datos estadísticos observados en el año 2015, se obtienen resultados que causan preocupación. Como se describirá a continuación, la realidad indica que las proyecciones de la OIT subestiman significativamente la cantidad de afiliados y los gastos del IVM. Insistimos en que esto no corresponde a una opinión nuestra, sino a una comparación objetiva con la realidad observada.

Por ejemplo, la OIT supuso que la tasa de cobertura sobre la PEA sería de un 71 % en 2015, pero el dato real observado fue de un 62 %; a partir de 2029 la OIT supuso inexplicablemente, que la tasa de cobertura contributiva sería de un 82 % sobre la PEA. Para el año 2015 la OIT estimó 62.282 pensiones de vejez, pero el dato real que se observó fue de ¢108.085, cifra que es un 74 % mayor que la estimada por la OIT. Lo anterior explica que, según los cálculos de la OIT, en 2015 se tendrían 9 cotizantes por pensionado, pero el dato real fue 6,4. También explica los motivos por los cuales la OIT estimó que en 2015 el IVM tendría un superávit de ¢529.040 millones, cuando en realidad solo sobraron ¢101.587 millones y lo que es más delicado, que en 2015 los costos de IVM serían 6,5 % sobre los salarios; sin embargo, el dato real fue 9,0 %. Para la OIT el IVM tendría en 2015 una reserva equivalente a 4 gastos anuales, pero el dato real fue 2.4 gastos anuales. Según los cálculos de la OIT de 2009, el faltante de contribuciones en IVM se presentaría a partir del año 2028; pero el déficit se presentó desde el año 2012.

La CCSS, en su estudio actuarial con corte al año 2008, mostró cifras similares a las de la OIT. No obstante, a partir del año 2010 la CCSS corrigió drásticamente sus estimaciones, señalando que el déficit de contribuciones se tendría un año después, en 2011, en lugar del año 2027 que había estimado en 2008. Sin embargo, no modificó los años en que los ingresos totales se agotarían (año 2037), ni el año en que se consumiría totalmente la reserva (año 2042).

También se analizó el estudio actuarial realizado por la CCSS con corte al año 2014, encontrándose varias inconsistencias, por lo que se solicitó que revisaran el modelo PRODEFI auditado por la OIT en 2009 y que usaran una inflación de los precios de 4,5 % en lugar de 8 %. Los resultados que obtuvieron fueron bastante cercanos a los de la UCR y muy diferentes a los del estudio actuarial de 2014; sin embargo, aún el PRODEFI no permite utilizar la base completa de afiliados, lo cual motivó que la UCR incluyera en su informe la recomendación de que fuese mejorado.

Con todo lo anterior se muestra que las conclusiones de la Nota Técnica de la OIT carecen de sustento técnico. El modelo empleado por la UCR no infla la población afiliada, ni la acumulación de derechos. La modelización demográfica es adecuada y no genera una sobreestimación de la población afiliada y jubilada. La modelización de los salarios de referencia y fórmulas de cálculo de las pensiones se apegan a lo establecido en el reglamento de IVM.

No obstante lo anterior, ante la premisa de que ningún modelo es perfecto y dada la trascendencia que tienen las decisiones que se adopten en la Mesa de Diálogo, la Universidad de Costa Rica tiene la anuencia de analizar con más profundidad el asunto, para lo cual es importante que la OIT aporte la información técnica que sustenta sus cálculos y observaciones, y que envíe a un actuario para que exponga en la Mesa de Diálogo la Nota Técnica, con la presencia de los actuarios de la UCR.

Para consultas con los investigadores, se atenderá a la prensa de 9 a.m. a 11 a.m. Comunicarse con la Oficina de Divulgación e Información al 2511-1168 con Patricia Blanco.

1 Informe ASF-288-2013 del 20/12/2013.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.clapem.emate.ucr.ac.cr

Información generada desde la Oficina de Divulgación e Información, UCR.

