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Etiqueta: pacto social

La postguerra civil del 48 no fue un lecho de rosas

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Juan Félix Montero Aguilar*

Dice Adriano Corrales Arias en su artículo “Costa Rica al borde del autoritarismo” publicado en la revista SURCOS que Costa Rica, después de la Guerra Civil del 48 “resolvió los conflictos acumulados de la crisis general del capitalismo durante la primera mitad de ese siglo, con una concertación nacional”.

Agrega Corrales Arias que “aquel pacto social inédito –la oligarquía, los sindicatos, la burguesía nacional, el partido comunista, la iglesia católica, sectores medios emergentes, se habían sentado a la mesa– representado por la Asamblea constituyente de 1949 que consiguió redactar una Constitución Política visionaria, amplia y robusta, la cual tuteló las grandes reformas y nacionalizaciones”.

Yo por lo menos tenía o tengo conocimiento de otra Costa Rica no tan idílica después de los hechos bélicos de 1948 del siglo pasado.

No voy a referirme a acontecimientos harto conocidos como los mártires del Codo del Diablo, el encarcelamiento de los principales dirigentes del PVP (Luis Carballo, Carlos Luis Fallas, Arnoldo Ferreto, etc.), la persecución de la labor de excombatientes, el exilio de Carmen Lyra y Manuel Mora.

Me referiré solamente a un episodio que tiene que ver con las afirmaciones de Adriano sobre la Asamblea Nacional Constituyente aprobada en noviembre de 1949.

Agradezco al historiador Gerardo Contreras, mi coterráneo de Alajuela y Turrialba, quien hace años con mucha paciencia me explicó estos acontecimientos.

Lo cierto del caso es que a esa constituyente no les fue permitido participar a los partidos que salieron derrotados en la guerra civil, así como tampoco a los sindicatos de la CTCR que fueron puestos fuera de ley.

Sin embargo, pese a todos los obstáculos, dicha constitución pudo llevar su sello gracias a terceros que fueron constituyentes, uno de ellos Celso Gamboa Rodríguez (Partido Constitucional), a quienes los dirigentes del Partido Comunista en la clandestinidad recurrieron para que en ella quedaran plasmadas las garantías sociales y el Código de Trabajo entre otras.

No fue sin embargo posible evitar que en dicha Constitución se incorporara el párrafo ll del artículo 98, mediante el cual mantuvieron fuera de ley, sin poder participar en elecciones a los militantes y simpatizantes del Partido Vanguardia Popular durante veintisiete años.

Después del 48 se abrió uno de los capítulos más oscuros de la historia patria, donde fueron conculcadas libertades individuales y colectivas y las organizaciones sociales y los partidos de izquierda se enfrentaron a un reto: luchar por recuperar la democracia.

Ni siquiera en procesos tan cruentos como lo fueron las guerras civiles de El Salvador, Guatemala o Nicaragua, la oposición beligerante fue sometida a tanta discriminación y represión como lo fue el partido comunista y los movimientos sociales que participaron en la lucha armada en Costa Rica.

Durante los años setenta del siglo pasado, el Partido Vanguardia Popular desplegó una intensa campaña dirigida a los sectores democráticos del país en la cual se recogieron miles de firmas y gestiones a nivel parlamentario lo que permitió recuperar la democracia en Costa Rica, entendida esta como el derecho de todos los ciudadanos a elegir y ser electos en los poderes del Estado.

*Juan Félix Montero Aguilar es profesor pensionado.

Costa Rica al borde del autoritarismo

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Adriano Corrales Arias

A mediados del siglo XX la sociedad costarricense, luego de atravesar una sangrienta guerra civil (1948), resolvió los conflictos acumulados de la crisis general del capitalismo durante la primera mitad de ese siglo, con una concertación nacional, misma que permitió la erección de un Estado Social de Derecho con la legislación social más avanzada de Centroamérica y, por qué no, del continente americano.

