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Etiqueta: pacto social

Juan Domingo Perón: defensor de las causas justas y de Argentina

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gabe Abrahams

Juan Domingo Perón (1895-1974) fue un militar y político argentino que fundó el peronismo o justicialismo y consiguió hasta en tres ocasiones ser presidente de la República Argentina (1946, 1951, 1973). En todos los casos, alcanzó la presidencia mediante elecciones democráticas.

Siendo un joven oficial del ejército argentino, Perón ocupó diversos destinos dentro del país. En esas fechas, escribió varios trabajos como Higiene militar (1924), Moral militar (1925), Campaña del Alto Perú (1925), El frente oriental en la guerra mundial de 1914. Estudios estratégicos (1928), entre otros.

En 1930, Perón ya formaba parte del Estado Mayor del ejército argentino y era profesor de historia militar en la Escuela Superior de Guerra.

En 1936, con el grado de Mayor del Ejército, fue nombrado agregado militar de la embajada argentina en la República de Chile, cargo al que pocos meses después se sumó el cargo de agregado aeronáutico.

En 1939, Perón se marchó a Europa en una misión del ejército argentino, residiendo en Italia y recorriendo Francia, Alemania, España, Yugoslavia, Albania y la Unión Soviética. Esos viajes fueron claves en la maduración de su pensamiento.

El 4 de junio de 1943, se produjo un Golpe de Estado en Argentina que derrocó al gobierno del presidente conservador Ramón Antonio Castillo, vinculado al nazi-fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. En ese mismo año, Perón inició su carrera política como secretario del Departamento Nacional del Trabajo dentro del nuevo gobierno argentino. Desde ese cargo, desarrolló un programa social que atraería a sus filas a una parte de los trabajadores argentinos. La vertiginosa actividad del Departamento Nacional del Trabajo de Perón también ocasionó el creciente apoyo a su gestión por parte de dirigentes sindicales pertenecientes a las principales ramas de la izquierda (socialismo, comunismo, etc.).

Perón incorporó a la acción de su Departamento, entre otros, a los sindicalistas y socialistas José Domenech (ferroviarios), David Diskin (empleados de comercio), Alcides Montiel (cerveceros) y Lucio Bonilla (textil); a los sindicalistas y comunistas René Stordeur (gráficos), Aurelio Hernández (sanidad) y Ángel Perelman (metalúrgicos); y a sindicalistas revolucionarios como Luis Gay (telefónicos).

En 1945, la política argentina se radicalizó, existiendo un enfrentamiento entre el peronismo y el antiperonismo. Es decir, entre los partidarios de Perón, principalmente de clase obrera, y sus detractores, mayoritariamente los poseedores de la riqueza y el capital.

Juan Domingo Perón ganó las elecciones presidenciales argentinas de 1946, apoyado por su esposa María Eva Duarte, más conocida como Eva Perón. Desde esa fecha, Perón desarrolló un extenso Estado de Bienestar, centrándose en la creación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en la nacionalización de los sectores básicos de la economía, en la redistribución de la riqueza a favor de los desfavorecidos, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en una política exterior de alianzas sudamericanas.

Perón volvió a ganar las elecciones en 1951 liderando el Partido Peronista e inició un nuevo mandato, pero acabó siendo derribado por el Golpe de Estado militar del 16 de septiembre de 1955. El Golpe de Estado fue el ataque final y violento contra Perón por parte del antiperonismo que había tomado forma en 1945.

Perón se marchó al exilio y vivió durante casi dos décadas en Paraguay, Panamá, Santo Domingo y España. En ese exilio, no perdió su afán por la política, sino que intentó perfeccionar el socialismo patriótico que había fundado en Argentina y que ya era mundialmente conocido como peronismo. Hay escritos e incluso intervenciones suyas de esos años hablando del socialismo y del peronismo que demuestran su constante esfuerzo intelectual en esa dirección.

Juan Domingo Perón regresó a la República Argentina en 1973, cuando alcanzó la presidencia con el 62 por ciento de los votos. En su nueva aventura política, fue apoyado por su nueva esposa, María Estela Martínez, conocida como Isabel Perón o Isabelita.

Durante su gobierno, Perón propició la instauración de un pacto social entre las organizaciones de trabajadores, los empresarios y el Estado y concretó el ingreso del país en la Organización de Países no Alineados. Mantuvo una cierta fidelidad a su pensamiento original, tal y como él lo había concebido en los años cuarenta y desarrollado desde que fue nombrado en 1943 secretario del Departamento Nacional del Trabajo del gobierno argentino.

Juan Domingo Perón murió el 1 de julio de 1974. Tras su fallecimiento, fue suplido en el cargo de presidente de la República Argentina por su esposa Isabel Perón. El mandato de Isabelita terminó con el Golpe de Estado militar del 24 de marzo 1976, una especie de segunda parte del Golpe que envío al exilio a Perón en 1955.

Aún con la muerte de Perón y el final violento de su mandato, el peronismo o justicialismo sobrevivió a la posterior dictadura militar argentina (1976-1983) y regresó con la democracia. En las últimas décadas, no pocos presidentes y cargos políticos de la República Argentina han salido de sus filas, a la vez que estas siguen activas con un extraordinario vigor y confianza en el pensamiento de Juan Domingo Perón, convirtiendo al peronismo en un fenómeno político único en el mundo.

Dos datos dejan poco margen para la duda sobre esta última afirmación. En el año 2020, el Partido Justicialista (peronismo) era el partido argentino con una mayor cantidad de afiliados, contando con una cifra de 3.314.970. Hoy, el actual presidente de la República Argentina es Alberto Fernández, peronista convencido y presidente del Partido Justicialista.

Crisis y captura: el descontento social en tiempos de pandemia en América Latina y el Caribe

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

… la captura es «el ejercicio de influencia abusiva por parte de una(s) élite(s) extractiva(s) —en favor de sus intereses y en detrimento del interés general… OXFAM

Este documento esboza una propuesta de agendas de trabajo para promover el debate sobre cómo reconfigurar el pacto social por vías institucionales en América Latina y el Caribe, fortaleciendo así los sistemas democráticos de la región y hacer frente a privilegios. Estas cuestiones son esenciales en el contexto actual de pandemia y de crisis políticas. Cruzando datos estadísticos y con los estudios de caso de financiación de partidos (Perú), desarrollo turístico (República Dominicana), telecomunicaciones (Argentina) y acceso al agua (El Salvador), este documento establece la relación entre la captura de políticas públicas, desigualdad y desafección con la democracia. Los casos demuestran cómo el lobby, las puertas giratorias y las campañas mediáticas son los principales mecanismos con los que las élites ejercen influencia abusiva para alejar del interés general decisiones políticas cruciales.

INFORMES DE INVESTIGACIÓN DE OXFAM. JULIO 2021

Introducción

En América Latina y el Caribe (ALC), el estrecho vínculo que existe entre desigualdad, poder y dinero es central para entender cómo países con tanta riqueza generan a la vez pobreza y privilegios. El resultado es una elevada desigualdad que deslegitima el sistema democrático al permitir que aquellos que más poder tienen ejerzan una mayor influencia política. En una región donde el 10% más rico concentra el 68% de la riqueza es fácil apreciar la relación entre captura política y desigualdad.

Este documento sostiene que la captura es el mecanismo por el que se crean y perpetúan la desigualdad y los privilegios, además de una de las causas principales detrás del descontento social, la desafección democrática y las protestas que se suceden en casi todos los países de ALC. La captura es, a su vez, un síntoma de la debilidad de los estados. Para demostrarlo, se analiza la extensión del fenómeno de captura política en ALC y su impacto en la democracia y la desigualdad a partir de unos casos concretos de captura en los que diferentes políticas públicas han respondido más a los intereses de una élite que al interés general.

Se trata de casos anteriores a la pandemia que siguen siendo de gran actualidad. La pertinencia de prestar atención a las consecuencias de privilegiar intereses de ciertos grupos por encima de los de la mayoría ha aumentado, si cabe, al implementarse diferentes políticas de gran calado para hacer frente a la COVID-19 en ALC. No es casualidad que algunas élites se hayan podido vacunar antes que la mayoría de la población; o la presión de las grandes farmacéuticas a varios Gobiernos en la región. Tampoco lo es que las discusiones sobre los paquetes de rescate hayan avivado los debates sobre quién se beneficia de las políticas públicas y a quién sirve realmente el contrato social. La COVID-19 ha magnificado y evidenciado el costo de la captura en estados incapaces de hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social.