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ANEP divulga estudio de OIT que alude a una «gran sobrestimación de población con acceso a pensiones en Costa Rica”

Comunicado de Prensa

ANEP-PATRIA JUSTA

 

¿Se equivocó la UCR? ¿Está fundamentado su estudio sobre el IVM-CCSS en premisas erróneas? ¿Infló la UCR datos para fortalecer la especie de que el IVM está en riesgo real de quiebra inminente?…

Hemos tenido acceso al documento NOTA TÉCNICA preparado por la Unidad de Finanzas Públicas, Actuaría y Estadísticas del Departamento de Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, Suiza; en el cual se presentan delicadas consideraciones cuestionadoras sobre el “Estudio actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte administrador por la Caja Costarricense de Seguro Social (con corte al 31 de diciembre del 2015)”, elaborado por la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Como bien es sabido, el estudio de la UCR ha sido el estandarte estrella de los directivos de la Caja que han estado en contra del pueblo trabajador, para imponerle a éste, de manera injusta, un aumento de un 1 % en su aporte obrero para el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuyo primer tracto, de un 0.50 %, se estará rebajando a todas las personas asalariadas del país, tanto del sector Público como del Privado en este mes de julio. Ese estudio de la UCR ha sido como “el coco” con que han pretendido asustar a la ciudadanía laboral del país.

La OIT, desde Ginebra, Suiza, lugar en el cual se encuentra su sede mundial, sometió a análisis la metodología y los resultados del estudio de la UCR sobre las pensiones IVM, puntualizando que “…el modelo UCR aplica una densidad de cotización a todo el conjunto de la población afiliada, generando una sobreestimación considerable en la acumulación de derechos”.

La OIT puntualiza que el modelo demográfico de la UCR empleado para su estudio genera dos consecuencias fundamentales:

“Sobreestimación considerable de las generaciones de afiliados y por tanto de la afiliación total”.

“Sobreestimación considerable de las probabilidades de acceso a pensiones para la población afiliada”.

Dice este impresionante documento técnico de la OIT, elaborado desde Suiza, que “… el modelo UCR se basa en una estructura distinta, donde solo existen dos poblaciones, no afiliados y afiliados. El modelo simula cotizantes, pero solo para calcular las cotizaciones, y no para evaluar la adquisición de derechos a jubilación. Ambas decisiones son técnicamente incorrectas”.

De manera contundente, la OIT indica sobre el estudio de la UCR: “El principal hallazgo de este trabajo se refiere a la existencia de serios problemas metodológicos en términos de la modelización, que se manifiestan en una tendencia explosiva del gasto del Régimen IVM en el mediano y largo plazo. Estos problemas explican las grandes diferencias que existen entre los resultados de las proyecciones del trabajo de la UCR, con respecto a los resultados generados por el modelo actuarial de la CCSS, así como con respecto a otras proyecciones, incluidas las de la OIT”.

Este demoledor informe técnico de la OIT es de este mismísimo mes de julio y deja en total descalificación la prédica oficial de la Caja para castigar al pueblo trabajador imponiéndole un injusto aumento de su cuota obrera.

La ANEP ha tenido acceso a este documento hoy domingo 9 de julio y, por tanto, estamos compartiendo con la ciudadanía trabajadora estos primeros comentarios que se consignan en el presente comunicado de prensa.

ANEP espera analizarlo mejor en próximas horas con el grupo de especialistas que nos han colaborado para un posicionamiento obrero crítico, sólido, responsable y propositivo, sobre la real verdad de las finanzas actuales y futuras, inmediatas, mediatas y de largo plazo, del más importante sistema de pensiones del país, el IVM-CCSS. Por tanto, ANEP valora ampliar sus comentarios sobre este crucial documento ante la prensa del país que así lo considere relevante.

Sin duda alguna se abre una nueva perspectiva para la discusión nacional sobre este delicado asunto de tanta sensibilidad. Todos en este país apreciamos y respetamos la solidez profesional y rigurosidad académica de los estudios elaborados por la Universidad de Costa Rica (UCR), en las más diversas disciplinas del saber y del conocimiento. Por estas y otras razones la UCR puede exhibir un consolidado prestigio y credibilidad.

Sin embargo, esta NOTA TÉCNICA que sale desde la misma sede de la OIT, en Ginebra, Suiza, a través de su Unidad de Finanzas Públicas, Actuaría y Estadísticas del Departamento de Protección Social, abre una perspectiva de análisis insospechada hasta ahora pues al estudio de la UCR le ha salido un severísimo cuestionamiento de enorme solidez profesional y rigurosidad técnica, también.

La diferencia es que estamos hablando de los expertos mundiales en la materia que laboran para la OIT. Y esto no es de despreciar. ¡Hay algo malo en todo esto y el perjudicado es el pueblo trabajador!