No todos estuvieron de acuerdo con aquel pacto social inédito –la oligarquía, los sindicatos, la burguesía nacional, el partido comunista, la iglesia católica, sectores medios emergentes, se habían sentado a la mesa– representado por la asamblea constituyente de 1949 que consiguió redactar una Constitución Política visionaria, amplia y robusta, la cual tuteló las grandes reformas y nacionalizaciones –previa abolición del ejército– de los años cincuenta y sesenta en salud, seguridad social, educación, vivienda, banca para el desarrollo, soberanía alimentaria, electricidad y telecomunicaciones, etc., que posicionaron al país en la vanguardia latinoamericana y consiguieron sustraerlo de la vorágine centroamericana con sus largas y cruentas guerras civiles; más bien nuestro estado colaboró en la pacificación de la región.

La democracia costarricense, entonces, se fortaleció con una institucionalidad maciza expandida por todo el territorio nacional, lo cual permitió un desarrollo sin parangón en nuestra historia, pero, sobre todo, una relativa paz social y un mejoramiento y ascenso de los sectores populares que, por vez primera, tenían acceso a buenos servicios en cuanto a salud, educación en sus tres niveles, vivienda, banca, agricultura, comercio e infraestructura pública, entre otros. De tal manera se conformó una gruesa clase media, se erradicó la pobreza extrema y se redujo la brecha social.

Claro que esa “revolución” democrática tuvo desviaciones, excesos y visos de corrupción por depredadores que se fueron enriqueciendo a la sombra del naciente estado blindados por un sistema electoral bipartidista. Lo anterior se agudizó con el inicio de la contrarreforma neoliberal de los años ochenta, en específico durante el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986) y sus tristemente célebres planes de ajuste estructural (PAES) impuestos por el FMI y la banca internacional. Cuando se les agotó el bipartidismo –previo asalto de los partidos socialdemócrata y socialcristiano para tornarlos en maquinarias electoreras de insignia neoliberal con el objetivo de esquilmar el erario público y desmantelar –léase privatizar– el Estado Social de Derecho–, fundaron otro partido y, finalmente, como resultado de sus rencillas internas –lucha entre mafias para hacerse con el mayor trozo del pastel privatizador– acabaron trayendo a un desempleado para que les hiciera –con el descaro y el cinismo del perfecto desconocido que nunca vivió en el país– la tarea sucia de dar la estocada final a sesenta años de democracia social, pervertida, dicho está, por la avaricia de los de siempre enquistados en el aparato estatal y los nuevos ricos dispuestos a todo.

Hoy el país se debate ante la disyuntiva de salvar y fortalecer lo que resta del Estado Social de Derecho o permitir el ingreso de un autoritarismo tipo Bukele, Milei o Trump, representado por los agentes de una nueva forma de entender la política: mentir, confundir e intimidar, mientras se aplica la vieja consigna del laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar), cuyo objetivo es desmantelar las instituciones estratégicas –salud, educación, banca, telecomunicaciones, recursos ecológicos, infraestructura, etc.– para, finalmente, privatizarlas, mejor dicho, venderlas al mejor postor (¿ellos mismos?). Lo peor es que, con el bombardeo de la “prensa canalla” por más de cuarenta años, el empobrecimiento de la educación, la precarización laboral y el aumento galopante del desempleo y la pobreza debido a la ausencia del estado (en especial en las regiones periféricas –costas y fronteras– donde pululan el narcotráfico y ciertas formas asociadas a la legitimación de capitales) miles de costarricenses empobrecidos, agobiados y cansados de las falsas promesas y de la corrupción estatal, apoyan y aplauden la segunda opción. He allí la bomba de tiempo que nos mantiene en vilo.

Las preguntas obligadas son las siguientes: ¿tendrá nuestro país aún las reservas políticas, morales y espirituales para enfrentar la contrarreforma neoliberal liderada hoy por populistas de derecha sin escrúpulos y sin patria? ¿Podrá constituirse una verdadera alternativa a la propuesta neoliberal de acabar con un Estado Social de Derecho, exitoso –a pesar de la sangría causada por las cúpulas del bipartidismos empresarial– mismo que costó sangre, sudor y lágrimas, además del esfuerzo individual y mancomunado de cientos de compatriotas? Escuchemos las respuestas.

El desafío de escuchar-nos

Escrito el . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La sociedad costarricense transita hoy por una de las horas más oscuras en su vida republicana. El talante en su conducción es cosa ya del pasado y la confrontación pareciera ser política pública declarada.

