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Etiqueta: pacto social

Chile. Sueños truncados

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mg. José A. Amesty Rivera

Consternados leimos las noticias que, en Chile con el 99% de los votos escrutados, la extrema derecha redactará la nueva Constitución chilena. De esta manera, el Partido Republicano (extrema derecha) ha recibido un 35,42 % de los votos, mientras que Chile Seguro (derecha tradicional) y Partido de la Gente (centroderecha) cuentan con el apoyo de un 21,07 % y un 5,48 % de los votantes, respectivamente.

Por su parte, Unidad para Chile (izquierda) ha obtenido un 28,57 % de los votos y Todo por Chile (centroizquierda) ha sido apoyado por un 8,96 % de los votantes.

Atrás quedó el sueño de una Constitución redactada por una Asamblea Constituyente electa, cien por ciento, por el soberano.

¿Dónde queda el sueño de incluir en la Constitución chilena, el tema del país que se desea diseñar?

Incluir además el sueño de un nuevo Pacto Social.

El sueño de discutir una vez más la regla fiscal.

Discutir lo exclusivo del Ejecutivo en el tema del presupuesto.

Incluir en la Carta Magna, el sueño de la independencia del Banco Central chileno.

El sueño de buscar mecanismos para soluciones de treinta años de desigualdad económica y social.

El sueño de redefinir la noción patriarcal, colonial y hetero normativa de familia, heredada históricamente de las constituciones autoritarias, que se han impuesto al país desde 1833 en adelante, y que ha sido una fuente de discriminación, exclusión y persecución a importantes sectores de la sociedad.

Desmontar de la actual Constitución el viejo sueño de, con esperanza salir de tantos años de «limitar al centro de la injusticia», como cantaba Violeta Parra, a mediados de los sesentas. Sin duda, será un proceso largo y tedioso, sino monumental, desmontar la vieja constitución de Pinochet.

Así mismo, que el Ejecutivo sea un gobierno de ayuda para los sectores más necesitados; y ver desaparecer rasgos de un fascismo pinochetista.

El sueño que Chile tenga un presidente como lo fue Allende, con un programa de gobierno socialista y muy cercano a los más necesitados, y a los intereses de la Nación.

Un presidente que no tenga miedo al imperio estadounidense, ni a ser de izquierda.

Aquel sueño en el ámbito militar con un nuevo enfoque que, tenga una línea antimperialista.

Que tenga una activa lucha de clases.

Que haga propuestas de Alianzas Nacionales anti imperio en Chile, América Latina, Caribe, en el mundo.

Que ejecute un rechazo a las provocaciones imperialistas, respondiendo como patriotas con una conducta integral de nacionalismo militar revolucionario, con proyección continental, propios de nuestra herencia histórica libertaria.

Concluimos con este sueño militar, dando nuevos pasos hacia un Estado obrero, campesino, y comunal cívico militar de “abajo”, vieja propuesta socialista revivida por el comandante Hugo Chávez Frías.

El sueño de incluir en la Constitución el llamado «Proceso Constituyente», como resultado de un acuerdo del sistema de partidos políticos institucionales, que arrancó tras la revuelta social iniciada en octubre de 2019.

El sueño que la Constitución de Chile, no sea la confección de una Carta Magna, como ejercicio exclusivo de los intereses de los grupos sociales dominantes, sin participación popular y ni siquiera respetando los mínimos códigos y formas de los regímenes liberales.

En resumen, como señala Andrés Figueroa Cornejo en su artículo, «Elección constitucional en Chile: El momento caótico«: «el denominado «proceso constituyente» y sus distintos tiempos, no sólo ha sido signado por el autoritarismo conservador y supremacista, propio del devenir histórico de las clases tutelares y los imperialismos de turno, sino que además es un leal reflejo de las relaciones de fuerza al interior de una organización institucional excepcionalmente rota durante parte de los años 60 del siglo XX y el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende«.

Agregando, además: «… hoy se instala como continuismo, un nuevo escenario de protección del capital contra los intereses populares, y agregó que, es preciso que las expresiones de los intereses del pueblo salgamos del margen político mediante un programa revolucionario con contenido de clase que se dirija hacia la construcción del poder popular«.

También, para finalizar Igor Goicovic en su artículo, «Chile: La derrota del progresismo socialdemócrata» señala: «Por otro lado, el énfasis puesto por los medios de comunicación en los problemas delictuales, en especial en aquellos protagonizados por inmigrantes, resituaron el campo de la discusión pública hacia la situación de seguridad. Los problemas asociados a salud, educación, pensiones, vivienda y salarios, desaparecieron de la agenda (Constitucional). De hecho, muy pocos se enteraron, en julio de 2022, que el INE informó que el salario medio en Chile continuaba estancado en los 457.690 pesos (580 dólares)«.

Enfatizando finalmente: «No sería extraño, siguiendo el razonamiento del 7 de mayo por la noche del Presidente Gabriel Boric, que la nueva carta constitucional articule competencias policiales cada vez más estrictas en materia de orden público y migración y que a su vez considere un marco de operaciones amplio para las inversiones de capital, locales y extranjeras, y en compensación le conceda al progresismo algunas migajas en materia de interculturalidad y equidad de género«.