ANEP estima que este crucial estudio de la OIT en materia de IVM-CCSS impone un imperativo ético a la actual junta directiva de la Caja que es revertir el acuerdo de rebajar el 1 % de incremento en la cuota obrera para, al menos, detener su segunda aplicación, la de enero 2018, pues la primera, de 0.50 % injustamente ya está en tramitación.

ANEP, junto a sus organizaciones colegas del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, se reunirá este miércoles 12 de julio, a las 5 de la tarde, en la Casa Presidencial, con el propio señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera; quien nos atenderá, precisamente, para darle nuestra visión sobre IVM-CCSS. Sin duda alguna este nuevo elemento de la NOTA TÉCNICA de la OIT será abordado con el mandatario.

ANEP propondrá a sus contrapartes de PATRIA JUSTA que consideremos la incorporación a la mesa de diálogo IVM-CCSS, toda vez que las condiciones iniciales de nuestro rechazo para estar en la misma, planteadas desde el 21 de marzo anterior, podrían tener una transformación radical a la luz de este nuevo documento de la OIT y, por tanto, darle mayor peso a la posición obrera.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por ANEP.

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Prácticas anti sindicales en AyA, una mancha más para Costa Rica ante la O.I.T

Central General De Trabajadores (CGT)

Comunicado de Prensa

 

En una decisión “sacada del estadio” la Junta Directiva de la institución con fundamento en un criterio de sus asesoría jurídica llegó a la “brillante” conclusión que ninguno de los permisos con goce de salario que no esté incluidos en la Convención Colectiva que se suscribe con una organización sindical, elimina derechos y garantías sindicales a otras organizaciones, así de un solo plumazo los secretarios generales de las organizaciones han quedado con solo la licencia para sesionar y debiendo de tramitar día a día permisos para representar a sus afiliados.

Tal decisión que puede ser típica de los hábitos de la empresa privada, está siendo desarrollados por esa institución constituyéndose en una práctica laboral desleal, debido a que cercena la actividad sindical, nuestra organización sindical SITRAA (Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados) que se encuentra como una de las organizaciones mayoritarias quedará sin la posibilidad de representar a sus agremiados en los procesos disciplinarios, estudios de normas instituciones, labores sindicales en el campo, atención de denuncias de los trabajadores y atender los diferentes conflictos que diariamente se presentan en dicha institución.

Con la flexibilidad y voluntad de dialogo SITRAA y CGT le solicitamos la mediación del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, se realizó una sesión donde parecía que la posición patronal se iba a negociar, se acordó una nueva sesión de trabajo el día de hoy 8 de Junio 2017 de junio en la oficina del Gerente General, sin embargo la posición obstinada de los representante patronales llevó a que se mantuviera la decisión ilegal de negarle al sindicato la licencia a la que tiene derecho su Secretario General.

Omite la administración del AyA y su Junta Directiva la vasta documentación y legislación Nacional e Internacional sobre los derechos y amparos de la Libertad Sindical y Autonomía que las organizaciones sindicales y sus representantes en este caso la Secretaria General deben de tener para de una forma rápida, transparente se puedan reunir con sus afiliados y plantear denuncias que van desde acosos laborales hasta el tema de acosos sexuales en las Instituciones.

Este acto discriminatorio obligará a las organizaciones a recurrir a otras instancias para hacer valer sus derechos, demostrar el daño a la organización sindical por estos actos y las repercusiones que esto genera a los trabajadores afiliados dejando les en indefensión, representación, y vías de reunión con sus dirigentes, así como plantearlo en el Comité de Libertades Sindicales como una violación del país a los convenios internacionales de la OIT ratificados por Costa Rica.

Esperamos Ante este conflicto como Central General de Trabajadores la verdadera intervención del Ministerio de Trabajo y Organización Internacional del Trabajo, para que la Administración del AyA conozca los verdaderos derechos de los dirigentes sindicales.

 

Carlos Cabezas Mora

Secretario general

Central General de Trabajadores CGT

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Carlos Cabezas.

