José Manuel Arroyo Gutiérrez

La ocurrencia del analista político Juan Carlos Hidalgo, para que el señor Presidente Alvarado se haga a un lado, quede como simple expectante y designe a don Rodrigo Arias como un presidente de hecho, puede sonar a delirio si no fuera por los antecedentes que ya le conocemos a este opinador. No se trata sólo de que el Presidente, de aceptar este disparate, pudiera ser acusado al menos de “incumplimiento de deberes” (art. 339), delito perfectamente tipificado en la ley penal, sino que don Rodrigo también incurriría en eventual “sedición” (art. 4 de la Construcción) o como mínimo de “usurpación de autoridad” (art. 317 del Código penal).

¿Por qué será que la gente opina de lo que no sabe?  Semejante situación involucraría también la eventual aplicación de las figuras de Instigación Pública (art. 280), Asociación Ilícita (art. 281), violación del Principio de Alteridad (art. 302) y Propaganda contra el Orden Constitucional (art. 303). A don Juan Carlos le recomendaría la lectura atenta de todas estas normas penales.

La respuesta a semejante despropósito sólo puede estar en un fundamentalismo ideológico, tan fanático y ciego como cualquier otro fanatismo político o religioso. Se quiere que la realidad sea tal cual el egocentrismo de alguien quisiera que fuera, y se está en disposición de arrasar con el ordenamiento jurídico con tal de lograr lo que se propone. No hay diferencia cualitativa entre el fanático fundamentalista que se prende fuego o se hace estallar en mil pedazos (con la promesa del Paraíso y las mil vírgenes), y estos neoliberales que no dudarán en lanzarnos, si se lo permitimos, al Paraíso en la tierra regido por el “¡sálvese quien pueda!”.

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