Esta semana que termina, un hecho inédito al menos en épocas recientes llamó la atención y encendió todas las luces de alarma para el sentido de convivencia.

En la Universidad de Costa Rica se recibió una amenaza de bomba, atribuida a seguidores del gobierno central y particularmente la figura del presidente Rodrigo Chaves.

Es ya de sobra conocido el tono confrontativo e insultante con que el mandatario se ha referido en sistemáticas ocasiones acerca de las universidades públicas y particularmente su aporte a la sociedad costarricense.

Es de sumo cuidado este episodio experimentado en la casa universitaria porque enciende todas las alertas sobre la sociedad que somos.

En esta hora de las polifonías y la sobre representación de las distorsiones y las posverdades, el principal desafío que resulta no es tan solo el restablecimiento del juego democrático, entrado en crisis recientemente.

La urgencia ahora es al menos escuchar, escuchar al otro, escuchar-nos. Y eso pasa por bajar tonos y dejar el insulto. Acudir al respeto. Volver a darle clase y prestancia al ejercicio político, reconstruir el pacto social desde la horizontalidad. Debemos empeñarnos en esa tarea. Es urgente.

¿Crisis o tragedia?

Escrito el . Publicado en Análisis.

Por Arnoldo Mora

Arnoldo Mora

Bien hacen los que, en gesto patriótico, desenmascaran a quienes, desde el poder, atropellan las instituciones democráticas que sustentan nuestro Estado de Derecho. Los apoyo de corazón. Pero esto no basta. La tragedia que Costa Rica, estupefacta, está viviendo ante los desmanes del actual residente de Zapote – el apelativo honroso de “presidente” de una nación democrática, le queda muy pero muy grande a este improvisado que hoy (des)gobierna a nuestra querida Patria – debe ser analizada a la luz de nuestra historia. Eso da para escribir un libro entero; aquí tan sólo pretendo esbozar sus grandes líneas.

La forja de una nación se da en tres etapas. Nace como “pueblo”, se desarrolla como “nación” y se institucionaliza formalmente con la creación del Estado Nacional. Con una madurez impresionante, Costa Rica lo logró antes que otras naciones del entorno y por medios – lo cual es aún más impactante- eminentemente políticos, es decir, con un mínimo de derramamiento de sangre fratricida. Veamos. En el s. XVII gracias al mestizaje, nacimos como pueblo (el homo sapiens es una especie de mamíferos que vive en manada). En las décadas finales del s. XVIII e inicios del XIX, bajo la influencia de las reformas borbónicas impulsadas por Carlos III, nos convertimos en “nación”, es decir, adquirimos conciencia de nuestra identidad colectiva; este proceso fue hegemonizado por las nacientes ciudades del occidental del Valle Central, San José y Alajuela, triunfadores de la Batalla de Ochomogo (1823) que creará la Costa Rica liberal y republicana. En el siglo XIX, luego de nuestra independencia, forjamos el Estado Nación, gracias al espíritu visionario de Braulio Carrillo, al heroísmo patriótico de Juanito Mora y a la firmeza de los liberales de la década de los 80. Con la reforma de la educación de D. Mauro Fernández, se pusieron las bases de lo que será lo que los costarricenses entendemos por “democracia”, el Estado social de derecho. Esa fue la labor del siglo XX, llevada a cabo en tres etapas. La creación del Estado de derecho fue liderada por la generación del Olimpo, en especial por ese gran político que fue Ricardo Jiménez. En la década de los 40 se forja el Estado Social; fue una década especialmente violenta que culminará con la guerra civil de 1948 y el nacimiento de la Costa Rica contemporánea. Allí se da un pacto social entre los diversos sectores sociales con un protagonismo de los nacientes sectores medios, liderados por el recién creado Partido Liberación Nacional; todo en búsqueda de la trasformación del país gracias a un proceso de modernización, iniciado en el gobierno de Francisco J. Orlich (1962-66).