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Análisis del protocolo de consulta a indígenas impulsado por el Estado

  • Asamblea Nacional Pueblos Indígenas de Costa Rica
  • 12 y 13 de mayo

 

Antecedentes:

  1. En Costa Rica hay 8 pueblos indígenas, divididos en 24 territorios indígenas.
  2. Costa Rica aprobó el convenio 169 de la OIT, 1992 y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
  3. En marzo 2016 la Presidencia de la República publica la Directriz sobre Consulta a los Pueblos Indígenas.
  4. Posterior a la Directriz se realizan algunos talleres de inducción en algunos territorios, sobre el mecanismo de consulta, en otros territorios no se realizaron y otros con poca participación.
  5. La OIT y la declaración de Naciones Unidas se refieren a una consulta a los indígenas de buena fe, libre, previo e informado, donde el Estado debe dotar de recursos a los pueblos para construir sus prioridades. En dicho proceso no puede existir asimetría de poder Estado-Comunidad Indígena, mediante su organización representativa tradicional. Reafirma que el mecanismo lo construye las comunidades con el tiempo y recursos que requieran.
  6. Actualmente los territorios indígenas que aún mantienen sus estructuras tradicionales son Gnöbe (Pacifico Sur), Kabekar (Caribe) y Bribri (Talamanca), además de sus representantes legales.
  7. En abril del 2017 el Estado transfiere a los territorios indígenas una propuesta del Mecanismo de Consulta y un borrador decretó que dictaminaría el mecanismo al nivel ejecutivo.
  8. La asamblea nacional se llevó a cabo con el objetivo de ratificar la propuesta del decreto borrador y propuesta de mecanismo.

Consideraciones:

  1. Actualmente existe una agudización de la violencia en algunos territorios por las tierras indígenas, regulado desde 1939 Ley de Tierras Baldías, Ley Indígena 6172, Convenio 169, Declaración de Naciones Unidas.
  2. No se ha socializado ampliamente las propuestas del decreto y la propuesta de mecanismo de consulta dado por el Gobierno de la República.
  3. El Gobierno debe respetar la Agenda Indígena, el tiempo de los pueblos.
  4. El Gobierno está obligado a cumplir con las medidas cautelares dadas por la Corte Interamericana de Derechos de ordenar las tierras indígenas para proceder con la construcción del Mecanismo de Consulta.

Acuerdos con representantes de territorios indígenas CR:

  1. No aprobar la propuesta de decreto tal como lo ha planteado el Gobierno, sin antes refrendar la propuesta con las comunidades, que se realizará en el transcurso del próximo semestre.
  2. Se realizaron aportes y acuerdos importantes tales como: crear un Registro Indígena para garantizar la participación de indígenas en los procesos de consulta; definir etapas de consulta. El mecanismo que está construyendo es de aplicación general y se construirá una propuesta de consulta por cada territorio, entre otros, que garantice los derechos democráticos y derechos humanos.
  3. Crear un mecanismo nacional que regule la Consulta Indígena que será adecuado a cada territorio indígena de acuerdo con su idioma, geografía, representación, espiritualidad y estructura tradicional; este último será construido con las comunidades indígenas de cada territorio.
  4. El Estado debe garantizar el recurso y transparencia en el proceso de consulta.
  5. No se aceptó la creación de una oficina centralizada sino un Consejo de Consulta en cada territorio, conformado en procesos participativos y consensuados en los territorios.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por Emmanuel Buitrago Páez.

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SEC y OIT firman acuerdo de cooperación técnica

Comunicado SEC

  • El objetivo es desarrollar un programa de formación en trabajo decente y derechos fundamentales

 

Cumpliendo con su lema “SEC junto al pueblo” y comprometido con la lucha contra las actuales tendencias de precarización del trabajo, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense firmó un acuerdo con la Oficina Internacional del Trabajo OIT, para desarrollar en el 2017 un programa de formación en el área de trabajo decente y derechos laborales fundamentales.

Gilberth Díaz, Presidente del SEC, destacó la importancia de este proceso de capacitación que va en consonancia con el interés del sindicato de apoyar la lucha por la erradicación del trabajo infantil, del trabajo forzoso, de las formas de esclavitud moderna y de la trata de personas. Así mismo, este programa complementa los contantes procesos de formación con los cuales se busca que la comunidad educativa conozca sus derechos laborales para poder ejercerlos y defenderlos.

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC

Secretaría de Promoción y Relaciones Públicas

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Enviado por SEC CR.

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UCR sede de encuentro sobre economía social solidaria

  • Presidente Solís reiteró que en su gobierno no se disminuirá el presupuesto a las universidades públicas

 

Rocío Marín González,

Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR.

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La apertura de la Sétima Academia de Economía Social Solidaria, estuvo a cargo de autoridades nacionales y de la UCR. (foto Karla Richmond).

Durante esta semana la Universidad de Costa Rica (UCR) es sede de la sétima edición de la Academia de Economía Social Solidaria, impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y varias entidades nacionales, entre ellas el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Banco Popular y la propia UCR.