Nuevamente en nuestra querida América Latina, sueños cortados, rotos. Algún dia nuestra utopía se hará realidad, es nuestra esperanza.

“Generaciones Perdidas” en Uruguay y Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

En un reciente programa de Alto Voltaje de Radio CRC 89.1, la exministra de Cultura señora Mimi Prado y el analista político don Fausto Amador hicieron una referencia comparativa al estilo de desarrollo de Uruguay y Costa Rica, mostrando que, para la década de 1980, mientras en Costa Rica el índice de pobreza era de 20%, en Uruguay era de 39%, y que actualmente Uruguay lo ha reducido a un 8% mientras Costa Rica lo ha incrementado en más del 20%.

Por otra parte, destacaron que en Costa Rica se inició un programa de capacitación en informática educativa y acceso a computadoras 15 años antes que Uruguay, bajo un convenio entre la Fundación “Omar Dengo” y el Ministerio de Educación Pública, sin embargo, hoy Uruguay la ha superado al contar con cobertura total de internet para estudiantes de primaria y secundaria, así como acceso a computadoras, facilitadas por el Estado, gratuitamente, a estudiantes y profesores. Efectivamente, en Uruguay ya para el año 2009 el 100% de sus estudiantes de colegios públicos poseía un dispositivo para conectarse gratis a internet desde su centro educativo. Un primer logro del plan Ceibal, una política de Estado que puso a Uruguay a la delantera en virtualidad, de tal manera que lo sembrado durante trece años evitó que la emergencia por el COVID 19 tuviese un impacto mayor en el aprendizaje de los estudiantes (https://www.elespectador.com/educacion/el-secreto-de-uruguay-para-ser-el-lider-en-educacion-virtual-en-a-latina-en-cuarentena-article/).

A finales de la década de 1980, Uruguay mostraba una población con un rostro de adultos y adultos mayores; había emigrado, a diferentes países, casi toda una generación relativamente joven -“generación perdida”-, debido a la persecución, represión y tortura a que se vieron expuestos desde la década de 1970 por los regímenes dictatoriales represivos que adherían a la denominada doctrina de seguridad nacional, y que devastaron la institucionalidad democrática de la mayoría de países de Suramérica. Por su parte, Costa Rica mostraba una “generación perdida” de estudiantes que no habían logrado concluir sus estudios secundarios, lo que contribuyó a incrementar el índice de pobreza, debido a otra forma de represión: el sometimiento a los dictados de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que imponían el derrotero neoliberal de menos Estado y más Mercado, cifrando esperanzas en un mercado globalizado, donde la copa del crecimiento económico una vez llena se derramaría para “bendición” de los pobres.

A diferencia de Uruguay, para los analistas citados, Costa Rica perdió el rumbo, precisamente por haber apostado a un estilo de desarrollo donde no se ha logrado articular el crecimiento económico con la integración y cohesión social, la equidad. Hoy, después del comprobado fracaso de ese estilo de desarrollo, se continúa priorizando el crecimiento económico, apelando al viejo cuento de que “no se puede hacer chocolate sin cacao”, cuando lo que sucede es que el cacao está en manos de una minoría, y así la mayoría está destinada quedarse sin chocolate.

Un ejemplo de este equivocado derrotero salta a la vista en la negociación del Fondo Especial para La Educación Superior (FEES). En un conversatorio propiciado por La Revista, el exministro de Hacienda, don Guillermo Zúñiga, señalaba que un presupuesto de gobierno expresa las prioridades del mismo; y llamaba la atención sobre la necesidad de poner a la educación en primer plano, ante el desafío que representan los acelerados procesos de cambio. Por su parte, el jurista constitucional, don Rubén Hernández, destacaba que independientemente de cuál fuese el nuevo gobierno su expectativa era que este tendría que prestarle atención especial y urgente a la educación; el “apagón educativo” sería una prioridad.

El país puede pretender jugar en primeras en calidad de vida y bienestar social. Tenemos condiciones para hacerlo, precisamente, gracias a la apuesta decidida y valiente que hicieron nuestros grandes estadistas, particularmente en el siglo pasado, por la salud y la educación, dos pilares esenciales de nuestro Estado Social de Derecho. Eso sí, se requiere retomar el rumbo fortaleciendo el régimen de seguridad social en salud y revolucionando el sistema educativo, invirtiendo más y mejor en todos sus niveles. Es decir, poner de nuevo a la educación como prioridad de una política de Estado.

Para ello, hay que renovar el pacto social ciudadano por la equidad y la solidaridad, buscar mecanismos para renegociar la deuda pública, impulsar una verdadera reforma fiscal que ponga a tributar a las grandes empresas nacionales y extranjeras y dejar de golpear el bolsillo de la clase media y de los pobres. No se debe continuar raspando la olla de estos sectores, como se pretende ahora, poniéndole impuestos al aguinaldo y al salario escolar, mientras se continúa llenando la olla de los que más tienen.

Es tiempo de dejar atrás el discurso populista de quienes llegan al poder hablando a favor de los pobres para luego gobernar a favor de los ricos. Necesitamos un gobierno de mayorías y para las mayorías. Estas mayorías están apoyando y cifrando sus esperanzas en el gobierno actual. Se le ofrece, así, una gran oportunidad para darle un nuevo rumbo a este país. Urge hacerlo para bien de la democracia y la paz social.