La crisis que hoy vive Costa Rica proviene de la obsolescencia que, de ese modelo de nación, como lo prueba la decadencia (¿irreversible?) del partido que hegemonizó la vida política del país durante toda la mitad del siglo pasado, Liberación Nacional. Se ha creado con ello un vacío de poder en un país que, como en todos los países de cultura latina, urge de un caudillo como en el pasado fueron Juanito Mora, Ricardo Jiménez, Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora y José Figueres. Hoy ya no basta administrar el Estado para, introduciendo algunas reformas, mantener el statu quo. El proceso burgués de modernización ha traído como consecuencia el debilitamiento de los sectores agrícolas y el surgimiento de sectores urbanos que hoy constituyen la mayoría política, económica y cultural de la población. Actualmente nuestra economía se basa no en la producción agraria, sino en la exportación de artefactos, hechos por profesionales salidos de nuestras universidades, empleados de las grandes empresas transnacionales instaladas en las zonas francas en constante crecimiento. En segundo lugar, nuestra economía se basa en el turismo, el cual está llamado a convertirse en el primer factor de producción de nuestras riquezas a mediano plazo. Costa Rica no tiene productos estratégicos para insertarse en el mercado mundial, como es el petróleo como materia prima y fuente de la energía que mueve a la economía mundial, o los cereales en el campo agrícola, para suministrar alimentos a una población de 8 mil millones de seres humanos. La riqueza de Costa Rica está en su biodiversidad, cuyo disfrute posibilita el desarrollo del turismo, el cual se nutre de nuestras bellezas naturales y de la gentileza de nuestras gentes. Pero el turismo requiere de paz local, lo cual sólo se logra gracias a un Estado que aplique la justicia en los tribunales, a una policía que dé seguridad ciudadana y a un sistema político basado en la justicia social; ya que los pueblo sólo son felices si tienen un presente que les garantice seguridad económica y un futuro para sus hijos gracias a una excelente educación, todo sustentado en un sistema de servicios baratos que provea de salud a toda la población. Motor de este proceso es el avance en el desarrollo científico-tecnológico, que sólo se logra gracias a la consolidación de una educación superior pública que promueva la investigación de punta, puesta al servicio de las mejores causas.

Lo dicho sólo se logrará cuando el pueblo tome conciencia de su condición de sujeto de su propio destino y se organice políticamente para lograrlo. La crisis ha sido agravada por el actual gobierno, si bien se ha venido sistemáticamente incubando desde décadas atrás, debido a que gobiernos anteriores debilitaron el Estado Social de Derecho. Pero hay que enfatizar que esta crisis debe ser vista, no como una tragedia irremediable sino como una crisis que anuncia una nueva etapa de nuestra hermosa historia patria, gracias a un pueblo que, en sus momentos más álgidos, ha dado muestras de una impresionante madurez política. La crisis de los partidos políticos debe servir para dar el salto de una democracia representativa a una democracia directa y popular, sin por ello debilitar la institucionalidad democrática vigente. Todo lo cual sólo se logrará por etapas, como todo en la vida individual y de los pueblos. En concreto, debemos aprovechar las próximas elecciones, cuyos aires ya han comenzado a soplar en el ambiente político doméstico, para debatir sobre estos temas. Por ahora, no nos preocupemos por forjar líderes; esto se los dará el propio pueblo cuando la coyuntura política lo requiera. De nosotros depende que la crisis actual no degenere en tragedia.

Estéticas de la acumulación o un nuevo pacto social

Escrito el . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Un museo con sede en Mexico dedicado a la narcocultura muestra la razón del hiperconsumo llevada al extremo.

Desde lentes con valores inimaginables pasando por armas con incrustaciones de millones de dólares, hasta piyamas blindadas y vestidos valorados en millones de dólares.

En esencia se trata de una acción en la que se conjugan poder y acumulación impulsados por una estética que ha trastocado los valores con los que la sociedad venía construyéndose.

“Ser alguien” no es ya un fin que se consiga con la educación como palanca. En medio de un discurso de la desesperanza, las personas jóvenes encuentran en otras prácticas culturales, económicas y sociales, los mecanismos para construirse cierto lugar donde ser visibles.

En particular en contextos pobres y precarios, el lenguaje de lo pragmático que proponen las actividades delictivas organizadas se superpone a los proyectos educativos, en otros momentos integradores horizontales y verticales de la sociedad.