El contexto actual ofrece una oportunidad para llevar a cabo una reconfiguración profunda de las relaciones de poder en la región; una reconfiguración que en los próximos meses será, con bastante probabilidad, el principal punto de colisión entre las élites y la ciudadanía. El resultado de dicha lucha puede desembocar en escenarios en los que las élites mantengan su poder, pero también en otros más positivos. El ejemplo de Chile es una muestra de que hay esperanza para las mejoras en el actual contexto.

En Latinoamérica, también se está produciendo desde hace años un cierre progresivo de los espacios para la sociedad civil, el activismo, el periodismo, etc. que se está agudizando con la pandemia y la respuesta de los Gobiernos. La protesta contra el statu quo, la disidencia social y el periodismo de investigación se restringen cada vez más mediante leyes que limitan el debate público y las libertades, al tiempo que se silencian voces alternativas, se instauran falsos debates en la opinión pública e, incluso, se militariza el espacio público. Este fenómeno de cierre está asociado con el poder de algunas élites, que buscan reprimir cualquier atisbo de protesta o disidencia y blindar así sus privilegios.

Con la crisis actual se ha abierto un período de cambios e inestabilidad en el que surgen debates sobre «nuevos» bienes públicos como la vacuna, la tecnología o la provisión de servicios públicos. En paralelo, la confianza en la democracia y en los partidos políticos se encuentra bajo mínimos; la ciudadanía ya no confía en que sean capaces de garantizar el acceso a dichos bienes.

La juventud está cada vez más desafecta del sistema y emergen, por un lado, nuevas voces desde movimientos sociales que apuestan por modelos alternativos basados en una democracia real, descentralizada, no institucionalizada e inclusiva; mientras que, por otro lado, hay sectores que reclaman políticas conservadoras y de orden.

Finalmente, este documento también quiere promover una reflexión sobre cuáles deben ser los cimientos a partir de los cuales reconfigurar los contratos sociales en ALC. En la cuarta sección, se plantean algunas propuestas que buscan contribuir a los debates sobre cómo fortalecer y volver a dotar de legitimidad a una democracia no asociada únicamente a una representación institucional, al acto electoral y a unos procesos participativos determinados, sino en relación con otros principios como el de igualdad y libertad.

SURCOS le invita a seguir el enlace para leer el documento completo o bien descargarlo.

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2021/07/Crisis-y-captura-el-descontento-social-en-tiempos-de-pandemia-en-América-Latina-y-el-Caribe.pdf

 

Crisis-y-captura-el-descontento-social-en-tiempos-de-pandemia-en-América-Latina-y-el-Caribe-1Descarga

Compartido con SURCOS por Henry Mora Jiménez.

Dos maneras opuestas de gobernanza de la seguridad social

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

“Me gustas democracia, porque estas como ausente.”

Manuel Hernández

Hace pocos meses, se nos sorprendió con la impresentable propuesta de reforma del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que ya tenían en el asador, pero que fue advertida y denunciada públicamente por la compañera Martha E. González Rodríguez; que por suerte, justo en el momento oportuno, asumió la representación de las personas trabajadoras en la Junta Directiva de la CCSS.

Los poderes fácticos, esos poderes por los que no se ha votado, y no obstante, tienen agarrada la democracia del cogote, pretendían en la sombra, y pretenden establecer una reforma estructural de IVM, de corte regresivo, aumentando la edad de retiro, reduciendo la tasa de reemplazo y otras medidas lesivas que están en el tablero; que además, le causan una sustancial afectación a las mujeres trabajadoras, sin duda, las más perjudicadas.

Muy por contrario a este estilo autocrático de gobernanza al que nos quieren disciplinar y acostumbrar, existen otras formas civilizadas de abordar esta cuestión.

El ejemplo democrático nos los está dando el recientísimo pacto social de la reforma de las pensiones, celebrado entre el Gobierno, los principales sindicatos (CCOO Y UGT) y las asociaciones empresariales de España, firmado este 1° de julio, el día de ayer.

Son varios los aspectos que contiene el Acuerdo Social, pero dentro de los más importantes, sobresale la eliminación del congelamiento de las pensiones, la revalorización automática de las pensiones, de acuerdo con el costo de vida, la remoción del “factor de sostenibilidad”, que disminuye el importe de la pensión, en función de la esperanza de vida del colectivo del pensionista.

Asimismo, el compromiso del Estado de transferir anualmente, una suma equivalente al 2% de PIB, al sistema de seguridad social, y garantizar hacia futuro las transferencias necesarias para lograr su equilibrio financiero.

El pacto constituye un acuerdo abierto, que deja el espacio para que los interlocutores continúen negociando otros asuntos, en los próximos meses: la sustitución del denominado “factor de sostenibilidad”, por un mecanismo de equidad intergeneracional, mejorar las pensiones mínimas, equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar, entre tantos.

Pero más allá del contenido sustancial de este Acuerdo Social, me interesa resaltar aquí dos cosas, como contrapunto a la reforma reglamentaria que se urde contra nuestro sistema de seguridad social:

En primer lugar, la orientación progresista de la reforma pactada por aquellos actores sociales y agentes políticos, que marca el principio, encaminada a fortalecer el sistema público de la seguridad social española.

Por contrario, en nuestro país, la reforma que está en el candelero, en clave regresiva, va en sentido inverso, como el cangrejo, tendiente a desmantelar el régimen público de IVM.

En segundo lugar, sobresale la participación de los actores sociales y el Gobierno, que, como tiene que ser en una sociedad democrática, llegaron en la mesa de negociación a pactar ese importe acuerdo social, que remueve la rémora de una década neoliberal, y además, apuntala la interlocución política de los sindicatos de trabajadores y organizaciones de pensionistas, en esta materia tan importante, que no es para menos, para la clase obrera.

Por contrario, en nuestro país, la reforma neoliberal de pensiones, que se agita a golpe de tambor, contra viento y marea, se aspira imponer de forma autoritaria, dejando en interdicción todo proceso de diálogo social, resintiendo el sistema democrático, que lo tienen al borde del precipicio.

La reforma de las pensiones no puede quedar a merced de un consistorio de 9 personas, que integran la Junta Directiva de la Caja, sino que tiene que ser resultado de un amplio proceso de participación democrática, cuya finalidad no puede ser otra que no sea el fortalecimiento de nuestro sistema público de seguridad social y garantizar pensiones justas y dignas.

Una reforma de ese calado, como la que ha venido fraguando la derecha feroz, carece de toda legitimidad democrática.

02/07/2021

Chile, ¿Hacia una Verdadera Asamblea Constituyente?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

El año pasado 2020, escribimos un artículo sobre Chile llamado: “Chile se Encamina Hacia un Nuevo y Profundo Ciclo Político”, donde luego de hacer una breve historia y consecuencias del modelo neoliberal en Chile, nos preguntamos: ¿Hacia dónde va Chile?

En el mencionado artículo recordamos, y ahora lo hacemos igualmente, sobre la Consulta Popular, hacia la redacción de una nueva Constitución para Chile, donde el 78,27% de los ciudadanos que votaron en el Plebiscito, aprobaron iniciar este proceso. Decíamos que sería un proceso largo y tedioso, aunque monumental, desmontar la vieja Constitución de Augusto Pinochet.

La nueva Constitución chilena, será redactada por una Convención Constituyente, compuesta por 155 miembros electos por votación popular, el 11 de abril del 2021.

Estos constituyentes tendrán 9 meses, para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ser ampliado por 3 meses más, en una sola oportunidad. De esta manera, a mediados de 2022, el país vivirá un nuevo Plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva Constitución.

Veamos las etapas del Proceso Constituyente, que tiene a Chile en este Momento Histórico:

15 de noviembre de 2019: Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución.

24 de diciembre de 2019: Reforma constitucional que modifica la Constitución vigente para incorporar el itinerario y reglas del proceso constituyente.

29 de marzo de 2020: Presidente convoca, vía decreto, al plebiscito de entrada del 25 de octubre de 2020.