Ya no es posible recuperar a la “generación perdida” de los años 1980, pero sí es posible crear condiciones para no perder a una nueva generación, fuertemente golpeada por la pandemia sanitaria y las pandemias de la pobreza y la desigualdad.

La democracia no tiene la culpa

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Las condiciones económicas que le daban estabilidad a la democracia liberal en épocas pasadas ya no existen. Por el contrario, vivimos en los tiempos accidentales y de descenso de la modernidad, los problemas estructurales relacionados a la mala distribución de la tierra, su deterioro sistémico y el aumento de las desigualdades de todo tipo, son el reflejo más contundente de esa realidad. No es de extrañarse entonces, los amplios grados de polarización política existente en el mundo actual, especialmente en América Latina y el Caribe, así como todo el sur global.

La democracia iliberal o democracia sin derechos como llaman muchos, y el liberalismo no democrático (derechos sin democracia), se ha empezado a convertir en el fenómeno por antonomasia en respuesta a esa falta de resonancia de la política con la ciudadanía. Por su parte, los defensores de la democracia liberal, tal cual la conocemos hoy, ya sean de izquierda o derecha, parecen gozar de poca credibilidad, en particular si esas voces pertenecen a partidos políticos tradicionales o asociados de alguna manera a aquellas prácticas políticas hacia las cuales las personas manifiestan fuerte rechazo. 

Sin dejar el tema de la exclusión-polarización económica de lado, parte del problema es que occidente ha convertido la democracia de corte liberal en ideología y propaganda, con rasgos totalitarios que ataca todo lo diferente a ella, sin tomar en cuenta la verdadera pluralidad que caracteriza al mundo. Por el contrario, trata de comprimirlo, para que entre en un molde preconcebido al cual todos deberían adecuarse. Lo preocupante de esto es que al convertirse en una forma de religión política laica, se vuelve un instrumento manipulable a muchos intereses adversos al bienestar común, desnaturalizando así su razón de ser, contrario a todo lo que en realidad debería ser una democracia robusta y pluralista en el siglo XXI.

Esta reflexión crítica no significa estar en contra de la democracia, es una forma de evidenciar o advertir sobre los riesgos de esta forma particular de la misma, para comprender los fenómenos políticos y buscar así formas alternativas para mejorarla y hacerla volver a su centro esencial. La creciente concentración de riqueza en nuestras sociedades dentro de los sistemas democráticos liberales defendidos a capa espada por el establishment, provoca el rechazo ciudadano, y al igual a lo sucedido con la izquierda o la derecha clásicas, este pierde la fe y su compromiso con ella. A primera vista y sin profundizar mucho en el análisis, constatan que no ha dado respuesta a sus necesidades más elementales, y paradójicamente, las perpetua. Ante los ojos de grandes sectores excluidos, sus condiciones de vida se han deteriorado en democracia.

Ahí reside uno de los mayores peligros reales para la democracia en nuestros días. El disgusto popular hacia ella es como si se estuviese rechazando una ideología por sus contradicciones y falta de resultados concretos, así las figuras que surgen como anti sistema, no llevan como prioridad una transformación ideológica del país en derecha o izquierda necesariamente, sino más bien, se dirigen directo a la institucionalidad democrática y sus principales pilares, para cambiar las reglas del juego, con sobradas razones, llegando a contar con el apoyo de amplios sectores, en especial aquellos menos beneficiados por el desarrollo.

No en vano existen muchos autores contemporáneos escribiendo sobre la relación existente entre el auge del populismo y la creciente fragmentación social. Estos académicos plantean que el creciente apoyo a partidos de corte extremista está asociado a sentimientos de marginación y desintegración social. La pérdida de sentido de pertenencia a la comunidad no solo genera marginación y problemas de violencia e integración, sino que promueve el auge de partidos populistas. Las personas tienden a sentirse socialmente marginadas en las sociedades del descenso, el consumo y la inmediatez actuales; el miedo a no ascender socialmente, no obtener un mejor salario o empleo, perder el estilo de vida adoptado o el temor de no poder llegar a fin de mes, provoca un descontento tal que es natural la búsqueda política de responsables ante dichas situaciones. Cada vez hay que correr más no para estar mejor, sino para no descender.

Esos sentimientos de marginación social pueden tener múltiples raíces, entre ellas el alto costo de la vida, la pérdida de una posición social y económica valorada, el crecimiento de las brechas digitales, culturales, educativas o laborales. En otras palabras, entre mayor sea la exclusión del modelo económico imperante en nuestras democracias liberales, mayor será la desafección hacia esta y más fuerte será la polarización social, así como las manifestaciones de carácter populista que se den en cada país afectado por esta realidad. El populismo no es una causa, sino un efecto, por esa razón, su combate más bien lo fortalece, el frío no está en las cobijas.

Hay quienes echan la culpa a los migrantes ilegales, a los sectores económicamente más acomodados de la sociedad junto con la evasión fiscal, y otros a la corrupción o al gobierno de turno. El objetivo es buscar un culpable para cobrarle la factura en las próximas elecciones, el problema es que no se busca tocar el modelo económico generador del problema de fondo. Es aquí donde los candidatos outsiders asoman la cabeza, con un discurso incendiario contra las élites, los partidos políticos, las minorías u otras estructuras de intermediación sociales clásicas, según sea su inclinación particular.