La apertura de la actividad, que tuvo lugar en el auditorio de la Facultad de Educación, contó con la presencia del señor presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera; de la primera dama de la República, Mercedes Peñas Domingo; del presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti; del Ministro de Trabajo, Carlos Alvarado Quesada; del rector de la UCR, Henning Jensen Pennington; y de la directora subregional de la OIT para Centroamérica, Haití y República Dominicana, Carmen Moreno González.

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Profesionales y encargados de la formulación de políticas públicas de todo el mundo se dan cita esta semana en la UCR. (foto Karla Richmond).

En su alocución, el presidente Solís destacó el papel de la economía social solidaria en el combate de la pobreza y la desigualdad, como un conjunto de actividades que generan riqueza, mejores empleos y por lo tanto el bienestar de las personas.

Indicó que por esa razón, la Economía Social Solidaria (ESS) constituye uno de los tres pilares del Plan Nacional de Desarrollo, que incluye un decreto ejecutivo en el cual se declaró de interés público el fomento y desarrollo de organizaciones y empresas de la ESS. “Para Costa Rica este tipo de organizaciones no son novedad, el movimiento cooperativo es el más conocido y cuenta con una trayectoria notable. Son importantes porque crean trabajo decente, distribuyen la riqueza, combaten la pobreza y la desigualdad, dinamizan y potencian los mercados internos -tan importantes en momentos de mundialización de las economías- e impulsa la formalización del empleo”.

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“La buena educación que nos permite informarnos e inspirarnos frente a un futuro desafiante, debe seguir siendo el esfuerzo que todas y todos realicemos desde el gobierno como una principal tarea del desarrollo nacional”, declaró el presidente Luis Guillermo Solís. (foto Karla Richmond).

El mandatario destacó que por esa razón no concibe que el país pueda alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible al año 2030, sin el vigoroso aporte de la ESS y en particular de las mujeres, que siguen siendo excluidas de los sectores productivos. “Esto ocurre, no porque no trabajen -porque trabajan el doble que los hombres-, sino porque se les paga menos por trabajo igual, o porque no se les apoya con redes de cuido -como responsabilidad social- para que puedan incorporarse al sector productivo”.

Antes de concluir su participación, el Presidente Solís se refirió a la necesidad de que el país garantice el precepto constitucional que le obliga a invertir hasta un 8% del PIB en educación. “Por eso he insistido tanto, frente a las críticas del algunos pocos diputados que consideran que hay que reducir los presupuestos en educación, particularmente los de las universidades públicas, al decir que eso no ocurrirá en mi gobierno, porque la educación pública es la que permite los esfuerzos que se realizan cotidianamente en el campo, las fábricas y el sector de servicios, que de otra manera no tendrían ninguna posibilidad de ser exitosos”, concluyó.

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“La ESS, una de cuyas características es su capacidad de innovación, puede ser un instrumento valioso para implementar la Agenda 2030 y contribuir a lograr los objetivos del desarrollo sostenible”, explicó mediante teleconferencia el señor Guy Rider, director general de la OIT. (foto Karla Richmond).

Globalización equitativa

En un mensaje enviado por teleconferencia, el director general de la OIT, señor Guy Rider, manifestó por su parte que en la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa, adoptada por la organización en 2003, se reconoce que para lograr un desarrollo económico sostenible, es esencial una economía social fuerte.

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“La educación es un factor esencial de progreso y movilidad social, que debe insertarse en el mismo círculo virtuoso sobre el que se mueve la economía social solidaria”, recalcó el Dr. Henning Jensen. (foto Karla Richmond).

Por eso desde 2009, se han celebrado seis academias sobre ESS en Italia, Canadá, Marruecos, Brasil, Suráfrica y México, y esta semana en Costa Rica, como parte del compromiso que tiene la OIT de ofrecer a sus constituyentes una mirada global sobre experiencias y metodologías que contribuyan a encontrar soluciones a graves y urgentes desafíos que gravitan sobre los mercados laborales de gran parte de los países del mundo. “Estos encuentros –indicó- ponen en evidencia la extraordinaria diversidad de la ESS y su potencial para responder a las necesidades que emergen de un mundo en rápida transformación”.

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“Siendo nosotros amantes de una Costa Rica que cree en la justa y equitativa distribución de la riqueza, los programas de ESS deben constituirse en la piedra angular del desarrollo que queremos implementar”, manifestó el presidente legislativo, Antonio Álvarez. (foto Karla Richmond).