25 de octubre de 2020: Plebiscito en el que se decide si se aprueba o rechaza la idea de una Nueva Constitución; y cuál sería el órgano que la redacte.

11 de abril de 2021: Elección de Convencionales Constituyentes.

Mayo o junio de 2021: Instalación de la Convención Constituyente.

Hasta 9 o 12 meses después: Convención aprueba un nuevo Texto Constitucional.

Aproximadamente 60 días después (agosto de 2022 aproximadamente): Plebiscito para aprobar o rechazar nueva Constitución.

Ya estamos a pocos días de celebrarse este paso histórico en la vida política de Chile. Aunque al momento de estar redactando este artículo, surge la eventualidad, que ante la ola de contagios de la Covid-19, que llega a niveles inéditos en toda la pandemia en Chile, el presidente Sebastián Piñera, presentará una reforma constitucional para que se lleven a cabo el 15 y 16 de mayo, la que necesita de los votos de dos tercios del Parlamento. La oposición, sin embargo, anunció que exigirá al Ejecutivo nuevas medidas sanitarias y de ayuda económica, a cambio de respaldar la medida en el Congreso. Veremos que sucede…

No obstante, la anterior eventualidad, deseamos compartir algunos elementos de tan importante hecho político para la institucionalidad y para la nacionalidad chilena.

  1. Lo cierto es que desde que se propuso la fecha del 11 de abril 2021, para la Elección de los Constituyentistas redactores del nuevo texto Constitucional, no ha habido mucha atención periodística y/o comunicacional de tal evento, por lo menos en América Latina, no sabemos si al interior del país. Dejamos esta inquietud-pregunta para su reflexión…
  2. Algunos sectores del país, señalan que en verdad en Chile no se está en un Proceso Constituyente, que no hay una Asamblea Constituyente, ya que lo “acordado” por los partidos políticos de derecha e izquierda, es celebrar una Convención Constitucional. Agregándose además, que la dicha Convención Constitucional, aprobará la nueva Constitucional con el quorum de dos tercios, que deja en entredicho la verdadera soberanía popular de la Convención.

Parece ser una traición al pueblo chileno, quien demanda una Asamblea Constituyente, con todas las potestades para redactar y someter a votación popular (apoyo masivo de un pueblo), un asunto de especial importancia para la Nación, como lo es una Constitución nueva.

Ojalá, este 11 de abril, preferentemente, le toque al pueblo chileno, iniciar y decidir su destino al escribir con su mano, con verdaderos redactores del pueblo, la primera Constitución democrática de la historia de Chile.

  1. Otro acuerdo entre las partes fue que el texto Constitucional, será escrito sin amarras a la actual Constitución; es decir que, en ausencia de acuerdos sobre algún punto, no se mantendrá el articulado del texto actual. Sin embargo, la condicionante de la derecha, para ceder dicho punto fue establecer como límites el respeto a la definición de Chile, como una República democrática, el respeto a los DDHH, a todos los tratados internacionales suscritos y a las sentencias judiciales ya ejecutoriadas.

Cosa que ha significado un punto de conflicto, toda vez que pone en cuestión el alcance soberano del proceso.

  1. Otros cambios u “acuerdos” han sido: dada la presión del feminismo, se incorporó la paridad de las y los constituyentes; se encuentran en debate los escaños reservados para los pueblos originarios y se flexibilizaron los requisitos para la participación de independientes en el proceso, pues el modelo de elección replica la elección de congresistas, que favorece la electibilidad de los partidos políticos.

¿Qué está en Juego en el Proceso Constituyente?

Primero, no se trata del cambio de un texto constitucional por otro, sino de la construcción de una Constitución con implicaciones materiales, tanto en relación a la sociedad actual de Chile, como en relación a los alcances de los cambios: la posibilidad de cambiar la orientación neoliberal del modelo actual, de superar ese orden político, social y económico nefasto.

Segundo, debe ser la oportunidad para abrir un proceso de transformaciones, que exceda al propio debate del texto. Las expectativas sociales son altas y, para no acumular frustración social, las fuerzas de cambio enfrentan el desafío de compatibilizar medidas de corto plazo, que tengan implicaciones materiales inmediatas, con cambios estructurales que excedan el propio debate constitucional.

Temas y/o Cambios de la Constitución Actual

  1. ¿Qué país se desea diseñar?
  2. ¿Que significa un nuevo Pacto Social?
  3. Discutir nuevamente la Regla Fiscal.
  4. Lo exclusivo del Ejecutivo en temas como el Presupuesto.
  5. La Independencia del Banco Central.
  6. Soluciones para 30 años de desigualdad económica-social.
  7. Una de las grandes demandas es la necesidad de redefinir la noción patriarcal, colonial y hetero normativa de familia, heredada históricamente de las constituciones autoritarias, que se han impuesto al país desde 1833 en adelante, y que ha sido una fuente de discriminación, exclusión y persecución a importantes sectores de la sociedad.

En definitiva, la discusión constituyente en Chile está abierta, por lo que la manera cómo se definirán a las familias democráticamente, es quizás unos de los puntos más importantes que se tienen que dar, ya que muestra cómo nos vemos a nosotros/as mismos realmente, y no como la elite conservadora ha querido que nos veamos por siglos.

Entonces, para que pueda significar la apertura de un proceso de transformaciones sociales profundas, el debate, y la acción, deberán exceder el plano institucional y reconducirlo hacia los diversos sectores populares.

Desde la calle, Chile debe comenzar a reescribir su historia, dejando en el basurero de su historia a los Pinochet, los Lagos, los Bachelet, los Piñera y otros tantos.

 

Imagen: Diario Jurídico.

A las compañeras y compañeros de las universidades públicas, y al país en general

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

San José, 18 de febrero del 2021

A las compañeras y compañeros de las universidades públicas, y al país en general:

Costa Rica vive momentos complejos, que requieren soluciones complejas y un consenso social amplio, en las actuales circunstancias debemos reconstruir nuestro pacto social para pensar en la nación que queremos para el futuro, al tiempo que protegemos nuestros logros del pasado. Pero nos preocupa que en lugar de soluciones complejas recurramos a procesos de ajustes únicamente centrados en buscar una solución fiscal de corto plazo, motivados por recetas que han fracasado en otras latitudes y que pueden tener un alto costo social y productivo.

La solución de nuestros problemas no debe desatender, desfinanciar o incluso destruir, el Estado Social de Derecho que hemos creado durante décadas, por medio de políticas públicas destinadas a beneficiar a la mayor parte de la población. Esta inversión en las personas y en su desarrollo particular, nos ha puesto en una posición privilegiada frente a otras naciones, con índices de vida mucho mejores que otros países de la región y, en algunos casos, cerca de naciones desarrolladas. Pero ese logro está hoy en riesgo, los avances en materia de salud, educación y protección social, están en peligro por seguir una línea de ajustes carentes de una verdadera reflexión y de estudios adecuados y adaptados, tampoco se está tomando en cuenta la necesidad de atender a una población afectada por una pobreza que creció, un desempleo que no logramos reducir y una vergonzosa desigualdad que se nos sale de las manos, al tiempo que nos rehusamos a pedir un esfuerzo mayor a los que más tienen y a los sectores gananciosos de la pandemia.

Esta actitud de promover un ajuste fiscal de gran tamaño, en un plazo muy corto, sin razonar en sus consecuencias, sumado a ideas de austeridad extrema que ya demostraron su fracaso social y productivo por el mundo, también pretenden poner en riesgo la universidad pública, su autonomía administrativa e incluso su financiamiento. De acuerdo con la Constitución Política de Costa Rica, las universidades públicas del mayor rango de autonomía en su gestión, precisamente para darles independencia del poder político y la libertad suficiente para que la ciencia, las letras y las artes puedan florecer, así como para que las universidades cumplan el importante papel de brindar oportunidades de crecimiento personal por medio del desarrollo profesional. Un sistema universitario libre e independiente del poder político, es un signo inequívoco de una sociedad moderna y de una democracia madura.