Así todo se empieza a volver más complejo y el (des)orden en su totalidad se torna en riesgo latente para todos por igual. No se sabe lo que pueda surgir de esas crisis, para muchos es lo correcto, para otros puede representar el fin del estado de derecho o la puesta en riesgo de grandes inversiones económicas. El punto acá es que el actual estado de las cosas no es viable para ningún actor social y económico de la sociedad.

Volver a la democracia real y su defensa pasa necesariamente por la construcción de un proyecto nación integrador, respetuoso de la pluralidad pero buscando superar la fragmentación económica y social. Pasa por replantear los mecanismos de distribución de oportunidades en todos los sectores para que el fruto de la productividad sea reflejado en el bienestar de todas personas, es volver a crear una voluntad social colectiva, cuyo sujeto histórico sea la comunidad en su amplitud de expresiones, visiones y demandas, donde el sentimiento de pertenencia sea otra vez parte del orgullo y no de la indiferencia.

En contraste con la globalización clásica donde los conceptos de nación o frontera fueron menospreciados, ahora deben ser retomados como garantes de la verdadera pluralidad, de respeto a la diferencia y la autonomía de cada pueblo que habita el planeta. Esto no significa cerrarse al mundo, ni mucho menos caer en nacionalismos destructivos de periodos superados, pero sí entender y respetar la forma de organización política de cada país (demos-kratos), respetar esas visiones, y en el marco de la diferencia buscar construir de forma colectiva un andamiaje sólido para fortalecer la paz y permitir que cada pueblo pueda volver a tomar en sus manos realmente el rumbo de sus destinos. Construir un nuevo pacto de la sociedad de acuerdo a las realidades de la época.

La democracia en su centro esencial, donde todas las personas se sientan parte de ella y no fuera, donde existan mínimos que garanticen una vida digna de no descenso, con instituciones eficientes que responden a las demandas ciudadanas y le acompañan en la realización de los proyectos de vida de cada quien. Es tener de nuevo la libertad de elegir el estilo de vida que se desea en una sociedad con reglas pero también derechos para todos, sin discriminación alguna y sobretodo, con mayor justicia social, digital y ambiental. Mientras no podamos resolver los problemas estructurales que nos han traído hasta este punto, y que no son culpa de la democracia como tal, ésta seguirá pagando los platos rotos y estando en cuidados intensivos por tiempo indefinido.

DERECHO DE ADMISIÓN

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

El accionar violento sobre los cuerpos de los otros, de las otras, es ya una constante en la Costa Rica actual.

Indica algo más que una actitud de poder y de superioridad. Significa el desarrollo en marcha y en transcurso de una batalla sociocultural por ganar espacios y posicionamientos, que se ha enseñado sin tregua sobre las subjetividades y las somete. Implica la ampliación de la ruptura del pacto social que se instaló en los últimos años en el país. Produce la exclusión, el dejar por fuera, la invisibilización de los derechos más básicos.

A inicios de mayo que ya pronto termina, en una noticia perdida entre el ruido del cambio de gobierno y los primeros días de una gestión que no calienta, se conoció el intento de asesinato de una persona indígena de origen panameño.

Esta persona fue atacada con fuego en un parque público ubicado en una comunidad al sur del país.

Los ataques contra las corporalidades indígenas son recurrentes. Las personas recuperadoras de sus territorios son objeto un día sí y otro también de hechos que dejan marcas imborrables en sus biografías.

Aún está fresca en la memoria colectiva los rasgos de violencia con que fueron violentados y literalmente marcados cuerpos de mujeres, niños y hombres de la comunidad de Salitre, el mismo día que el país celebraba ebrio de triunfo la gesta contra la selección de Grecia en el mundial de fútbol de 2014.

Una de las personas desplazadas e incluso detenidas fue el líder recuperador Sergio Rojas. Años después fue asesinado sin que el Estado costarricense haya responsabilizado aún a persona alguna por este hecho.

En lo que esta reflexión se terminaba de editar, se conoció la agresión contra una mujer que no solo fue violentada sexualmente, sino que intentaron desaparecerla lanzándola por una pendiente.

Semanas atrás un bar ubicado en la capital costarricense negó la entrada a un hombre sin mediar razón alguna. El hombre argumentó en medios de comunicación que su aspecto, su color de piel, pudieron haber influido en el derecho de admisión del negocio.

Justamente estos acontecimientos ejemplifican cómo algunas poblaciones van quedando “afuera”, violentadas por un sistema social, patriarcal y racial que ha venido intensificando su violento accionar.

Hace algunos días se dio un nuevo acto de crimen de odio en la sociedad estadounidense. Procuremos que en Costa Rica reservarse el derecho de admisión no implique sólo el dejar afuera y signifique además el avance de una escalada excluyente y sin retorno que justifique el odio como motor de una más de las desigualdades que movilizan hoy en día al país.

En los límites de nuestro Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (23).
Tercera época.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

¿QUÉ O QUIENES FUERON LOS GRANDES AUSENTES EN EL DEBATE ELECTORAL DE ESTE MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 2022 ORGANIZADO POR EL DIARIO EXTRA?