En particular, explicó Rider, la ESS ofrece mecanismos para abordar desafíos como el de la informalidad que afecta a casi el 50% de los empleos en América Latina y el Caribe, o en la generación de oportunidades de empleo y desarrollo empresarial en las zonas rurales, donde trabajan 52 millones de personas de la región, en su mayoría en condiciones precarias.

Entretanto, el Dr. Henning Jensen dio la bienvenida a profesionales y encargados de la formulación de políticas públicas de todo el mundo que asisten a esta cita, recordando que la tradición costarricense en ESS es larga y rica, la cual, al lado de otros modelos económicos, se ha asentado en las estrategias de desarrollo de nuestro país.

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Antes de retomar sus obligaciones, el Presidente de la República, tomó un segundo para realizarse un selfie con una de las asistentes al encuentro. (foto Karla Richmond).

Al respecto explicó, que el peso de la economía social y solidaria sobre la territorialidad es uno de los aspectos que más hemos estudiado desde la academia, el cual considera esencial promover. “Las personas que se involucran en los emprendimientos asociativos lo hacen conociendo sus territorios, los recursos de los que disponen, y las necesidades que tienen para salir adelante bajo su modelo de vida anhelado. Así, no solo existe una garantía de progreso social, sino también de protección de los bienes que están al alcance de la comunidad, lo cual fortalece el desarrollo sostenible”, indicó.

Finalmente, el Dr. Jensen se mostró satisfecho porque este encuentro se realice en la UCR pues considera que los conocimientos y estrategias que se generan en la academia reflejan que las universidades tienen mucho que decir y desean ser escuchadas activamente.

Esta edición de la Academia de Economía Social Solidaria concluirá en la UCR, el próximo viernes 25 de noviembre.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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El Frente Nacional de Pueblos Indígenas conmemora el sexto Aniversario del desalojo violento de la Asamblea Legislativa

Comunicado de Prensa

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FRENAPI es una organización indígena integrada por indígenas de los diferentes pueblos que se encuentran en el país, cuentan con el apoyo organizaciones sociales y ecologistas, sindicatos, Iglesias, Universidades, Asociaciones, personas independientes, de Derechos Humanos, entre otras.

En agosto del 2010 en el Marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, compañeras (os) de diferentes pueblos del país realizamos una actividad en la Asamblea legislativa para demandar una respuesta gubernamental sobre el futuro de la Ley de Desarrollo Autónomo los Pueblos Indígenas # 14.352, la cual garantiza que muchos de nuestros derechos se respeten, establece los mecanismos de relación entre nuestros Pueblos y el Estado y los particulares, todo dentro del marco de nuestra Constitución Política y los Convenios Internacionales ratificados por Costa Rica. Sin embargo, la respuesta que obtuvimos fue el desalojo violento con un grupo de al menos 50 antimotines de la Fuerza Pública que golpeó a hombres y mujeres, apoyados por altos funcionarios de la seguridad interna del edificio legislativo.

En ese momento expresamos “Somos los habitantes originarios de esta Madre Tierra, nuestros derechos ancestrales y milenarios, de antes que llegara la conquista, están siendo usurpados e irrespetados, ni siquiera se respeta el Convenio #169 de la OIT, que está ratificado por el Estado Costarricense”.

Lastimosamente 6 años después de estos hechos y dos décadas de que este proyecto de Ley este en discusión en la Asamblea legislativa, no ha sido aprobado, y las amenazas han crecido, como presión de los invasores no indígenas ilegales por nuestras tierras, casas quemadas, mujeres golpeadas, hombres baleados, macheteados, enjuiciados y encarcelados, sin sentencia alguna, además de amenazas de proyectos como REDD+, hidroeléctricas, entre otras.

Les invitamos este martes 09 de Agosto a la conferencia de prensa que realizaremos a las 9:00am en las instalaciones de las oficinas centrales de la Asociación Nacional de Educadores de Costa Rica (ANDE), San José, Av. 5, C. 0 y 2, donde estaremos ampliando estos temas.

*Para más información:

Pablo Sivas – indígena Térraba 8329-0842

Luisa Bejarano – indígena Ngäbe 8539-1125

Apoyo logístico 8302-2360

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Enviado a SURCOS Digital por Amigos Para la Paz.