Nos preocupa que el proyecto de ley de empleo público ponga esto en riesgo, dejando en manos de una entidad con nulo conocimiento del quehacer universitario, así como una baja capacidad operativa, la gestión del recurso humano de las universidades, afectando el trabajo de estas y sometiéndolas a restricciones que afectarán negativamente la formación de profesionales, la investigación científica, la extensión, la acción social universitaria o la promoción artística.

Quitar a las universidades lo relativo a su regulación en materia de empleo es una ruptura inaceptable de su autonomía, que podría seguir acompañada de medidas para limitar el alcance de su trabajo y el pensamiento de sus académicos, en momentos en que en el mundo se desdeña la ciencia y se pone en tela de juicio los resultados de siglos de conocimiento. La ciencia necesita libertad, necesita mantener separadas la política y las creencias particulares del quehacer científico, limitar la autonomía de las universidades públicas, por tanto, es cercenar la promoción del conocimiento y el desarrollo de las ideas.

Somos conscientes de la necesidad de ajustes en la política de remuneración a lo interno de las universidades, tenemos claro que lo que existe hoy no es funcional y debe ser corregido, pero debemos ser los universitarios quienes definan la manera en que mejor se ajusta con el desarrollo de nuestras organizaciones. Estamos comprometidos y comprometidas con un uso adecuado de los recursos públicos y una gestión encaminada en lograr los mayores resultados sociales, en beneficio de la población, para tener universidades que sean sostenibles financieramente en el largo plazo, para seguir contribuyendo a la construcción de ese Estado Social de Derecho que hoy vemos en riesgo.

Es por eso que les hacemos a todas y a todos, un llamado a la acción, a pedirles que se expresen y hagan mostrar su inconformidad con lo que estamos viviendo. Defendamos la universidad pública de los que pretenden reducirla, arriesgando su papel en la construcción y desarrollo de la nación, al tiempo que nos comprometemos a cuidar los recursos públicos que los contribuyentes de este país apostaron por nosotros. Defendamos la libertad que requiere el quehacer académico, así como evitamos salidas fáciles a crisis complejas recortando sin miramientos, mientras muchos siguen sin contribuir a nuestro pacto social, sin sonrojo ni pena.

Las circunstancias actuales nos obligan a replantear nuestra reacción, por lo que les invitamos a compartir este mensaje en sus redes sociales y unirse a nosotros por medios electrónicos. Abajo firmamos un grupo de universitarias y universitarios preocupados, pero sabemos que somos más:

Fernando Rodríguez Garro, céd. 401650895
Greivin Salazar Álvarez, céd. 109710643
Roxana Morales Ramos, céd. 111670990
Henry Mora Jiménez, céd. 105120548
Nora González Chacón, céd. 106990620
Jesús Guzmán Castillo, céd. 304360204
Tania Rodríguez Echavarría, céd. 110680515
Yamileth González García, céd. 202460555
Luis Felipe Arauz Cavallini, céd. 104860636
Edgar Gutiérrez Espeleta, céd. 104530822
Ana Rosa Ruiz Fernández, céd. 302480440
Rony Mauricio Rodríguez Barquero, céd. 205340821
Patricia Ramos Con, céd. 205470695
Noemy Quirós Bustos, céd. 205470695
Laura Queralt Camacho, céd. 107250821
Shi Alarcón Zamora, céd. 112910818
Rocío Alfaro Molina, céd. 108280886
Sofía Cortés Sequeira, céd. 113360901
Nelson Andrés Ramírez Rojas, céd. 303890841
William Delgado Montoya, céd. 303440456
Maritza Agüero González, céd. 206450725
Mayela Acuña Calderón, céd. 302400541
Carlos Rodolfo González Zúñiga, céd. 503450978
José Alberto Martínez Villavicencio, céd. 900830116
Paula Arzadun, 103200178200
Osvaldo Durán Castro, céd. 106370047
Hellen Melania Cordero Araya, céd. 303630653
Marlon Iván Pérez Pérez, céd. 602700010
Ana Catalina Espinoza Ortíz, céd. 303550126
Yendry Alexandra Jiménez Pérez, céd. 206270045
Andreina Esquivel Rodríguez, céd. 206600795
María José Chaves Groh, céd. 110810478
Alicia Coto Guzmán, céd. 109800481
Rodrigo Campos Cordero, céd. 108560885
Pablo Diaz González, céd. 205960614
Natalia Dobles Trejos, céd. 110790825
Luis Paulino Vargas Solís, céd. 203270373
Marinela Córdoba Zamora, céd. 302970351
Luis Miguel Esquivel Sancho, céd. 206950800
Marcel Hernández Mora, céd. 303490836
Pablo César Rodríguez Vargas, céd. 206820364
Francisco Esquivel Villegas, céd. 601090101
Nancy Castro Barrantes, céd. 204350643
Luis Gerardo Meza Cascante, céd. 105130774
Fabio Sanchez Peña, 184001281001
Ronald Bustamante Medina, céd. 109130086
Marco Antei, 138000248128
Samaria Montenegro Guzmán, céd. 112090158
Luis Alberto Barboza Chinchilla, céd. 111090348
José Alexander Ramírez González, céd. 401570340
Daniel Campos Salas, céd. 113770721
Juan Gabriel Calvo Alpízar, céd. 112120635
Adriana Cristina Sánchez Chavarría, céd. 112940271
Pedro Méndez Hernández, céd. 108270664
William Ugalde Gómez, céd. 107380639
María Estrada Sánchez, céd. 109740643
Arnaldo Moya Gutiérrez, céd. 302230941
Patricia Fumero Vargas, céd. 302270116
Nora Garita Bonilla, céd. 103820064
Yolanda Rojas Rodríguez, céd. 900120762
Ana Lupita Chaves Salas, céd. 104550585
Susan Francis Salazar, céd. 107210975
Elizabeth Fonseca Corrales, céd. 400970783
Albin Gerardo Guerrero Mora, céd. 106050324
Alejandra Fernández Bonilla, céd. 105740192
Erika Henchoz Castro, céd. 105700927
Víctor Hugo Acuña Ortega, céd. 103730844
Melania Monge Rodríguez, céd. 105730482
Patricia Blanco Picado, céd. 105380707
José Pablo Mora Vargas, céd. 2 0581 0912
Lady Meléndez Rodríguez, céd. 105410868
María Peña Bonilla, céd. 106570340
María Elena López Núñez, céd. 103410135
Julio Alberto Brenes Arroyo, céd. 108920767
Wendy Yorleny Rojas Calero, céd. 701790272
Adilia Eva Solís, 155803301923
Ana Lucía Gutiérrez Espeleta, céd. 156010866
María Cecilia Dobles Izaguirre, céd. 103270166
Alvar Saborío Ruiz, céd. 500840552
Ivette Rojas Zeledón, céd. 107780131
Ivonne Lepe Jorquera, céd. 800650908
Isabel Avendaño Flores, céd. 106020245
Ana Carcedo Cabañas, céd. 800470010
Evita Henríquez Cáceres, céd. 206260679
Darío Alberto Mena Arias, céd. 113020444
Bryan Roberto Vargas Vargas, céd. 401940928
Francisco Piedra Vargas, céd. 107470054
Francisco Guevara Quiel, céd. 108560452
Alberto Hernández Alvarado, céd. 303610785
Larraitz Lexartza Artza, céd. 801240792
Jorge Guier Acosta, céd. 107650767
Camila Ordoñez Laclé, céd. 111390314
Ronald Bonilla Rodríguez, céd. 401460933
Javier Trejos Zelaya, céd. 105550580
Maikol Picado Cortés, céd. 401890288
Ana Laura Rivera Vargas, céd. 304450568
Francisco Robles Rivera, céd. 304050666
Ana Gabriela Víquez Paniagua, céd. 205710047
Francisco Frutos Alfaro, céd. 105930011
Daniel Briceño Lobo, céd. 105160339
Cindy Fernández García, céd. 110380095
Leonardo Castellón Rodríguez, céd. 109270673
Eduardo Chavarría Saborio, céd. 105870907
Alberto Cortés Ramos, céd. 900750815
José Ralph García Vindas, céd. 800920363
Hugo Hidalgo León, céd. 107340170
William Poveda Fernández, céd. 303500256
Roberto Antonio Ulloa Esquivel, céd. 402000107
Jennifer de los Ángeles Loría Sorio, céd. 304550852
Maikol Solís Chacón, céd. 112060753
Marco Vinicio Alvarado Peña, céd. 107370600
Viviana Solano Monge, céd. 304500312
Ericka Masís Garita, céd. 303550694
Alexander Berrocal Jiménez, céd. 109440034
Tania Molina Villalobos, céd. 108140765
Alexandra De Simone Castellón, céd. 105320906
Norma Lucía Ruiz Fernández, céd. 900630855
Boris Allan Larios Cruz, céd. 205370932
Nathalie Vásquez Ramírez, céd. 30392346
Jeannette Alvarado Retana, céd. 105270618
Mariela Hernández Ramírez, céd. 205270338
Adriana Sánchez Lovell, céd. 111510909
Rosibel Orozco Vargas, céd. 302580920
Marilú Rodríguez Araya, céd. 204120789
Carmen María Méndez Navas, céd. 104170492
Roberto Castillo Rojas, céd. 301770017
Raquel Picado Navarro, céd. 109430726
Fernando Bermúdez Kuminev, céd. 114600552
Wagner Moreno Moreno, céd. 502180988
Héctor Ferlini Salazar, céd. 104540856
María Cecilia Aguilar Lara, céd. 202520321
Sandra Cartín Herrera, céd. 203430634
Vera Victoria Sancho Mora, céd. 104111454
Virginia Ramírez Cascante, céd. 105430030
Lisbeth Araya Rojas, céd. 104011290
Ana María Botey Sobrado, céd. 104730692
Gilberto Alfaro Varela, céd. 501490053
Marcela Dumani Echandi, céd. 900680173
Ana Isabel Porras Thames, céd. 103700435
Ana Leonor Ramírez Montes, céd. 104830426
Marie-Claire Vargas, céd. 105890240
Laura Vargas Vargas, céd. 104340593
Olga Goldenberg Guevara, céd. 102870168
Francisco Javier Rojas Rojas, céd. 106150202
Laura Hernández Alpízar, céd. 106910588
Jorge Andrey Valenciano Salazar, céd. 205420447
Carlos Leonardo Arguedas Campos, céd. 401400752
Javier Rodríguez Ramírez, céd. 110230342
María Fernanda Vega Solano, céd. 304360323
María C. Víquez Ramírez, céd. 401340973
José Millán Araujo, céd. 800820978
Gerardo Villalobos Rodríguez, céd. 204610636
Gabriela Pino Chacón, céd. 105160449
Jorge Herrera Murillo, céd. 205330454
Marianela Rojas Garbanzo, céd. 303260030
Randall Hidalgo Mora, céd. 401680374
Christian González Hernández, céd. 401850130
Marjorie León Gómez, céd. 204420043
Francisco González Alvarado, céd. 204510487
Álvaro Martín Parada Gómez, ced. 800700955
Julio César Espinoza Rodríguez, céd. 107740181
Javier Durán Fallas, céd. 105660979
Karen Herrera Benavides, céd. 112160849
Sara Emilia González Bonilla, céd. 401240885
Erika Vásquez Salazar, céd. 108320129
Yuri Morales López, céd. 110250819
Felipe Alpízar Rodríguez, céd. 110490305
Evelyn Apú Álvarez, céd. 110600969
Roxana Salazar Bonilla, céd. 104940776
Lorena Uribe Lorío, céd. 106020577
Willy Calderón Guerrero, céd. 602850917
Norberto Rivera Romero, céd. 302440121
Javier Fernández Lara, céd. 108940323
Alejandra Amador Salazar, céd. 111600259
Magaly Gutiérrez Saborío, céd. 110120383
Ana Gabriela Blanco Víquez, céd. 110130676
Liz Marie Robles Hernández, céd. 109900186
Zaida Siles Rojas, céd. 105760128
José Antonio Santamaría Rivera, céd. 107180586
Leidy Abarca Picado, céd. 108020813
Allan Ulate Angulo, céd. 114090313
Cristina Romero Solera, céd. 302800094
Leonora Córdoba Roldán, céd. 302900126
Brenda Bustamante Vega, céd. 304830900
Andrea Jiménez Murillo, céd. 110810533
María del Pilar Rojas Briceño, céd. 107800170
Edwin Retana Araya, céd. 206450503
Rosario Hernández Hernández, céd. 108480342
Manuel Delgado López, céd. 113030307
Vivian Bonilla Gamboa, céd. 115780208
Wilberth Sequeira Gómez, céd. 106510795
Isaac Flores Bertozzi, céd. 108710765
Alicia López Fernández, céd. 106450643
Yamileth Garbanzo Guzmán, céd. 106370553
Shirley Campos Mesén, céd. 106830878
Nicole Cisneros Vargas, céd. 112450713
María del Milagro Castro Solano, céd. 206030429
Juan Miguel Herrera Delgado, céd. 107270410
María Laura Arias Echandi, céd. 106180948
María José Cascante Matamoros, céd. 111660261
Oldemar Rodríguez Rojas, céd. 203940778
José Ángel Vargas Vargas, céd. 203710866
Gustavo Gutiérrez Espeleta, céd. 106600352
Miguel Román Díaz, céd. 107300659
Marisol Gutiérrez Rojas, céd. 105720906
Jeannette Campos Salas, céd. 105890202
María Marta Durán Rodríguez, céd. 302910123
Rosalina Alvarado Delgado, céd. 104080901
Helvetia Cárdenas Leitón, céd. 203790551
María Pérez Yglesias, céd. 103690624
José Pablo González Chaverri, céd. 41720701
Carmen Monge Hernández, céd. 109000461
Priscilla Mena García, céd. 603410602
Roberto Rojas Benavides, céd. 602160911
Alejandra Gamboa Jiménez, céd. 109490166
Alice Brenes Maykall, céd. 106630878
Marlene Flores Abogabir, céd. 800900409
Nancy Astorga Miranda, céd. 110910744
María Eugenia Restrepo Salazar, céd. 109750470
Idaly Cascante Herrera, céd. 401380017
Norma Salazar Baltodano, céd. 108410237
Mayela Avendaño Salas, céd. 105640280
Ronny Hernández Álvarez, céd. 601960957
Rocío Carvajal Sánchez, céd. 401210625
Gabriela Ortiz Valverde, céd. 603420251
Zita Soto Poveda, céd. 106080795
Esteban Picado Sandí, céd. 110630040
Victor Julio Baltodano Zuñiga, 204310502
Mayela Coto Chotto, céd. 106090382
Grace Wong Reyes, céd. 601650096
Manuel Luna Ángulo, céd. 502580797
Karol Vanesa Monge Hernández, 112220685
Ronald Alvarado Cordero, céd. 108500771
Juan Carlos Beckles Araya, céd. 106600600
Adriana Alvarado Cerdas, ced. 109090671
Manuel Antonio Villalobos Morales, céd. 402000227
William García Morera, céd. 700950002
Arabella Salaverry Pardo, céd. 900290602
Marielos Castro Umaña, céd. 103690927
Elisa Donato Monge céd. 105140512
Dulce Umanzor Alvarado, céd. 600990608
Juliana Martínez Franzoni, céd. 800820470
Adrián Pignataro López, céd. 113160599
Gerardo Hernández Naranjo, céd. 106770083
Brayan Jara Ureña, céd. 117330757
Susan Ugalde Monge, céd. 107790137
Carlos Humberto Cascante Segura, céd. 109640964
Ivonne Vásquez Esquivel, céd. 2026940462
Juan Miguel Camacho Hernández, céd. 401390077
Flor Esquivel Rodríguez, céd. 204600251
Hannia Sánchez Mora, céd. 107280976
Olga Patricia Villalobos Garita, céd. 401420372
Minor Oviedo Segura, céd. 401540950
Jenny González Murillo, céd. 109840829
Gloriana Moya Muñoz, céd. 402040926
Gabriela Quirós Cuadra, céd. 401390322
Diana Vargas Benavides, céd. 110320526
Magaly Solís Vargas, céd. 603320741
Paula Vargas Segnini, céd. 109060623
Yury Alfaro Arias, céd. 206240050
Iris Cubero Campos, céd. 203520729
Dayan Murillo Campos, céd. 702310012
Sofía Vásquez Bolaños, céd. 206330979
Georgina Morales Solano, céd. 401340731
María Isabel Hidalgo Vargas, céd. 112410115
Roxana Cubero Conejo, céd. 108860383
Ana Rosa Orozco Morales, céd. 110230234
Marcela Bagnarello Kepfer, céd. 110950939
Tatiana Roldán Cordero, céd. 109040003
Maria Victoria Ruiz Ruiz, céd. 401350490
Rosalba Mora Royo, céd. 110960294
Johanna Acuña Garita, céd. 304720718
Gustavo Garita Hidalgo, céd. 401700916
Luis Gustavo Delgado Vásquez, céd. 207050713
Laura Cruz Ruiz, céd. 502620127
Juan Diego Gómez Navarro, 105250351
Yalile Jiménez Olivares, céd. 108520207
Sergio Fernández Rojas, céd. 107440183
Ericka Jiménez Espinoza, céd. 108920601
Rita Picado Arroyo, céd. 303160938
Fred Luis Jiménez Hernández, céd. 111890900
José Joaquín Montero Zúñiga, céd. 107580845
Deborah Castillo García, céd. 701130362
Bernal Martínez Gutiérrez, céd. 302710189
Erick Francisco Salas Acuña, céd. 205680321
Eric Alfredo Chirino Sánchez, céd. 106230155
Sebastián Saborío Rodríguez, céd. 111660309
Eva Carazo Vargas, céd. 108930621
Luis Alonso Rojas Herra, céd. 112510165
Gustavo Gatica López, 13200254014
Patricia Oliva Barboza, céd. 107480251
Marcela Pérez Rodríguez, céd. 106440146
María Alexandra Medina Pérez, 117000187730
Natalia Dobles Trejos, céd. 110790825
Paulo Coto Murillo, céd. 11056-0998
Backtori Golen Zúñiga, céd. 112920729
Megan López La Touche, céd. 114710234
Francis Muñoz Calvo, céd. 114490629
Juan Antonio Gutiérrez Slon, céd. 112450785
Edgar González Quesada, céd. 303990404
María de los Ángeles Segura Carmona, céd. 106200161
Idaly Cascante Herrera, céd. 401380017
Melissa A. Castro Quirós, céd. 111330022
Elías Córdoba Chaves, céd. 110830032
Nancy De la O Arce, céd. 401690110
Laura Delgado Rojas, céd. 108710641
Marlene Garita Loaiza, céd. 112050111
Lucía Quesada Acuña, céd. 111720187
Cilene Trejos Quesada, céd. 107470321
Ana Yansy Ugalde Gómez, céd. 204080004
Viviana Umaña Porras, céd. 107540465
Adriana Jazmín Ureña Castro, céd. 111980373
Kattia Vanessa Vargas Fallas, céd. 111000035
Luis R. Víquez Rodríguez, céd. 205690776
Andrea Zamora Quesada, céd. 110140666
Gerardo Fonseca Sanabria, céd. 700920242
Gréttel Castro Céspedes, céd. 112000156
Ma. Rosibel Ruiz Fuentes, céd. 206630849
Marjorie Chavarría Jiménez, céd. 106800326
David Josué Barquero Castro, céd. 113530776
Alejandra Navarro Navarro, céd. 303920963
Roxana Cabalceta Rubio, céd. 114070999
Sergio Moya Mena, céd. 108240261
José Manuel Arroyo Gutiérrez, céd. 103991073
Hugo Vargas González, céd. 107880210
Daniel Matul Romero, 132000001412
Nidya Cecilia Nova Bustos, céd. 800990603
Allan Monge Cordero, céd. 107760834
Lidieth Garro Rojas, céd. 602270142
Gabriela Arguedas Ramírez, céd. 108310136
Rafaela Sierra Ramos, céd. 800460989
Julieta Dobles Yzaguirre, céd. 103120144
Albert Torres Vargas, céd. 108360857
Danny Mora Cordero, céd. 112840747
Luis Alberto Rojas Campos, céd. 206050213
Jimmy Castro Rodríguez, céd. 110190121
Dary Andrea Moya Chavarría, céd. 603180476
Juan José Padilla Vindas, céd. 111790739
Luis Felipe Cordero Jara, céd. 401800910
Andrea Brenes Rogades, céd. 701580878
Marilyn Núñez Badilla, céd. 109820019
José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 104610499
Efraín Cavallini Acuña. céd. 104640098
Gerardo Cerdas Vega, céd. 108970131