Aunque a muchos les parezca increíble, e incluso desproporcionado, este juicio que voy a emitir: yo pienso que esos ausentes no fueron personas físicas, sino más bien otros factores que representan la exteriorización del final, ya manifiesto e inevitable, de nuestro estado social de derecho y de la Segunda República, dentro de la que su institucionalidad se materializó, aún en medio de la ofensiva neoliberal iniciada en la segunda mitad de los años ochenta. Dado lo anterior, resulta innegable que, en medio de este debate, faltaron esos componentes esenciales del pacto social de hace setenta años, del que tanto abominaron la oligarquía costarricense y sus principales medios de comunicación por haberle dado continuidad a la reforma social de los años cuarenta, a los que ahora el mundo de la vieja política en el peor sentido del término, representado tanto por Figuerillos, como por los restos del PLN, los “progres” del PAC, los “reaccionarios” del PUSC y algunos pseudocristianos, se encargó de sepultar con una batería de leyes antipopulares, llegando incluso a criminalizar la protesta social y a blindar a los evasores fiscales y tenedores de títulos de la deuda interna.

El otro candidato presidencial, ese que vino de afuera como un auténtico outsider, no es un socialdemócrata ni tampoco se atreve a defender ese legado histórico, del que al parecer no se siente parte, de ahí la arena movediza en la que parece desplazarse, a pesar de algunos señalamientos acertados que formuló al inicio del debate, cuando aún las recriminaciones y amenazas recíprocas no habían comenzado a ponerse de manifiesto, a propósito de temas como el financiamiento de las campañas electorales, dentro unas mal llamadas “elecciones libres” que nunca lo han sido, pero que han resultado ser un excelente negocio para dos o tres banqueros que se han convertido en los árbitros de la política, de ahí que quien no tiene plata no puede entrar en esa absurda competencia, a no ser que disponga de otros medios como en el caso de Rodrigo Chaves, suscitando la ira de sus adversarios. Por lo demás, pienso que ya es hora de abandonar tanta credulidad y estupidez manifiestas, miremos de frente lo que sucede en nuestro país, precisando así los límites entre lo real y lo irreal.

En efecto, lo que sucede es que ambos candidatos presidenciales no logran identificar, de manera pública y bien precisa, los elementos de la mentada crisis por la que estaríamos atravesando, en esencia ambos se equivocan al definirla como coyuntural, y sí piensan –tal y como lo dijeron- que podrán enmendar rumbos que ya fueron definidos en otros tiempos, en otros escenarios y por parte de otros actores sociales. La inmensa deuda pública y sus intereses de mora los harán actuar como marionetas del Fondo Monetario Internacional y de los usureros, toda una capa social de consumados evasores fiscales.

Son esos elementos coyunturales, exteriorizados en el transcurso de una mediocre e insípida campaña electoral, los que nos impiden captar una panorámica del escenario histórico como la que estamos viviendo, muy a pesar nuestro, aunque tendamos a darle la espalda a la realidad: Estamos en los inicios de una prolongada época de retroceso social y político, una que marcará en esencia todos los componentes de nuestro mundo social y político, a lo largo de  la tercera década del siglo XXI, como un proceso propio de la larga duración histórica. Esto apenas está empezando.

El Discurso de la Anticorrupción

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En la reciente campaña electoral no hubo un tema que polarizara la contienda, como el del matrimonio igualitario en la del 2018. Esta vez, la agenda temática fue más diversa y abordada de manera más distendida. Incluso, en algunos temas hubo enfoques similares y hasta compartidos. En este contexto, las candidatas y candidatos apelaron al discurso de la anticorrupción, procurando sacarle dividendos político-electorales, pero con un abordaje sesgado.

Existen diferentes tipos de corrupción: la clientelista que reparte favores para ganar votos, la mercantilista que compra políticos para obtener concesiones, la burocrática, pública y privada o corporativa, que legitima las malas prácticas y, quizá, la más pura y dura, la de las políticas neoliberales que favorecen al gran capital empresarial y financiero, generando más pobreza y desigualdad. Pero, quienes enarbolan el discurso de la anticorrupción pocas veces hacen referencia a este último tipo, protegiendo intereses igualmente espurios.

Hoy, nuestro Estado Social de Derecho está en la picota, en buena medida, por este conjunto de prácticas perniciosas. Sin embargo, el abordaje de la corrupción sigue siendo sesgado, al punto de legitimar su institucionalización, debido al apoyo y sometimiento incondicional a esas políticas que se nos imponen desde afuera. Es decir, se continúa hipotecando nuestro futuro y, principalmente, el de las nuevas generaciones, por la entrega de la soberanía económica y política a poderes fácticos foráneos y sus pares nacionales.

De ahí que uno de los desafíos fundamentales, para lograr tanto una reactivación económica como social salvaguardando los intereses nacionales, sea convertir a la ética de la solidaridad en el eje transversal de todas las políticas públicas. De esta manera, asegurarse que estas políticas estén al servicio de la equidad, la inclusión y la justicia social. Asimismo, democratizar más el proceso de su formulación y ejecución, ensanchando el espacio del diálogo ciudadano, que es el medio por excelencia para garantizar una gestión democrática y el antídoto para los autoritarismos.