Por esa razón en el caso costarricense nos enfrentamos a nuevas lógicas de convivencia que tienen como eje formas de relación donde la frugalidad, la acumulación y la violencia sustituyen el proyecto integrador del estado social que alguna vez funcionó para todos.

Al finalizar junio más del 50% de los homicidios perpetrados en el país tenían como causa principal el ajuste de cuentas, indicador de cómo el mercado ha hecho su trabajo en la instalación de los poderes fácticos como organizadores de lo social.

En algunos barrios populares costarricenses la opulencia ya empieza a evidenciarse como estética dejando atrás la precariedad, lo que significa que es otro el contrato social predominante.

Por ahora la perplejidad analítica no nos deja señalar un camino de respuesta. Hemos dicho que la mejor manera de abordar estas nuevas realidades es acudir a un pacto inclusivo con nuevas formas de juntarnos. No se si sea suficiente. Pero sigo aspirando a ello.

Un pacto social por la educación pública

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación.

A lo largo del trayecto que recorrieron los manifestantes en la marcha de este 20 de junio por la defensa de la educación pública, surgieron historias individuales y colectivas, reclamos y aspiraciones, mensajes muy académicos y otros no tanto… Pero, sin duda alguna, esta marcha para rescatar la educación pública costarricense nos recuerda el pacto social y el modelo de sociedad particular que hemos construido durante muchas décadas de diálogos y consensos basados en un Estado social de derecho

Aquí les compartimos, con voces e imágenes, algunas de esas historias que nos dejó la marcha por la defensa de la educación pública costarricense.

 

María Encarnación Peña Bonilla

Periodista, Oficina de Comunicación Institucional

Chile. Sueños truncados

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mg. José A. Amesty Rivera

Consternados leimos las noticias que, en Chile con el 99% de los votos escrutados, la extrema derecha redactará la nueva Constitución chilena. De esta manera, el Partido Republicano (extrema derecha) ha recibido un 35,42 % de los votos, mientras que Chile Seguro (derecha tradicional) y Partido de la Gente (centroderecha) cuentan con el apoyo de un 21,07 % y un 5,48 % de los votantes, respectivamente.

Por su parte, Unidad para Chile (izquierda) ha obtenido un 28,57 % de los votos y Todo por Chile (centroizquierda) ha sido apoyado por un 8,96 % de los votantes.

Atrás quedó el sueño de una Constitución redactada por una Asamblea Constituyente electa, cien por ciento, por el soberano.

¿Dónde queda el sueño de incluir en la Constitución chilena, el tema del país que se desea diseñar?

Incluir además el sueño de un nuevo Pacto Social.

El sueño de discutir una vez más la regla fiscal.

Discutir lo exclusivo del Ejecutivo en el tema del presupuesto.

Incluir en la Carta Magna, el sueño de la independencia del Banco Central chileno.

El sueño de buscar mecanismos para soluciones de treinta años de desigualdad económica y social.

El sueño de redefinir la noción patriarcal, colonial y hetero normativa de familia, heredada históricamente de las constituciones autoritarias, que se han impuesto al país desde 1833 en adelante, y que ha sido una fuente de discriminación, exclusión y persecución a importantes sectores de la sociedad.

Desmontar de la actual Constitución el viejo sueño de, con esperanza salir de tantos años de «limitar al centro de la injusticia», como cantaba Violeta Parra, a mediados de los sesentas. Sin duda, será un proceso largo y tedioso, sino monumental, desmontar la vieja constitución de Pinochet.

Así mismo, que el Ejecutivo sea un gobierno de ayuda para los sectores más necesitados; y ver desaparecer rasgos de un fascismo pinochetista.

El sueño que Chile tenga un presidente como lo fue Allende, con un programa de gobierno socialista y muy cercano a los más necesitados, y a los intereses de la Nación.

Un presidente que no tenga miedo al imperio estadounidense, ni a ser de izquierda.

Aquel sueño en el ámbito militar con un nuevo enfoque que, tenga una línea antimperialista.

Que tenga una activa lucha de clases.

Que haga propuestas de Alianzas Nacionales anti imperio en Chile, América Latina, Caribe, en el mundo.