Señales políticas para no perdernos 3

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gerardo Hernández

En política no podemos asumir que las diferencias son absolutas y que no es posible construir acuerdos. Hay proyectos e intereses diferentes y hasta antagónicos, claro. Pero es aquello en lo que coincidimos lo que nos hace posible vivir junt@s.

BATIRNOS POR SAN JOSÉ O PACTAR EN OCHOMOGO

Aunque no estamos en una situación igual a la guerra civil del 48 y creo que no queremos llegar ahí, nuestra historia política ha dejado claras señales de que en medio de la conflictividad es posible llegar a acuerdos si hay voluntad y visión de un horizonte común.

La más conflictiva y hasta sangrienta década de nuestra historia contemporánea, fue la de los años 40’s del siglo pasado, en la que llegamos incluso a darnos de balazos.

Y al mismo tiempo, fue esa la década más fecunda en reformas sociales, políticas y económicas, que reforzaron políticas públicas de más larga data y al mismo tiempo sentaron las bases institucionales del Estado Social de Derechos.

Y no estoy romantizando nuestra historia, para tapar la sangre derramada, los dolores, las heridas, los rencores incubados, ni los posteriores desacuerdos y conflictos que derivaron, a su vez, de los grandes pactos y acuerdos construidos en esa década. No fue que todo el mundo quedó contento y feliz… ¡qué va!

Pero lo cierto es que a partir de ellos y también, no solo por ellos, Costa Rica transitó hacia una ruta de mayor estabilidad política, democracia, crecimiento económico, movilidad social, distribución de riquezas, modernización del Estado, inclusión social, entre otras dimensiones.

Hoy vivimos momentos diferentes y tenemos otros desafíos, pero como en aquellos años, necesitamos construir acuerdos, no perfectos pero suficientes, para garantizar la paz social, la justicia social, el crecimiento y la distribución de riquezas, la democracia y la sostenibilidad, que se nos han debilitado en las últimas décadas y por ello estamos donde estamos.

Evitemos llegar a mayores niveles de violencia, porque la tarea de la reconstrucción sería aún más grande y difícil.

Evitemos llegar al default, porque entonces los más poderosos barrerían con los restos del Estado Social de Derechos.

Distribuyamos más, antes de que la desigualdad, la pobreza y la acumulación, refuercen un remolino de retrocesos del que nadie se salve, ni siquiera los más ricos y poderosos, que también tienen mucho que perder, aunque no lo crean.

Son muchas las áreas en las que debemos reconstruir pactos sociales y multisectoriales, pero hay una particularmente urgente con la que debemos iniciar: un pacto fiscal orientado hacia la justicia tributaria. Equilibrar las cargas entre todos los sectores de la economía, encontrar la relación más adecuada posible entre ingresos y gastos en las finanzas públicas, para reforzar y actualizar nuestro Estado Social de Derechos.

Todos los sectores que podamos dar algo, debemos ceder algo, tanto por el lado de los ingresos y como de los gastos, incluyendo aquellos que tengan beneficios fiscales.

Hay otros que no pueden dar, los más débiles y vulnerables, que necesitan más bien recibir. Por ello el principio debe ser: de arriba hacia abajo la contribución, de abajo hacia arriba la distribución.

Hasta ahora solo hay demandas de unos sectores hacia otros y de todos hacia el Estado.

Si queremos avanzar hacia un gran acuerdo nacional, cada sector debe empezar por poner sobre la mesa en qué puede contribuir a incrementar las debilitadas finanzas públicas. Estoy seguro que hasta las empresas de zonas francas y grandes cooperativas pueden hacerlo.

Al mismo tiempo, cada sector puede plantear una propuesta hacia otros o hacia el Estado, para hacer más eficiente y eficaz el gasto público.

Esto constituiría un primer paso para conformar una agenda de reformas en áreas de coincidencia, donde, para ganar algo, sea necesario también ceder en algo. De lo contrario, la intransigencia nos sumirá en un caos y violencia de consecuencias irreparables, que sufrirán incluso las siguientes generaciones.