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Trabajadoras domésticas logran aseguramiento por medio tiempo

COMUNICADO DE PRENSA

Aseguramiento por medio tiempo del trabajo domestico: un logro para las trabajadoras domésticas en Costa Rica

 

El viernes 22 de julio la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social de Costa Rica, aprobó el aseguramiento por medio tiempo de las trabajadoras domésticas por mandato del poder ejecutivo. Este logro fue posible a partir de un acuerdo interinstitucional del Ministerio de Trabajo, la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo, el Gobierno de la República y la Asociación de Trabajadoras Domésticas – Astradomes.

Hasta ahora el aseguramiento de las trabajadoras domésticas nacionales y migrantes se realizaba únicamente a tiempo completo, aunque éstas trabajaran sólo medio tiempo. Esto representaba altos costos para el empleador, lo que en muchos casos implicaba una evasión de sus obligaciones patronales. Siendo ahora a cargo de tres actores: el empleador, la trabajadora y el Estado, las trabajadoras domésticas tendrán beneficio y garantía de su seguro social. Además si la trabajadora está a cargo del cuido de adultos mayores o niños se reducirían aún más los costos al empleador por el aseguramiento.

Se espera que este acceso al seguro social, facilite también el proceso de regularización de las trabajadoras domésticas no costarricenses. No obstante este es apenas un pequeño avance para conseguir dicho estatus de regularización migratoria. Así lo subrayan la señora Rosita Acosta Ramírez, presidenta y fundadora de la Asociación Astradomes para la defensa de los derechos de las trabajadoras domésticas, y la señora Jenifer Soto Loaisiga, asesora de trámites migratorios.

Los costos de la regularización migratoria de las trabajadoras domésticas no costarricenses siguen muy siendo altos, se requieren documentos que muchos patronos no quieren facilitar, el tiempo para procesar los casos es muy largo y en dichos periodos suele haber cambiado la situación de trabajo de la trabajadora doméstica. Asimismo el permiso de trabajo que se otorga con la regularización no es portable, por lo que amarra la trabajadora migrante a su patrón, lo que se percibe según la señora Acosta como “una esclavitud moderna”.

Por lo tanto, si bien el aseguramiento de las trabajadoras domésticas representa un logro muy importante, desde Astradomes señalan que aún es necesario redoblar esfuerzos para la promoción, visibilización y mejoramiento de la situación laboral, tanto en el caso de trabajadoras domésticas extranjeras, como nacionales.

Para ello es urgente un compromiso real desde las instituciones del Estado, la sociedad civil y cada persona individualmente, para seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos laborales de estas trabajadoras.

 

Más información: Tel. 2280 1646. Correo electrónico: astradom@racsa.co.cr

Facebook: Asociación de Trabajadoras Domésticas – Astradomes

Dirección: Curridabat, San José. Del Centro Comercial Plaza Cristal 125 metros al este y 25 metros al norte, Urbanización José María Zeledón.

Contacto: Rosita Acosta Ramírez. Cel. 8829 3370

 

*Imagen tomada de la página de Facebook de Astradomes.

Información enviada a SURCOS Digital por Fabiola Pomareda, Voces Nuestras.

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Pronunciamiento sobre la Directriz para la construcción de una consulta indígena N° 042-MP

“Aunque se vista de seda megaproyecto se queda”

 

Representantes de comunidades indígenas del país junto con organizaciones de distintos sectores sociales, eclesiales, ecologistas, de derechos humanos, paz y no violencia, nos reunimos el pasado 26 de mayo del 2016 en San José, con el objetivo de analizar la propuesta del Ministerio de la Presidencia de impulsar una directriz, para la construcción de un mecanismo de consulta a Pueblos Indígenas.

La publicación de esta directriz, si bien es una reivindicación histórica de los Pueblos Indígenas de Costa Rica para obtener un mecanismo de consulta, NO estamos de acuerdo en que se realice en las condiciones actuales de violencia directa contra las comunidades y líderes, sin saneamiento territorial, y entre otros graves problemas que sufren actualmente los territorios indígenas del país.

La falta de diálogo cultural y de reconocimiento de legitimidad histórico- política con los Pueblos Indígenas (PI), es evidente y cruza todas las relaciones de estos pueblos con el Estado y las sociedades NO indígenas. Es una relación marcada por el despojo, el desprecio discriminatorio y el racismo.