Si de algo ha venido adoleciendo el proyecto globalizador dominante ha sido, precisamente, de una ética de la solidaridad humana, como lo ha señalado reiteradamente el papa Francisco. Así, por ejemplo, a propósito de la pandemia, en su última encíclica Fratelli Tutti destaca: “Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío” (La cursiva es nuestra).

Nuestro país y la humanidad entera están urgidos de ejercitar una ética para la solidaridad y la equidad. Nos estamos jugando la vida. El descalabro planetario producido por el cambio climático y la escandalosa concentración de la riqueza, están marcando el rumbo de la autodestrucción. Y un país, pequeño como Costa Rica, que ha logrado avances importantes tanto en bienestar social como en preservación de la naturaleza, cuenta aún con reservas éticas y humanistas para avanzar en una mejor dirección, y heredar un futuro más promisorio a las nuevas generaciones.

Hay que superar el uso sesgado del discurso de la anticorrupción con fines puramente político-electorales. Proponerse, más bien, construir una mejor sociedad de ciudadanas y ciudadanos dedicados al cultivo de la amistad solidaria. Y, de esta manera, defender y fortalecer, remozando, el Estado Social de Derecho: esa gran conquista de nuestros antepasados, producto de una valiente lucha social que desembocó en una convergencia ética y humanista de líderes tan visionarios como patriotas.

¡Claro que tenemos la responsabilidad histórica de gestar un nuevo pacto social por la solidaridad, la inclusión y la justicia social!

EN TIEMPOS DE REACCIÓN Y RETROCESO POLÍTICO Y SOCIAL (II)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (22)
Tercera época

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

El devenir histórico de nuestras sociedades transcurre con un mayor o menor grado de alteridad entre épocas de gran dinamismo y transformaciones de todo orden, y otras en las que eso que llamamos “el tiempo histórico” parece detenerse. Las distintas colectividades humanas tienden a percibir estos fenómenos o eventos sucesivos, de una manera más o menos diferenciada. En el caso de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo anterior con sus reformas y transformaciones sociales que fueron muy evidentes hasta para el ciudadano más desaprensivo, y con menos capacidad para la observación de los grandes eventos históricos, quedaron sin embargo debajo del tapete- por así decirlo- muchos detalles que no eran perceptibles a simple vista para las gentes más fanáticas y arrebañadas de entonces. En lo esencial, el pacto social y el texto de la Constitución Política de 1949, mantuvieron y profundizaron, con algunas excepciones, el espíritu reformista que había prevalecido desde el inicio de la década de los cuarenta, tal y como habíamos indicado en la primera parte de este artículo, dándole un impulso revolucionario a las transformaciones de la sociedad costarricense.

Después de la campaña maccartista que libraron las fuerzas reaccionarias contra la candidatura socialdemócrata de Daniel Oduber Quirós durante las elecciones de 1966, con su terror y sus voces del odio, exteriorizadas en el mejor estilo totalitario y goebbelsiano del “miente, miente que algo queda” (Joseph Goebbels, dixit), se produce un ascenso de las fuerzas regresivas de la derecha más conservadora con el triunfo electoral de José Joaquín Trejos Fernández, mientras el “calderonismo histórico” abandona, de manera simultánea, sus últimos arrebatos reformistas, dando lugar a una espinosa y difícil coyuntura, en medio de la que –como habíamos indicado-  se produce un giro hacia la izquierda, dentro de las filas del Partido Liberación Nacional que se sintió amenazado con este ascenso de las fuerzas de la reacción, pues si bien prevalecía en el ambiente un marcado anticomunismo de guerra fría, también era muy fuerte el ímpetu reformista y revolucionario en aquel partido que fundaron los glostoras en 1951. Fue así, como el sociólogo y presbítero Benjamín Núñez Vargas y otros connotados dirigentes fundaron el Movimiento de Patio de Agua para una revolución social, para lo que se estuvieron reuniendo, durante algunos meses del año de 1968, en la finca de San Isidro de Coronado, propiedad de Núñez, contando con el apoyo de Daniel Oduber Quirós, José Manuel Salazar Navarrete (destacado intelectual fallecido recientemente), Alfonso Carro Zúñiga y muchos otros que se opusieron al contrato ley con la empresa Aluminium Company of America (ALCOA), (enfrentándose para ello a José Figueres y otros dirigentes de su propio partido), propiciaron el regreso a la vida política electoral de la otra izquierda: la de los vencidos en la guerra civil o golpe de estado de 1948, además de la derogación del párrafo segundo del artículo 98 de la Constitución Política de 1949 y la supresión del texto constitucional de la figura colonialista de los contratos ley durante la legislatura de 1974-1978, la que había permitido los contratos bananeros de los últimos años del siglo XIX, el de 1938 para la región del Pacífico y el contrato de ALCOA, la que coincidió con el período presidencial de Daniel Oduber Quirós y su administración socialdemócrata por excelencia, una que llevó a cabo importantes programas económicos, sociales y culturales que marcaron el punto más alto del estado de bienestar, y el estado social de derecho que alguna vez fuimos,