Que ejecute un rechazo a las provocaciones imperialistas, respondiendo como patriotas con una conducta integral de nacionalismo militar revolucionario, con proyección continental, propios de nuestra herencia histórica libertaria.

Concluimos con este sueño militar, dando nuevos pasos hacia un Estado obrero, campesino, y comunal cívico militar de “abajo”, vieja propuesta socialista revivida por el comandante Hugo Chávez Frías.

El sueño de incluir en la Constitución el llamado «Proceso Constituyente», como resultado de un acuerdo del sistema de partidos políticos institucionales, que arrancó tras la revuelta social iniciada en octubre de 2019.

El sueño que la Constitución de Chile, no sea la confección de una Carta Magna, como ejercicio exclusivo de los intereses de los grupos sociales dominantes, sin participación popular y ni siquiera respetando los mínimos códigos y formas de los regímenes liberales.

En resumen, como señala Andrés Figueroa Cornejo en su artículo, «Elección constitucional en Chile: El momento caótico«: «el denominado «proceso constituyente» y sus distintos tiempos, no sólo ha sido signado por el autoritarismo conservador y supremacista, propio del devenir histórico de las clases tutelares y los imperialismos de turno, sino que además es un leal reflejo de las relaciones de fuerza al interior de una organización institucional excepcionalmente rota durante parte de los años 60 del siglo XX y el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende«.

Agregando, además: «… hoy se instala como continuismo, un nuevo escenario de protección del capital contra los intereses populares, y agregó que, es preciso que las expresiones de los intereses del pueblo salgamos del margen político mediante un programa revolucionario con contenido de clase que se dirija hacia la construcción del poder popular«.

También, para finalizar Igor Goicovic en su artículo, «Chile: La derrota del progresismo socialdemócrata» señala: «Por otro lado, el énfasis puesto por los medios de comunicación en los problemas delictuales, en especial en aquellos protagonizados por inmigrantes, resituaron el campo de la discusión pública hacia la situación de seguridad. Los problemas asociados a salud, educación, pensiones, vivienda y salarios, desaparecieron de la agenda (Constitucional). De hecho, muy pocos se enteraron, en julio de 2022, que el INE informó que el salario medio en Chile continuaba estancado en los 457.690 pesos (580 dólares)«.

Enfatizando finalmente: «No sería extraño, siguiendo el razonamiento del 7 de mayo por la noche del Presidente Gabriel Boric, que la nueva carta constitucional articule competencias policiales cada vez más estrictas en materia de orden público y migración y que a su vez considere un marco de operaciones amplio para las inversiones de capital, locales y extranjeras, y en compensación le conceda al progresismo algunas migajas en materia de interculturalidad y equidad de género«.

Nuevamente en nuestra querida América Latina, sueños cortados, rotos. Algún dia nuestra utopía se hará realidad, es nuestra esperanza.

“Generaciones Perdidas” en Uruguay y Costa Rica

Escrito el . Publicado en Derechos, Equidad.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

En un reciente programa de Alto Voltaje de Radio CRC 89.1, la exministra de Cultura señora Mimi Prado y el analista político don Fausto Amador hicieron una referencia comparativa al estilo de desarrollo de Uruguay y Costa Rica, mostrando que, para la década de 1980, mientras en Costa Rica el índice de pobreza era de 20%, en Uruguay era de 39%, y que actualmente Uruguay lo ha reducido a un 8% mientras Costa Rica lo ha incrementado en más del 20%.

Por otra parte, destacaron que en Costa Rica se inició un programa de capacitación en informática educativa y acceso a computadoras 15 años antes que Uruguay, bajo un convenio entre la Fundación “Omar Dengo” y el Ministerio de Educación Pública, sin embargo, hoy Uruguay la ha superado al contar con cobertura total de internet para estudiantes de primaria y secundaria, así como acceso a computadoras, facilitadas por el Estado, gratuitamente, a estudiantes y profesores. Efectivamente, en Uruguay ya para el año 2009 el 100% de sus estudiantes de colegios públicos poseía un dispositivo para conectarse gratis a internet desde su centro educativo. Un primer logro del plan Ceibal, una política de Estado que puso a Uruguay a la delantera en virtualidad, de tal manera que lo sembrado durante trece años evitó que la emergencia por el COVID 19 tuviese un impacto mayor en el aprendizaje de los estudiantes (https://www.elespectador.com/educacion/el-secreto-de-uruguay-para-ser-el-lider-en-educacion-virtual-en-a-latina-en-cuarentena-article/).

