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Etiqueta: Orden Constitucional

Manifiesto público a la ciudadanía costarricense

Es la hora de los hornos, en que no se ha de ver más que la luz”. José Martí

¡Exhortamos a las organizaciones sindicales, estudiantiles, feministas, ambientalistas y comunales a manifestarse!

El país vive un momento muy peligroso, del cual es responsable el presidente Rodrigo Chaves.

¡La democracia está en peligro!

Sus denuncias constantes de persecución y amenazas de golpe de Estado en su contra, además de ser una falacia, prepara condiciones para justificar un autogolpe que barra con el orden constitucional y paralice el funcionamiento libre y democrático del Poder Judicial y del Poder Legislativo.

La amenaza de una guerra civil que sugiere el presidente es una provocación. Siente que la cárcel, por tanta denuncia penal en su contra, está tocando el talón.

Hay que tomar en serio sus amenazas y su empoderamiento con los equipos de guardianes, las turbas agresivas que se están forjando a su alrededor y su amenaza de que cuenta con el apoyo de miles de policías de la Fuerza Pública para enfrentar un eventual golpe de Estado, golpe de Estado que solo existe en su imaginación.

La opinión pública debe movilizarse. El pueblo debe manifestarse en las calles en defensa del orden constitucional, de la democracia y las libertades públicas.

¡Las fuerzas democráticas y progresistas deben unirse con estos propósitos!

Firman:

  1. Alberto Arnoldo Campos Barrantes
  2. Alcides José Murillo Campos
  3. Ana Gabriela Hernández Gutiérrez
  4. Ana Mercedes Rodríguez
  5. Arnaldo Moya Gutiérrez
  6. Arnoldo Mora (Dr. Filósofo)
  7. Asdrúbal Chavarría Agüero
  8. Claudio Monge Pereira (Dr.)
  9. Diego Villalobos Quirós
  10. Edison Valverde Araya
  11. Elena Gutiérrez George Nascimento
  12. Federico Li Bonilla
  13. Federico Picado Gómez
  14. Fernando Zúñiga (Dr., Economista)
  15. Francisco Barahona Riera
  16. Gerardo Contreras (Historiador)
  17. German Chacón Araya
  18. Gonzalo Villalta Gewurtz
  19. Heyner Rodríguez Artavia
  20. Israelí Guillén
  21. Jorge Arturo Montoya Alvarado
  22. Jorge Barrientos V (Dr. en Historia)
  23. Jorge Calderón Morales
  24. Jesús Monge
  25. Lenin Chacón Vargas
  26. Macarena Barahona Riera
  27. Manuel Arguedas Castro
  28. Manuel Monestel Ramírez
  29. Manuel Moscoa López
  30. Manuel Romero Arroyo
  31. Marco Vinicio Fournier Facio
  32. Mario Alfaro Rodríguez
  33. María Hidalgo Quesada
  34. Olmedo España (Dr.)
  35. Olga Goldemberg Guevara
  36. Raúl Blanco Chavarría
  37. Ricardo Araya Montero
  38. Rubén Pagura Alegría

Decreto sobre la UEI pone en riesgo la democracia de una Costa Rica sin ejército

Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo

El reciente decreto emitido por la Presidencia de la República, que otorga nuevas facultades a la Unidad Especial de Intervención (UEI), ha generado una profunda preocupación en diversos sectores del país. Este cambio habilitó a la UEI, tradicionalmente encargada de situaciones de alta complejidad operativa, para realizar investigaciones de inteligencia y allanamientos, atribuciones que antes recaen exclusivamente en otras entidades judiciales y policiales.

Sergio Ortiz Pérez expresó que este decreto genera «suma preocupación» debido a los cambios en las funciones de la UEI, subrayando el impacto potencial que estas modificaciones pueden tener en el equilibrio democrático. «Vemos con suma preocupación el decreto de la Presidencia de la República, en el cual cambia las funciones de la Unidad Especial de Intervención y les habilita para realizar investigaciones de inteligencia y allanamiento», señaló.

Por su parte, Grace García calificó el decreto como una amenaza directa contra la democracia y la paz del país. «Este decreto representa una clara amenaza para nuestra democracia y paz. Otorgar mayores poderes a un cuerpo policial con alta preparación y equipo bajo la dirección directa de la Presidencia, en la coyuntura actual, representa un grave riesgo y simboliza un peligroso avance, similar a los desarrollados por las dictaduras en otros países de la región latinoamericana, generando las llamadas policías políticas», advirtió.

En la misma línea, Wendy Vargas destacó que las nuevas facultades asignadas a la UEI invaden competencias exclusivas del Poder Judicial. «Las facultades otorgadas a la UEI son las otorgadas al Poder Judicial y que son ejecutadas por el OIJ, órgano con plena independencia y rigurosidad científica. Esta Unidad lanzará acciones únicamente bajo la dirección del Presidente», explicó, enfatizando la preocupación por la concentración de poder.

Vivian Rodríguez, por su parte, hizo un llamado enfático a la ciudadanía y a las autoridades para revertir esta situación. «Hacemos un llamado a la población a prestar atención a la gravedad de este hecho; hacemos un contundente llamado al Presidente de la República a revocar esta decisión que pone en riesgo la división de poderes y la estabilidad democrática”. Vivian Rodríguez se pregunta: “¿Y las bases de nuestro Pacto Social?». Además, instó a los demás poderes de la República a activar los mecanismos necesarios para proteger la libertad y el orden constitucional del país.

La implementación de este decreto ha encendido las alarmas sobre el posible debilitamiento de la separación de poderes y el aumento de la influencia presidencial en instituciones clave. Las voces críticas piden un debate nacional urgente para evaluar las implicaciones de este cambio y garantizar la preservación de los principios democráticos fundamentales.

Le invitamos a ver el video de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo:

Opinar de lo que no se conoce

José Manuel Arroyo Gutiérrez

La ocurrencia del analista político Juan Carlos Hidalgo, para que el señor Presidente Alvarado se haga a un lado, quede como simple expectante y designe a don Rodrigo Arias como un presidente de hecho, puede sonar a delirio si no fuera por los antecedentes que ya le conocemos a este opinador. No se trata sólo de que el Presidente, de aceptar este disparate, pudiera ser acusado al menos de “incumplimiento de deberes” (art. 339), delito perfectamente tipificado en la ley penal, sino que don Rodrigo también incurriría en eventual “sedición” (art. 4 de la Construcción) o como mínimo de “usurpación de autoridad” (art. 317 del Código penal).

¿Por qué será que la gente opina de lo que no sabe?  Semejante situación involucraría también la eventual aplicación de las figuras de Instigación Pública (art. 280), Asociación Ilícita (art. 281), violación del Principio de Alteridad (art. 302) y Propaganda contra el Orden Constitucional (art. 303). A don Juan Carlos le recomendaría la lectura atenta de todas estas normas penales.

La respuesta a semejante despropósito sólo puede estar en un fundamentalismo ideológico, tan fanático y ciego como cualquier otro fanatismo político o religioso. Se quiere que la realidad sea tal cual el egocentrismo de alguien quisiera que fuera, y se está en disposición de arrasar con el ordenamiento jurídico con tal de lograr lo que se propone. No hay diferencia cualitativa entre el fanático fundamentalista que se prende fuego o se hace estallar en mil pedazos (con la promesa del Paraíso y las mil vírgenes), y estos neoliberales que no dudarán en lanzarnos, si se lo permitimos, al Paraíso en la tierra regido por el “¡sálvese quien pueda!”.

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su espacio de Facebook.