En síntesis, puede afirmarse que el impulso de este giro hacia la izquierda se prolongó durante más de una década, hasta que a partir de 1984, con la materialización de un incruento golpe de estado, hacia el interior del gobierno liberacionista de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986), en plena contrarrevolución neoconservadora a escala planetaria, impulsada por Ronald Reagan en los EEUU y Margaret Thatcher en el Reino Unido, empezaron de manera gradual los tiempos de reacción y retroceso social bajo el sello neoliberal, el que se acentuó a partir de la primera administración de Óscar Arias Sánchez, quien fuera el “pacificador” de la América Central (con su contrarrevolución blanda) pero también el que dio inicio al desmantelamiento del PLN, y sus planteamientos de justicia social y del mantenimiento del estado social de derecho hasta convertirlo en le cascarón electoral a que se encuentra reducido, dando inicio a los llamados Programas o Planes de Ajuste Estructural(PAES) y propiciando en ese período una reducción de los aportes gubernamentales a la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando su aporte al régimen de invalidez, vejez y muerte fue reducido del 3,25% al 0.25%, lo que dio origen a un reiterado saqueo de los fondos de pensiones del régimen de Invalidez, vejez y muerte de esa institución, algo que se agravó al no pagar o atrasar las remesas los aportes de ley para el ya mencionado régimen de enfermedad y maternidad, cosa que han hecho los sucesivos gobiernos desde entonces durante casi un cuarto de siglo. La deuda con la seguridad social es de proporciones colosales, además ser esencia un acto criminal e irresponsable contra la población (Luis Alberto Jaén Martínez, dixit), a la que siguen engañando ciertos políticos y su corte de serviles.

La desaparición abrupta y el debilitamiento gradual de los sindicatos de los trabajadores agrícolas de las transnacionales bananeras, durante la década de los ochenta (en el marco de una profunda crisis de llamadas izquierdas) marcó un importante retroceso para toda la clase trabajadora de Costa Rica, en medio de una ofensiva ideológica de la ultraderecha neoliberal/ neoconservadora para desacreditar las conquistas sociales de los sectores campesinos, obreros y de los trabajadores del sector público señalándolas, con cierto cinismo, como “privilegios”.

La ofensiva del capital financiero en detrimento del capital productivo, acompañada de una gigantesca evasión y elusión tributarias, el saqueo de los fondos públicos mediante estafas escandalosas como la trocha, la especulación con los títulos valores de la deuda interna y la fuga de capitales hacia los “paraísos fiscales” son elementos que vinieron a completar la debacle social en la que nos hemos venido sumergiendo durante las décadas más recientes.

Desde entonces, a pesar de la lucha y la resistencia sostenida de los sectores populares, sus sindicatos y otras organizaciones, hemos vivido en tiempos de reacción y retroceso político y social. Este, y no otro, es el panorama que se presenta al inicio de la tercera década del nuevo siglo, después de que los “progres” del PAC en complicidad con el PLN, el PUSC y los llamados “partidos religiosos” se encargaron, a partir del año 2014, de acelerar el fin del estado social de derecho y de la Segunda República, surgida tras el último conflicto bélico importante de nuestra historia.

En tiempos de reacción y retroceso político y social (I)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (20)
Tercera época

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Los tiempos históricos en los que predominan las fuerzas de la reacción, y dan a lugar a un marcado estancamiento social, suelen ser más prolongados que las situaciones o coyunturas revolucionarias, en las que el tiempo para la acción y la irrupción de los más insospechados e innumerables actores sociales, resulta ser más propicio para quienes toman esa vía, dándose una aceleración e intensidad en el transcurrir del tiempo, tal y como lo perciben los colectivos sociales enfrentados a semejantes desafíos.

Para el caso de Costa Rica, al cabo de setenta años del pacto social con el que saldó el último conflicto bélico de nuestra historia republicana, nos encontramos con que una ofensiva de las fuerzas conservadoras y del capital financiero, en detrimento del sector productivo y de las clases trabajadoras en general, está a punto de acabar con los restos del estado social de derecho que sirvió de fundamento a la llamada Segunda República.

Una vez concluidos los enfrentamientos armados de marzo-abril de 1948, entre los “glostoras” (que dieron lugar después al “socialdemócrata” PLN) y los vanguardistas (los así llamados “comunistas”, conste que estoy empleando el término como un sustantivo), los que a pesar de sus marcadas diferencias y las duras e incluso encarnizadas persecuciones “anticomunistas” instigadas desde Washington, propias del primer período de la guerra fría, infligidas por los primeros hacia los segundos, a lo largo de las dos primeras décadas posteriores, lo cierto es que ambos representaban a sectores reformistas que aspiraban a ocupar el mismo espacio político, y a ser los actores decisivos de la transformación social que vino a superar al país del viejo olimpo liberal, ya agotado al llegar la década de los cuarenta. Tanto la gente del Centro de Estudios de los Problemas Nacionales (Rodrigo Facio, Carlos Monge y otros) como la de los militantes del emergente Bloque Obrero Campesino, después Vanguardia Popular (Carmen Lyra, Manuel Mora entre otros líderes sociales) fueron rupturistas en relación con el orden social y político imperante en la Costa Rica anterior a la Reforma Social, cosa que no puede afirmarse en todo el sentido de la expresión para el caso del “calderonismo” del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, a pesar de las dotes de estadista y el espíritu de avanzada social que lo caracterizaron, al darle un decisivo impulso inicial a la reforma social, a través de una alianza político electoral con los de Vanguardia Popular, la que se extinguió después del desenlace del conflicto armado.