A finales de la década de 1980, Uruguay mostraba una población con un rostro de adultos y adultos mayores; había emigrado, a diferentes países, casi toda una generación relativamente joven -“generación perdida”-, debido a la persecución, represión y tortura a que se vieron expuestos desde la década de 1970 por los regímenes dictatoriales represivos que adherían a la denominada doctrina de seguridad nacional, y que devastaron la institucionalidad democrática de la mayoría de países de Suramérica. Por su parte, Costa Rica mostraba una “generación perdida” de estudiantes que no habían logrado concluir sus estudios secundarios, lo que contribuyó a incrementar el índice de pobreza, debido a otra forma de represión: el sometimiento a los dictados de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que imponían el derrotero neoliberal de menos Estado y más Mercado, cifrando esperanzas en un mercado globalizado, donde la copa del crecimiento económico una vez llena se derramaría para “bendición” de los pobres.

A diferencia de Uruguay, para los analistas citados, Costa Rica perdió el rumbo, precisamente por haber apostado a un estilo de desarrollo donde no se ha logrado articular el crecimiento económico con la integración y cohesión social, la equidad. Hoy, después del comprobado fracaso de ese estilo de desarrollo, se continúa priorizando el crecimiento económico, apelando al viejo cuento de que “no se puede hacer chocolate sin cacao”, cuando lo que sucede es que el cacao está en manos de una minoría, y así la mayoría está destinada quedarse sin chocolate.

Un ejemplo de este equivocado derrotero salta a la vista en la negociación del Fondo Especial para La Educación Superior (FEES). En un conversatorio propiciado por La Revista, el exministro de Hacienda, don Guillermo Zúñiga, señalaba que un presupuesto de gobierno expresa las prioridades del mismo; y llamaba la atención sobre la necesidad de poner a la educación en primer plano, ante el desafío que representan los acelerados procesos de cambio. Por su parte, el jurista constitucional, don Rubén Hernández, destacaba que independientemente de cuál fuese el nuevo gobierno su expectativa era que este tendría que prestarle atención especial y urgente a la educación; el “apagón educativo” sería una prioridad.

El país puede pretender jugar en primeras en calidad de vida y bienestar social. Tenemos condiciones para hacerlo, precisamente, gracias a la apuesta decidida y valiente que hicieron nuestros grandes estadistas, particularmente en el siglo pasado, por la salud y la educación, dos pilares esenciales de nuestro Estado Social de Derecho. Eso sí, se requiere retomar el rumbo fortaleciendo el régimen de seguridad social en salud y revolucionando el sistema educativo, invirtiendo más y mejor en todos sus niveles. Es decir, poner de nuevo a la educación como prioridad de una política de Estado.

Para ello, hay que renovar el pacto social ciudadano por la equidad y la solidaridad, buscar mecanismos para renegociar la deuda pública, impulsar una verdadera reforma fiscal que ponga a tributar a las grandes empresas nacionales y extranjeras y dejar de golpear el bolsillo de la clase media y de los pobres. No se debe continuar raspando la olla de estos sectores, como se pretende ahora, poniéndole impuestos al aguinaldo y al salario escolar, mientras se continúa llenando la olla de los que más tienen.

Es tiempo de dejar atrás el discurso populista de quienes llegan al poder hablando a favor de los pobres para luego gobernar a favor de los ricos. Necesitamos un gobierno de mayorías y para las mayorías. Estas mayorías están apoyando y cifrando sus esperanzas en el gobierno actual. Se le ofrece, así, una gran oportunidad para darle un nuevo rumbo a este país. Urge hacerlo para bien de la democracia y la paz social.

Ya no es posible recuperar a la “generación perdida” de los años 1980, pero sí es posible crear condiciones para no perder a una nueva generación, fuertemente golpeada por la pandemia sanitaria y las pandemias de la pobreza y la desigualdad.