Como a don Manuel y a don Pepe, ahora con más participantes, hoy nos toca responder a la pregunta: ¿nos batimos por San José o pactamos en Ochomogo?

Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras llama a foro multisectorial de diálogo social

Escrito en . Publicado en Coyuntura.

SURCOS recibió el siguiente documento mediante el cual la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal propone la realización de un foro multisectorial de diálogo social.

6 de octubre de 2020

San José, Costa Rica

El Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, máxima autoridad del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, ha manifestado su preocupación por la situación económica y social que atraviesa actualmente nuestro país, la cual se ha visto acrecentada a raíz de la pandemia del COVID-19.

Ante esta situación, consideramos necesaria la realización de un foro multisectorial de diálogo social, que permita realizar una discusión transparente e inclusiva sobre el futuro que queremos para Costa Rica.

Es por ello que hoy hacemos un llamado nacional a los diferentes sectores de nuestra sociedad para que participen en un foro multisectorial coordinado por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Hacemos un respetuoso llamado a participar en este foro de diálogo a la sociedad costarricense, a los diferentes sectores laborales, empresariales, organizaciones campesinas, agrícolas e industriales, a la academia y otros actores que coincidan en la búsqueda de un país más justo, solidario e inclusivo.

Presentamos a continuación un conjunto de principios orientadores que deben inspirar este proceso que ha propuesto el Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:

FORO MULTISECTORIAL DE DIÁLOGO SOCIAL

Presentación

Con la fundación de nuestra República en 1821 y desde la suscripción del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, expresamos la primera manifestación escrita de la voluntad soberana de las personas costarricenses para su independencia. Este período fue el origen de nuestra vida pública, el organizador de la Patria; el formador de nuestra conciencia nacional y de la tradición civil. El Pacto Social se constituye así en el primer documento de alcance histórico y jurídico que marca y caracteriza una visión y espíritu de paz, respeto mutuo y solidaridad.

Desde entonces y a pesar de las vicisitudes que hemos vivido como nación y que pudieron incidir para desmeritar dicha conquista o desvirtuar sus valores y principios fundacionales, hasta hoy hemos logrado mantener vivos estos compromisos, trabajamos desde las edades tempranas en la escuela para las nuevas generaciones hagan suyos los valores inspiradores y así, dignificar la memoria de quienes con fe y fuerza espiritual nos heredaron la Costa Rica que disfrutamos. Hacer cada día más digna esta fértil tierra donde fue plantada la semilla de paz y respeto, significa invocar los mismos valores y principios que nos inspiraron y ha permitido preservar su fruto.

Dimensionar el presente y trazar el futuro es nuestra responsabilidad

Hoy, en medio de una compleja realidad global que nos impacta con dureza en lo local que se acentúa por efectos de la Pandemia del Covid-19 y cuyas dimensiones aún no están cuantificadas y menos que ya se tenga una fecha cierta que proyecte un pronto final. Los impactos negativos en las economías de los países generan deterioro creciente de sus principales indicadores. Incrementos en el déficit fiscal, caída de la producción, creciente desempleo y el colapso en los sistemas de salud, entre otros efectos, han minado la confianza e incrementa la desesperanza de las personas que componen la sociedad costarricense.

CONSIDERACIONES GENERALES

PRIMERA: En medio de realidad actual y considerando escenarios más complejos que podrían impactar de manera más sensible el clima de Paz Social, la ASAMBLEA DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, como órgano estatuido por ley como máxima instancia de representación multisectorial de las personas trabajadoras, cotizantes y dueñas por partes iguales de esta entidad financiera especial, y son, por imperativo de nuestra ley, representados por 10 Sectores Sociales en esta instancia, a decir: Sector Artesanal, Comunal, Cooperativo Tradicional, Cooperativas de Autogestión Magisterio Nacional, Profesional, Sindical Confederado y No Confederado, Solidaristas y Trabajadoras Independientes manifiesta y hace un respetuoso llamado a la sociedad costarricense, a los diferentes sectores Laborales, Empresariales, Organizaciones Campesinas Agrícolas e Industriales, la Academia y otros actores que coincidimos en el trabajo por una sociedad más justa e igualitaria.

SEGUNDA: Que esta instancia facilitadora de un foro de diálogo social y concertación ha desarrollado desde su génesis un importante y trascendente aporte a diferentes procesos de construcción social. Como elemento importante de destacar, es que cuando nuestro país debatía hace más de 20 años de cómo resolver temas asociados a la seguridad social y el bienestar de las personas trabajadoras mediante la creación de un II Pilar de Pensiones Complementarias por parte del Gobierno de la República en la Administración Rodríguez Echeverría, cuando se promovía la Ley de Protección al Trabajador.

Ante la necesidad de lograr acuerdos nacionales en un clima de Paz y de Respeto, los Sectores Sociales demandan la apertura de un proceso de concertación nacional, que tiene a la plataforma de la Asamblea de Trabajadores como el instrumento de representación para integrar diferentes espacios de trabajo con los liderazgos de cada uno de los sectores.

TERCERA: En el mismo sentido, tanto a finales como al inicio del presente siglo, otras iniciativas de legislación y política pública fueron lideradas desde esta importante instancia de representación multisectorial. Podemos citar, legislación vinculada para el Fortalecimiento del IVM en la Administración Rodríguez Echeverría, la Ley de Contingencia Fiscal en la administración Pacheco de la Espriella y otras importantes iniciativas de alto impacto social y económico como Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, Ley FODEMIPYME, Ley de Representación de las Instancias de Decisión del Banco Popular.

CUARTA: Que, con la experiencia acumulada en nuestra historia por más de 30 años, esta instancia de representación multisectorial tiene la mayor disposición de sumar y constituirse en el instrumento facilitador que asumirá con rigor metodológico las propuestas que den contenido a los acuerdos multisectoriales.

QUINTA: Que a esta instancia de representación nos unen los mismos principios y aspiraciones de una Costa Rica que procure crear los equilibrios necesarios para la lucha contra los flagelos de la pobreza, el desempleo y la carencia de oportunidades para todos. Nos une el respeto a la diversidad de etnias y culturas, el reconocer el carácter pluriétnico y multicultural de la sociedad costarricense y el respeto a la diversidad.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS QUE NOS DEBEN INSPIRAR

A continuación, desarrollamos un conjunto de principios orientadores que deben inspirar la apertura de un foro multisectorial de diálogo social.

1- BIENESTAR COMÚN

Visualizamos que este foro de diálogo nacional debe ser inspirado en la búsqueda del Bien Común y sustentado en principios y valores que potencien y consoliden una sociedad justa, inclusiva y solidaria.

2- ÉTICA Y TRANSPARENCIA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

El foro de diálogo social debe orientarse inspirado en los principios y valores de la ética social, empresarial, de la instituciones y organizaciones que formen parte de un proceso que nos dirija al debate transparente de las propuestas en procura y búsqueda de soluciones a los temas que conformarán la agenda de prioridades para abrir los caminos del diálogo honesto, en busca de una concertación nacional. Se tiene que la rendición de cuentas con carácter permanente donde mostremos las ponencias, acuerdos y disensos a la ciudadanía, debe ser un pilar de prioridad para así, asegurar que el proceso se conduzca con el más alto estándar de credibilidad.

3- SOLIDARIDAD E INCLUSIÓN

Este foro de diálogo social debe tener como característica esencial procurar que el principio constitucional de solidaridad social se robustezca y consolide, además, que en materia de inclusión social, logremos definir mejores rutas para que tanto la institucionalidad pública como privada nos comprometemos a desarrollar mejores prácticas que garanticen todas las formas de inclusión que nos permita una mejor distribución de la riqueza socialmente producida por los diferentes actores de nuestra sociedad.

4- RESPETO MUTUO

Tal y como ha sido la práctica desde la formación de nuestra república, es imperativo garantizar este foro de diálogo social debe tener como valor supremo el respeto mutuo a la libre expresión de las ideas y opiniones, así como la coexistencia de las diferentes visiones de mundo y corrientes de pensamiento.

5- COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD EN TRIPLE LÍNEA BASE (ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL)

Tomando en cuenta la imperiosa necesidad de lograr que los países procuren un equilibro y armonía entre sus objetivos de desarrollo económico, con los impactos sociales y ambientales, estimamos necesario que todo debate y acuerdo debe ser parametrizado tomando en cuenta estas variables. Lo anterior como una forma de fomentar el mejoramiento de la relación entre el ser humano, el ambiente y el conocimiento, el respeto, la conservación de los ecosistemas y el uso sostenible de los recursos ambientales, para asegurar una mejor calidad de vida de las presentes y futuras generaciones.

6- EL TERRITORIO Y LA COMUNIDAD:

Para la toma de decisiones de corto, mediano y de largo plazo consideramos que debemos construir acuerdos con la participación amplia de los liderazgos locales (Regiones y Territorios) inspirados en la pluralidad representativa y la diversidad. La confluencia de organizaciones de la sociedad civil en general, las empresas en sus diferentes industrias, academia, institucionalidad pública, ONG y todos los que se sumen al diálogo nacional, tendrán como base inspirador, la conciencia y necesidad de generación de valor para construir oportunidades económicas, sociales y ambientales con equidad y según las realidades sentidas y diferenciadas en cada región y territorio.

7- DERECHOS HUMANOS, OPORTUNIDADES ECONÓMICAS Y DERECHO AL TRABAJO

La base fundamental de toda acción dirigida a la apertura de espacios de diálogo tendrá como pilar el respeto a los derechos humanos concebidos en los instrumentos de alcance general como la “Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra Constitución Política. Nuestros objetivos se enfocan a construir oportunidades económicas sostenibles, en el ámbito económico y de generación de empleo en todas sus formas, con perspectiva intergeneracional y que priorice sobre aquellas personas en condición de pobreza, exclusión y de vulnerabilidad social, como Adultos Mayores, Niñez y personas con Discapacidad.

8- FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

Se hace necesario que entre los objetivos planteados en el foro de diálogo social se mantenga como elemento de referencia fundamental; desde su origen hasta las conclusiones que se definan nuevas reglas que adapten a una realidad especial como la actual; la legislación y normativa que regula los procesos mediante los cuales se establezcan relaciones entre agentes de la empresa pública y privada. Dichas reglas deben apuntar a lograr crear sinergias de trabajo y articulación con alcance nacional y local, para fomentar la cadena de valor en la agenda económica, el conocimiento y capacidades que se desarrollen. Es primordial una gestión del conocimiento en mutualidad y articulación entre lo público y lo privado para maximizar los recursos disponibles e impactar positivamente al mayor número de personas.

Todo lo anterior para que la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, se constituya en un Foro Multisectorial de construcción de acuerdos nacionales para contribuir al necesario Diálogo Social por una Costa Rica Solidaria, Inclusiva y con mayor Equidad, donde participen los diez sectores de la ATTBPDC y sus organizaciones, así como todos aquellos sectores y organizaciones que quieran suscribir estos principios.

Tres apuntes urgentes por Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Juan Carlos Durán Castro*

1-Debemos desprendernos de enfoques corporativos gremiales, sectoriales o personales y optar seria y patrióticamente por la defensa del país en su conjunto, definiendo además una agenda nacional muy puntual, pero estratégica, que busque cambios sistémicos que sean inclusivos y piensen en las mayorías más vulnerables.

2- Apoyar, impulsar y orientar respetuosamente cualquier forma de protesta en cualquier sector, entendiendo que estas luchas están inscritas como parte de un proceso que apunte a una enorme ALIANZA CÍVICO-PATRIÓTICA NACIONAL, que permita modificar la correlación de fuerzas para aspirar a la disputa del poder en un marco de lucha democrática.

3- Redoblar toda acción política con sentido de urgencia para acelerar un proceso social y político que potencie las condiciones para alcanzar en un mediano plazo (4 o 6 semanas a lo sumo), un proceso real de alianzas intersectoriales de alcance nacional que realmente coloque a los poderes fácticos en una disyuntiva histórica y permita condiciones para UN NUEVO PACTO SOCIAL.

HACIA EL PACTO DEL BICENTENARIO POR LA PAZ Y LA JUSTICIA SOCIAL.

* Secretario de Seguridad Social CTRN

De los desastres a las oportunidades… así aprendemos a gobernarnos

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Comunidad.

Carlos Campos Rojas

“Pues la tecnología me hizo una mala jugada este sábado”, así sintetizó desde la solidaridad más humana, María Catarina Goldoni Ruiz, la experiencia de la reunión que sostuvimos este sábado 22 de agosto, para formular el proceso ciudadano: Un Nuevo Pacto de Concordia, Un Nuevo Pacto Social.

La reunión tecnológicamente, fue un caos desorganizado. No fue lo que habíamos planeado. A pesar de los simulacros y los esfuerzos preparatorios de un grupo de compañeras, para dar la talla en la tarea de envergadura que hemos asumido desde el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, los conflictos tecnológicos dieron al traste parcialmente con las metas establecidas. Los objetivos siguen intactos.

La asistencia al evento y el interés demostrado por la ciudadanía responsable, dejó claro que tenemos en este país, sobrado recurso humano para sacar la tarea encomendada.

Nos acompañó en la reunión, una destacada delegación panameña, que quieren aprender de nuestra experiencia, la forma en que nos construimos como El Soberano, para incidir en el proceso que su país lleva adelante en la formulación de una constituyente y la decisión de establecer –como así lo queremos en nuestra Costa Rica-, la probidad y la transparencia por encima de la corrupción y la impunidad. 

De ese caos desorganizado, sacamos oportunidades inmediatas.

La primera. No debemos tener vergüenza en reconocer que nos falta aprender. Aún con los mayores éxitos logrados, la humildad debe acompañarnos y reconocer que nos falta más por aprender.

La segunda. El mandato constitucional es que debemos asumir con responsabilidad la tarea de gobernar este país con los otros “tres poderes” y debemos hacerlo bien. Mejor de lo que lo han hecho a quienes designamos confiadamente para hacerlo.

La tercera. No derrotarnos ante nada. No desesperarnos. Mucho menos someternos al miedo, porque en momentos difíciles, es “la voz del amo” la que nos habla, paralizándonos, devolviéndonos al cautiverio de donde nos atrevimos a salir.

La cuarta. Tenemos en nuestras manos –hoy más que nunca-, el futuro de nuestro país. Debemos acrecentar y prosperar la riqueza que nos queda, a pesar del saqueo de la mafia política.

La quinta. En medio del caos de la situación, el temple de los participantes se hizo valer. Las mujeres especialmente, no echaron atrás. Además, voces inteligentes, llenas de sabiduría y decisión, propusieron convocar los siete Equipos de Trabajo para la Propuesta y Acción para esta semana, reuniéndose los siguientes días:

i- Lunes 24 a las 6:00 pm:
1. Auto Sostenimiento Nacional.

ii- Miércoles 26 a las 6:00 pm:
2. Transparencia y justicia en la Hacienda Pública.
3. Construcción de Entornos de Intervención Ciudadana para la apertura, la reconstrucción nacional y la paz.
4. Acciones y Transparencia en la atención de las medidas sanitarias para salir del cautiverio.
5. Reconstrucción económica, ambiental y financiera.
6. Capacitación y formación Constitucional y Ciudadana.

iii- Jueves 27 a las 6:00 pm:
7. Comunicación, divulgación y propaganda.

LOS ENLACES PARA CADA REUNIÓN SE PUBLICARÁN Y DEBEN AYUDARNOS A DIFUNDIRLOS.

TODA PERSONA QUE QUIERA ESTE PAÍS, PUEDE INGRESAR, LA TAREA ES DE TODOS.

Ayer demostramos que una ciudadanía se prepara para asumir su responsabilidad constitucional. Que se forja al calor de la responsabilidad y el deber, consciente de que debe nutrirse de conocimiento, venciendo el miedo, llena de solidaridad y humildad. Porque el Poder que debe ejercer El Soberano, es la tarea de una nueva ciudadanía, para construir la República Participativa y la institucionalidad pertinente, con transparencia, probidad y responsabilidad.

Yo digo ¡¡¡¡ Presente!!!!

Carlos Campos Rojas
23 de agosto de 2020