Para muestra, está la realidad indígena cotidiana, donde hay territorios donde los NO INDÍGENAS (“blancos”/“ganaderos” ) gobiernan a su antojo, están más presentes que el Estado y desaplican la ley al mejor estilo de control “paramilitar”, como quedó en evidencia en días pasados durante un bloqueo/ manifestación de estas personas y grupos en Buenos Aires de Puntarenas, haciendo uso de dinamita, machetes, bombas molotov y otros, con acciones desafiantes hacia las autoridades del Estado , siendo parte de ello algunos líderes municipales. Además nos preocupa, la siembra y el trasiego de drogas, (que es) un secreto a voces, (sucede) en la Zona Sur, en que estas bandas utilizan parte de los territorios indígenas. Lo que tenemos es una bomba de tiempo, que supera el tema de una directriz específica, y de una política pública hacia los Pueblos Indígenas.

Muchos de estos sectores NO indígenas poseen tierras dentro de los territorios, la mayoría por despojo directo y violento o en condiciones ilegales, buscando indemnización bajo actos prohibidos por la ley y de los tribunales.

Nos preocupa el impulso de la directriz, buscando establecer el mecanismo de consulta, ya que es una propuesta, diseñada a la medida de los “interesados” institucionales y de grupos económicos, inversionistas, aunque su forma de convocatoria lo disimule; y es que no solo les interesa la represa Diquís, si no al menos otros 17 proyectos hidroeléctricos que el ICE ha querido impulsar dentro de los territorios indígenas, la mayoría de ellos, en etapas de identificación y estudios preliminares. Estos proyectos representan, con respecto a la capacidad hidroeléctrica futura total, aproximadamente un 30% tanto en términos de potencia como en energía.

Este es uno de los intereses de esta esperada convocatoria, pero no el único, está en la fila FONAFIFO que avanza en el mecanismo REDD+ y el Pago de los Servicios Ambientales; de igual forma están las obras de infraestructura vial (mega carreteras del sur y el aeropuerto, en cumplimiento del plan Mesoamérica (antes plan Puebla Panamá) que unirán Mesoamérica en la expansiva ruta comercial mundial con el nuevo canal de Panamá, entre otras cosas.

Por lo tanto, creemos:

Si el gobierno quiere adelantar este proceso, tiene que generar condiciones, reconocer las enormes asimetrías que fundan esta relación y empezar a sentar bases que con los años o décadas puedan generar otros escenarios donde esta propuesta si tenga mayor legitimidad y aceptación social para los beneficiados y no solo para los interesados, a través de un proceso amplio y debidamente informado, de conformidad con los principios y derechos establecidos ( geografía – idioma – comunidades – tiempos según clima y los periodos de las actividades productivas – etc).

Ejecutar de inmediato las políticas de saneamiento territorial, que garantice a los pueblos indígenas, su integridad, su libertad y su autonomía dentro del territorio y fuera de él, de forma que el pueblo indígena pueda vivir libre del asedio y ataque de los NO indígenas en su territorio.

Detener definitivamente las acciones de violencia que han sido sistemáticas, organizadas y continuadas hacia los indígenas en su territorio. Así como detener, indagar e investigar y sancionar a los responsables de estos delitos, muchos de ellos identificados plenamente por las personas indígenas ofendidas.

Aprobar o archivar el proyecto de ley 14.352, Ley de Autonomía de los Pueblo Indígenas, que lleva más de 20 años de esperar su aprobación; así como que se respeten los derechos de los PI establecidos en el convenio 169 de la OIT, y la Declaración de los Derechos Humanos de los PI de la ONU (2007), las resoluciones de los tribunales nacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen garantías y reafirmas esos derechos humanos específicos.

Por lo anterior, reiteramos que reconocemos que esta directriz no es el mecanismo de consulta, sino el camino hacia ese mecanismo, por eso es la preocupación y la oposición nuestra, pues se estará discutiendo y buscando acuerdos bajo la violencia, la amenaza y la impunidad, así como con la presencia de los no indígenas usurpando los territorios e intimidando a las comunidades, ese no puede ser el camino del dialogo cultural ni el de reconocimiento de los derechos indígenas a la consulta, a la tierra /territorio.

FRENAPI (Frente Nacional de Pueblos Indígenas), Talamanca por la Vida y por la Tierra, Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), COECO Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, Servicio paz y Justicia en Costa Rica – SERPAJ – CR, Kioskos socio-ambientales de la UCR, Iglesia Luterana Costarricense (ILCO), Organizaciones del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena.

 

**Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Coecoceiba.

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