Después de derrotar en el campo de batalla y sacar del juego político a sus adversarios “comunistas” y calderonistas, los “glostoras” llamaron a una Asamblea Constituyente, dando lugar a constitución reformista que sirvió de base al estado social de derecho, hoy a punto de ser aniquilado por la ultraderecha conservadora del nuevo siglo, la que a pesar de sus disfraces de presuntamente liberal, cristiana o progre profesa en su totalidad, y a pie juntillas todos los extremos y consecuencias del credo neoliberal.

En 1949 se produjo, al interior de la Asamblea Constituyente, una tácita alianza entre glostoras y vanguardistas, en la que los segundos intervinieron a través de los constitucionalistas electos por el Partido Constitucional Demócrata de Celso Gamboa, y los primeros bajo la denominación de Partido Social Demócrata (después de PLN), con su pequeño grupo parlamentario, encabezado por Rodrigo Facio Brenes. Estos sectores antagónicos pero afines, que a lo sumo representaban una cuarta parte de los constituyentes le imprimieron un tono reformista al nuevo texto constitucional, para lo que contaron con el apoyo de la gran mayoría de los constitucionalistas que estaban imbuidos de ese ethos renovador, tan propio de esa convulsa década que vino a cerrar el ciclo histórico del viejo liberalismo.

Lo paradojal vino después, en esos tiempos de reacción, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, cuando desde la Casa Blanca y la United Fruit Company se impulsó la destrucción de la primavera democrática de Guatemala (1944-1954), representada por los presidentes Juan José Arévalo, quien había apoyado con armas la revuelta de José Figueres en Costa Rica y Jacobo Árbenz, contando con el apoyo de la dictadura somocista en Nicaragua y la de Tiburcio Carías en Honduras. Eran los tiempos en que los EEUU buscaban reafirmar, una vez más, el control de su patio trasero: Por eso, su agenda para 1954, era la de acabar con la Argentina de Juan Domingo Perón, la Guatemala de Jacobo Árbenz y la Costa Rica de José Figueres Ferrer habiendo llamado con ese propósito, durante el mes de mayo de 1954, a la X conferencia interamericana, convocada por la Organización de Estados Americanos (OEA), en la ciudad de Caracas, Venezuela. Argentina y Costa Rica se negaron a asistir, mientras la Guatemala de Árbenz intentó heroicamente enfrentarse a los designios imperiales, a pesar del aislamiento a que fue sometida, a partir de esa conferencia y hasta su derrocamiento en julio de ese mismo año.

Mientras tanto, una vez concluida la guerra civil en Costa Rica, Calderón Guardia se refugió en la Nicaragua somocista, la que le dio apoyo en su primer intento armado de recuperar el poder, en diciembre de 1948, y posteriormente bajo el paraguas republicano de la administración estadounidense Eisenhower-Nixon intentó de nuevo, en enero de 1955, tomar el poder por la vía armada para acabar, tanto con los “comunistas” de Vanguardia Popular como con los de José Figueres Ferrer y su Partido Liberación Nacional, los dos sectores reformistas que habían luchado entre sí con las armas en la mano en 1948, pero habían terminado, no de manera conjunta ni deliberada, por darle un rumbo reformista, y rooseveltiano-keynesiano un tanto tecnocrático a las políticas económicas y sociales de estado, razón por la que Figueres Ferrer, que le había dado solución de continuidad a las reformas sociales de la década del cuarenta, era considerado como “comunista” ante los ojos de la ultraderecha conservadora de la región y por los gobernantes “republicanos” de la Casa Blanca.

Como puede apreciarse, a pesar de la relativa estabilización política y social con la que transcurrieron las primeras décadas del creciente estado de bienestar, unido al crecimiento económico planetario sostenido de los llamados treinta gloriosos(1945-1975), a partir de la conformación de un estado social de derecho, como un evento insólito en el istmo centroamericano, este estuvo siempre amenazado desde los poderes fácticos que se valieron de los grandes medios como el diario La Nación, los noticieros radiofónicos y la naciente televisión.

Por su parte, las fuerzas conservadoras retomaron la iniciativa, durante la segunda mitad de la década de los sesenta, con el triunfo electoral del conservador José Joaquín Trejos, a quien una coalición de sectores de derecha y del “calderonismo”, como un sector político que abandonó sus ya debilitados arrebatos reformistas que venían de la década de los cuarenta, una vez transcurrido un breve paréntesis, después del regreso del exilio de sus líderes, durante el año de 1958 y de su reincorporación a la vida política electoral, para diluirse dentro de un espectro de fuerzas cada vez más inclinadas hacia la regresión social, esa que hoy conocemos como neoliberalismo. Fue entonces cuando el Partido Liberación Nacional se sintió amenazado por estas fuerzas de la derecha conservadora, motivo por el que su interior surgió el Movimiento Democrático para una Revolución Social que, en el transcurso de 1968, lanzó su Documento o Carta de Patio de Agua, con la firma de numerosos líderes y militantes de aquella socialdemocracia reformista que buscaba así darle una solución de continuidad al proceso que había iniciado dos décadas atrás.